20261020

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

«¿Es que las empresas y los autónomos tienen la culpa de que no haya viviendas en España?", denuncia Garamendi el mismo día en que los sindicatos registran el paro. La CEOE intentará parar la primera huelga general en catorce años, la primera que se celebrará con unas elecciones generales a la vista que podrían cambiar el color del Gobierno. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, confirmó este lunes que la impugnará en los tribunales al considerarla "electoral" y, por tanto, ilegal. Y lo avanzó el mismo día en el que las organizaciones sindicales -entre ellas CC OO y UGT- registraron en el Ministerio de Trabajo el paro general del próximo 11 de noviembre, que nace como resultado de las protestas en torno a la vivienda que se han producido tras el desahucio de Maricarmen Abascal. El argumentario esgrimido por los sindicatos no ha convenido a Garamendi, que considera que está «trufado» con reivindicaciones laborales para dotar de carácter legal una movilización que se produce solo dos días antes del inicio de la campaña electoral. «Este no es el camino», aseveró el empresario vasco durante la clausura de los XXV Premios ATA. Por ello, la CEOE ya está trabajando en las razones que esgrimirán ante los tribunales y que se darán a conocer este miércoles, después de la reunión que mantendrán sus órganos de gobierno. 

El reto demográfico como clave de la competitividad empresarial fue el tema que Confebask analizó esta pasada semana en una jornada celebrada en Bilbao. La presidenta de la patronal vasca, Tamara Yagüe, alertó de que la falta de relevo generacional en el mundo empresarial “ya se ha con-vertido en una brecha estructural de talento”. Desde Confebask llevan años advirtiendo de que “si no actuamos a tiempo”, Euskadi podría llegar a 2035 con un “déficit de 240.000 trabajadores”. Un reto que puede poner en peligro los actuales niveles de bienestar que disfrutamos, según el planteamiento de la organización, que calcula que “el coste de no actuar” en la próxima década tendrá una serie de consecuencias indeseadas. Entre ellas, una reducción del PIB de 22.600 millones y una caída de la recaudación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 1.271 millones. La clave, según expuso Tamara Yagüe en el encuentro del Palacio Euskalduna, es “competir por las personas capaces de hacer posibles” inversiones, el desarrollo tecnológico y la apertura a nuevos mercados. Confebask ha constatado que el 91% de las empresas vascas tienen dificultades para encontrar los perfiles profesionales que necesitan". 

Mil millones. Esa es la factura que el lehendakari Imanol Pradales señaló el mes pasado en el Pleno de Política General que les ha costado hasta ahora a las empresas vascas la política arancelaria de Estados Unidos y el cierre del estrecho de Ormuz, provocado por la guerra de Irán con la consiguiente subida de costes energéticos. Pero, a pesar de esos cálculos, el programa de avales que el Gobierno vasco ha activado con Elkargi para financiar hasta 450 millones para la liquidez de las empresas no termina de funcionar. Y es que de esa capacidad de financiación solo se ha empleado un 5%, es decir, 25 millones de euros. Así se desprende del envío de documentación del Ejecutivo al Parlamento a petición del Partido Popular y de la información que ha proporcionado la sociedad de garantía recíproca a EL CORREO. Esos 25 millones se han repartido hasta el 30 de septiembre entre los 16 millones para 28 empresas que han solicitado la financiación por los efectos de la guerra arancelaria abierta por el presidente estadounidense Donald Trump; mientras que otros 9 millones son los que han reforzado la caja de 35 compañías impactadas por las consecuencias del incremento de los costes energéticos derivados del conflicto en Oriente Medio. El caso es que el programa de avales de Gobierno vasco y Elkargi no carbura. Y es que estos 450 millones se han reutilizado ya en dos ocasiones sin éxito como un mecanismo

de alivio que no termina de convencer a las empresas vascas.

El 31 de agosto era la fecha límite establecida por la Comisión Europea para que los beneficiarios de los fondos Next Generation –administraciones públicas, empresas y otras entidades– completaran las inversiones financiadas con estos recursos. Se trata del mayor programa de estímulo económico impulsado por la Unión Europea, concebido para acelerar la recuperación tras la pandemia y modernizar la economía mediante proyectos vinculados a la transición energética, la digitalización y la mejora de la competitividad. Con el plazo ya vencido, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha destacado este lunes en el Parlamento vasco que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia han movilizado 4.694 millones de euros en Euskadi y alcanzado a 30.409 beneficiarios, entre empresas, administraciones públicas y particulares. Sin embargo, de esta cantidad, 2.918 millones proceden de convocatorias gestionadas por el Estado y otros 469 millones corresponden a programas impulsados por otras comunidades autónomas que han tenido repercusión en Euskadi. Los 1.307 millones restantes son los que ha gestionado directamente el Gobierno vasco. De los todos estos millones, se han gastado 1.106, lo que representa el 84,6% del total. Los 201 restantes han quedado sin ejecutar una vez agotado el plazo establecido, aunque esto no significa necesariamente que se hayan perdido. Según la documentación remitida al Parlamento vasco, 24,2 millones corresponden a reintegros y otros 176,9 millones a remanentes. Estos últimos son cantidades que han quedado sin utilizar, bien porque las actuaciones financiadas han requerido menos recursos de los previstos o porque no se ha llegado a consumir la totalidad del presupuesto disponible.

El sector aeroespacial es una de las apuestas industriales que pueden definir el futuro de Europa. Además de la aviación comercial, los aparatos con fines defensivos se perfilan como otro de los ejes de crecimiento de una industria que reúne muchas de las capacidades en las que Euskadi lleva tiempo invirtiendo: empleo de calidad, innovación, sostenibilidad y competitividad. Son los parámetros con los que hoy arrancó la misión institucional y empresarial de Euskadi a Toulouse orientada a abrir nuevas oportunidades para la industria aeroespacial vasca en uno de los principales polos aeronáuticos de Europa. El lehendakari, Imanol Pradales, encabezó la comitiva vasca en el primer día de esta visita oficial, que se extenderá a lo largo de los dos próximos días aunque ya sin su presencia. Pradales visitó las instalaciones del consorcio Airbus, donde la corporación industrial del mismo nombre desarrolla los distintos aparatos del mismo nombre. Airbus es, junto a Boeing, el gran estandarte de la aviación comercial mundial, y sus principales núcleos de producción se hallan en Francia y Alemania, si bien otros países, como España, aglutinan centros de trabajo. Para la industria vasca supone una oportunidad de primer nivel, especialmente teniendo en cuenta la cercanía geográfica con Toulouse, en la región de Occitania.

Las obras del subfluvial, el túnel que unirá ambas márgenes de la Ría para descongestionar el Puente de Rontegi ofreciendo una nueva conexión entre Getxo y Portugalete, ya están en marcha. Una pilotadora de importantes dimensiones, la máquina que sirve para perforar el terreno e ir preparándolo para hacer cimentaciones profundas, empezó a trabajar ayer en el entorno de Ballonti en lo que suponen los primeros pasos del proyecto viario más importante –y costoso– que se va a desarrollar en Bizkaia durante la próxima década. Han sido necesarios treinta años de reflexión política y otros diez de largos trámites administrativos para llegar a este punto. Fue en 1985 cuando el Gobierno vasco puso por primera vez sobre la mesa la necesidad de mejorar el enlace entre Uribe Kosta y el Bilbao metropolitano. La Avanzada y Rontegi habían sido inaugurados apenas dos años antes y ya existía la sensación de que una única carretera no iba a ser suficiente para absorber la densidad de tráfico. Ahora hay menos coches que entonces, pero no son pocos. Unos 175.000 pasan por el puente cada día y, cada vez que se registra un accidente, la ruta colapsa atrapando a miles de conductores.

La falta de avances en la negociación con las empresas subcontratas de Petronor llevará a los sindicatos a emprender movilizaciones. ELA, CCOO, UGT, LAB y ESK, junto a la intersindical de las contratas, celebrarán mañana una asamblea con los trabajadores afectados para someter a referendo las convocatorias de huelga. De esta forma, las centrales quien impulsar el desbloqueo que mantienen estas reuniones. La refinería de Muskiz ocupa a casi un millar de trabajadores directos y suma miles de empleos indirectos vinculados a su actividad. Mañana la parte sindical quiere acordar un calendario de movilizaciones para reclamar mejoras en las condiciones laborales. A las 10.00 horas anunciarán junto a la planta cómo van a afrontar la huelga. No es la primera vez que emprenden movilizaciones. En 2022 ya se convocaron varias jornadas hasta que finalmente se alcanzó un preacuerdo para garantizar la estabilidad de los empleos y lograr avances en las condiciones laborales.

Lanbide invertirá más de 21 millones de euros en cuatro líneas de ayudas dirigidas a impulsar proyectos de empleo local, desarrollar itinerarios de formación e inserción laboral, promover la formación en el puesto de trabajo y financiar la actividad de los centros colaboradores. El director del Servicio Público Vasco de Empleo, Francisco Pedraza, explicó que «el objetivo común» de estas iniciativas es avanzar hacia unas políticas capaces de responder de forma más ajustada a las necesidades de las empresas y a las características de las personas, intensificando la conexión entre las necesidades de contratación y la cualificación de los demandantes de empleo. El conjunto de ayudas aprobado por el Consejo de Administración de Lanbide contempla una partida de 8,15 millones de euros para poner en marcha proyectos dirigidos a la creación de empleo que repercutan en el desarrollo socioeconómico y en la modernización de los diferentes municipios en función de su población desempleada. Se destinará un mínimo de 75.000 euros por comarca. A esta medida se añade otra de 7,95 millones para entidades públicas y privadas, empresas y centros de formación que desarrollen proyectos integrales de empleo, formación e inserción laboral, facilitando el acceso al trabajo respondiendo a las necesidades del mercado y a quienes participan en el proceso de regularización.

La responsable de Osalan destacó que a pesar de la evolución «claramente positiva» de la siniestralidad laboral durante las dos últimas décadas, en el último periodo se viene registrando un ligero repunte que se puede observar en el número de accidentes mortales acumulados hasta septiembre. Si bien los de origen traumático se mantienen estáticos –hay 14, igual que el año pasado–, se han duplicado los de origen no traumático (como infartos o ictus) que pasan de 6 a 13. La nueva campaña pone precisamente el foco en los riesgos psicosociales con el lema «Hay riesgos que se ven, ¿y los que no se ven?» que apunta a la necesidad de reforzar la participación, las relaciones y el clima laboral, la comunicación, la organización, la autonomía, las cargas y los ritmos de trabajo. El mensaje va relacionado con la campaña europea: ‘Compromiso por la salud mental en el trabajo’.

La nueva normativa que está ultimando el Departamento vasco de Educación sobre convivencia positiva en los centros escolares va a dar un importante espaldarazo al profesorado vasco, al que por primera vez se le reconocerá como autoridad pública dentro de los colegios. La decisión equipara, por fin, al sistema educativo vasco con el estatal, el cual ya había legislado sobre este punto en la Ley Orgánica 3/2020. Lo más destacado en relación a esta medida es que, a partir de que el nuevo decreto quede aprobado, la palabra del profesor tendrá «valor probatorio» y «la presunción de veracidad» en los procesos de resolución de conflictos con estudiantes. Aunque en el texto no quede recogido de forma expresa, lo que se busca es protegerles de posibles agresiones físicas o verbales. En este sentido, conviene recalcar que este ‘ascenso’ a autoridad pública otorga ahora a los docentes, además, una situación legal y jurídica mucho más reforzada ante posibles situaciones conflictivas dentro del aula, ya que recibirán asesoramiento y defensa jurídica «en los procedimientos que puedan derivarse del ejercicio legítimo de sus funciones». Para más concreción, con este nuevo decreto, agredir, amenazar o insultar a un maestro en el ejercicio de sus funciones dejará de ser una falta común y podría tipificarse como delito de atentado contra la autoridad –regulado en el Código Penal, artículo 550–, lo que conllevaría incluso penas de prisión.

850.000 personas de Valencia y Alicante tuvieron que ser confinadas en sus hogares. Miles de personas rescatadas al verse atrapadas en los tejados de sus viviendas, pueblos totalmente inundados, calles convertidas en auténticos ríos, cauces desbordados, daños materiales en casas y comercios, carreteras cortadas, vuelos cancelados, cortes de luz, cientos de municipios confinados durante horas y, lo peor, cinco fallecidos. La factura que dejó ayer el temporal Adam a su paso por el Mediterráneo español avivó, dos años después, el fantasma de la gran dana de Valencia de 2024. De norte a sur, las alertas de la Aemet se cumplieron. Durante el fin de semana, la que ha sido la primera gran dana del otoño hizo los primeros estragos en Cataluña y Valencia. Una mujer falleció en Barcelona tras ser arrastrada por la riada y otra mientras se bañaba en el mar en Sagunto. Al día siguiente, ayer lunes, tras una noche de diluvio sin tregua que rompió los registros con más de 600 litros por metro cuadrado en muchos puntos, otras dos personas perecieron víctima de la tromba de agua en las dos comarcas que unen el sur de Valencia y el norte de Alicante, la Marina Alta y la Safor. 

Detrás del boom de cotizantes, que se ha acelerado en estos últimos meses a consecuencia de la regularización masiva de inmigrantes hasta superar por primera vez la cota de los 22,6 millones durante cuatro días de octubre, se esconde una alargada sombra que demuestra que, pese a la reforma laboral, la estabilidad de los nuevos empleos, pese a ser en su mayor parte indefinidos, sigue siendo en demasiados casos efímera, ficticia. Desde la reforma laboral, esa ley que trastocó por completo la contratación en España y puso punto y final a la mayor parte de trabajos temporales, se han formalizado en España 10,4 millones de contratos fijos discontinuos y, sin embargo, en ese mismo intervalo, entre marzo de 2022 y agosto de 2026, el volumen de afiliados a la Seguridad Social bajo esta modalidad apenas creció en 408.000 personas, según recoge el informe ‘El mercado de trabajo en 50 titulares’ publicado este lunes por Randstad Research. Es decir, que para conseguir sumar un cotizante al sistema se han tenido que firmar una media de 25,5 contratos. Este es, sin duda, uno de los talones de Aquiles de la reforma laboral: el ‘boom’ de fijos discontinuos, esos trabajadores intermitentes que se activan y desactivan en función de las necesidades de la empresa, con la que firman un contrato indefinido pese a estar sin empleo durante cierto tiempo, de forma que no pasan a formar parte de las listas de paro, ni cobran indemnización como los temporales cuando terminan su contrato, aunque solo figuran como afiliados en la Seguridad Social durante su periodo de actividad.

Los salarios en España están creciendo por encima de lo pactado en convenio. Es lo que se denomina «deriva salarial», un fenómeno que amenaza con provocar una espiral inflacionista y que está siendo detectado por el Ministerio de Economía al mismo tiempo que Yolanda Díaz impulsa una nueva subida del salario mínimo de hasta el 5%. La Dirección General de Análisis Económico del departamento que dirige Carlos Cuerpo lo pone negro sobre blanco en la última nota de coyuntura, en la que advierte de que «los indicadores de salarios observados sugieren una intensificación de la deriva salarial abierta desde 2023, tras la moderación registrada en los últimos trimestres, respecto a lo pactado en convenios». En concreto, constata que los salarios aumentaron en el segundo trimestre de 2026 en torno al 4% interanual (un 4,1% en el caso de la remuneración por asalariado o un 3,2% en el coste salarial por hora trabajada en términos de contabilidad nacional). También recoge otras variables, como una tasa del 2,5% entre las grandes empresas, un 4,2% según el ICLA (Índice de Coste Laboral Armonizado) o un 4,2% en base a la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Todo ello, mientras la subida salarial pactada en convenio se sitúa en el 3% en 2026. De ahí la «intensificación de la deriva salarial» a la que hace referencia. No obstante, no explica a qué se debe, si responde a cláusulas de revisión, a una mayor competencia por los trabajadores, a complementos salariales, a cambios en la composición del empleo o a otros factores. Ni ahonda en las eventuales consecuencias de que la deriva se consolide: qué capacidad tienen las empresas para asumir nuevas subidas y qué efectos puede tener sobre el empleo, los precios y los márgenes empresariales.

La pérdida del 35,7% del parque inmobiliario para alquiler los últimos cinco años ha desequilibrado el mercado, provocando fuertes subidas de precios que han agravado el problema del acceso a la vivienda en toda España. Este año, el mercado de alquiler ha perdido 16.644 viviendas, si se mira la evolución entre el promedio del año pasado y el tercer trimestre del ejercicio actual, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por el Observatorio del Alquiler. Dentro de la península, hay descensos muy significativos, como es el caso de Gipuzkoa (donde el parque de inmuebles para alquiler residencial se hunde un 26,9%, el mayor porcentaje después de Ceuta, afectada por la avalancha de inmigrantes), seguida de Navarra (20%). Por su parte, Araba pierde casi un 15%(14,9%), y Bizkaia un 13,5%, lo que les sitúa en los puestos 9 y 10 de quienes más alquiler pierden. 

Telefónica, Vodafone, Orange y Deutsche Telekom han firmado una carta de intenciones para estudiar una candidatura conjunta a la futura asignación de espectro para servicios móviles por satélite en Europa. La iniciativa pretende impulsar una alternativa europea a Starlink, la red de satélites de SpaceX fundada por Elon Musk, y ampliar la cobertura móvil en zonas donde las infraestructuras terrestres presentan limitaciones. El acuerdo, anunciado este lunes, supone un avance respecto a las conversaciones preliminares que las cuatro compañías mantenían desde septiembre. Sin embargo, todavía no constituye una alianza comercial definitiva ni garantiza que las operadoras vayan a presentar finalmente una oferta conjunta en la futura licitación. El proyecto se centra en los servicios Direct-to-Device (D2D), una tecnología que permite conectar teléfonos móviles directamente con satélites, sin necesidad de antenas externas ni dispositivos específicos. Su desarrollo facilitaría la comunicación en zonas rurales, áreas remotas o lugares donde la cobertura de las redes convencionales es insuficiente, además de reforzar las comunicaciones en situaciones de emergencia.

Estados Unidos amenaza a las empresas europeas por las restricciones de frecuencias radioeléctricas que se podrían imponer a Starlink, la constelación de satélites que forma parte de SpaceX, controlado por Elon Musk. El embajador de EEUU ante la UE, Andrew Puzder, advirtió de represalias “devastadoras” si Bruselas sigue adelante con sus planes para limitar el acceso al espectro radioeléctrico europeo a las empresas no europeas, según publicó ayer Financial Times. La advertencia de Puzder se produce después de que la Comisión Europea propusiera reservar parte de su banda de espectro –que permite a los smartphones conectarse directamente a los satélites-, solo para empresas europeas. Es precisamente por ese tercio de la banda –reservado a empresas europeas para D2D– por el que pretende pujar el consorcio de Telefónica. Pero ese diseño limitaría las frecuencias disponibles para grupos de EEUU, que pretende quedarse con todas las frecuencias disponibles. Al preguntársele si las empresas europeas deberían temer represalias, Puzder declaró al Financial Times que “deberían estar atentas a que eso pudiera ocurrir y sería devastador para esas empresas”, dado el tamaño del mercado de EEUU.

Google ha suspendido sus planes para apostar por España y construir un gran campus de centros de datos y su correspondiente inversión de miles de millones de euros debido al clima regulatorio actual. La tecnológica estadounidense lleva tiempo tanteando a las autoridades españolas para poner en marcha este proyecto, sin embargo en los niveles más altos la acogida ha sido fría en pleno conflicto del Gobierno de Pedro Sánchez con las grandes tecnológicas, convertidas en una de las dianas de su discurso económico, según confirman varias fuentes. Google Cloud, la filial encargada de poner en marcha estos proyectos, ha declinado hacer comentarios al respecto. La empresa estadounidense abrió en 2021 su región en la nube de Madrid, el primer despliegue de centros de datos que hacía la empresa en España, eso sí, de la mano de socios, es decir, en instalaciones de terceros que Google llenaba con sus equipos. En ese momento, se reveló un plan de inversión a cinco años de 650 millones en España que incluía la propia región en la nube y también el tendido del cable submarino Grace Hopper, que está amarrado en Sopela, una localidad de Bizkaia. Desde entonces, la compañía ha desplegado su plan de inversiones y ha incluido nuevos hitos como un nuevo cable submarino llamado Sol y que conectará Santander con Palm Coast (Florida),

El grupo Volkswagen ha planteado una congelación salarial en Alemania hasta 2030, con las retribuciones fijadas en los niveles de 2026, según publicó ayer el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, una propuesta que amenaza con tensar las negociaciones con el sindicato IG Metall, que reclama una subida salarial del 5%. El consorcio automovilístico alemán comenzará próximamente las negociaciones con IG Metall para renovar el convenio colectivo que regula las condiciones laborales de sus operaciones en Alemania, cuyo acuerdo actual finaliza el 31 de diciembre. La propuesta abre una nueva ronda de negociaciones en un contexto marcado por la profunda reestructuración que está acometiendo el fabricante. Tanto Volkswagen como IG Metall buscan evitar un enfrentamiento prolongado que pueda afectar a la actividad de las fábricas y dificultar la aplicación de los cambios previstos por el grupo automovilístico. El fabricante alemán acordó en septiembre con sus representantes de los trabajadores duplicar los recortes previstos a escala mundial en 50.000 empleos extra, hasta alcanzar los 100.000 puestos de trabajo, alrededor del 15% de su plantilla.

Firmemente apoyada sobre el resto del mundo, la economía de China sigue el curso marcado por sus autoridades. El PIB del gigante asiático creció un 4,5% interanual en el tercer trimestre, según cifras oficiales divulgadas ayer por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), un avance posibilitado por la pujanza del sector exterior frente a la abulia del interior. El resultado mejora el 4,3% del segundo trimestre, el cual supuso el más lento desde finales de 2022, cuando el país todavía estaba sometido a las restricciones absolutas de la política de covid-cero. Ambos, sumados al 5% del primero, dejan el parcial de tres cuartos de curso en 4,6%, en línea con las autoexigencias gubernamentales. Las exportaciones crecieron en septiembre un 36,3% interanual, muy por encima de las expectativas del mercado, gracias a la demanda global de inteligencia artificial (IA) y productos de alta tecnología, lo que ha disparado las remesas de robots industriales, componentes electrónicos, piezas de ordenador y equipos eléctricos. El superávit mensual alcanzó los 118.880 millones de euros, y los intercambios con Estados Unidos y la Unión Europea dejan beneficios por valor de 30.279 y 30.980 millones de euros, respectivamente. El cómputo anual hasta la fecha alcanza 835.199 millones y, a falta de tres meses, el máximo histórico de 1,05 billones se antoja alcanzable.

Las primeras ciudades francesas impusieron ayer toques de queda para hacer frente a la oleada de violencia y saqueos que sacude el país tras las manifestaciones del 17 de octubre, que se han saldado con más de 2.300 detenciones, unos 3.000 comercios vandalizados y casi un millar de policías heridos. La excepcional medida fue recibida con escepticismo por las fuerzas políticas como un reconocimiento tácito del «fallo de la autoridad del Estado». París, Lille, Douai, Wattignies y Denain fueron las primeras ciudades que anunciaron la restricción de la libre circulación de personas por la noche y hasta las 6 de la mañana en varios puntos. Marsella, donde se contabilizaron hasta 30.000 actos de pillaje, dio un paso aún más allá y anticipó la prohibición de manifestaciones entre las 12.00 y las 20.00 horas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, dio carta blanca ayer a los prefectos para la imposición de toques de queda «parciales y localizados» en todo el hexágono. En París, la prefectura local llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para la aplicación de la medida en una amplia zona alrededor de la plaza de la República y en el barrio de Les Halles, donde se produjeron más de treinta pillajes el domingo por la noche. Tras una reunión con la célula interministerial de crisis, Lecornu admitió incluso su disposición a decretar el estado de emergencia en Francia «si es necesario». 

El caos en las calles francesas no ha tardado en trasladarse a los mercados, especialmente el de la deuda. Tras un fin de semana de violentas protestas en el país galo, que han obligado incluso a decretar un toque de queda en algunas ciudades, el rendimiento del bono francés a diez años se alzó ayer diez puntos básicos hasta superar el 4,9%, debido a las ventas masivas por el pánico entre los inversores a que se produzca una crisis de deuda. En consecuencia, la prima de riesgo francesa, que es el sobrecoste que exigen los inversores para adquirir su deuda en comparación a lo que paga Alemania –o la diferencia entre el bono galo y el ‘Bund’ alemán a diez años–, se disparó hasta los 146 puntos, su nivel más alto en más de dos décadas. Se trata de una diferencia muy superior a los 62 puntos básicos de la prima de riesgo española o de los 114 de la italiana. Del mismo modo, la Bolsa de París se vio resentida y cayó un 1,2%, con la banca liderando las pérdidas. 

Francia se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de Europa por el riesgo que refleja su mercado de deuda: un elevado endeudamiento público y un déficit fiscal excesivo. La preocupación se ha agravado en los últimos días ante la falta de respuestas del Gobierno ante la tensión y los disturbios que dominan las calles en diversas ciudades, incluida París. Un cóctel complejo que cala en los mercados financieros franceses, y que los inversores temen que contagie a otros países de la eurozona. España está alejada de los focos. Pero el mercado vigila las tenencias de deuda soberana francesa de los bancos españoles. Los seis bancos que figuran en el Ibex 35 tienen en conjunto más de 20.000 millones de euros en deuda soberana gala, según consta en los informes de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) correspondientes a los ejercicios de transparencia del primer semestre de 2025, los más recientes. De media, la deuda soberana gala representa alrededor del 7% de las carteras de deuda soberana europeas de los bancos españoles. Fuentes financieras señalan que las posiciones han variado relativamente poco en los casos de la banca mediana, y que incluso ha podido crecer en Santander, BBVA y CaixaBank. El riesgo, por tanto, es limitado, según varios analistas consultados por EXPANSIÓN. Además, “la mayor parte de estas carteras se encuentra protegida bajo la categoría de coste amortizado, lo que aísla a la cuenta de resultados de los vaivenes diarios del bono”. El riesgo dependerá, entre otros factores, de la composición de las carteras y de las necesidades de financiación de cada banco.