20261026

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Las bajas por salud mental de los menores de 35 años se han disparado un 446% en Euskadi desde 2018, hasta superar los 13.000 casos, según las estimaciones recogidas en un informe elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) a partir de datos suministrados por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Esta alarmante cifra radiografía el contexto en el que se acaba de celebrar la Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, poniendo sobre la mesa una realidad del tejido empresarial. Ante una problemática que crece exponencialmente, el foco de las autoridades se está desplazando hacia cómo se organizan los puestos de trabajo para evitar que el entorno laboral enferme a las plantillas. Ahí es donde entra en juego el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan). Su directora, Lourdes Íscar, insiste en que el papel de la institución que lidera debe centrarse de forma innegociable en la prevención. Para lograr que el daño no llegue a materializarse, Osalan insta a las empresas a auditar aspectos intangibles como el estilo de liderazgo, la carga y autonomía de trabajo, la participación o los canales de comunicación interna. Además, la institución advierte de la necesidad de indagar en las causas del daño psicológico con el mismo rigor que un siniestro físico.

Los convenios colectivos del metal están recortando los complementos por incapacidad temporal (IT) derivados de contingencias comunes para tratar de frenar el aumento de las bajas en un sector en el que cada día se ausentan más de 140.000 trabajadores de los 2,7 millones de ocupados que lo integran, según un estudio de Confemetal del periodo 2021-2024. El informe indica que el coste asociado a las ausencias por enfermedad común aumentó más de un 90%, hasta aproximarse a los 2.900 millones de euros en el último ejercicio del periodo analizado. Además, en 2024 se iniciaron 31 procesos de baja por cada 1.000 trabajadores del sector, frente a los 17 registrados tres años antes, un incremento del 83%. De esta manera, la negociación colectiva de la industria y los servicios del metal está tendiendo a restringir los complementos salariales que perciben los trabajadores durante una baja, especialmente cuando esta se debe a enfermedad común. Entre los ejemplos más representativos figura el convenio del metal de Burgos, que abona el 60% del salario durante los tres primeros días de baja y no complementa hasta el 100% hasta superar el día 30. En Castellón, la empresa deja de estar obligada a completar el salario a partir del día 70 de incapacidad temporal. En Ourense, el trabajador percibe el 60% del salario durante los tres primeros días de la primera baja anual por enfermedad común y no alcanza el 100% hasta transcurridos nueve meses de incapacidad temporal. Otras fórmulas restringen el derecho al complemento cuando se acumulan varios procesos de incapacidad temporal en un mismo año. Es el caso del convenio de Málaga. 

Las dificultades siguen creciendo en el concurso de acreedores en el que está inmersa Tubos Reunidos. La administración del proceso, en manos de PKF ATtest, ha planteado un ERE de extinción para la planta de Nanclares de la Oca. Se trata de unas instalaciones situadas en esa localidad alavesa cercana a Vitoria y auxiliares a las de Amurrio. Son las que emplea la empresa para roscar algunos de los tubos fabricados en Ayala y emplean a cerca de 60 personas. El caso es que de los cinco oferentes que se han presentado con una oferta al concurso solo uno recoge estas instalaciones en su planteamiento, pero de un modo tan condicionado que las circunstancias hacen imposible su ejecución. Así las cosas, el administrador concursal ha planteado iniciar un ERE de extinción. Ante esa posibilidad, el comité de empresa de la firma ha manifestado que «rechazamos la propuesta de la administración concursal de iniciar la negociación de un ERE de extinción mientras el concurso de acreedores continúa abierto y todavía no se ha resuelto la venta de las unidades productivas del grupo».

El sector de la salud es uno de los que son considerados estratégicos en muchos planes nacionales de reindustrialización. Y lo es por varias razones. El envejecimiento progresivo de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la necesidad de contar con cadenas de producción propias para así no depender de suministros desde Asia -como quedó de manifiesto con la pandemia- han acrecentado la necesidad de hacer más visible este sector. Pero requiere de soluciones de financiación específicas, también en Euskadi. Lo constata un reciente informe del clúster financiero vasco, BasqueFIK, que explora mecanismos económicos en colaboración con el de salud, Basque Health Cluster.  El documento realiza una serie de propuestas para asentar un esquema de alianza entre ambos sectores, el financiero y el de salud, puesto que las sinergias entre ambos pueden desembocar en la creación de bienes y servicios de alto valor social. 

El PNV de Bizkaia cerró ayer la primera vuelta del proceso interno para elegir a su candidata a diputada general para las elecciones del año que viene con un claro triunfo de Ibone Bengoetxea sobre Elixabete Etxanobe. Unas ‘primarias’ que han dejado numerosas heridas y que han escenificado el choque que en estos momentos existe entre el Euzkadi buru batzar presidido por Aitor Esteban, y el Bizkai, al mando de Iñigo Ansola. La victoria inapelable de la vicelehendakari segunda, en todo caso, no aclara lo que va a pasar a partir de ahora. Porque la gran pregunta que sigue en el aire es si la actual responsable de la institución foral mantendrá el pulso y aceptará disputar la segunda vuelta, que arrancaría este próximo jueves. La ventaja obtenida por Bengoetxea en las votaciones que se han ido desarrollando desde el pasado miércoles deja poco margen para la interpretación. La vicelehendakari habría ganado en 86 batzokis y Etxanobe en 24. 

Entrevista con Juan F. Jimeno, presidente del Consejo de la Productividad de España. "Estamos en una nueva desaceleración de la productividad. Pensábamos que la productividad por hora estaba creciendo a tasas cercanas al 1% anual, pero, tras las últimas revisiones de la contabilidad nacional del INE, es la mitad...Toda la historia del repunte y del cambio estructural parece, por ahora, más un espejismo que una realidad consolidada. La tasa anual media de crecimiento de la productividad por hora para el período 2014-2019 fue del 0,5%, pero es que ahora, tras la revisión del INE, el crecimiento en el período 2022-2026 es del 0,4%... A esa velocidad, necesitaríamos unos 140 años para duplicar la productividad. Además, en un contexto demográfico en el que la población en edad de trabajar disminuirá en relación con la población total, la renta per cápita tampoco crecería. De hecho, entre 2030 y 2050, e incluso más allá, podría disminuir si no cambia la tendencia...-¿Por qué es tan importante aumentar la productividad?- Porque es lo que permite que crezca la renta per cápita. Casi todos los elementos de bienestar –esperanza de vida, nivel educativo, satisfacción declarada en encuestas– están positivamente correlacionados con la renta per cápita. Además, los recursos públicos provienen de lo que se produce. En nuestro primer informe pusimos un ejemplo: si la productividad por ocupado en España fuera un 10% mayor, con la misma presión fiscal el sector público dispondría de unos 60.000 millones de euros adicionales. Esa cantidad sería suficiente, aproximadamente, para cubrir el déficit contributivo de las pensiones y liberar recursos para infraestructuras, defensa, educación u otras políticas necesarias. Sin mejorar la productividad, no podemos aspirar a una mejor calidad de vida. Hay algunas señales positivas, pero insuficientes..."

La economista jefa de ING, Marieke Blom (Alkmaar, Países Bajos, 1974) , prefiere ver “el vaso medio lleno” cuando se le pregunta sobre macroeconomía y sobre la política, por más enrevesada que se ponga la situación. “No niego estas dificultades, pero es importante restaurar un equilibrio porque existen fortalezas reales y oportunidades”. "El vaso se ve medio vacío, pero es importante ser optimistas para progresar. Europa no es solo Alemania y Francia. España es un ejemplo de economía que ha mejorado en los últimos 15 años. Europa central y oriental crecen muy rápido, con margen para avanzar. Las euroinstituciones han mejorado mucho en los últimos 15 años. Es importante tenerlo en cuenta para mirar al futuro...A veces es más fácil escuchar –y creer– a voces que gritan, pero que no son constructivas ni miran adelante. En tiempos de redes sociales y respuestas rápidas, es importante que la gente piense en los beneficios gigantes de un sistema, que es lento, frente a quien grita...Que el PIB avance un 1% o un 1,5% en Europa no es fantástico, pero es mejor de lo esperado al estallar la guerra en Irán... ¿Por qué los europeos deberíamos gastar e invertir más?- Ahora la gente recibe un dinero, lo ahorra en una cuenta y no obtiene un retorno elevado por ello. Como consecuencia, no hay mucha demanda en la economía, las compañías no están incentivadas a invertir más y ganar productividad. Las cuentas de los hogares han mejorado mucho en los últimos dos años. Es hora de que Europa se asegure de que su población confíe que puede gastar algo más gracias a un mayor retorno de sus ahorros. Y, por supuesto, invirtiendo necesitas menos ahorros para obtener el mismo rendimiento de capital. Nuestro análisis muestra que se ahorra un 6% de los ingresos, dos puntos más que antes de la pandemia. Si solo un cuarto del dinero en depósitos en los últimos 20 años se hubiera invertido, la riqueza de los hogares europeos habría subido en 1,17 billones de euros, equivalentes al 7% del PIB..."

Los despidos por edadismo se están convirtiendo en un fenómeno emergente. Las empresas están recurriendo cada vez con más frecuencia a reducir costes por la vía de prescindir de los empleados mayores, ya que sus sueldos son más elevados que los de los trabajadores más jóvenes y termina suponiendo un ahorro en las cuentas de las compañías. Las corporaciones utilizan este método para rejuvenecer las plantillas y mejorar la productividad, ya que se asocia la juventud con el rendimiento. Esta dinámica ha provocado que los sénior protagonicen más de 1,1 millones de ceses en los últimos cinco años, de los cuales una mayoría afectó al colectivo de entre 45 y 54 años, según los datos del Ministerio de Trabajo. A partir del año 2022 se alcanzó un hito que evidencia la envergadura del problema: se sobrepasó la barrera de los 200.000 ceses anuales de personas sénior. Es más, tres de cada diez despidos registrados en los últimos cinco años se concentran en trabajadores de 45 años o más, con fuertes diferencias marcadas por la edad: los empleados de 55 años o más se llevan la peor parte y experimentan el mayor repunte de todas las franjas de edad al sumar casi 39.000 extinciones de contratos más en 2024 respecto a 2020, según datos del ministerio. Todo ello, a pesar de que despedir a un sénior cuesta de media un 70% más, principalmente por la antigüedad. 

Por un lado, los nuevos convenios reflejan aumentos salariales por encima de la media (3,6%) y, por otro, la proliferación de las cláusulas de garantía salarial también forzará a los empresarios a efectuar compensaciones a los trabajadores por el fuerte repunte de precios. Estos son, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo de cierre de septiembre, un total de 3,64 millones de asalariados, que percibirán un extra en las retribuciones por contar con esta salvaguarda. La cifra, aunque supone solo el 19% de total de asalariados de alta en la Seguridad Social, es relevante teniendo en cuenta que supone 39% de aquellos que están protegidos por un convenio colectivo (9,32 millones de trabajadores). Además, esos 3,64 millones de empleados protegidos por cláusula de garantía salarial son un 12,9% más que en el pasado ejercicio, lo que suponen 416.039 más. Entre ellos, es especialmente notable el avance de los trabajadores cuya cláusula de revisión tienen carácter retroactivo, 1,3 millones en total, lo que supone un incremento del 39% respecto al pasado ejercicio (367.459 empleados más). Sin efectos retroactivos de la revisión salarial por el IPC se contabilizan 2,33 millones de trabajadores, un aumento del 2,13% (48.580 empleados más). Observando el peso de cada sector sobre el total de 3,64 millones de trabajadores amparados por cláusulas de garantía salarial, el sector servicios se sitúa en cabeza al concentrar el 43,3% del total (1,57 millones de personas), seguido de la industria con un 36,6% (1,33 millones de personas), la construcción con un 19,8% (721.525 personas) y el sector agrario. 

El País Vasco, Suecia o el Reino Unido tienen casos de éxito de fórmulas de ahorro complementario para la jubilación que llegan a todos los trabajadores. En España hay ahorrados 145.000 millones de euros en planes de pensiones que invierten en bonos y acciones. Un 70% de ese patrimonio está en planes individuales y el resto en planes colectivos, que algunas grandes empresas y administraciones públicas han creado y financiado desde hace décadas. Las grandes cifras esconden un fracaso. El volumen ahorrado a través de estos planes es bajo, en términos per capita y en comparación con otros países. Y, en los últimos seis años, sale más dinero del que entra. Los trabajadores del baby boom que se jubilan retiran más capital del que llega mediante nuevas aportaciones. Si el volumen global ha crecido levemente, solo es porque la Bolsa ha subido y revalorizado el dinero previamente invertido. En la mayoría de los países europeos coexisten la pensión pública junto con los sistemas de empleo y mecanismos de ahorro individual. Uno de los casos de éxito más celebrados es el del Reino Unido, donde se introdujo en 2012 el sistema Nest, por el que todos los trabajadores británicos tienen la opción de recibir una parte de su sueldo en forma de plan de pensiones. Aunque un empleado puede decidir salirse y cobrar todo en efectivo, la inmensa mayoría se queda. El modelo cubre ya a 14 millones de personas y tiene acumulados 50.000 millones de libras (60.000 millones de euros). En la actualidad, la empresa aporta un 3% del sueldo al plan cada año, el trabajador un 4% y el Estado un 1%, por lo que se llega al 8% anual. Si el empleado opta por salir, solo pierde las aportaciones del Gobierno y de su empleador. Solo uno de cada 10 decide abandonar este modelo.

La posibilidad de acuerdo entre las partes solo se puede atisbar a través de un consenso político y social, algo que está a años luz de darse en España y que tampoco es muy previsible tras las elecciones, gane quien gane. Las gestoras de pensiones y las aseguradoras son la parte más activa en un escenario en el que sindicatos y empresas tienen un papel determinante igual que el Estado y el Ejecutivo de turno. La adhesión obligatoria (autoenrollment) de todos los trabajadores a un plan de pensiones de empleo, el modelo implantando en Reino Unido e Irlanda, se ha hecho hueco en las reivindicaciones más recientes de gestoras y aseguradoras. Pero no es la única alternativa propuesta por la parte privada para configurar un pilar complementario al sistema público de pensiones. Las entidades llevan décadas poniendo el foco en los esquemas implantados en otros países. La mochila austriaca, el modelo sueco, con su sobre naranja; o la alternativa chilena son algunos referentes señalados, sin olvidarse de las EPSV (entidades de previsión voluntaria) del País Vasco, que cuentan con mejor fiscalidad y mayores aportaciones. Su penetración entre los trabajadores es mayor que la de los planes de pensiones en el resto del Estado entre otras cosas por su mayor tradición en el mundo de las cooperativas y su cultura de negociación colectiva. 

El vaciado del reactor que contiene el combustible gastado de la central nuclear de Garoña, la fase más delicada de todo el desmantelamiento, ha atravesado ya su ecuador. De los 49 contenedores de máxima seguridad que se tienen que rellenar con el material radiactivo más peligroso, ya se han colmado 25 que se quedarán custodiados en un espacio de almacenaje dentro de la propia central hasta 2073. Entonces está previsto su traslado a un ‘cementerio’ a gran profundidad. La previsión que maneja Enresa, encargada de desmontar la instalación, es que esta primera fase concluya para abril de 2028. Pero, de momento, el vaciado ha quedado detenido y no se reanudará hasta comienzos de 2027. El parón viene determinado por la necesidad de reparar 14 elementos combustibles que contenían el material fisionable –en total la central tenía 2.505– para poderlos almacenar correctamente en los contenedores. Es un requisito establecido por el Consejo de Seguridad Nuclear y puesto que lo tienen que realizar empresas especializadas y es un trabajo bastante delicado, va a implicar que durante los últimos meses del año no se realice ninguna nueva carga.

Seat, propiedad del grupo alemán Volkswagen, está abierta a diversificar su negocio y una de las opciones que tantea es entrar en la industria de la Defensa, una posibilidad que ya ha abordado con varias empresas en los últimos meses. Según ha reconocido su presidente, Markus Haupt, la empresa ha sido contactada tanto por el Gobierno como por el Ejecutivo catalán para poner sus fábricas al servicio de las necesidades militares, un sector que está afrontando unos severos cuellos de botella en las entregas de pedidos, ya que hay una gran demanda y no tanta capacidad industrial disponible de manera inmediata. Una de las propuestas en firme que tiene Seat sobre la mesa en estos momentos es la del grupo tecnológico catalán Aggity, que, como adelantó EXPANSIÓN la semana pasada, está conformando un consorcio de drones civiles y militares y busca un socio con capacidad para poder fabricarlos en serie. Fuentes al tanto de la situación aseguran que Seat ha catalogado el proyecto, que contemplaría la producción de drones en la planta de la empresa en Martorell (Barcelona), de “estratégico”, aunque sigue evaluando las sinergias que pueden existir entre la industria automovilística, acostumbrada a volúmenes muy altos de producción, y la de Defensa, con cifras más reducidas y con unas fuertes barreras de entrada en forma de homologaciones, permisos y controles de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado durante un acto de campaña del Partido Republicano en el estado de Georgia que el fabricante de automóviles Audi construirá su primera fábrica de coches en el país norteamericano. Acompañado en el escenario por el propio CEO de Audi, Gernot Döllner, Trump aseguró que la nueva factoría de la compañía alemana supondrá una inversión de unos 4.000 millones de dólares (unos 3.570 millones de euros), creará 4.500 puestos de trabajo y producirá 200.000 vehículos al año. “Piensen en eso, 200.000 coches al año. Eso es increíble”, destacó Trump en declaraciones recogidas por la agencia AP. El mandatario estadounidense atribuyó la inversión de Audi a sus agresivas políticas arancelarias, que han supuesto un duro golpe a las cuentas de resultados del Grupo Volkswagen, al que pertenece la marca Audi. Mientras tanto, el sindicato IG Metall amenaza con una huelga de trabajadores del Grupo VW en Alemania a partir de enero si la compañía mantiene su intención de renegociar los convenios colectivos. “No buscamos el conflicto, pero estamos preparados”, dijo el sindicato a medios locales. Según IG Metal, VW ha notificado la rescisión de 10 de sus 13 convenios colectivos a finales de año. 

La medida podría suponer, dependiendo de los casos, elevar en cinco puntos porcentuales el Impuesto de Sociedades de los beneficios por encima de los 100 millones de libras (unos 119 millones de euros al cambio). Es una medida que, lógicamente, ha levantado en armas al sector. Ya en junio, la presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, afirmó que la idea «no tiene sentido», en buena medida porque es discriminatoria contra el sector. Tras la crisis financiera de 2008, Londres ya impuso a los bancos que operan en el país una carga extra de tres puntos sobre el Impuesto de Sociedades, que es del 25%. Si la subida ahora es de los cinco puntos que se han filtrado, el gravamen alcanzaría el 33%. A eso se suma otro impuesto que grava sobre todo la deuda bancaria a corto plazo, uno de los talones de Aquiles de la hecatombe financiera de hace 18 años. Y, desde 2019, las entidades británicas deben mantener separadas sus operaciones de banca comercial y de inversión, de nuevo para evitar una repetición de la crisis. Pero la decisión parece haber sido ya tomada. 

La ‘Prop 40’, que se vota el 3 de noviembre, propone un gravamen único del 5% a las 200 personas más ricas del Estado. Los magnates, sobre todo las fortunas ‘tech’, se están rebelando. «Es un impuesto único del 5% sobre la riqueza que puede pagarse en cinco años. Está basado en el patrimonio global integral para que no pueda esquivarse fácilmente», explica Emmanuel Saez, profesor de Economía en Berkeley y uno de los cerebros económicos detrás de la propuesta presentada formalmente por un sindicato de trabajadores sanitarios, que pretende destinar la recaudación a financiar programas públicos de salud como Medi-Cal. Pero, ¿quién pagaría exactamente? El perfil es cristalino: los residentes en California con un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares. Se calcula que quienes se ajustan a esa descripción son alrededor de 200 ricos oficiales y que la nueva tasa podría recaudar hasta 100.000 millones de dólares. Hablamos, por supuesto, de todos y cada uno de los tecnoligarcas que viven en el Estado: desde Mark Zuckerberg, fundador de Meta, y Jensen Huang, CEO de Nvidia, a Peter Thiel (Palantir) y el fundador de Google Sergey Brin. Elon Musk reside, a efectos fiscales, en Texas. «Su riqueza se ha disparado en casi un 180% desde 2023. Además, los multimillonarios pueden eludir en gran medida el sistema fiscal actual porque sus enormes ganancias patrimoniales no son gravables de forma directa». 

Lula escribió anoche un nuevo capítulo épico en una trayectoria legendaria. El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, presidente de Brasil y uno de los políticos más influyentes de América Latina en este siglo, consiguió ayer la ansiada remontada. Lula derrotó al senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, heredero político del clan ultraderechista, con el 51,76% de los votos frente a los 48,24% de su oponente, con el 99,82% de los votos. Es el primer mandatario que vence tras perder la primera vuelta. Solo el emperador Pedro II y Getúlio Vargas han gobernado durante más tiempo. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) conquista un cuarto mandato, para los pies a la extrema derecha y confirma su fortaleza, pese al odio que genera en buena parte de sus compatriotas. Lula, que mañana cumple 81 años, gobernará un Brasil profundamente dividido.