20231218

Hicieron falta 40 horas de discusión en tres días para que los equipos negociadores de la Comisión Europea, el Consejo y la Eurocámara lograran cerrar el acuerdo para una normativa pionera en el mundo sobre Inteligencia Artificial (IA). Entre muchas otras cuestiones, la ley quiere vigilar los usos de riesgo, prohibir las consideradas aplicaciones peligrosas e identificar los contenidos generados por IA para que los ciudadanos se sientan más seguros. La parte negativa del nuevo reglamento, al menos la que más críticas está generando, es la desconfianza a cómo se desarrollará la innovación a partir de ahora. Ante esto, desde la Secretaría de Estado apuntan que la ley tiene un «gran equilibrio» entre libertad y protección, que era la línea más fina de las negociaciones. Y como todo nuevo reglamento, el segundo punto más criticado por el sector es el coste de implantarlo por las pequeñas y medianas empresas. Según un informe de la propia Comisión Europea, la legislación sobre la IA generará costes para las pymes al tener que adherirse a un nuevo reglamento que obliga a adaptar equipos y destinar recursos para ello. Unos costes que calcula que estarán entre los 330 y los 495 euros por empleado. De esta forma, una pyme de 100 trabajadores debería destinar entre 33.000 y 49.500 euros al cumplimiento de este nuevo reglamento. Aún así, el informe indica que estos costes adicionales no significa que las inversiones no terminen siendo rentables. Este es un punto que desde la Secretaría de Estado no quisieron comentar, ya que son indicadores que aún no están definidos, explican. La ley será ratificada en octubre o noviembre de 2024, y a partir de ahí las empresas tendrán un plazo de 24 meses para aplicarla, aunque el objetivo es que los usos prohibidos se implementen a los seis meses. En caso de incumplimiento, la ley incluye sanciones importantes. Según las mismas fuentes, estas multas podrán llegar a los 35 millones de euros o el 6,5% de la facturación anual si se incurre en una violación de las prohibiciones. 

El jueves, el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, brindaron con champán entre abrazos y amplias sonrisas por lograr desbloquear una «histórica» operación para ampliar el Puerto de Valencia con una inyección pública de 656 millones y una inversión global de 1.600. Puente, el azote de Feijóo, aparcó su particular guerra sin cuartel contra los populares mostrando su mejor sonrisa en uno de los grandes feudos autonómicos del PP. En un proyecto, además, que rechaza de plano Sumar, su socio de coalición en el Gobierno, así que habrá lío. Será mañana cuando el Consejo de Ministros dará luz verde a la licitación de las obras de la terminal norte que tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar 5 millones de contenedores. No es una inversión más. Primero, porque se hace en la segunda gran puerto del país en movimiento de mercancías, sólo por detrás de Algeciras, lo que fomentará su potencial, crecimiento y liderazgo respecto al resto de infraestructuras, entre ellos el de Bilbao (mueve menos de la mitad de toneladas: 64 millones frente a 28, en el acumulado del año hasta octubre). Y segundo, por la enorme carga política de la decisión. La apuesta del Gobierno central por el corredor mediterráneo viene de largo y este proyecto viene a confirmar que las muchas advertencias que viene lanzando Euskadi, con el lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza, no son meras pataletas. 

Los cerca de 150.000 trabajadores del sector público vasco están llamados a participar mañana en la segunda de las dos jornadas de huelga convocadas por la práctica totalidad de los sindicatos (ELA, LAB, CC OO, Steilas, Satse y ESK) –UGT se ha desmarcado de estas protestas–, en todo el ámbito público de Euskadi (Osakidetza, Educación, Administración general autonómica...). El paro de mañana es continuación del que ya se llevó a cabo el pasado día 25 de octubre y que tuvo cierta incidencia en el ámbito educativo y en el transporte, y escasa en el sanitario. Con estas movilizaciones los sindicatos convocantes exigen que los salarios y el empleo público se negocien en Euskadi –posibilidad que contempla el pacto entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez– a fin de que se recupere el poder adquisitivo perdido, que estiman en más de un 20% desde 2009, y se reduzca la temporalidad al 8%. Sin embargo, el Gobierno vasco considera que estos paros tienen «tintes políticos» y pretende trasladar a la ciudadanía una sensación de «caos» de cara a las próximas elecciones autonómicas que, en principio, están previstas para la próxima primavera de 2024. Y al igual que ya ocurrió en la jornada de huelga del 25 de octubre, los sindicatos han calificado de «abusivos» los servicios mínimos establecidos por el Departamento vasco de Trabajo.

La siniestralidad laboral sigue siendo uno de los grandes retos para empresas e instituciones, pese a que se ha ido reduciendo paulatinamente en las dos últimas décadas. Pero todavía son muchas las vidas segadas en el trabajo, la cara más dramática de las estadísticas. Y en este punto, Gipuzkoa continúa presentando este año los peores datos siguiendo la estela del ejercicio pasado. Y es que en los diez primeros meses se han registrado diez accidentes mortales en nuestro territorio. Se trata del mismo número de fallecimientos que los que ha habido en Bizkaia, que cuenta con una población trabajadora mucho más amplia que Gipuzkoa, mientras que en Araba se han registrado cuatro. De hecho, con los últimos datos de afiliación ofrecidos por la Seguridad Social correspondientes a noviembre, en nuestro territorio hay 337.217 cotizantes, mientras que en el territorio vecino se eleva a 507.384 y en Araba a 166.631. Con estos datos, Gipuzkoa cuenta con el 33,35% de la población trabajadora de toda Euskadi, mientras que Bizkaia acapara la mitad, el 50,18%, y Araba el 15,67% restante, unos porcentajes similares a su peso económico. Sin embargo, los diez fallecidos registrados en Gipuzkoa hasta octubre suponen el 41,66% del total, que ascienden a 24.

La descarbonización industrial, uno de los acuerdos alcanzados por los 200 países que participaron en la pasada cumbre del clima de Dubái, acarrea reordenaciones en las empresas. La factura en empleo para ArcelorMittal supone la reducción de 440 puestos de trabajo en España, el 5,30% de la plantilla de 8.300 profesionales en el país. Además, la multinacional de la familia Mittal clausurará uno de los dos hornos altos de Gijón (Asturias), los únicos centros de siderurgia integral que quedan en España tras la desaparición de los de Barakaldo (Bizkaia) y Sagunto (Valencia). Estas instalaciones de cabecera se alimentan con mineral de hierro y con carbón y su cierre disminuye las emisiones de CO2. El plan de ArcelorMittal pasa por la sustitución de ese horno alto por una acería de arco eléctrico, con lo que en paralelo recortará la actividad del parque de minerales y de carbones de Aboño, asimismo en Asturias y a pocos kilómetros de Gijón. La reordenación también acarreará el cierre de una de las dos plantas de sinterización de Aboño, que abastecen de minerales a los hornos altos. El proyecto supone una inversión de 1.000 millones de 2021. Un presupuesto que ahora es mayor por la inflación acumulada desde ese año y que depende además de la concesión de unas ayudas de 450 millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Estas subvenciones, en fase de negociación con el Ejecutivo de Madrid, cuentan con la autorización de la Comisión Europea. 

Azucena Hernandez Eurocybcar eta Grupo Cybentia taldeko zuzendari eta sortzailea da. Madrildarra jaiotzez, 47 urterekin dena utzi eta Gasteizera etorri zen bizitzera, eskuartean zuen proiektu bat aurrera ateratzeko asmoz. Eurocybcar zen proiektu hura, eta Euskal Herrian aurkitu zuen enpresa bultzatzeko ekosistema egokia.  Ibilgailuen zibersegurtasun maila neurtu eta ziurtatzen duen lehen mundu mailako testa ondu du. "Gure testa nazioartean patentatzeko prozesuan gaude. Estatu Batuetan, Mexikon, Ingalaterran eta Europan". "Asko hitz egiten da ibilgailu autonomoaz, baino semaforoak, parkingak edota autobus geltokiak ere ziberseguruak izan behar dute". Gehiago irakurri hemen. 

Sólo el 38,1% de las empresas ha decidido reducir sus beneficios, y repartir menos dividendos, para hacer frente a la inflación. Es decir, que ha optado por asumir el impacto, o una buena parte del impacto de la inflación en sus costes, para no trasladarlos a sus precios y no arriesgarse a perder clientes y competitividad. Por el contrario, el 44,3% de las firmas ha optado por subir el precio de sus productos y servicios para paliar el aumento de sus costes por la inflación. Este es un hecho relevante en las empresas que explica una de las razones de la resistencia de la inflación a bajar. Así se desprende de la encuesta que la Cámara de Comercio de España, en colaboración con SigmaDos, ha hecho sobre la opinión de 2.150 empresas de todos los tamaños y sectores, respecto a la inflación, los tipos de interés y la política fiscal. La encuesta se hizo entre el 28 de agosto y el 21 de septiembre. Entonces, la inflación interanual era del 3,1%. El informe, que admite respuestas múltiples, apunta que el 26,2% de las empresas ha reorganizado la producción, para mejorar la eficiencia productiva y ahorrar costes. Sobre todo, porque el 51,3% de las empresas ha detectado una subida muy elevada, un encarecimiento, de los insumos, que son los recursos, materias primas y provisiones que necesitan las firmas para la producción. A mucha distancia, un 37,2% de las empresas opina que el incremento ha sido moderado. En estas circunstancias, ante la tensión inflacionista, el 18,3% ha decidido aplazar sus planes de inversión, y el 17,4, retrasar pagos o renegociar los contratos con sus proveedores. En todo caso, llama la atención la moderación de las empresas en repercutir en los trabajadores y en los costes laborales el aumento de la inflación. Así, sólo el 14,8% ha decidido congelar los salarios, y el 13,2%, reducir plantilla.

Iberdrola, a través de ScottishPower Energy Networks, filial de distribución en Reino Unido, ha adjudicado los primeros contratos por un valor de 1.800 millones de libras (unos 2.100 millones de euros) para su megaproyecto de cable submarino de alta capacidad que unirá Inglaterra y Escocia. Este proyecto, denominado Eastern Green Link 1 (EGL1) y construido por un consorcio formado por ScottishPower Energy Networks y National Grid Electricity Transmission, consistirá en una gran autopista eléctrica que conectará uno de los centros de generación renovable más importantes de Europa –el territorio escocés del Mar del Norte– con Inglaterra y abastecerá a dos millones de hogares. En concreto, la empresa Prysmian Group se ha adjudicado el suministro de casi 400 kilómetros de cable eléctrico por unos 750 millones de libras (874 millones de euros). Por su parte, GE Vernova y Mytilineos Energy & A Metals se han hecho con un contrato de 1.000 millones de libras esterlinas (unos 1.165 millones de euros) para suministrar y construir dos estaciones convertidoras HVDC, una en cada extremo del enlace. EGL1 es uno de los proyectos estelares de Iberdrola en su apuesta por Reino Unido, con una inversión total de 2.500 millones de libras (más de 2.900 millones de euros). El diseño comenzará en 2024 y la construcción en 2025.

Usando los datos diarios de afiliación a la Seguridad Social, un grupo de investigadores del centro de estudios Fedea ha examinado este punto: “La duración del empleo no muestra los cambios que a priori se anticiparían como resultado de la disminución del trabajo temporal”, señala el estudio. La reforma laboral de 2021 fue aprobada por el Gobierno de coalición y respaldada por la patronal y los sindicatos. Esta restringe mucho el contrato temporal y ha logrado que el porcentaje de temporales descienda de manera muy importante. Pero los patrones diarios de creación y destrucción de empleo apenas han cambiado. A pesar de que tras la reforma ha aumentado la conversión de trabajadores en indefinidos, los datos de afiliación diaria muestran que ha habido a la vez un incremento significativo de la mortalidad de los contratos indefinidos ordinarios. O lo que es lo mismo: el fijo ordinario se usa más, pero su duración ha caído. En estos registros de la Seguridad Social se observa también que el fijo discontinuo, el contrato que ahora se ha fomentado como alternativa al eventual, se está utilizando con la misma intermitencia que se usaba el temporal de corta duración. “A pesar de ser etiquetados como indefinidos, estos contratos no ofrecen a los trabajadores la misma seguridad laboral que los indefinidos tradicionales”, advierte el estudio. Y el contrato de la construcción, aunque ahora se considera fijo porque se ha introducido una causa específica de despido, sigue terminando con el fin de la obra igual que antes. Estos tres factores implican que los cambios originados por la reforma no han sido tan contundentes como cabría esperar.

El sector constructor, representado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha entablado los primeros contactos con el nuevo equipo del Ministerio de Industria con la petición de ayuda para descarbonizar la actividad. El colectivo precisa dar relevo a miles de máquinas ya obsoletas que funcionan a pie de obra. El plan renove sería viable, según está trasladando el presidente Pedro Fernández-Alén, con el apoyo de la financiación ofrecida por la UE a través del plan Next Generation. La CNC realizó un primer intento de captación de fondos a través del Ministerio de Transición Ecológica, pero la propuesta, que analizó el departamento del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, no llegó a tiempo para ser incluida en la adenda al plan de recuperación. Esta fue aprobada en junio por el Consejo de Ministros y salió adelante en octubre en la Comisión Europea y en el Ecofin. La actualización del citado plan permite a España movilizar hasta 163.000 millones entre 2021 y 2026, de los que 83.000 millones son en forma de préstamos. La patronal de la construcción, en la que se incluyen asociaciones como Seopan, ANCI, Ancop, Anmopyc o Andimac, entre otras, no ha tirado la toalla en busca de respaldo para una renovación millonaria. La transición hacia una construcción más sostenible, industrializada, digital y productiva pasa por el rejuvenecimiento de un parque de maquinaria que puede superar las 100.000 unidades en elementos móviles. La citada Anmopyc (Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Construcción y Minería) ha realizado un estudio en el que identifican más de 66.000 máquinas automotrices, de las que el 79% superan los diez años en el tajo. De hecho, concluye el informe, la edad media del parque de maquinaria de construcción autopropulsada está en los 18,5 años.

El Banco de España reclamará información a los bancos sobre los altos sueldos en sus plantillas. El supervisor ha publicado una circular por la cual las entidades tendrán que elaborar y remitir a partir de 2024 informes con detalles relativos a los empleados mejor pagados. Hasta ahora, los bancos proporcionaban al supervisor información general sobre la remuneración de todo el grupo y también sobre los empleados que perciben anualmente un sueldo de un millón de euros o superior. Pero ahora el Banco de España ha dado un paso más. Según la nueva norma, las entidades deberán reportar detalles sobre los mandos intermedios, directores y ejecutivos que podían quedar fuera de los informes, pero perciben un sueldo alto en comparación con el resto de empleados. Según explica la directora de compensación general de consejeros y de directivos de KPMG, Mónica San Nicolás, la consideración de alta remuneración no se establece en función de una determinada cantidad (como en el caso del millón de euros), sino que depende de los sueldos que pague cada entidad a su plantilla. Es decir, en los bancos regionales de tamaño pequeño un alto sueldo va a ser mucho más bajo que en otra entidad de gran tamaño y con presencia internacional. Pero en comparación con el resto de remuneraciones en la plantilla es elevado y la entidad deberá incluirlo en su informe. En ningún caso se trata de limitar los sueldos de los directivos.

España enfila las últimas semanas del año con sus reservas de gas prácticamente al máximo en un 2023 todavía marcado por la guerra en Ucrania, pero en el que se ha hecho mucho menos énfasis en el ahorro energético y la necesidad de garantizar el suministro. El año 2022 fue paradigmático porque llegó a ponerse el foco en la iluminación nocturna de las ciudades para no derrochar energía. Ahora, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a los alcaldes un «consumo inteligente» en la iluminación navideña, aunque no se han aprobado medidas de ahorro adicionales. En ambos casos, las reservas superaron ampliamente el 90% de capacidad en la semana inmediatamente anterior a las fiestas. Así, el viernes 15 de diciembre el almacenamiento de gas en España estaba al 96,42% de su capacidad, según los datos que publica GIE, la asociación de operadores de la infraestructura gasista europea. En la UE, la media es del 89,03%. Mientras, el 16 de diciembre de 2022, el viernes equivalente del año pasado, se encontraban al 93,63% y la media comunitaria era del 84,62%. La diferencia, por lo tanto, existe, pero no es muy reseñable. Y es también destacable que hay más gas este año que en 2022, cuando toda Europa temía por el suministro en invierno y ya desde verano se plantearon medidas de ahorro, como la regulación de temperaturas y el apagado de las luces de los comercios por la noche en España. De cara a esta Navidad, hace dos semanas Ribera apeló en el podcast Carne Cruda a ese «consumo inteligente de energía» y apuntaba que debíamos ser «cuidadosos» con «cuánto dedicamos y para qué». En cualquier caso, las medidas de ahorro siempre se plantearon como una forma más de ayudar a Europa, puesto que en España, que cuenta con seis regasificadoras, nunca se llegó a temer por el suministro del hidrocarburo.

La rápida recuperación por parte del Gobierno de la llamada Ley de Representación Paritaria, que obligará a que haya al menos un 40% de mujeres en los Consejos de Administración de las grandes empresas, ha impactado en el Ibex incluso antes de llegar al BOE. Los 35 integrantes del selectivo español de referencia serán las primeras empresas en dar ejemplo y tendrán que cumplir con el 40% de paridad el próximo 30 de junio de 2024 (siempre que la ley esté aprobada para entonces), con lo que es de esperar que se generen movimientos entre el centenar de consejeros cuyo mandato vence en ese mismo año. Además, la fecha elegida por el Ejecutivo no es casual, ya que coincide con el fin del plazo legal para celebrar las juntas generales de accionistas del año, momento en que los titulares de las acciones de la empresa votan la renovación o nombramiento de nuevos consejeros y consejeras. «Las empresas llevan años avanzando en esta dirección, no es nada nuevo bajo el sol», explica Loreto González, socia de responsable de la práctica de consejos y sector financiero de Korn Ferry, la mayor firma de consultoría de talento en el mundo y ojeadora a la hora de incorporar perfiles de este tipo de un 70% del Ibex. Los datos respaldan la afirmación. A comienzos de 2021, solo había cuatro empresas del Ibex 35 que llegasen a este 40% de consejeras. Dos años y medio después, más de la mitad de las compañías ya se sitúa en los parámetros marcados por el Ejecutivo y, entre las 14 que no cumplen, la mayoría lo haría si cambiara a un consejero por una consejera. «Ya hay procesos en los que te piden que solo selecciones mujeres». 

"...En su conjunto, los acuerdos albergan con alegría inusitada una interminable lista de subidas, como es el caso del ingreso mínimo vital, de las pensiones mínimas y no contributivas y de los permisos por paternidad y maternidad. En el ámbito docente la universalización de la educación infantil, la ampliación de horarios y condiciones de empleo, la rebaja del número de estudiantes por aula, el aumento de las becas o el abaratamiento de las matrículas. En el campo sanitario se prometen inversiones para reducir las listas de espera y ampliar prestaciones. En cuanto a la vivienda se sugiere ampliar el parque público con aumento de ayudas para acceso y rehabilitación a las mismas. Añadamos a la fábula financiera el capítulo laboral. Aquí hallamos la reducción obligatoria de la jornada de trabajo desde 40 a 37,5 horas semanales sin reducción de salarios, la subida del SMI hasta el 60% del salario medio y el endurecimiento de las condiciones de despido, descuelgue y modificación unilateral de las condiciones de trabajo. Dejando de lado las razones espurias invocadas para justificar los pactos de coalición, algunos de ellos podrían ser compartidos dentro de ciertos parámetros si no surgiera la seria sospecha de que, en parte, podrían ser superfluos, en particular en el sistema educativo, cuyas carencias tienen poco que ver con un déficit de gasto sino más bien con el diseño del sistema. En especial, el sistema universitario, donde la prioridad tendría que ser la reforma de su gobernanza y la rendición transparente de sus cuentas ante los ciudadanos que lo financian. En materia de vivienda, el control de alquileres es contraproducente porque reducirá la oferta, elevará los precios y dará lugar a todo tipo de problemas de equidad. De todo lo dicho cabe concluir, que el desbordante acuerdo económico cerrado con los socios de gobierno, con un coste estimado de unos 100.000 millones de euros en esta legislatura, que conllevará un significativo incremento de la presión fiscal, dibuja una deriva ideológica alocada. El supervisor AIReF ya ha denunciado que el Plan de Reequilibrio que incluye las 230 medidas convenidas incumple la Ley de Estabilidad". 

El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco aprobó hace dos años un decreto que habilita a los ayuntamientos a aplicar un canon de 10 euros por metro cuadrado a las viviendas que acumulan al menos dos años sin ser utilizadas, con la intención de que sus propietarios opten por sacarlas al mercado. Ningún Ayuntamiento vasco ha hecho uso de esta posibilidad. Algunos han optado por otras vías, sobre todo el recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles. En Bizkaia hay 6.700 viviendas deshabitadas a las que podría aplicarse el canon.

La presión aumenta en torno a Benjamín Netanyahu para que acepte una nueva pausa en Gaza. Algunas de las familias de los más de cien cautivos que quedan en manos de Hamás han levantado una acampada a las puertas del Ministerio de Defensa en Tel Aviv para pedir el regreso de los suyos a casa vivos y «no en bolsas de plástico», en declaraciones de Sharon Kalderon, cuya cuñada sigue presa de la milicia. Las protestas arrecian justo cuando el ejército ha hecho uno de sus principales hallazgos desde el inicio de la guerra: la galería que fue pieza clave para que unos 3.000 terroristas entraran rápidamente en territorio israelí, devastaran los kibutz próximos a la Franja y asesinaran a 1.200 personas el pasado 7 de ocubre. El túnel, de amplias dimensiones, excavado a 50 metros de profundidad y de 4 kilómetros de longitud, es el mayor descubierto hasta el momento e Israel calcula que Hamás tuvo que invertir «millones de dólares» en su construcción que podrían haber utilizado en «escuelas, hospitales o viviendas». Desde el exterior, Alemania, el Reino Unido y Francia se han unido a las voces que piden un alto el fuego inmediato. La respuesta del primer ministro es que «Israel luchará hasta el final» para acabar con la amenaza de Hamás. La muerte de tres rehenes por disparos del propio ejército ha acelerado los contactos para que una nueva pausa humanitaria entre en vigor.