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Los empresarios vascos mostraron ayer su preocupación en torno a la coyuntura económica, que puede hacer peligrar buena parte de la recuperación a lo largo de este año. Así lo señaló la presidenta de la organización empresarial vizcaína Cebek, Carolina Pérez Toledo, al indicar que según una encuesta que acaban de realizar, la mitad de las empresas cree que no volverá a la normalidad previa a la pandemia hasta 2023. Una imagen que, indicó, contrasta con los últimos datos oficiales sobre la evolución del empleo y también los de recaudación de impuestos por parte de las diputaciones. Un ingreso que ha marcado a finales de 2021 un nuevo récord histórico. Aunque las perspectivas de crecimiento para este año son buenas –un aumento del PIB del 5,3%–, los empresarios consideran que hay suficientes incertidumbres y amenazas como para «ralentizar la recuperación». Los problemas de suministros, el aumento del empleo y la contención del consumo y de las inversiones, van a condicionar la velocidad de la recuperación y creen que estará lastrada. La encuesta realizada por Cebek entre sus empresas asociadas revela también que el problema del absentismo crece como elemento de preocupación. Ver nota Cebek. Ver informe encuesta Cebek. 

Según un estudio de SEA Empresas Alavesas, más de 5.000 firmas del territorio tuvieron que recurrir a las líneas de financiación establecidas por el Gobierno central a través de los préstamos ICO y a los apoyos de Elkargi, del Gobierno vasco, en lo más duro de la pandemia. Se estima que recibieron una inyección de unos 1.336 millones de euros que ahora, en unos meses, toca empezar a devolver. Y en un contexto tan complejo como el actual, marcado por «un mercado en declive, un encarecimiento de materias primas, energía y transporte de mercancías», desde SEA se reclama más margen para que las empresas que, a pesar de todas las dificultades, puedan seguir a flote. «Las ayudas fueron concebidas para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria», recuerdan los empresarios, que piden «ampliar la moratoria para acometer la devolución de los pagos». Según un reciente sondeo que ha realizado la patronal alavesa, tres de cada diez empresas aseguran tener problemas para devolver los préstamos. Y, aunque la preocupación es común, estas dificultades para hacer frente a la devolución de los préstamos del ICO y de los apoyos económicos de Elkargi no son, ni mucho menos, iguales para todos los sectores. Una vez más queda patente que la hostelería ha sido, sigue siendo, la más vapuleada por esta crisis. Según los datos que maneja SEA, el 62,5% de los propietarios de bares y restaurantes tiene serias dificultades para devolver los créditos, mientras que en la industria el porcentaje se sitúa en el 33% y en la construcción y el sector servicios se queda en el 25%. Dos datos más: el 90% de las empresas que se vieron obligadas a recurrir a estos préstamos fueron pymes y tres de cada cuatro tienen diez o menos empleados.

La Formación Profesional mejoró el pasado curso sus índices de inserción laboral pese a que la economía aún no se había recuperado totalmente del azote del coronavirus. Según el informe anual presentado ayer por la asociación de centros concertados Hetel y la BBK, basado en 2.500 encuestas, el 72,5% de los estudiantes titulados en junio tenía un contrato de trabajo seis meses después. El índice ha crecido un 6% respecto al año anterior, cuando la pandemia golpeó en gran medida las contrataciones, según el director de la entidad, Julen Elgeta. El 61% de los jóvenes cursó ciclos científicos, industriales o tecnológicos, los denominados STEAM, en los que la tasa de empleabilidad general llega al 73,3% y roza el pleno empleo en algunas especialidades, como Desarrollo de Aplicaciones Web o Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. En los ciclos que no pertenecen a estas áreas la inserción laboral es del 70,1%. Llama la atención, además, que la empleabilidad es mayor en mujeres. Aunque ellas solo fueron el 28% del alumnado, el 78% de las que superaron un ciclo de FP básica, un grado medio o superior había encontrado un trabajo seis meses después. Ver nota Hetel. 

 Los menores de 25 años firmaron el pasado año en Euskadi casi 171.300 contratos, lo que supone un 41% más (y casi 50.000 más en números absolutos) que los cerca de 121.450 suscritos en 2020, según un estudio elaborado por la empresa de recursos humanos Randstad. El incremento experimentado por la contratación de jóvenes en el País Vasco es el cuarto mayor de todas las comunidades autónomas, sólo por detrás de los aumentos en Balares (70%), Cantabria (48,2%) y la Comunidad de Madrid (43,4%). Asimismo, se sitúa 6,6 puntos porcentuales por encima de la media del conjunto de España. Por territorios, Álava fue donde se registró la mayor subida en contratación a menores de 25 (un 42,8%), seguida por Gipuzkoa (42,1%) y Bizkaia, que se quedó con un aumento del 39,3%.

Sonora victoria de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles en el plano internacional frente a los gigantes chinos del sector; en concreto, ante las compañías CRCC y CRRC, ambas de una dimensión incomparable con respecto a CAF. La compañía beasaindarra, junto a la constructora local Saphir, se adjudicó el pasado domingo un importantísimo contrato en Israel. Un encargo de la NTA (Metropolitan Mass Transit System) valorado en su conjunto en 1.015 millones de euros, de los que la compañía presidida por Andrés Arizkorreta ingresará 525. Se trata del llamado proyecto ‘Purple Line’, que abarca desde el diseño, la financiación y la construcción de una línea de 27 kilómetros para conectar la parte este de la capital israelí con el centro de la ciudad, a la fabricación y el mantenimiento durante 25 años de 98 trenes ligeros, lo que supone un megapedido, pues lo habitual para ese tipo de unidades es que el cliente demande entre 20 y 30 unidades y no casi un centenar. La derrota ante la industria europea de los chinos, que es más que previsible que presenten algún recurso a la decisión y que, según medios internacionales, los perdedores achacan a la presión de Estados Unidos sobre las autoridades israelíes, ha sido aún más sonora. Y es que una segunda línea, en este caso la llamada ‘Green Line’ –un proyecto parecido a la ganada por CAF y Saphir– ha ido a manos de un consorcio conformado por Alstom, DAn y Electra.

El grupo ArcelorMittal ha planteado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en su planta de la ACB de Sestao para las 278 personas de su plantilla –260 hombres y 18 mujeres–, y ayer mismo tuvo lugar la primera reunión del preceptivo periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, según informó el sindicato ELA. Esta central denuncia la «falta de transparencia» de la dirección de ArcelorMittal Sestao, que «sigue tratando de convencer a la plantilla mediante el chantaje de no arrancar la acería», que se encuentra parada desde el pasado 7 de diciembre.

Cebek, Norpesco, UGT, CC OO y LAB, mayoría en la comisión negociadora del convenio colectivo de conservas y salazones de pescado en Bizkaia, firmaron ayer un preacuerdo de convenio para los años 2021-24. El texto garantiza unos incrementos salariales durante la vigencia del convenio de entre el 7,18% y el 14,39% según la categoría profesional y el salario del trabajador. Una subida que se complementaría en 2025 si la suma del IPC de 2020 a 2023 excede del 14,39%. ELA no se ha unido al preacuerdo al considerarlo «insuficiente». Ver nota Cebek. 

La inflación, uno de los grandes problemas sobrevenidos de la crisis del coronavirus para familias y empresas, ha comenzado el año en el 6%, según el indicador adelantado elaborado por el INE. En caso de confirmarse a mediados de febrero, supondría un descenso de cinco décimas con respecto al último dato de diciembre, cuando se situó en el 6,5% en términos interanuales, la más alta desde 1992. El dato de enero apunta a una posible moderación de los precios, pero por ahora son solo señales y no hay un criterio objetivo que anticipe que el IPC se relajará a corto plazo. El medio punto porcentual menos de diferencia en entre finales de 2021 y principios de 2022 se explica –al igual que los repuntes del segundo semestre del año pasado– por la evolución del precio de la electricidad. Diciembre acabó con un coste medio de generación de 242 euros/MW, y en enero ha descendido hasta 200 euros/MWh. Sigue siendo una cota muy elevada, por encima de la media histórica de los 50 o 60 euros/MWh, y así lo siguen notando las familias y empresas en los recibos de luz que les llegan estos días. Las expectativas pasan por que los precios en el ‘pool’ eléctrico se mantengan en el entorno de los 200 euros/MWh en los próximos meses.

El precio de los carburantes ya ha alcanzado su máximo desde hace casi 10 años tras remontar más de un 4,4% en lo que va de este 2022. El coste de los carburantes ha llegado a encadenar hasta cinco subidas consecutivas en poco más de una semana. Toda una sangría monetaria para los conductores que tienen que usar sus vehículos a diario. En concreto, el precio medio de la gasolina se situó ayer en 1,551 euros por litro, lo que supone un incremento del 1,19% respecto a hace dos semanas, y su nivel máximo desde septiembre de 2012, cuando fue de 1,522 euros, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Por su parte, el precio medio del gasóleo se sitúa en 1,431 euros por litro, encareciéndose un 1,66% frente a los 14 días anteriores. Este combustible no superaba la cota de los 1,4 euros el litro desde finales de octubre de 2012 y se acerca así a su máximo histórico de 1,444 euros que marcó en septiembre de aquel mismo año. De esta manera, el precio de los carburantes, tras la tregua dada en el final de 2021, cuando encadenó hasta cinco semanas de caídas, prosigue con la escalada iniciada en el arranque de este año.

Los supermercados ya admiten abiertamente la necesidad de incrementar los precios de venta en los lineales, por la presión de costes que vienen sufriendo en los últimos meses, y por la necesidad de salvar los márgenes, ya habitualmente estrechos en este sector. Primero fue Dia, en palabras de su presidente Stephan DuCharme, el que avisó de “tendencias inflacionistas en el sector”. La sensación es generalizada, empezando por los clientes y acabando en las empresas. “Un margen del 2% no da para muchas alegrías”, se reconoce desde uno de los grandes operadores del sector. “Todos estamos intentando aguantar al máximo para no repercutir subidas o hacerlo en lo mínimo posible, pero de continuar la tendencia alcista será muy difícil aguantar”, se añade. “Los proveedores están presentando incremento de precios, que tratamos de minimizar al máximo”, apuntan desde otra importante cadena de distribución. Entre las empresas del sector se miran de reojo para ser muy selectivos con los movimientos. “Solo se están ajustando los precios si lo hace el resto del mercado”, apuntan esas fuentes.

La patronal vasca ha optado por ponerse de perfil y no darse por aludida ante las críticas lanzadas por el presidente del PNV, en una entrevista concedida a El Correo, en la que acusaba a los empresarios de «coger de rehén» al Congreso en torno a la reforma de la legislación laboral. Andoni Ortuzar también exigía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pusiese «firmes» a los empresarios, después de Antonio Garamendi haya señalado que no se sentirán vinculados «si se cambia una coma» del decreto aprobado a finales de diciembre. «El acuerdo es el que hay», recalcó ayer el presidente de la CEOE antes de participar en una conferencia en el club Siglo XXI en Madrid. Pero más allá de estas palabras, la realidad es que la reflexión del dirigente jeltzale han sido recibidas con «malestar y enfado», aseguraba ayer un líder empresarial vasco, para aclarar de forma inmediata que Confebask y las organizaciones territoriales que lo componen «no vamos a entrar al trapo». La estrategia de los empresarios, a unos días de la votación en el Congreso, es clara: «No merece la pena tensionar más un asunto en el que algunos partidos han sobreactuado en exceso», señalaban las mismas fuentes. La prueba de esa moderación táctica en las declaraciones públicas la dio ayer la patronal vizcaína, Cebek. «Es difícilmente entendible que se apueste por el diálogo social para luego no suscribir los acuerdos que se alcanzan entre las partes», señaló su secretario general, Francisco Javier Azpiazu, en lo que cabe interpretar como un último llamamiento a los partidos, y en especial a la formación jeltzale, para que respalden en el Congreso el texto de la reforma laboral. La presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, también prefirió mantener un tono moderado y rehusó contestar de forma explícita a las acusaciones lanzadas desde el PNV para indicar, con clara indiferencia, que «son declaraciones que responden a intereses políticos».

El PNV, cuyos seis votos en el Congreso darían aire al Ejecutivo para no tener que depender solo de Ciudadanos y otros grupos más pequeños, volvió a condicionar ayer su apoyo a que la legislación laboral blinde sin fisuras la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Una condición ‘sine qua non’ que, de momento, sigue encontrándose con el muro de la parte socialista de la coalición gubernamental, que defiende no tocar ni una coma del texto para no correr el riesgo de que la CEOE se descuelgue de la foto en la que el Gobierno pretende escenificar el acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos UGT y CC OO. Así lo reiteraron ayer los jeltzales durante un encuentro que mantuvo el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar –estuvo acompañado por la responsable del área laboral del PNV, Nerea Melgosa, y el burukide encargado de asuntos económicos, Joseba Aurrekoetxea–, con representantes sindicales de ELA, LAB y ESK. Una cita que sirvió para analizar el estado actual de las negociaciones en torno a la reforma laboral y que el PNV aprovechó para lanzar un compromiso verbal a las centrales abertzales: el sentido del voto de sus seis diputados dependerá de que el texto definitivo que se lleve el jueves a la Cámara baja incorpore, o no, su exigencia de blindar los convenios autónomicos. Ver nota PNV. 

El presidente del CRL, Tomás Arrieta, explica que el Acuerdo Interprofesional suscrito entre Confebask y los sindicatos ELA, LAB, CC OO y UGT en enero de 2017 con el objetivo de dar prioridad aplicativa a los convenios vascos sobre los estatales, ampara no solo a los de ámbito autonómico de Euskadi –que son los menos, tan solo ocho– como a los provinciales –el grueso de la negociación–. La clave y la polémica, señala, reside en que el texto del Acuerdo Interprofesional «no es claro. No es técnicamente un buen texto». Añade que no hay ninguna duda de que ese acuerdo es válido y eficaz, pero podría haber algún resquicio legal que permitiría una interpretación del mismo diferente al objetivo con el que se firmó. Es verdad, aclara el presidente del CRL, que hasta el momento ningún juez ha puesto en duda su legitimidad. Pero añade que en el futuro podría ocurrir. «Y ahí está la clave de que se busque un mayor blindaje incorporando esa prevalencia en la propia reforma laboral, ya que sería más claro», especifica. Hay quien incluso ve en la resistencia de la patronal a introducir en la reforma laboral ese blindaje de los convenios vascos sobre los estatales el hecho de que los empresarios quieren tener abierta esa posibilidad de interpretar el Acuerdo Interprofesional, aunque tanto Confebask como CC OO y UGT, que suscriben la reforma, lo descartan y defienden que ya hay suficiente garantía jurídica.

"Sea cual sea el destino parlamentario del decreto ley de reforma laboral que se votará el próximo jueves en el Congreso, así como el desarrollo posterior de la misma, es de estricta justicia destacar el esfuerzo de diálogo y la voluntad de acuerdo mostrada por los actores sociales que la han protagonizado: las dos mayores organizaciones sindicales —CC OO y UGT— y las dos mayores patronales —CEOE y CEPYME—. Esta reflexión la hago como ciudadano y como presidente del Consejo Económico y Social, un órgano constitucional dedicado al diálogo social permanente del que forman parte estas organizaciones...Lo más relevante no son tanto sus contenidos concretos como el procedimiento seguido para alcanzarlos. Sobre los contenidos caben valoraciones distintas. La mayoría legítimas. Probablemente, ninguno de los protagonistas está del todo contento con su totalidad. Cada uno hubiese preferido avanzar más o menos en alguno de ellos. Pero todos han cedido en sus pretensiones para buscar el acuerdo con los otros. El máximo común divisor. La grandeza de la propuesta es que constituye un acuerdo armónico de frustraciones recíprocas. En eso consiste la convivencia y la democracia. Lo más relevante de la reforma es el camino seguido para alcanzarla: el diálogo y la concertación. He escuchado a mi antecesor en la presidencia del CES, Marcos Peña, experto en el arte de la búsqueda de consensos sociales, que la verdad en la ordenación de las relaciones laborales está en el procedimiento de búsqueda. La verdad entendida como lo que es posible y bueno en cada momento..."

La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) ha publicado recientemente un informe sobre los ingresos mínimos en cada territorio de la Unión Europea (UE), una tabla en la que España se sitúa en séptima posición con un salario mínimo de 1.126 euros brutos al mes –una vez ajustado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 965 euros a las 14 pagas–. La estadística deja fuera del estudio a Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia, ya que no cuentan con un salario mínimo establecido. Los datos recabados en enero de 2022 llevan a lo más alto de la lista a Luxemburgo, que con un sueldo mínimo de 2.257 euros al mes mantiene una amplia ventaja respecto al resto de países. Solo otros cinco países europeos superan el umbral de los 1.500 euros al mes: Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia. Justo detrás, pero por encima de los 1.000 euros, se sitúan España y Eslovenia.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentó ayer su propuesta para reformar la fiscalidad en España con una premisa de partida meridianamente clara, conseguir un sistema fiscal eficiente y competitivo que asegure la prosperidad y el bienestar del país. El denominado Libro blanco de reforma fiscal, que cuenta con más de 800 páginas y la colaboración de más de 60 expertos en fiscalidad, se recogen las medidas que los empresarios consideran fundamentales para conseguir los niveles de recaudación necesarios par financiar los servicios públicos, fortaleciendo el crecimiento y el empleo. Esto no quiere decir que hoy por hoy sea necesario subir impuestos, sino más al contrario, ya que este incremento de la presión fiscal podría ser en estos momentos el detonante para frenar la actividad y el empleo. El estudio recoge que una subida de la presión fiscal de 3 puntos de PIB podría suponer a medio y largo plazo una pérdida de renta del orden de 5 puntos de PIB y una destrucción de un millón de empleos. El IEE argumenta que en España la presión fiscal, según datos de Eurostat, experimentó un importante incremento en 2020, a solo 3,8 puntos del promedio de la UE, esperándose que este diferencial ha seguido reduciéndose en 2021.

El Gobierno de Pedro Sánchez desplegó ayer su arsenal mediático para hacer frente a las críticas sobre la gestión, reparto y lenta ejecución de los fondos europeos, procedentes tanto del sector empresarial como del principal partido de la oposición, el PP, que en los últimos días ha acentuado su presión sobre el Ejecutivo reclamando transparencia e insistiendo en la necesidad de crear una autoridad independiente que vigile la distribución del maná comunitario. Para intentar acallar estas críticas, el Gobierno dio a conocer una misiva enviada el pasado 25 de enero a Pedro Sánchez por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que felicita al Ejecutivo español “por el cumplimiento satisfactorio de los primeros 52 hitos del Plan de Recuperación” español y alaba su “transparencia y rendición de cuentas” en los informes remitidos a Bruselas. Fuentes comunitarias aclararon luego que se trata de una mera misiva procedimental de cortesía ajena a la polémica concreta abierta en España y el PP acusó al Gobierno de mentir.

La Comisión Europea quiere asegurarse de que podrá intervenir el mercado para garantizar el aprovisionamiento de ese diminuto e imprescindible objeto de deseo tecnológico. Bruselas está preparando mecanismos para poder responder a la escasez en este sector con herramientas similares a las que ya aprobó hace un año para controlar las exportaciones de vacunas contra la covid, cuando la estrategia de inmunización aún estaba en fase embrionaria y arreciaban las críticas frente a la escasez de dosis. “Queremos tener las herramientas adecuadas en nuestras manos para mantener el equilibrio de poder”, aseguró el comisario europeo de Industria y Mercado Interior, Thierry Breton, en un encuentro celebrado el pasado viernes con varios medios europeos. Estos mecanismos se activarían una vez identificadas las condiciones de la situación crítica “para garantizar la seguridad de la demanda en Europa”, añadió el francés. Las medidas, inspiradas en la Ley de Producción de Defensa estadounidense (DPA por sus siglas en inglés), lanzadas por Washington en los primeros compases de la pandemia global para asegurar el abastecimiento de recursos críticos, forma parte de un ambicioso paquete previsto para mediados de febrero con el que Bruselas pretende convertir la UE en uno de los actores clave de la producción de microchips en el mundo a lo largo de la próxima década.

El coronavirus es historia. Eso es lo que querría escuchar toda la sociedad tras dos años de confinamientos y restricciones que han puesto patas arriba el día a día. Y es, precisamente, la premisa con la que vivirá a partir de hoy la población de Dinamarca, cuyo Gobierno da carpetazo a la pandemia y levanta las medidas sanitarias de seguridad con el fin de retornar a la época precovid. En palabras de la primera ministra, Mette Frederiksen: «Decimos adiós a las restricciones y damos la bienvenida a la vida como la conocíamos antes del coronavirus». El fin de la epidemia en el país nórdico, el primero en Europa en dar este paso, es una noticia «increíblemente buena», celebró Frederiksen. «Es hora de dejar atrás la pandemia y seguir adelante. Esto marca la transición a una nueva era para todos nosotros porque Dinamarca volverá a ser una sociedad abierta». A partir de hoy los daneses no están obligados a utilizar mascarillas en espacios públicos, a menos que así lo requieran los establecimientos comerciales, hosteleros o de servicios. También se levantan las restricciones de aforo y horario. ¿Cuál es el principal motivo para poner punto y final a la epidemia? El plan de inmunización. «Las vacunas han resultado ser lo que pensábamos, una súper arma que ha dado una fuerte protección contra el virus. Por eso, el Ejecutivo ha decidido que el covid ya no debe considerarse una amenaza para la sociedad», explicó la primera ministra.

Estos días Estados Unidos, más concretamente su costa este, nos muestra un ejemplo clima extremo. Durante ya cuatro días muestra su ira materializada en una ola de nevadas cegadoras impulsadas por fuertes vientos del noreste de entre 80 y 120 kilómetros por hora y acompañada de gélidas temperaturas. Una de las tormentas invernales más severas de la historia ha provocado un caos incalculable en infraestructuras, transportes y sistemas de abastecimiento de energía. Setenta millones de personas se han visto golpeadas de distinta forma durante el fin de semana. Muchas han quedado aisladas en sus hogares al quedar cubiertas todas las carreteras y vías férreas, además de tener que ser cancelados casi 4.700 vuelos en distintos aeropuertos de la región de Nueva Inglaterra. Los expertos atribuyen este desastre, afortunadamente con escasas víctimas mortales, a un ciclón bomba extremo que esta vez no se ha bautizado con un nombre humano, llamándolo simplemente ‘North’est’ al afectar a los Estados de Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Filadelfia, Massachusetts, Virginia, Maryland, Delaware, Maine y Rhode Island, entre otros, donde las autoridades decretaron el estado de emergencia para atender la dramática situación, que también llegó a inundar sus zonas costeras. Grandes ciudades como Nueva York y Boston quedaron paralizadas por una rápida caída de la presión atmosférica que el sábado llegó a generar nevadas de hasta 70 centímetros de espesor que impedían el trabajo de esparcidoras de sal y quitanieves, Terribles jornadas que han arrojado datos sin precedentes en los distintos organismos meteorológicos, que incluso han llegado a detectar un megarrayo que ha cubierto una distancia horizontal de unos 768 kilómetros, equivalente al territorio que Londres de ciudad alemana de Hamburgo. El fuerte desplome de las temperaturas llega hasta la cálida Florida, donde las iguanas caen de los árboles congeladas.