20261023

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La directiva ordiziarra Amaia Susperregui, presidenta de Jaso Group, fue distinguida ayer con el Premio Joxe Mari Korta 2026, el máximo reconocimiento del ámbito económico y empresarial otorgado por el Gobierno Vasco. El jurado, que acordó la decisión de manera unánime, valoró su compromiso por el arraigo, la excelencia, la cercanía al tejido empresarial y su contribución sostenida al desarrollo económico e industrial de Euskadi. La ceremonia de entrega, presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, se celebró ayer en Ajuria Enea. La ordiziarra Amaia Susperregui ha desarrollado toda su trayectoria profesional en Jaso Equipos de Obras S.A., empresa a la que se incorporó en 1991, ocupando desde entonces distintos puestos de responsabilidad hasta asumir en 2023 la presidencia del Consejo de Administración de las principales sociedades del grupo. En su discurso durante la entrega, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, agradeció su aportación a la empresa y a Euskadi durante las tres últimas décadas. Ver más en Confebask

El lehendakari, Imanol Pradales, apeló ayer al legado «humanista» y «dialogante» de Joxe Mari Korta, asesinado por el ETA hace 26 años, durante la entrega del premio que lleva el nombre del empresario a Amaia Susperregui, presidenta de Jaso Group. El que fuera presidente de la patronal guipuzcoana, aseveró Pradales, «se rebelaría ante quienes no quieren sentarse a dialogar en una mesa; y nos animaría a construir en positivo, a negociar sin condiciones, a ponerse en el lugar del otro y aprender a ceder para alcanzar acuerdos que sean de todos y no sean de nadie». Las palabras del jefe del Ejecutivo vasco adquieren una connotación especial por el momento en el que se producen, cuando los sindicatos han puesto el foco sobre la negativa de Confebask a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi. Apenas 24 horas antes, LAB y ELA habían pedido en persona que retirase la financiación adicional que se concederá a la patronal vasca a través de la Ley de Diálogo Social, que no le «premie» cuando no está «cumpliendo con sus funciones».

El pacto cerrado por PNV y PSEEE, que suman mayoría en las Juntas Generales de Bizkaia y tienen garantizada su aprobación –mientras que en Álava y Gipuzkoa necesitarán el apoyo de Podemos o el PP, después de que EH Bildu haya anunciado una enmienda a la totalidad–, contempla una modificación del Impuesto sobre Sociedades que afecta al régimen especial de las empresas dedicadas al alquiler de viviendas. La reforma, que ambas formaciones quieren aprobar antes de que termine el año, condicionará las ventajas fiscales de las que disfrutan estas compañías a que los precios que cobran a sus inquilinos se ajusten a los valores de referencia. Además, aumentan las bonificaciones en el IRPF para quienes arrienden una vivienda a menores de 36 años o la cedan al sector público, y los ayuntamientos podrán aplicar recargos de hasta el 150% del IBI a los inmuebles turísticos que están ubicados en las zonas tensionadas. Jeltzales y socialistas también han acordado una batería de incentivos fiscales para animar a los propietarios a sacar más viviendas al mercado del alquiler. 

Alquiler asequible. Se eleva del 30% al 35% la bonificación en el IRPF sobre los rendimientos obtenidos por el propietario cuando el inquilino sea menor de 36 años...Ahorro estable a largo plazo. Se crea un régimen fiscal favorable para la Cuenta de Ahorro e Inversión ‘Financia Europa’. Los rendimientos quedarán exentos de IRPF si el capital se mantiene, al menos, cinco años...Compra de vivienda. El tipo general del ITP para la compra de vivienda se mantiene en el 4%. El impuesto sube al 5% cuando se supere la tercera vivienda, al 6% cuando supere la quinta y al 7% cuando supere la décima. También se prevé un tipo reducido para los compradores menores de 36 años: un 25% inferior al general (el 3% frente al tipo general del 4%, o 1,75% en el tipo reducido del 2,5%). Alojamientos turísticos. Los ayuntamientos podrán aplicar, mediante ordenanza, un recargo del 150% de la cuota del IBI a las viviendas de uso residencial destinadas a alojamiento turístico. Grandes propietarios. Las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas que se acogen al régimen fiscal especial del artículo 115 del Impuesto sobre Sociedades solo disfrutarán de sus ventajas si sus alquileres se ajustan a los índices de referencia. Mayores de 65 años. Se amplía la exención vigente para los mayores de 65 años que transmiten su vivienda. Se plantea complementarla para las personas que se trasladan a una residencia o van a vivir con un familiar, siempre que la vivienda quede desocupada y se ceda a un programa público de intermediación. 

PNV y PSE-EE escenificaron ayer a última hora un acuerdo con el que buscan cerrar las diferencias que han marcado durante las últimas semanas las negociaciones de la reforma fiscal. Un pacto que ambas formaciones presentan como «un paso relevante en la respuesta fiscal al reto de la vivienda» y que llega justo antes de que expire hoy el plazo de presentación de enmiendas en Gipuzkoa. Y es que jeltzales y socialistas han pisado el acelerador para dar forma a un proyecto que ahora afrontará un recorrido político distinto en cada territorio. La fotografía en Gipuzkoa y Álava es idéntica. El texto que se tramita en sus Juntas Generales recoge el acuerdo de mínimos alcanzado entre PNV y PSE-EE, sin incluir algunas de las medidas que incomodaban a los socialistas, como las deducciones por gastos en gimnasios o sanidad privada. Sin embargo, ambas formaciones carecen de mayoría absoluta y tendrán que buscar el respaldo de un tercer partido. La situación en Bizkaia es bien distinta. Jeltzales y socialistas suman mayoría absoluta, por lo que todo lo que pacten tiene garantizada su aprobación. El texto que se tramita en las Juntas Generales es el diseñado inicialmente por el PNV e incluye deducciones por gastos en sanidad privada y gimnasios, dos propuestas que los socialistas vizcaínos descartan respaldar. En este caso, los jeltzales tendrían que buscar el apoyo del PP.

La falta de carga de trabajo tras quedarse sin un contrato clave de British Petroleum que se ha llevado China ha empujado a Vicinay a proponer a los sindicatos el despido de 60 de los 128 trabajadores de Sestao y a plantear un ERTE hasta julio de 2027 que afectaría a la otra mitad de la plantilla. Varapalo a la plantilla de Vicinay, que hace solo unos meses celebraba el rescate de la empresa de una posible quiebra con la entrada del empresario Dámaso Quintana, acompañado por el Gobierno vasco y el fondo Ekarpen. La dirección del grupo concretó ayer al comité las duras medidas que contempla para paliar la falta de carga de trabajo tras quedarse sin un contrato clave de British Petroleum, arrebatado por su rival chino, el grupo Asian Star Anchor Chain. La empresa plantea para su fábrica de Sestao el despido de 60 trabajadores –casi la mitad del total de 128– y para el resto un ERTE hasta julio de 2027. Ambos expedientes se negociarán a la vez.

«Si la Sepi insiste en reclamar su deuda utilizando a la Comisión Europea abocamos a la empresa a una salida sin retorno». Así de contundente fue ayer la reacción del consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, después de saberse que el informe de Bruselas solicitado por el banco público rechaza cualquier quita de los 150 millones que Tubos Reunidos le debe. Jauregi reclamó «ser flexibles» y anunció que se reunirá con los responsables de la Sepi en los próximos días para tratar de buscar un acuerdo que permita salvar a la siderúrgica vasca. Pero el informe de la Comisión Europea complica mucho las cosas, aunque, como señaló el consejero vasco, no sea «una posición definitiva, sino una opinión a instancias de la Sepi». Y es que el portazo que la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda ha dado al proceso llega después de que los inversores presentaran sus ofertas en el concurso de acreedores de Tubos Reunidos. Unas propuestas que, en todos los casos, preveían la desaparición de este pasivo. Por ello Jauregi confirmó que los «inversores están muy preocupados» porque «las ofertas se hicieron pensando en que no iba a haber deuda», así que «ha sido una sorpresa para ellos». La india Welspun comienza el lunes los contactos con los trabajadores. 

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, instó ayer a la universidad pública a «reconsiderar» su decisión de no renovar el convenio de colaboración con CAF por el contrato para construir el tranvía de Jerusalén. El mandatario advierte que se abre un «camino peligroso» porque «son cientos las empresas que en Euskadi mantienen relaciones con Israel». El Gobierno vasco es accionista minoritario de la empresa ferroviaria con una participación del 3%. Aunque el año pasado el lehendakari pidió a la compañía una «reflexión ética» por sus negocios en el país hebreo –algo que desconcertó a varios círculos empresariales–, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, también se afanó en aclarar que CAF «fabrica trenes, no bombas». Pérez Iglesias, que también fue rector de la EHU, señala que aunque la «autonomía» de la universidad es «perfectamente respetable», no existe «ninguna resolución jurídica que impida las relaciones comerciales de CAF con Israel». Además apela a cuestiones éticas. «¿Dónde se ponen los límites?», advierte señalando que en muchos casos hay empresas vascas que mantienen relaciones «de carácter militar». «Y si pensamos en países, ¿por qué Israel y no Rusia? ¿Por qué no Estados Unidos? », cuestiona, y señala que entrar en estas consideraciones «puede conducir a contradicciones muy difíciles de salvar». El impacto académico es directo porque implica el cierre del aula CAF, en la que se han formado desde 2022 una treintena de estudiantes en proyectos como la minimización del ruido en curvas del trazado del tranvía de Bilbao y de Vitoria o la digitalización del transporte de autobuses urbanos. Son además proyectos que «ni de cerca, ni de lejos estaban relacionados con el sector armamentístico», recalcaron fuentes docentes.

El despliegue de la energía eólica en Gipuzkoa vuelve a topar con obstaculos regulatorios. La promotora madrileña Green Capital Power –filial del grupo Capital Energy– ha renunciado oficialmente a la construcción del parque eólico ‘Jarindo’, un proyecto que contemplaba la instalación de cuatro aerogeneradores y 20 megavatios de potencia bruta repartidos entre los términos municipales guipuzcoanos de Eskoriatza y Leintz-Gatzaga y los alaveses de Aramaio y Legutio. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco formalizó ayer en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) la resolución por la que acepta la solicitud de desistimiento de la compañía y decreta el archivo definitivo del expediente, motivado por un informe denegatorio emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La estricta normativa de servidumbres aeronáuticas exige que los aerogeneradores guarden una distancia de seguridad de al menos 30 kilómetros respecto a los radares aeroportuarios primarios y secundarios, así como un radio de exclusión de 10 kilómetros para preservar los sistemas de radiofrecuencia (VOR). A ello se añade que cualquier infraestructura que supere los 100 metros de altura adquiere la consideración de obstáculo para la navegación aérea y requiere un estudio de afección operativa específico, una barrera técnica que ya frustró los molinos de 121 metros en Ezkeltzu por su cercanía al aeropuerto de Hondarribia y que ahora vuelve a desbaratar la iniciativa de Green Capital. Con la caída de ‘Jarindo’, la comarca de Debagoiena ve frustrado su segundo gran desarrollo eólico en menos de dos años. 

La mayoría sindical vasca, integrada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru, junto a la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda, hizo públicas ayer en Bilbao las reivindicaciones y movilizaciones acordadas para la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre. Bajo el lema unitario ‘Etxebizitza eskubidea bermatzeko, espekulaziorik ez! Contra el empobrecimiento, subida de salarios’, las centrales reclamaron situar la vivienda como un derecho público garantizado al mismo nivel que la sanidad o la educación, vinculando la actual emergencia habitacional con la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas laborales. El comunicado arremete directamente contra las instituciones y los partidos políticos, a quienes advirtieron de que no tolerarán que «utilicen la cuestión de la vivienda para sus intereses, sin plantear soluciones reales». Los convocantes criticaron al Gobierno central del PSOE por no haber tomado «ninguna medida para cambiar la situación de forma estructural» en ocho años, y señalaron con dureza al Gobierno Vasco y al Gobierno de Navarra por utilizar sus competencias autonómicas para «apoyar políticas que refuerzan el negocio». Las críticas alcanzan también a los ayuntamientos de todos los signos por desahucios ejecutados «sin alternativa», así como a las patronales Confebask y CEN, a las que acusaron de «seguir perpetuando la precarización» y de negarse a negociar un salario mínimo propio adaptado a la CAV y Navarra.

La CEOE ha renunciado finalmente a recurrir la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre, según han confirmado este jueves a EFE fuentes de la patronal. Esta decisión llega pocos días después de que el presidente de la organización, Antonio Garamendi, asegurara que iba a impugnar la convocatoria por considerar que "no es una huelga laboral" sino "electoral". En cualquier caso, los expertos habían advertido de que era muy difícil que la huelga se considerara motivada únicamente por motivos políticos -lo que la convertiría en ilegal-, ya que se trata de un derecho fundamental recogido en la Constitución del que la jurisprudencia hace una interpretación amplia.

Antonio Garamendi quiere poner coto a la doble afiliación empresarial. En plena pugna por la representación a nivel institucional y de diálogo social, el presidente de la CEOE ha planteado internamente la posibilidad de prohibir que las organizaciones integradas en la gran patronal española puedan pertenecer simultáneamente a otras confederaciones, según revelan a EL MUNDO fuentes conocedoras de la maniobra. La propuesta, que aún no se ha traducido en una decisión formal, será objeto de estudio por parte de la Comisión de Régimen Interno de CEOE, encargada de analizar las cuestiones relativas al funcionamiento y las normas de la organización. El movimiento responde a la creciente pugna por la representación empresarial a nivel nacional y tiene un antecedente concreto: la incorporación del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid y de la Asociación Empresarial de Gestores y Gestorías Administrativas a Conpymes, la patronal creada en 2021 con la aspiración de disputar a CEOE y Cepyme su hegemonía en la interlocución con el Gobierno y amadrinada por Begoña Gómez. Ambas anunciaron su adhesión a Conpymes el pasado mes de mayo, pese a mantener su vinculación con las patronales tradicionales, defendiendo la compatibilidad de ambas pertenencias y reivindicando la conveniencia de participar en distintas plataformas de representación empresarial. La operación planteó una cuestión hasta ahora no resuelta en la estructura patronal: si una misma asociación puede participar en organizaciones que compiten entre sí por los mismos espacios de representación institucional. En la actualidad no existe una prohibición expresa de doble afiliación empresarial, aunque cada organización puede establecer sus propias condiciones estatutarias de pertenencia.

Bankinter vuelve a batir su récord. El grupo pilotado por Gloria Ortiz ganó 901 millones de euros entre enero y septiembre, un 11% más que el mismo período del año pasado, y en línea con las previsiones de los analistas. Sin embargo, la acción cayó un 7,56% en una jornada bajista para los parqués. La consejera delegada de la entidad enmarcó el descenso en Bolsa en un momento de volatilidad del sector europeo, debido, entre otras cosas, a la incertidumbre por la crisis de la deuda francesa y a los recientes fallos en la funcionalidad de “algunos neobancos”, que a su juicio han puesto “en palestra” la seguridad de las entidades. El empuje de la actividad en todas las líneas de negocio y la diversificación de los ingresos fueron los motores de la cuenta de la entidad, que se encamina a cerrar su quinto ejercicio con resultados históricos, pese a un entorno marcado por la incertidumbre.

Barclays anunció ayer un recorte de 5.000 empleos, lo que supondrá reducir la plantilla en un 5%, sobre 93.000 trabajadores. La medida está vinculada a la introducción de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías, dentro de su estrategia de reducir costes y mejorar márgenes. Según su directora financiera, Anna Cross, mil personas ya han salido del banco y el resto se completará este año. El banco espera ahorrar costes por 1.100 millones de libras (1.310 millones de euros) en 2027. “Alrededor del 60% de las acciones [despidos] del grupo corresponden a funciones de apoyo, incluidos los analistas cuantitativos. La IA hace que nuestro personal sea más productivo”, mantuvo la financiera. El consejero delegado. C. S. Venkatakrishnan cree que la IA es la “guinda en el pastel” para modernizar la tecnología del banco. El sector se enfrenta a importantes cifras de despidos por la IA. En España, algunos informes sitúan en un 25% la mano de obra que está en juego en la próxima década. En Reino Unido, la entidad que hasta ahora había ido más allá en anunciar recortes de empleo vinculados a la IA era Standard Chartered, que, en cuatro años, prevé 7.000 salidas, lo que supone el 15% de su plantilla total. HSBC ha reconocido que se destruirán perfiles, pero que ya se crean nuevos.

Las grandes empresas españolas, aquellas con una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros al año, tributaron en 2024 a un tipo efectivo del 20,6% sobre su base imponible, que es la magnitud del impuesto de sociedades sobre la que se calcula el pago. Sin embargo, cuando las cuentas se realizan sobre sus beneficios contables, el porcentaje de gravamen cae notablemente, hasta el 8,9%. La diferencia refleja la distancia entre las ganancias que las compañías registran en sus balances y la cantidad sobre la que finalmente se calcula el impuesto. Así lo reflejan las Cuentas anuales consolidadas del impuesto sobre sociedades, unas estadísticas publicadas ayer por la Agencia Tributaria. En el tramo de facturación más alta de España —más de 1.000 millones de euros por compañía— figuran 300 firmas que operan en un sinfín de actividades, desde banca a energía, pasando por la industria, la construcción o los servicios. En total, esas entidades registraron conjuntamente una cifra de negocios superior al billón de euros y un beneficio de 132.200 millones. Sin embargo, lograron reducir su base imponible hasta los 57.000 millones y pagaron una cuota líquida positiva de 11.780 millones, lo que arroja tipos efectivos muy distintos según el método de cálculo que se utilice. La diferencia entre los gravámenes se explica porque el beneficio contable de las empresas no coincide necesariamente con la base imponible, que es la cantidad sobre la que se calcula el impuesto. Se llega a ella tras aplicar a los beneficios ordinarios una serie de ajustes como la exención por doble imposición de dividendos (diseñada para evitar que el mismo concepto tribute dos veces en países distintos) o la compensación por pérdidas con créditos fiscales de años anteriores (que permite rebajar el impuesto si una empresa ha registrado números rojos en ejercicios previos). A eso se suman otra serie de deducciones y amortizaciones. Gracias a estos mecanismos, que son legales y están recogidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el importe sujeto a tributación siempre es inferior al beneficio, lo que rebaja sustancialmente la cuota efectiva a pagar.

La batalla jurídica librada por Repsol contra la arquitectura fiscal extraordinaria que el Gobierno adoptó por la crisis energética desatada desde la invasión de Ucrania ha registrado dos victorias clave para la compañía en la Audiencia Nacional. A través de dos resoluciones dictadas por distintas secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la justicia ha suspendido el carácter ejecutivo de las liquidaciones realizadas por la Agencia Tributaria en concepto del Gravamen Temporal Energético de dos ejercicios, cuyo importe supera los 272,7 millones de euros. El primer varapalo se formalizó mediante el auto de la Audiencia Nacional, relativo al ejercicio 2023, por una cifra de 152,4 millones. En dicha resolución, el magistrado ponente razonó que exigir el desembolso automático comprometería la eficacia de una eventual victoria judicial. Pocos meses después, la misma sala siguió idéntico criterio respecto a la liquidación del ejercicio 2024, de 120,3 millones. En este segundo auto, el 28 de septiembre, el tribunal constató que “no existiendo oposición a la adopción de la medida cautelar y analizadas las circunstancias del caso, procede suspender la ejecutividad del acto impugnado”. Un elemento determinante en la postura de los magistrados ha sido el comportamiento de la propia Abogacía del Estado, que en ambos procedimientos rechazó oponerse a la suspensión cautelar solicitada por la energética.

El petróleo cotiza en máximos desde mayo, en los 112 dólares, mientras arrecia la presión sobre Francia: la brecha entre la deuda francesa y la alemana supera los 170 puntos básicos, un nivel no visto desde la crisis del euro de 2011. La combinación amenaza con poner fin a meses de complacencia en los mercados, hasta ahora aupados por la fortaleza de los resultados empresariales y la fe en la inteligencia artificial. Pero este pilar está dando señales de flaqueza. Tras un par de semanas de dudas sobre la deuda ligada a la construcción de los centros de datos, ayer las previsiones de gasto de Meta agudizaban las dudas. Y los inversores se plantean la pregunta que hasta hace poco obviaban: cuánto tiempo deberán esperar para que la carrera por la IA empiece a generar retornos reales. El mal momento de la tecnología se refleja en la caída de Wall Street, por encima del 2,5% en el caso del índice tecnológico Nasdaq a las nueve y media horario peninsular español. El selectivo de semiconductores de Philadelphia sufría un descenso del 6,4%, y el S&P 500, referencia oficial de la Bolsa de EE UU, se dejaba alrededor de un 1,4% después de que Meta reconociera que precisará levantar “cientos de miles de millones de dólares” en el mercado en los próximos años para financiar su apuesta por la IA. El Ibex 35 bajó el 2,1%, algo más que el resto de Europa. Si el miércoles el selectivo español coqueteaba con los 19.300 puntos, en la jornada de ayer cerró en 18.900, con la banca en el punto de mira particular y Francia en el general.

Los transportistas reclaman medidas urgentes para compensar el impacto del aumento del precio del gasóleo. Una oleada de protestas de transportistas por el aumento del precio del carburante sacude desde hace días el sur de Italia, donde los bloqueos en las carreteras están provocando problemas de abastecimiento en supermercados, gasolineras y aeropuertos. La huelga llevó ayer al Gobierno de Giorgia Meloni a aprobar de urgencia ayudas por 550 millones de euros para intentar poner fin a los cortes de carreteras. El desabastecimiento afecta a las regiones de Sicilia, Calabria, Campania y Apulia. En Nápoles, una de las ciudades más afectadas, la situación es crítica tras casi una semana de huelga de camioneros: las estanterías de numerosos supermercados están vacías, especialmente las de productos frescos, y muchas gasolineras se han quedado sin combustible. Las consecuencias de la huelga llegaron incluso a los aeropuertos. Los de Reggio Calabria y Crotone se quedaron sin combustible para los aviones, mientras que el de Nápoles también registra restricciones en el suministro. Las compañías aéreas recibieron instrucciones de comenzar a repostar en otros aeropuertos para garantizar los vuelos. Las universidades recurrieron a la enseñanza a distancia ante las dificultades de movilidad.