20231215

Las empresas vascas apuestan por un arranque de 2024 con bastante frío. Sus estimaciones, basadas fundamentalmente en la cartera de pedidos que ya tienen sobre la mesa, apunta hacia la contracción. Esto es, menos negocio que en la recta final de 2023, en línea con la tendencia de desaceleración económica que ha presidido este año. Así se desprende con claridad de la última encuesta realizada por el servicio de estudios de Laboral Kutxa para analizar las previsiones del tejido económico vasco. La misma entidad presentará la próxima semana sus conclusiones en torno a la evolución macroeconómica para el próximo año. La encuesta de confianza empresarial arroja un índice sintético de 45,9 puntos, casi cuatro puntos inferior a la anterior oleada, que se realizó para valorar el último trimestre de 2023. Puesta esa cifra en contexto significa pesimismo y reducción de actividad, ya que el punto de equilibrio se sitúa en 50 puntos. Cualquier cosa por debajo de esa cifra es algo negativo. El dato no es singular ni aislado en relación a otros estudios en torno al comportamiento de la economía vasca o de la zona de influencia para los próximos meses. Es muy similar al índice de confianza que arroja el sondeo a las empresas españolas y también a la media de Europa. El 45,5% de las empresas piensa que su actividad va a caer y solo el 7,7% es capaz de intuir razones para el optimismo y un aumento de sus ventas y márgenes. Y el 86,5% piensa que la rentabilidad va a ser inferior o igual que en el trimestre anterior, aunque hay una clara confianza en que el aumento de precios –todas las empresas preparan ya sus ajustes para absorber el impacto en el coste de las materias primas y también del alza de los salarios–, permita amortiguar el descenso de la demanda. Hay, sin embargo, una sensación de estabilidad generalizada en el empleo porque una gran mayoría de las empresas estiman que no van a tener que hacer ajustes importantes en esa parte de sus costes para acomodarse a la caída de la demanda. Ver informe Laboral Kutxa. 

En marzo próximo se cumplirán tres años del inicio de la espiral inflacionista más grave en décadas, alimentada primero por el desacople entre la oferta y la demanda provocada por la reapertura de la economía tras el Covid, con importantes atascos en las cadenas de suministro globales, y después por el estallido de la guerra en Ucrania, que derivó en una severa crisis energética cuyos coletazos aún se dejan notar. Aunque la artillería desplegada por el BCE, con diez subidas consecutivas de los tipos de interés en poco más de un año, ha logrado contener el avance de los precios (enfriando de paso la economía), la amenaza sigue sin estar conjurada por el fuerte grado de penetración de las alzas en áreas que afectan directamente al consumo, como los alimentos, que, a pesar de mostrar signos de cierta moderación en los últimos meses, siguen disparados. Así, mientras que el IPC general relajó su ritmo de subida al 3,2% interanual en noviembre en España, tres décimas menos que el mes anterior, según el dato confirmado ayer por el INE, los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron prácticamente el triple: un 9%, liderados por el aceite de oliva, que acumula subida tras subida sin visos de alcanzar todavía un techo. En Euskadi, los precios subieron un 3,4% en comparación interanual (una décima menos que en octubre).

 El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo ayer los tipos de interés en el 4,5%. El Consejo Gobernador de la institución europea, reunido en Fráncfort, apostó por alargar la pausa que fijó en octubre, tras diez subidas de tipos consecutivas, al interpretar que el precio del dinero se encuentra en «niveles suficientemente altos para asegurar la vuelta de la inflación al 2%», que es el mandato del BCE. Los buenos datos de la inflación –que se redujo en la zona euro al 2,4% en noviembre, según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat)– y el anuncio de que la Reserva Federal estadounidense llevará a cabo tres bajadas de tipos en 2024, hacían pensar que el BCE daría alguna especie de señal al mercado en ese mismo sentido. Nada más lejos de la realidad. La presidenta del Eurobanco, la francesa Christine Lagarde, insistió en que «no hay que bajar la guardia» y que el Consejo Gobernador «para nada» discutió ayer una posible reducción de tipos de interés. Queda descartado, por tanto, un movimiento de ese tipo. Al menos, a corto plazo. «Entre subir los tipos y bajarlos, hay mucho margen de pausa», zanjó Lagarde, quien insistió en que el BCE seguirá basando sus decisiones en los datos a su alcance. Los relativos a la inflación arrojan cierto optimismo, pero la institución avisa de que «es probable que los precios repunten en el futuro cercano» debido a un aumento del precio de la energía.

El adjunto al CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, ha afirmado que el proyecto de puesta en marcha de un electrolizador de 100 MW en la refinería de Muskiz "todavía estaría en stand by", hasta que haya "claridad" en torno al impuesto especial para las energéticas y ha pedido asimismo que "se despejen las incertidumbres". Zudaire ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha participado en una mesa de debate sobre el ecosistema del hidrógeno en el marco del VII Foro Industrial País Vasco. En su comparecencia, ha sido cuestionado por la decisión de Repsol de dejar en "stand by" algunas inversiones hasta contar con condiciones "estables y suficientemente atractivas" que garanticen la rentabilidad de los proyectos", después de que se conociera, en octubre de este año, una posible prórroga del impuesto especial para las energéticas y la banca recogido en el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para el Gobierno de coalición. Esta decision afectaba en Euskadi a una inversión para poner en marcha un electrolizador de 100 MW en la refinería de Petronor, así como al proyecto de una planta industrial de combustibles sintéticos en el Puerto de Bilbao, inversiones que continúan en suspenso. En el caso de los electrolizadores, Zudaire ha señalado que "la inversión que se cuestionó" fue el de 100 MW porque el del 2,5 MW se ha puesto en marcha y ya se está trabajando en el de 10 MW y con la planta demo de combustibles sintéticos, que suponen 160 millones de inversión. "Vamos a meter ya la excavadora y tirar para adelante", ha añadido.

Una quincena de empresas se han unido para formar un selecto club de sostenibilidad promovido por la Cámara de Comercio de Álava. El proyecto, promovido por la entidad que preside Gregorio Rojo, fue mencionado ayer por el director de la Cámara alavesa, Santiago Barrueco, en el marco de una jornadas sobre la sostenibilidad y las pymes del territorio. Según señalaron ayer fuentes de la organización empresarial, son alrededor de unas 15 las firmas que se han adherido al club promovido por la Cámara. Entre ese listado, nombres de prestigio como Michelin, Tubos Reunidos, Vidrala o Pepsico, entre otras. En materia medioambiental, la Cámara espera abrir el 2 de enero una oficina desde la que atenderá a las pymes alavesas y asesorarlas. Además, el organismo ha estado entre las promotoras de la comunidad energética que varias empresas constituyen en Llodio y pretende lanzar un programa con fondos Feder para subvencionar inversiones en sostenibilidad.

Vitoria podrá alcanzar un 10% más de suelo industrial. La propuesta del equipo de gobierno municipal (PSE-PNV) recoge una nueva reserva máxima de casi 210 hectáreas repartidas entre Júndiz, Foronda, Miñano y Arangiz. La ‘oferta’ del Gabinete Etxebarria intenta, por un lado, atender la demanda de empresarios y promotores, que habían alertado de una posible falta de competitividad para Álava a medio plazo, y al mismo tiempo, mantener la premisa de frenar el consumo de suelo para conservar el apoyo político, donde cuenta con el beneplácito de Elkarrekin Podemos. La propuesta del equipo de gobierno, trasladada ayer por el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez (PSE), a las formaciones de la oposición, contempla una especie de expansión máxima. Es decir, el hecho de poner sobre la mesa esas 209 hectáreas (casi 2,1 millones de metros cuadrados) no significa que se vayan a desarrollar en su totalidad, sino que son susceptibles de integrarse en el sector industrial de la ciudad. Por poner en contexto la cifra, el municipio de Vitoria cuenta con 1.500 hectáreas para estos usos productivos, concentrados sobre todo en Gamarra, Betoño, Júndiz, Arriaga y Ali, entre otros. El planteamiento del equipo de gobierno busca, por un lado, solventar las peticiones de la Cámara de Comercio, el SEA, el Parque Tecnológico e incluso la propia Diputación de Álava. Estas instituciones alertaron del peligro de reducir la reserva de suelo industrial a media plazo, ya que podía incluso comprometer el crecimiento económico del territorio. 

El encuentro anual de SEA Empresas Alavesas se celebró ayer en el Palacio de Congresos Europa para entregar los Premios Azurmendi 2023. El presidente de la entidad, Pascal Gómez, ejerció de anfitrión junto a miembros de la junta como Juan Antonio Sánchez Corchero o Elena Martín. El director general, Juan Ugarte, no faltó a la cita en la que se homenajeó a Florentino Maestre, de Ensamblajes Ferri, y a Eva Palacio, de Faherma. El primero se inició en el mundo de la metalurgia y fundó su empresa en 1973. Desde entonces, la firma se ha convertido en referencia para el sector. Ella, nacida en Cantabria, pero residente en Álava desde que tenía diez años, adquirió Faherna junto a dos compañeros en 1993, consolidando la empresa fabricante de bombas de engrase y pistolas de silicona. El Premio Especial a la Trayectoria Profesional recayó en Paco Cormenzana, de Bell Comunicación, que ha sabido adaptarse a la vertiginosa evolución del sector de la comunicación pasando, según sus propias palabras, «de la Olivetti a la inteligencia artificial». Las empresas homenajeadas de esta edición fueron Atusa, cuyo director general, Ignacio Guibert, agradecía la distinción, y Bodegas Familia Valdelana, representada en el acto por Jesús Valdelana. Aplaudieron a los galardonados asistentes, entre otros, como el presidente de la Cámara de Álava, Gregorio Rojo; Aitor Otaola, director adjunto de SEA; Ángel San Mamed, de Arcos de Quejana; Txema Corres, de Flanker Mecanizados; Juan Luis Cañas, de Bodegas Luis Cañas; o José Barreira, del Ruta de Europa. 

El Grupo Mondragon celebró ayer en el palacio del Kursaal su tradicional Foro 400, una reunión anual del conglomerado de Arrasate en la que se reúnen (aproximadamente) ese número de actores principales de sus empresas (presidentes y directores generales) para repasar la actualidad y realizar un análisis de la propia Corporación. La cita, según ha podido conocer DV, sirvió para para repasar el reciente anuncio del cambio en la presidencia del Grupo, responsabilidad en la que Pello Rodríguez sustituirá el próximo 1 de agosto a Iñigo Ucín, repasar la actualidad del Grupo y del entorno económico más próximo y también el internacional y, al mismo tiempo, para hacer una suerte de examen de conciencia para dibujar las tareas más inmediatas. Fruto de esa reflexión, el Grupo evidenció la necesidad de abrirse más al exterior, de no mirar tanto hacia dentro. Un movimiento que responde a la pura necesidad de, en un mundo globalizado y muy competitivo, dar a conocer en mucha mayor medida que hasta ahora el peso y la potencia de tiro de Mondragon. Y es que esa necesidad detectada pasa por ganar más presencia política, institucional y económica en la sociedad. Por redoblar el reconocimiento de la Corporación en su entorno más cercano, y también más allá. Y también –y no menos importante– por trasladar el espíritu cooperativista a la actual realidad, que no es la misma que existía cuando el padre Arizmendiarrieta fundó lo que hoy es Mondragon.

LagunAro, la EPSV que gestiona la previsión complementaria de los cooperativistas de la Corporación Mondragón, está enviando estos días cartas a sus socios en las que les advierte de que en 2024, al igual que ocurrió este año, limitará a un máximo del 1% la subida para casi la mitad de sus pensionistas (aquellos que se han jubilado a partir de 2010). En la misiva, el director general de la entidad, José Carlos Maza, justifica esta restricción en que la situación ha mejorado considerablemente respecto a 2022, cuando la rentabilidad fue negativa, pero aún así «no esperan alcanzar el margen de solvencia mínimo del 4% para poder actualizar las pensiones con el IPC». En consecuencia, los cooperativistas jubilados de Mondragón van a ver agravada su diferencia con el sistema público de la Seguridad Social, que revaloriza por ley las pensiones con el IPC, lo que ha supuesto una subida histórica del 8,5% en 2023 a la que se suma un 3,8% para el 2024. Para buena parte de los pensionistas de LagunAro el incremento va a ser del 1% tanto este año como el que viene. No es para todos igual porque el sistema se remodeló en 2010, tras la crisis financiera. Hasta ese año, el 67% de las pensiones de los cooperativistas dependía de sus aportaciones a Lagun Aro, mientras que el 33% dependía de la Seguridad Social. A partir de entonces, el peso se invirtió de forma que se pasó a un esquema del 40% y el 60% respectivamente. Este cambio hizo que se otorgue un trato diferente a los pensionistas de antes de 2010 respecto a los posteriores.

Iberdrola, a través de su centro de innovación en redes, el Global Smart Grids Innovation Hub, ha lanzado junto a la Universidad de Deusto una cátedra ENIA sobre Inteligencia Artificial. Dará comienzo en 2024 y está subvencionada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con fondos europeos Next Generation. Según informaron ambas entidades, esta cátedra potenciará la investigación y la docencia sobre inteligencia artificial, aplicada a la red de distribución, abordando retos como la ética de los algoritmos y la Transición Energética. Además, está alineada tanto con la estrategia de tratamiento de datos del Innovation Data Space de Iberdrola, como con la apuesta curricular de la Universidad de Deusto por asuntos relacionados con el estudio, uso y aplicación de los datos en el mundo empresarial. «La ciencia y la tecnología de los datos están experimentando en estos momentos una nueva revolución y la universidad ha apostado por liderar una propuesta que quiere sea diferencial y en colaboración con otros agentes empresariales», destacaron centro de enseñanza y empresa. Ver nota Iberdrola Deusto. 

ScottishPower, la filial británica de Iberdrola, aseguró ayer financiación del Gobierno británico para iniciar dos proyectos de hidrógeno verde. El combustible generado se utilizará para procesos industriales de alta temperatura, como la producción de bebidas espirituosas, así como para descarbonizar el transporte pesado. El primer proyecto tendrá lugar en Whitelee, el parque eólico terrestre más grande del Reino Unido, ubicado cerca de Glasgow, la mayor ciudad de Escocia. Allí ScottishPower planea albergar un proyecto de 10 megavatios. La segunda iniciativa, en asociación con la empresa de desarrollo de técnicas de bajas emisiones de carbono Storegga, se desarrollará en el parque Beinn Tharsuinn, en el norte de Escocia. La expectativa de la firma es que la producción comience en dos años. esta manera, Iberdrola desarrollará 2 de los 11 proyectos que recibirán financiación pública, según lo anunciado ayer. Si bien Londres evitó detallar cifras de cada proyecto, la cantidad total alcanza los 2.000 millones de libras (2.324 millones de euros), así como otros 90 millones de libras (104 millones de euros) de respaldo adicional para la construcción. La expectativa oficial es que solo estas 11 iniciativas generen 700 nuevos empleos en todo el país y que las empresas involucradas, entre las que también se encuentran la francesa EDF y la japonesa Marubeni, inviertan más de 400 millones de libras (464 millones de euros). 

El Consejo y el Parlamento Europeo acordaron ayer la reforma del mercado eléctrico, que pretende que los precios en el sector dependan menos de la evolución volátil de las cotizaciones internacionales de los combustibles fósiles. Como objetivo político también, la Eurocámara y el Consejo planean acelerar el despliegue de las energías renovables y proteger a los consumidores más vulnerables de las subidas de precios. Se trata de un acuerdo político en tiempo récord para la burocracia europea: el Ejecutivo comunitario presentó en marzo su propuesta y la presidencia española del Consejo lo estableció como una de sus grandes prioridades. “Gracias a este acuerdo, podremos estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de fósiles, ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos de la UE y mejorar la competitividad industrial”, destacó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al frente de la presidencia española del Consejo. El texto debe ser ahora respaldado y adoptado formalmente por ambas instituciones europeas. El acuerdo llega solo días después del cierre de la cumbre del clima (COP28) organizada por Naciones Unidas que puso como objetivo “el comienzo del fin” de los combustibles fósiles pese a estar organizada en Emiratos Árabes Unidos, una de las grandes potencias petroleras. Ahora, la reforma de la UE establece nuevos apoyos para las tecnologías que son clave en el desarrollo de las energías verdes, como el almacenamiento y las nuevas redes eléctricas.

«El Gobierno tiene que dar una respuesta a nuestras peticiones en el primer trimestre de 2024, para que se tomen ya las medidas necesarias. Si no, habremos perdido otro año más». Fue el mensaje que, ayer, quiso transmitir Wayne Griffiths, el presidente de la patronal de fabricantes Anfac, tras haber mantenido dos reuniones con los nuevos ministros de Industria (Jordi Hereu) y Transportes (Oscar Puente). Unos encuentros que, por otra parte, le convencieron para seguir al frente de Anfac otro año «para hacer cosas importantes, no para salir en la foto». «Necesitaba encontrar complicidad en ellos y, aunque no pueden prometernos nada todavía, comparten nuestro análisis», dijo el también CEO de Seat y Cupra. Y ese análisis es que «las cosas no están funcionando en la electrificación». Entre las peticiones que dejan sobre la mesa destacan tres. Una es reemplazar las ayudas a la compra de automóviles con enchufe por medidas fiscales, una especie de bonus que se cobre de forma inmediata sin que lo tenga que adelantar el concesionario. También habría que introducir más medidas que beneficien a las empresas, que compran la mitad de este tipo de vehículos. Finalmente, proponen que desde el ministerio de Transporte se monitorice en tiempo real el estado y la evolución de la red de recarga ya que, desde el año que viene, la UE «nos exigirá cumplir los objetivos marcados». En ese sentido, Griffiths recordó que todavía estamos un 50% por debajo del nivel de mercado y alcance de la infraestructura de recarga. 

El mercado del petróleo está viviendo una carrera a la baja entre la oferta y la demanda. Por un lado, los grandes exportadores han recortado su producción de crudo de forma muy significativa en los últimos años, extendiendo este ajuste hasta marzo del año que viene, mientras que otros países también han reducido sus inversiones en esta materia en favor de las energías renovables. Esto habría provocado una fuerte subida de los precios del crudo de no ser que, por el otro lado, la demanda no hubiera frenado sustancialmente. Y eso es, de hecho, lo que ha pasado, ya que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) recortó ayer sus previsiones de oferta de crudo para el próximo ejercicio. El supervisor mundial de la energía revisó ayer a la baja sus estimaciones de consumo de petróleo para los tres últimos meses del año y advirtió que este freno se prolongará durante el próximo ejercicio. En concreto, la AIE calcula en su Informe Mensual de Petróleo que la demanda mundial de crudo pasará de crecer a un ritmo anual de 2,8 millones de barriles al día en el tercer trimestre a 1,9 millones de barriles diarios en el cuarto, 400.000 barriles menos en este último periodo de lo estimado hace apenas un mes. Y, para el próximo año, el aumento de la producción se frenará drásticamente, hasta 1,1 millones de barriles al día. Este frenazo se debe fundamentalmente a la debilidad de la demanda mundial, la subida de los tipos de interés y el progreso del coche eléctrico.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, rechazó ayer que las empresas puedan trasladar a los precios de los concursos públicos de las administraciones las subidas del salario mínimo que hacen a sus trabajadores o a una parte de ellos. En principio, esta es una condición imprescindible para que las patronales CEOE y Cepyme puedan firmar un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional el próximo año. Los empresarios hacen esta reclamación porque muchas de las compañías que concursan con las administraciones públicas son muy intensivas en mano de obra. Tienen muchos trabajadores afectados por el SMI que fija el Gobierno. Por ejemplo, en los sectores de la construcción, la limpieza, la mensajería y la logística, la seguridad u otros servicios auxiliares de las empresas o del sector público. Por lo tanto, CEOE y Cepyme creen que es injusto que el mismo Gobierno que sube los costes laborales de las empresas, elevando el salario mínimo interprofesional, impida trasladar esta carga a los precios con los que las empresas se presentan a los concursos públicos. Pero Montero dijo ayer que “no parece lógico” que el alza del SMI “recaiga sobre las cuentas públicas que pagan todos los ciudadanos”. “No vamos a hacer ninguna cuestión que haga que el coste de los servicios públicos se incremente en relación con lo que actualmente venimos prestando. Y tampoco parece lógico que las subidas del SMI recaigan sobre las cuentas públicas que pagamos todos los ciudadanos”, dijo Montero en un acto de UGT.

En 2022, casi 1,7 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral cobraron el salario mínimo interprofesional (SMI) o menos. Esto es, el 88,89% de los nuevos trabajadores que se registraron ese año, según los datos que se extraen de la estadística de movilidad del mercado de trabajo, publicado recientemente por la Agencia Tributaria. La presencia de jóvenes explica la mayor parte de esta tendencia, reflejando así la cantidad de contratos temporales y/o a tiempo parcial que imperan en esta franja de edad. Por contra, la franja de edad comprendida entre los 36 y 55 años acapara las remuneraciones más altas, de entre 7,5 y más de 10 SMI. El salario medio anual de casi el 90% de los nuevos trabajadores no superó los 10.000 euros en 2022, según las estadísticas que se obtienen a partir de los registros de asalariados contenidos en la declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo. El promedio general es muy bajo (7.000 euros), aunque haya quien supere los 100.000 y 300.000 euros, debido al gran número de personas por debajo del SMI. No obstante, y por alarmantes que puedan parecer las estadísticas, expertos consultados explican que los datos no reflejan con detalle la realidad del mercado laboral, principalmente por dos motivos. Uno de ellos es que tanto las altas como las bajas de asalariados se computan sin importar el momento del año en el que se producen. Esto significa que un empleado que se incorpora en diciembre con un sueldo de 5.000 euros mensuales aparecerá en la tabla en la franja más baja, cobrando menos del SMI. El segundo motivo tiene que ver con el perfil de las personas que se incorporan por primera vez a una plantilla. En este caso, el 35% de las altas en 2022 fueron de jóvenes que tenían menos de 26 años de edad. “La gran mayoría son chavales con contratos temporales y a tiempo parcial que trabajan en verano, algunos por primera vez de socorrista en alguna piscina o que se van de camarero a algún destino turístico en España”, detallan estos mismos analistas.

La patronal bancaria y los sindicatos han abierto sin éxito la negociación del nuevo convenio colectivo del sector para el próximo trienio. Las posturas están tan alejadas que el acuerdo parece muy lejano. AEB, la asociación que representa a los grandes bancos (Santander y BBVA, entre otros), propuso ayer un incremento salarial del 7% en cuatro años, mientras que CECA, la patronal de las antiguas cajas como CaixaBank, ofreció el martes un aumento del 5% en tres años. Ambas iniciativas distan mucho de la petición sindical: un alza de entre el 17% y el 23% en tres años, en función de la inflación y los resultados. “La lucha por la recuperación salarial acaba de empezar. Quedan por delante unos meses que, a tenor de la oferta de la patronal, van a ser muy difíciles”, recoge el sindicato FINE. Las partes han chocado prácticamente en cada punto abierto. “No es comprensible la posición de las patronales. Han dicho que no a todo, excepto al incremento del kilometraje de la movilidad”, explican fuentes sindicales conocedoras de las conversaciones. Además de una revalorización de los sueldos que entienden escasa, los representantes de los trabajadores han incidido en la necesidad de fijar un tope del tipo de interés cobrado a los empleados del sector. Las patronales, sin embargo, se muestran reacias a incluir este beneficio por el momento.

El Gobierno vasco señaló ayer una veintena de municipios en Bizkaia donde sus ayuntamientos podrán acogerse a la ley estatal de Vivienda y limitar el precio de los alquileres. La calificación de ‘zona tensionada’ viene de comparar los ingresos medios de sus vecinos con las rentas que se pagan por las viviendas y esa catalogación puede afectar a todo el municipio o a determinados barrios. En la lista de localidades más afectadas figuran Barakaldo, Basauri, Etxebarri, Santurtzi, Sestao, Berango, Sondika y Urduliz. En Gipuzkoa, veinte municipios, en los que reside el 57% de la población del territorio, podrán tomar medidas adicionales para contener los precios del alquiler, estableciendo zonas tensionadas. En Donostia solo se aplicaría en cinco distritos. Y en Araba, al margen de la capital, el único municipio alavés incluido en el territorio es Alegría-Dulantzi.

Sánchez mostró ayer su apoyo a «la decisión del PSN de apoyar a EH Bildu en la Alcaldía de Pamplona», pero lo limita a la capital navarra. No habrá contagio en Euskadi. Los socialistas se afanan en aplacar las aguas tras la tormenta provocada por el acuerdo con EH Bildu para desbancar de la Alcaldía de Pamplona a Cristina Ibarrola, de UPN y colocar en su lugar a Joseba Asiron. El posible trasvase de un pacto de este tipo a la Comunidad Autónoma Vasca, con unas elecciones autonómicas que muy probablemente tendrán lugar en el primer trimestre del próximo año, ha levantado todo tipo de especulaciones. ¿Sería posible aquí un acuerdo entre el PSE y la coalición independentista para hacer lehendakari a un candidato de EH Bildu? A tenor de las declaraciones realizadas ayer por Pedro Sánchez esta posibilidad no está sobre la mesa. Pero también es verdad que el PSN aseguró que no haría alcalde a Joseba Asiron y lo va a aupar a regidor de la capital navarra.

La Unión Europea dio ayer luz verde al inicio de las negociaciones de adhesión con Ucrania para su integración en el club comunitario, tras superar el veto inicial de Hungría. “Queremos apoyar a Ucrania y esta es una poderosa señal política”, declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Bruselas. La decisión se tomó sin el concurso del Gobierno ultraconservador húngaro. Apenas unas horas después de que la Comisión Europea desbloqueara parte de los fondos para Hungría, el primer ministro Viktor Orbán eludió votar y se marchó de la sala antes de que los otros 26 líderes respaldaran a Kiev, que lleva casi dos años resistiendo a la agresión rusa y en las últimas semanas ha visto peligrar el apoyo económico de la comunidad internacional. “Es una victoria para Ucrania, para toda Europa”, celebró el presidente ucranio. Volodímir Zelenski había instado horas antes a los líderes de la UE a no “traicionar al pueblo ucranio”. “Es muy importante que Europa no vuelva a caer en la indecisión”, había dicho. “La gente en Europa no entenderá la sonrisa de satisfacción de Putin como la recompensa por una reunión en Bruselas”, añadió. La UE también decidió iniciar el proceso de adhesión con Moldavia y dejó a Bosnia en compás de espera hasta marzo.

En su gran rueda de prensa anual –la primera desde la invasión de Ucrania, ya que el año pasado no se celebró–, durante cuatro horas y diez minutos, el presidente ruso, Vladímir Putin, delineó ayer en el edificio del céntrico Gostini Dvor de Moscú las líneas maestras de lo que será su campaña electoral y su futura política tras su probable victoria en las presidenciales de marzo, después de que el pasado viernes anunciara su intención de presentarse a la reelección. Como era de esperar, muchas preguntas tuvieron que ver con la guerra en Ucrania. Putin las respondió dejando claro que los objetivos de la ofensiva siguen siendo los mismos: «desnazificación, desmilitarización y estatus neutral» del país vecino. Explicó, por tanto, que la llamada ‘Operación Militar Especial’, que comenzó el 24 de febrero de 2022, continuará hasta lograr las tareas enunciadas. «Habrá paz cuando logremos nuestro objetivo, bien mediante un diálogo o por la fuerza». Pero trató de tranquilizar a la población al descartar nuevas movilizaciones, ya que el flujo de «voluntarios» es suficiente y alcanzará a final del presente año los 500.000 efectivos. «Convocamos a 300.000 personas (…) Después de eso, iniciamos una campaña para firmar contratos con las fuerzas armadas. Hay un flujo diario de 1.500 personas que se alistan. Ayer me informaron que habíamos llegado a 486.000 y a final de año sumaremos unos 500.000» efectivos, declaró. Dijo que en la exrepublica soviética luchan 617.000 militares rusos y que la línea de frente «se extiende a través de más de 2.000 kilómetros». Aseguró además que «en todos los sectores del frente mejora la situación» mientras «fracasa» la contraofensiva ucraniana.