20260530

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Menos de 24 horas después de que Adegi lanzara un llamamiento urgente a «tomar conciencia» de los enormes desafíos a los que se enfrentan las empresas vascas, Elkargi ha recogido el testigo para coincidir «al 100%» con la patronal guipuzcoana tanto en su mensaje como en las medidas propuestas por la organización pilotada por José Miguel Ayerza. En la jornada elegida para la celebración de su junta general de socios, la sociedad de garantía recíproca advirtió a su vez de que «las pymes de Euskadi están en el ojo del huracán» y que su inversión ya está menguando. El presidente de Elkargi, Lander Arteche, al igual que el director general, Zenón Vázquez, recordaron hoy que aunque la situación macroeconómica del País Vasco es buena, «existen riesgos subterráneos y tensiones de elevada importancia que si no actuamos pronto pueden afectar a nuestro Estado del Bienestar». «No podemos estar más de acuerdo con Adegi, hay que tomar conciencia y actuar», sentenció Lander Arteche, quien aseguró que es «súper relevante» el planteamiento puesto sobre la mesa por la asociación empresarial guipuzcoana. «La situación es buena, sí, pero los nubarrones que hay al fondo son importantes», explicó, para subrayar a continuación que «la velocidad a la que avanza China pone en riesgo economías como la nuestra e, incluso, la europea».

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado en la junta de accionistas de la empresa celebrada este viernes en Bilbao el momento «histórico» de la compañía, que cumple este 2026 su 125 aniversario, pero que además «vive su mayor perspectiva de crecimiento». Galán ha adelantado que la apuesta por las redes y la electrificación de la economía mundial permiten a la empresa asomarse a tres años, 2026-2028, en los que firmará un récord de beneficios acumulado de 21.000 millones. Una cifra que supone una media de 7.000 anuales, muy por encima del techo de 6.285 millones obtenidos el año pasado. Son los resultados de la apuesta estratégica para centrar el negocio en la gestión de las redes de transporte y distribución, cuyo plan de inversiones hasta 2028 asciende a 58.000 millones de euros. Una actividad que Iberdrola centrará principalmente en Reino Unidos y Estados Unidos. Galán ha destacado que la 'era de la electricidad' ya está en el mundo con un aumento de la demanda que la Agencia Internacional de la Energía cuantifica en el 50% y que en la Unión Europea se prevé del duplicar hasta 2040 y triplicar en 2050. Una situación en la que ha confesado que «no podemos suministrar la energía que nos demandan por las restricciones regulatorias». 

La donostiarra Multiverse Computing continúa perfilando la estructura final de su macroronda de inversión de 500 millones de euros (unos 580 millones de dólares), una operación que catapultará la valoración de la start up de inteligencia artificial y software cuántico por encima de los 1.500 millones. Según ha podido saber DV de fuentes al tanto de las negociaciones, la participación pública en la firma de Miramon se prepara para dar un salto de escala con muy pocos precedentes: el Gobierno central última una inyección a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) –la ‘Sepi’ digital– de alrededor de 190 millones de euros. La operación, de un tamaño y complejidad que deja sin sentido cualquier comparación con otras realizadas en Euskadi, avanza con la vista puesta en el calendario a corto plazo. El objetivo con el que se trabaja actualmente es que la ronda de financiación pueda cerrarse de manera oficial entre los meses de junio y julio. Sin embargo, las mismas fuentes subrayan que los importes definitivos y la articulación del capital aún están pendientes de los últimos flecos, en un escenario de negociación que definen como «muy líquido» y sujeto a variaciones. A la complejidad de aunar los potentes vehículos de inversión institucionales con los grandes fondos de capital riesgo internacionales, se le suman los propios trámites administrativos de la Administración. Al tratarse de una inyección estatal de semejante magnitud, este tipo de inversiones deben ser aprobadas por el Consejo de Ministros. 

La compañía, a través de una publicación en sus redes sociales, confirmó lo que se venía rumoreando en los pasillos de la fábrica: que contrata como empleados fijos a 100 de los trabajadores eventuales de la fábrica. Lo hizo, además, con una instantánea de Krottmayer rodeado de todos los nuevos fichajes de la multinacional alemana. «Dijimos desde el principio que la colaboración con las ETT es clave para nosotros. Nos permite adaptarnos a las fluctuaciones del mercado y a las necesidades de producción, con la flexibilidad que hoy exige la industria. Pero también teníamos una idea muy clara: convertir esa puerta de entrada en oportunidades reales. Hoy lo demostramos», afirmó la compañía. Krottmatyer fue el encargado de dar la bienvenida a los nuevos operarios, que según la propia Mercedes desde ayer «cuentan con estabilidad y una perspectiva de futuro clara». La empresa, además, deslizó que este centenar de trabajadores puede ser una avanzadilla de más conversiones de eventuales en fijos. «Esto no es un paso puntual. Queremos avanzar en esta línea en los próximos meses», prometió. Cabe recordar que Mercedes ha encargado en el último año la contratación de más de 700 trabajadores eventuales: 100 en agosto del año pasado y más de 600 en febrero para entrar «progresivamente» en la Avenida de Los Huetos.

Almacenar energía renovable durante largos periodos mediante aire líquido. Es la función principal de los sistemas térmicos que ha desarrollado Lointek para la empresa británica Highview, líder mundial en soluciones de almacenamiento y flexibilidad energética. Un proyecto que la firma vizcaína presentó ayer en Urduliz y que contó con la visita de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe. Lointek ha sido responsable del diseño, fabricación y suministro de sistemas térmicos para una innovadora planta de almacenamiento energético mediante aire líquido, considerada la mayor instalación de este tipo en el Reino Unido. Los equipos diseñados para Highview, que son un total de 12 y que se empezarán a entregar desde junio, permiten almacenar energía renovable durante largos periodos enfriando el aire, utilizando el excedente de renovable de la red hasta convertirlo en líquido a temperaturas extremadamente bajas.

Tras inaugurar la serrería de Etorki y Lana a principios de mes, el jefe del Ejecutivo vasco volvió ayer a la comarca para celebrar el centenario de la empresa JEZ, ahora integrada en el grupo austríaco Voestalpine. En un desembarco de cargos públicos que incluyó al consejero de Industria Mikel Jauregi y el diputado general Ramiro González, las instituciones quisieron arropar a la compañía en un momento muy delicado para la industria del valle. El incierto futuro de Tubos Reunidos, el bloqueo del conflicto en Maderas de Llodio, el cierre de Construcciones Metálicas Ayala o la falta de un acuerdo final para que el consorcio de inversores entre en Guardian copan buena parte de la conversación pública en la comarca. Así que los responsables políticos no quisieron dejar pasar una ocasión de celebración para exhibir su apoyo a las empresas del valle que mantienen una buena marcha. En Llodio, rodeado de directivos de la firma, Pradales puso en valor la factoría como un polo integrado en «un elemento fundamental de una de las apuestas de Europa: la movilidad ferroviaria». El lehendakari defendió ese sector como uno «sostenible» y «competitivo», capaz de «hacernos más atractivos para la inversión o la captación de talento». JEZ es un caso paradójico. La compañía que cumple ahora un siglo de vida no nació en Llodio, sino en Bilbao. Fue a los 22 años de andadura cuando la firma se mudó a Aiaraldea. «A partir de entonces habéis vivido cambios profundos, pero hay una característica que nunca habéis perdido: vuestro arraigo hacia Euskadi, vuestro vínculo con nuestro país. Hoy pongo eso en valor», destacó Pradales. El lehendakari puso a JEZ a la altura de empresas como Talgo o CAF. 

Cuerpo ha recordado que el tiempo para ejecutar estos fondos termina este agosto y que el periodo para recibir los últimos desembolsos culminan a finales de año, por lo que «hay que apretar». «Ahora tenemos que pulsar el botón del acelerador para ser capaces de aprovechar al máximo en su totalidad estos fondos. A las administraciones les corresponde ir certificando que se han ido cumpliendo todos los hitos y a las empresas les corresponde acelerar también en ese proceso de inversión». El ministro de Economía ha recordado que desde el Gobierno ya están mirando «más allá» a través del fondo soberano 'España Crece' que quieren crear desde el Instituto de Crédito Oficial ICO. «Vamos a meter más de 10.000 millones en ese colchón que le va a permitir levantar, por si solo, unos 60.000 millones de euros para financiación directa», ha explicado. Se trata de una inyección con la que quieren apalancar inversión privada, generando un euro más por cada uno invertido, de tal forma que al final este instrumento movilice más de 120.000 millones. En la cita, Torres ha presentado el informe sobre el impacto que los fondos de recuperación están teniendo sobre la economía vasca. Hasta la fecha, Euskadi ha recibido ya 4.529 millones de euros de esta aportación, de los cuales 1.307 han sido gestionados de manera directa por el Gobierno vasco. Un 96,5% de ellos ya han sido asignados a proyectos y el 85% está actualmente ejecutado.

Eudel, la asociación de municipios vascos, ha presentado este viernes a sindicatos ELA, LAB, CC OO y UGT una propuesta de preacuerdo para la renovación integral del convenio Udalhitz, el marco regulador de las condiciones de trabajo en los ayuntamientos vascos. La Mesa de Negociación busca establecer las condiciones laborales para el periodo 2026-2032, afectando a unos 23.000 empleados públicos de 252 ayuntamientos y otras entidades locales de la CAPV. En el apartado económico, la propuesta contempla la creación de un fondo adicional del 1% anual durante los próximos cinco años, lo que supondrá un máximo acumulado del 5% destinado a compensar la pérdida de poder adquisitivo. Este incremento se sumará a las subidas derivadas de la normativa estatal, que en este año 2026 ha sido del 1,5%. Las administraciones locales podrán aplicar este fondo mediante diversas fórmulas, tales como valoraciones de puestos de trabajo, planes de carrera profesional o evaluaciones del desempeño. Respecto a la organización del tiempo de trabajo, Eudel plantea una reducción anual de 45 horas de presencia efectiva, estableciendo así una jornada máxima de 1.547 horas anuales. En materia de salud laboral, una de las novedades más destacadas es el compromiso de garantizar la cobertura del 100% de las retribuciones durante todo el periodo de incapacidad temporal, independientemente de la causa de la baja. Además, se prevé la actualización de veinte artículos relativos a licencias y permisos para facilitar la conciliación en la nueva realidad social y familiar.

Si se cumplen las previsiones, el ‘Centro experiencial del Vino de Rioja Alavesa’ brotará en Elciego en Semana Santa de 2028. Sin embargo, la semilla del ambicioso proyecto de la Fundación Vital, que aspira a incluir también un hotel con una veintena de habitaciones y un restaurante con producto de kilómetro 0, se empezó a sembrar lejos de allí, nada menos que a 2.000 kilómetros, en Edimburgo. En unas vacaciones familiares, el presidente de la entidad, Jon Urresti, visitó el museo de Johnnie Walker. Quedó fascinado. Pantallas por doquier y un montaje espectacular en un edificio emblemático en plena Princess Street sirven para transmitir la cultura que rodea al whisky, producto señero y orgullo nacional para los escoceses. «Me vine a Vitoria con esa idea de crear un centro que fuera capaz de transmitir de forma inmersiva todo lo que supone el vino en Rioja Alavesa, que suponga un homenaje a los hombres y mujeres que trabajan en el sector y a las 205 bodegas y que, además, diera un impulso al turismo», explicó ayer el propio Urresti. Lo hizo durante el acto de presentación del proyecto que cuenta con una inversión de 12,2 millones para reconvertir las hasta ahora abandonadas bodegas Antión de Elciego en el «mejor centro experiencial del vino de toda Europa». El espacio busca convertirse en uno de los motores turísticos de una comarca que vive una gran paradoja: mientras cae el consumo del vino en todo el mundo, el enoturismo no deja de crecer. 

Mientras el pasaje mantiene una tendencia alcista en el aeropuerto de Vitoria, la carga experimenta una evolución más irregular. Tras marcar su techo histórico hace cuatro años (con más de 73.000 toneladas), Foronda afronta ahora el desafío de batir esa marca en un inestable escenario internacional que está impactando de lleno en el tráfico de mercancías. Con todo, pese a los altibajos y la compleja coyuntura, la terminal alavesa se mantiene en el ‘top’ europeo de aeródromos con mayor volumen. Concretamente se coloca entre las treinta infraestructuras aeroportuarias que arrojaron las cifras más altas el pasado año, ocupando el puesto número 30. Así se desprende del listado estadístico elaborado por el Consejo Internacional de Aeropuertos de Europa (ACI Europe). Se trata de la agrupación comercial que representa a más de 600 operadores aeroportuarios en 55 países europeos. Sus miembros gestionan más del 95% del tráfico aéreo comercial en el continente, y la entidad tiene su sede en Bruselas (Bélgica). La terminal alavesa es una de las cuatro españolas que figura en la clasificación, junto con Barajas (Madrid) –en octava posición–, El Prat (Barcelona (22) y Zaragoza (23). El ‘ranking’ de los gigantes de la carga aérea en Europa lo encabeza el aeropuerto de Fráncfort, en Alemania, el más importante del continente, seguido de Estambul, París-Charles de Gaulle, Leipzig y Londres-Heathrow.

La extrema debilidad del Gobierno ha causado ya numerosas y sonadas derrotas parlamentarias al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La reforma del despido que plantea la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, podría escribir un nuevo capítulo de fracasos; sin embargo, en un momento de inanición política e inacción legislativa del Gobierno, el relanzamiento de esta medida busca un balón de oxígeno. Ayer, el Ministerio de Trabajo retomó la mesa de negociación con los sindicatos y las organizaciones empresariales en la que pretende alcanzar un acuerdo para endurecer el despido improcedente, acogiéndose a los dictámenes emitidos por el Consejo Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que señalan que el actual esquema de indemnizaciones tasadas ni es disuasorio para el empresario ni suficientemente compensatorio para el trabajador que es cesado de puesto. La nueva toma de contacto del Gobierno con los agentes sociales volvió a constatar las posturas enconadas que ya se pusieron de manifiesto en el momento en que Trabajo echó a andar esta negociación en octubre del pasado ejercicio. CEOE y Cepyme volvieron a cerrar la puerta a explorar cualquier medida que resulte en una mayor rigidez a la hora de realizar ajustes de plantilla. Fuentes empresariales apuntan, además, que la medida nace muerta porque no contará con el visto bueno de la patronal, lo que bloquea cualquier posible mayoría parlamentaria –como ya ocurriera con la reducción de la jornada laboral–. Desde la patronal, más allá, se circunscriben al dictamen del Tribunal Supremo sobre esta cuestión de julio del pasado año en el que se cuestionan algunas de las bases de la necesidad de una reforma sostenida tanto por los sindicatos como el Ministerio de Trabajo.

La Encuesta de Estructura Salarial que el Instituto Nacional de Estadística difundió este jueves refleja el comportamiento de los salarios hasta 2024. El 23% de alza al que alude Sánchez es lo que ha crecido el salario bruto nominal medio desde 2018 hasta 2024, un crecimiento ciertamente por encima del 20,1% experimentado por el IPC en el mismo periodo, pero no es el dato más preciso si lo que se pretende es analizar la evolución del poder adquisitivo real de los ciudadanos o de los trabajadores. «El presidente habla de salarios brutos, pero las facturas se pagan con el neto. Y el salario neto real del trabajador medio está hoy por debajo del de 2018, pese a que el bruto haya subido un 23%», advierte Santiago Calvo, doctor en Economía y profesor en la Universidad de las Hespérides. El experto se refiere a que los salarios netos reales, es decir lo que de verdad ingresa el trabajador en su bolsillo, se han recortado un 0,5% respecto a 2018. Esto se produce por la confluencia de factores como la progresividad en frío (también conocido como el impuesto silencioso, que hace que subidas de los ingresos netos tras aplicar impuestos, por la progresividad de los tramos del IRPF y sus deducciones, crezcan menos que los brutos) o el aumento de las cotizaciones sociales y su peso en la nómina final. «Las rentas bajas y medias son las más castigadas por la progresividad en frío. Un sueldo de 18.000 euros paga hoy casi cuatro veces lo que pagaría con el poder de compra que tenía en 2019», advierte Calvo. Respecto a las cotizaciones, el economista aclara que desde 2018, lo que una empresa paga por un trabajador que percibe el salario medio ha subido en términos reales, pero lo que llega a su bolsillo ha caído un 3,4%. «Esa diferencia no se la queda el empleador, se la queda Hacienda vía IRPF y cotizaciones».

Un año después, un nuevo estudio, una nueva presidenta pero un mismo resultado. La regla de gasto de las pensiones se cumple, pero solo formalmente: la sostenibilidad del sistema no está garantizada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) finalmente ha acatado el mandato del Gobierno y ha publicado un nuevo examen sobre la regla de gasto de pensiones catorce meses después de haber presentado una primera evaluación que no satisfizo al Ejecutivo. Sin embargo, las conclusiones del nuevo documento son prácticamente las mismas, para descontento del Ejecutivo, que confiaba en un dictamen más benevolente de este organismo público. Eso sí, el aval de la Airef salva al Gobierno de acometer nuevas medidas de ajuste en las pensiones en un momento político muy complicado por las imputaciones al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ante un Parlamento fragmentado y, a consecuencia de ello, normativamente paralizado. El organismo presidido por Inés Olóndriz sitúa el gasto neto en pensiones promedio en el 13% del PIB para el periodo 2022-2050, por debajo del umbral máximo del 13,3% fijado por ley y comprometido con la Comisión Europea y dos décimas menos que en su informe de 2025. Por esto no hará falta activar la cláusula de salvaguarda y el Ministerio de Seguridad Social se salva de tener que diseñar nuevas medidas para insuflar más ingresos al sistema, recortar gastos o ambas cosas –tal y como contempla la ley si se superara ese umbral de gasto– para los próximos tres años, al menos hasta 2029. Trabajadores y empresas se libran así de una subida automática de las cotizaciones sociales para el año siguiente, tal y como preveía la reforma diseñada por José Luis Escrivá si, sobrepasado ese umbral de gasto, Gobierno y el Congreso no acordaban medidas adicionales. 

A partir del 1 de junio comenzarán a desactivarse de manera gradual las rebajas fiscales aplicadas sobre la electricidad, el gas natural y otros productos energéticos como las briquetas, la leña o los pellets. El pasado 20 de marzo, el Ejecutivo redujo del 21% al 10% el IVA de la luz, de los carburantes, el gas natural y de esos otros productos energéticos. Además, recortó al 10% el IVA de los impuestos que afectan a los precios del gasoil y la gasolina, y acordó la devolución parcial del gasóleo profesional. A partir del 1 de junio, el Gobierno desactivará las rebajas en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, así como el IVA aplicable a la luz o al gas natural, mientras que se mantendrán hasta el 30 de junio la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (normalmente del 7%) o los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA al 10% en gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y la devolución parcial del gasóleo profesional. Será a partir de entonces cuando se produzca un repunte de los precios por el efecto escalón que supondrá la retirada de estas medidas. No es el único factor que desaconseja bajar la guardia. Pese a la contención de los precios energéticos por el efecto puntual de las medidas anticrisis y de la estabilidad que hasta el momento están mostrando los alimentos, lo cierto es que las presiones inflacionistas se dejan notar en la parte más estructural de la cesta de la compra. Y prueba de ello es que la inflación subyacente (descontando la energía y los alimentos frescos, que son los productos más volátiles) ha acelerado hasta el 2,9% interanual en mayo

Tras tres meses consecutivos al alza, el euríbor cierra mayo en el 2,806%, su nivel más alto desde septiembre de 2024. El origen de esta tendencia se encuentra en la actual guerra de Oriente Medio. La prolongación del conflicto –aunque se negocia para prolongar la tregua entre EE UU e Irán– y las tensiones energéticas por el estrecho de Ormuz han disparado el precio del petróleo y el gas, reavivando las expectativas de una subida de la inflación en la eurozona. El mercado descuenta ya nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) a partir de junio y quien revise su préstamo variable anualmente puede llevarse alguna sorpresa. Según los cálculos de Roams, este incremento puede alcanzar los 56 euros al mes más al año, lo que en doce meses puede superar los 673 euros sobre una hipoteca media de 150.00 euros a 25 años con diferencia de euríbor más un punto. «Mientras la presión energética siga presente, al euríbor le va a costar bajar de forma clara», señala Pablo Vega, experto en finanzas de Roams. Desde RN Tu Solución Hipotecaria no ven todavía un nuevo ciclo alcista estructural, pero sí advierten de que el índice podría acercarse o superar puntualmente el 3% en verano si la inflación persiste y el BCE mantiene un tono restrictivo. El propio Banco Central Europeo ha publicado un documento alertando de los riesgos derivados de los ‘shocks’ geoeconómicos y las interrupciones del suministro energético.

Tres años después de la aprobación de la Ley de Vivienda, el mercado de alquiler se ha convertido en una jungla para quienes buscan un piso y en una amenaza para quienes tienen un contrato próximo a su vencimiento, con alquileres disparados en toda España y una oferta exigua. Así, la falta de inmuebles disponibles que en un principio afectaba únicamente a las grandes ciudades (e, incluso, a determinadas zonas dentro de ellas), se ha extendido a numerosas localidades de toda España, incluidas las pequeñas capitales de interior. Cuando la entonces ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, defendía en 2023 su ley estrella, lo hacía con el argumento de que la norma generaría estabilidad para los propietarios, les daría incentivos para moderar las subidas de la renta a sus inquilinos y ofrecería a los inversores seguridad jurídica para poner vivienda en el mercado. Y, aunque la actual titular del ramo, Isabel Rodríguez, ha sostenido en numerosas ocasiones que “la Ley de Vivienda funciona”, parece que no es así. De acuerdo con los datos del portal inmobiliario Idealista, los precios del alquiler han subido un 30,7% en los últimos tres años, mientras que la oferta disponible para alquiler se hunde un 30% y el número de interesados por cada piso se ha duplicado con creces. Y los problemas son todavía mayores en los municipios donde se han declarado zonas tensionadas.

La Comisión Europea ha dado su visto bueno este viernes -tras dos años de análisis- al mecanismo 'antiapagones' diseñado por el Gobierno español para garantizar el suministro eléctrico y evitar episodios como el del apagón del 28 de abril de 2025. El sistema, basado en subastas y que fue diseñado antes de este incidente, tendrá un coste anual de 900 millones de euros y afectará directamente a la factura de los consumidores, que se verá encarecida. La medida española tiene como objetivo asegurar que siempre haya suficiente capacidad para producir, almacenar o que haya flexibilidad en el consumo para asegurar el suministro eléctrico. Con este sistema, que se espera que esté operativo durante diez años, Red Eléctrica llevará a cabo subastas para pagar a las compañías eléctricas por mantener sus instalaciones operativas, incluso cuando no estén produciendo energía. El mecanismo estará abierto a todos los proyectos, existentes o nuevos, que ofrezcan disponibilidad en periodos de escasez, entre los que se incluyen la generación de electricidad, respuesta según demanda (grandes plantas industriales que reduzcan su consumo en respuesta a la reducción de oferta) y de almacenamiento. Los beneficiarios serán elegidos a través de un proceso transparente y no discriminatorio.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presidió ayer un “debate de orientación” con su equipo de comisarios centrado en las medidas que estudia proponer en las próximas semanas o meses para contrarrestar lo que algunos Estados miembros consideran una “sobrecapacidad industrial” de China que amenaza el mercado, la competitividad y los empleos europeos. Consciente de la suspicacia de Pekín y de la fuerte división entre los Veintisiete sobre la materia, el Ejecutivo europeo no confirmó que, entre la batería de medidas que se barajan, haya herramientas específicas que el Gobierno chino ya se ha anticipado a rechazar por “proteccionistas”. Pero Bruselas es enfática en que la situación es “insostenible” y requiere de un refuerzo de los instrumentos comunitarios para combatir las distorsiones del mercado. “La situación actual de las relaciones comerciales y de inversión no es sostenible. A medida que los intereses económicos y de seguridad se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones exigirán una respuesta más robusta y coherente”, dijo la Comisión Europea en un escueto comunicado tras la reunión, que se alargó toda la mañana. El debate a puerta cerrada estuvo precedido de intensas negociaciones entre socios europeos y filtraciones sobre las posibles medidas. El pasado fin de semana, un grupo de países liderados por Francia hicieron circular un documento de trabajo en el que pedían a Bruselas estrechar la vigilancia sobre las prácticas comerciales desleales y afinar sus instrumentos de defensa comercial para combatir el “exceso de capacidad industrial sistémico y estructural” de algunas potencias. El nombre de China no figuraba explícitamente en el papel, pero sí en la mente de todos.

Irán y Estados Unidos parecen acercarse, lenta pero gradualmente, a la firma de algún tipo de pacto que les permita dar por solventada, al menos, esta fase de la guerra. El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció ayer que decidiría antes de que acabase la jornada si aceptaba o no el contenido de un supuesto preacuerdo alcanzado con Irán. El jueves, un alto cargo de su Administración aseguró que los dos países habían llegado a ese pacto preliminar que implicaba prorrogar 60 días el alto el fuego y abrir conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Pero esa fuente puntualizó que aún estaba pendiente el visto bueno del presidente. Irán también confirmó ayer, a través de su agencia Fars, la existencia de ese preacuerdo, pero igualmente subrayó que el pacto aún debe ser ratificado por las autoridades en Teherán. “Voy a reunirme ahora mismo en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para tomar una decisión definitiva”, escribió el republicano en un mensaje publicado en su red social, Truth. A las 17.00, (las 23.00 hora peninsular española), aún no había deshojado la margarita. Que el preacuerdo existe parece ser lo único en lo que coinciden las versiones de Irán y Estados Unidos. A la hora de describir su contenido, ambas partes ofrecen interpretaciones muy diferentes —opuestas, incluso—, en lo que representa un indicio de la gran desconfianza entre ambos, la dificultad de las negociaciones y lo complicado que será ponerlo en marcha si los dos enemigos llegan a firmarlo.