20220531

En marzo pasado la inflación llegó a su récord en los últimos 37 años rozando el doble dígito (9,8%), pero en el mes de abril la situación se moderó ligeramente hasta el 8,3%. Un descenso que sin embargo no se ha podido consolidar este mayo en el que la tasa del IPC ha vuelto a subir hasta el 8,7%, según adelantó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación de este mes que hoy concluye es cuatro décimas más alta que la de abril y la más elevada desde el año 1986. Este empeoramiento se debe a que los precios de los carburantes y de los alimentos se han encarecido de nuevo en mayo, por lo que pese al abaratamiento de la electricidad, la tasa de inflación sigue al alza. Desde el INE llaman la atención sobre la variación de la inflación subyacente, la que no incluye alimentos frescos ni productos energéticos, ya que ha subido cinco décimas de abril a mayo hasta situarse en el 4,9%, su tasa más alta desde octubre de 1995. En cuanto a la influencia de los carburantes en el IPC, baste recordar que la semana pasada el precio medio de la gasolina tocó un nuevo máximo histórico al situarse en 1,94 euros/litro, mientras que el diésel siguió en 1,87 euros.

La escalada del IPC, que en mayo repuntó hasta el 8,7%, mantiene un importante bloqueo en la negociación colectiva en Euskadi, ya de por sí difícil. En los cuatro primeros meses solo 20.000 trabajadores habían actualizado su convenio con lo que la mayoría, el 61%, lo tiene prorrogado, según los datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL). A ese porcentaje hay que sumar otro 9,4% que lo tiene decaído, lo que arroja como resultado que más del 70% carece de blindaje frente a la escalada de precios. Eso significa que casi 426.000 asalariados vascos están sin paraguas ante la tempestad, mientras que solo un 29% –178.000– cuenta con un acuerdo renovado. Eso sí, aquellos con el convenio actualizado y negociado en Euskadi –unos 102.000– disfrutan de un aumento salarial notable, del 4,92%, si bien sigue estando por debajo de la desbocada inflación. No obstante, hay una importante diferencia respecto al 2,2% de incremento en las retribuciones en los convenios negociados a escala estatal, pero con aplicación en la comunidad autónoma. Esta brecha se debe, en gran medida, a que en Euskadi es más común pactar cláusulas de referencia al IPC interanual, como ha ocurrido en el Metal de Gipuzkoa o la Construcción de Bizkaia.

«Las huelgas no se ganan porque tengas razón, sino cuando tienes capacidad de aguantar». Con este lema, ELA sacó pecho ayer de la caja de resistencia con la que cuenta, una herramienta estratégica para financiar a los afiliados en paro que, según señaló su secretario general, Mitxel Lakuntza, va a ser especialmente necesaria ahora, con una negociación colectiva atascada ante la escalada del IPC al 8,7%. «La patronal tiene una posición de bloqueo porque defiende la precariedad y no quiere asumir la subida de la inflación. La huelga nos permite conseguir acuerdos», apuntó Eso explica, añadió, que ya haya varias en marcha y «por nosotros habría más, como en el Metal de Bizkaia». Lakuntza presentó ayer los datos de la caja de resistencia acompañado por la tesorera, Alazne Mantxola. No quiso desvelar el gran secreto de cuánto dinero hay acumulado en la hucha de ELA, una de las señas de identidad del sindicato. «A la patronal le encantaría saberlo, pero no lo vamos a decir», ironizó. Lo que sí explicó es que el año pasado se destinó a este fondo el 25% de los 20 millones que se ingresaron de las cuotas aportadas por los 101.000 afiliados; salen, por tanto, unos cinco millones de euros. El trabajador en huelga percibe 1.243 euros mensuales, aunque la indemnización nunca supera el salario. «Uno de cada cuatro euros va a la caja de resistencia. Porque cuando no hay capacidad para la huelga, se firman los convenios que la patronal quiere». Recordó que gracias a que Euskadi concentra casi la mitad de las jornadas de huelga de toda España, «aquí los convenios vigentes recogen subidas salariales del 4,9%, el doble que la media nacional». 

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, realizó ayer una defensa cerrada del proyecto BasqueVolt –la iniciativa para contar con una planta de producción de celdas de baterías en Euskadi–, al asegurar que «solo una apuesta por un desarrollo tecnológico propio nos puede permitir sortear la dependencia de países como China, que dominan el mercado del litio». La consejera realizó estas manifestaciones en el transcurso de una jornada organizada por el diario económico ‘Cinco Días’, en la capital vizcaína, para debatir sobre las transiciones energética y digital. Tapia mostró este respaldo inequívoco al proyecto justo en el momento en que se prepara la creación de la sociedad mercantil que debe alumbrar la iniciativa. Un hecho que está previsto que se materialice a lo largo del mes de junio y sobre el que aún hay dudas. El proyecto, en unas instalaciones junto a Vitoria, ha recibido un impulso quizá decisivo con la participación de Iberdrola, así como con el compromiso de apoyo por parte de Mercedes. La iniciativa trata de implantar una tecnología propia de celdas cerámicas, como alternativa a las que se producen en la actualidad con tecnología china. BasqueVolt aspira a beneficiarse de los fondos europeos y el proyecto formará parte del PERTE del sector del automóvil, cuya convocatoria finaliza esta misma semana.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, señaló ayer en Bilbao que Euskadi ha activado inversiones por 1.300 millones para impulsar su descarbonización. En una jornada sobre transición energética y digital organizada en la capital vizcaína por CincoDías, Tapia añadió que Euskadi cuenta con el apoyo de dos multinacionales, como Iberdrola y Repsol, para dinamizar proyectos relacionados con las renovables y el hidrógeno. También especificó que los clústeres (asociaciones) sectoriales del País Vasco trabajan asimismo en procesos de descarbonización para reducir las emisiones de industrias como el papel, el cemento, las fundiciones y el acero. Ante un centenar de representantes del mundo social y económico de Euskadi, en un acto que tuvo lugar en la sala BBK de Bilbao, Arantxa tapia expuso en líneas generales la estrategia del Ejecutivo de Vitoria en relación con las transformaciones energética y digital que marcan el presente y el futuro de ciudadanos y empresas.

La ejecución presupuestaria del Estado en 2021 en Euskadi se quedó prácticamente a medias. Pese a que sobre el papel –que lo aguanta todo– constituía una cifra récord de 534 millones de euros, la más elevada de la historia en las dotaciones de fondos estatales para inversiones en la comunidad vasca, al final solo llegaron a gastarse realmente 280 millones. Es decir, únicamente el 52,4% de lo consignado, según las cifras oficiales reveladas ayer del Ministerio de Hacienda. Los datos de la inversión prevista y de la finalmente ejecutada en 2021 en cada comunidad autónoma, y del porcentaje que lo gastado supone sobre lo consignado, revelan que Euskadi se situó entre las más perjudicadas en cuanto al cumplimiento de las inversiones estatales, solo por delante de Cantabria (con el 50,9% ejecutado), Comunidad Valenciana (42,3%), Andalucía (41,9%), Asturias (40,5%) y Cataluña (35,8%). Por contra, en la otra cara de la moneda, la de las comunidades con más inversiones llevadas a cabo el pasado año, se encuentran Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja o Aragón, con un 184%, 120%, 119% y 108% del presupuesto ejecutado, respectivamente, es decir, que en todas ellas se superó lo previsto inicialmente y en el caso de la comunidad de Madrid casi se dobló la inversión sobre lo que en realidad tenía consignado.

 La Comisión Europea ha dado este lunes luz verde a la compra de dos plantas de producción, una de Alstom en Francia y otra de Bombardier en Alemania, por el grupo de construcción ferroviaria CAF, al concluir que estas operaciones no tendrán un impacto negativo en el espacio económico europeo. La operación emprendida por la compañía con sede en Beasain se enmarca dentro de los compromisos asumidos por Alstom en el marco de su fusión con Bombardier, cuando se comprometió con Bruselas a ceder una parte de sus actividades, en especial la venta de estas dos plantas de producción. Formalmente queda que el Ejecutivo comunitario apruebe a CAF como comprador dentro del proceso de los compromisos asumidos por Alstom, pero los servicios comunitarios han concluido ya que la operación de compra no plantea problemas de competencia porque las partes comparen espacio "limitado" de mercado y seguirán encontrando competidores "creíbles". 

 Julen Elgeta, presidente de Hetel, asociación que reúne a centros de Formación Profesional repartidos por Euskadi, considera que la "digitalización" está revolucionando el mundo de la empresa y cambiando, por tanto, el perfil de trabajadores que se demanda. "Para la FP el tema digital es súper estratégico, está inundando casi todos los puestos de trabajo, que se digitalizan y se automatizan. Por eso tenemos un plan de formación digital grande". Cree Elgeta que los centros de FP deben lograr un equilibrio entre lo que quieren estudiar los jóvenes y las demandas de las empresas: "Por ejemplo, si hay 300 plazas de programación de robots y las empresas absorben toda esa oferta, se podrían sacar más plazas, pero hay que conseguir el equilibrio de atender las demandas de todos los sectores industriales, no sustituir uno por otro. Y ofrecer de todo, porque si alguien quiere estudiar algo relacionado con la agricultura, por ejemplo, tiene que haber estudios de eso". Elgeta pone ejemplos de las necesidades laborales concretas que hay: "El sector de telecomunicaciones absorbe todo lo que hay y más. Y ciclos como desarrollo de aplicaciones web o administración de sistemas informáticos tienen una inserción laboral espectacular, pero cuesta mucho llegar a los jóvenes para que se matriculen. Dices a los alumnos de que van a tener una inserción laboral del 100%, pero el mensaje no acaba de calar y hay plazas sin cubrir". 

Todo el alumnado de Formación Profesional de Grado Medio (desde los 16 años) y Superior (18 o más) que realice prácticas en empresas cotizará por ellas a la Seguridad Social. El cambio, anunciado ayer por la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha sido pactado por su departamento con los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el de Trabajo. Este curso hay unos 936.000 estudiantes matriculados en la etapa. No todos empezarán, sin embargo, a cotizar en septiembre. La nueva ley de FP aprobada este año contempla que todo el alumnado debe hacer prácticas laborales, pero una vez aprobado el marco legal, es necesario que las comunidades autónomas y los centros educativos lleguen a acuerdos con suficientes empresas y entidades empleadoras para cubrir todas las horas, lo que llevará tiempo. El Gobierno subvencionará en un 90% el coste de dichas cotizaciones. Para evitar sobrecargar a las empresas con trámites burocráticos, la normativa establecerá una fórmula para simplificar las altas y las bajas de los estudiantes en la Seguridad Social, de forma que puedan agruparse por trimestres o cursos, al margen de que una vez concluido el periodo, el empresario concrete los días que el estudiante ha ido al centro de trabajo. La cotización permitirá que el alumnado de FP empiece a acumular tiempo cotizado con vistas, por ejemplo, a cobrar el paro.

El euríbor cerrará hoy martes su segundo mes en positivo tras acelerar su evolución alcista en este mes de mayo. La media final rondará el 0,285%, muy lejos del dato de abril 0,013 y, sobre todo, del dato de mayo de 2021 (-0,481%). Y como consecuencia, los tipos medios de las hipotecas variables superarán el 1,2%, con el consiguiente impacto en las cuotas mensuales. Los expertos estiman que al ritmo actual el euríbor puede terminar el año cerca del 1%. En ese caso, los créditos a la vivienda subirían en algo más de 100 euros al mes en diciembre. La cuenta es sencilla: la carga hipotecaria anual de las familias vascas aumentaría en ese caso en unos 1.300 euros. Los números son más llevaderos por el momento. Una hipoteca que se revise ahora con la referencia del euríbor de mayo subirá en algo más de 40 euros al mes, 500 euros anuales. Es un cálculo realizado en función del préstamo medio concedido en Euskadi.  

Mientras Christine Lagarde, presidenta del BCE, decide si son apropiadas una o dos subidas en la región en el tercer trimestre, la gran mayoría de bancos centrales del mundo se encuentra ya inmerso en un frenesí de subidas de tipos y endurecimiento monetario sin precedentes en el siglo XXI. Según los datos que proporciona el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), conocido como el banco central de los bancos centrales, hasta 29 entidades de las 37 que forman parte del organismo han subido los tipos de interés al menos en una ocasión en el último año. De hecho, entre las instituciones se pueden contar hasta 317 encarecimientos del precio del dinero si se miden en términos de 25 puntos básicos, la subida considerada estándar en la banca central moderna. Si se excluyen los datos de Argentina, el número de subidas se reduce a un igualmente significativo número de 273 alzas de tipos, casi 10 subidas por cada banco central que ha movido ficha. El giro de las autoridades monetarias respecto a junio del año pasado, cuando comenzó a repuntar la inflación, es de 180 grados. En cuestión de 12 meses se ha virado completamente de la mayor expansión monetaria de la historia, con la que se logró sostener las economías frente a la pandemia, a una retirada acelerada de los estímulos ante la presión de la inflación.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado procesar a Iberdrola Generación, filial de Iberdrola, en el marco de la investigación por el supuesto encarecimiento artificial del precio de la luz en un 26,5% durante los meses del invierno de 2013 mediante la paralización de sus centrales hidráulicas. En el auto, fechado el 26 de mayo, al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también acuerda proseguir la causa respecto a cuatro personas físicas, que ocupaban distintos cargos de responsabilidad en la compañía en el momento de los hechos. Según explica el magistrado, la decisión se produce después del último informe de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que, tras las “numerosas diligencias”, se ha acreditado “indiciariamente” el “artificial incremento del precio de la energía eléctrica que vendía Iberdrola” en estas fechas. Facua-Consumidores en Acción, que ejerce la acusación particular en el caso, ya había solicitado en 2020 al juez Moreno que pidiese a la CNMC que calculase cuál habría sido el precio de la electricidad si Iberdrola no hubiera provocado su subida mediante la paralización de las centrales.

El barril de Brent, referencia europea de la evolución del precio del petróleo, llegó ayer a los 121 dólares para situarse en máximos de los últimos dos meses, superando un crecimiento interdía del 1%. De forma paralela creció también el barril de West Texas Intermediate, con lo que alcanzó los 117 dólares. Numerosos condicionantes están tensionando un ya de por sí alterado mercado, que desde inicio del año registra una subida de precio de más del 50%, desde los 78 dólares, espoleada además por la agresión de Rusia a Ucrania y las posteriores sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos como respuesta a la invasión. El precio superó la barrera de los 120 dólares horas antes de la reunión del Consejo Europeo, en previsión de que entre las medidas adoptadas en el sexto paquete de sanciones a Rusia se encontraría un embargo a su petróleo. El país es el segundo exportador mundial. Aunque el precio del barril de Brent se encuentre muy lejos de su récord de 147 dólares, alcanzado en 2008, en muchos países la gasolina y el diésel están experimentando nuevos máximos. En España, sin ir más lejos, la gasolina continúa batiendo récords, mientras que el diésel se ha moderado un poco desde sus máximos históricos, en los que incluso llegó a superar el precio de la gasolina durante unas semanas.

Los líderes de los Veintisiete se reunieron ayer para dar un mayor apoyo humanitario y militar a Ucrania, coordinar la defensa europea y dar un nuevo impulso al debate sobre el sexto paquete de sanciones a Moscú. Y lo lograron. Al filo de la madrugada, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo para vetar el 66% de las importaciones de petróleo ruso a la UE. Las discusiones sobre la sexta ronda de sanciones llevaban enquistadas desde principios de mayo, con el bloqueo de Hungría, muy dependiente del crudo ruso. «No hay ningún compromiso. Estamos en una posición muy complicada por culpa de la Comisión Europea. Han hecho una propuesta sin dejar decidir a los Estados miembro. Tenemos que cambiar el enfoque», aseguró Viktor Orban a su entrada a la sede del Consejo Europeo, en Bruselas. Pero la adaptación del texto presentado por el Ejecutivo comunitario hizo posible el acuerdo, según anunció el propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel: «Hemos pactado el veto a las importaciones de petróleo ruso a la UE. Esto corta dos tercios del crudo que llega desde Rusia y supone un golpe para la financiación de la máquina de guerra rusa». El embargo será gradual y se llevará a cabo en un periodo de seis a ocho meses.

El ministro de Economía alemán ha advertido de que la unidad europea sobre las sanciones contra Rusia “está empezando a desmoronarse”, mientras los diplomáticos subrayan las continuas divisiones sobre un paquete de sanciones debatido este lunes por los Estados miembros. Las declaraciones de Robert Habeck se produjeron ante la incapacidad de los embajadores de la UE reunidos en Bruselas el pasado domingo para ponerse de acuerdo sobre el último paquete de sanciones del bloque contra Moscú, entre las que se incluye un plan para cortar las importaciones de petróleo ruso que Hungría bloquea desde hace semanas. Los diplomáticos esperaban llegar a un acuerdo sobre las medidas que se presentarían a los líderes de la UE, que han iniciado una cumbre de dos días este lunes. “Tras el ataque de Rusia a Ucrania, hemos visto lo que puede ocurrir cuando Europa se mantiene unida. De cara a la cumbre, esperemos que siga siendo así. Pero está empezando a desmoronarse más y más”, aseguró Habeck, que también es vicecanciller, a los periodistas en Alemania el pasado domingo.

Han transcurrido tres meses de guerra, muerto miles de personas y provocado daños superiores a 500.000 millones de euros para que la guerra de Ucrania haya vuelto a su punto de partida: el Donbás. Los combates se han enquistado en Donetsk y Lugansk. Kiev intenta expulsar a los invasores rusos. El Ejército moscovita busca asegurarlo como territorio propio, controlar toda la franja al sur y el este del país hasta Crimea y cerrar así el cinturón paralelo a mar de Azov. En otras palabras, ambos países luchan por dominar prácticamente el mismo pedazo de tierra por el que llevan matándose desde 2014 mientras las provincias menos castigadas tratan de salir a flote y otras recuperan cierta normalidad. Si alguien quisiera realizar una superproducción bélica sobre lo que acontece ahora mismo en el Donbás, el argumento se dividiría en dos grandes secuencias: el enfrentamiento de dos artillerías a lo largo de la frontera y la lucha calle por calle en Severodonetsk. Como Svitlodarsk y Limán, ocupados hace escasos días, y antes Mariúpol, esta ciudad es una pieza clave. Allana el paso hacia las dos provincias y una cuenca minera. Severodonetsk hoy es tierra plana. Seis de cada diez edificios han sido derribados por las bombas. Y eso facilita el avance terrestre ruso, sin pisos altos desde los que disparen los francotiradores ucranianos ni inmuebles reconvertibles en emboscadas.

«Queremos involucrar a la ciudadanía en la investigación científica». Es el objetivo que busca la Diputación de Gipuzkoa para incentivar fiscalmente las aportaciones del territorio a la ciencia básica o teórica. Para alcanzar dicho objetivo, el diputado general, Markel Olano, junto al diputado de Hacienda, Jokin Perona, presentaron ayer una serie de nuevos y potentes incentivos para la ciudadanía y los agentes económicos tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre Sociedades. En lo que respecta al beneficio fiscal generado por dicho mecenazgo, en el caso de las personas físicas conllevará una deducción sin límite en la cuota del 35% en el IRPF. Por ejemplo, un ciudadano que apoye con 1.000 euros un grupo de investigación, obtendrá una deducción de 350 euros. En el caso de las personas jurídicas, las cantidades invertidas en este tipo de donaciones tendrán la consideración de gastos deducibles a la hora de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y, además, tendrán una deducción de la cuota líquida del impuesto del 20%. Por ejemplo, una empresa que apoya con 1.000 euros un grupo de investigación, tendrá un gasto deducible por esos 1.000 euros (que supone 240 euros de cuota) y una deducción de 200 euros. Es decir, en total supondrá 440 euros de beneficio fiscal. El anteproyecto saldrá esta misma semana a exposición pública y está abierto a recoger aportaciones. Posteriormente, pasará por Consejo de Gobierno y después tendrá que ser tramitado en Juntas Generales. El periodo de vigencia de la norma comenzará el 1 de enero de 2023.

Crecen más rápido y se adaptan mejor al cambio climático. Son dos de las características principales de los 800 ‘superpinos’ radiata plantados en Llodio como parte de un proyecto pionero en Europa desarrollado por el centro tecnológico Neiker «mediante la propagación vegetativa in vitro, conocida como embriogénesis somática». Es decir, una técnica que permite obtener una gran cantidad de copias a partir de un árbol de alto rendimiento. «Es un hito revolucionario», ensalzó Paloma Moncalean, investigadora del departamento de Ciencias Forestales de Neiker y líder del proyecto. Este novedoso método «ha permitido obtener una gran cantidad de árboles a partir de un individuo elite», lo que supone una mejora respecto a las técnicas tradicionales que obtienen un ejemplar de una semilla. El resultado es una plantación de pinos que poseen «características sobresalientes» como la tolerancia a altas temperaturas, a la escasez de agua, a suelos empobrecidos, a enfermedades asociadas al cambio climático y que crecen más rápido. «Mientras que mediante un programa convencional de mejora genética los árboles pueden lanzar al mercado en 18-20 años, en estos se consigue acortar el plazo a 7-8 años», aseguró Moncalean. Neiker, miembro de Basque Research and Technology Alliance, lleva más de diez años investigando la embriogénesis somática de especies forestales, fundamentalmente, en pinus radiata, la variedad de pino más extendida en Euskadi.