20221018

El Instituto Vasco de Estadística, Eustat, acaba de publicar los datos sobre el comportamiento de la economía de la comunidad autónoma durante el tercer trimestre del año. No hay sorpresas. El Producto Interior Bruto de Euskadi –el valor agregado de los productos y servicios generados en el País Vasco entre los meses de julio y septiembre– creció un 3,9% en comparación con el mismo periodo de 2021. En relación al trimestre anterior de este mismo año, el aumento fue de tan solo el 0,2%. Esas tasas difundidas ayer revelan que la economía vasca mantiene la tendencia de desaceleración en el crecimiento, pero de una forma extraordinariamente suave. Hay que tener en cuenta que semejantes cifras reflejan un crecimiento del valor de la producción en términos comparables, con cifras ya ajustadas al comportamiento de la inflación, que está disparada. La evolución encaja de forma milimétrica con las estimaciones que había hecho el Gobierno vasco hace apenas unas semanas, en las que ya se anticipaba esa senda de aterrizaje en una nueva etapa complicada. Ese 3,9% interanual revela un crecimiento intenso en el proceso de salida de la crisis generada por la pandemia, pero también que esa fase puede estar muy cerca de terminar. El leve incremento intertrimestral, tan solo el 0,2%, va en ese sentido. Hasta el punto de que la desaceleración alcanza a los principales sectores de la economía. Así las cosas, los datos validan las últimas previsiones del Departamento de Economía del Ejecutivo autonómico que dirige el consejero Pedro Azpiazu y que apuntan a un crecimiento del 4,3% para el conjunto de este año, para afrontar un 2023 que se situaría en el 2,1%. Una cifra aún muy positiva y que permitiría teóricamente la creación de empleo neto en el ejercicio. Azpiazu ha descartado de forma reiterada que en el País Vasco podamos asistir a una fase de recesión –técnicamente serían dos trimestres consecutivos con tasas negativas de evolución del PIB–, una situación que muchos países europeos relevantes para la economía vasca, como Alemania, ya anticipan para el final de este año y comienzos de 2023.

La economía vasca sigue el guión que impone en medio mundo la actual crisis de precios, inflación e incertidumbre generada por la guerra en Ucrania y echa el freno sin remedio. De hecho, ha reducido su marcha de forma notable en tan solo tres meses. Y es que, según el avance de datos ofrecido ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi creció un 0,2% entre julio y septiembre respecto al periodo abril-junio. Una tasa intertrimestral que queda lejos de los incrementos de los últimos tiempos (todos por encima del 1%) y que resulta la más débil desde aquel terrible primer trimestre de 2020, cuando el Covid cerró las empresas y obligó a las familias a quedarse en casa de un día para otro, hundiendo el PIB en terreno negativo. Si obviamos la pandemia, hay que retrotraerse al último trimestre de 2013 para encontrar un dato más modesto. A falta de cualquier detalle sobre el comportamiento de la economía vasca y de sus distintos componentes, que se conocerá el próximo 2 de diciembre, el organismo estadístico sí revela que el golpe es general. «La información económica coyuntural disponible en el momento de elaboración de este avance apunta a una desaceleración interanual de la actividad en los principales sectores de la economía», destaca el Eustat. Las cifras coinciden al milímetro con la previsión que realizó hace pocos días el consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu. Y es que el guardián de la caja vasca anticipó que el PIB de Euskadi crecería un 3,9% interanual en el tercer trimestre, justo el avance que ha experimentado, según el dato ofrecido ayer por el Eustat. Para el último tramo del año, Azpiazu y sus técnicos esperan que la economía remonte algo menos (un 2,4%) para, así, cerrar este 2022 para el olvido con un más que honroso avance del 4,3% sobre 2021.

El nivel de confianza de los empresarios vascos para el cuarto trimestre de este año ha bajado un 4,1 % respecto a los tres meses anteriores, un descenso superior al de la media estatal. En el conjunto del Estado español, la confianza ha descendido un 2,9 % respecto a los tres meses de verano y lo ha hecho en todos los sectores, especialmente en la industria (-4,8 %), según el índice de confianza empresarial armonizado (ICEA), publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. El balance de expectativas de cara al trimestre que comienza -es decir, la diferencia entre el porcentaje de empresarios con previsiones favorables y desfavorables- se situó en -8,4 puntos en Euskadi. Concretamente, el 18,7 % de los gestores de establecimientos empresariales vascos considera que la marcha de su negocio será favorable en el cuarto trimestre de 2022, mientras que el 27,1 % opina que será desfavorable y el 54,2 % restante contesta que será normal. En cuanto a la opinión de los empresarios sobre cómo fue finalmente el tercer trimestre del año, el 20,5 % dijo que los resultados fueron favorables, frente al 26 % de desfavorables, por lo que el saldo fue de 5,5 puntos negativos.

Los ingresos de las haciendas forales vascas siguen disparados, a rebufo de un crecimiento económico que aún tiene signo positivo y sobre todo del alza de precios, que ejerce una presión añadida sobre los impuestos que gravan el consumo. Así, Bizkaia cerró los nueve primeros meses del año con unos ingresos fiscales de 6.722,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo de 2021, mientras que Álava mejoró el comportamiento de la caja en un 13,2%. La Diputación alavesa ingresó en ese mismo periodo 1.748 millones de euros, 204 millones más que en el periodo de enero a septiembre del pasado año. La Diputación de Gipuzkoa hará hoy públicos sus datos. Las cifras ofrecen comportamientos dispares entre Bizkaia y Álava, que en parte están condicionadas por el ritmo en las devoluciones que aplica cada diputación. Así, el IVA ha crecido un 13% en Bizkaia y tan solo el 3,8% en Álava; el IRPF mantiene un ritmo similar en ambos territorios, con aumentos del 8% y del 9,3% respectivamente, pero hay una gran diferencia en Sociedades. En Bizkaia tan slo ha subido un 21,9%, mientras que en Álava lo ha hecho el 51%.

El Global Smart Grids Innovation Hub (GSGIH), que Iberdrola tiene en Bilbao, ha celebrado su primer aniversario con más de 80 empresas y entidades colaboradoras y, en este primer año de andadura, ha identificado proyectos de I+D+i en curso por una inversión total estimada de 32 millones de euros en Iberdrola Redes España. En un comunicado, Iberdrola indica que un año después de su inauguración, el ‘Hub’ de la compañía eléctrica se consolida como «centro mundial de la innovación en redes inteligentes» donde se desarrollan soluciones de digitalización de la red, integración de renovables, despliegue de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. La empresa subraya que este espacio de colaboración público-privada –con más de 1.000 metros cuadrados– se configura como «polo de atracción de talento y de fomento de las nuevas tecnologías que hará posible la transición energética, maximizando el uso de las renovables, integrando plenamente los sistemas de almacenamiento de energía y optimizando el acceso a nuevos usos de la electricidad, como la movilidad y la climatización». Ver más en Iberdrola. 

Las consultoras expedientadas por Competencia por manipular más de un centenar de contratos con la Administración pública en Euskadi durante diez años podrán seguir trabajando con las instituciones. El hecho de que la Justicia haya avalado la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para prohibir directamente el acceso a contratos públicos, no afecta a la situación de la docena de consultoras que fueron sancionadas por el órgano de Competencia el pasado año con la imposición, además, de multas por 5,6 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJPC) ha resuelto con sendas sentencias el enfrentamiento entre la CNMC y el Ministerio de Hacienda. Hasta ahora, cuando dictaba un expediente con la prohibición de contratar con la Administración, el órgano de Competencia elevaba este punto a la Junta de Contratación Pública del Estado, que depende de la cartera de Hacienda. Ese órgano venía estableciendo la duración y extensión de las prohibiciones de las firmas sancionadas. La Justicia «recuerda» ahora que la CNMC tiene esa potestad sin necesidad de la mediación del ministerio. Se pone fin así a un contencioso en el que Competencia venía reclamando esta atribución. Y es que la práctica de la Junta de Contratación del Estado era esperar a que terminara el proceso judicial que muchas empresas expedientadas iniciaban en tribunales contra la CNMC. Un hecho que terminaba haciendo caer en el limbo la prohibición de contratar con la Administración. En lo que se llamó la «red del norte» del caso del cártel de las consultoras, la CNMC impuso la imposibilidad de contratar con la Administración a las expedientadas, entre ellas Deloitte Consulting, B+I Strategy, S&F Consultans o PwC Asesores de Negocios.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica hoy la orden por la que se aprueba la Denominación de Origen Protegida ‘Arabako Mastiak’ (Viñedos de Álava). El impulso decisivo para que la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) pueda comercializar sus caldos con una etiqueta específica que destaca su singularidad; al margen, en definitiva, de la DOC Rioja. El Departamento de Desarrollo Económico que dirige Arantxa Tapia concede de este modo lo que oficialmente se denomina «Protección Nacional Transitoria» (PNT) tras comprobar que cumple con todos los requisitos que marca la ley. Atiende así una solicitud que ABRA cursó a principios de julio. Y que podrá utilizarse de manera efectiva hasta que la Comisión Europea (el Ejecutivo de Bruselas) tome una decisión en firme sobre el expediente que le fue remitido a finales de mayo por el Ministerio de Agricultura, y que no cuenta con el aval de Madrid –ha emitido informes negativos– y, por supuesto, ha movilizado durante años a la DOC Rioja para frustrarlo. El proceso arranca a partir de mañana –la orden se hace efectiva al día siguiente de su publicación–. Pero no implica el uso inmediato del nuevo etiquetado. La nueva denominación de origen (DO) tendrá que aprobar unos estatutos, cuyo borrador obra ya en poder del Gobierno vasco. De forma «inminente» (no se descarta que pueda ser esta misma semana) se convocará una reunión a tres bandas: ABRA como entidad solicitante, Diputación de Álava, como institución competente, y el propio Gobierno vasco como órgano tramitador.

Más dinero en el bolsillo de todos los ciudadanos cada mes para combatir en la medida de lo posible el impacto de una inflación que está haciendo mella en los contribuyentes del territorio. Las haciendas vascas seguirán ajustando el IRPF para paliar el impacto de la subida de precios sobre los ciudadanos y deflactarán los tramos de renta del impuesto un 2% el próximo año. Esta nueva deflactación se acordó el pasado viernes en el CVF, y ayer fue defendida por el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, tras comparecer en la Comisión de Instituciones, Gobierno y Reglamento de las Juntas Generales de Gipuzkoa junto al diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona. Mediante esta deflactación y el bono fiscal de 200 euros, la Hacienda foral hará que los guipuzcoanos se ahorren otros 62 millones de euros en impuestos gracias a estas medidas antiinflación. «Sumando las medidas que tomamos en julio, la inversión total que va a realizar la Hacienda foral es de 146 millones de euros en dos años, y tres de cada cuatro irán destinados a quienes ingresan menos de 35.000 euros al año», señaló Olano. «Es una medida clara y directa, que de forma objetiva deja claro dónde están nuestras prioridades», defendió el diputado general. La Hacienda guipuzcoana adopta estas medidas en un contexto en el que la recaudación de este año alcanzará la cifra récord de 5.638 millones, un 5,2% más de lo previsto inicialmente. También para el año que viene estima unos ingresos cercanos a los 6.000 millones.

Nuevo revés del Gobierno en el diálogo social. La patronal CEOE se descolgó ayer del principio de acuerdo que alcanzó el Ministerio de Trabajo con los sindicatos para poner en marcha el Estatuto del Becario. Un texto legal por el que empresas y universidades se verán obligadas a cotizar por todos los estudiantes que realicen prácticas en ellas, si bien se tratará de una cuantía mínima, de unos 20 euros al mes, ya que se plantean bonificaciones en las cuotas de hasta el 90%. Así lo confirmaron a este periódico fuentes de los sindicatos presentes en la reunión que mantuvieron ayer, así como de la patronal, aunque el departamento dirigido por Yolanda Díaz lo negó y señaló que la negociación aún sigue abierta a falta de cerrar cuestiones «técnicas». Tras el encuentro en el que se cerró el texto definitivo de la nueva norma que limita el número de becarios en función del tamaño de la empresa, UGT anunció que se había alcanzado un «principio de acuerdo» con el Gobierno que tendrán que someterlo a una votación en sus órganos internos en los próximos días. De igual manera, CC OO reconoció que el documento les parece bien aunque será la Ejecutiva del sindicato la que tenga de dar su aprobación final. La organización liderada por Pepe Álvarez valoró que la norma concede «un catálogo de derechos importantísimo y vanguardista en nuestro país, en la línea de lo que demanda Europa», como compensar a los jóvenes por los gastos derivados del trabajo o dotarles de un plan formativo individualizado, entre otras.

La influencia de Pujalte en los intereses de Foment ha sido notable en los últimos años, justo en unos momentos en los que gozó de una notable ascendencia en las altas esferas del PP, a través de su principal ahijado político, Teodoro García Egea. Ellos dos participaron, junto a Sánchez Llibre, en una operación para configurar una candidatura alternativa a Antonio Garamendi al frente de la CEOE, según revelan cuatro de los implicados en las conversaciones. Las elecciones de la patronal se cerrarán el 23 de noviembre, en la Asamblea Electoral. Ahora mismo, el actual presidente es el único candidato, pero en los últimos meses, el entorno del presidente de Foment, en ocasiones con la ayuda de Egea, sondeó al menos a Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV); a Miguel Garrido, presidente de la madrileña CEIM; a Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, según fuentes de sus patronales. Y también, aseguran, al líder de Faconauto, Gerardo Pérez, quien sí dio un paso al frente, pero duda si presentarse finalmente contra Garamendi, que ya contaría con el 90% de los apoyos. Al presidente de la patronal valenciana, García Egea se le acercó durante un acto sobre financiación, en junio de 2021, por tanto, cuando aún era secretario general de los populares. Y lo sondeó: «El próximo presidente de CEOE, tú». Navarro no le dio mayor importancia y se negó a entrar en ese juego, pero semanas después de esa conversación su nombre empezó a sonar como posible candidato opositor. «Lo movió Foment», apuntan las fuentes. Navarro sabía que había «una pinza» contra el presidente de CEOE, según fuentes de la patronal, pero le negó al propio Garamendi tener interés en dar el paso. Esa pinza partía, en última instancia, del presidente del PP, según las fuentes consultadas. «Pablo Casado tenía una conexión clara con Sánchez Llibre», confiesa otro de los vicepresidentes de CEOE a los que se les sugirió la jugada. Dicho en román paladino: «El PP hacía lobby contra Garamendi».

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió ayer al Gobierno de que la buena evolución de los ingresos públicos no va a ser permanente, por lo que propuso evitar aumentos del gasto estructural. “Sería un mensaje muy potente que las partidas públicas, incluidas las pensiones, no se subiesen con la inflación salvo las pensiones bajas”, dijo en el Congreso. El Banco de España advirtió ayer al Gobierno de que no tome la buena evolución de los ingresos como algo permanente. La recaudación marcha con un vigor sorprendente. Con respecto a 2019, aumenta en unos tres puntos de PIB, cerca de 40.000 millones. Sin embargo, el déficit público estructural, aquel que permanece más allá del ciclo económico, apenas se reduce. Esto implica que se están dedicando esos ingresos, que en parte son extraordinarios, a financiar nuevo gasto estructural, señaló el gobernador del organismo, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia en el Congreso para analizar los Presupuestos de 2023. Y añadió que una inflación originada en un shock de energía como el actual “terminará teniendo un impacto negativo en las cuentas públicas”, en parte porque se acaban indexando a la inflación muchas de las partidas de gasto de las Administraciones, entre ellas las pensiones, que suponen un tercio del gasto público. “La inflación está generando una dinámica muy boyante de los ingresos públicos. Una parte se explica por la evolución de la economía real y de los precios. Pero hay una parte que no somos capaces de explicar. Supera las elasticidades históricas de los ingresos respecto al PIB”, resaltó. Y pidió prudencia sobre el uso de esos ingresos extraordinarios. 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha echado un jarro de agua fría sobre hogares, empresas y Administraciones al advertirles de una dura realidad: «Que asuman una pérdida de renta», indicó ayer en su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Y no dejó a nadie atrás. Ni siquiera a los pensionistas, al afirmar los efectos de «riesgo» que tendrá la revalorización de todas las pensiones en función de la inflación, con la subida prevista del 8,5% para el próximo año, como recogen las cuentas públicas de 2023. El mensaje de Hernández de Cos fue férreo en cuanto a las «señales» que el Estado debe dar para atajar la inflación. «Hay una pérdida de bienestar sí o sí», afirmó. «Lo único que podemos hacer es repartir el coste» de la inflación, prosiguió. Y se puede actuar solo en el sector privado o bien incorporando al público, incluidos «funcionarios y pensionistas». En este sentido, aboga por proteger las pensiones mínimas, para que suban con el IPC. Pero no el resto de prestaciones. En cualquier caso, insistió en que esta excepción sería «temporal», porque la ley indica que la revalorización debe ser conforme a la inflación media (de noviembre a noviembre de cada año), tal y como acordó en su momento el Pacto de Toledo. Pero, al mismo tiempo, insistió en que esa realidad debe ser «compensada» con medidas que estabilicen la Seguridad Social, bien con más ingresos o menos gastos.

Las aportaciones a los planes de pensiones han caído un 58% tras los castigos fiscales de los últimos años a esta herramienta financiera. En concreto, el flujo de aportaciones era superior a 6.200 millones de euros en el año 2006 –cuando comenzaron los recortes a los incentivos fiscales de los planes–, mientras ahora apenas alcanza los 2.594 millones de euros. Así lo refleja el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe Por una mejora de los incentivos fiscales a los planes de pensiones. El documento recuerda que el tratamiento fiscal de los planes de pensiones privados individuales ha empeorado significativamente en los últimos años. De hecho, las sucesivas reformas han recortado el límite de aportaciones desde un máximo de 24.250 euros en el año 2006, hasta los hasta los 1.500 euros en la actualidad, pasando por el límite de los 10.000 euros vigentes hasta 2014. El documento concluye que la capacidad de acumulación de ahorro previsional que ofrece el marco fiscal de los planes de pensiones individuales es de menos de la mitad del promedio de la UE, y hasta un 83% inferior a las mejores prácticas. De esta forma, un contribuyente español que aprovechara al máximo la potencia del marco fiscal español para planes de pensiones individuales percibiría una renta mensual neta durante la jubilación de apenas 464 euros, un 60% inferior al promedio de la UE con idénticas características financieras, que recibiría una renta de 1.166 euros.

Preocupación en la industria de la construcción ante las dificultades para que salga adelante el macroplán de inversión en rehabilitación de viviendas impulsado por los fondos europeos Next Generation. El programa está dotado con cerca de 6.000 millones en subvenciones, pero la volatilidad en el precio de las materias primas se ha convertido en un lastre que pone en riesgo su ejecución, según ha trasladado la patronal de fabricantes de materiales de construcción Cepco al ministerio que lidera Raquel Sánchez. El frente empresarial demanda, según ha podido saber CincoDías, un mecanismo de revisión de precios de los materiales para las reformas, similar al que se ha aplicado a la obra pública. Con ello se garantizaría que los sobrecostes que sufren las constructoras pueden ser presentados al final de una obra a las Administración que ha concedido los fondos europeos. En el ministerio ya se ha subrayado la complejidad de implantar este tipo de fórmulas, ante lo que Cepco sugiere que la Ley General de Subvenciones contempla el tanteo al alza en el momento de las liquidaciones. El asunto comenzó a tratarse hace tres semanas y volverá a verse en un próximo encuentro previsto entre representantes de Transportes, comunidades autónomas y la citada Cepco, a la que podrían sumarse otras patronales de la construcción. El Ministerio de Hacienda también está siendo informado. Con los fondos transferidos a los Gobiernos autonómicos, el empresariado ve una laguna en el hecho de que las comunidades de propietarios aparquen los proyectos de mejora de viviendas con las subvenciones ya asignadas: “Entre la petición de un presupuesto, la consecución de la ayuda y el comienzo de la obra, puede darse una enorme variación en los costes que dé al traste con el proyecto”, explica una fuente cercana a las conversaciones, “los fondos vuelven al remanente, pero la UE pone fecha límite de ejecución y ya vamos con retraso”.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, avanzó ayer que, “de aquí a final de año”, el Ejecutivo va a evaluar si mantendrá para toda la población la bonificación del precio de los carburantes o si “es mejor centrarse en algún colectivo o algún sector”. En una entrevista en RNE, Calviño defendió que el Plan Presupuestario enviado a Bruselas prevé unos “ingresos prudentes” y adelantó que España solicitará el tercer pago de los fondos europeos de recuperación, de 6.000 millones de euros, “antes del 11 de noviembre”. La vicepresidenta no dio más detalles sobre el plan de ayudas para combatir los efectos de la guerra en Ucrania y la crisis energética focalizado a los sectores más vulnerables. Hasta ahora el Ejecutivo ha aprobado un paquete de medidas de cerca de 25.000 millones que afecta al grueso de la población. Entre ellas están las rebajas fiscales a la electricidad y el gas o las ayudas de los carburantes para todos los conductores. En las próximas semanas prevé aprobar un nuevo paquete con medidas más quirúrgicas para apoyar a las familias y empresas que peor lo pasan. La bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, que se aplica desde marzo, fue prorrogada en junio hasta, en principio, el 31 de diciembre. Calviño avanzó que el Gobierno está evaluando qué medidas adoptadas para combatir la inflación deben prorrogarse, en función de su eficacia. La única salvedad, recordó la ministra, es la gratuidad de los bonos de Cercanías, Rodalies y media distancia, que está incluida en los Presupuestos para 2023. “Habrá que ver si es necesario tomar alguna medida con carácter sectorial, que afecte especialmente a aquellos ámbitos que se ven más afectados”

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social abordará el próximo año, y por primera vez en su historia, una tarea sin precedentes: la investigación de “todo el universo de contratos”, mediante el instrumento denominado herramienta de lucha contra el fraude. Por esta razón, en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, el ministerio ya no se traza un objetivo de investigar un número determinado de contratos. El objetivo son todos, y así figura en el programa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el próximo año. El cambio en la estrategia de vigilancia del empleo coincide con el segundo año de aplicación de la reforma laboral, que será 2023. La modificación normativa restringió el uso de las fórmulas habituales de empleo eventual y convirtió en indefinidos el contrato fijo discontinuo y el habitual de la construcción. Para ello, el Gobierno hizo varias reformas en ambos contratos que pretendían combinar la flexibilidad, para la empresa, con la protección del trabajador. La Inspección de Trabajo da mucha importancia a la utilización de las nuevas tecnologías en la lucha contra el fraude en materia de contratación, salarios, extranjería, siniestralidad laboral o en el vasto campo de la Seguridad Social. Entre ellas, la llamada herramienta de lucha contra el fraude, que es un instrumento que utiliza el cruce masivo de datos –el big data–. Es la automatización y la explotación de toda la información laboral y de Seguridad Social que envían las empresas y acumula la administración: Hacienda, Seguridad Social y el SEPE, que pronto se llamará la Agencia Española del Empleo, cruzan continuamente datos entre ellos.

Siemens Gamesa (SG) sube la temperatura de sus críticas a China. El fabricante de aerogeneradores ya venía reclamando una mayor protección para el sector eólico europeo por su carácter estratégico. No solo por su aportación a la sostenibilidad, sino también por su generación de tecnología y empleo de calidad. Desde el grupo renovable han insistido en los últimos meses en que no se puede repetir el caso de la industria fotovoltaica, desbordada por las importaciones masivas de placas solares de China. En muchos casos como suministrador de proyectos en Europa que han recibido subvenciones por nueva generación renovable. El mundo económico se queja de que la Unión Europea ha financiado parte de la internacionalización de la industria fotovoltaica china. Añaden que no es una economía de libre mercado. Con este escenario, Jochen Eickholt, consejero delegado de Siemens Gamesa, ha exigido a la UE que obligue a China a competir en igualdad de condiciones, con la misma normativa que cumplen las corporaciones europeas. En una entrevista al Financial Times, el directivo alemán afirma, en referencia a la industria comunitaria, que “quizás no tenga la respuesta más barata, pero tiene una respuesta”. Mientras, el tiempo pasa y China ha elevado del 36,6% al 53,5% su cuota en el mercado mundial de nuevas turbinas. SG trasladó este mes a diferentes agentes económicos y sociales de la UE un documento de salvaguarda de la industria eólica, que en el ámbito comunitario suma 300.000 empleos. En el informe, la filial de Siemens Energy defendía al sector como la mejor opción contra la crisis energética, que ha desvelado la dependencia del gas ruso. 

“Esto es una bomba más grande que impedirnos comprar equipos tecnológicos estadounidenses”. Con esta frase, un ejecutivo de un fabricante chino de semiconductores resumía al Financial Times un temor que empieza a tomar forma: la prohibición de contratar talento estadounidense por parte de las empresas chinas de chips va a dificultar de forma extraordinaria el intento de China por ser una potencia en este y alcanzar la autosuficiencia tecnológica. Según el Wall Street Journal, numerosos ejecutivos estadounidenses se encuentran en el limbo en empresas chinas de chips después que EE UU impusiera el 7 de octubre nuevas restricciones que no solo prohíben suministrar a las compañías chinas ciertos semiconductores fabricados en cualquier parte del mundo con equipos estadounidenses, sino que vetan la llegada de investigadores e ingenieros estadounidenses capaces de diseñar esos sistemas dentro de las fronteras chinas. El rotativo cifra en, al menos, 43 el número de ciudadanos estadounidenses que trabajan con 16 empresas chinas de semiconductores que cotizan en Bolsa, ocupando puestos clave de CEO, presidente y vicepresidente. Casi todos ellos ficharon por la industria china de chips después de pasar años trabajando en Silicon Valley para fabricantes de chips o de equipos de semiconductores de EE UU.

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha tenido que hacer valer su autoridad en la trifulca que mantenían sus socios de coalición a cuenta de la energía nuclear. Verdes y liberales llevaban días enfrentados por la ampliación del funcionamiento de las tres últimas centrales que todavía están abiertas y que, según el calendario de apagón nuclear diseñado por la excanciller Angela Merkel, debían dejar de producir energía el próximo 31 de diciembre. Scholz ha buscado un camino intermedio entre lo que los verdes, partido profundamente antinuclear, estaban dispuestos a aceptar y lo que pedían los liberales, que no tienen ningún problema en que Alemania siga usando combustible radiactivo más allá de 2023. El canciller ha dado la orden de mantener en funcionamiento las tres centrales —y no dos, como se anunció en septiembre— hasta el 15 de abril de 2023. La invasión rusa de Ucrania y la posterior reducción del suministro de gas ruso han obligado a Alemania a cambiar sus planes para abandonar la energía nuclear en 2022. Antes de febrero, era inimaginable que algún partido —salvo quizá la ultraderecha de AfD— abogara por alargar la vida de las centrales. Scholz no solo se ha enfrentado a la presión de los democristianos en la oposición, sino también a la de los liberales, que llevan semanas martilleando con lo absurdo que sería clausurar las plantas en un momento de extrema necesidad.

El nuevo ministro británico de Hacienda (Economía), Jeremy Hunt, adelantó ayer la eliminación de todas las reducciones y derogaciones de impuestos que había presentado su predecesor hace tres semanas, y que no se tramitan ya en el Parlamento, además de la limitación hasta abril del sistema de subvenciones a los precios del consumo de energía. «El Reino Unido siempre pagará», dijo, en una declaración de emergencia. El anuncio de Hunt es otro paso en la rectificación acelerada de la política fiscal de la primera ministra, Liz Truss, y su exministro de Economía, Kwasi Kwarteng, para fomentar el crecimiento. Tras la perturbación financiera causada por su paquete, el viernes ya se anunció el despido de Kwarteng y que se mantendrá el aumento de los impuestos sobre los beneficios de las sociedades. Los mercados de capitales premiaron la celeridad de Hunt con subidas de la paridad de la libra esterlina y de los precios de los bonos, que en este caso significan un abaratamiento del coste de la deuda. Ayer era la primera jornada tras la crisis en la que el mercado de bonos operaba sin el programa de compra por el Banco de Inglaterra, desplegado para evitar dinámicas espirales de compraventa. Según Jens Larsen, director de Global Macro-Geoeconomía del Eurasia Group, «los mercados han recibido bien la declaración del ministro, revirtiendo la mayoría de los recortes de impuestos en el minipresupuesto». «Los intereses en los bonos del Gobierno han bajado sustancialmente, pero son aún mucho más altos que antes. Restablecer la credibilidad fiscal perdida requiere tiempo y probablemente un cambio de Gobierno. Los mercados mantendrán su volatilidad, empujados por la continua incertidumbre sobre la economía y la política en el Reino Unido», añadió.

«Hemos pasado de ser un país con muy pocas referencias positivas en el exterior a presentarnos ante el mundo como una sociedad abierta, atractiva y moderna». En su primer cuarto de siglo de vida, el Guggenheim ha sido testigo privilegiado, protagonista de hecho, de la radical transformación de Bilbao, Bizkaia y Euskadi. 25 años en los que ese símbolo de titanio, inmóvil a orillas del Nervión, ha visto alejarse el gris del declive industrial y el negro del terrorismo para dar la bienvenida al color de la cultura y el turismo y también al blanco de la convivencia en paz. «El magnífico edificio que Frank Gehry diseñó se erige hoy como símbolo de apertura, encuentro y tolerancia», ensalzó ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu. Mientras, su arquitecto, Fran Ghery, disfruta estos días de Bilbao: «El Guggenheim Bilbao es lo más maravilloso de mi vida». El regreso del arquitecto ha sido una experiencia feliz. «Se le ha notado muy contento», remarcan desde el Guggenheim, que hoy inaugura la exposición ‘Secciones/Intersecciones’, una selección de la colección propia. Gehry la recorrió durante más de una hora junto al director del centro, Juan Ignacio Vidarte, y quedó encantado. Destacó el hecho de que los lucernarios se hayan abierto, tal como él los concibió, inundando de luz una tercera planta que, bajo el título ‘Marcando la historia’, expone algunas de las piezas más sobresalientes de la colección. El arquitecto también felicitó a Vidarte por el estado de conservación del «mejor edificio de nuestro tiempo», según Philip Johnson, patriarca de la arquitectura estadounidense. «Me gustaría que hubiera estado aquí mi padre», afirmó Gehry, que a sus 93 años ha volado 9.000 kilómetros para 4 días.