20230118

Tres de cada cuatro empresas vascas tiene «crecientes dificultades» para encontrar el talento que demandan. Es la principal conclusión que arroja Zedarriak –el foro de expertos vascos– en su último informe, en el que constata que el 76% de estas firmas cada vez se encuentran con más problemas para contratar los perfiles que necesitan. Es consabido que la población vasca es una de las más envejecidas de Europa, a lo que hay que sumar el bajo índice de natalidad y la jubilación de la generación ‘baby boom’. Esta tormenta perfecta ha encendido todas las alarmas en el tejido económico del País Vasco. El estudio, titulado ‘Generación Z Vasca’, pone de relieve la falta de jóvenes para cubrir las necesidades de la empresa vasca, sobre todo en la industria y en áreas como ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (estudios STEM). Dos de cada tres demandas de contratación de Formación Profesional (FP) y Estudios Universitarios se dirigen a personas con este tipo de estudios. El informe también ofrece respuestas al porqué estas empresas de Euskadi afirman tener cada vez más dificultades para atraer talento, según la Encuesta de necesidades de empleo y cualificación 2022 y Educación del Gobierno Vasco elaborada por Confebask. El 60,8% de las empresas encuestadas aduce falta de formación o especialización; el 55,3% falta de actitud, disposición o interés, y un 46,8% menciona la falta de experiencia. En este contexto, el estudio considera positivo que la confianza de la juventud en las empresas haya mejorado sensiblemente en las dos últimas décadas, pasando del 31% en 1999 al 62% en 2021, así como el emprendimiento, que ha crecido hasta un 40% en los últimos años. No obstante, el informe también pone sobre la mesa una serie de indicadores que ponen de manifiesto el desgaste o la desmotivación de la Generación Z, como por ejemplo que el 65,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años asalariada haya tenido un contrato temporal en 2021, frente al 29,1% del conjunto de la población asalariada de Euskadi. Ver nota e informe de Zedarriak aquí. 

«El reto es urgente y, además de concienciar a la sociedad, es fundamental dar pasos concretos y progresar de forma decidida en el diseño de sistemas educativos flexibles, en los que las familias procedentes de diferentes territorios, o con requisitos exigentes de movilidad geográfica, encuentren soluciones sencillas a los itinerarios educativos de sus hijas e hijos». En Zedarriak han medido mucho este párrafo de su último informe, que analiza la situación de la juventud en Euskadi y busca soluciones al reto demográfico. Los grandes empresarios que forman parte de este foro saben muy bien que hay asuntos en los que mantener un debate sosegado es difícil, pero aún así quieren intentarlo. El idioma en el sistema educativo vasco es una de esas controversias potencialmente explosivas. Desde hace tiempo muchas empresas vascas aprecian que una de las dificultades con las que se encuentran para atraer talento del exterior (tanto más necesario cuanto más envejece Euskadi) es la educación infantil. Esto es: si un profesional tiene niños pequeños en edad escolar y su trayectoria profesional es dinámica –sabe que va a moverse porque los destinos laborales ya no son eternos como antes–, el País Vasco puede ser un lugar poco apetecible. Tanto si habla inglés como castellano. Por eso Zedarriak pide «flexibilidad». Pero se guarda mucho de no mencionar el euskera para tratar de contener un debate que suele acabar varado en el fango de posiciones extremas. En realidad, este colectivo, integrado por grandes personalidades del mundo de la empresa, ya sabe lo que es meterse en charcos. Suyo fue el polémico diagnóstico sobre la situación económica y social de Euskadi publicado hace casi un año, en abril de 2022. Ahí se alertaba de que la comunidad autónoma había perdido liderazgo y ‘punch’ económico. Nada desconocido, pero que sonaba estridente en boca de empresarios de extenso reconocimiento profesional e intelectual. 

Euskadi terminó el año con un récord absoluto de cotizantes, muy cerca de la barrera del millón al superar los 994.000, y en gran medida se debió a la incorporación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social, que encadenaron un máximo histórico tras otro en el ejercicio. Al cerrar 2002 se contabilizaban 83.228 afiliados foráneos en el sistema, tras haber sumado 8.532 en doce meses, según la estadística publicada ayer por el ministerio dirigido por José Luis Escrivá. Lo más llamativo es que ese incremento supone más del 60% del aumento total de cotizantes a la Seguridad Social en la comunidad, que fue de 14.055. Es decir, que seis de cada diez nuevos afiliados vinieron de fuera. El porcentaje da una idea muy clara de hasta que punto los trabajadores migrantes están cubriendo la escasez de profesionales que sufre el País Vasco en múltiples sectores debido a una natalidad en mínimos históricos. Los trabajadores extranjeros suponen en la actualidad un 8,4% del total de la fuerza laboral vasca, un peso que ha crecido en los últimos años pero que todavía esta lejos del 12% que alcanza en el conjunto de España. Con todo, cabe destacar que el crecimiento experimentado por este colectivo en 2022 en Euskadi, del 11,4%, es el segundo mayor de todas las comunidades autónomas, solo por detrás de Canarias. En el total nacional la cifra de cotizantes migrantes aumentó un 8,4% hasta los 2,4 millones.

Después de casi dos décadas, el Gobierno vasco ha autorizado la construcción de dos nuevos parques eólicos en territorio alavés, que podrían entrar en funcionamiento en los próximos dos años. Se trata de un paso importante en la transición a las energías renovables, pero que siempre se ha encontrado con la oposición de algunos municipios y del ecologismo. Estas instalaciones están promovidas directamente por Lakua a través de una sociedad en la que es socio con Iberdrola, Aixeindar. Ambas tienen 40 MW de potencia y están compuestas por ocho molinos eólicos cada una. Son proyectos ya conocidos pero el poner una fecha para el inicio de las obras supone un paso histórico y simbólico de gran envergadura. Y es que la actual generación renovable instalada en Euskadi alcanza poco más de 600 MW, una cantidad que no llega al 10% de la energía que consume y que está muy lejos del 25% que la UE se ha fijado como objetivo en 2030. Cuesta mucho desgaste político cada megawatio eólico instalado en el País Vasco, también por la oposición de muchos pueblos afectados y colectivos ecologistas. De ahí que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, se alegrara ayer por una «buena noticia» y porque «después de mucho tiempo podemos poner más instalaciones renovables». Tapia recordó que, si bien el Ejecutivo no aspira a la autonomía energética, «sí trabajamos para reducir la dependencia del exterior y eso pasa por tener más generación de este tipo». Estos dos parques anunciados se unirán a los cuatro que ya están en funcionamiento: en Álava, los de Badaia y Elgea; y en Bizkaia el del monte Oiz y el del Puerto del Bilbao. La responsable de la cartera energética del Ejecutivo destacó además que hay otras 13 solicitudes en total para desarrollar infraestructuras de generación eólica en Euskadi. En total, los nuevos proyectos, si se añaden tres plantas fotovoltaicas, suman 603 MW de potencia que requerirán una inversión de cerca de 630 millones de euros y permitirían suministrar el consumo energético de 448.000 hogares.

Iberdrola anunció ayer la firma de una alianza histórica con Noruega en energías renovables. La eléctrica ha vendido el 49% de una cartera de 1.265 megavatios (MW) de nueva capacidad renovable en España (80% fotovoltaicos y 20% eólicos) a Norges Bank Investment Management, la sociedad que gestiona el fondo soberano del país, por 600 millones de euros. Se confirma así una operación, conocida en el mercado con el nombre en clave de Proyecto Romeo. La valoración del 100% de la cartera asciende finalmente a unos 1.225 millones de euros, por encima de lo esperado, y la transacción, pendiente de recibir el visto bueno del Gobierno, representa sólo el principio de una colaboración que nace con la vocación de extenderse a nuevos proyectos. Iberdrola y Norges crean “una alianza sólida entre dos socios preferentes cuyo compromiso se podría extender a oportunidades adicionales en renovables en otras geografías”, explicaron las partes en un comunicado. Ambas firmas se unen para “acelerar la descarbonización en España”, un acuerdo que “podría extenderse en un futuro en otros países”. De los 1.265 MW totales, 137 MW están operativos –en Castilla-La Mancha y Aragón–; mientras que el resto se encuentra en distintas fases de desarrollo, distribuidos entre Andalucía (358 MW), Extremadura (343 MW), Aragón (175 MW), Castilla y León (102 MW), Madrid (55 MW), Murcia (50 MW) y Castilla-La Mancha (45 MW). La cartera tendrá capacidad para suministrar energía verde a más de 700.000 hogares cada año.

«El principal reto para el País Vasco es la descarbonización de su industria» a ojos de la Comisión Europea. Así lo valoró ayer su portavoz en España, Maciej Berestecki, en un encuentro con los medios celebrado en Bilbao para dar cuenta del impacto de las políticas de la UE en Euskadi. Berestecki destacó que la competitividad de las firmas vascas resulta «muy importante para España y Europa», y apuntó que el Plan de Recuperación y Resiliencia ha dejado ya 838 millones de euros para la reactivación y el impulso a la transición verde y digital. Entre otros proyectos, las inversiones han apoyado planes de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas, la investigación en un programa de materiales avanzados junto a otras seis comunidades autónomas o el desarrollo de tecnologías avanzadas de Inteligencia Artificial. Las firmas vascas también participan en convocatorias de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), a las que se sumarán además las iniciativas del programa REACT-EU, diseñado para responder a la crisis económica derivada de la pandemia, que se distribuyen a través de los fondos FEDER y FSE. En ellos España tiene asignados 14.500 millones con los que también se vienen financiando actuaciones en suelo vasco.

PK Blue Logistics desarrolla actualmente en el País Vasco cuatro proyectos inmologísticos que supondrán un desembolso total de 112 millones de euros. Los cuatro se ubican en la capital alavesa, concretamente, en las áreas Gamarra y Jundiz. En verano del pasado año, PK Blue Logistics, puso en marcha la creación de un parque industrial y logístico, denominado PK Blue Vitoria-Gasteiz II, rehabilitando las antiguas instalaciones de Cegasa, en el Polígono Industrial Gamarra. El proyecto, sobre una parcela de 130.000 m2 , contempla cuatro edificios; dos de ellos (de 25.400 m2 y 14.600 m2 , respectivamente) que serán rehabilitados, y otros dos de nueva construcción, que suman 30.000 m2 . En total, 70.000 m2 . Además, se dispondrán otros usos terciarios y complementarios, que alcanzarán los 10.000 m2 , aproximadamente. Todos los inmuebles dispondrán de oficinas y servicios complementarios y su accesibilidad será tanto a través de muelles de carga-descarga como de accesos a nivel para vehículos pesados, de reparto y ligeros. También se habilitará un bloque de oficinas, de unos 4.700 m2 , en la antigua sede corporativa del grupo Cegasa. El edificio, con un diseño arquitectónico muy singular, mantendrá su aspecto exterior tras la rehabilitación.

Relevo tranquilo y ordenado en Geroa, la entidad de previsión social voluntaria (EPSV) de empleo de referencia en Gipuzkoa. Jordan Saenz (San Sebastián, 1981) asume la dirección general de la entidad en sustitución de Virginia Oregui, quien ha sido la auténtica ‘alma mater’ de la EPSV desde hace casi tres décadas. En concreto, desde 1996, cuando fue la encargada de abordar la creación de la institución de prestación complementaria a la de la Seguridad Social, en cuyos órganos de gobierno conviven la patronal Adegi y los cuatro principales sindicatos de Euskadi (ELA, LAB, CC OO y UGT). La propia Oregui había pedido hacía tiempo abordar su relevo. El proceso de búsqueda de candidatos se desarrolló a finales del pasado ejercicio, de la mano de la consultoría de recursos humanos Campo & Ochandiano. Jordan Saenz, que ha desarrollado toda su carrera profesional en la firma donostiarra Norgestion, donde trabajó durante más de 16 años en tareas de Corporate Finance y consultoría estratégica en el área de M&A (fusiones y adquisiciones), es licenciado en Humanidades y Empresa y Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Deusto, donde posteriormente cursó sendos másteres de Administración de Empresas y de dirección Financiera. La decisión del relevo de Virginia Oregui como directora general de Geroa se tomó el pasado 22 de septiembre, estando presentes en la pertinente junta de accionistas la patronal y las cuatro centrales sindicales, fijándose un periodo de tres meses para encontrar a la persona idónea.

Los ciberataques están a la orden del día y no hay prácticamente ningún sector, sea público o privado, o actividad que se precie que esté a salvo de una delincuencia que se vale de internet para acceder a cualquier tipo de registro, datos personales o cuentas para poder engañar y delinquir. El sector hotelero tampoco está exento como se ha demostrado recientemente en Gipuzkoa. Y es que la semana pasada se detectaron ciberataques a clientes de varios hoteles del territorio mediante una nueva modalidad. En concreto, los ciberataques se produjeron a principios de la semana pasada, cuando los ciberdelincuentes utilizaron la apariencia de agencias intermediarias ‘online’ para generar entre clientes de algunos hoteles guipuzcoanos la confusión sobre la reserva y el abono de las mismas, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la Asociación Hoteles de Gipuzkoa. Los ciberdelincuentes se valían de esa falsa apariencia para redirigir las reservas a otros hoteles, con lo que se activaba el engaño y aprovechaban para hacerse con el dinero, explican desde la Asociación. Indican que es la primera vez que se detectan en nuestro territorio ataques con esta metodología a los clientes de hoteles y que tampoco les consta que se haya producido en el conjunto del Estado.

Euskadi destinará este año 565 millones de euros para las ayudas de la RGI, el IMV y el Complemento de Vivienda, un 20% más que en 2022. Tras la pandemia y la inflación, así como las consecuencias de la guerra de Ucrania, el Gobierno Vasco busca reforzar las prestaciones del sistema vasco de empleo Lanbide para este 2023, con una disposición de gasto superior a la del último año, cuando se destinaron a estas ayudas 467,1 millones de euros. Así, a propuesta de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, el Consejo de Gobierno autorizó ayer este incremento «a fin de garantizar los ingresos de las personas que tienen derecho a percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda y el Ingreso Mínimo Vital (IMV)», que son el conjunto de las prestaciones que realiza Lanbide en ventanilla única. A pesar de que la mejoría en el empleo en los últimos meses también se refleja en un menor número de titulares de RGI, desde enero se aplica una subida del 8,5% en estas ayudas. Desde el próximo mes de abril, además, con la entrada en vigor de la nueva ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión aprobada en diciembre, se mejorarán los complementos en los casos en que hay menores y pensionistas y se facilita el acceso a otras personas en distintas situaciones vulnerables. De ahí que el departamento que dirige Idoia Mendia considere indispensable este aumento de presupuesto. 

El Ministerio de Seguridad Social adelantó ayer que el arranque del año ha sido positivo en términos de creación de empleo, ya que en los treinta días que van desde el 15 de diciembre al 15 de enero el país ha sido capaz de crear 25.294 puestos de trabajo sin contar con los empleos que tradicionalmente se crean y se destruyen en estos meses por razón del ciclo económico. Si todos los meses del año fueran exactamente iguales en términos de empleo y no hubiera picos y valles fruto de la actividad (por ejemplo, más contrataciones en la hostelería en vacaciones o más incorporaciones en comercio por las rebajas), eso permitiría conocer qué meses son verdaderamente buenos para el mercado laboral –y no por esas circunstancias– y cuáles no lo son y, en este caso, los últimos treinta días lo habrían sido ya que el país habría conseguido crear 25.000 empleos. Teniendo en cuenta que el año está compuesto por 365 días, si en 30 días se han creado ese número de puestos, eso sería indicativo de que el año podría cerrar con en torno a 300.000 afiliados más si se mantiene ese impulso del mercado de trabajo, un dato muy positivo, lo que permite deducir que el comienzo del año ha sido bueno para el mercado laboral. Es de esperar, no obstante, que ese ímpetu vaya relajándose a medida que avanza el año y que 2023 sea más flojo que 2022 en empleo, al igual que lo será en crecimiento.

El golpe a la economía será menor de lo que se auguraba hace unos meses. Este es el mensaje de Funcas tras revisar al alza sus previsiones de crecimiento económico tanto para 2022 como para 2023, situándolas en el 5,2% y en el 1%, respectivamente. La subida se debe a la moderación de los precios de la energía y a la mejora hecha por el INE de las cifras de crecimiento en la primera parte del ejercicio pasado. Las previsiones, publicadas este martes, reflejan un aumento de siete décimas para 2022 respecto al informe de octubre y de tres décimas para este año. A su vez, apuntan a que la actividad crecerá hasta el 1,8% en 2024, lo que significa recuperar el nivel prepandemia. La inflación continuará bajando en los próximos meses y se estabilizará en 2024, aunque los deflactores del consumo y del PIB seguirán por encima del 3%. La mala noticia es que el encarecimiento de la cesta de la compra y la pérdida de poder adquisitivo ya ha pasado factura a los hogares, que han perdido gran parte de sus ahorros. Funcas estima que la caída ha sido hasta el 5,7%, muy por debajo de la media del 6,8% registrado entre 2023 y 2019. En cualquier caso, la desescalada del IPC “compensará el giro más restrictivo en materia de política monetaria y se hará más patente a partir de la primavera”, según el organismo. El deflactor del consumo privado crecerá este año un 4,4%, ocho décimas menos que en la anterior previsión, gracias al abaratamiento de la energía. Por su parte el deflactor del PIB, la variable que mejor refleja la dinámica subyacente, aumentará un 4,1%. Esta previsión asume una contención de los efectos de segunda ronda.

El pacto al que llegó el Gobierno con patronal y sindicatos para sacar adelante la última reforma laboral tenía letra pequeña que no se incluía en los textos oficiales. Entre esta letra pequeña estaba no abordar el despido, ni su procedimiento ni su coste. Sin embargo, este espinoso tema podría irrumpir como elefante en cacharrería en la recta final de la legislatura que el Gobierno de coalición encara a partir de ahora en este año electoral. Esta irrupción llega de la mano del sindicato UGT que en marzo pasado, apenas tres meses después de la entrada en vigor de la reforma, consideró que con la limitación de los abusos de la contratación temporal, España tendría mejores contratos, con más firmas de indefinidos, pero estos nuevos fijos estaban “desprotegidos porque es muy fácil despedirlos”, según ha explicado recientemente el vicesecretario de Política Sindical de esta central, Fernando Lujan. Por ello, UGT, aprovechando que el Gobierno suscribió la Carta Social Europea, decidió recurrir a uno de los mecanismos previstos en ella: demandar al Reino de España y a su Gobierno ante el Consejo de Europa, por considerar que la legislación española en materia de despidos improcedentes individuales incumple dicha Carta Social. En concreto, la demanda de UGT considera que la indemnización por despido española para estos casos de improcedencia –33 días de salario por año trabajado con el límite de 24 mensualidades y con reglas transitorias para los contratos de trabajo firmados antes del 12 de febrero de 2012 con antigüedad previa a esa fecha– no es lo suficientemente “adecuada” y “reparatoria” como exige la Carta Social Europea. El sindicato argumenta que la indemnización es especialmente baja para quien tenga poca antigüedad. Ante esta demanda, la patronal CEOE se ha personado en el proceso, a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), presentando alegaciones en contra de lo demandado por UGT, con la intención de evitar una posible reforma del Gobierno que eleve el actual coste del despido, si el Consejo da la razón al sindicato.

Los tipos negativos y los masivos programas de compras de deuda son historia de la zona euro. Así lo dio a entender Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo (BCE) que, en una entrevista con Financial Times, aseguró que “no creo que la baja inflación crónica que tuvimos antes de la pandemia vuelva”. Aunque las herramientas monetarias no convencionales siguen siendo parte de la caja de herramientas del banco central, estas medidas se diseñaron para prevenir entornos deflacionarios. Si estos no existen en el futuro, más allá de que se puedan dar episodios de compras de deuda para evitar la fragmentación del mercado, la política monetaria se regirá por los habituales movimientos de los tipos de interés. Para Lane, la clave está en las expectativas de inflación. Ahora, “las expectativas se han anclado a largo plazo en la zona de nuestro objetivo del 2%, mientras que antes se situaban muy por debajo. Eso implica que la política monetaria se mantendrá en un nivel consistente con ese objetivo, no de vuelta a los tipos ultra bajos que se necesitaban para combatir la reducida inflación”. Mientras que en el pasado los inversores y los agentes económicos habían asumido de forma errónea que un crecimiento desbocado de los precios no se volvería a ver en la zona euro, “el actual fenómeno externo ha recordado al mundo que los shocks inflacionarios pueden ocurrir”.

No corren tiempos fáciles en las relaciones entre el Gobierno y los empresarios. Los nuevos impuestos a bancos y energéticas, así como las constantes referencias al papel de unas empresas que, a juicio del Ejecutivo, «se están forrando» a costa de la crisis, han abierto una auténtica brecha entre ambas partes que Pedro Sánchez quiso cerrar ayer –o al menos atenuar– durante el Foro Económico Mundial que se celebra en la región suiza de Davos. En este intento por acercar posturas, el presidente del Gobierno convocó a los principales líderes empresariales del país a una reunión en la que, según fuentes del Ejecutivo, se charló sobre la situación de la economía global y sobre la necesidad de mantener la colaboración público-privada en un momento clave en el que se espera que los fondos europeos cojan, este año sí, la auténtica velocidad de crucero. En el encuentro a puerta cerrada no se habló de los polémicos gravámenes al beneficio banca y energía, a pesar de que al mismo acudieron algunos de los más críticos con la medida, como la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. También asistieron el presidente de BBVA, Carlos Torres; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz; el de Naturgy, Francisco Reynés; y los máximos responsables de Cepsa, Maarten Wetselaar y de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt. Pero el ‘ruido’ de la jornada lo generó una notable ausencia, la del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que en los últimos tiempos había amenazado con batallar en los tribunales el nuevo gravamen. Finalmente, Iberdrola estuvo representada en la reunión por Agustín Delgado, director de Innovación y Sostenibilidad de la empresa. Fuentes de la compañía justificaron la ausencia de Galán por la prioridad que le dio ayer al acuerdo alcanzado con Norges Bank, el fondo soberano de Noruega, para impulsar las renovables en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer en el Foro Mundial de Davos a España poco menos que como un milagro dentro del panorama actual de turbulencias mundiales, gracias a sus políticas económicas y energéticas. En sus encuentros con empresarios primero, y en su discurso dentro del Foro después, Sánchez resaltó la supuesta situación más favorable de España en estos momentos. Sánchez inicia así un año que en España va a estar marcado por las elecciones, municipales, autonómicas y generales. El crecimiento en 2022 superó el 5%, dijo, recordando que el pasado mes de diciembre, la tasa de inflación en España (5,5%) fue “la más baja de toda la UE”. Asimismo, el presidente del Gobierno abordó las previsiones de los principales organismos internacionales, indicando que “todas coinciden en que el crecimiento de España debería superar las tasas medias de las economías avanzadas en 2023, y la inflación seguirá bajando hasta situarse dos puntos por debajo de la que muestra la eurozona”. En cuanto al empleo, el presidente destacó que “España ha sido capaz de capear el temporal económico mundial, pues el país creció en casi medio millón de puestos de trabajo el año pasado”. Recordó que “la tasa de paro registra hoy la cota más baja en los últimos quince años”. Durante su intervención, Sánchez también abordó “las políticas puestas en marcha para favorecer el crecimiento económico”.

El conjunto de la deuda de las Administraciones públicas volvió a registrar un máximo histórico en noviembre, tras aumentar el 5,6% interanual y el 0,6% frente a octubre, hasta fijarse en los 1,505 billones de euros, según los datos publicados por el Banco de España. En el último año, la deuda se incrementó en 79.227 millones de euros, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos que provocó atender la crisis por la pandemia de Covid, junto a los mayores empleos derivados de la guerra en Ucrania. Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue el importante incremento de la deuda de la Seguridad Social, que aumentó en noviembre en 6.982 millones de euros frente a octubre, para superar la barrera de los 100.000 millones, en concreto en 106.176 millones de euros, tras haberse consolidado en los últimos meses en torno a los 99.000 millones. Frente a noviembre de 2021 el incremento alcanzó el 13,1%, como consecuencia de los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social que sirven para financiar su déficit presupuestario. La ratio de deuda pública sobre el PIB ha ido descendiendo en los últimos meses, como consecuencia del crecimiento que ha venido registrando la economía española, por lo que el dato conocido ayer se sitúa en el entorno del 116%. No obstante, supera ligeramente el objetivo del Gobierno para el conjunto del año del 115,2%. 

“Ha sido un excelente año para España, la resiliencia del turismo ha superado a los múltiples vaticinios que auguraban un decaimiento de la actividad. Esta tendencia que ya evidenciábamos no era ningún espejismo”. Contra viento y marea, como explica José Luis Zoreda, vicepresidente de la patronal turística Exceltur, el sector sigue mostrando un buen desempeño. Hasta tal punto es así, que, como explicó Zoreda ayer, durante su valoración del año turístico recién cerrado y las previsiones de cara a este 2023, fue responsable en el pasado año del 60% del crecimiento de la economía española. Las previsiones de clausura del año turístico de Exceltur reflejan dos realidades: la primera, que a la demanda todavía le queda algo de camino por recorrer, ya que su cálculo es que en 2022 llegaron 72 millones de visitantes extranjeros a España. Es decir, un 14% menos que el récord histórico de 83,5 millones marcado en 2019. Detrás de este dato, el hecho de que los turistas británicos y alemanes, dos de las nacionalidades que más peso tienen entre aquellos que eligen España cada año como destino vacacional, no llegaron a los niveles anteriores a la pandemia, aunque por razones distintas. El caso británico es por un inicio muy malo de año, en parte compensado por un gran verano; el alemán, por el gran impacto que ha tenido la guerra en Ucrania en la economía del país. En el acumulado entre enero y noviembre de 2022, las pernoctaciones de alemanes cayeron un 12,4%, mientras que las de los británicos lo hicieron un 6,8%. Por fortuna, la demanda nacional respondió mejor que nunca. 

Entrevista con Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. “Este año va a haber una inversión adicional a la que estamos haciendo en el conjunto del país para que los destinos de sol y playa se modernicen y se desestacionalicen...2023 va a ser un año récord en el turismo, en el que incluso registremos cifras mejores que las de 2019 [83,5 millones de turistas extranjeros]. Respecto a 2022 [se estima que han llegado 72 millones ], el balance es muy positivo porque empezamos con muchas incertidumbres. La primera fue Ómicron, después vino la guerra y eso hizo que tuviéramos que reforzar también nuestra agenda. Y pese a ello, los viajeros han optado por España, sobre todo el turismo internacional, y cerramos con un balance muy positivo, especialmente en un ámbito en el que estamos trabajando, que es reforzar la calidad del destino. Lo vemos en los datos, con un incremento importante en el gasto turístico y en la estancia media y eso es un indicador de que el turismo ha cambiado y la pandemia ha cambiado el turismo..."

Contundente advertencia de los supermercados al Gobierno de coalición: si intervienen el mercado de los alimentos como ha planteado Unidas Podemos al PSOE para abaratar la cesta de la compra básica, el sector entrará en pérdidas en cuestión de dos meses. Así lo avisan desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) –que representa a compañías como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés, entre otras muchas– fuentes que insisten en que fijar precios de venta máximos que impidan a los supermercados trasladar los incrementos de costes llevaría al conjunto del sector «a números rojos en poco más de nueve semanas». La asociación defiende que «las cadenas de distribución han realizado un gran esfuerzo para contener buena parte de la fuerte subida de los precios industriales», tras haber soportado una escalada de la energía y de las materias primas básicas para la producción de alimentos que, en algunos casos, como los cereales o los fertilizantes, ha alcanzado incrementos de tres dígitos, tensionando al límite los costes de todas las cadenas de valor y provocando, en última instancia, el alza de los precios. Según los cálculos elaborados por Anged a partir de los registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la distribución ha amortiguado hasta 6,8 puntos del histórico encarecimiento de los precios industriales. Es decir, el precio medio de la cesta de la compra ha subido 6,8 puntos menos que el precio al que la distribución compra a la industria alimentaria esos productos.

La economía de China creció un exiguo 3% en 2022, un año marcado por los confinamientos y las disrupciones derivados de la férrea política de Covid cero, a la que el Gobierno puso punto final de forma abrupta en diciembre tras una ola de protestas sociales. Es el peor dato de crecimiento del gigante asiático desde el primer año del coronavirus en 2020, cuando el PIB de la segunda economía del planeta aumentó apenas un 2,2%. Y para encontrar otro año de menor dinamismo hay que remontarse a aquella China aislada de 1976, casi medio siglo atrás, cuando acabó el convulso decenio de la Revolución Cultural y murió el histórico líder Mao Zedong. El oscuro panorama del final del 2022, con un tsunami de contagios de Covid y decenas de miles de muertos tras el relajamiento de medidas sanitarias, abre la puerta en cualquier caso a un esperado efecto rebote pospandémico en 2023. Lejos quedan aquellas tasas de dos dígitos del hiperdesarrollo de la locomotora asiática de la primera década de los años 2000, el 8,4% de crecimiento en 2021, y lejos queda también el menos ambicioso objetivo del 5,5% que se había fijado en marzo el Ejecutivo chino para el 2022. El azote de la variante ómicron a lo largo de los últimos meses ha terminado por cortocircuitar una economía que ya arrastraba problemas estructurales, como el frenazo del inmenso sector inmobiliario y la baja intensidad del consumo interno.

El mercado del crudo se había destensado en los últimos meses a raíz de la desaceleración económica global, pero la reapertura económica china puede provocar un cambio de rumbo. De hecho, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) elevó ayer sus previsiones de demanda de este producto en el gigante asiático en el primer trimestre del año, lo que ha dado un impulso a los precios del petróleo. La buena noticia para los países consumidores, no obstante, es que algunos exportadores también han reaccionado a este repunte de la demanda con una mayor producción. La OPEP incrementó ayer en su informe mensual sus previsiones de demanda de productos petrolífero en China en 220.000 barriles de crudo al día, hasta alcanzar los 14,9 millones de barriles diarios en promedio entre enero y marzo, y pronostica que su consumo seguirá incrementándose a lo largo del año hasta alcanzar los 15,78 millones de barriles al cierre del año, lo que significa que el gigante asiático será el responsable de casi una cuarta parte del aumento del consumo de crudo en un momento en el que Estados Unidos y Europa se están apretando el cinturón. Esto ha inyectado cierta presión a los precios, que subieron ayer un 1,7% hasta rozar los 86 dólares por barril y encadenan un alza del 9% en las últimas cinco sesiones. China es el primer importador mundial de crudo, si bien hasta ahora se había mostrado aletargada durante los últimos tres años por su draconiana política Cero covid, pero eso ha empezado a cambiar. Con todo, los analistas esperan que la recuperación de la demanda china sea limitada, debido a que los tres años de restricciones han hecho mella en el tejido productivo y en las economías domésticas.

En un cambio histórico que tendrá consecuencias para el planeta, China, el país con más habitantes, ya pierde población. Lo hace por primera vez desde 1961, cuando sufría la hambruna del ‘Gran Salto Adelante’ por los desastrosos errores estatalistas y de colectivismo agrario de Mao Zedong. Aunque el momento actual es muy distinto, este cambio de tendencia demográfica afectará en el futuro a la economía mundial con unas repercusiones que todavía están por ver. La primera, como predice la ONU, es que la India superará este año a China como el país más poblado de la Tierra. A tenor de los datos anunciados ayer por el Buró Nacional de Estadísticas, las muertes superaron el año pasado a los nacimientos en China, que perdió 850.000 habitantes. De los 1.412.600 millones de 2021 pasó a 1.411.800 en 2022 al seguir desplomándose la natalidad, que cayó casi un 10%. El año pasado, las madres chinas trajeron al mundo 9,5 millones de bebés, mientras que en 2021 fueron 10,6. Con esos datos, la tasa de natalidad marcó un mínimo histórico de 6,77 alumbramientos por cada 1.000 personas, mucho menor que los 7,52 de 2021 y la cifra más baja desde que empezaron los registros en 1949. En comparación, la India presenta 16,42 nacimientos por cada mil personas y hasta naciones muy desarrolladas, como Estados Unidos o el Reino Unido, muestran una natalidad mayor: 11,06 y 10,08, respectivamente.