20231121

El consejero delegado de Siemens Energy, Chistian Bruch, presenta hoy en una conferencia en Munich las líneas estratégicas básicas de cara al futuro de la compañía, cuyo epicentro estará centrado en la salvación de su filial Siemens Gamesa, la firma eólica que tiene su sede en la localidad vizcaína de Zamudio. Esta empresa se encuentra sumida en una profunda crisis tras las pérdidas multimillonarias cosechadas durante los últimos ejercicios, que han llevado al grupo a pedir ayuda financiera a los gobiernos alemán, español y danés. En el último año las pérdidas del grupo han ascendido a 4.588 millones, de los cuales 4.338 se generaron en la filial vasca. Según fuentes de toda solvencia, la compañía ha descartado realizar ajustes de plantilla en sus instalaciones situadas en España, donde se concentra una parte importante de su actividad ligada a la generación eólica terrestre. En España hay en la actualidad nueve centros de fabricación, un potente departamento de investigación y desarrollo y oficinas centrales corporativas, en las que trabajan 4.600 de los 29.000 empleados que tiene la empresa en todo el mundo. La mayor parte del ajuste se realizará, aseguran las mismas fuentes, fuera de Europa. Bruch dará cuenta hoy de la hoja de ruta que Siemens Energy y en especial Siemens Gamesa han trazado para intentar salir del agujero que ha estado a punto de llevar a la compañía a la banca rota. «No es previsible que avance todos los detalles, pero sí se va a ver con claridad las opciones que se barajan para devolver la empresa a la rentabilidad», anticipan, algo que no esperan conseguir antes de 2026. El consejero delegado ya anticipó la pasada semana, en la presentación de los resultados anuales, que no habrá venta de la división de generación terrestre como se temía, sino que la compañía va a esforzarse en resolver los problemas técnicos. 

La principal apuesta de energía renovable que ha hecho España en las dos últimas décadas, la eólica, tiene hoy a mediodía una cita con Siemens Energy, matriz alemana de Siemens Gamesa, para conocer el alcance de la reestructuración que la alta dirección del grupo se propone acometer en el fabricante con sede en Vizcaya, primer proveedor del despliegue de parques en todo el país. Los defectos de fabricación que están obligando a reparar aerogeneradores ya entregados y a revisar los plazos de envío de máquinas que aún no han salido de la fábrica tienen en jaque al sector: desde promotores de proyectos eólicos hasta grandes fondos de capital riesgo, pasando por los bancos que financian inversiones y las administraciones que autorizan los parques. Para hacerse una idea de lo que representa Siemens Gamesa, basta recordar que España es uno de sus mayores mercados internacionales, donde genera alrededor de 5.000 empleos. Sus aerogeneradores mueven unos 15 gigavatios (GW) instalados, el 53% de la capacidad total desplegada en el país. Así, la empresa ha sido un motor a la hora de convertir España en líder mundial en renovables y esta relación ha sido, a su vez, clave para hacer de Gamesa el tercer mayor fabricante global de aerogeneradores. Ahora, esta relación hace temblar a todo el sector. Christian Bruch, presidente ejecutivo de Siemens Energy, aseguró la semana pasada que los problemas de calidad de Siemens Gamesa están prácticamente delimitados a sus plataformas terrestres de las gamas 4.X y 5.X y que el diagnóstico técnico está casi terminado. Mientras las ventas de la segunda se han suspendido, las de la primera –una de las más exitosas del mercado– sufren ahora cambios por parte del proveedor. Falta saber qué coste acarreará el ajuste.

En apenas unos días el mercado ferroviario europeo ha entrado en una efervescencia que no se veía desde hacía tiempo. Un escenario agitado, que no revuelto, del que Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) podría sacar ventaja. La beasaindarra es uno de los candidatos más evidentes para ganar dimensión en un momento en el que, por virtud de las autoridades de Competencia, Hitachi ha de vender activos en el área de señalización (prioritaria para CAF) en tres zonas de elevado interés para la empresa pilotada por Javier Martínez Ojinaga: Francia, Alemania y Reino Unido. Al mismo tiempo, Talgo (muy compatible con CAF por líneas de negocio) está siendo objeto de una OPA (oferta pública de adquisición de acciones) por parte de un inversor húngaro, lo que podría llevar al Gobierno central a buscar algún otro comprador ‘amigo’ que lance una 'contraopa' en la medida en que el fabricante alavés se considera estratégico. Mientras, el ‘campeón’ europeo del sector, Alstom, trata de digerir la compra de Bombardier, un sapo que está costando asimilar más de lo previsto. Y es que la francesa, que acaba de anunciar 1.500 despidos en todo el mundo mientras busca reducir su deuda en 2.000 millones, trata de ganar oxígeno al sufrir problemas de falta de caja y ultima una estrategia que podría también obligarle a deshacerse de negocios o activos atractivos para CAF. Así, las vías europeas están agitadas y CAF, que en lo que llevamos de año se ha revalorizado en Bolsa un 11,69% (frente al desplome del 46% de Alstom en el mismo periodo), es a ojos de todos los analistas uno de los protagonistas a seguir más de cerca. CAF nunca ha escondido que uno de sus objetivos estratégicos ha sido siempre el de ganar presencia en el negocio de la señalización ferroviaria (tanto en la tecnología embarcada en los trenes como en la que se instala en las vías), y para eso cuenta con una de sus filiales más potentes: Signalling.

Vive Biotech, desarrollador y fabricante vasco de vectores lentivirales, ha contratado a Santander para la búsqueda de un nuevo inversor que proporcione a la compañía los recursos necesarios para poner en marcha una nueva planta que incremente su capacidad de producción, según fuentes del mercado consultadas. Fundada en 2015 y con sede en San Sebastián, la compañía está controlada por sus fundadores, aunque también participan en el accionariado Inverready (13,42%), la fundación Kutxa (12,3%) y el CDTI (10,74%) desde 2020. La transacción contempla parcialmente la compraventa de títulos y una ampliación de capital. Los actuales socios están dispuestos a ceder la mayoría del accionariado. Vive Biotech acumula un crecimiento aproximado del 60% en el ejercicio y tiene previsto finalizar el año con unos 15 millones de euros de ventas y entre 2 millones y 3 millones de ebitda. Su capacidad de producción actual le permitiría ingresar 25 millones de euros anuales, si bien con la nueva planta multiplicará por tres veces la cifra. Un vector lentiviral, en resumen, es un vehículo a través del cual se pueden injertar genes en células con el objetivo de tratar enfermedades raras o cáncer. Es decir, forma parte de la terapia génica. Más de 40 compañías biotecnológicas internacionales (EEUU, Europa, Asia y Australia) encargan a Vive Biotech este producto, en el que existe una falta de oferta. La compañía no ha definitivo un objetivo de precio, pero las fuentes inciden en que en biotecnología se pagan múltiplos muy elevados, lo que podría llevar la valoración empresa de Vive Biotech hasta el entorno de los 75 millones de euros, aproximadamente.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) que la multinacional japonesa Bridgestone pretende aplicar en sus plantas en España desde diciembre de este año y durante 2024 incluye una parada en la planta de Basauri del 17 al 30 de diciembre de 2023, con 63 días en 2024 repartidos de enero a octubre. Además, para la fábrica de Usansolo se prevé una parada del 20 al 30 del mes que viene y 47 jornadas de enero a septiembre de 2024. La fábrica de neumáticos de Bridgestone en Puente San Miguel es la más afectada por el ERTE. La fábrica cántabra, con 426 trabajadores, pararía entre el 15 y 30 de diciembre próximos y 104 días repartidos entre enero y septiembre de 2024, según han informado fuentes sindicales. En cuanto a la fábrica de Burgos, con 1.455 empleados, se plantea parar la producción del 19 al 30 de diciembre y solo nueve días entre enero y junio de 2024. Así se lo trasladó ayer la dirección de Bridgestone al comité intercentros en una reunión celebrada en Basauri para constituir la mesa negociadora y dar comienzo al periodo de consultas del ERTE, en la que ha presentado un informe técnico sobre las causas del expediente y su afección en estas cuatro plantas. Ahora, el comité analizará este documento para plantear sus propuestas. En cualquier caso, la empresa ha comunicado que, ante la actual incertidumbre del mercado, y en atención a la evolución productiva en cada momento, podrá afectar y desafectar total o parcialmente a la plantilla con un mínimo de 24 horas de antelación, informando también a la representación legal de los trabajadores.

Kutxabank ha sido el banco comercial que más dinero ha prestado a Eroski en la refinanciación de la deuda que la cooperativa cerró la semana pasada. La marca vasca de distribución comunicó en la noche del pasado jueves que había cerrado una importante operación para gestionar los casi 900 millones que tiene pendientes de devolver. Una cantidad que deja el endeudamiento en unos términos «normalizados» y tras demostrar solvencia con el pago a sus acreedores de 2.000 millones en la última década. La fórmula financiera por la que ha optado la cooperativa contempla principalmente dos vías: la emisión de 500 millones de euros de deuda corporativa, que colocó la semana pasada en un tiempo récord, aunque a un 10,6% de interés, y un préstamo de 112,8 millones que firmaron cinco entidades financieras: Kutxabank, las de la propia Corporación Mondragón (Laboral Kutxa y Mondragón Inversiones), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Sareb. Según han confirmado fuentes conocedoras de la operación, en ese crédito el papel más relevante ha sido el desempeñado por el banco surgido de la fusión de las antiguas cajas de ahorro vascas. La entidad presidida por Antón Arriola ha aportado el 40% de ese importe (45 millones de euros), más aún de lo que suma lo prestado por los organismos financieros de la estructura cooperativa de Mondragón. Kutxabank mantiene unas condiciones en términos parecidos a las que ya tenía con Eroski. Y es que el banco vasco ya se encontraba en el ‘pull’ que quedó en 2019 respaldando la deuda de la compañía de Elorrio. Entonces participaban también entidades como Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell y la entonces Bankia. 

La residencia de estudiantes que el grupo BaskoniaAlavés proyecta en el entorno de Salburua funcionará a modo de hotel durante los meses de verano, fuera del periodo lectivo. En concreto, «hasta el 80%» de sus 238 habitaciones se reconvertirá en alojamientos turísticos. Esto implica que la capacidad máxima de ese nuevo recurso rondaría las 190 plazas. El equipo de gobierno municipal (PSE-PNV), que confirmó ayer la posibilidad de reconvertir la residencia en hotel, señala que este uso es «compatible» con lo que recoge el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento urbanístico de mayor rango. La futura residencia forma parte del complejo que quiere crear el grupo Baskonia-Alavés en el entorno de la Euneiz, el Buesa Arena y el Bakh. Además de este alojamiento para estudiantes, principalmente de la universidad, incluye un colegio internacional, varios campos de fútbol y una balsa para compensar el impacto ambiental del proyecto (la ampliación del Bakh forma parte de otro proyecto). Este apartado del ambicioso plan educativo-deportivo cuenta con el visto bueno de diferentes organismos, entre los que figura el Ayuntamiento, que ya ha autorizado al promotor la división de las parcelas, y sólo tiene pendiente el aval definitivo del órgano ambiental del Gobierno vasco para que se convierta en realidad. A pesar de que hasta ahora no había trascendido la opción de que las habitaciones de la residencia se reconvirtieran en plazas de hotel, que en principio sería de dos estrellas, el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez (PSE), subrayó que esta función es «cada vez más habitual» en residencias de estudiantes o de deportistas, y puso como ejemplo Bilbao.

El Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra) celebró ayer en el palacio del Kursaal de San Sebastián su tradicional Conferencia de Competitividad, en la que desgranó el detalle de su último informe anual, dedicado al esfuerzo que como sociedad ha de afrontar Euskadi en busca de una competitividad medioambientalmente sostenible. Una tarea para la que la institución abogó por la colaboración entre los distintos agentes sociales, y con el bienestar de las personas siempre en el frontispicio de cualquier estrategia. El presidente de Orkestra, el reputado experto internacional en materia de energía Iván Martén, fue el encargado de abrir la jornada. Lo hizo con un discurso en el que resaltó que la ineludible tarea de avanzar en la preservación de la fortaleza y la competitividad del tejido productivo, mientras se lucha contra las emisiones de efecto invernadero en pro de una transición medioambiental «justa y ordenada», es, probablemente, el mayor desafío al que se enfrenta hoy la humanidad. Un reto, reconoció, al que el contexto internacional reciente (el Covid, las guerras, la crisis energética) no ha hecho sino añadir «capas de complejidad». En ese mensaje inicial, pronunciado ante numerosos responsables institucionales como la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia; el alcalde de Donostia, Eneko Goia, o el director general del Ente Vasco de la Energía, Iñigo Ansola, Iván Martén insistió en que «no podemos esperar más». Mirando a casa, el experto donostiarra quiso destacar que a pesar de la complejidad, el País Vasco tiene un enorme potencial para impulsar, coordinar y alinear a los agentes llamados a abordar el reto medioambiental que, aclaró, es una carrera de fondo en la que se requieren decisiones y acciones a corto, medio y largo plazo. A su juicio, resulta fundamental entender cuál es la relación entra la transición sostenible y la competitividad para el bienestar.

Fuentes cercanas al Banco de España apuntan a que en ausencia de medidas complementarias para impulsar la productividad, reducir el número de horas trabajadas se traducirá directamente en una caída del PIB, ya que si somos capaces de producir lo mismo en una hora pero pero trabajamos menos horas,  entonces produciremos menos. BBVA Research está trabajando precisamente en calcular el impacto directo que tendrá esta reducción en el PIB. Un equipo liderado por Juan Ramón García, economista principal para España de este servicio de estudios, ha calculado que si la jornada laboral se reduce de 40
a 37,5 horas en España se dejarán de trabajar en torno a 30 millones de horas a la semana. «La medida habría merecido una evaluación ex ante porque estamos hablando de en torno a un 5% del total de horas trabajadas en el país», señaló ayer en una presentación. Tanto él como Rafael Doménech, responsable de
análisis económico de la entidad, precisaron que el impacto en PIB dependerá de si la medida se implementa con gradualidad. El Gobierno ha trasladado que uno de los objetivos de reducir la jornada de trabajo, además de mejorar la calidad de vida, es incrementar la productividad (que seamos capaces de producir más en menos tiempo), los expertos sin embargo cuestionan que esto vaya a suceder, a la vista de la «la experiencia internacional». Florentino Felgueroso, experto de Fedea, explica que los países que tienen jornadas laborales más cortas es porque han conseguido aumentar su productividad y no al revés.
El recorte provocará incremento de costes laborales, lo que se traducirá en menor disposición de las empresas a subir sueldos y a salarios más bajos de entrada. Además, sólo proponer la medida puede llevar
a las empresas a recortar costes. 

A pesar de las correcciones que la reforma laboral ha provocado en el mercado de trabajo —la temporalidad se ha recortado del 24,2% al 17,2%—, algunos de los males estructurales de los que adolece el empleo en España siguen siendo una barrera por destruir. Es el caso del número de parados —2,8 millones, según la última EPA—, y de entre todos ellos singularmente los de mayor edad, aquellos mayores de 50 años —unas 850.000 personas—, que llegan a representar un 27% del total de este grupo dentro de la UE, esto es, una de cada cuatro, según el último Observatorio trimestral del mercado de trabajo que presentó ayer la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). “Las personas de edad avanzada ya constituyen la mayoría de los parados registrados y superan a los jóvenes en la EPA”, alerta el estudio de Fedea. “España es el cuarto país de los Veintisiete con mayor proporción de personas de edad avanzada sobre el número total de personas desempleadas”, añade el documento. “Antes de la Gran Recesión, era el cuarto país con menor proporción de desempleados de esa edad”, matiza después. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE, este colectivo de trabajadores mayores parados representa el 30,2% del total de demandantes de empleo en el tercer trimestre de 2023. Esta incapacidad para hacer frente no solo al empleo de larga duración, sino para ofrecer alternativas a aquellos demandantes de mayor edad, ha provocado una alteración desconocida hasta la fecha. “A pesar de que las tasas de paro de jóvenes y mayores convergieron durante la pandemia, hoy el colectivo más numeroso de parados es el de aquellos con edad avanzada”, desgrana Florentino Felgueroso, el coordinador del trabajo. “Las personas que se apuntan en una oficina de empleo cada vez tienen una edad mayor, es un reto que está ahí y que irá creciendo”. Las causas que esgrime este economista para justificar esta variación son dos: “Por un lado, se debe al envejecimiento de nuestra masa de trabajo, que ha sido mayor y más rápido que el del resto de los países”, incide Felgueroso. “Y, por otro, a que la tasa de actividad de las personas en edad avanzada ha aumentado, especialmente con la entrada de la mujer dentro de este colectivo”.

Pedro Sánchez tiene ya nuevo Gobierno, una alineación de combate para una legislatura de alta tensión marcada por la amnistía al ‘procés’. Además de enfrentarse a la férrea oposición de una derecha fuerte en el Congreso, el Senado y las comunidades autónomas, el jefe del Ejecutivo estará obligado a seguir ganándose la complicidad de unos socios a los que une poco más que el rechazo a Vox y entre los que predominan fuerzas que tienen como principal anhelo la secesión de España. Incluso a lidiar con el electrón libre en que se ha convertido Podemos, enfrentado al resto de Sumar tras quedar fuera del Consejo de Ministros. La tarea recaerá, sobre todo, en rostros de su partido ya conocidos y con muchas horas de vuelo. «Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político –definió él mismo al presentarlo–. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente». Sánchez no ha acometido una gran revolución. Eso ya lo hizo en 2021 cuando, en un gesto de reconciliación interna con el que pretendió cerrar definitivamente las heridas de 2016 y reagrupar sus filas de cara a otro mandato complejo, llenó el Ejecutivo de personas reconocibles para el conjunto del PSOE, afines o no. Ahora los grandes cambios vienen por el lado del socio minoritario de la coalición, que no es ya Unidas Podemos sino Sumar. Pero ni siquiera se ha reducido el tamaño del equipo anterior, como inicialmente se planteó. El Consejo de Ministros estará compuesto por doce mujeres y diez hombres. Diecisiete del área socialista y cinco de la de Yolanda Díaz. Los lugartenientes de Sánchez serán en esta etapa los dos principales puntales del anterior Ejecutivo, los negociadores de los acuerdos políticos que le han permitido mantenerse en el Gobierno en los últimos años: la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE desde julio de 2022, María Jesús Montero, artífice de los Presupuestos Generales del Estado; y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, muñidor de la derogación de la sedición y, ahora, de la polémica futura de ley de amnistía.

En el ámbito económico, la estrategia de Pedro Sánchez pasa por reforzar a sus tres vicepresidentas, a las que suma una cuarta para la titular de Hacienda, lideradas por Nadia Calviño, que prosigue como número dos del Gobierno a la espera de que se resuelva la sucesión en la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a la que aspira. De momento, Calviño se consolida como vicepresidenta primera del nuevo Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar mientras su cartera pasa de Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a convertirse en Economía, Comercio y Empresa, absorbiendo buena parte de los atributos de Industria y ganando peso en el área empresarial. Un cargo desde el que, junto con la presidencia de la Comisión de Asuntos Económicos, lidiará con una inflación persistente y una economía que se desacelera, de un crecimiento del 2,4% este año al 1,7% en 2024, según Bruselas, mientras acelera la ejecución de fondos europeos. Sin embargo, Calviño, que fue directora general de Presupuestos de la Comisión Europea, y que en los últimos años ha optado sin éxito a dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Eurogrupo, aspira ahora a hacerse con la presidencia del BEI. La carrera que mantiene con la que ha sido vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, la liberal danesa Margrethe Vestager, y a la que concurre también el exministro de Economía italiano Daniele Franco, acabará resolviéndose en breve, previsiblemente en una votación el 8 de diciembre, lo que podría obligar a Sánchez a hacer una primera crisis de Gobierno en semanas para sustituir a la responsable económica. En este sentido, la anterior cartera de Calviño ha sido dividida desgajando el departamento de Transformación Digital como Ministerio independiente que recae en José Luis Escrivá, quien cede Seguridad Social a la navarra Elma Sáiz y se posiciona en las quinielas para sustituir a la titular de Economía si es llamada a Luxemburgo.

Yolanda Díaz comenzará la legislatura repitiendo en el cargo como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Sólo el presidente, Pedro Sánchez, y ella misma saben si podría ascender a la vicepresidencia primera en el caso de que el grupo del euro elija en diciembre a Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. En todo caso, Díaz tendrá tiempo de retomar algunos de los objetivos que quedaron pendientes de la última legislatura. Lo primero que se propone hacer la también dirigente de Sumar, dentro del Ejecutivo, es llamar a la patronal y a los sindicatos para que negocien una nueva subida del salario mínimo interprofesional. En esta ocasión, para el próximo año. La promesa electoral del Gobierno es mantener la equiparación del SMI con el 60% del salario medio. En estos momentos, el cumplimiento de esta promesa equivaldría a subir esta renta un 2,5%, desde los 1.080 a los 1.108 euros al mes. Casi 30 euros más. Incluso, el incremento podría ser mayor porque queda por computar un último trimestre del año para la negociación colectiva. Es verdad que, como en los últimos años, la propuesta de Díaz va a encontrar el rechazo de los empresarios. En la última legislatura, el SMI subió un 47%, desde los 736 a los 1.080 euros al mes. Pero, en algunos temas que ella considera que son fundamentales como referencia para su electorado, la vicepresidenta no da más opción a los empresarios que aceptar el fondo y, tal vez, hablar de la forma. Por lo tanto, el SMI va a subir con esa senda y, tal vez, todo sea discutir si lo hace un poco menos o un poco más del objetivo que Díaz se ha trazado. Sólo puede pararla el presidente. Lo mismo va a ocurrir con el encarecimiento del despido que planea. Díaz está esperando a que el Consejo de Europa respalde la petición de CCOO y UGT de elevar la indemnización por despido, para intentar trasladarla al Estatuto de los Trabajadores. 

La estructura del nuevo Gobierno suscita sentimientos encontrados en el PNV, socio indispensable de Pedro Sánchez en la legislatura entrante. Los jeltzales observan con suma satisfacción el relevo de José Luis Escrivá, su gran ‘bestia negra’ en los últimos años, por la navarra Elma Saiz, con un perfil menos técnico, sensible al autogobierno y, en principio, con menores resistencias a una decisión de calado político como la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Sin embargo, Sabin Etxea censura que se creen ministerios «sobre materias que no son competencia del Estado». Los nacionalistas vascos emitieron ayer un escueto comunicado en el que mostraron su «sorpresa» por que Sánchez haya mantenido «el elevado número de carteras» –22– del anterior mandato y, sobre todo, por la creación de nuevos departamentos que chocarían con las potestades de las comunidades autónomas. Ponen el foco especialmente en dos: Juventud e Infancia, desgajada de Derechos Sociales; y, sobre todo, Vivienda, que pasa a tener ministerio propio tras la aprobación de una ley que contó con el voto negativo del PNV precisamente por una «invasión competencial». Más allá de eso, la formación de Andoni Ortuzar confía en que el nuevo equipo contribuya a «cumplir» el acuerdo firmado hace dos semanas y en el que se menciona un plazo «improrrogable» de dos años para culminar las transferencias pendientes. Al otro lado de la mesa habrá una nueva cara, ya que el principal interlocutor pasará a ser el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres, que se convierte en el sexto ministro de Política Territorial de Sánchez. También hay relevo al frente de Transportes –Óscar Puente sustituye a Raquel Sánchez–, una cartera clave para la finalización de las obras del TAV.

El primer consejo de ministros de la nueva legislatura echa a andar mañana con una intensa agenda económica que no puede esperar demasiado para materializarse: el futuro de las medidas de apoyo por la inflación; la revalorización de las pensiones; o el nuevo Presupuesto del Estado para 2024. Y lo hará en un entorno económico de contrastes: España sigue creciendo por encima de la media de sus socios europeos pero el mercado laboral se comprime tras varios trimestres de creación récord de empleo. Así, la promesa electoral de Pedro Sánchez de rebajar el desempleo hasta el 8% se complica por la pérdida de dinamismo del mercado de trabajo en esta recta final de año. Se sigue creando empleo, pero con mucho menos brío. Así lo advierten Fedea y el BBVA Research, que en un informe alertan de «una pérdida de impulso» de la creación de empleo en el tercer trimestre y en lo que llevamos del cuarto «lastrada por la ralentización de la actividad económica». Aunque está «en línea con el estancamiento del conjunto de la Eurozona» y «no parece que vaya a ir a más», según el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech. El mayor obstáculo para conseguir el pleno empleo son los más de 1,1 millones de parados de larga duración que hay en España –datos de la EPA del tercer trimestre– y que cada mes más que pasan en el desempleo hace más difícil su reincorporación.

Stellantis e InoBat serán las empresas que liderarán los mayores proyectos que se presentarán a la tercera convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), prevista para 2024, después de no recibir los fondos esperados en la segunda edición, en el caso de Stellantis, o de quedar excluida del reparto, en el de InoBat. La competencia será alta, puesto que sólo habrá 250 millones de presupuesto para ayudas directas, mientras que se darán 1.000 millones para financiación. Además, hay rumores de que un gran fabricante también estaría pensando en presentarse. Ford o Renault son los favoritos. Tras un primer Perte VEC, en el que el grupo Volkswagen fue el gran beneficiado con casi 360 millones para su gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia), todo apuntaba a que la segunda convocatoria iba a ser la de Stellantis, que quiere construir en su planta de Figueruelas (Zaragoza) una gigafactoría de baterías, como adelantó EXPANSIÓN el 18 de septiembre. Sin embargo, las cosas no han salido como Stellantis esperaba, ya que de los casi 200 millones solicitados en el segundo Perte VEC, el grupo ha recibido unos 56. El protagonismo inesperado de esta segunda edición ha recaído en la china Envision y su planta de baterías de Cáceres, que percibirá 200 millones en ayudas directas y 100 millones en préstamos blandos. El Gobierno, que empezará a comunicar en diciembre las resoluciones de la segunda línea del Perte VEC II, ya trabaja en el tercer capítulo. La futura convocatoria ha sido habilitada gracias a la adenda de 93.500 millones aprobada por la Comisión Europea para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. De este monto, 1.250 millones irán a parar al impulso de un tercer Perte VEC, que tiene una peculiaridad, según dijo el Ejecutivo: la mayor parte del importe será para préstamos blandos y sólo 250 millones para ayudas.

Endesa informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que deberá pagar unos 530 millones de euros (570 millones de dólares) a “una compañía productora de gas natural licuado”, cuyo nombre no desvela, por un arbitraje en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) que se ha saldado con un laudo condenatorio. Fuentes del sector energético explican que la empresa a la que hace referencia es el monopolio estatal de Qatar, QatarEnergy, el mayor productor de gas natural licuado (GNL) del mundo. QatarEnergy es el nuevo nombre de Qatargas, la empresa pública del gas de Qatar, que hace meses se fusionó con RasGas, el grupo que realmente inició el pleito con Endesa. En la eléctrica española prefieren “no hacer comentarios”. RasGas selló en 2003 multimillonarios contratos de suministro de gas con Endesa a veinte años, cuya revisión tocaba hace poco, justo en un momento de fuertes subidas de los precios del gas, por la guerra de Rusia contra Ucrania. Qatar inició el arbitraje en el ICC, con sede en París. El problema es que, además de haber perdido ya un pleito, según los informes de resultados de Endesa, hay otro litigio idéntico en paralelo, supuestamente también de Qatar. En concreto, Endesa tenía dos grandes pleitos abiertos. Uno, en el que se le reclamaban 1.283 millones de dólares, y que esperaba cerrar en el cuarto trimestre de este año. Y otro en el que se le reclamaba 598 millones de dólares, y que esperaba cerrar en el segundo semestre de 2024.

La casi barra libre de las ayudas de Estado para amortiguar la subida de los precios de la energía estará abierta seis meses más, hasta el 30 de junio de 2024. A finales de este año estaba previsto que acabara la regulación que facilita a los países prestar auxilio a las empresas asfixiadas por los precios de la energía, pero finalmente, la Comisión Europea ha extendido la medida medio año. La intención inicial del departamento de Competencia era conceder una prórroga de tres meses, hasta el 31 de marzo, y con esa intención abrió una consulta el 6 de noviembre. Oídas las capitales, el Ejecutivo comunitario ha cambiado de planes y ha alargado su plan inicial más de lo previsto. Esta ampliación del régimen laxo de ayudas por seis meses más supone, en cierto modo, una contradicción con las recomendaciones presupuestarias que la Comisión lleva lanzando desde, al menos, la primavera, cuando Bruselas comenzó a dar por superada la crisis energética. El argumento empleado en el Ejecutivo para el paso anunciado ayer es que a pesar de que la situación ya no es tan difícil como hace un año, la cotización de las materias primas sigue teniendo un alto componente de incertidumbre, algo que recogían las previsiones económicas comunitarias divulgadas hace una semana. Se busca, por tanto, dejar la puerta abierta para que los Estados no tengan las manos atadas durante el invierno y algo más por si la situación empeora de nuevo, algo que no puede descartarse ante el escenario geoestratégico abierto a las puertas de la UE (la invasión de Ucrania por Rusia y el conflicto bélico entre Israel y Hamás).

No todo es OpenAI ni toda la inteligencia artificial generativa es ChatGPT. El fervor por esta tecnología ha desatado la fiebre inversora por un ecosistema que en 2022 captó cerca de 1.400 millones de euros, lo que supone, según datos del sector, multiplicar por siete la cantidad que se recaudó el año anterior. Y alrededor de esta nueva tecnología han crecido infinidad de herramientas desde asistentes conversacionales hasta potentes detectores precoces de cánceres o enfermedades. Aunque toda la atención la centra la compañía fundada por Sam Altman, a quien por cierto despidieron el pasado viernes y acaba de fichar por Microsoft. En pocos meses, esta empresa emergente ha pasado de ser una completa desconocida para el público en general a ser la compañía del momento gracias a su robot conversacional basado en el lenguaje natural. Con apenas ocho años de vida, OpenAI supera los 25.000 millones de valoración, aunque tardó sólo cuatro años en alcanzar el estatus de unicornio, firma emergente con una valoración superior a los 1.000 millones de euros. Al calor de esta ‘fiebre’ han aparecido numerosas startups. «Esto es mucho más realista que el ‘boom’ vivido con el metaverso, o el IoT, o el coche autónomo», señala Fernando Zallo, director de Esade BAN. «No, no hay burbuja en la inteligencia artificial», apostilla Ángel Barbero, profesor de EAE Business School. Hasta ahora, más de una docena de empresas de IA generativa han alcanzado una valoración de más de mil millones de euros y lo han hecho gracias a la herramienta de OpenAI, ya sea por la popularización de su herramienta o bien porque han salido de la plantilla de la compañía de Altman.

Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, ha demostrado su capacidad para sobreponerse con celeridad al golpe que supuso el sorpresivo despido el pasado viernes de Sam Altman como consejero delegado de OpenAI, compañía en la que posee un 49% del accionariado y sobre la que ha construido su ofensiva en inteligencia artificial. Nadella anunció ayer el fichaje de Sam Altman y otros investigadores destacados de su equipo para liderar un nuevo laboratorio puntero en inteligencia artificial, que actuará como una filial independiente dentro de Microsoft. Altman será el consejero delegado de la nueva compañía. Le acompaña el también cofundador de OpenAI Greg Brockman, quien dimitió el viernes tras el despido de Altman. Horas después de que tres pesos pesados del equipo se unieran al proyecto, más de 500 empleados de los 700 de OpenAI se rebelaron y amenazaron con abandonar la start up, a menos que dimita el consejo y se restituya a Altman y a Brockman en sus puestos. Los empleados dicen en su misiva que Microsoft les ha asegurado que hay sitio en la nueva filial para todos ellos. Un éxodo de este calibre dejaría gravemente herida a OpenAI y permitiría a Microsoft contar con un poderoso laboratorio bajo su control para liderar la carrera de la IA en su batalla con otros gigantes como Google. Nadella defendió ayer la experiencia de Microsoft para encajar dentro de la compañía filiales “con identidades y culturas independientes” y prometió que el gigante tecnológico “se moverá deprisa” para proporcionar al nuevo laboratorio “los recursos necesarios para su éxito”.