20260601

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Carmen Pinto, burgalesa de 52 años y madre de tres hijos, es la CEO de Nicolás Correa, una de las grandes firmas del sector de la máquina herramienta en España, y acaba de ser nombrada nueva presidenta de AFM Clúster, la organización que aglutina a las empresas del sector. Esta ingeniera mecánica «por vocación», explica a DV, en la primera entrevista concedida tras acceder al cargo, que la realidad del sector que le ha visto crecer como profesional es dual. Las empresas de máquinas del sector de la deformación sufren enormemente por la incertidumbre de la automoción, mientras que el arranque se mantiene fuerte. Lo que sí inquieta, y mucho, a la nueva responsable de AFM es la competencia china; un país que sin darnos cuenta supone una terrible amenaza con tecnología de primer orden y precios baratos. En esta tesitura, Pinto llama la atención de todas las administraciones y reclama apoyos y planes de ayudas directas a la industria para la renovación de su maquinaria. "Hoy llegan cosas que no estaban hace tres años o que no se vislumbraban de una manera tan de lleno. Hablo de la irrupción de China, que de repente se ha convertido en un competidor. Hay que trabajar la IA –sacar partido a los datos que llevamos años recogiendo– y la tecnología, que las asumimos pero que van realmente deprisa. Y luego, el talento, en realidad la falta de personas. También tenemos que ser capaces de vendernos como el sector atractivo que somos...Estados Unidos se quieren reindustrializar y realmente nos necesitan. Donde se veía un nubarrón ha surgido una oportunidad pese a los aranceles. Este es el mundo en el que vivimos... Las lecturas son difíciles. Pero en realidad, ¿a mí cuál me inquieta? Pues me inquieta mucho lo de China... Hemos visto lo que ha pasado con la automoción. Llegan coches chinos por debajo del coste de fabricación de lo hecho en Europa. No sabemos cómo se hace eso, ni con qué reglas del juego. No me preocupa competir, pero con las mismas reglas de juego, y es ahí donde Europa tiene que dar un paso adelante. Tiene que empezar a espabilar, a tener ambición, a ser una entidad única y no una amalgama de cosas..."

Según el INE, el ticket del supermercado se ha encarecido el 45,8% en Euskadi desde 2019, más que en ninguna otra comunidad, por encima de la media nacional (42,3%) y al mismo tiempo a un ritmo mucho más elevado que la inflación general acumulada en este periodo, que llega al 25,5%. Pero el gran problema radica en que mientras los alimentos han subido por el ascensor, los salarios lo han hecho por las escaleras, de una manera más tímida. Al término de 2019, el coste salarial medio por trabajador en la comunidad era de 2.444 euros, y al finalizar 2025, de 2.860 euros. Eso significa que en este período, los sueldos han subido un 17% de media. La brecha abierta en estos últimos años es, por ende, muy evidente y pone en jaque el poder adquisitivo de las familias, sobre todo las que tienen rentas más bajas. «La inflación alimentaria es muy regresiva: afecta más a quien menos tiene. La vivienda preocupa, pero esto erosiona los hogares, porque lo que no se puede hacer es dejar de comer», señala Massimo Cermelli, profesor de Economía y Finanzas en la Universidad de Deusto, quien añade que históricamente en Euskadi «siempre hemos tenido el IPC más alto por los costes laborales y salarios más altos que en el resto de España, lo cual es bueno, pero solo para los que tienen renta elevada. En rentas más bajas se convierte en un problema». Las razones que convierten a Euskadi en la comunidad más inflacionista en este sentido son múltiples. En primer lugar, «no somos grandes productores agrícolas, lo que hace que los productos lleguen más caros por los costes logísticos», apunta Cermelli. Destaca también el patrón de consumo: «En Euskadi es más intensivo en alimentos frescos y de mayor calidad, lo que también es bueno. Consumimos más pescado fresco y más alimentos de alto valor añadido, pero estos son precisamente los que han sufrido más tensiones».

Las rebajas de IVA a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña aprobadas por el Gobierno para tratar de contener los precios tras el estallido de la guerra de Irán decaen hoy, coincidiendo con el arranque de junio y pocos días después de conocer la moderación de los precios en abril, algo que según el Ejecutivo confirma que las medidas “están funcionando”, puesto que la inflación habría crecido un punto más en el cuarto mes, hasta el 4,2%, si no se hubiera articulado un plan de respuesta. Desde Moncloa recalcan que dicho plan está consiguiendo amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares, en un momento donde los precios –especialmente los de la energía y otros insumos claves para la producción alimentaria que deben atravesar el aún bloqueado estrecho de Ormuz para llegar a España– han experimentado grandes incrementos desde el estallido de la guerra a finales de febrero. A partir de hoy, el Impuesto Especial sobre la Electricidad volverá a ascender al 5,11%, tras haberse reducido temporalmente hasta el 0,5%; mientras que el IVA de la luz, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña recuperará el tipo general del 21%, después de haber bajado al 10% desde el 20 de marzo.

Gipuzkoa ha creado en los últimos tres años 13.000 puestos de trabajo, de los que el 40% han sido cubiertos por personas extranjeras, cuya afiliación en el territorio marca una senda ascendente que podría acentuarse tras la aprobación del proceso de regularización migratoria extraordinaria. Este trámite legal abre una nueva ventana a la incorporación de personal laboral a las empresas guipuzcoanas que encuentran problemas de contratación, aunque genera incertidumbre. Una encuesta realizada por la patronal guipuzcoana Adegi apunta que sólo el 12% de las empresas del territorio tienen experiencia en la contratación de extranjeros, que se dividen entre el 3% que ha contado con personas de la Unión Europea y el 9% con extranjeros ajenos al espacio comunitario. Las expectativas de contratación, sin ser elevadas, sí marcan una tendencia dado que el 5% de los negocios consultados expresa su intención de incorporar personal de la Unión Europea y un 14% de países ajenos a ella. Estos porcentajes podrían variar tras la aprobación del proceso de regularización de migrantes en el Estado, que permite a las personas extranjeras que residen en el país sin documentos legales obtener un permiso oficial de residencia y trabajo. Su impulso tendrá efecto en Gipuzkoa al incrementar la posibilidad de las empresas de acceder a un número mayor de candidatos. Nekane Agirre, abogada y asesora de la consultora Talenom con oficina en Irun, explica que esta regularización, además de sacar de la economía informal a trabajadores extranjeros, aporta mayor claridad en los procesos de contratación y una reducción de plazos administrativos, lo que puede animar a los empresarios a recurrir al colectivo migrante. Frente a la falta de talento, se abre una posibilidad de encontrarlo entre extranjeros que, además, conocen el entorno laboral de Gipuzkoa porque llevan años residiendo en el territorio.

En aquella mañana del 13 de julio de 2021, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas iba a decidir el primer rescate desde el parón que había provocado la polémica ayuda a Plus Ultra cuatro meses antes. La empresa elegida para esa nueva ola de rescates era la vasca Tubos Reunidos. Se dio entrada a la reunión, según consta en el acta confidencial a la que ha tenido acceso EL MUNDO, a la responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que había tramitado el expediente de Tubos Reunidos y que no era otra que Rosario Martínez Manzanedo. Esta interventora era directora de Participadas de la Sepi desde 2018 cuando la llevó al cargo el entonces presidente, Vicente Fernández Guerrero, que está actualmente investigado como cabecilla de más nivel en la trama de Leire Díez. Fernández conocía a Rosario Martínez de su etapa de interventor general de la Junta a las órdenes de la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Montero le llevó a él a la Sepi en julio de 2018 y Fernández, a Martínez. Rosario Martínez convenció aquel día de 2021 a los miembros del Consejo Gestor de que había que conceder 112,8 millones al grupo vasco Tubos Reunidos y allí lo aprobaron y elevaron al Consejo de Ministros ,que lo refrendó una semana después. En más que sospechosa coincidencia, Tubos Reunidos contrató como asesor unos meses después de recibir el dinero a Vicente Fernández, que trabajaba también para la oscura Servinabar vinculada al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Jesús Echave, uno de los grandes empresarios alaveses de las últimas décadas, falleció el sábado a los 71 años. Figura de referencia en el mundo de la construcción, era «dueño y señor» en el ámbito de la obra pública y los suministros. Destacó por potenciar proyectos de todo tipo dentro de Álava y «generar muchos puestos de trabajo» a través del grupo empresarial que lideraba y que lleva su nombre. Además de ser un entusiasta del mundo del motor, fue uno de los empresarios que pusieron dinero para evitar la desaparición del Alavés. Una de las personas que mejor le conoce es otro gran empresario, Josu Sánchez. «Nuestros padres tenían muy buena relación y fuimos juntos a clase en Corazonistas», refleja el consejero delegado de Sarkis Lagunketa, al que el fallecimiento le ha pillado «por sorpresa». Echave, que residía en Letona, se puso al frente de la empresa familiar muy joven con el temprano fallecimiento de su padre, Eusebio, que era quien había puesto en marcha proyectos como la cantera de Laminoria. Diversificó su negocio de la construcción (asfaltos, carreteras, hormigones...) y creó Sainsa, una de las grandes referencias del Grupo Echave. «Sus empresas crearon muchos puestos de trabajo», recuerda el expresidente del Araba buru batzar del PNV, José Antonio Suso. Precisamente, fue siempre una figura «cercana» a este partido. Nunca ocupó ningún cargo en instituciones públicas, pero durante año y medio fue consejero de Kutxabank designado por los jeltzales. 

El Gobierno está tratando de explorar todas las vías para mejorar la gestión de los procesos de incapacidad temporal, y poner así coto al fenómeno de las bajas laborales. El Ministerio de Seguridad Social ha llevado a cabo recientemente una campaña en la que reclama a las empresas más detalles sobre los puestos y labores que desempeñan los trabajadores de baja. El objetivo: que los servicios de salud cuenten con una información más prolija de cara a afinar el diagnóstico ante una eventual reincorporación al puesto de trabajo. Así, con esta información previa disponible los médicos podrán prescribir el alta de los empleados de baja con una mayor concreción, evitando demoras injustificadas y ajustando los tratamientos. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) remitió el pasado mes de marzo una serie de cartas informativas a las patronales solicitando que intermedien con las empresas de los diferentes sectores, reclamando una información más detallada en los partes de baja. Según se explica en una de estas misivas, los médicos de atención primaria, médicos de mutuas, inspectores médicos del servicio público de salud e inspectores médicos del INSS no disponen, en muchos casos, de información fiable y detallada sobre el puesto de trabajo desempeñado por el trabajador. Un primer óbice en el proceso de gestión de las bajas que puede resultar en una demora de la reincorporación del trabajador. Según apuntan fuentes empresariales consultadas por este medio no es la primera campaña que el INSS lleva a cabo en este sentido. 

Entrevista a Luis de Guindos, que ha ocupado durante ocho años el cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). "Hay gastos estructurales que van a presionar en el futuro, sobre todo las pensiones y la sanidad [en España]...La economía española tiene ventajas estructurales por las reformas de hace 12 años y un sistema financiero sólido...No me planteo un regreso a la política. Estuve seis años y medio en ella y mi nivel de vanidad está más que satisfecho...El impacto sobre el crecimiento [de la tensión en Oriente Próximo] acabará atemperando la subida de la inflación...Hay que analizar los costes sociales de un aumento de población tan rápido en poco tiempo, sobre todo en la vivienda...El Estado debería salir de CaixaBank, pero eso es algo que se debe preguntar al Gobierno...Me preocupan las altas valoraciones de los mercados, la falta de espacio fiscal y las dudas sobre el crédito privado...El euro digital es dinero público para transacciones digitales, reforzará la gobernanza económica en Europa...Sería un error reducir los niveles de capital de la banca...Si se puede apostar a la presidencia, mejor, pero lo importante es tener presencia en el Comité Ejecutivo..."

Después de que la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno haya reavivado el debate sobre la conveniencia de incorporar trabajadores al mercado laboral para asumir el aumento del gasto en pensiones, y teniendo en cuenta que “el gasto en prestaciones también condiciona la política fiscal del Gobierno”, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, repasa los principales escollos del marco actual. "El sistema es sostenible, porque las prestaciones terminan pagándose y es lo último que corre peligro, especialmente por motivos políticos. Los gobiernos saben que hay muchos pensionistas en España y que votan todos, entonces nadie se atreve a meterle mano a esto. Si nos empeñamos en poder pagarlo, pues seguramente sí. El problema de esto es que nos deja sin dinero para todo lo demás. Tendremos pensiones generosas, pero ya estamos viendo lo que está pasando: los trenes sin mantener, las carreteras también, la sanidad apurada, la dependencia... Hay unas cuantas cosas aparte de las pensiones y habría que pensar más despacio sobre cómo repartimos entre las distintas prioridades...La entrada de inmigrantes es necesaria, sin ellos tendríamos sin cubrir una parte grande de los puestos de trabajo y muchos de los cuales los españoles no quieren hacer. Si no fuera por ellos, no sé qué haríamos, son imprescindibles. Pero, por otra parte, no van a arreglar el problema de las pensiones. Suavizan la situación y compran tiempo, porque son gente que llega y empieza a cotizar. No cobran, pero generan ingresos, y esto ayuda. Sin embargo, casi seguro acabarán jubilándose aquí y cobrarán una pensión en el futuro. Y como el problema del sistema español –o uno de los grandes problemas– es un exceso de generosidad, una rentabilidad superior a lo que el país genera, pues entonces estos también cobrarán sus pensiones en esta línea. Es decir, recibirán en su día unas pensiones más generosas de lo que se podría pagar con la renta que han generado. Por tanto, a largo plazo, si no abordamos ese problema, el sistema no tendrá solución..."

El Real Decreto 905/2025, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, a finales del pasado ejercicio que regula la creación, reconocimiento de universidades en España, está haciendo mella ya en el despliegue de la educación privada. Ha elevado la preocupación a cerca de la viabilidad a de los centros y ha frenado la creación de nuevas opciones formativas desde el ámbito privado, ante la incertidumbre de que se puedan cumplir los rígidos estándares que impone la nueva normativa. Ante el elevado grado de preocupación expresado por los centros universitarios –uno de los requisitos más estrictos es que estos deberán contar al menos con 4.500 alumnos– CEOE ha elevado una denuncia de la situación a la Comisión Europea, a través de una serie comunicaciones oficiales a diferentes direcciones generales, de Educación, Innovación y Trabajo, en la que muestra su preocupación por el impacto que puede tener el nuevo marco normativo sobre la contribución del sistema de educación superior –en este caso los centros privados–. A ese criterio cuantitativo que ya pone en riesgo la continuidad de centros universitarios privados se le suman otros estándares de calidad de la enseñanza sobre los que debe dictaminar el Ministerio de Trabajo que temen se convierta en una suerte de veto a la proliferación de la educación superior privada. Además de cuestiones sobre número mínimo de doctores entre el profesorado y de oferta de materias dentro de los programas formativos. Según fuentes cercanas al conflicto, la denuncia de CEOE ante la Comisión Europea incide en que la introducción de criterios homogéneos y altamente prescriptivos están dirigidos a un modelo único de universidad.

El Gobierno ha cribado más de 1.600 operaciones desde finales de 2020, cuando se levantaron medidas contra inversores foráneos no deseados en España. En concreto, ha sometido a examen 1.608 operaciones hasta diciembre el pasado año. Prácticamente ha cribado una cada día y medio. En 2025, según los últimos datos publicados, el afán protector del Gobierno hacia sectores clave se exacerbó. Sometió a autorización 196 solicitudes, un récord que demuestran dos cosas. Por un lado, el creciente interés de los inversores extranjeros por aumentar su presencia en España vía compras de empresas. Por otro, el creciente celo del Gobierno hacia los sectores considerados estratégicos. Dentro de esta dinámica también se ha producido un cambio. Las empresas energéticas –tradicionalmente la gran joya a proteger– han pasado a un segundo plano. En 2025, supusieron el 9% de las operaciones, frente al 20% de 2024, cuando coparon el listado. La energía ha sido eclipsada por la tecnología, que acapara ahora entre el 17% y el 18% de las operaciones. De las 1.608 operaciones examinadas desde 2020, en 486 el Gobierno determinó que requerían autorización. Pero dentro de esas 486, finalmente a la mayoría (386) se les concedió permiso sin condiciones. Sólo en 45 el Gobierno ha impuesto alguna condición y sólo dos han sido denegadas. La mayor parte de los expedientes se refieren a empresas poco conocidas más allá de su ámbito sectorial.

El Gobierno presentará hoy un nuevo marco normativo para regular las exportaciones españolas de armamento y productos de doble uso (civil y militar). El objetivo es agilizar los permisos para favorecer a la industria española sin relajar los controles. Casi un millar de directivos de empresas vinculadas a la industria de defensa, representantes de asociaciones y despachos de abogados especializados se han inscrito para asistir, presencialmente o vía online, al acto convocado para hoy en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. La expectación está justificada. La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y el subdirector general de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso, Rafael Coloma, presentarán las líneas maestras del nuevo marco normativo que regulará las exportaciones españolas de armamento y productos de doble uso (civil y militar), que sumaron 3.491 millones de euros en 2024. Según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (Sipri), España es el décimo vendedor mundial de material de defensa, con un 2,3% del total de este comercio en alza. Doce años después de la entrada en vigor del Real Decreto 679/2014, el Gobierno considera que el actual reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, otro material (armas de caza y equipos antidisturbios) y tecnologías de doble uso se ha quedado obsoleto, no solo por el vuelco que ha experimentado el panorama estratégico (con la proliferación de conflictos internacionales como los de Ucrania y Oriente Próximo). 

En España se teletrabaja poco en comparación con otros países europeos. Según los últimos datos de Eurostat, el 15,7% de los ocupados en el país trabaja total o parcialmente desde casa, lejos del promedio comunitario (23%) y de los países con mayor implantación: Países Bajos (52%), Suecia (45%) y Luxemburgo (43%). En el otro lado de la balanza están Grecia (6,7%), Bulgaria (4%) y Rumania (3,6%). A un lado las economías de mayor valor añadido y, al otro, algunas menos desarrolladas. Esa lógica, como en un continente en miniatura, se reproduce en España, con comunidades como Madrid y Cataluña con la mayor porción de teletrabajadores y otras como Canarias, a la cola. Esas son las tres autonomías que León XIV visitará durante su viaje a España del 6 al 12 de junio, un evento con implicaciones tan profundas en la movilidad que asociaciones empresariales y administraciones públicas han hecho llamamientos al teletrabajo. La apelación más clara es la de Madrid, la región con más teletrabajadores de España: el 24,7% en 2025, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. 

En un mundo que se retrae, de vuelta a la proclama del patriotismo, las grandes fortunas son cada vez más internacionales. Y, en esa migración de familias adineradas, España, y especialmente Madrid, siguen consolidando su posición como uno de los principales destinos para los más ricos del mundo. Solo en los últimos tres años, los millonarios asentados en la capital de España han crecido un 20% hasta un selecto grupo de cerca de 34.900 personas (unas 5.900 más que tres años atrás). Son datos elaborados por la consultora Henley & Partners que desde hace tres años publica un selecto informe –’The Henley Private Wealth Migration Report’– donde Madrid, la Costa del Sol y, a cierta distancia, Barcelona, figuran entre las 100 ciudades con mayor número de millonarios del mundo. En la última década (2014-2024, según los últimos datos disponibles), la cifra de ricos en España ha crecido un 3%. Madrid es la primera ciudad española que figura en el ránking de donde viven las grandes fortunas, en el puesto 33 en 2024, uno por debajo del ejercicio anterior. No solo hay cerca de 35.000 personas con más de un millón de patrimonio financiero, sino que cuenta con 72 individuos con más de 100 millones de euros y otros 8 cuya fortuna personal supera los 1.000 millones, en una cifra que se mantiene estable los últimos años. Iván Basa, director general de Lombard Odier en España, reconoce que cuando un patrimonio de estas características decide moverse «no se trata solo de un tema fiscal». «Cada vez pesa más el desarrollo de universidades privadas» donde España, en su opinión, ha cogido la delantera y ahora compite frente a frente con Reino Unido, donde cada vez resulta menos atractivo para algunas familias adineradas asentarse y está ganando enteros nuestro país con escuelas de negocios que están adquiriendo un papel más relevante.

Go-Ahead, filial británica de Globalvia, perdió ayer su principal negocio por facturación: la operación de cuatro servicios ferroviarios, agrupados en Govia Thameslink Railway (GTR) después de que el Gobierno de Keir Starmer haya nacionalizado el principal operador ferroviario privado del país. Para un turista, GTR es más conocido por ser la compañía que explota el Gatwick Express (el servicio directo entre el segundo aeropuerto del país y Londres y Brighton), aunque bajo ese paraguas figuran, además, Great Northern, Thameslink y Southern. En concreto, el Gobierno británico ha aprovechado una ventana de la concesión para asumir la gestión de esos servicios desde las dos de la madrugada de este domingo. Algunas cifras muestran la magnitud de la nacionalización. GTR facturó 1.999 millones de libras (2.306 millones de euros) en el ejercicio acabado el 31 de marzo de 2025, algo más de la mitad de todo Go-Ahead, con un ebitda de unos 30 millones de libras, aproximadamente el 15% de la compañía. GTR suma el 17% de los desplazamientos en ferrocarril de todo el país. La puntualidad fue del 68,2%. La compañía cuenta con unas 7.400 personas en plantilla y gestiona 236 estaciones.

Legislatura varada, imposibilidad de acuerdos con los socios, procesos judiciales en marcha, desazón en los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno y desasosiego en amplios sectores del PSOE. Esta panoplia política y emocional se cierne sobre la política española del lado de la coalición del Ejecutivo y de la izquierda, pero no propiciará un adelanto electoral. Con esa realidad tratará de llegar el presidente, Pedro Sánchez, hasta el final de la legislatura, en el verano de 2027. Aunque previsible, el aviso de continuidad que ayer dirigió Sánchez, especialmente al PNV y a Junts, cobra una dimensión especial en medio de graves investigaciones en los tribunales y ante la petición de los nacionalistas de ir a elecciones. El jefe del Ejecutivo no les va a hacer el trabajo. Si quieren terminar ya la legislatura tendrán que ir a una moción de censura con el PP y Vox. Despejada esta duda, al menos de momento, habida cuenta de que Sánchez ha reafirmado que necesita “tiempo” para que las reformas se asienten y la ciudadanía las perciba, nada cambiará sobre la duración de la legislatura. Los canales recónditos entre el PP y los nacionalistas existen, pero están desactivados. Los populares fiaban el golpe final a que el auto del juez Santiago Pedraz hubiera descubierto indicios de financiación ilegal del PSOE. No ha sido así, pero aún queda conocer el sumario. Esa, la de la financiación ilegal, fue la línea roja señalada por los socios, incluido Sumar, para dar por acabada la legislatura. 

Francia tiene claro que debe contar con armas nucleares en su arsenal. Son su ‘Force de dissuasion’, el elemento que, como afirmó Emmanuel Macron el pasado 2 de marzo,“garantiza la independencia” del país. Más aún en tiempos turbulentos marcados por una creciente desconfianza. Así lo dijo el presidente galo poco antes de que el submarino de propulsión nuclear ‘Le Temeraire’ dejase atrás el puerto de Isla Longue con su armamento atómico. «Entrará en modo sigiloso y desempeñará su papel fundamental, desde las profundidades, como máximo guardián de nuestra libertad de acción», señaló Macron, incidiendo en que el paraguas nuclear que ahora extiende a otros países europeos tiene incluso más sentido que cuando se concibió. Fue tras la Segunda Guerra Mundial. Las explosiones en Hiroshima y Nagasaki demostraron que la geopolítica había cambiado para siempre, y París vio claro que era vital contar con el tridente de la disuasión máxima, con armamento nuclear capaz de ser utilizado en tierra, mar y aire. Actualmente, el brazo terrestre no está operativo, pero eso no impide que Francia sea el cuarto país del mundo con más potencia de fuego nuclear, por detrás de Rusia, Estados Unidos y China, y que siga vigente la garantía de destrucción mutua que le proporciona su arsenal. La teoría es sencilla: si me disparas podrás acabar conmigo, pero también cavarás tu propia tumba.

Para OpenAI, “la fase inicial de la inteligencia artificial ya está cubierta”. Más de un millón de empresas usan sus productos o API, pero la compañía dirigida por Sam Altman reconoce que la siguiente etapa no consiste simplemente en vender más licencias o más acceso a modelos, sino en conseguir que la IA se despliegue en casos de uso reales, que tenga un impacto que se pueda medir en operaciones, procesos y decisiones empresariales. La respuesta organizativa a ese problema es la creación de OpenAI Deployment Company, una unidad enfocada en empresas y respaldada por más de 4.000 millones de dólares en inversión inicial. El proyecto está liderado por TPG y coliderado por Advent, Bain Capital y Brookfield, e incluye la adquisición de Tomoro, una firma de consultoría de IA que aporta unos 150 ingenieros y especialistas en despliegue con clientes como Mattel, Red Bull, Tesco y Virgin Atlantic. OpenAI describe la nueva compañía como una unidad independiente pero conectada a sus equipos de investigación, producto y despliegue interno, de modo que sus Forward Deployed Engineers puedan construir sistemas empresariales alineados con las capacidades que vendrán después. El objetivo es incrustar ingenieros dentro de las organizaciones clientes y ayudar a rediseñar los flujos de trabajo en torno a la IA. Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, explicaba recientemente en LinkedIn que el desafío ya no es experimentar, sino “integrar profundamente la IA en los flujos de trabajo que impulsan a las empresas”, con rigor de ingeniería, disciplina operativa y gestión del cambio. Anthropic ha respondido casi de forma simétrica y anunció junto a Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs la creación de una firma de servicios de IA empresarial para llevar Claude a las operaciones centrales de compañías medianas.