20230222

‘Consejos vendo que para mí no tengo’. Así reza el refranero popular para reprochar a quien pide una cosa, pero hace otra. Solo dos de los cuatro principales sindicatos de Euskadi han aplicado a sus plantillas eso que reclamaban de inicio en la mesa de negociación: subir los salarios lo mismo que el IPC para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Se trata de LAB y CC OO. Por contra, ELA y UGT apuestan por subidas más moderadas al 5,7% con el que se cerró el pasado ejercicio. Por su parte, la patronal ha incrementado las nóminas un 3%. Si bien es cierto que las organizaciones del diálogo social tienen características muy distintas a las empresas y también otra forma de financiarse para desempeñar una tarea que, en muchas ocasiones, cumple una función social primordial, no menos cierto es que en 2022, de cada 10 trabajadores que estaba en una huelga en España, 6 lo hacían en Euskadi. Por partes. LAB y CC OO –confirman fuentes oficiales– han aplicado una subida salarial a sus empleados del 5,7% alineado con el IPC interanual que se registró en diciembre y por encima del incremento medio en la nómina que en Euskadi alcanzó el 4%. Aunque también por encima de la media, no ha sido el caso de ELA que, con un 4,9% de aumento, se ha quedado por debajo del IPC. El sindicato con más representación en Euskadi se queda a ocho décimas de ese dato. UGT todavía está pendiente de concretar la subida salarial para este 2023. En cualquier caso se descarta que llegue a un 5%, ya que está marcada por las condiciones de la retribución que los Presupuestos Generales del Estado fijan para la función pública. De ahí que, más allá de condiciones o pagas a final de año en función de la evolución de los precios, la subida se estudia sobre una base de en torno al 3,5%. Por su parte, la patronal vasca, Confebask, y las organizaciones territoriales de Bizkaia (Cebek), Gipuzkoa (Adegi) y Álava (SEA) son las que menos suben el sueldo a sus empleados en este año. Todos sus trabajadores se beneficiarán de un aumento del 3%.

Las personas en situación irregular que acrediten haber cursado dos años en la Formación Profesional (FP) y tengan oportunidad de acceder a un contrato laboral obtendrán de manera inmediata el permiso de residencia. Se trata de una medida que se incluye en el proyecto del Real Decreto de Ordenación de la FP en el que está trabajando el Ministerio de Educación y que el Gobierno Vasco acoge con satisfacción, según ha podido saber este periódico. Esta modificación permitirá además paliar la escasez de profesionales, que en algunos sectores supone un auténtico quebradero de cabeza para las empresas. Esta nueva norma supondrá acabar una situación que se viene repitiendo con demasiada frecuencia en numerosos sectores profesionales: la existencia de personas formadas a través de la FP, en su mayoría jóvenes ‘sin papeles’, a los que llaman las empresas necesitadas de trabajadores pero que no pueden contratar por no tener el permiso de residencia. A su vez, no pueden tener el permiso de residencia porque no tienen un contrato. El claro ejemplo de la pescadilla que se muerde la cola. El Ministerio de Pilar Alegría reúne hoy a los responsables de las distintas comunidades autónomas para explicarles los principales cambios que quiere recoger en el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación del sistema de FP. El artículo 39 es el que trata sobre «la formación vinculada a la autorización de residencia». En él se especifica que las ofertas de formación profesional «darán opción a la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales» contempladas en el Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería, «sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social».

Euskadi vio crecer la cifra de facturación de la industria el 25,6% durante el año pasado, según la media del ejercicio publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de España por detrás de Murcia (el 41,1%) y Baleares (25,9%). A nivel nacional la cifra de negocios creció en todos los territorios, firmando en conjunto una subida del 20,6%. La comparación con diciembre del 2021 en País Vasco marcó un nivel del 13,4%. Quedó así en quinta posición tras Navarra (33%), Canarias (21,4%), Murcia (18,4%) y Castilla La Mancha (13,5%). Salvo Asturias, que se redujo un 9,9%, todas las comunidades tuvieron evoluciones positivas interanuales. El año pasado el índice de cifras de negocios en la industria del País Vasco estuvo marcado en su último trimestre por una fuerte caída en octubre y en el propio diciembre, justo tras haber tocado techo en septiembre. A nivel español, y por sector económico de los bienes, los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentaron tasas anuales positivas en todos los ámbitos, destacando el aumento en energía del 23,2%.

 Convertir los problemas en desafíos y renovarse. Son dos de los ejes de acción con los que la factoría de Michelin en Vitoria aborda este 2023 recién iniciado. En el Palacio Europa, los más de 3.000 trabajadores de la factoría han tenido ocasión de participar en una de las cinco jornadas celebradas a lo largo de este mes. En ellas, el director de la planta, César Moñux, acompañado por cuatro responsables de operaciones en neumáticos de turismo, neumáticos de minería y obras públicas, de productos semiterminados y de refuerzos metálicos han compartido con los empleados su balance de 2022 y los proyectos y desafíos que aborda la firma de cara a este año. Entre los cambios que aborda Michelin Vitoria este 2023 está el proyecto que ha denominado Renovar para acelerar. “La fábrica, que cumple 57 años, desea continuar renovando sus instalaciones para que la mejora de los edificios, locales sociales y el entorno de trabajo permita transmitir la ambición de ser una fábrica referencia en el grupo Michelin y acelerar la transformación positiva que vivimos”, explica la compañía en un comunicado. Como se recordará, el recientemente aprobado Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria contempla precisamente la ampliación de instalaciones de la factoría de Michelin. Por otra parte, el fabricante de neumáticos subraya que “las crisis se han acumulado y el año 2023 se presenta marcado por la incertidumbre”, situación ante la que la multinacional gala mantiene, explica, su estrategia Personas & Resultados & Planeta. “En estas sesiones se han presentado las ambiciones en mejora de la seguridad y de la calidad y los proyectos de transformación de nuevos productos y procesos”, detalla Michelin.

La industria española de automoción sufrirá en caso de que se apruebe la normativa Euro 7, más exigente con la reducción de emisiones, en los términos en los que se está negociando en la actualidad. Este es el mensaje que trasladó ayer el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Wayne Griffiths, que alertó de que existe un riesgo real de cierre de plantas en España y de pérdida de “miles de empleos” en el país en el caso de que esta norma se apruebe tal y como está propuesta. “No tiene sentido apoyar ahora como país la normativa Euro 7 de emisiones”, subrayó el directivo, en el marco de la celebración del Foro Anfac ‘La Movilidad de Tod@s’. Griffiths mostró su preocupación por la postura que está tomando Europa en lo relativo a la descarbonización de la movilidad, poniendo como ejemplo a seguir las medidas de incentivo a la industria puestas en marcha por parte de China o Estados Unidos, en vez de apostar por las restricciones como se está haciendo en la actualidad en el Viejo Continente. “Los fabricantes hemos recogido el guante. Todas las marcas solo vamos a vender vehículos cero emisiones en Europa a partir del 1 de enero de 2035 y algunos incluso lo van a hacer antes, ya en 2030”, aseguró, al tiempo que recordó que la industria automovilística está invirtiendo 250.000 millones de euros en Europa en la electrificación de modelos y de fábricas.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró ayer que los proyectos de producción de vehículos híbridos podrán entrar en la segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico que el Gobierno prevé lanzar en el segundo trimestre de este año. “El coche híbrido va a poder entrar en el Perte II siempre y cuando cumpla con el condicionante del DNSH”, dijo la ministra en el marco del Foro Anfac La movilidad de tod@s. Los DNSH son criterios que buscan que no se cause un perjuicio significativo al medio ambiente. “Es una taxonomía que tiene que cumplir cualquier proyecto de inversión que se financie con los fondos Next Generation y, por lo tanto, cualquier proyecto que lo cumpla podrá ser financiado por el Perte II”, añadió la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Esta segunda convocatoria tendrá por objetivo colocar los 2.182 millones que no se asignaron en la primera línea. De esta forma, el Ejecutivo busca satisfacer las demandas del grupo Renault, que cuenta con centros de producción en Sevilla (cajas de cambio), Valladolid (ensamblaje de vehículos y motores) y Palencia (ensamblaje de coches), el cual tiene en España su polo de producción de híbridos. “El segundo Perte del coche eléctrico debe de incluir a los coches híbridos”, había pedido el anterior presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, en un acto en Sevilla celebrado el pasado diciembre. Sin embargo, fuentes del sector han explicado a CincoDías que no tienen claro que los híbridos puedan entrar finalmente en el Perte II, ya que no es seguro que este tipo de proyectos cumplan los criterios DNSH.

Euskadi aceleró sus compras de gasóleo a Rusia ante la entrada en vigor el pasado 5 de febrero del veto impuesto por la UE a estas importaciones como represalia por la invasión de Ucrania. Entre febrero del año pasado –cuando estalló la guerra– y diciembre las entradas ascendieron a 363 millones de euros, según la última estadística de comercio exterior del Eustat. Todavía falta por conocer el importe de enero, que podría elevar aún más la factura. Moscú es el principal proveedor externo de este combustible para el País Vasco y los datos evidencian que la comunidad autónoma ha querido exprimir al máximo esta fuente de suministro antes de que se cierre el grifo con la prohibición pactada por la UE. El veto europeo a las importaciones de petróleo y sus derivados procedentes de Rusia ha ido entrando por fases, después de que fuese aprobada en mayo, entre fuertes discusiones con países como Hungría. Se pactó entonces la prohibición de comprar crudo a partir del 5 de diciembre de 2022 y dar otros dos meses más de tiempo, hasta el 5 de febrero, para los derivados como el diésel. La razón es que Moscú es un suministrador clave de este combustible para toda la Unión Europea, hasta el punto de que antes de la guerra aportaba hasta el 44% de todas las importaciones y cubría el 10% de la demanda. A la vista del veto y el riesgo de escasez de diésel, los países europeos han acelerado las importaciones de Rusia a pesar de que de esta forma contribuyen a financiar al Kremlin. Euskadi no ha sido una excepción por lo que muestran los datos de comercio exterior.

Con apelaciones al encaje de la «singularidad vasca» en la Constitución y rechazando de forma tajante que sea una «prebenda», PSOE, PP, Unidas Podemos y el PNV sumaron sus votos este martes en el Congreso para aprobar por la vía rápida la modificación del Concierto y del Convenio navarro, así como la renovación del Cupo. Los cuatro grupos unieron fuerzas en respuesta a los ataques de Vox y Ciudadanos, que planteaban un debate por el procedimiento ordinario, lo que en la práctica permite incorporar enmiendas, pero también retrasar su ratificación. Las pegas, además, eran más que técnicas, porque iban al fondo del modelo. La votación final se celebrará este mismo jueves. La sesión de este martes, más allá del trámite parlamentario, escenificó el profundo aval que mantiene el régimen foral vasco en el Congreso. En un momento de enorme convulsión política en España, los dos principales partidos y los dos grupos que integran el Gobierno central formaron un frente común con el PNV para poner el valor el modelo tributario. La renovación del Cupo se cerró el pasado octubre, dentro de las negociaciones abiertas entre los jeltzales y los socialistas para apoyar los Presupuestos de Pedro Sánchez. A final de año se cerró el acuerdo definitivo en la Comisión Mixta del Concierto, que tiene que ser modificado para incorporar los impuestos que se han creado en los últimos meses.

Los nuevos impuestos extraordinarios aprobados por el Gobierno drenarán cerca del 10% de los beneficios de las grandes entidades financieras y empresas energéticas. Así se deriva de los primeros datos de recaudación de ambas figuras, que en el pago anticipado del 50% exigido a las compañías han aportado 1.454,5 millones a las arcas públicas, lo que hace prever a Hacienda que arrojarán unos 3.000 millones de euros este año frente a los 62.500 millones de beneficios que suman los sectores afectados. “La puesta en marcha de estas figuras responde a la búsqueda de justicia social, al mandado constitucional de que todos contribuyamos según nuestra capacidad, y a las recomendaciones internacionales para pedir un mayor esfuerzo a quienes obtienen unos beneficios extraordinarios por la situación económica y geopolítica”, defendió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al anunciar los datos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, solo un día después de que culminara el plazo del primer pago anticipado. Los ingresos obtenidos de las empresas, que señaló como beneficiadas del alza de precios energéticos y los tipos de interés, sufragarán parte de las medidas anticrisis desplegadas, como la rebaja del IVA de los alimentos. “Los grandes bancos españoles tuvieron más de 20.500 millones de beneficio en el año 2022, una cifra inédita. Si tomamos como comparación los dos principales grupos españoles, su cifra de negocio se ha incrementado un 25% frente al año anterior”, ilustró Montero. “En el caso de las principales compañías energéticas se refleja un incremento del 43%, casi 12.000 millones de beneficio”, agregó. 

La Comisión Europea ya tiene lista la herramienta para reducir parcialmente los pagos del fondo de recuperación cuando un país no cumpla con parte de los hitos y reformas pactados. No obstante, antes de que esa rebaja sea definitiva, dará seis meses al Estado incumplidor para que corrija la situación. Si en ese periodo no lo ha hecho, “la respectiva cantidad será suspendida permanentemente y deducida del presupuesto del plan”, explica el Ejecutivo europeo en la comunicación presentada ayer. El mismo documento también establece una metodología para calcular la cuantía de la sanción, aunque, al mismo tiempo, deja bastante margen a Bruselas para fijar la cantidad definitiva, por lo que un incumplimiento de la reforma de las pensiones en España, comprometido con la UE, se arriesga a recibir el castigo máximo en caso de incumplimiento, según confirman fuentes comunitarias. El Gobierno tenía que haber terminado la reforma antes de 2023 y todavía negocia con Bruselas los últimos flecos sobre el alza de la cotización de las bases máximas y el periodo de cómputo. Todos los pagos del Fondo de Recuperación que ha hecho Bruselas hasta ahora a cada Estado que lo ha pedido han ascendido al 100% de la cantidad prevista en los planes nacionales. España percibió 10.000 millones del primer desembolso, 12.000 por el segundo, y cobrará 6.000 por el tercero cuando reciba la aprobación en el Consejo de la UE. La totalidad de lo previsto en cada tramo. 

Pagar una indemnización por despido menor por tener más de 60 años no es discriminatorio, siempre y cuando se respete el mínimo legal establecido. Así concluye el Tribunal Supremo en una sentencia hecha pública ayer y que además unifica doctrina precisamente en un momento en el que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha mostrado dispuesta a abordar una reforma integral del despido que implique reformular las causas y establecer indemnizaciones diferentes en función de las circunstancias del trabajador, lo que se ha denominado ‘despido a la carta’. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que «no constituyó una discriminación por razón de edad» el acuerdo sobre despido colectivo alcanzado en sede judicial entre una empresa privada y los representantes de los trabajadores que pactaron una menor indemnización para los afectados de edad igual o superior a 60 años, teniendo en cuenta que, con independencia de su edad, las compensaciones pactadas para todos los trabajadores mejoraban el mínimo legal aplicable. El Supremo considera que hubo «una justificación objetiva, razonable y proporcionada para esa diferencia de trato», ya que los trabajadores de 60 años o más se encuentran «muy próximos» al acceso a la pensión de jubilación, situándose a las puertas de la misma con la percepción de prestaciones de desempleo.

Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno de coalición, respaldará mañana, en el Congreso de los Diputados, la moción que ha presentado Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) sobre el encarecimiento de la indemnización del despido improcedente del trabajador. Así lo anunció ayer Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, además de ser la dirigente de los ministros de UP en el Gobierno. ERC pretende el respaldo de la Cámara Baja para elevar la cuantía de la compensación del empleado por despido injustificado. Desde los 33 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima equivalente a dos años de retribución, a la siguiente indemnización: hasta la reforma laboral de 2012, 45 días de salario por año en la empresa, hasta una cuantía máxima de tres años y medio de retribución. A partir de ahí, y si no hubiese recibido toda la indemnización a la que tiene derecho, el trabajador recibe una compensación adicional de 33 días de salario por año de trabajo. Precisamente, la reforma laboral de 2012, que hizo el Gobierno del PP, condenó a la desaparición paulatina a esta figura del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, a medida que se jubilen, o sean despedidos, los trabajadores cubiertos por ella. Precisamente, la moción parlamentaria no tiene fuerza jurídica para obligar al Gobierno a cumplir con ella. Pero sí le insta a que la cumpla, si la Cámara Baja aprueba la moción. Dicho de otra manera, los socios obligan al PSOE a retratarse para restaurar una de las figuras más importantes del Estatuto de los Trabajadores, que derogó el PP. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, salió ayer en defensa de los supermercados ante los “calificativos gruesos” e “injustos” lanzados contra las empresas. Planas rechazó que las cadenas de distribución se estén enriqueciendo con la inflación, como afirman desde Unidas Podemos, socios del PSOE en el Gobierno, e insistió en la legitimidad de las compañías a la hora de gestionar sus márgenes. Si los ciudadanos no están de acuerdo con los precios pueden “ir al supermercado de enfrente”, recomendó, porque el sector de la distribución es “tremendamente competitivo”. En el otro lado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dio un paso más: se abre ahora a recurrir a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para intervenir los precios de una cesta de alimentos básicos, una medida que lleva pidiendo desde septiembre pasado a las compañías de forma voluntaria. La polémica en torno a la escalada de los precios de los alimentos no remite y sigue poniendo en evidencia las diferencias en el seno del Gobierno sobre cómo afrontar el problema. Desde Podemos se proponen medidas más intervencionistas, como bonificar una lista de productos básicos con un coste de casi 5.000 millones de euros para las arcas públicas o topar el precio de los alimentos, mientras desde el ala socialista se opta por medidas fiscales, como la rebaja del IVA, y ayudas de 200 euros a las familias con rentas menores de 27.000 euros. El Ejecutivo considera que los precios tocaron techo en enero. 

La ayuda directa de 200 euros aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar la subida de la inflación y el encarecimiento de la cesta de compra estará en el País Vasco exenta de tributar en el IRPF. A diferencia de lo que ocurrirá en el resto de España, donde los perceptores que superen el límite de ingresos que obliga a realizar la declaración de la renta sí deberán tributar por esa ayuda, el cheque no tendrá ningún efecto el año que viene en la declaración de la renta de sus beneficiarios vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos. Con esta decisión, que según han adelantado fuentes de la Diputación vizcaína se concretará próximamente en distintas órdenes forales, las tres haciendas vascas repiten la medida que ya adoptaron en julio del año pasado cuando, como ahora, se encargaron de tramitar para la Agencia Tributaria las solicitudes vascas del anterior cheque anticrisis aprobado por el Ejecutivo socialista. Entonces, el límite de ingresos anuales de los beneficiarios estaba en los 14.000 euros y el del patrimonio, descontando la vivienda habitual, en los 43.196,4 euros. Ahora los umbrales de acceso a la ayuda prácticamente se han duplicado –los ingresos de la unidad familiar durante 2022 han de ser iguales o inferiores a los 27.000 euros brutos y el patrimonio puede alcanzar los 75.000 euros–, pero las diputaciones forales han decidido que los 200 euros tampoco figuren como ganancia patrimonial y queden, por tanto, exentos del IRPF para quienes residieran de forma habitual en Euskadi durante el pasado ejercicio fiscal. Para los beneficiarios de esta ayuda en otras comunidades autónomas, su tributación puede suponer un coste de entre 30 o 40 euros. Según la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, casi 600.000 personas solicitaron el cheque ya el miércoles de la pasada semana, el primer día que se podía tramitar la petición. Y ayer, Montero informó además que este cheque ha sido solicitado ya por más de 1,1 millones de personas en solo una semana. 

Casi cuatro meses después de que comercio y hostelería, uno de los sectores más importantes, entrase en la red de TicketBai, el sistema de facturación digital en tiempo real de Gipuzkoa, la Diputación hace un balance positivo pese al mantenimiento de los recelos de muchos de los contribuyentes. La Hacienda Foral recibe al mes la espectacular cifra de 23 millones de tickets o facturas al mes, un número que califican de importante, y que casi dobla los trece millones que llegaban de media en octubre, antes de la entrada en el sistema de restaurantes, hoteles, tiendas y bares. En diciembre, debido al tirón del consumo por Navidades, los tickets llegaron a 24,5 millones. En total son 28.069 contribuyentes (entre hostelería, actividades profesionales como abogados o dentitas, y los gestores tributarios) quienes están funcionando a pleno rendimiento en este sistema que busca atajar el fraude fiscal. Son dos tercios sobre un total de 42.000 futuros ‘obligados’ los que ya manejan con total normalidad el sistema. Un TicketBai, que precisan las fuentes consultadas, se halla todavía en «fase de implantación», a la espera del sector de la construcción y promoción inmobiliaria, transporte y servicios recreativos, culturales y deportivos, que entran en vigor el de abril; en lo que será otro test estrés clave. Ya solo quedarían por entrar, el 1 de junio, el sector de fabricación, comercio al por mayor, y telecomunicaciones financieras y artísticas.

Las tarjetas de crédito con modalidad ‘revolving’ (las que acumulan una deuda que se va pagando muy poco a poco y la extienden durante años) se enmarcan dentro de la legalidad siempre que el interés que apliquen sea, como mucho, seis puntos superior al de la media que aplica el mercado financiero. Así lo ha aclarado el Tribunal Supremo en una sentencia en la que ha fallado que no es usurario un interés del 23,9%, el que pagaban los demandantes, al no rebasar esa cota. El dictamen del Alto Tribunal llega paradójicamente tres años después de que el Supremo determinara que estas tarjetas cobran intereses usurarios, y por tanto contrarios a la normativa, en una sentencia inicial contra Wizink. De aquella primera resolución ha llegado ahora una determinante aclaración: no basta solo con que los intereses que aplican las entidades sean «notablemente superiores» a los de la media. Es necesario, además, que esa diferencia supere los seis puntos porcentuales. Las últimas estadísticas del Banco de España determinan, por ejemplo, que el interés de estas tarjetas de crédito se encuentran en el entorno del 18%. El caso sentenciado por el Supremo se remonta al año 2004, cuando una clienta formalizó un contrato con la ya extinta Barclays Bank a un interés del 23,9% TAE. La entidad cedió su crédito a Estrella Receivable y esta firma después demandó a la titular de la tarjeta reclamando el importe de lo adeudado. Un Juzgado de Primera Instancia de Huelva desestimó la demanda y declaró el carácter usurario del interés por ser «notablemente superior» al interés medio de los préstamos al consumo, bajo el criterio del Supremo de 2020.

Santander y CaixaBank tirarán del carro este año en ventas de carteras de préstamos fallidos, en gran parte con garantía hipotecaria o ligadas al inmobiliario. Entre ambas entidades preparan carteras que se acercan a los 5.000 millones de euros, según indican fuentes financieras conocedoras de los planes de ambos bancos. Para este ejercicio se prevé que la banca realice transacciones un volumen menor que el pasado año, fundamentalmente por las dificultades de financiación para los fondos compradores. Del total para este año, Santander pondrá en el mercado carteras por alrededor de 3.000 millones de euros, sumando tanto non performing loans (NPL o créditos fallidos, en inglés en la jerga del sector) con garantía hipotecaria como unsecured (o sin esa garantía con propiedades reales). Por su parte, CaixaBank lanzará carteras por menos de 2.000 millones de euros. Precisamente, esa es la cifra que las fuentes financieras indican que vendió el pasado año la entidad pilotada por Gonzalo Gortázar como consejero delegado. Se espera, igualmente, que el ritmo sea menor en BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco. En conjunto, el sector bancario se alejará de los más de 10.000 millones de euros en créditos dudosos comercializados el pasado año, según los datos preliminares del sector. Esto se debe al cambio de la situación económica. El alza de tipos de interés está afectando también a este mercado de traspasos de carteras de créditos fallidos. 

A principios de mes fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que autorizó sin condiciones la toma de control de la aseguradora vasca de salud IMQ por parte de SegurCaixa Adeslas. Ahora ha sido la Dirección General de Seguros la que, tras analizar el expediente, también ha dado su luz verde a la operación y ha cerrado así los trámites burocráticos fundamentales. Todo está listo para que Segur Caixa Adeslas se haga con una mayoría accionarial en el grupo IMQ –la sociedad de la que dependen tanto la aseguradora como las clínicas y el resto de empresas de la compañía– y asuma el nuevo rol a partir del mes de abril. Hasta el próximo martes, 28 de febrero, los accionistas de IMQ tienen plazo para aceptar la venta de sus títulos de propiedad. Una amplia mayoría ya lo ha hecho y ha firmado la venta ante notario, lo que garantiza a Adeslas que se hará con algo más del 70% de las acciones de Grupo IMQ. Los actuales accionistas que han optado por vender –unos 1.170, todos ellos médicos en activo o ya jubilados– cobrarán el importe pactado a finales de marzo, según fuentes consultadas. Serán 255.000 euros por cada paquete de 1.000 títulos –el mínimo exigido para participar en el cuadro médico hasta ahora–, aunque algunos poseen varios paquetes. Por otra parte, las mismas fuentes han indicado que SegurCaixa Adeslas no tiene intención de desprenderse de activos de las compañía vasca, al menos de momento. Tampoco están previstos, insisten, cambios significativos en el equipo directivo. 

Madrid es una de las grandes capitales europeas y como tal aspira a un jugar un papel de liderazgo en el ámbito de la digitalización, uno de los grandes motores del proceso de transformación y modernización de las economías europeas que abandera Bruselas. La región es ya una de las más competitivas dentro de España y figura entre las más digitalizadas del sur de Europa, pero sus objetivos apuntan más alto: “Seremos en cinco años la zona de Europa con más tráfico de datos”, afirmó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 16 de enero durante un encuentro informativo organizado por EXPANSIÓN y El Mundo. Con este telón de fondo, la mandataria madrileña se reúne hoy en Londres con la presidenta de Microsoft Western Europe, Cindy Rose, para abordar los planes de inversión del gigante tecnológico en la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en una de las puntas de lanza de su expansión en Europa. De hecho, Madrid es el epicentro de la región cloud de centros de datos que Microsoft desplegará en los próximos meses en España y que contempla el desarrollo de una nueva fase con tres centros de datos adicionales que se construirán en las localidades madrileñas de Algete, Meco y San Sebastián de los Reyes. Los planes del grupo tecnológico estadounidense supondrán una fuerte inyección de riqueza y empleo para la región. Según estimaciones preliminares de la consultora IDC, los proyectos de Microsoft generarán más de 5.300 millones al PIB madrileño entre 2022 y 2025 a través de las compañías que conforman su ecosistema de socios tecnológicos y de los clientes del grupo que utilizan sus servicios en la nube. Además, se prevé que contribuyan a la creación de más de 13.200 nuevos puestos de trabajo en la comunidad en ese periodo, incluyendo tanto los empleos directos como indirectos.

A punto de cumplirse un año de la agresión de Rusia a Ucrania, que truncó la recuperación pos-Covid, exacerbó la crisis inflacionista y disparó las tensiones energéticas, Europa pugna por dejar atrás la nueva pesadilla, mostrando una mayor resiliencia de lo esperado. De hecho, tras un fuerte frenazo en la recta final de 2022, la economía europea ha arrancado el año apuntando de nuevo al crecimiento. Así se desprende de los primeros PMI de la eurozona, que en enero retornaron al territorio del crecimiento después de seis meses en contracción y que en febrero han reafirmado esa tendencia. El indicador compuesto, que sintetiza tanto la actividad industrial como la del sector servicios, ha escalado en febrero hasta los 52,3 puntos, dos puntos más que el mes anterior, marcando su nivel más alto en nueve meses (desde mayo del año pasado), según el dato avanzado ayer por S&P Global. ¿Las razones? “La creciente demanda, la recuperación en las cadenas de suministro, la reducción de los pedidos pendientes en las carteras de pedidos y la mejora de la confianza empresarial”, señalaron los expertos de S&P, que añadieron que los indicadores de febrero apuntan a un crecimiento del PIB cercano al 0,3% en la zona euro en tasa trimestral. Aunque la guerra en Ucrania sigue enquistada y el régimen de Putin ha endurecido su discurso contra Occidente, la confianza de los empresarios europeos ha mejorado a medida que se ha ido diluyendo el riesgo de una entrada en recesión y la inflación parece haber tocado techo tras atenuarse la escalada de los costes, sobre todo en la industria.

China es uno de los países más poblados del mundo. Cerró 2022 con 1.411,75 millones de habitantes y, aunque ha perdido 850.000 personas en este último año, «es el mayor desafío internacional de los próximos cincuenta años y nuestra mayor oportunidad (o amenaza) profesional y empresarial», según apunta el experto en internacionalización Julio Ceballos en su último libro ‘Observar el arroz crecer. Cómo habitar un mundo liderado por China’. «En contraste con esta realidad, mayoritariamente no conocemos este país», expone. " China es el principal socio comercial de más de 140 países, por lo que ya tiene la misma importancia económica que Estados Unidos. Lo que pasa es que el modelo de hegemonía global de los últimos 40 años, esa supremacía en solitario que viene ejerciendo Estados Unidos es prácticamente irrepetible...China es una caja negra y nadie sabe lo que va a suceder. Lo que sí sabemos es que, para el 2035, quiere convertirse en primera potencia económica mundial con un PIB de 30 billones de dólares y duplicar la renta per capita de su población. Ahora mismo hay 600 millones de personas que viven con 140 euros al mes. Lograr que esos habitantes pasen a vivir con 500 euros al mes es una oportunidad de mercado inmensa de la que se pueden aprovechar las empresas multinacionales que quieran hacer negocio con China...Están apostando en tres direcciones: la educación, el comercio y la seguridad, porque aspiran a recuperar esa importancia histórica que perdieron con el ascenso de Occidente. Todo ese proceso de modernización ha sido para ellos un proceso de empobrecimiento. China licencia cada año a casi 2 millones de ingenieros. Son más de los que gradúan Japón, Estados Unidos y Alemania juntos y eso supone un músculo innovador infinito. Los chinos no van a volver a perder el tren de la modernización..."

Tras casi dos años sin comparecer ante las dos cámaras del Parlamento –su anterior discurso fue el 21 de abril de 2021–, el presidente ruso, Vladímir Putin, arremetió ayer una vez más contra Occidente y el «régimen neonazi» de Kiev. Empleó los mismos argumentos que esgrime desde 2014, cuando se anexionó Crimea y atizó la guerra en Donbás enviando armas y hombres. En clara respuesta a las críticas vertidas contra su país en la Conferencia de Múnich y a la visita a Kiev de su homólogo estadounidense, Joe Biden, Putin ha ordenado al Ministerio de Defensa ruso y a la agencia Rosatom «garantizar los preparativos para efectuar pruebas de armas nucleares si Washington lo hace primero». Así se desprende de la suspensión «unilateral», proclamada ayer también por el mandatario, de la participación rusa en el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas START-3, el único de desarme nuclear que quedaba vigente. Putin matizó que «no se trata de la retirada, sino solo de la suspensión de la participación en el mismo», «Rusia responderá a cualquier desafío. La verdad está con nosotros». Por su parte, «Ucrania nunca se convertirá en una victoria para Rusia», afirmó Biden en su discurso ante el mundo desde Varsovia, donde reafirmó el firme compromiso de Washington y Europa con Ucrania cuando se cumple casi un año de la brutal invasión rusa. «Kiev se mantiene fuerte, y aún más importante, se mantiene libre», dijo el presidente ante una multitud de personas concentrada en los jardines del Castillo Real de Varsovia tras su reunión con el presidente polaco, Andrzej Duda, y un día después de realizar una visita secreta y arriesgada a Volodímir Zelenski para anunciar más apoyo al esfuerzo bélico ucraniano.