20230403

Tres años después de la pandemia que revolucionó el empleo y la forma de abordarlo, el teletrabajo entendido como práctica habitual se ha estancado en Euskadi en el 6%, frente al 6,4 de la media española. Crece, en cambio, el ocasional, que se sitúa ya en el 6,6, solo por detrás de Madrid y Cataluña. La abrupta llegada de la pandemia de covid y las restricciones a la movilidad impuestas en marzo de 2020 obligaron a la sociedad en general y al mundo laboral, en particular, a adoptar de manera acelerada una serie de cambios que hasta entonces se antojaban difíciles. Uno de ellos fue el teletrabajo. Si bien la tecnología ya lo hacía posible desde mucho antes, trabajar en remoto era algo muy poco habitual. No fue hasta aquel fatídico tiempo cuando, a fin de no detener totalmente la actividad económica del país, comenzó a extenderse entre empresas, administraciones públicas e instituciones. Entonces parecía, y así se repetía en multitud de foros, que el teletrabajo había llegado para quedarse. Pero a medida que las restricciones fueron levantándose y cumplidos ya tres años de aquel forzado progreso tecnológico, la realidad hoy es que en lo que se ha quedado es justo a medio camino entre los 1,6 millones de personas que en toda España lo ejercían antes de la pandemia y los 3,55 millones de empleados (un 19,1% de los ocupados entonces) que en la primavera de 2020 llegaron a realizar su labor profesional a distancia, habitual u ocasionalmente. Entre ellos, 146.00 vascos, el 16,2% de los trabajadores que en el segundo trimestre de aquel año había en activo en Euskadi.

Una comparativa con otros países europeos muestra que mientras el teletrabajo ha seguido en ascenso en gran parte del continente, en España ha descendido. Si antes de la pandemia el porcentaje de teletrabajadores de España, sumados habituales y ocasionales, estaba un 6,2% por debajo de la media de la Unión Europea (8,3% frente a 14,5%), a finales del año pasado esa diferencia se había ampliado hasta los 8 puntos (12,5% y 20,6% respectivamente). Por ello, si en 2019 España ocupaba el puesto 14 en cuanto a penetración del teletrabajo entre los 20 mayores países de la UE, ahora se encuentra en el puesto 16. Once de esos 20 países, entre ellos Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, Grecia y Portugal se mantienen por encima de los niveles que alcanzaron durante la pandemia en 2020. Y en siete al menos uno de cada tres ocupados trabajan ocasional o habitualmente desde su hogar. Son Países Bajos, con un 44,5%, Suecia (40,3%), Luxemburgo (37,8%), Finlandia (36,2%) Bélgica (35,5%), Irlanda (35,1%) y Dinamarca (33,2%). De los 20 mayores países de la UE por detrás de España solo figuran Hungría (12%), Croacia (11,8%), Rumanía (5,8%) y Bulgaria (5,7%). Y mientras en el Viejo Continente el teletrabajo avanza, en general, al otro lado del Atlántico, las grandes tecnológicas que en su día lideraron la implantación y auge de esta modalidad laboral empiezan a dar marcha atrás. Las mayores compañías de un sector que desde el otoño pasado ha llevado a cabo o anunciado ya más de 200.000 despidos sugieren, y en algunos casos imponen, la vuelta presencial a las oficinas.

Entrevista con Xabier Sagredo, presidente de BBK. Ha conseguido cerrar antes de tiempo el fondo de rescate de Kutxabank. Un colchón de 231 millones de euros que garantiza el arraigo a Euskadi del banco de las tres antiguas cajas de ahorro. No oculta su “emoción” y asegura que el futuro es “ilusionante”, pero Xabier Sagredo huye de la euforia y lo transmite en su discurso. La fundación bancaria vizcaina afronta a partir de ahora un nuevo cliclo, pero la base seguirá siendo la misma: una “gestión sana y prudente” sobre la que impulsar una obra social “creciente y mejor” e impulsar la economía y el empleo con la toma de participaciones en empresas, entre otras actuaciones. "Es una buena noticia que se produce además en un momento de turbulencias y de noticias malas en el sector financiero. En un escenario de desarraigo de empresas, garantizar el anclaje de Kutxabank es una noticia muy buena para el país. La segunda consecuencia es que vamos a seguir dando seguridad a todo el mundo. Tenemos el banco más solvente del sistema español y su fundación bancaria, su accionista principal, también anda muy bien de solvencia...El objetivo es que con todo ello protejamos nuestra obra social. Por ello, cerrar el fondo es una meta volante dentro de la carrera hacia la meta final, que es que BBK tenga una obra social cada vez más grande, cada vez más sostenible y cada vez mejor...Vamos a ir viendo cómo BBK se va incorporando cada vez más de una manera más notoria a ciertas posiciones accionariales en proyectos que siempre van a redundar en crecimiento económico y empleo para este territorio.-¿Proyectos de país?-Proyectos de país y de no país. Hablamos de proyectos que generen crecimiento económico y empleo en este territorio..."

Entrevista con Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Ha abordado una multitud de frentes económicos abiertos y ha tenido que articular la mayor parte de las medidas puestas en marcha para reducir los efectos derivados de la guerra en Ucrania. Ahora que lo peor ha pasado, ve el futuro próximo con cierto optimismo: la economía repunta y en breve recuperará el nivel prepandemia, mientras que lo peor de la inflación, que en 2022 alcanzó los dos dígitos, ya ha pasado. Para 2024, el reto será el retorno a las reglas fiscales europeas. "Quienes más sufren el impacto de la inflación son las rentas salariales. Esto no quiere decir que esta situación que vivimos desde la primavera de 2021, y que se acentuó con la guerra de Rusia en Ucrania, no haya afectado de manera muy general a las empresas, después de un periodo muy difícil con la pandemia, pero creo que los datos de inflación muestran que la parte más complicada, de ese golpe en las rentas, la hemos superado. En este entorno es muy importante recuperar la estabilidad y que los márgenes, que en términos agregados ya han recuperado el nivel que tenían antes de la pandemia, se mantengan y que en ningún caso se produzcan ampliaciones de márgenes que, aunque algunas empresas puedan creer que es un beneficio a corto plazo, a medio plazo, es una pérdida para todos. Para esto insisto en que la política de la competencia efectiva en todos los niveles y en todos los sectores es fundamental, y vamos a trabajar para que sea así..."

.

El sector hotelero se prepara para una Semana Santa récord en cifras de ventas y ocupación, a pesar de la incertidumbre que aún envuelve el escenario económico y de una inflación acumulada que ha laminado el poder adquisitivo de las familias españolas y europeas. Sin embargo, esos factores no han enfriado las ganas de viajar, como tampoco lo han hecho unas tarifas hoteleras que, de media, se disparan un 40% esta Semana Santa respecto a la del año pasado. Así lo recoge el informe The Hotel Pricing Outlook que elabora la consultora Simon-Kucher & Partners. Según dicho estudio, que recoge información de 1.600 hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, la tarifa media diaria se sitúa en 183 euros en los principales destinos españoles. A diferencia de otros años, las mayores alzas se registran en ciudades como Barcelona y Madrid y no en aquellos destinos en los que la Semana Santa tiene una especial significación, como Sevilla y Málaga. Así, el precio medio por día de un hotel en Barcelona se ha catapultado un 49% este año, hasta los 224 euros frente a los 150 de 2022, mientras que en Madrid reservar una habitación es un 43% más caro, con un precio de 206 euros (vs. 144 el año pasado). A juicio de Simon-Kucher, este fuerte incremento de precios puede estar influyendo en los niveles de ocupación, por ejemplo en Madrid, donde el sector hotelero “todavía no logra recuperar las cifras de ocupación registradas en 2019”.

El movimiento comenzó hace meses, pero se ha intensificado en las últimas semanas a medida que los consumidores buscan opciones para conseguir remuneración por sus ahorros y no las encuentran. Los propios bancos se resisten a retribuir dichos ahorros y eluden poner fecha a un cambio este sentido. «Hasta ahora los han derivado a fondos de inversión para no subir la retribución a los depósitos y retener al cliente», comentan fuentes financieras. Se trata fundamentalmente de fondos de rentabilidad objetivo o de fondos de renta fija con estrategias de comprar y mantener hasta vencimiento. El contexto del mercado ha favorecido esa campaña de traslación porque los pequeños ahorradores están buscando productos con poco riesgo pero con algo de rentabilidad que les permitan combatir el impacto de la inflación. A los bancos, por su parte, los fondos les dejan comisiones y la garantía de vinculación y permanencia del cliente durante varios años. La relación entre el aumento de las captaciones en este tipo de fondos y la apuesta comercial de los bancos es «obvia», según las fuentes consultadas. 

La comisaria europea de servicios financieros trabaja en modificaciones de la directiva europea Mifid 2 que pueden tener un gran impacto en los ingresos y en el modelo de negocio del sector. La Comisión Europea considera que, pese a las restricciones introducidas años atrás para que la banca dejara de apuntarse parte de las comisiones de gestión de los fondos que vende su propia red de oficinas, las denominadas comisiones de retrocesión –aquellas por las que las gestoras de las entidades financieras entregan a sus bancos matrices parte de las comisiones de gestión cobradas a los clientes–, no se ha logrado un incremento en asesoramiento independiente en la mayoría de los países. Un estudio de Kantar, realizado a instancias de la CE y muy criticado por parte del sector bancario, apunta que un 40% de los fondos de inversión de la UE paga incentivos y que en otros productos la información que se facilita al inversor no es clara, por lo que se pone en duda que el uso de incentivos pueda ser incluso mayor. De ahí que se disponga a presentar en mayo, dentro de su estrategia de inversión minorista, un borrador de Mifid 3 que podría contemplar la prohibición total del cobro de incentivos, en línea con los modelos ya existentes en Reino Unido y Bélgica. Un veto que ya existe en la gestión discrecional de carteras y en el asesoramiento independiente, pero que se admite en los servicios de intermediación y asesoramiento no independiente si se dan condiciones que aumentan la calidad del servicio. Si bien, fuentes conocedoras del avance de las negociaciones consideran que esta propuesta no llegará finalmente a prosperar y creen que el texto final se limitará a incorporar cambios en el régimen de los incentivos.

"Como cualquier otra construcción humana los bancos son contingentes y pueden desaparecer. Más concretamente, pueden quebrar. Y quiebran. ¿Qué hacer para impedirlo o al menos para atenuarlo?...No queda sino ahondar nuevamente, aunque con más inteligencia, en las políticas microprudenciales, contables y macroprudenciales aplicables a la banca acompañadas de una mayor severidad supervisora y de una aplicación penal de la ley a los directivos que hayan mostrado conductas fraudulentas. Las cárceles albergan a menos criminales de las finanzas de lo que cabría sospechar. Tal vez su número debería incrementarse como consecuencia de las graves crisis bancarias que constan en nuestros anales. La regulación debe enfocarse a la asignación de los activos financieros –crédito otorgado–, al capital requerido para garantizar la solvencia de las instituciones y a la constitución de reservas y provisiones que amparen los riesgos en que incurre cada banco. Todo ello sin estrangular la función de intermediación tradicional de los bancos y sin frenar la entrada de tecnologías de nuevo cuño que abaraten los costes para sus usuarios. Por otro lado, los topes máximos asignados a la cobertura de los depósitos por un fondo de garantía induce a los ahorradores a canalizar sus recursos hacia aquellos bancos que les ofrecen una mayor seguridad. Reduciendo el límite máximo de la cobertura la selección sería aún mayor. De esa forma los propios clientes –el sector privado– colaboran con la depuración del sistema bancario". 

2022 fue el año de la invasión rusa de Ucrania, la crisis energética, los cuellos de botella en los suministros, la inflación desbocada, las subidas de tipos y la desaceleración global. Aun así, la economía española consiguió crecer un robusto 5,5% al liberarse la actividad por completo de las restricciones de la pandemia. Y la renta disponible bruta del conjunto de las familias creció en euros un 3,6%, empujada por la creación de empleo y una moderada subida de los sueldos. Sin embargo, la inflación rampante es un monstruo que da dentelladas muy profundas. Aunque se disponga de más dinero en euros, estos no dan para comprar lo mismo: la renta del total de las familias retrocedió en términos reales, una vez restada la evolución de los precios, un 3,1% en 2022, según cálculos realizados con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con 2019, la renta real de las familias todavía se encuentra un 3,9% por debajo de los niveles prepandemia. Pero además, en este tiempo la población ha aumentado. Lo que significa que la renta per cápita ha disminuido aún más: es un 4,9% inferior que antes de la covid. En relativamente poco tiempo se ha dado un desplome bastante acusado de las rentas a pesar de las subidas del salario mínimo, los ERTE, la renta mínima, los sueldos por fin repuntando al ritmo más elevado en una década o el empleo creciendo con fuerza. En solo un año la inflación ha evaporado prácticamente el equivalente a un tercio de toda la renta que perdieron los hogares en siete años con la Gran Recesión, entre 2008 y 2014.

Más de tres millones de pensionistas se beneficiarán de una importante subida en sus nóminas, que puede llegar incluso hasta el 30% en menos de cuatro años, gracias a la reforma de las pensiones aprobada por el Congreso el pasado jueves. Ya no solo es que mantendrán el poder adquisitivo haya la inflación que haya, sino que además ganarán poder de compra, puesto que se trata de incrementos adicionales a la escalada de los precios. La nueva batería de medidas diseñadas por el ministro Escrivá incluye un alza de las pensiones mínimas por encima del que experimentarán las generales, es decir, muy superior a la inflación anual, una vieja reivindicación de los sindicatos y de la izquierda que ahora se ha recogido en la nueva ley. Pero, además, el real decreto incluye una subida del 10% adicional a la inflación del complemento para reducir la brecha de género que beneficiará a más de 450.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres. Así, con la entrada en vigor de la nueva norma, se fija un mecanismo de subida de las pensiones mínimas y no contributivas hasta 2027 y a partir de ese año se establecen unos suelos por debajo de los cuales no podrá situarse ninguna prestación del sistema. Esta medida afectará a más de 2,16 millones de prestaciones con complementos a mínimos, de las cuales casi un millón son jubiladas y más de 600.000 son viudas –ellas son mayoría–, según los datos de marzo publicados por el Ministerio de Seguridad Social.

La Seguridad Social ha acortado sensiblemente los procesos para dar de alta a los trabajadores que las empresas tengan en situación de fraude y para cobrar la correspondiente sanción por la infracción cometida. Este es el sentido de la disposición final novena de la Ley de Empleo, del pasado 1 de marzo, según explican fuentes de la administración laboral consultadas. El precepto ha pasado desapercibido, pero su alcance en materia de la lucha contra el fraude en la Seguridad Social es muy potente. Suprime el artículo 148 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, lo que significa lo siguiente: antes de cualquier recurso ante los tribunales, la Seguridad Social dará de alta automáticamente en el Régimen General a un trabajador al que la Inspección haya descubierto en situación irregular dentro de una empresa. Incluso a los falsos autónomos. Es decir, a aquellos trabajadores a los que la empresa exige su disciplina pero les obliga a pagarse la Seguridad Social como autónomos, ya que, al menos, percibe el 75% de los ingresos. Hay que recordar que la Inspección de Trabajo ha convertido en uno de sus principales objetivos la lucha contra la irregularidad laboral de los trabajadores de las plataformas de reparto de comida y otros productos. Por ejemplo, hasta principios de febrero, Trabajo había impuesto 205 millones de euros a Glovo, una empresa repartidora de comida, entre actas de infracción y de liquidación.

Nuevas presiones para el precio del petróleo en el horizonte. Arabia Saudí y otros países miembros de la OPEP, como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Omán, anunciaron ayer por sorpresa recortes “voluntarios” en su producción de crudo en un intento de espolear su cotización, que en las últimas semanas se mueve por debajo de los 80 dólares el barril. El viernes pasado, el precio del Brent, petróleo de referencia en Europa, cerró en los 79,89 dólares, aunque a mediados de marzo llegó a caer por debajo de los 73 dólares. En este contexto, Arabia Saudí, el mayor productor de crudo de la OPEP, anticipó que reducirá su bombeo en 500.000 barriles diarios (mbd) a partir de mayo, mientras que Emiratos retirará del mercado 144.000 barriles, Kuwait 128.000, Irak 211.000 y Omán alrededor de 40.000. A ellos se sumaron después productores como Argelia y Kazajistán. Esto es, a partir del próximo mes, solo estos países rebajarán su producción en más de un millón de barriles diarios, tijeretazo que se sumará al recorte de 2 millones de barriles al día que entró en vigor en noviembre pasado.

Ingeteam refuerza su posición como uno de los proveedores de referencia de Iberdrola. El grupo de Zamudio (Bizkaia) ha firmado un contrato con Avangrid, la filial de la eléctrica en Estados Unidos, por el que equipará un parque fotovoltaico en el condado de Putnam (Ohio), que tendrá una capacidad de 183 MW y cubrirá la demanda anual de energía de 30.000 hogares. Ingeteam se ocupará de la tecnología de electrónica de potencia del complejo renovable de Putnam, denominado Powell Creek y que ocupará una superficie de 546 hectáreas. La construcción del parque fotovoltaico generará 400 puestos de trabajo. El pedido de Ingeteam incluye el suministro de medio centenar de inversores fotovoltaicos centrales con refrigeración líquida. También entregará a Avangrid 27 centros de transformación. La empresa de Zamudio también cubrirá otras operaciones desde la filial que tiene en Estados Unidos, en concreto en Milwaukee. Jesús Echarte, director comercial del negocio fotovoltaico de Ingeteam, señaló que “este primer proyecto con Avangrid”, en el ámbito de energía solar, “supone abrir nuevos caminos de la mano de Iberdrola y trasladar allí una visión compartida por contribuir a la transición energética de Estados Unidos”. Ingeteam cuenta con una plantilla de 4.500 trabajadores repartidos por 24 países. Una de sus estrategias es la de reforzar su presencia en el sector renovable, tanto en el citado segmento fotovoltaico como en las áreas eólica e hidroeléctrica.

Un servicio de transporte urbano que lleva al usuario por un precio superior al de un bus, pero inferior al de un taxi. Así es Moia, la iniciativa que Volkswagen puso en marcha como proyecto piloto en Hamburgo y Hannover (Alemania) en 2017 y que tiene planeado extender a más países europeos, entre ellos España. Actualmente, el servicio funciona con conductores, pero el objetivo de Volkswagen es que sus coches sean completamente autónomos a partir de 2025. El algoritmo con el que funciona permite que el vehículo se detenga en determinados puntos que funcionan a modo de paradas, por lo que el cliente no se baja exactamente en el punto al que desea ir, sino en el más cercano, que puede estar a decenas de metros de distancia. “En Europa, Alemania es el mejor lugar para empezar con la conducción autónoma, ya que el nivel cuatro de autonomía [es el más alto, en el que no es necesaria la intervención de un humano] ya ha sido aprobado para pruebas desde julio de 2022”, explica la compañía. Moia comenzará en breve las pruebas de vehículo autónomo en Múnich, en las que un conductor estará presente para cerciorarse de que el sistema funciona correctamente. A día de hoy, no hay un calendario cerrado para trasladar el servicio a España. 

Las Big Four se acercan a los 3.000 millones de euros de facturación conjunta. Las cuatro principales firmas de servicios profesionales (Deloitte, PwC, EY y KPMG) registraron en su último ejercicio fiscal de 2022 unos ingresos conjuntos de 2.875 millones de euros, un 8% más con respecto al anterior ejercicio fiscal. Las cuatro grandes compañías ofrecen servicios de auditoría, consultoría, jurídicos, fiscales y de asesoramiento en transacciones. Deloitte, que un año más revalida su liderazgo en el mercado, ya se acerca a los 1.000 millones con una facturación de 975,2 millones de euros (+9,5%). Su división de consultoría se consolida como su principal área de negocio con 493,5 millones de ingresos (+9,9%) y ya representa algo más de la mitad de sus ingresos. El área de auditoría se anota 265,5 millones (+8,6%), seguido de la línea de asesoramiento legal y tributario con 119,3 millones (+9,4%) y corporate finance, que registra el mayor crecimiento, hasta los 96,9 millones (+10,1%). El calendario fiscal de la firma va desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022. Le sigue en el ránking PwC, con unos ingresos totales de 719,1 millones de euros, un 7% más. Más allá de estos resultados, el sector de la auditoría tiene un problema con las nuevas generaciones. Las dos principales asociaciones del sector coinciden en la paulatina caída de profesionales que se incorporan al sector de la auditoría y advierten de la necesidad de buscar fórmulas para atraer y retener talento universitario para asegurar el relevo generacional. En concreto, Emilio Álvarez, presidente del REA Auditores del Consejo General de Economistas, considera que los datos de las firmas son “positivos”, pero se muestra preocupado por el número de profesionales que se incorporan a esta actividad profesional. 

Yolanda Díaz ya se ha postulado como candidata a ser la primera mujer que lidere el Gobierno español. En un acto en Madrid en el que fue recibida al grito de «¡Yolanda, presidenta!» y en el que estuvo arropada por representantes de una quincena de organizaciones minoritarias, la vicepresidenta y ministra lanzó un mensaje contundente hacia Podemos pese a que no citó a esta fuerza ni una sola vez: «No estamos aquí para enfrentarnos unos a otros ni ocupar un espacio electoral, sino para cambiar el país». «Quiero ser la primera presidenta de España». Casi dos años después de que Pablo Iglesias la señalara como sucesora y tras un dilatado «proceso de escucha», Yolanda Díaz oficializó ayer que será candidata a las generales al frente de un espacio de izquierdas aún por configurar y hoy incierto. La líder gallega lanzó su carrera a la Moncloa este Domingo de Ramos en un acto multitudinario en el polideportivo Magariños de Madrid –la organización cifró la asistencia en 3.000 personas y otras 2.000 que se quedaron fuera del recinto–. Entre gritos de «Yolanda presidenta» y rodeada de una quincena de organizaciones como Izquierda Unida, los comunes, Más País, Compromís o la Chunta, entre otras. Podemos cumplió su amenaza y su dirección se ausentó en bloque después de no alcanzar un acuerdo de mínimos para celebrar primarias abiertas.

Podemos Euskadi prefirió pasar el gran día de Yolanda Díaz en el estadio de Anoeta. Mientras la ministra presentaba en Madrid su candidatura a presidenta del Gobierno, Pilar Garrido pasó el día en Donostia, en el partido femenino entre Real Sociedad y Athletic, como ya anunció la propia coordinadora de la formación morada en Euskadi el pasado miércoles. Ella misma excusó entonces su asistencia al acto de Sumar al haberse comprometido con el club txuri urdin a asistir al derbi en Anoeta. Y ayer, el hermetismo y el silencio se apoderaron de la dirección de los podemitas en Euskadi, y tanto Garrido como otros dirigentes del partido optaron por no hacer declaración alguna con respecto a la gran jornada de Sumar. Igual que la dirección estatal de Podemos –que ya el sábado rompió las negociaciones con Sumar tras no llegar a ningún acuerdo–, la de Euskadi decidió ausentarse de la fotografía frente al respaldo de más de una docena de partidos que sí arroparon a Díaz. 

Entrevista con Yolanda Díaz, Vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar. Díaz defiende las políticas de izquierdas impulsadas a lo largo de los últimos cuatro años, señala la desigualdad como el gran reto que tiene España y considera que serán los ciudadanos quienes definan lo que es Sumar. La líder de la plataforma de izquierdas, que hace dos años fue designada por Pablo Iglesias como su sucesora al frente de Unidas Podemos, hace hincapié en que no le gusta que nadie decida por ella y que es el tiempo de las mujeres. Y, también, sostiene que Sumar no sería un fracaso sin Podemos. “Los movimientos ciudadanos los decide la gente, y yo sé que Sumar va a ser un revulsivo de la política española en este tiempo. Lo tengo clarísimo”, afirma. Durante la entrevista, Díaz habla también de la vivienda (“hay que hacer una apuesta ambiciosa con un parque de alquiler social que no existe”), de la ley del solo sí es sí (asegura que no se explicó bien que con la reforma cambiaban las penas), de las devoluciones en caliente a Marruecos (que rechaza contundentemente), o del envío de tanques a Ucrania por parte de España (“los socios europeos están cooperando ante una guerra que está siendo brutal”). "Hay que cambiar el modelo de ingresos públicos, que no haya privilegios fiscales como hoy existen. No es comprensible que una peluquería tribute al 17,5% mientras una gran corporación bursátil cotizando en Bolsa lo hace al 3,9%. No hay quien lo entienda. Tampoco que sean las nóminas de los trabajadores y trabajadoras las que aporten el 85% de la recaudación del IRPF. No puede ser que unos poquitos repartan muchos dividendos y una enorme mayoría social tenga salarios que son imposibles. Han gobernado varios partidos en España a lo largo de la democracia y nunca han ido al corazón de la igualdad. Hay que hablar de quién paga, cuánto paga y para qué se paga. También hemos de abordar la financiación autonómica, porque genera enormes desigualdades. La España rural no es que no tenga voz, es que no se cumplen sus derechos. Hace falta un gran acuerdo de país..."