20260717

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El vehículo inversor de José Antonio Jainaga, Mirai Investments, continúa con su intensa actividad de adquisiciones en distintos sectores económicos. Este jueves ha anunciado la compra de la vizcaína Reco, líder en la Península en recubrimientos químicos y electrolíticos, un proceso que consiste en aplicar capas de metales como zinc, níquel o cobre sobre piezas industriales para protegerlas frente a la corrosión, mejorar su resistencia y aumentar su conductividad eléctrica. Sus productos se destinan principalmente a fabricantes de bienes de equipo eléctrico, aunque también trabaja para la automoción y otras industrias. Reco tiene más de 40 años de experiencia en el sector y cuenta con una plantilla de 60 personas. Aunque el vehículo inversor no ha desvelado el importe de la operación, la compañía facturó cerca de 14 millones de euros en 2025. Mirai Investments detalla en una nota de prensa que, con unas instalaciones de más de 5.000 metros cuadrados, la empresa ha consolidado una amplia oferta de tratamientos, que abarca procesos como el «estañado, plateado, cobreado, niquelado, cromado y zincado». Los productos de Reco «cubren todos los aspectos de la demanda industrial, desde trabajos de prototipado y series cortas hasta tiradas de gran volumen», lo que convierte a la compañía en «un socio capaz de acompañar al cliente a lo largo de todo el ciclo de desarrollo y producción de sus componentes». Es decir, que la empresa puede fabricar desde las primeras piezas de prueba con las que se desarrolla un producto hasta grandes series para su producción industrial, lo que para Mirai supone «un paso estratégico en la construcción de una oferta de servicios industriales de mayor alcance». La compañía, en todo caso, se incorpora a Innometal, la división de transformación y acabado del metal participada por Mirai, el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), la Fundación Vital y el family office de Irene Carmen Lequerica. 

Tras un periodo oscuro y repleto de dificultades y sufrimientos, el más que centenario astillero zumaiarra, rebautizado ahora como Balenciaga Shipyard, celebraba esta mañana lo que en el sector naval supone el hito principal del inicio de la construcción de un nuevo barco –la puesta de quilla– de uno de los dos modernos navíos de apoyo al sector eólico marino que ya tiene en cartera. La jornada sirvió principalmente para poner en valor, precisamente, que la instalación tiene hoy un futuro por delante gracias al apoyo y al esfuerzo de mucha gente y, sobre todo, para dar las gracias a sus trabajadores y a los inversores que creyeron en el astillero y apostaron por su continuidad en pleno concurso de acreedores. Balenciaga, en manos hoy de Safeen Drydocks, filial de Abu Dhabi Ports Group, «inicia una nueva etapa en su historia, que comenzó en el año 1921, caracterizada por una renovada inversión, una firme ambición industrial y un compromiso con los trabajadores y la comunidad vascas». Así se expresó el capitán Ammar Al Shaiba, consejero delegado de Maritime & Shipping Cluster, del grupo industrial árabe, quien quiso subrayar que la reanudación de las operaciones en Balenciaga supone un hito importante en nuestro compromiso a largo plazo de reforzar las capacidades avanzadas de construcción naval en Europa y de apoyar el crecimiento de los sectores 'offshore' y de las energías renovables».

Las primeras señales de enfriamiento comienzan a asomar en la recaudación tributaria de Euskadi. Y es que, aunque las haciendas forales han ingresado hasta junio 8.066 millones de euros, el ritmo de avance de los ingresos se ha ido moderando. Si en abril la recaudación acumulada crecía un 8,76% respecto al mismo periodo del año anterior, en mayo ese incremento se redujo al 6,64% y el primer semestre se ha cerrado en torno al 4%. Detrás de esta evolución se encuentran las medidas fiscales aprobadas para paliar el impacto económico de la crisis de Oriente Medio, que han retrasado el cobro de algunos impuestos y reducido temporalmente la tributación sobre la energía. Si se atiende a la evolución por territorios, el dibujo es el de una Euskadi que avanza a dos velocidades. Mientras Gipuzkoa mantiene el pulso, con una recaudación de 2.285 millones hasta junio y un crecimiento del 6%, los otros dos territorios muestran un comportamiento mucho más contenido. Álava ingresó 1.234 millones, un 14,4% más que hace un año, aunque esta cifra está distorsionada por la implantación de un nuevo sistema informático que ha adelantado la contabilización de determinados ingresos. Descontado este efecto, el avance de los impuestos directos se reduce a apenas el 1,96%, mientras en los indirectos la propia Diputación evita establecer una comparación homogénea, aunque sí que se observa una contracción: el IVA ha retrocedido un 0,47%, mientras el gravamen sobre los hidrocarburos otro 7,47% El caso de Bizkaia es, en todo caso, el que mejor refleja el impacto de este contexto. La Hacienda vizcaína cerró junio con 4.547 millones de euros recaudados, apenas un 1% más que en el mismo periodo de 2025. Buena parte de esta ralentización responde al descenso del IVA de gestión propia, que cerró junio con 1.504 millones recaudados, un 3,7% menos que un año antes. Esta evolución refleja no solo el efecto de las rebajas fiscales aplicadas durante los últimos meses a determinados productos energéticos, sino también una moderación del consumo. A ello se suma la caída de los impuestos más afectados por las medidas aprobadas tras la crisis de Oriente Medio, como el gravamen sobre los hidrocarburos (-3,5%) o el de la electricidad (-30,4%).

Artículo de Joseba Madariaga, director de Estudios de Laboral Kutxa. "La pregunta para 2026 y 2027 no es si España y Euskadi van a seguir creciendo. Nuestro escenario central es que sí. La pregunta relevante es otra: qué tipo de crecimiento va­mos a tener y cuánto margen tendrá ese crecimiento en un entorno que ha mejorado algo, pero que sigue siendo exi­gente para una economía industrial como la vasca. La información más reciente obliga a introducir un ma­tiz. Europa ya no ofrece solo señales negativas. La caída del petróleo, la moderación parcial de la inflación y la mejora de algunos indicadores de confianza y actividad apuntan a una cierta estabilización del ciclo europeo. El PMI com­puesto de la Euro zona ha mejorado en junio y se sitúa ya en el umbral de expansión. El empleo, además, sigue aguan­tando mejor de lo previsto. Esto reduce el riesgo de un dete­rioro brusco de la demanda europea y permite mirar los próximos trimestres con algo más de confianza. Pero alivio no significa normalización. Esa es, probablemente, la idea clave..."

El magistrado Juan Carlos Benito-Butrón ha tomado hoy posesión como nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En su discurso, el sucesor de Garbiñe Biurrun, quien abandona el cargo tras 17 años, ha advertido de la sobrecarga de los juzgados en un momento en el que se espera «un aluvión de demandas por el abuso de la temporalidad en la administración pública». Al comienzo del acto para jurar el cargo, celebrado en el Palacio de Justicia, se ha disculpado por no haber invitado a la patronal y a los sindicatos, «una torpeza por mi carácter de novel». También se ha excusado por su rudimentario euskera, idioma con el que ha querido decir unas palabras al principio de su discurso. En su intervención, el magistrado ha expresado su temor a que las reclamaciones por la temporalidad en el sector público «desborden la instancia», cuando ya está muy tensionada. En este sentido, ha puesto el foco en la necesidad de más plazas en el orden Social y lamentado que la nueva que se crea en el Tribunal de Instancia de Bilbao no vaya a estar operativa hasta junio de 2027. El magistrado ha apostado también por promover la formación en materia de digitalización, aprovechando las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para agilizar determinadas tareas. Su discurso no ha estado exento de críticas. Así, ha lamentado el escaso éxito de los órganos administrativos de mediación y arbitraje laboral y calificado sus resultados de "muy mejorables". También ha lanzado un dardo a los medios de comunicación, por transmitir de "manera torticera" las resoluciones judiciales al destacar aspectos anecdóticos.

Casi tres de cada diez alumnos que finalizan sus estudios universitarios en Euskadi se gradúan en la rama científico-tecnológica, conocida como STEM. Es la segunda mayor proporción del país sólo por detrás de Asturias. Al mismo tiempo, el País Vasco es la comunidad autónoma donde más jóvenes universitarios se forman en Ingeniería, Industria y Construcción (lo hacen el 19,6%) del total. La conjunción de ambos factores colocan a Euskadi como la principal potencia universitaria en ingeniería y la rama científico-tecnológica. Es una de las principales conclusiones que se desprenden del último informe de la Fundación CYD, titulado ‘Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2026’ y publicado ayer. El estudio va acompañado de una página web interactiva donde los usuarios pueden consultar diferentes apartados del sistema universitario español desglosados por comunidades. La herramienta analiza aspectos como el perfil del alumnado y del personal docente e investigador (PDI), la financiación, la inserción laboral de los graduados, la investigación y transferencia de conocimiento y el proceso de preinscripción al grado. En el conjunto del país, las ramas del conocimiento con mayor peso son Negocios, Administración y Derecho; y Salud y Servicios Sociales, pero en Euskadi la que tiene más presencia es Ingeniería, Industria y Construcción, que acoge a casi uno de cada cinco estudiantes. A ello se une que el 29,4% de los titulados se gradúan en áreas STEM. Esto se debe a multitud de factores, pero, según las fuentes consultadas, obedece básicamente a la importancia que tradicionalmente ha tenido la industria en el PIB de Euskadi. 

Euneiz echó a andar en septiembre de 2022. Cuatro años después arrancará el curso con once grados, sin contar los másteres. La universidad vitoriana se ha especializado en tecnología digital, salud y deporte. Una vez que se pueda desarrollar la compra de la parcela alrededor del Buesa pretende la «incorporación progresiva» de titulaciones en «ámbitos con elevada demanda social y profesional, especialmente vinculados a las ciencias de la salud, las ciencias biomédicas, la tecnología avanzada y la gestión empresarial especializada». Entre los grados que se pretenden ofertar se encuentran Odontología, Biomedicina, Gestión de Empresas Biotech y Pharma y Diseño de Chips, «que permitirían ampliar la oferta académica hasta un total de quince grados universitarios oficial» que, en todo caso, necesitarán las correspondientes autorizaciones, verificaciones y acreditaciones de Unibasq, la agencia del Gobierno vasco para la calidad del sistema universitario. «Ese potencial requiere espacio para crecer, desarrollar nuevas titulaciones, ampliar laboratorios, incorporar equipamientos docentes avanzados y reforzar las capacidades de investigación aplicada y transferencia de conocimiento», se lee en la memoria entregada por la entidad dirigida por Josean Querejeta.

El Grupo Baskonia-Alavés ya ha entregado a la Diputación su propuesta formal para comprar el pabellón Buesa Arena y su actual aparcamiento para dar un espaldarazo al Proyecto Ondare, que engloba a la Euneiz, el BAKH y la residencia de deportistas. El diputado general, Ramiro González, y el primer dirigente de la entidad deportiva, Josean Querejeta, presentaron la semana pasada un proyecto que toma como base la memoria de adquisición en la que, sin embargo, no se menciona el posible precio de compra de los 132.877 metros cuadrados de estas instalaciones de titularidad foral. El documento entregado a la dirección de Finanzas sí que expone un escenario por el que la aportación anual a la Hacienda alavesa aumentará en el futuro un 42% respecto a la situación actual, con unos ingresos de hasta los 39,8 millones de euros por ejercicio. Y es que, según sus datos, ahora tributan 27,96 millones. La anunciada modernización del Buesa, la ampliación universitaria de Euneiz, la construcción de una nueva residencia para estudiantes y un nuevo centro de formación profesional (FP) también beneficiaría al Ayuntamiento de Vitoria.

Se ha celebrado el primer Foro Vasco de Empleo, un órgano que como ha señalado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, servirá para reforzar la participación, el diálogo y la colaboración entre instituciones, agentes sociales, organizaciones empresariales, sindicales y entidades del tercer sector y del ámbito formativo, así como expertos. «Las mejores políticas de empleo no se diseñan en un despacho, sino que se construyen con quienes conocen mejor el mercado de trabajo desde dentro y la realidad del mercado laboral desde perspectivas diferentes y complementarias», ha defendido Torres. El foro servirá para informar sobre la estrategia vasca de empleo, los planes estratégicos que se desarrollen en este campo y para formular propuestas y recomendaciones. Además analizará la evolución del mercado de trabajo y planteará debates para compartir conocimientos y alcanzar consensos que refuercen las decisiones adoptadas por los organismos públicos. En su intervención, Torres también ha hecho referencia a los resultados que ya está arrojando el proceso de regularización con la incorporación al mercado laboral de 7.000 nuevos cotizantes extranjeros entre mayo y junio. «Venimos realizando un trabajo previo desde hace meses para recibir a todas estas personas, muchas de las cuales ya se habían formado previamente en Lanbide, por lo que se han podido incorporar rápidamente al mercado laboral», ha explicado. Su entrada en la lista de cotizantes ha elevado el número de afiliados a la Seguridad Social hasta superar los 1.044.000 en Euskadi.

«Que tu abuela no reciba la medicación a su hora», «Esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca», «Esperar una hora a que te traigan el segundo plato»... Estos son algunos de los eslóganes que figuran en la polémica campaña que ha lanzado CEOE-Cantabria en las marquesinas de autobuses de la región y que ha provocado el rotundo rechazo y condena por parte de los sindicatos.«Mientras unos no están, otros esperan», denuncia la patronal, que asegura en los carteles que «evitar las consecuencias del absentismo injustificado es responsabilidad de todos». CC OO ha calificado esta campaña de «intolerable», «grosera» e «insultante» y ha exigido de inmediato su retirada. A juicio de la organización liderada por Unai Sordo, CEOE responsabiliza a las personas trabajadoras del mal funcionamiento de diferentes servicios que se pueden contratar y elude cualquier responsabilidad empresarial a la hora de mantener plantillas suficientes y permitir los derechos al descanso, de conciliación familiar o el derecho a recuperar la salud antes de volver al trabajo. «Exigimos a CEOE la retirada de esta campaña, especialmente grosera e insultante, que estamos viendo en Cantabria, así como que cesen los mensajes irresponsables que mezclan todo tipo de circunstancias en el mal llamado absentismo y que criminalizan a las personas trabajadoras». Desde la CEOE evitaron pronunciarse al respecto de esta campaña lanzada desde la patronal cántabra y recalcaron a este periódico que "lo realmente importante es que, más allá del detalle, lo relevante es la necesidad de abrir espacios de diálogo riguroso y sosegado, en los que se haga un buen diagnóstico de la situación, sin juicios previos, y se busquen soluciones a un problema que nos afecta a todos, desde el punto de vista sanitario y también económico".

La crisis del absentismo ha irrumpido con fuerza en el debate político y se ha convertido en uno de los grandes frentes económicos del año. No es para menos: el coste que asume el Estado por las bajas de los trabajadores enfermos se ha triplicado en una década y ya es la segunda partida de gasto más abultada de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones. El Gobierno lleva meses intentando configurar un plan de choque que ataje el problema, pero las negociaciones con los agentes sociales están atascadas y las medidas puestas en marcha se han demostrado insuficientes. Al contrario, algunas de las reformas aprobadas en los últimos años para ampliar la protección de los trabajadores han tenido un efecto no deseado sobre la Incapacidad Temporal (IT), aumentando incluso la probabilidad de que los afectados inicien procesos de baja. Es una de las conclusiones que arroja la evaluación más completa elaborada hasta la fecha sobre la IT. La firma la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que llevó a cabo un exhaustivo estudio por encargo del Gobierno con un doble objetivo: primero, detectar las tendencias que han disparado el gasto y segundo, plantear un paquete de medidas para evitar que el agujero en las cuentas públicas se siga expandiendo. El contenido es de sobra conocido y se resume bien en los gráficos que acompañan estas líneas, si bien el debate actual merece recuperar un capítulo para entender cómo hemos llegado hasta aquí y hasta qué punto las decisiones gubernamentales no solo no han atajado esta crisis, sino que, en algunos casos, han llegado incluso a agravar el problema.

Más allá de Almaraz, el visto bueno tiene enormes implicaciones para todo el parque nuclear en España. Se abre la vía para que el resto de centrales pidan ampliaciones de su vida comercial, anulando así el calendario previsto de cierres. Aunque se empiece con pequeñas prórrogas de dos o tres años, la intención de las eléctricas es extender cada reactor al menos diez o veinte años. Según el CSN, máximo órgano regulador nuclear en España, la decisión adoptada por el pleno se apoya en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación. El pasado año, los titulares de la instalación remitieron al Ministerio para la Transición Ecológica una solicitud de modificación de la autorización de explotación de la central nuclear, que afecta a ambas unidades de Almaraz. Aunque el Gobierno es contrario a las nucleares, ha terminado contemplando la posibilidad de extender su vida comercial siempre y cuando no se rebasen tres líneas rojas: que las prórrogas no supongan un coste para los usuarios de luz, que no se ponga en cuestión la seguridad ciudadana y que no se ponga en riesgo la seguridad del sistema eléctrico. Entre las condiciones impuestas por el CSN, está la de “asegurar dotaciones de personal con funciones relacionadas con la seguridad para 2028-2030”.

La Comisión Europea busca impulsar al máximo el consumo de la energía eléctrica con una meta última, rebajar las emisiones y avanzar hacia una economía descarbonizada. Eso pasa por darle más peso a la electricidad en la energía final frente a fuentes fósiles como el gas, el petróleo y el carbón. Así, en su nuevo Plan de Acción de Electrificación, Bruselas planteará a los Estados miembros que dupliquen para 2040 la tasa de electrificación desde el 23% actual, según fuentes al corriente de la discusión. El borrador del plan aún confidencial, y que todavía se está debatiendo y puede sufrir cambios, no incluye todavía esa cifra, que no es vinculante y que se baraja en los debates internos en un 46%. Esta cifra resulta ligeramente menos ambiciosa que las planteadas en comunicaciones anteriores en las se que hablaba del 50% como objetivo de electrificación del consumo eléctrico. El plan también toca la energía nuclear y señala que “en pleno respeto de la prerrogativa de los Estados miembros para determinar su propio mix energético”, la extensión de la vida útil de los reactores existentes “debería perseguirse salvo que resulte antieconómica o incompatible con los más altos estándares de seguridad”. El borrador respalda además el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR), y anuncia que la Comisión trabajará con la Alianza Industrial Europea sobre SMR para cerrar una segunda convocatoria de proyectos, con el objetivo de que los primeros entren en funcionamiento en Europa a principios de la década de 2030.

El apagón que sufrió España el pasado año está teniendo consecuencias devastadoras para el mercado eléctrico. Las grandes petroleras, como Repsol, TotalEnergies y ENI, y las comercializadoras de luz basadas en precios bajos (low cost) han encontrado en el caos de mercado que ha creado ese corte masivo de luz su mejor baza para plantar cara a las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, e intentar romper su statu quo comercial. Cuando se cumplen casi 500 días del apagón (el 28 de abril de 2025), las ofertas de luz de las petroleras y las low cost están arrasando los precios de las grandes eléctricas. El mercado está tan dislocado que incluso los precios regulados (PVPC) son, con diferencia, los más baratos. El análisis toma como referencia el comparador de ofertas que mantiene actualizado la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC). La comparativa se ha realizado simulando una factura para una familia tipo, con una potencia contratada de 5 kilovatios (kW). Para evitar distorsiones puntuales se han tomado como referencia tres periodos de consumo: el transcurrido desde el apagón (ver cuadro), el transcurrido en lo que va de 2026, y el periodo de los últimos 30 días. En los tres la tendencia es la misma. Del medio centenar de ofertas que configuran el escaparate de mejores descuentos, la mayor parte la copan tres petroleras Repsol, TotalEnergies y ENI, y una riada de comercializadoras alternativas.

El goteo de organizaciones empresariales que están certificando en sus juntas directivas el apoyo a Antonio Garamendi para la reelección como presidente de CEOE acerca al líder de la patronal a un nuevo mandato. Hasta el día de ayer, una quincena de organizaciones habían ratificado su respaldo al actual presidente, lo que le garantizaría más del 40% de los votos de la asamblea electoral. A esto se suma que una eventual candidatura alternativa debería de formalizarse antes del 24 de agosto (40 días antes de la votación), y por el momento no hay visos de que aparezca tal oposición. Tal y como acordó el comité ejecutivo hace unas semanas, la votación tendría lugar el 1 de octubre, unas semanas antes de lo inicialmente previsto –según el calendario electoral que situaba los comicios para el mes de noviembre–. La candidatura de Garamendi ya ha recibido el apoyo formal de las principales patronales, lo que anticipa un elevado número de apoyos de la asamblea que deberá elegir al presidente para los próximos cuatro años, hasta 2030, ya que no todas las organizaciones tienen el mismo peso en la asamblea.

El sector bancario español tiene todo de cara para cerrar su quinto ejercicio consecutivo de beneficios récord. Previsiblemente lo logrará en un escenario cambiante y en el que la volatilidad y la incertidumbre provocada por la guerra en Oriente Próximo se han instalado en la cotidianidad de todos los bancos domésticos. La banca española asume que el conflicto armado en Irán tendrá consecuencias sobre la economía doméstica y global, pero, por lo pronto, no anticipa un deterioro del negocio. Así, las seis entidades bancarias que figuran en el Ibex 35 –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– habrían echado el cierre al primer semestre del ejercicio con unas ganancias conjuntas superiores a 18.000 millones de euros, según el consenso de mercado compilado por Bloomberg: esto supone un aumento del beneficio conjunto del 5,5% respecto a la primera mitad de 2025. Bank of America es incluso más optimista y prevé unas ganancias grupales por encima de 18.500 millones. En cambio, los analistas de Barclays son más conservadores y proyectan un beneficio conjunto de 17.925 millones. Por entidades, el consenso de mercado espera que todas ganen más que el año pasado, salvo Sabadell, para el que pronostica un descenso del 1,5%, hasta 960 millones. Para Santander se prevé un beneficio de 7.321 millones, un 7,3% más; para BBVA, 5.949 millones, casi un 10% más; para CaixaBank un 6% más, hasta 3.131 millones, y para Bankinter (+7,5%) y Unicaja (+1,5%) 583 millones y 343 millones, respectivamente.

El consejero delegado de Bank of America (BofA), Brian Moynihan, se ha sumado al creciente grupo de líderes de Wall Street que advierten de que modelos de inteligencia artificial como Mythos, desarrollado por Anthropic, son preocupantes. “Supone un cambio enorme en la cantidad de trabajo que habrá que realizar y en la rapidez con la que estas herramientas pueden afectar a las vulnerabilidades de los sistemas, así como en la velocidad con la que habrá que resolver esos problemas”, afirmó el máximo ejecutivo de BofA este jueves en una entrevista con Bloomberg Television. “Todos estamos trabajando intensamente en ello”, aseguró. La evolución de los modelos de IA en los últimos meses ha llevado tanto al sector financiero como al Gobierno de Estados Unidos a evaluar los riesgos potenciales que pueden generar. Anthropic aseguró que Mythos, presentado a comienzos de este año, destaca especialmente por su capacidad para detectar vulnerabilidades. Bank of America figura entre el grupo de entidades de Wall Street que han tenido acceso a Mythos, utilizándolo para poner a prueba sus propios sistemas y compartir información con otras firmas del sector. El modelo aún no se ha puesto a disposición del público general. A principios de esta semana, el consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtió de que ofrecer un acceso amplio a este sistema sería como “poner misiles balísticos en manos de particulares”. “Nos estamos asegurando de que los terceros implicados estén realizando el trabajo necesario y colaborando estrechamente con el equipo”, señaló Moynihan.

La eclosión de Mythos está provocando toda una revolución en el mundo bancario. El modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic está dotado con una elevadísima capacidad para detectar vulnerabilidades en los software que, o bien pueden abrir la puerta a prevenir ciberataques o, si caen en malas manos, propiciarlos. Esto ha provocado que tanto las entidades como el Banco Central Europeo (BCE) se pongan en guardia y que las antiguas cajas de ahorros estén explorando fórmulas de colaboración para armar una defensa conjunta, según indican fuentes financieras. Todo ello está auspiciado por CECA, la patronal bancaria que aglutina las antiguas cajas, entre ellas CaixaBank, Unicaja, Abanca, Ibercaja o Kutxabank. Está desarrollando, en primer lugar, una herramienta de análisis, para que las entidades puedan diagnosticar dónde están sus fallos de seguridad y empezar a trazar sus planes para solucionarlos. Todo ello forma parte de un proyecto sectorial más amplio sobre IA y ciberseguridad que puede terminar suscitando medidas adicionales. El BCE dio la voz de alarma en el sector hace algunos meses, cuando convocó a los principales responsables de las entidades de la Eurozona a una reunión para analizar los riesgos de Mythos. Al supervisor le preocupa especialmente que los ciberdelincuentes puedan acceder a este modelo de IA o a otro similar. La principal amenaza es la capacidad que presenta para detectar las vulnerabilidades de los sistemas, así como para explotarlas y atacarlas.

El comité de empresa de Airbus España se ve fuerte para mantener un pulso con la empresa a lo largo de todo el mes de julio con una huelga que puede afectar notablemente a la producción. Los sindicatos cifran el seguimiento de la protesta por encima del 80%, saltando en los últimos días desde la planta de Getafe (Madrid), donde arrancó el día 1, hasta las otras seis instalaciones industriales que el grupo tiene en el país. La recuperación de la capacidad salarial perdida desde la pandemia, cifrada en más de un 11%, está en el centro de la disputa, pero hay más. Las conversaciones con la dirección se han retomado esta semana y fuentes sindicales reconocen pequeños avances, aunque muy lejos aún de un acuerdo con el que poder desconvocar el paro al que se llamó a los 14.000 empleados del gigante aeronáutico. La huelga está secundada por CC OO, SIPA, ATP, CGT, UGT y ÚTIL. El conflicto estalló tras largos meses de negociaciones, que arrancaron en noviembre para acordar la evolución salarial de 2026. “La empresa ya aplicó unilateralmente una subida del 3%, sin tener en cuenta la recuperación que demandábamos por la pérdida desde la covid. Pero la chispa que prendió la mecha del conflicto fue, el 9 de junio, el anuncio interno de que pasaríamos de dos a un día de teletrabajo a la semana en España, Francia, Alemania y Reino Unido”, recordó Gema Moreno, delegada sindical de UGT en la planta de Getafe. Con las partes ya enfrentadas, los representantes de los trabajadores han sumado reivindicaciones que tocan a la protección de derechos consolidados y al proyecto de separación del negocio de espacio del resto del grupo si cuaja la alianza entre Airbus, Thales y Leonardo para la creación de Bromo.

La decisión, otra sin precedentes en la democracia española, es ya firme. Begoña Gómez será la primera mujer de un presidente del Gobierno en sentarse en el banquillo de los acusados y lo hará ante un jurado, probablemente en el primer semestre de 2027. Apenas dos días después de la condena impuesta al hermano de Pedro Sánchez por enchufismo laboral, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado este miércoles en lo sustancial la investigación llevada a cabo por controvertido instructor, Juan Carlos Peinado, y da luz a que la causa contra Gómez continúe por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Los magistrado aprecian indicios suficientes de que la esposa del jefe del Ejecutivo se prevalió de su matrimonio con éste para promocionar su propia carrera profesional. La principal enmienda a Peinado es que el órgano jurisdiccional superior le ciega la acusación de «corrupción en los negocios» y la de apropiación indebida. Además, la sección 23 limita el enjuiciamiento de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que llevaba el día a día de la cátedra de la Complutense dirigida por la esposa de Sánchez, al supuesto delito de malversación vinculado al presunto desvío del 'software', dejando fuera para ella el tráfico de influencias.

Carles Puigdemont acaricia el final de su huida a Waterloo y su regreso a Cataluña casi nueve años después de escapar de los tribunales españoles, el 30 de octubre de 2017, tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este jueves la compatibilidad de la ley de amnistía, pactada por el presidente Sánchez con Junts a cambio de su investidura, con el Derecho europeo, lo que en la práctica deja sin efecto la imputación del Supremo, avala la norma y abre la puerta al retorno del expresidente catalán. La sentencia hecha pública por la Corte de Luxemburgo era una prueba de fuego definitiva, sobre la que ahora deberán mover ficha los tribunales nacionales. Un fallo recibido con satisfacción por el independentismo y los ejecutivos de Sánchez y de Salvador Illa, mientras el PP, desde «el respeto» a los magistrados, ha incidido en reprochar que el presidente cediera a «la impunidad» para retener La Moncloa. En dos sentencias vinculantes, cuyo resultado asoma el contexto político catalán a otro escenario, el TJUE resuelve tanto sobre la acusación en la que se amparaba el Supremo para seguir persiguiendo a Puigdemont y varios cargos más -que malversó fondos europeos en la convocatoria del plebiscito secesionista- y a miembros de los llamados Comités en Defensa de la República (CDR) por presunto terrorismo en las algaradas de 2019 posteriores a la condena del Supremo a los líderes del 'procés' encarcelados. La gran sala de Luxemburgo, que responde a las dudas prejudiciales elevadas por tribunales españoles, sentencia que la norma «para la normalización de la situación en Cataluña» -la denominación formal de la amnistía- no choca con el Derecho de la UE.

La movilización militar forzosa es una cuestión prácticamente tabú en Rusia. Pero se ha vuelto un tema recurrente en muchas conversaciones, alimentado por la insistente creencia de que el Kremlin prepara una gran ofensiva para el otoño y necesitará miles de soldados que la impulsen. El Gobierno ordenó a principios de este mes el cierre casi total de las fronteras, una práctica de manual para que los ciudadanos no se vayan al extranjero ante la amenaza de una leva, y el presidente de la República Checa, Petr Pavel, ha servido de altavoz al asegurar en la última cumbre de la OTAN que Moscú prepara una movilización general y que antes de eso sería conveniente iniciar una negociación entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin. La propia Ucrania lanzó ayer señales de alerta tras la destitución repentina la noche anterior del ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, siete meses después de ocupar el cargo. El cesado es el artífice de los últimos éxitos de Kiev en la guerra gracias a un plan de innovación tecnológica que ha llevado los drones de combate hasta el corazón de Rusia. Su salida es consecuencia de los enfrentamientos entre el Ministerio y el Estado Mayor, cuyos mandos creen que Fedorov se ha volcado económicamente y materialmente en la guerra robótica y debilitado las formas del ejército tradicional. Pero, más allá de estas fricciones, el Ejecutivo de Zelenski está convencido de que el Kremlin tiene planes de recrudecer la ofensiva en septiembre y quiere encomendar al nuevo ministro que solucione las debilidades detectadas en la logística y los suministros en el frente y los problemas de alistamiento que también sufre Ucrania.