20230330

La industria vasca mira con optimismo al próximo semestre. Las 16 organizaciones clúster de Euskadi trasladaron ayer sus buenas sensaciones al lehendakari, Iñigo Urkullu, en la reunión anual del Observatorio de Coyuntura Industrial. Los pedidos, la facturación, las exportaciones, el I+D+i y el  empleo muestran expectativas positivas. Únicamente la subida de precios ensombrece el horizonte. El encuentro se produjo tras los ajustes del pasado año, fruto de la incertidumbre generada tras el estallido de la guerra en Ucrania. Entonces casi todos los sectores moderaron sus previsiones y desde aquel estallido bélico permanece la subida de precios de materias primas que afecta a toda la cadena de valor, si bien los clúster vascos confían en tener un crecimiento sostenido de sus sectores a corto plazo. La cita de ayer, en la que también participó la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, evidenció que nueve de los 16 clúster aspiran a mejorar su cartera de pedidos, mientras otros cuatro confían en mantenerla. En facturación, son 11 los que auguran mejoras y ninguno espera rebajarla. La mitad, además, creen que mejorarán sus exportaciones, a lo que contribuyen la reactivación de las ferias internacionales. Destacan el cambio euro-dólar, aunque preocupa el proteccionismo de países como EE UU o China. Los datos también plantean que nueve clúster proyectan hacer crecer sus plantillas y los siete restantes creen que al menos las mantendrán sin recortes. Eso sí, las organizaciones sectoriales reconocen su preocupación por las dificultades para localizar los perfiles buscados.

La fundación bancaria BBK, que es propietaria del 57% de Kutxabank (frente al 32% de Kutxa y el 11% de Vital), respira por fin completamente tranquila, y satisfecha. La entidad pilotada por Xabier Sagredo explicó ayer que ha completado la dotación del fondo de reserva de 231 millones de euros que le exigía la ley y que, a la sazón, permite mantener en Euskadi el control del banco de las kutxas sin necesidad de vender parte ni de acudir al mercado de capitales. Ese seguro frente a eventuales problemas de solvencia del banco –algo complicado, toda vez que hablamos de la entidad más solvente de España, según el BCE– garantiza su «arraigo», según destacó el propio Sagredo, quien puso en valor que la tarea se ha completado «dos años antes» del límite máximo fijado por el regulador en la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. Una norma consecuencia de la presión ejercida en su día por los ‘hombres de negro’ en el marco del rescate financiero a España tras la Gran Crisis y que buscaba a cualquier precio evitar problemas en las entidades que estuvieran en manos de las antiguas cajas de ahorros. Xabier Sagredo no dudó en calificar el hito de «gran noticia», y afirmó que «hoy es un día importante para BBK, Kutxabank y para todo el territorio». En su comparecencia, el directivo recordó que la citada norma (publicada en diciembre de 2013 y en cuya tramitación peleo a cara de perro el PNV) obligaba a entidades con determinadas características a transformarse en fundaciones bancarias. Básicamente, a aquellas que como las vascas tuvieran el control de sus propios bancos participados.

Los bancos vascos evitan el primer envite de la crisis provocada por la quiebra de Credit Suisse. Así, Kutxabank y Laboral Kutxa se salvan del riesgo que las emisiones de deuda bancaria atraviesan desde la compra de la entidad suiza. El pequeño tamaño de estas entidades y su alto nivel de solvencia (un 17% la de la fusión de las antiguas cajas y un 22% la cooperativa de crédito) les libran de exponerse en los bonos de más riesgo con los que el Banco Central Europeo exige a los bancos que obtengan financiación para cubrir el valor de sus activos. Laboral Kutxa no tiene ningún tipo de deuda emitida y en cuanto a Kutxabank, ha ido lanzando bonos desde 2019 hasta 1.500 millones, pero no están en el primer nivel de riesgo –el bono contingente convertible denominado ‘CoCo’–, sino como deuda senior no preferente. La entidad surgida de las antiguas cajas de ahorro vascas fue el primer banco mediano en acudir a esta figura con capacidad de absorber pérdidas. La primera emisión de 500 millones vence en octubre y fuentes de la entidad confirman que está previsto devolverla en ese mes, cuando se hará una nueva emisión. La posición es diferente en el caso del BBVA. En primer lugar porque el BCE exige a los grandes bancos mayor cobertura con esta deuda prioritaria. La entidad azul cuenta con 5.000 millones en estos bonos ‘CoCos’ de los que debe devolver 1.000 millones en este año. En cualquier caso, el peso de este volumen es reducido sobre el total del activo del banco y la entidad ha señalado que mantiene sus planes para devolver la deuda este 2023 y, si el mercado lo permite, hará un nuevo lanzamiento también este mismo año. Estos ‘CoCos’ han llegado a perder 20 puntos porcentuales de su valor en la última semana provocando un terremoto en los mercados y haciendo de las emisiones de deuda que ofrecen los bancos a los inversores una red por la que podría haberse contagiado el chispazo de la crisis financiera.

Tras varias semanas de negociaciones Ikerbasque ha decidido finalmente rescindir el contrato a la constructora encargada de las obras del Polo Cuántico de Donostia que albergará el sexto ordenador de IBM de estas características en todo el mundo, según ha confirmado a este periódico la Fundación Vasca para la Ciencia, promovida por el Gobierno Vasco. Se trata de la empresa Murias, que resultó adjudicataria del proyecto, pero cuyos problemas financieros provocaron la paralización de las obras a principios de marzo, como adelantó este periódico. Las obras se encuentran paradas después de que la subcontrata encargada del movimiento de tierras decidiera suspender la actividad hasta que Murias, que pertenece al Grupo Urbas desde 2020, le abonara las deudas que tiene con ella por otros trabajos. Aunque no se trata de un caso único, ya que otras subcontratas del Polo Cuántico han seguido el mismo camino y han reclamado el abono de las cantidades adeudadas, según indicó en su momento el sindicato ELA. Y es que la constructora arrastra deudas con muchas de sus subcontratas con las que trabaja en otras obras del territorio y de Euskadi, así como con proveedores. Deudas que, en el caso de algunas de estas empresas, ascienden a varios cientos de miles de euros, lo que está poniendo en peligro el futuro de las mismas.

La firma vasca Haizea Wind Group se asociará con US Wind, de Baltimore, para construir una nueva planta de fabricación de torres y monopilotes de casi 40 hectáreas, en ese condado estadounidense. ‘Sparrows Point Steel’ será la primera fábrica permanente de energía eólica marina del Estado de Maryland. La alianza se presentó en el encuentro sobre energía eólica International Partnering Forum (IPF). El consejero delegado de US Wind, Jeffrey Grybowski, confió en que la alianza permita crear «una de las principales instalaciones industriales de energía eólica marina del mundo». Según el consejero delegado de Haizea Wind, Borja Zarraga, «Sparrows Point Steel tiene potencial para convertirse en uno de los mayores puertos de almacenamiento eólico marino de Estados Unidos». El emplazamiento de Sparrows Point fue la sede de Bethlehem Steel cuando era la mayor planta de producción de acero del mundo. Tiene por ello una especial relevancia histórica para los United Steelworkers (el mayor sindicato industrial de Estados Unidos), que apoyarán allí las operaciones de fabricación de la nueva instalación productiva.

Iberdrola ha formalizado uno de los mayores contratos de su historia por valor de 1.300 millones de libras -unos 1.500 millones de euros aproximadamente- para la construcción de 95 aerogeneradores de Siemens Gamesa destinados al parque eólico marino East Anglia Three, el segundo más grande del mundo. Así lo ha comunicado hoy el presidente de la compañía Ignacio Galán en su intervención en el foro Aurora en la Universidad de Oxford. Posteriormente, Galán ha sido recibido en Downing Street por el primer ministro británico, Rishi Sunak, con el que ha tenido ocasión de conversar sobre la situación actual del sector energético y el compromiso de la compañía con el país. Las 95 turbinas, de 14,7 MW cada una, tendrán una capacidad combinada de 1.400 MW renovables, suficientes para abastecer a 1,3 millones de hogares británicos. “El tamaño y la ambición de este proyecto son una muestra más del compromiso de Iberdrola con la descarbonización y la seguridad energética en todo el mundo, a través de grandes infraestructuras renovables como el parque eólico marino East Anglia Three, capaces de generar actividad económica a través de toda su cadena de proveedores y generar miles de puestos de trabajo”, ha asegurado el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. Ver nota Iberdrola. 

Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radioactivos, se prepara para acometer el desmantelamiento de Garoña. La compañía vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha lanzado la primera batería de contratos por distintos trabajos y servicios que suman alrededor de 35 millones de euros. Es apenas el 7,4% del coste total que requerirá el sellado definitivo de la planta (468 millones). Un proceso que no culminará antes de una década. Por partes. Enresa publica estas licitaciones anticipándose a la transferencia de titularidad que espera desde hace meses. Y que, esta vez sí, podría formalizarse entre abril y mayo. El ‘ok’ tiene que darlo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El Gobierno deberá ratificarlo posteriormente. Si el procedimiento administrativo no encalla, el inicio efectivo del desmantelamiento llegará a finales de junio. Ese es, al menos, el nuevo calendario que maneja el Ministerio que dirige Teresa Ribera. Nuclenor, sociedad coparticipada por Endesa e Iberdrola, cederá entonces todo el control sobre una central que comenzó a operar en 1971, pero que no tiene actividad desde 2012. Aunque a efectos prácticos, Enresa ya viene pilotando desde hace tiempo lo que se denomina como ‘fase preliminar’ y que se traduce en el almacenamiento del combustible gastado (en 49 contenedores específicos y 6 más destinados a residuos especiales).

Más de un millón de placas solares para sustituir a un reactor nuclear. Solaria Energía y Medio Ambiente están detrás del mayor despliegue de producción fotovoltaica de Castilla y León. Un proyecto que se va a focalizar en Garoña para aprovechar la red de transportes y comunicaciones que se fue construyendo a su alrededor hace más de cuatro décadas. En total, cuatro parques solares que sumarán una capacidad de 595 megavatios, casi cinco veces más que el que se proyecta en Armiñón, que será el mayor de Euskadi. La inversión global en el proyecto se cifra en 360 millones de euros y, según la información difundida por la empresa, generará 2.400 empleos en toda la comarca de La Bureba durante el tiempo que duren las obras de construcción. El megaproyecto que Solaria presentaba recientemente cuenta con el aval de la diputación burgalesa y del Gobierno regional (PP y Vox) y desde diciembre tiene declaración de impacto ambiental favorable. El despliegue será colosal: 1.453.598 paneles solares. Un océano de ‘cristal’ que se extenderá por una quincena de términos municipales. Los contactos para adquirir los terrenos se iniciaron hace ya dos años.

España cumplió ayer un mes sin excepción ibérica. La bajada en el precio del gas natural, que valió ayer la mitad que hace solo tres meses, ha dejado en agua de borrajas el innovador mecanismo con el que España y Portugal consiguieron desligar su precio de la luz del resto de vecinos europeos en la segunda mitad de 2022 y cuya prórroga acaba de aprobar la Comisión Europea. El tope al gas entra en vigor cuando el precio supera un determinado umbral en el mercado ibérico (Mibgas). Cuando Bruselas dio su visto bueno a la herramienta, en junio, la excepción saltaba cuando el gas cotizaba a más de 40 euros por megavatio hora (MWh). Por aquel entonces, el precio de este combustible rondaba los 100 euros; dos meses después, en agosto, llegó a marcar un máximo histórico peninsular de más de 200. Así que su activación fue un hecho cierto, día tras día, durante meses. Hasta el 20 de octubre, cuando el precio de referencia cayó por debajo de esa barrera y quedó, por primera vez, en suspenso.

El lehendakri, Iñigo Urkullu, ha defendido este miércoles en Bilbao el que ha denominado "modelo vasco de desarrollo humano sostenible" porque "crea equilibrio social, lo hace de forma colectiva y crea riqueza para repartir". Urkullu ha realizado esta afirmación en la clausura de la jornada de análisis del "modelo vasco de desarrollo humano sostenible" que ha organizado el Centro Agirre Lehendakari, con motivo de la celebración de su creación hace 10 años para ensalzar la figura y los valores humanos del que fuera primer lehendakari del Gobierno vasco en la II República, José Antonio Aguirre. En el acto de clausura de la jornada ha participado, junto al lehendakari Iñigo Urkullu, el exlehendakari Juan José Ibarretxe, impulsor de la creación de este centro y su director hasta hace poco, la rectora de la UPV/EHU, institución bajo la cual lleva a cabo sus funciones, Eva Ferreira y la infanta Cristina de Borbón, en representación de Caixabank, uno de los socios del centro vasco. Urkullu ha asegurado que dicho "modelo vasco de desarrollo" y los valores que lo impulsan, ha demostrado su eficacia a lo largo de estos diez últimos años, ya que, a pesar de las diferentes crisis que hemos padecido, Euskadi ha seguido creciendo, con un incremento del 30 % de su PIB y del 57 % de sus exportaciones.

La nueva RGI ya está en funcionamiento. La reforma de la ley, que amplía las cuantías hasta los 1.680 euros y rebaja de los 23 a los 18 años la edad de acceso a la prestación, fue aprobada ayer. Será, sin embargo, a partir de la mensualidad de abril cuando los beneficiarios perciban ese incremento económico, según fuentes del departamento vasco de Trabajo y Empleo. El objetivo de esta nueva ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión que fue aprobada por el Parlamento Vasco es, según la consejera Idoia Mendia, «proteger mejor a todos aquellos colectivos que, a lo largo de los años, habíamos ido viendo que se quedaban fuera y que realmente tenían una necesidad». Se calcula que esta nueva medida afectará aproximadamente a cerca de trescientas personas. Cuantías más altas. Entre las principales mejoras está el incremento de los importes para todos los perceptores. Se parte de una cuantía de 800,13 euros mensuales para familias con un solo miembro, que hasta ahora recibían 727,41 euros, un incremento impulsado en parte por la actualización del 8,5% en el IMV. El máximo son 1.680 euros para una familia monoparental con cuatro hijos o más. Se protege a los jóvenes. Las personas de 18 años pueden acceder a esta prestación desde ayer, siempre que se cumplan determinados requisitos como disponer de ingresos insuficientes y encontrarse en situación de vulnerabilidad, acreditar de manera fiable que el beneficiario lleva un proyecto de vida independiente al margen de sus padres o tutores desde al menos un año, y estar activo laboralmente o inscrito en Lanbide. Hasta ahora los menores de 23 años solo podían percibir la ayuda en casos excepcionales. Indefinida en el tiempo.

Es el segundo destino turístico que más ha crecido desde 2019 en número de visitantes –solo superado por Las Palmas de Gran Canaria– y ya es la sexta ciudad que más turistas por habitante recibe tras Benidorm, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Marbella y Barcelona. Es, además, el destino más rentable, prácticamente a la par de Barcelona. En los últimos cinco años se han abierto 30 hoteles y la previsiones para el próximo trienio apuntan a que se mantendrá el ritmo de crecimiento. Todo ello se traduce en un impacto económico enorme para el municipio, pero también tiene su lado negativo. Según una encuesta realizada por la Sociedad de Turismo, organismo dependiente del Ayuntamiento, dos de cada tres donostiarras consideran que la ciudad ha tocado techo en cuanto a volumen de visitantes. Además, más de la mitad siente que el turismo le ha desplazado de sus lugares habituales de ocio. Estos datos y muchos más se recogen en el Plan Director de Turismo 2023-2027, documento aprobado hace unas semanas que radiografía la realidad del sector y servirá de hoja de ruta para las políticas a implementar durante la siguiente legislatura.

Los seis sindicatos representados en la mesa sectorial de Osakidetza han convocado dos días de huelga en el Servicio Vasco de Salud. Unos paros que tendrán lugar el 18 y 19 de mayo, unos días antes de la celebración de las elecciones municipales fijadas para el 28 de ese mes. SATSE, ELA, LAB, SME, CC OO y UGT sostienen que, pese a las multitudinarias manifestaciones celebradas en febrero en las tres capitales vascas en defensa de la sanidad pública, «el Departamento de Salud no está dispuesto a apartarse ni un ápice de su hoja de ruta». Las centrales recalcan que «la situación de la Atención Primaria es especialmente preocupante». «El mantra de la falta de profesionales se ha convertido en la excusa perfecta para que Osakidetza ponga en marcha medidas que, en otras circunstancias, serían muy difíciles de justificar», añaden. Se refieren a la reducción horaria que ya se ha aplicado en algunos centros de salud por la escasez de médicos de familia y la previsión de que esta medida se pueda extender a más ambulatorios en los próximos años según vaya creciendo esta carencia. Para los sindicatos se trata de «recortes y cierres».

Para constatar esta penalización y evaluar posibles medidas, el Departamento de Trabajo del Gobierno vasco ha encargado sendos informes a la Fundación Iseak y a Orkestra. El primero de ellos incluye un experimento con el envío de currículos muy similares, en los que solo hay diferencia de edad y la conclusión es muy elocuente: las empresas contactan el doble de veces a los candidatos jóvenes que a los mayores. El experimento consiste en elaborar perfiles gemelos de hombres y mujeres en los que la formación y la trayectoria profesional es muy similar y solo hay una diferencia, la edad. En cada pareja, uno de los candidatos tiene 35 años y el otro 49. «No hemos cogido a personas demasiado jóvenes porque no sería creíble la experiencia acreditada», explicó la catedrática Sara De la Rica, directora de Iseak, en la presentación realizada ayer junto de la vicelehendakari, Idoia Mendia. Los currículos simulados, que van con foto y nombres asimismo ideados al efecto, fueron enviados a las vacantes de dos tipos del portal Infojobs: cargos de alta cualificación en administración de empresas y puestos de atención a clientes y ventas. El experimento no se circunscribió a Euskadi sino que se amplió a las ciudades de Madrid y Barcelona, donde se utilizaron otros nombres diferentes pero el mismo esquema. En total se enviaron solicitudes a 40 vacantes diarias, hasta alcanzar un total de 1.800. El resultado es que los candidatos de 49 años tienen la mitad de oportunidades que los de 35. En concreto, los más jóvenes recibieron un total de ocho invitaciones a entrevistas sobre 100 solicitudes enviadas, «lo cual ya es un porcentaje muy bajo, que supone una enorme frustración», apuntó De la Rica. Pero en el caso de los perfiles de 49 años la cosa fue aún más dramática; solo recibieron respuesta un 4%.

La formación dual, que combina la enseñanza teórica con las prácticas en la empresa, avanza lentamente en España. Sólo el 0,3% de las empresas –9.916– da formación dual en España, y sólo el 3,7% de los alumnos de formación profesional están matriculados; es decir, 37.847 personas. Estas son dos de las conclusiones más relevantes de un informe que ha elaborado el Consejo Económico y Social (CES) sobre la formación profesional. Pese al crecimiento que está experimentado este tipo de estudios en España, lo cierto es que nada tiene que ver con la situación de la formación dual en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. En esos países, todas las empresas participan en la formación dual, según explicaron ayer los presidentes del CES, Antón Costas, y de la Comisión de Trabajo encargada de la redacción del informe, Dionís Oña. El retraso de la formación dual en España se debe a varias razones: en primer lugar, al predominio de la microempresa, de hasta diez trabajadores. Estas sociedades “muestran mayores dificultades a la hora de asumir los costes y la capacidad de gestión asociados a la formación de los aprendices”. Incluso, España registra un porcentaje más bajo de grandes empresas que participan en la formación profesional. El mayor número de empresas que participan en la formación profesional está en Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid, además del País Vasco, que tiene una larga tradición en este tipo de formación industrial.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera una «imposición» exigir el mismo nivel de euskera a los trabajadores de una empresa privada en su relación con la Administración pública que al personal funcionario. Así lo ha dictaminado en una sentencia en la que estima parcialmente el recurso de una empresa que se presentó a un concurso para prestar un servicio de transporte escolar en Bizkaia. En los pliegos del contrato, el Gobierno vasco exigía a la adjudicataria que «en las relaciones entre el poder adjudicador (la Administración) y la contratista se empleará normalmente el euskera». Para ello, «la empresa habrá de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitación lingüística en euskera necesarias para que la relación pueda desarrollarse» en este idioma. En una sentencia del pasado 17 de febrero los magistrados de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo dan la razón a la empresa demandante. Considera el tribunal que «no cabe imponer a los trabajadores de una empresa privada las mismas exigencias que a los empleados públicos en lo que a requisitos lingüísticos se refiere». De hecho, la sentencia –que no es firme– señala que los empleados «ostentan el estatuto y la libertad de elección lingüística» en sus relaciones con la Administración, de acuerdo con la Ley de Normalización del Euskera de 1982.

La nueva norma provocará que el gasto en pensiones se dispare en las próximas décadas hasta rozar el 17,5% del PIB, frente al 13% proyectado para 2050 con la anterior legislación, de acuerdo con los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Y, dado que los gastos crecerán el triple que los ingresos, el déficit del sistema también se va a disparar hasta el entorno del 5% del PIB, comprometiendo el presupuesto para otro tipo de partidas. “La reforma incrementará muy notablemente el gasto esperado [con la legislación anterior se preveía una subida del gasto del 12,3% del PIB en la actualidad al 13% en 2050, que ahora se ve acelerado en 4,5 puntos más], pero sólo aumentará modestamente los ingresos del sistema, con lo que el déficit básico [antes de transferencias del Estado] de la Seguridad Social aumentará muy significativamente en las próximas décadas, hasta acercarse a los 5 puntos de PIB en torno a 2050”, explica Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, en su informe Sobre el nuevo decreto de pensiones: algunos cálculos de urgencia. Hay que tener en cuenta, además, que “el gasto observado hasta 2023 muestra ya una desviación significativa con respecto a las proyecciones que no se debe sólo a la caída del PIB con el Covid y podría, por tanto, no tener un carácter meramente transitorio”. En otras palabras, que el gasto en pensiones ya estaría creciendo más de lo esperado, quizá debido a que muchas personas han adelantado su jubilación. 

El presidente, que iba ayer camino de China en un viaje al que La Moncloa ha dado la máxima relevancia —especialmente por la agenda para la posible búsqueda de una salida a la guerra en Ucrania—, se mostró muy optimista en una conversación informal con los periodistas que le acompañaban en el avión oficial. Está convencido de que, pese las dificultades que ha vivido la coalición, el Gobierno está en un buen momento porque hoy se aprueba, con una cómoda mayoría, una reforma decisiva que le ha costado más de un año de negociación con Bruselas: la de pensiones. El PNV ha anunciado su voto afirmativo. Sánchez cree que la oposición confiaba en que la coalición no lograría pactar la reforma de pensiones con Bruselas y que eso pondría en riesgo la siguiente entrega de fondos europeos, como le está pasando a Italia. “Imaginad lo que diría la oposición en España si hubiera pasado lo de Italia, que le han bloqueado un pago”, planteó. “Siempre hay un match ball [bola de partido] en una legislatura. Y esto lo era”, señaló el presidente. El Gobierno ya superó otro momento de inflexión con la reforma laboral, que salió por un voto en febrero de 2022, y ahora han salvado este. Por eso el presidente está convencido de que el Gobierno está en un buen momento político, digan lo que digan las encuestas. Y en su opinión lo más relevante es que esta reforma, como la laboral, se ha hecho sin ajustes y con paz social —es decir, con un acuerdo con los sindicatos, aunque no con la patronal—, al contrario de lo que está pasando en Francia, donde casi a diario se producen violentas manifestaciones en contra del presidente. 

“La tasa de paro es cada vez menos representativa” como termómetro de los problemas del mercado laboral, al no reflejar a los colectivos que han dejado de buscar empleo activamente, los que han visto suspendida su actividad temporalmente o los que son contratados por menos horas de las que desearían, asumen en el seno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La transformación del mercado de trabajo tras la pandemia, o los efectos de la reforma laboral, concluyen, aconsejan actualizar los métodos de medición tradicional y buscar modelos alternativos. En esta línea, desde la Autoridad Fiscal han calculado que la población activa española laboralmente infrautilizada supera los cuatro millones de personas, uno más que el volumen de parados. La última edición de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que da cuenta de la situación del mercado laboral español al cierre del ejercicio 2022 apuntaba a que el número de parados se había elevado en 43.800 personas en el trimestre hasta alcanzar un total de 3.024.000, es decir, el 12,87% de la población activa total (habitantes en edad de trabajar, incluyendo a ocupados y desempleados). A partir de esta foto, en la Airef consideran que la acumulación de shocks en los últimos años, desde la pandemia a la guerra en Ucrania, aconsejan utilizar fuentes de información de alta frecuencia, que permitan contar con datos actualizados de forma más continua, así como con información complementaria. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha ejecutado en los últimos nueve meses la subida de tipos más agresiva de su historia para atajar una inflación récord en la zona euro. Frank Elderson (Utrecht, Países Bajos, 52 años), miembro del Consejo Ejecutivo del BCE y vicepresidente del Consejo de Supervisión, sostiene que la institución seguirá plantando cara al alza de precios a la vez que garantizará la estabilidad financiera. "El BCE está preparado y dispone de las herramientas necesarias para dar liquidez al sistema si fuera necesario. La presidenta Lagarde lo dejó muy claro: no hay un dilema entre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. No estamos entre la espada y la pared, y eso lo muestra la decisión que tomamos de subir en 50 puntos básicos los tipos de interés...-¿Podríamos estar a las puertas de una crisis como la de 2008?- No, esta situación es muy diferente. Después de la gran crisis financiera hubo una fuerte agenda de reformas regulatorias en Europa. Esos cambios se han implementado, los bancos están sujetos a Basilea III y también a la supervisión bancaria europea. Además, Silicon Valley Bank (SVB) tenía un modelo de negocio muy particular, con una exposición muy elevada al riesgo de tipo de interés y una base de depósitos muy concentrada. Entre los bancos que el BCE supervisa, los que tienen modelos de negocio que dependen más de los depósitos están más diversificados..."

Los esfuerzos para conquistar Ucrania cumplen hoy 400 días con una efectividad más que cuestionable, tras sucesivas bofetadas a las tácticas de Moscú y con un enfrentamiento sumido en el mismo atasco que el de los camiones en el barro. Todo ello la convierte en una guerra en camino de cronificarse, como también sucedió en Europa con el conflicto bosnio que se prolongó entre el 6 de abril de 1992 y el 19 de diciembre de 1995. La historia puede repetirse e incluso empeorar. Ideologías y alianzas internacionales aparte, una mirada a la confrontación en la antigua Yugoslavia descubre numerosas similitudes con el enfrentamiento fraticida ucraniano –los dos bandos formaron parte hasta los 90 de la URSS– en cuanto al grado de destrucción y de violencia. En aquella se calculó que murieron más de 100.000 civiles y soldados. En esta no existe un registro fiable, pero ahora mismo se rebasarían las 300.000 bajas entre fallecidos y heridos. La gravedad viene determinada por dos factores. La guerra está atorada en el Donbás en un frente muy amplio y tan tenso como las cuerdas de un violín. Aunque los mercenarios de Wagner anunciaron el martes que habían tomado el complejo industrial de Bajmut, puerta a la ocupación de esta ciudad-infierno donde se pudren incontables cadáveres, los observadores internacionales no detectan ganancias notables ni decisivas de ninguno de los dos ejércitos. Quizá la situación cambie cuando los suelos se sequen. El ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, desveló ayer que será entonces, entre abril y mayo, cuando Ucrania desencadene su anunciada contraofensiva mayúscula, ahora imposible por el déficit de armas y municiones, pero también por el deshielo del invierno, que mantiene los campos impracticables para un avance eficaz de las secciones motorizadas.