20230216

Las Haciendas vascas alcanzaron el pasado año cifras récord de recaudación fiscal, con un aumento de ingresos del 7,3% frente al ejercicio de 2021. Un incremento que tiene sus raíces en la inflación y su impacto en el IVA, también en la mejoría de los resultados empresariales y el consumo, así como en el buen tono del empleo y la evolución de los salarios. Esa escalada ha permitido a las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa disponer de 1.167 millones de euros más que en el ejercicio anterior, lo que permitirá liquidar las cuentas del último año sin déficit y con más ingresos que gastos. Pero todo es relativo. Si el ejercicio fue bueno para las diputaciones y con ello para el Gobierno vasco, que recibe 70 de cada 100 euros que se ingresan de los impuestos, para la Agencia Tributaria del Estado el año 2022 fue galáctico. Según el primer avance de datos que ha facilitado la caja del Ministerio de Hacienda aumentó sus ingresos en un 15,1%. El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, y los diputados generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, restaron ayer importancia a esa brecha en el crecimiento de la recaudación, que no guarda una relación directa con la evolución económica. El PIB del Estado creció el pasado año el 5,5% frente al 4,3% de la economía vasca. Apenas 1,2 puntos de diferencia para una distancia de 8 puntos en los ingresos fiscales. El consejero apuntó a diferencias importantes que trastocan la comparación, como el hecho de que en 2021 Euskadi tuviese un ingreso extraordinario por una disputa con el Estado sobre el IVA –420 millones de euros–, así como «una devolución importante que se hizo a una empresa el pasado año» y cuyos detalles no desveló. Corregido ese efecto, matizó, «podríamos hablar de un crecimiento de la recaudación en el País Vasco del 11,4%». Ver nota CVF

Resuelta la incógnita sobre la distribución en Euskadi de los nuevos impuesto a la banca y energéticas en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) celebrado ayer en Vitoria. Estos dos tributos contribuirán finalmente a financiar las competencias de los tres niveles institucionales, por lo que los 400 millones estimados para el País Vasco por el Ministerio de Hacienda para este año y el próximo 2024 se repartirán entre el Gobierno Vasco –que ingresará un 70%– y las Diputaciones forales –el 30% restante– de acuerdo a sus respectivos coeficientes verticales y horizontales. Una vez calculados los porcentajes, Gipuzkoa recibirá entre este año y el próximo 39,5 millones de euros por estos dos nuevos tributos, siempre y cuando se cumpla la previsión de 3.500 millones de euros anuales realizada por el departamento de María Jesús Montero. Atendiendo al coeficiente vertical, el Gobierno Vasco ingresará 286,7 millones durante este año y el 2024 sobre los más de 400 que Euskadi recibirá por estos dos nuevos impuestos. Así, las tres Diputaciones recibirán los 118 millones restantes (Bizkaia 59,4; Gipuzkoa 39,5 y Álava 19 millones). El primer pago por estos tributos llegará en mayo, y se destinará a paliar los efectos de la inflación, aunque todavía no se ha concretado ninguna medida. La participación de los ayuntamientos en ambos gravámenes se determinará en los órganos forales de cada territorio.

«El pasado es pasado», señaló ayer el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, para explicar de forma gráfica que el Impuesto de Grandes Fortunas no se aplicará en Euskadi con carácter retroactivo. Hay no pocas dudas sobre la aplicación real en 2023, pero el todavía máximo responsable del Ejecutivo vizcaíno aclaró que al no haber norma foral en vigor que regule este impuesto, no se podrá aplicar con carácter retroactivo. Recientemente los partidos PNV y PSE anunciaron un pacto para regular este impuesto –que apenas afectaría a medio millar de vascos–, tras el acuerdo de la Comisión Mixta de Concierto que dejó la capacidad normativa en manos de las diputaciones. El convenio, sin embargo, estaba plagado de declaraciones genéricas y huérfanas de matices técnicos, que pueden conducir a un resultado contrario al que trataba de aparentar. Aún no se ha aprobado la necesaria reforma del Concierto Económico –previsiblemente se hará en el Congreso la próxima semana– y 2022, el primer año de aplicación de este nuevo tributo, terminó sin que existiese una legislación en vigor en Euskadi. De ahí la aclaración de Rementeria de que no se podrá exigir el pago correspondiente al pasado ejercicio. Todo apunta, además, a que las Juntas Generales no abordarán esta regulación hasta después de las elecciones forales de mayo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado dar una solución puntual a un problema suscitado en la empresa alavesa Tubacex, pero ha insistido en su decisión de retirar los apoyos financieros a todas las exportaciones de compañías que fabrican componentes o prestan servicios en los sectores de petróleo y gas. Así lo afirmó ayer en el Congreso la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal. La retirada de los seguros a la exportación y los avales públicos coloca en una situación delicada a casi un centenar de empresas vascas que actúan como proveedoras en instalaciones de prospección y tratamiento de hidrocarburos. La política del Gobierno central en esta materia y la posición radical de la vicepresidenta Ribera han generado un notable malestar en el Gobierno vasco. Ayer, en declaraciones a El Correo, la consejera de Desarrollo Económico no dudó en acusar a Ribera de «provocar la desindustrialización del País Vasco», con unas medidas que califica como «ideológicas pero alejadas de la realidad». Arantxa Tapia está convencida de que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez puede provocar «el cierre de algunas empresas vascas, especialmente medianas y pequeñas, que no tengan recursos para financiar sus exportaciones.

 La compañía Haizea Wind, dedicada a la fabricación de estructuras de soporte para aerogeneradores marinos, está a punto de comenzar las obras de ampliación de su factoría en el Puerto de Bilbao, según anunció ayer el presidente de la institución, Ricardo Barkala. La empresa invertirá algo más de 100 millones de euros en el proyecto. Según las estimaciones anunciadas ya el pasado año por Haizea Wind, esta iniciativa permitirá crear en torno a 350 nuevos puestos de trabajo, destinados principalmente a soldadores y especialistas en el sector metalúrgico. Una cifra que supone casi duplicar el empleo que tiene en la actualidad. El presidente del Puerto de Bilbao se ha referido a este proyecto como un ejemplo del avance de la actividad industrial junto a los muelles y al crecimiento del valor que aporta la superficie ganada al mar en el Abra Exterior. Barkala ha insistido en el «compromiso del Puerto de Bilbao con el sector eólico», ya que la estrategia portuaria pasa precisamente por estar muy ligada a las necesidades de la industria del entorno. El nuevo proyecto de expansión de Haizea Wind está vinculado al acuerdo firmado el pasado año con la compañía Ørsted para el suministro de monopilotes con destino a la eólica marina, que garantiza una facturación superior a los 700 millones de euros en los próximos cuatro años. Supone ocupar una superficie de 100.000 metros cuadrados y construir nuevas naves de fabricación, frente a los 45.000 metros que ha utilizado hasta ahora.

Ficoba puede decir que ha dejado atrás el impacto de la pandemia. Quizá no del todo, y como decía ayer su gerente, Ander Sarratea, consciente de que algunos hábitos instaurados en este tiempo han venido para quedarse. Pero no hay duda de que el cierre de 2022 traslada al ferial guipuzcoano al escenario prepandémico; en algunos parámetros, de hecho, ha roto sus techos históricos. El más relevante de los máximos alcanzados es sin duda el de la facturación. Ficoba alcanzó 2,3 millones, superando la cifra de negocio récord hasta ahora, la de 2018. No es casualidad, y así lo expresó el propio Sarratea, que tanto entonces como el pasado año hubo edición de «GoMobility, una feria que tiene un impacto enorme en nuestros ingresos». En 2022 hubo otras 13 ferias. No son récord, pero sí devuelven este indicador a niveles precovid y suponen un 40% más que las 10 de 2021. Las reuniones (congresos, convenciones y jornadas) crecieron de 206 a 216 y los eventos (sociales, culturales, musicales) de 17 a 56. Así, los días en los que Ficoba registró actividad fueron 326, más que nunca en su historia. «Es un indicador que hay que leer siempre junto a otros», advirtió Sarratea, aunque esta vez, acompañan tanto la facturación como la cifra total de visitantes, 142.188, «69% más que en 2021».

Entrevista con David Card Premio Nobel de Economía en 2021. Defiende que muchos estudios avalan su tesis de que las subidas del salario mínimo no destruyen empleo. "Después de aquel estudio se han realizado otros muchos en Estados Unidos y en países europeos y la conclusión ha sido parecida, que no hay destrucción de empleo. Contamos con bastante evidencia científica coherente con lo que dijimos...-¿Deben subir los sueldos con la inflación? – Si no lo hacen, los trabajadores pierden calidad de vida. Lo lógico es que suban si la economía está lo suficientemente fuerte y creo que la española lo está. Otra cosa es el debate sobre la indexación automática, porque puede resultar poco flexible.– ¿Lo ve negativo?– Quizás es mejor un mecanismo que recoja solo un porcentaje de la inflación, no el 100%... Lo del alto paro juvenil en España viene de lejos. Creo que hay que ir hacia modelos de Formación Profesional como el alemán para trabajar de forma inmediata. De todas formas, no creo que eso esté reñido con la inmigración ante el enorme reto demográfico de España. – El problema es que los jóvenes cobran poco durante muchos años y la vivienda es muy cara. – Es un problema extendido. Los empleos se concentran en pocas ciudades en las que la vivienda es muy cara. Por eso la gente retrasa la edad de tener hijos y se desploma la natalidad.– Existe ese alto paro y, por otro lado, las empresas se quejan de que no encuentran los perfiles que buscan.– Si los empleadores tienen problemas deberían subir los salarios o bajar la exigencia. Pero también es cierto que ahora las necesidades de las empresas son muy cambiantes..."

 El Gobierno dará un permiso de residencia temporal a los extranjeros en situación irregular que quieran matricularse en estudios de FP. El objetivo es abrir esta modalidad formativa a «toda la población» y «flexibilizar» el sistema para mejorar la empleabilidad y responder a las necesidades de determinados puestos de trabajo que tienen las empresas y que ahora no se cubren, como se hace en Alemania con lo que llaman «estancia tolerada». Para acceder a estos papeles, a los inmigrantes se les pedirá como requisito que se encuentren viviendo en España y haber permanecido aquí de forma continuada durante los últimos dos años. Es una de las novedades del proyecto de real decreto de la Ordenación de FP, que desarrolla la Ley de FP que fue aprobada el año pasado por estas fechas. El texto también permite, entre otras cosas, acreditar las competencias previas para facilitar el acceso al mercado laboral y hace hincapié en la formación de colectivos con dificultades de inserción profesional, como mayores de 16 años que trabajan sin cualificación o personas en riesgo de exclusión social. También para los inmigrantes, el Ministerio de Pilar Alegría contempla, en el artículo 39, que «las ofertas de FP darán opción a la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales» contemplada en el real decreto 629/2022 que modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería. Esta normativa autoriza a vivir en España durante un año y habilita a trabajar a las personas que colaboren con las autoridades o «cuando concurran razones de interés público». 

El precio de los alimentos sigue sin reflejar la rebaja del IVA de los productos básicos ni el ligero descenso de la inflación en Euskadi (5,6%), dos décimas menos que el mes anterior. Pese a todo ello, el índice de precio de los alimentos básicos en Euskadi ha subido un 0,8% en el último mes, respecto a diciembre, mientras que el ascenso interanual es de un 15% respecto a enero de 2022, cuando todavía no había comenzado la guerra en Ucrania. Aunque es verdad que muchos productos son más baratos, sigue habiendo otros fundamentales que han subido. ¿Cuáles? Pues el pan, que cuesta de media un 1% más y está llevando al límite al sector de las panaderos. También las frutas en conserva y frutos secos (1,2%), el café y las infusiones (2,7%), los productos lácteos (1,2%) o el agua mineral (2,5%). La carne es otro producto básico que también ha subido, en casi todas sus variantes: de vacuno, de porcino y de ave. Sólo la de ovino ha bajado (1,5%). Por el contrario, los huevos, la leche, el aceite, las frutas frescas, las patatas o las legumbres y las hortalizas frescas valen menos que en el último mes del año pasado. Los mayores descensos se han producido en la ropa y la calefacción. En lo que respecta a la subida interanual, los aumentos siguen siendo llamativos. Demasiado para los bolsillos de las familias domésticas, que deben asumir no sólo esta subida sino también la de los carburantes (sin la subvención de 20 céntimos desde el 1 de enero), la luz o el gas. El producto básico que más se ha encarecido en el último año ha sido el azúcar (73,9%), seguido de la leche (33,3%), los aceites (32,6%) o los huevos (28,5%).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió ayer un aumento de la indemnización del trabajador por despido improcedente. Una compensación que tenga en cuenta factores del empleado como la edad, la situación económica del mismo o la posibilidad de volver a encontrar trabajo. En una intervención en el Congreso de los Diputados, Díaz enfatizó que la actual regulación de esta forma de extinción del contrato es contraria a la Constitución, la Carta Social Europea y el convenio 158 de la OIT. “La indemnización de 33 días de salario por año de trabajo sale barata en España. Demasiado barata. El modelo de regulación es una patología [del mercado laboral] que hay que corregir”, dijo la vicepresidenta. Díaz respondió así a una interpelación que al respecto le planteó Jordi Salvador, diputado de ERC. Salvador anunció que su grupo, junto a EHBildu y BNG, los nacionalistas gallegos, prepara una moción al respecto. Moción que la vicepresidenta anunció que estudiará con atención.

Tras un año de aplicación de la reforma laboral, uno de los datos que más polémica ha aportado a la evolución del mercado de trabajo ha sido conocer la distinta tipología de los contratos indefinidos y ente ellos los empleados con contrato fijo discontinuo, con el propósito de poder desglosar cuáles están activos y cuáles no. Los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo ya se han puesto manos a la obra para poder desagregar toda esta información y que se arroje luz sobre la polémica desatada sobre un posible “maquillaje” de la reducción de la temporalidad mediante el aumento de la contratación fija discontinua a raíz de la reforma laboral. Desde Trabajo, la propia ministra Yolanda Díaz se ha manifestado reiteradamente en el sentido de que no se ha llevado a cabo ninguna modificación legal sobre este tipo de contrato, que, por otro lado, está vigente desde los años ochenta. A falta de conocer este desglose de manera oficial, el Observatorio trimestral del mercado de trabajo elaborado por The Adecco Group Institute y el Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, muestra cómo a lo largo del pasado año el 40% de los contratos indefinidos que se firmaron fueron fijos discontinuos, el 20% a tiempo parcial y el restante 40% tiempo completo.

Una amplísima mayoría del Congreso aprobará hoy de manera definitiva la nueva ley del aborto. Sin embargo, las españolas deberán esperar un trimestre, hasta la segunda mitad de mayo, para beneficiarse de las tres disposiciones que más han llamado la atención, todas ellas nuevos derechos en forma de bajas laborales retribuidas: el período de descanso prenatal, la incapacidad temporal por menstruaciones muy dolorosas y la baja por aborto, sea voluntario o accidental. El trimestre de ‘vacatio legis’ es el plazo mínimo que la propia norma entiende que precisarán las administraciones públicas, las empresas y todos los departamentos de la Seguridad Social, para adaptar sus procedimientos burocráticos a las reformas legales necesarias para regular las nuevas prestaciones, tanto en el régimen general, como los de funcionarios, militares y pescadores. Todas las embarazadas tendrán en mayo derecho a una baja remunerada desde la semana 39 de gestación y hasta el parto. La Seguridad Social pagará todos los gastos salvo los del primer día, que lo abonará la empresa. Las menores de 21 años no necesitan período de cotización alguno para beneficiarse de la medida. En las mismas fechas funcionará ya la baja específica para que las mujeres con reglas incapacitantes puedan descansar esos días en casa. La subvención será sufragada íntegramente por el Estado y alcanzará a cualquier trabajadora con esta dolencia. Será el médico quien indique la duración de la incapacidad y podrá acordarla las veces que crea conveniente, sin tope temporal. La tercera prestación exigible dentro de tres meses es la baja para las mujeres que sufran una interrupción del embarazo, sea voluntaria o no. La convalecencia busca paliar situaciones de incapacidad física o anímica. El médico determinará la extensión que se alargará mientras precise atención sanitaria o esté impedida para el trabajo. Tendrán este derecho todas las trabajadoras, sin mínimos de cotización.

Grifols ha sacado la tijera tras los problemas sufridos por su negocio desde el estallido de la pandemia y la presión de los inversores para que reduzca la deuda, disparada tras la compra de la alemana Biotest. La compañía de hemoderivados anunció ayer la puesta en marcha de un plan integral de ahorro y mejoras operativas encaminado a reforzar su competitividad y crear una empresa más ágil. Según la multinacional, esta hoja de ruta debería traducirse en una reducción significativa de los costes, la mejora del flujo de caja operativo, el impulso del desempeño financiero y la adopción de un modelo operativo más dinámico. En este sentido, el plan se centrará en tres áreas: optimización de costes y operaciones de plasma, racionalización de funciones operativas y otras mejoras de eficiencia. Todo ello se traducirá en el despido de 2.300 trabajadores, el 8% de la plantilla, lo que supondrá el mayor recorte laboral en la historia de Grifols. En torno a 2.200 serán en EEUU y 100 en España. Con estas medidas, el grupo espera alcanzar un ahorro de costes anualizado de 400 millones en comparación con 2022. Se espera que la mayor parte de las actuaciones estén ejecutadas en el cuarto trimestre de este año. No obstante, Grifols dejó claro ayer que el grueso del ahorro se verá reflejado en la cuenta de resultados de 2024 debido al tratamiento contable de los inventarios y al calendario de implementación. Alrededor de 100 millones impactarán ya en este ejercicio.

El bonus de la plantilla de BBVA será más alto que nunca, al igual que los de su presidente y su consejero delegado. El banco ha superado en el último año los 10 objetivos financieros y no financieros que sirven de referencia para calcular la retribución variable global de los empleados y lo ha hecho con el mayor margen de su historia, lo que tendrá un impacto directo en la nómina. Con los resultados de 2022 en la mano, la conclusión de BBVA es que la plantilla debe cobrar sobre ese ejercicio el 129% del bonus global que tiene firmado en su contrato, según la información sobre retribuciones divulgada por la entidad. A eso habrá que añadir los objetivos individuales y de área que tenga cada uno de los empleados para determinar la retribución variable total que percibirán con cargo al año pasado. El multiplicador del 129% es el más alto que ha alcanzado BBVA desde que fijó el actual esquema de bonus y eso que la guerra en Ucrania y la escalada de la inflación se cruzaron en el camino y amenazaron con torpedear el año. Pero la subida de los tipos de interés y la contención de la morosidad impulsaron los ingresos y los beneficios hasta una cifra récord, y eso ha sido clave para superar con creces el 122% por el que se multiplicó la remuneración variable en 2021.

Naturgy cerró 2022 con un beneficio récord de 1.649 millones de euros, lo que supuso un 35,8% más respecto al año anterior, según informó ayer la compañía a la CNMV. El ebitda consolidado escaló un 40%, hasta 4.954 millones, en un año marcado por la subida de los precios energéticos derivada de la crisis por la invasión rusa de Ucrania. Las actividades reguladas registraron un ebitda de 2.475 millones, un 8,7% superior, “por normalización de los costes operativos en España y el impacto positivo del tipo de cambio en Latinoamérica”, señaló. Por su parte, el ebitda de las actividades liberalizadas fue de 2.574 millones, un 86,3% más que el año anterior, gracias a los altos precios. Otro dato histórico de la empresa han sido las ventas: 33.965 millones, con un alza del 53,4%. Según desveló ayer en una rueda de prensa el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, el nuevo impuesto que grava el 1,2% los ingresos de las energéticas le supondrá a la compañía 300 millones en 2022. Esta cantidad está ya recogida en las previsiones de este año (en que hará el desembolso) y en el que prevé un ebitda similar, “o algo superior, al de 2022”. Reynés no quiso valorar si el tributo “está justificado”, pero, dijo, “hay que tener en cuenta que no somos el único sector que ha ganado más”.

El Gobierno descartó ayer la posibilidad de suspender o retrasar más la aplicación del nuevo impuesto al plástico pese a los problemas que ha supuesto su puesta en marcha en las empresas o al sobrecoste que aporta en plena crisis inflacionista. El Ejecutivo alega que su impacto es “prácticamente nulo” mientras que su papel a la hora de desincentivar los envases de un solo uso es estratégico. Teresa Ribera descartó cualquier marcha atrás y defendió que el impacto del impuesto es “prácticamente nulo”. “Es tan sutil, tan discreto”, ilustró, que el coste de la tasa por una botella de 1,5 litros de cualquier bebida es de 0,0135 euros, es decir “poco más de un céntimo”. Un coste “sobradamente” asumible y que contribuye a desincentivar el uso de plásticos no reciclables, que “conviene que desaparezcan” y que, recoge Europa Press, otros países directamente han prohibido. El impuesto entró en vigor el pasado 1 de enero, dando nueve meses de margen a su aplicación tras quedar aprobado en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía de abril de 2022. A su vez, a petición de las empresas afectadas, el Ministerio de Hacienda ha concedido seis meses adicionales para flexibilizar la liquidación del mismo. El tributo fija un gravamen de 0,45 euros por kilogramo de plástico destinado a envases de un solo uso. La complejidad de su aplicación, no obstante, ha desatado las críticas de empresas y asesores fiscales, que denuncian los problemas y lagunas con los que nace un tributo que, según el PP, afecta a 2.400 compañías que emplean a 24.000 trabajadores, y que en la práctica, sostienen, supone “un impuesto a quien va al supermercado”.

La polémica por el salario y la situación laboral de Antonio Garamendi como presidente de la CEOE se enturbia. Precisamente el mismo día en el que se hizo público que el sindicato de Vox, Solidaridad, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por si hubiera estado trabajando para la patronal como falso autónomo, Garamendi se defendió de las críticas por su remuneración de 380.000 euros con una comparación que está dando mucho que hablar. «Perdona el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. No acepto pulpo como animal de compañía», afirmó el empresario vasco. Así respondió en el programa de Antena 3 ‘Espejo Público’ cuando le preguntaron sobre el reproche que le lanzó un día antes el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, que este martes mostró su desacuerdo con el sueldo de su presidente. «No me parece sensible que en estos momentos un alto directivo de nuestra organización tenga un salario de este tipo. Eso puede estar complicándonos la vida a todos los empresarios», reconoció. Garamendi, no obstante, aseguró que su salario «ni complica ni descomplica» y recalcó que ha sido una decisión aprobada por la junta directiva de una organización privada. «Vivimos permanentemente ataques a empresarios y esta semana me ha tocado a mí», se lamentó el presidente de la patronal, que horas después se disculpó tras la polémica que provocó al comparar las críticas a su salario con aquellos que acusan a las mujeres cuando hay una violación por llevar minifalda. Desde Podemos, por ejemplo, el coportavoz estatal, Pablo Fernández, calificó estas palabras de «execrables», «miserables» y «ruines». Garamendi admitió en una entrevista en La Sexta que «posiblemente» no era el ejemplo «más claro» y aseguró que tiene «mucho respeto» por los temas relacionados con agresiones sexuales. «Si a alguien le ha molestado, pido disculpas. En la vida si cometes un error lo importante es admitirlo», subrayó.

Prácticamente todos los presidentes de organizaciones de empresarios de ámbito autonómico desempeñan su función sin retribución económica por ello, a diferencia del máximo responsable de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que tendrá un sueldo cercano a los 400.000 euros brutos al año. De acuerdo con la información recabada en las comunidades autónomas, después de conocerse que Garamendi ha modificado su relación laboral al pasar de autónomo a asalariado con contrato de alto directivo retribuido, sólo la patronal madrileña CEIM publica de forma transparente la retribución de su presidente, Miguel Garrido. No recibe ningún salario de la patronal aragonesa Miguel Marzo Ramo, presidente desde hace justo un año y director de Recursos Humanos de Pikolín, al igual que las tres presidentas de organizaciones empresariales autonómicas: María Calvo, de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); Carmen Planas, de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB); e Isabel Busto, de la Confederación Empresarial Vasca Confebask.

La Comunidad de Madrid continúa con su ofensiva fiscal para contrarrestar los efectos del nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas y seguir atrayendo a grandes patrimonios. El Consejo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó ayer una nueva deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que permitirá que cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y que quiera invertir en la región central pueda desgravarse el 20% del total de lo invertido repartiéndolo entre sus declaraciones de los siguientes seis años. El objetivo, explica el Gobierno madrileño, es que estos contribuyentes trasladen su residencia fiscal a la comunidad. Cuando anunció la medida el pasado mes de enero, Díaz Ayuso aseguró que la rebaja permitiría a Madrid confrontar con el Gobierno central y el nuevo impuesto a los ricos, así como aumentar el atractivo para el patrimonio extranjero de Madrid y revitalizar el resto de bajadas impositivas propias, con más descuentos en el IRPF y en impuestos como sucesiones y donaciones. La nueva iniciativa, asegura el Ejecutivo de Díaz Ayuso, es pionera en la Unión Europea. Va dirigida a personas que lleven al menos cinco años viviendo fuera de España, quieran invertir y trasladen su residencia fiscal a Madrid. En concreto, detalla el Gobierno regional, estos contribuyentes podrán deducirse el 20% del total de esa inversión, “ya sea en activos financieros como inmobiliarios”. 

El debate sobre la impopular reforma de las pensiones propulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, eleva la tensión en la Asamblea Nacional. Insultos, broncas, sanciones disciplinarias y acusaciones de obstrucción parlamentaria están a la orden del día en las comparecencias en la Cámara baja, en una imagen fuera de lo común en la política del país vecino que ha obligado a diferentes representantes del Gobierno a llamar a la calma y a recuperar las maneras diplomáticas en el hemiciclo. La tirantez se dispara cuando, precisamente, el Ejecutivo galo acaba de recibir su primer revés al proyecto. La Asamblea rechazó en la madrugada de ayer el artículo referido a la creación de un registro de empleo en las empresas para personas mayores, con 256 votos en contra, 203 a favor y 8 abstenciones. La primera ministra, Élisabeth Borne, reclamó un debate sereno sobre la reforma de las pensiones. «La Asamblea Nacional deber ser el sitio del debate, no de insultos», recordó en Twitter Borne, quien considera que «los que insultan no están a la altura de los franceses que los han elegido ni del debate democrático que esperan». «No es todavía demasiado tarde para retirar las enmiendas de bloqueo permitiendo un verdadero diálogo de fondo» con el fin de que haya «un debate franco, pero nunca insultante» y se «renuncie a los excesos», dijo Borne durante la sesión de control al Gobierno. El diputado de La Francia Insumisa, Aurélien Saintoul, fue sancionado por la Asamblea Nacional después de que llamara «asesino» e «impostor» al ministro de Trabajo, Olivier Dussopt. Los insultos crearon mucho revuelo en el hemiciclo y el lunes, por ejemplo, provocaron la suspensión temporal de la sesión. «Siempre he considerado que la violencia, sea física, verbal o simbólica, no tiene cabida en la vida política», dijo Dussopt.