20261018

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La factura de 25.000 millones de euros palidece frente a los 33 empresarios asesinados, 86 secuestrados, más de 15.000 extorsionados y un éxodo que perdura. Dice Luis Ramón Arrieta, investigador de la Universidad de Deusto, que «no existe ninguna economía del mundo occidental que haya sufrido los embates del terrorismo más tiempo que Euskadi». Cinco décadas en las que, además de un irreparable coste humano, han dejado una factura de «25.000 millones de euros a nivel estatal y un enorme coste estructural que perdura en el tiempo y cuyas consecuencias estamos todavía pagando». Porque entre la muerte de Ángel Berazadi, raptado y asesinado en 1976, y la de Inaxio Uria Mendizabal, tiroteado en Azpeitia en 2008 por la participación de su empresa constructora en las obras de la alta velocidad vasca, media un universo preñado de miedo y dolor, pero también de incomprensión ante una amenaza que muchos debieron enfrentar en solitario...Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, prefiere mirar al futuro. Vincula la derrota y desaparición de la banda primero a «la libertad recuperada para emprender, invertir y crear empleo», toda vez que el final de las amenazas y extorsiones permitió a los empresarios desarrollar su actividad sin el miedo que antes había imperado, «en un clima de confianza y seguridad que constituye la base esencial para generar riqueza y bienestar». Pero Yagüe abunda también en otra idea que ya avanzaba Arrieta, «la de la fuga de mucho talento, que frustró inversiones y oportunidades de desarrollo», un lastre cuyas consecuencias seguimos pagando. «Porque aunque seguimos siendo una economía pujante, no hemos despegado todo lo que estaba previsto», una realidad que ella vincula con ese discurso ideológico en contra de los empresarios que permanece anclado en una parte significativa de la sociedad y que impide «reconocer la aportación de aquellos que lideran proyectos, dificultando así la inversión y el arraigo».

Los vascos afrontan este periodo con el mayor ahorro acumulado en las cuentas corrientes de familias y empresas de la serie histórica. Un total de 92.905 millones, según ha contabilizado el Banco de España en su último informe que llega al primer semestre de este año. Lo que sí es relevante es que ese dinero ahorrado no cuenta en su mayoría con una protección frente a la subida de precios. De los casi 93.000 millones que los vascos tienen en el banco, el 83% –77.100– está en cuentas corrientes. Es decir, en figuras que no ofrecen ninguna remuneración al cliente y que dejan el dinero expuesto a la erosión de la inflación. Lo que familias y empresas sí tienen en depósitos por los que perciben intereses de su banco es solo 15.054 millones, un 17%. Esa situación tiene una conexión directa con el ahorro que generó el cierre obligado por los confinamientos durante las diferentes olas de la pandemia, que se extendieron hasta 2021. Eso sigue rentando al bolsillo de los hogares vascos, al menos en la estadística. Un saldo que se reforzó, además, con las subidas salariales tras la inflación de 2022. Según los datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), los convenios firmados en 2022 fijaron una media de ascenso del 4,8%, por un 4,6% en 2023, un 3,3% en 2024 y un 3,32% el pasado año. Además, el mercado laboral sigue creando puestos de trabajo en Euskadi con más de un millón de afiliados a la Seguridad Social y reduciendo la tasa de paro por debajo del 7%, gracias a la creación de 12.000 puestos de trabajo este año y la previsión de hacerlo con otros 10.000 en 2027, según recogen las previsiones del Gobierno vasco.

Hay dinero, pero se va fuera. Este es uno de los principales retos, no ya de Euskadi, sino de toda Europa, para que el ahorro de sus ciudadanos se pueda dirigir a sostener las inversiones que necesita una industria local atenazada por la competencia de China y Estados Unidos. En el País Vasco el ejemplo por antonomasia de esta situación es el de las EPSV. Los planes de pensiones en Euskadi acumulan un patrimonio de más de 35.000 millones, de los que sólo destinan algo más de un 6% –unos 1.600 millones– a inversiones en País Vasco. Y, además, en su mayoría no es a empresas sino a fondos de inversión gestionados por entidades con domicilio social en Bizkaia, Gipuzkoa o Álava. Este es, de hecho, uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno vasco con su Alianza Financiera: movilizar esos recursos. Pero en Europa la situación no es diferente. Según recogió en 2024 Enrico Letta en el informe que le encargó la Comisión Europea, de los cerca de 14 billones de euros de ahorro que hay en la zona euro, entre un 30% y un 40% están en depósitos bancarios. Y lo que se mueve, se va fuera de la UE; Letta cifró en 300.000 millones de euros solamente el capital que anualmente los europeos invierten en Estados Unidos. Una situación que está frenando la competitividad de las empresas europeas para afrontar las transformaciones que lidera actualmente China por tecnología y precios.

Para Pello Igeregi, responsable de negociación de ELA, el sindicato mayoritario en Euskadi, el repunte de las huelgas en Gipuzkoa obedece a un cambio de actitud ante el actual ciclo inflacionario. «Históricamente ha habido un mayor interés por llegar a acuerdos en Gipuzkoa que en otros territorios, pero ahora nos estamos encontrando con bloqueos en algunas negociaciones; las empresas tratan de frenar la negociación mientras sus beneficios aumentan por encima del IPC». Frente a esta lectura, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, defendió esta pasada semana que los convenios colectivos vascos han pactado históricamente subidas por encima del IPC y advierte de que el empobrecimiento también tiene raíces fiscales. La líder patronal pidió no hacer demagogia exclusivamente con la inflación y recordó que, sin deflactaciones en el IRPF, «la mitad de la subida salarial se la queda el Gobierno y no pasa nada». Esta polarización se visibiliza también en la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre. Confebask se ha desmarcado tajantemente de la cita al considerarla «oportunista» y de carácter estrictamente político, asegurando que el tejido productivo no se siente interpelado. Igeregi rechaza de plano esta premisa: «El problema de la vivienda es que es un negocio; a nuestro entender, la patronal vasca está directamente interpelada y debería tener una voz sobre si se debe intervenir este mercado». En contraste, Yagüe sostiene que la solución no pasa por topar precios ni organizar huelgas, sino por agilizar las licencias municipales, poner más viviendas en el mercado y reducir una carga fiscal que encarece en un 25% la edificación. Otro de los principales focos de fricción laboral es la demanda de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio de 1.500 euros. Igeregi subraya que la estrategia del sindicato no se limita a los tribunales. «Por encima de cuestiones legales, nosotros entendemos que tenemos que forzar a la patronal a negociar mediante la presión sindical y social, y por eso mismo llamamos también a la huelga general del 11 de noviembre». Defiende que la reclamación de un salario mínimo acorde al coste de la vida en Euskadi ya «es mayoritaria en la sociedad vasca», por lo que mantendrán la presión institucional. 

Entrevista con Sara Buesa, viceconsejera de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco. "...La inmigración ya está sosteniendo el reto demográfico que tenemos en Euskadi. Calculamos que en los próximos años se van a generar 670.000 oportunidades de empleo, el 83% por reemplazo. Las personas extranjeras representan ya cerca del 10% del empleo vasco. Ya teníamos en el radar de Lanbide a más de 25.000 personas en situación irregular. El dato más actualizado que tenemos es que 5.000 personas que estaban en esa situación ya han podido acceder al permiso para poder trabajar y, de ellas, 2.000 están ya trabajando. –A pesar de estos buenos datos de afiliación, las empresas advierten de «nubarrones negros». Hablan de «pérdida de competitividad». ¿Le preocupan estas advertencias de la patronal?–Los datos que se manejan hoy en día en Euskadi de la evolución de la economía y de esa competitividad no creo que sean para ser alarmantes, todo lo contrario. Creo que la economía vasca es sólida y fuerte y sigue creciendo a pesar de todo ese contexto global. Entiendo la preocupación de las empresas, muy relacionada con que está habiendo una necesidad real de contar con personas. Uno de los retos es ser capaces de articular una gobernanza más integrada y colaborativa entre Lanbide, diputaciones, ayuntamientos y las empresas...–En el ámbito salarial, los tribunales rechazaron obligar a Confebask a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco. ¿Debería el Gobierno Vasco implicarse más en propiciarlo?–Nuestra actuación comenzó dando respuesta a un mandato del Parlamento para analizar las condiciones de vida en Euskadi. Ese estudio ofreció un rango posible de un SMI ajustado a Euskadi (entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas) y lo hemos puesto a disposición de la negociación colectiva y de los agentes. No nos corresponde al Gobierno Vasco establecer el SMI; creemos que el foro es la negociación colectiva, sin vetos ni líneas rojas...–La patronal califica de «insostenibles» las cifras de «absentismo laboral», mientras que los sindicatos dicen que se hacen «trampas» con los números al mezclar distintas ausencias.– En primer lugar, deberíamos dejar de hablar de absentismo y hablar de incapacidad temporal. La palabra absentismo muchas veces tiene un sustrato que subyace de un juicio de valor, de una intencionalidad deliberada de no ir a trabajar. Estamos hablando de personas a las que el personal médico les da la baja. Dicho esto, los índices parecen elevados y nos preocupa, pero hay que mirarlo con rigor, porque a veces se consideran dentro del absentismo derechos laborales consolidados como licencias, maternidad o paternidad. Estamos promoviendo un estudio completo con Osalan, Inspección de Trabajo, Osakidetza, mutuas y agentes sociales para analizar las causas y plantear medidas con rigor..."

La conflictividad laboral se ha disparado en Gipuzkoa con un aumento del 134% en el número de huelgas, situando al territorio a la cabeza de España en el inicio de año. Con 75 paros registrados hasta abril, el último dato publicado por el Gobierno Vasco, el territorio no sólo supera a Bizkaia (20) y Álava (16), sino que lidera la estadística por encima de comunidades autónomas enteras como Cataluña (62) o Madrid (40). Esta escalada coincide con un repunte inflacionario que sitúa el IPC de septiembre en el 4,3%, rebasando ya a las subidas salariales pactadas en convenio (3,68%), según los registros del Ministerio de Trabajo, en un 2026 profundamente marcado por la inminencia de las elecciones generales del 29 de noviembre y en el que Euskadi afronta su segunda huelga general –la de la vivienda, el 11 de noviembre, tras la del SMI, el pasado 17 de marzo–, rompiendo así con tres ejercicios sin paros laborales totales. La dimensión de la conflictividad en Gipuzkoa arrastra inevitablemente la estadística del conjunto de la comunidad autónoma hasta la cima española. Euskadi acumuló un total de 111 huelgas en los primeros cuatro meses del ejercicio. Aunque el volumen de participantes directos se situó en 9.174 trabajadores, las movilizaciones dejaron un saldo de 96.586 jornadas no trabajadas. Esto evidencia que los conflictos que logran prender, aunque concentrados en plantillas específicas, se prolongan en el tiempo y generan un impacto muy profundo en la actividad productiva.

La ingeniería alavesa está de enhorabuena. El sector, uno de los que mejor cobra en el territorio, va a ver reconocida su valía este próximo jueves con la primera edición de los ‘Premios de Ingeniería e Industria de Euskadi’. Se trata de una nueva distinción creada por los colegios profesionales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para «reconocer el talento, la innovación y la contribución del oficio al desarrollo económico y social de Euskadi». Los galardones, enmarcados en un contexto de creciente unión entre las organizaciones de los tres territorios, reconocerán en su primera edición a un pleno de ingenieros alaveses. Pepsico se llevará el premio a ‘Mejor Proyecto de Ingeniería’, el CEO de AVS Miguel Ángel Carrera será distinguido como ‘Ingeniero del Año’ y la jovencísima Ixone Angulo recibirá el galardón a ‘Talento Emergente’. ¿A qué se debe el éxito de Álava en esta primera edición? La máxima responsable del colegio profesional, Kristina Apiñaniz, apunta a que «nos hemos movido mucho aquí» de cara a los galardones, pero recuerda que esta es la provincia más industrializada de España. Además, frente a un declive de «vocaciones ingenieriles» que es generalizado en el país, aquí la situación es la inversa. «Están creciendo un poco las matriculaciones, también porque la Escuela de Ingeniería está sacando más títulos, grados muy atractivos, duales, dobles... Lo están haciendo muy bien. Cada vez tienen más relación con la industria y eso se está empezando a notar en la demanda y en el número de estudiantes».

En un momento en el que esta tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez más analistas coinciden en que reconfigurará de arriba abajo el mercado laboral y la sociedad, los especialistas en IA se han hecho un hueco entre los perfiles más codiciados por empresas de todos los sectores: desde la banca, la consultoría y el comercio hasta la industria pesada, la salud o la informática. Las instituciones educativas vascas supieron anticipar que esta tecnología se convertiría tarde o temprano en un motor clave de desarrollo económico e innovación. Tanto la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) como la Universidad de Deusto fueron pioneras en España al poner en marcha los primeros grados centrados en esta disciplina en el curso 2020/2021. Mientras la universidad pública apostó por lanzar un grado específicamente centrado en IA, el campus privado diseñó itinerarios combinados para unir la IA con la Ciencia de Datos o la Ingeniería Informática. Tras aquel hito académico, las primeras remesas de graduados vascos en IA ya se encuentran inmersos en el tejido productivo. Elaia Artabe trabaja en Management Solutions: «Toda la clase tenía trabajo incluso antes de terminar la carrera». «entre los compañeros de carrera, el primer año el salario anual podría rondar entre los 23.000 y 32.000 euros, aunque con tres o cuatro años de experiencia hay empresas que superan los 50.000 euros y algunas que pagan barbaridades, aunque depende del sector». Sergio Camarena trabaja en IDOM: «A muchos les ofrecen salarios de salida desde los 20.000 euros, que es insuficiente para cualquier persona. Si vives con tus padres pues bueno, pero si no… Hasta que no cumples los tres años de experiencia en consultoría es difícil pasar de los 30.000 euros...Me gustaría formar una familia y quedarme en Euskadi». Nagore Bravo trabaja en Euskorpora: «El punto de partida de alguien que acaba de entrar al mercado es muy similar al de otras carreras, aunque existe muchísima variabilidad dependiendo de la empresa, del sector y la especialización», afirma. Y aunque «existe una diferencia salarial importante respecto a otros mercados internacionales, ahora se puede vivir en Euskadi y trabajar para una empresa de otro país». En cualquier caso, a Nagore le gusta la presencialidad, y «pese a que el salario importa, no lo es todo: también valoramos muchísimo cuestiones como la flexibilidad, el teletrabajo, el proyecto o las posibilidades de aprendizaje».

Entrevista con Paula Aristizabal, fundadora y CEO de Onkoreplica: "Lo que hacemos es coger una muestra de la paciente –en nuestro caso de cáncer de mama– a través de una biopsia para, con una impresora 3D, hacer un ‘mini tumor’ como el que tiene el paciente», explicó la investigadora. Porque a diferencia de lo que se hace actualmente, cuando los fármacos se testan en animales, en Onkoreplica «queremos que las terapias se prueben en ese ‘mini tumor’ creado en laboratorio para comprobar ‘in situ’ si puede funcionar». "Es importante preguntarte si la idea resuelve algo, porque puedes pensar algo chulísimo de lo que te enamores y con lo que te obsesiones, pero si no resuelve una necesidad o no es algo diferente va a ser bastante difícil sacarlo adelante porque hay mucha competencia. Da igual que hagas sillas o aeronaves, si alguien lo hace mejor que tú no tienes nada que hacer. Así que hay que ver en qué te diferencias...Por desgracia, algo muy crítico es el dinero y la financiación. Hay muchísimas ayudas y herramientas para emprender, pero hacerlo en el sector científico es muy caro. Muy, muy caro...- ¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar este camino? – Que me hubieran insistido en la idea de ir acompañada, porque sí me imaginaba que iba a ser un proceso largo y duro, pero es agotador. Y me da envidia cuando veo a amigos que han emprendido con otra persona y pueden compartir responsabilidades, preocupaciones, los momentos buenos..."

El tejido industrial de Álava abarca desde grandes multinacionales consolidadas hasta empresas emergentes de reciente creación. Así se pudo comprobar durante la mañana de ayer en el centro de Vitoria con motivo de la tercera edición del ‘Made in Araba Day’, evento impulsado por la Diputación. La feria, presidida un año más por el neumático de mayor tamaño que Michelin fabrica a nivel mundial, atrajo a cientos de visitantes a la plaza de la Virgen Blanca y a la plaza de España, cuyas miradas se dirigieron hacia la nueva furgoneta eléctrica VLE de Mercedes. Nada más desembarcar en la exposición, el vehículo captó la atención del público. Inclinados levemente hacia delante y con las manos a la espalda, numerosos asistentes examinaban su carrocería e interior a la espera de poder sentarse al volante. «Mañana me compro una», bromeaba un viandante sobre un modelo que alcanza los 100.000 euros. «Sólo en el retrovisor tiene tres cámaras», destacaba otro espectador entre la multitud. A poca distancia, el Bizkor RS26 del equipo Formula Student Vitoria despertaba una expectación similar.

Entrevista con Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco. La financiación de la Universidad del País Vasco (EHU), el desequilibrio en la oferta de plazas universitarias entre las redes pública y privada, o las dificultades de Euskadi para atraer talento investigador de prestigio mundial son algunos de los temas que ocupan el día a día de un hombre que rezuma ciencia y ansias por el saber por sus cuatro costados. "...La aprobación de la ley vasca de universidades podría ser a lo largo del año que viene o ya en 2028...Por un lado, introduce una idea clara de cómo queremos que sea la relación de nuestras universidades con el resto del mundo, con un núcleo que es la Eurorregión, un segundo círculo que es la macrorregión... Para nosotros la movilidad internacional de nuestros investigadores es esencial. La queremos promover y la queremos premiar...-Los sindicatos denuncian que ustedes favorecen a las privadas...– Eso es una falacia, una falsedad. Basta con mirar los datos, que son públicos, para saber que es mentira. Ya sabe aquello que dicen de ‘Una mentira contada mil veces se convierte en verdad’, ¿no? Pues es lo mismo. Me gustaría dejar una cosa muy clara: para el Gobierno Vasco, EHU es esencial en el sistema universitario vasco. Es el centro...Le puedo decir que en esta legislatura no ha habido un solo departamento del Gobierno Vasco que haya crecido más que el mío, y de este crecimiento se ha beneficiado mucho EHU. Además, estoy convencido de que no ha habido en la historia de la universidad pública un trienio como este, con una subida acumulada del presupuesto tan importante como la que va a haber o confío que va a haber. Y encima la diferencia respecto al dinero que damos a EHU y a las privadas es abismal: 426 millones de euros frente a los 18 entre Deusto y Mondragon...Nosotros queremos que la oferta de Medicina sea mayor. Ahí estamos dispuestos a aceptar lo que nos pongan encima de la mesa en plazas de Medicina en euskera. – ¿Por qué solo en euskera? – Porque son los estudiantes que tienen luego más probabilidades de quedarse aquí..."

El Gobierno y numerosos expertos han lanzado reiterados mensajes de tranquilidad, defendiendo que la viabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema están garantizadas. Sin embargo, la cuestión de fondo puede no ser tanto la viabilidad del sistema. Mientras los poderes públicos estén dispuestos a financiarlo mediante cotizaciones, impuestos o deuda, las pensiones seguirán pagándose. El verdadero debate que se presenta es cuánto presupuesto público quiere destinar la sociedad a esta partida y qué implicaciones tendrá esa decisión sobre otros gastos públicos. Porque si el gasto en pensiones crece exponencialmente y de manera más intensa con la llegada a la jubilación de seis millones de baby boomers hasta mediados de la década de los cuarenta, y se lleva más parte de la tarta del Presupuesto, habrá menos dinero para financiar otras necesidades de las generaciones más jóvenes que son, además las que sustentan esas jubilaciones. El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el economista Ángel de la Fuente, lo explicó de manera nítida en su comparecencia ante los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo: “A los jóvenes que preguntan si tendrán pensión hay que decirles con toda seguridad que sí, las pensiones serán lo último que se deje de pagar. Lo que menos peligra es el sistema de pensiones, pero peligra más todo lo demás”. Ese todo lo demás al que alude De la Fuente incluye partidas como educación, vivienda o ayudas familiares. 

"No hay noticias (por ahora) de los tan temidos efectos de segunda ronda del encarecimiento de la energía...La inflación no da tregua y las presiones persistentes que se derivan de los mercados energéticos son poco halagüeñas, pero detrás de las grandes cifras también se desprenden noticias positivas y relevantes para la política económica...La parte positiva es que no se detectan efectos significativos de segunda ronda de la perturbación energética, al menos de momento. Los salarios pactados durante el presente ejercicio se sitúan en el 3,6%, un poco por debajo de la inflación anticipada para el conjunto del año. Tampoco se observa un contagio muy significativo de los carburantes al resto de precios: la cadena alimentaria ha reaccionado con moderación, y el repunte que se ha producido en el último mes se concentra en unos pocos productos que componen la cesta de la compra. Nada que ver con lo ocurrido en el anterior ciclo inflacionario —entre 2021 y 2025, el IPC de los alimentos subió a un ritmo anual del 7%, más del doble que este año—. En cuanto a los bienes industriales, o bien las empresas están absorbiendo el plus de costes de producción comprimiendo sus márgenes, o bien estas se ven desplazadas por la importación de productos chinos. Y, si bien los servicios suben a un ritmo cercano al 4%, la tendencia precede el conflicto geopolítico, reflejando factores de fondo como el auge del turismo..."

Estelle Brachlianoff (París, 54 años) es una de las pocas mujeres que dirigen una multinacional de la entidad de Veolia, que opera en más de 50 países, emplea a 215.000 personas y tiene un valor en Bolsa de 23.500 millones de euros. El grupo francés está especializado en la gestión del agua, los residuos y los servicios energéticos. "España se ha situado históricamente por delante de la curva en materia hídrica porque tuvo que enfrentarse a la escasez de agua y a la sequía mucho antes que la gran mayoría de las naciones europeas. Eso ha convertido a España en nuestro principal laboratorio global de innovación en gestión del agua, cuyas soluciones exportamos hoy a otros 45 países. El ejemplo más claro es la reutilización y el reciclaje de aguas residuales: mientras que en España ya se recicla el 15% del agua residual, en países como Francia o en gran parte de Europa esa cifra no llega al 1%...La anticipación es el factor más determinante en la gestión ambiental. Las crisis son siempre más costosas que la inversión preventiva. Resolver una crisis hídrica cuando ya se está sufriendo en pleno verano cuesta ocho veces más que anticiparse mediante la planificación e inversión en infraestructuras sostenibles, como la regeneración de agua o la desalinización eficiente. Por esa razón hemos decidido invertir 1.000 millones de euros en España hasta 2030, para ayudar al país a desplegar masivamente estas soluciones sin esperar al siguiente periodo de sequía...La seguridad del suministro de agua y de energía es exactamente igual de crítica que la seguridad nacional o la estabilidad geopolítica..."

Alemania necesita cada vez más trabajadores extranjeros para compensar el envejecimiento de su población, pero el auge del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) en todo el país, y su entrada por primera vez en un Gobierno regional tras vencer en las elecciones de Sajonia-Anhalt, pueden dificultar los esfuerzos para atraer personal cualificado de otros países. De acuerdo con su programa electoral regional, AfD fomenta el retorno de alemanes a Sajonia-Anhalt para hacer frente a esta escasez de trabajadores, que se cifra en un déficit de casi 14.000 en este Estado del este y que se prevé de 32.000 para el año 2031, según un estudio del Instituto Leibniz de Investigación Económica de Halle IWH. Hasta antes de la caída del Muro, Sajonia-Anhalt tenía una población ligeramente por encima de los tres millones. En los últimos 10 años ha perdido cerca de 130.000 habitantes y se sitúa en 2,1 millones de personas. Para potenciar la vuelta de alemanes, AfD —obtuvo un 43,8% de los votos en las elecciones del pasado 6 de septiembre en esta región— quiere ofrecer primas económicas y ayudas a la vivienda o plazas en guarderías. Pero los economistas dudan de que funcione. 

España inicia un ciclo electoral que seguirán Francia, Italia y Polonia Los cálculos sobre las futuras mayorías han empezado dentro y fuera de sus fronteras. Europa se prepara para un año de urnas que puede desplazar su centro de gravedad hacia la derecha. El adelanto electoral español al 29 de noviembre abre un calendario que continuará en 2027 con las Presidenciales francesas y las legislativas de Polonia e Italia. En juego está el Gobierno de cuatro de las grandes economías de la UE y la posibilidad de que la derecha radical amplíe su poder. Los cálculos sobre las futuras mayorías han empezado dentro y fuera de sus fronteras. En España, las incógnitas son si el PP de Alberto Núñez Feijóo será el partido más votado, si podrá reunir una mayoría para gobernar y qué papel desempeñaría Vox. Si necesita a Santiago Abascal, quedará por resolver qué exigirá éste y si ambos acordarán una coalición. En Francia, Marine Le Pen, dirigente de Agrupación Nacional y principal figura de la derecha radical francesa, mira hacia Madrid como anticipo de su batalla por el Elíseo. El miércoles se reunió en Bruselas con Abascal y celebró la posibilidad de que Vox entre en el Gobierno español. Dos días antes, Jordan Bardella, presidente de su partido, había acompañado al líder de Vox en Ceuta. Las urnas españolas todavía no han repartido un escaño y sus posibles consecuencias ya alimentan las expectativas de sus aliados.

Emmanuel Macron arremete contra los que «pretenden derribar nuestras instituciones». Sébastien Lecornu culpabiliza a los grupos de ultraizquierda de la alta tensión: «No nos dejaremos intimidar». El caos, el pillaje y la violencia sacudieron las ciudades francesas durante las marchas convocadas por los estudiantes, los sindicatos y los chalecos amarillos, que convocaron a unos 550.000 manifestantes. Los enfrentamientos con la Policía, que respondió con una lluvia de gases lacrimógenos, cañones de agua y granadas aturdidoras, se saldaron con 1.200 detenidos y 150 policías heridos a lo largo de una jornada marcada por la alta tensión en todo el país. Emmanuel Macron salió de la cautela y arremetió contra «los sembradores del caos que solo buscan derribar nuestras instituciones e impiden que quienes expresan pacíficamente sus reivindicaciones puedan hacerlos». El presidente, objeto de la ira de los manifestantes a los gritos de «¡Macron, dimisión!», advirtió que los responsables de los destrozos y los saqueos «serán perseguidos y castigados». Sébastien Lecornu convocó a la célula interministerial de crisis a la luz de los graves incidentes. Con las dramáticas escenas de barricadas, incendios, humaredas y cristales rotos en las calles de París, Marsella, Lyon, Nantes, Niza o Burdeos como telón de fondo, Lecornu denunció «una violencia extrema contra las fuerzas del orden» y culpó de los incidentes a «grupos organizados de ultraizquierda».

Entrevista con Jérome Fourquet, sociólogo y ensayista. El director del instituto IFOP ve un vacío de poder incapaz de dar respuesta al malestar.  El clima de descomposición, las fracturas, las desigualdades que han alimentado los extremos. Ahora, en plena ola de protestas, cree que el país se encamina a un callejón sin salida. Un fin de reinado, como él mismo lo define, que ni siquiera tiene garantizada una solución tras las próximas elecciones presidenciales. "Su primer ministro [Sébastien Lecornu] tardó mucho en tomar la palabra. Su ministro de Educación [Édouard Geffray] no tiene una posición muy clara. Y todo eso contribuye a reforzar la sensación de que nadie pilota el avión. La respuesta al principio fue solo policial, también porque no hay dinero para otra cosa. Pero el sistema está ya sin aliento en el plano económico y social...No es posible solucionar este problema con dinero, porque no hay. Tampoco la cólera de los conductores por el precio del carburante. Estamos en un momento avanzado de descomposición. Lo hemos visto este verano con la ola de calor sin climatización en los hospitales… En todo el sector público existen los mismos problemas: ausencia de material, edificios vetustos, falta de personal...Hoy dedicamos más dinero a pagar la deuda que a la partida de Educación Nacional. Estamos atrapados por nuestro presupuesto. Y antes de que hubiera la huelga de los estudiantes ya existía el problema de la gasolina y el Ministerio de Economía no quería aportar las ayudas porque no podía. El debate presupuestario la semana que viene será muy complicado. El presidente y el primer ministro han perdido todo su apoyo. Estamos ante el final de un reinado..."

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la aplicación de una ley de sanciones contra Rusia aprobada en el Congreso norteamericano y firmada por él mismo fue condenada ayer, horas después de que trascendiera la maniobra, por quien más perjudicado sale: el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que vuelve a ver cómo el principal soporte de su país en el rechazo a la agresión rusa ofrece un nuevo balón de oxígeno a Vladímir Putin, jefe del Kremlin. Y, con ello, aleja la posibilidad de un acuerdo para el final de una guerra que se alarga ya más de cuatro años y medio donde los intereses de Kiev queden reforzados. «La decisión de cancelar todo esto, de bloquear todo esto, es para mí equivocada», dijo ayer el presidente ucraniano a la prensa. «Y, sin duda, solo ayuda a Rusia. Sin duda, no para la guerra». En la víspera, Trump había firmado una orden ejecutiva que bloquea la entrada en vigor de una amplia ley de sanciones contra Moscú que aprobó el Congreso estadounidense el mes pasado. La legislación, que busca asfixiar la maquinaria bélica del Kremlin para forzar a Putin a poner fin a la invasión de Ucrania, tuvo apoyo tanto de republicanos como de demócratas. De hecho, lleva el nombre de Lindsey Graham, un senador conservador fallecido en julio, aliado acérrimo del presidente de EE UU y baluarte de la política agresiva contra rusos e iraníes.