20230321

La transición energética tiene donde crecer en el País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, inauguró ayer la sede del nuevo campus de los Parques Tecnológicos de Euskadi, un edificio en la localidad vizcaína de Abanto que también acoge el Energy Intelligence Center (EIC), una «infraestructura de primer nivel», como la definió Urkullu, que apuesta por «la innovación, la investigación, la internacionalización y el desarrollo tecnológico». El campus supone una inversión de 70 millones de euros que ayudarán al sector. «Necesitamos a la industria en la mejor posición posible», remarcó el lehendakari en el nuevo edificio, que tendrá una superficie de casi 19.000 metros cuadrados y que en un futuro interactuará con el inmueble ‘María Telkes’, que se ubicará justo al lado y ha sido bautizado así en homenaje a la científica húngara pionera en energía solar. El EIC será energéticamente autosuficiente gracias a una instalación fotovoltaica en su cubierta. Su interior acogerá, de momento, a empresas señeras como Petronor, Tubacex, Tubos Reunidos, Ampo, Vicinay y la sociedad Ibil, conformada por EVE y Repsol. En la inauguración también intervino el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, quien planteó que «la transición tecnológica no es un sprint de vanidades, sino una maratón de esfuerzos». Así apostó por la necesidad de impulsar la colaboración en el EIC, «como espacio de integración». En la misma línea, el consejero delegado de Tubacex y presidente de la Fundación EIC-Energy Advance Engineering, Jesús Emorís, vaticinó que se «promoverá la intracooperación entre las empresas y agentes que participamos en los laboratorios, fomentando un entorno natural de conocimiento compartido». El presidente de Nortegas, Iñaki Alzaga, aprovechó la inauguración para recordar que acogerá el primer «hidrogenoducto». En un trazado de dos kilómetros entre Petronor y el EIC, suministrará al Living Lab del Corredor Vasco del Hidrógeno, donde se estudiarán sus posibles usos. «Éste es probablemente el espacio de colaboración en transición energética más relevante que exista en España», valoró.

Siemens Energy continúa con la hoja de ruta que había preparado hace tiempo para intentar enderezar la situación de su filial Siemens Gamesa y que ya había telegrafiado su consejero delegado, Christian Bruch. Un proceso que persigue ajustar al máximo la estructura de ambas compañías, exprimir sus sinergias y reducir con ello los gastos operativos. Primero fue una OPA para hacerse con el 100% del capital de la compañía que tiene aún su sede en la localidad vizcaína de Zamudio, más tarde su exclusión del mercado bursátil y ahora le ha llegado el turno a la absorción directa de algunos departamentos. Han sido las áreas de Comunicación, Relaciones Institucionales y Seguridad las primeras que van a ser absorbidas. Según indicaron ayer fuentes de la compañía «será un proceso progresivo». Los empleados que dependen de esas áreas recibieron recientemente la comunicación de su próximo traslado a la plantilla de Siemens Energy. Verán respetada su antigüedad pero tendrán que acomodarse a las condiciones laborales de la firma germana, lo que ha condicionado la apertura de un proceso de negociación. Todo apunta que Siemens Energy ha comenzado su ‘experimento’ de absorción por las áreas menos complejas de Siemens Gamesa, para avanzar a continuación con el resto.  Por otra, parte Siemens Gamesa continúa con las negociaciones para la venta de ocho fábricas en España, dedicadas a la producción de multiplicadoras –el equivalente a la caja de cambios de un vehículo pero en un aerogenerador– y de equipamiento eléctrico. 

El Grupo CAF ha logrado dos nuevos pedidos de suministro de tranvías de la plataforma Urbos por un importe conjunto superior a los 100 millones. Por una parte, entregará 31 unidades al operador BKK (Budapesti Közlekedési Központ) en Budapest, y por otra, serán 6 los tranvías que se suministrarán a la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. La ciudad de Budapest, a través de la empresa responsable de la gestión del transporte de la capital húngara (BKK), ha hecho efectiva una nueva opción contemplada en el contrato inicial para la ampliación del número de unidades suministradas. En este caso serán 31 tranvías más, 26 de ellos formados por 5 módulos y otros 5 de 9 módulos, los cuales irán acompañados de la entrega de equipos y servicios adicionales. En el año 2014 CAF firmó su primer contrato con BKK, que comprendía el suministro de 37 unidades con opción de incrementar el número de unidades en futuras posibles ampliaciones. Desde entonces, el cliente ya ha ejercido parte de estas opciones, habiendo recibido ya 36 unidades más, a las que se unirán otras 20 unidades adjudicadas a finales del pasado año y actualmente en proceso de diseño y fabricación. Ver nota CAF. 

El Gobierno vasco pasará a ser accionista de la empresa vizcaína de motos eléctricas Nuuk, tras la entrada en la firma con tres millones de euros de capital del fondo Ezten FCR, pertenciente al Grupo SPRI. El objetivo, señalaron, es «reforzar su balance y acelerar el plan de expansión de su negocio». La operación, que ha contado con el asesoramiento de Haya Capital Fusiones y Adquisiciones, es ya la segunda ampliación de capital que realiza desde 2021, cuando dio entrada a un socio industrial y financiero. Nuuk informó ayer de que destinará estos nuevos recursos al desarrollo comercial, la expansión internacional, la ampliación de productos y las inversiones estratégicas, como tecnologías de propulsión, baterías y plataformas IT. Además señaló su «apuesta por seguir creciendo» en posicionamiento como «empresa de referencia en la oferta de soluciones globales de movilidad eléctrica segura y conectada». El principal negocio de Nuuk está en el sector profesional, al proporcionar servicio a flotas de grandes operadores, aunque su objetivo es no «perder de vista a los consumidores finales», detallaron. La ‘startup’ se ubica en el centro de innovación AICAutomotive Intelligence Center.

Las EPSV, figura por excelencia en Euskadi para canalizar ahorro y complementar así la pensión, ha encontrado un nuevo obstáculo en el alza de las cotizaciones sociales que fija el nuevo sistema de pensiones aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros. Y es que el plan del Gobierno vasco de extender este sistema hasta el 75% de la población activa –actualmente alcanza el 40%– pasa por reforzar las EPSV colectivas, que son aquellas pactadas entre empresa y trabajadores y por las que la compañía comparte una aportación por empleado. Para el presidente de la federación de EPSV de Euskadi, Ignacio Etxebarria, la subida de las cotizaciones que plantea la nueva propuesta de pensiones «aumenta costes laborales sin que lo hagan los ingresos», «encarece el empleo» y eso, «evidentemente, complica la extensión de las EPSV colectivas». Por ello reclama la necesidad de aplicar deducciones fiscales en la siguiente reforma de impuestos que programan acometer las diputaciones vascas para después de verano. La federación de EPSV del País Vasco ha trasladado sus peticiones para los nuevos impuestos que se resumen en cuatro puntos. En primer lugar, recuperar en el Impuesto de Sociedades la deducción del 10% por las aportaciones que las empresas hagan a estos planes colectivos. En cuanto al tratamiento fiscal de los ahorradores, la principal exigencia es que las diputaciones vascas no sigan el paso de la Agencia Tributaria que ha reducido las deducciones por aportación a planes de pensiones. «El planteamiento», señaló Etxebarria, «es que, al menos, se mantengan como están».

El Gobierno Vasco ultima un decreto para, entre otras cosas, determinar cómo se habrán de pagar las jubilaciones en las entidades de prestación social voluntaria de empleo preferentes, que son unas EPSV especiales en las que las empresas y todos sus trabajadores realizan aportaciones a ese vehículo de ahorro complementario a la Seguridad Social. Una normativa que afectaría hoy en Euskadi a casi 165.000 personas en Geroa (111. 620 socios que realizan aportaciones), Elkarkidetza (23.144 en activo) y Lagun Aro, que cuenta con 30.000 socios. El departamento de Economía y Hacienda quiere que como norma general esas prestaciones se cobren en forma de renta mensual y no como un único pago, que es sin embargo lo que reclama la autodenominada plataforma de agraviados de Geroa. Según esas mismas fuentes, el gabinete de Pedro Azpiazu entiende que la norma ha de ser esa y no cualquier otra, puesto que el cobro en un único pago al llegar a la jubilación desvirtuaría por completo la esencia de las EPSV de empleo, concebidas desde su origen como un complemento a la paga mensual de la Seguridad Social. Cabe recordar que Lagun Aro ya paga siempre y en toda ocasión como renta, mientras Elkarkidetza y Geroa combinan las dos fórmulas con restricciones a la de capital.

A partir del 1 de octubre los trabajadores a tiempo parcial conseguirán una de las reivindicaciones más importantes de este colectivo, que están en torno 2,5 millones: una jornada laboral, cualquiera que sea el horario efectivo de trabajo, equivaldrá a un día de cotización a la Seguridad Social, como ocurre con los trabajadores a tiempo completo. Esta es una de las medidas más importantes que ha introducido el Real Decreto Ley sobre la última parte de la reforma de las pensiones, que aprobó el Consejo de Ministros del pasado día 16. La mejora de las condiciones de los trabajadores a tiempo parcial para acceder y mejorar la pensión no estaba entre las grandes cuestiones de la reforma de las prestaciones anunciadas por el Gobierno, pero sí está integrada entre las 56 páginas del Real Decreto Ley. La norma modifica los artículos 247 y 248 de la Ley General de la Seguridad Social. Incluso extraña que el Ejecutivo no haya explicado también esta modificación de la Ley General de la Seguridad Social cuando beneficia a 2,5 millones de trabajadores. Sin embargo, la exposición de motivos explica con claridad la mejora de los empleados a tiempo parcial, en el acceso y en la cuantía de la pensión. “Se equipara el trabajo a tiempo parcial con el de tiempo completo a efectos del cómputo de los períodos cotizados para el reconocimiento de todas las pensiones”. Es decir , “de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia”. Supervivencia es como se conoce a las de viudedad. También se equipara el trabajo a tiempo parcial con el tiempo completo para el reconocimiento de la cotización en las prestaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor.  Por lo tanto, a partir del 1 de octubre, cuando entra en vigor la medida, la Seguridad Social tendrá en cuenta los períodos cotizados por los trabajadores a tiempo parcial, como días, “cualquiera que sea la duración de la jornada hecha en cada uno de ellos”.

Se trata de un acto que la izquierda independentista cuida con especial esmero porque pretende visualizar la reconversión de EH Bildu en una formación con sentido de país, cultura de gobierno y con el chip de la responsabilidad. Las bases se recogen en el documento 'Euskal Eredua', que incorpora sus aportaciones para los próximos años sobre dos puntales: la recuperación de la soberanía estratégica y el liderazgo del sector público. El trasfondo ideológico es claramente de izquierda. La propuesta recoge la reducción de la jornada a 32 horas semanales. «La dirección de la economía la debe marcar el sector público, para después buscar esquemas de colaboración con la empresa. Y la empresa debe corresponsabilizarse con la sociedad y el país, y eso puede articularse de muy diversas maneras. De alguna manera, esto nos empuja a hablar del modelo de empresa. Un modelo de empresa vasco debería de ser un modelo sostenible económicamente (es decir que no se vende a un fondo de inversión extranjero), que democratiza las relaciones laborales dando lugar a la participación de los trabajadores en la gestión, en el reparto de resultados y en el capital y comprometida con el desarrollo endógeno del país». La propuesta reconoce que, aunque «estamos muy lejos de las recetas que plantea el informe Zedarriak, parte de este diagnóstico es certero. «Vienen grandes cambios motivados por la transición energética, la digitalización, la robotización y la transición demográfica. Y ante estos cambios nos encontramos en una situación de vulnerabilidad creciente», sostiene EH Bildu. El trabajo ha sido coordinado por Peio Otxandiano tras una gira por empresas vascas. 

La reforma de pensiones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, deja dos ajustes pendientes para la próxima legislatura. Por un lado, la subida de cotizaciones a los autónomos, que tendrá que hacerse a partir de 2026 para que vayan gradualmente equiparándose a las de los asalariados, en un proceso que debe culminar antes de 2032, tal y como recoge la legislación. Por otro, el mecanismo de cierre que ha impuesto la Comisión Europea, que se activa a partir de 2025 y que, en el supuesto de no tomar medidas, corrige automáticamente a base de subidas de cotizaciones cualquier desfase que pueda surgir sobre unas proyecciones a 30 años que ya implican unos niveles de gasto sobre PIB de los más altos de Europa. El número de pensionistas va a aumentar desde los 10 millones de la actualidad hasta los 15 millones en 2050. Este es el único dato que se puede dar por seguro respecto a las pensiones. Se trata de un incremento del 50% en el número de beneficiarios y que pondrá presión sobre la principal partida del gasto público, con un coste anual que en estos momentos ronda los 190.000 millones de euros y que supone casi un tercio del total del presupuesto de las Administraciones. La reforma de pensiones de Escrivá básicamente consiste en volver a revalorizar las prestaciones con el IPC; suprimir el factor de sostenibilidad —un instrumento que aprobó el Gobierno del PP y que reducía la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida—; elevar los ingresos por cotizaciones, y transferir más de 20.000 millones de euros del presupuesto del Estado. Sin embargo, la Comisión Europea ha apretado. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que inventó el ministro Escrivá para sustituir al Factor de Sostenibilidad ha sido insuficiente.

El País Vasco es ya la comunidad de España que menos grava a los rentas altas. A los ricos, como definen desde el Gobierno. Y lo hace con el beneplácito del PSOE, que forma parte del Ejecutivo vasco, y que de esta manera no aplica el «que más paguen los que más tienen». O lo hace, al menos, con menor intensidad que en el resto del país. El hecho que desata esta situación es que la comunidad vasca es la única que no va a aplicar el impuesto a la Grandes Fortunas desarrollado por el Ministerio de Hacienda. Esta figura impone un tipo mínimo del 3,5% a las grandes rentas, eliminando de esta manera las bonificaciones que aplican Madrid, Andalucía, Murcia o Galicia. Para acabar con el dumping fiscal que, en opinión de la ministra María Jesús Montero, aplican estas regiones y, en especial, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso. Una armonización fiscal en el conjunto de España, por lo tanto, salvo en el País Vasco, en donde se seguirá aplicando sólo el impuesto de Patrimonio con unos tipos del 2% en Vizcaya y del 2,5% en Guipúzcoa y Álava. «Es la comunidad más atractiva» para los que más tienen, tal y como la semana pasada constató el Consejo General de Economistas durante la presentación de su informe Panorama de la Fiscalidad Foral y Autonómica 2023. La previsión es que Euskadi apruebe antes del 31 de diciembre de 2023 las tres normas forales en las que se definirá cómo se aplica el impuesto a las Grandes Fortunas que afectará a medio centenar de contribuyentes. Pero, por ahora, el País Vasco seguirá siendo una isla fiscal. Una suerte de paraíso para los ricos. Y por medio, además, habrá unas elecciones autonómicas.

El 8-M, la propuesta de la vicelehendakari Idoia Mendia para marcar en rojo una efeméride feminista en el calendario laboral de 2024, se desinfla a marchas forzadas. El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, avanzó ayer las primeras conclusiones del «proceso de reflexión» abierto tras instar el Parlamento vasco al Gobierno a elaborar un listado de posibles festivos relacionados con la lucha feminista y si algo deja claro es que el Día de la Mujer ha quedado «descartado desde el arranque del proceso» al considerar que declarar el 8 de marzo jornada festiva resultaría «arriesgado» porque podría diluir el carácter reivindicativo de la efeméride. Incluso, dice Emakunde, podría «frenar, más que impulsar, los objetivos feministas» que se defienden ese día u otros que se han barajado igualmente, como el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En su lugar, anuncia que la fecha que hasta ahora «recaba más consenso» es el 5 de noviembre. En esa jornada, en 1933, las mujeres votaron por primera vez en Euskadi, dos semanas antes que el resto de mujeres españolas, para ratificar el Estatuto de Gernika en Eibar. Todo apunta, de hecho, a que esa será la propuesta final del Instituto, que recuerda la «conocida fotografía» de Indalecio Ojanguren que muestra a mujeres votando en Eibar, añade que lo hicieron «en masa» y en una «votación propia» de Euskadi además. La propuesta de Emakunde, que incluye otras trece posibles festividades, se dio a conocer ayer en un encuentro de su directora, Miren Elgarresta, con la comisión consultiva, que reúne a las asociaciones de mujeres que ejercen de interlocutoras habituales del organismo.No será definitiva hasta la celebración del plenario, el próximo 31 de marzo, unas alegaciones que deberán ser tomadas en cuenta, junto a las del Consejo de Relaciones Laborales –donde están la patronal y los sindicatos LAB, CC OO y UGT–, las tres diputaciones forales, Eudel y el Secretario Interdiocesano en el decreto que finalmente eleve el Departamento de Trabajo y Empleo al Consejo de Gobierno para su definitiva aprobación. Será ese órgano el que adopte la decisión final.

La expectación ayer era máxima. Después del frenético fin de semana que terminó con la fusión entre UBS y Credit Suisse, gobiernos, banqueros, supervisores y reguladores esperaban con total incertidumbre la apertura de las Bolsas mundiales el lunes. Y, pese a que los primeros compases de negociación anticipaban un auténtico desastre, finalmente el Ibex-35 cerró con una subida del 1,31% hasta los 8.331 puntos. La banca lideró el rebote que, no obstante, no compensa las fuertes pérdidas del 6% experimentadas la pasada semana por el selectivo español. Las alzas rondaron el 3% para BBVA, CaixaBank y Santander, mientras que Sabadell –el más castigado en estas sesiones de infarto– subió apenas un 1,7% al cierre. La brusca respuesta experimentada en la apertura —con caídas que alcanzaron el 2% para el Ibex y de más del 4% para algunos bancos– evidencian que algo no termina de encajar pese a la operación orquestada por las autoridades suizas. La presidenta del Eurobanco, Christine Lagarde, aseguró que «Suiza no establece estándares en Europa». En su mensaje ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, reiteró que el BCE «está listo» para intervenir y dar liquidez al sistema y preservar así la transmisión de la política monetaria. Lagarde reconoció que el BCE vigila «muy de cerca» la situación del sector. Y también fue tajante en apartar la idea de una nueva crisis financiera: «No estamos viendo un problema de liquidez y ahora el sector bancario está mucho más fuerte que entonces», reiteró.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos declara su convencimiento de que las medidas adoptadas tanto por Estados Unidos, Suiza, como el Banco Central Europeo servirán para conseguir la estabilidad financiera, puesta en riesgo por la crisis de varios bancos regionales de Estados Unidos y por Credit Suisse, de manera que la institución pueda seguir poniendo toda su atención en las dos cuestiones que tiene encomendadas: la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero. Hernández de Cos reitera que los bancos españoles en los últimos años han mantenido la financiación de la economía nacional al tiempo que han aumentado su solvencia y reducido su morosidad, gracias no solo a una regulación más estricta sino también al modelo de negocio orientado al cliente minorista, que les ha permitido obtener unos resultados notables en 2022. "El sector bancario de la zona del euro y, por supuesto, el español entre ellos, se enfrenta a estas tensiones en los mercados con una elevada capacidad de resistencia y con posiciones de capital y de liquidez sólidas. Esto ha sido el resultado de la reforma regulatoria acordada a escala internacional en la última década que, en el caso europeo, se ha aplicado a todas las entidades bancarias, con independencia de su tamaño. Esta buena situación del sector bancario, junto con la respuesta contundente de las autoridades, es lo que ha permitido que, en los últimos tres años, en presencia de perturbaciones negativas sin precedentes, las entidades hayan seguido proporcionando financiación a la economía. Incluso han mejorado sus niveles de solvencia en este periodo y han seguido reduciendo sus tasas de morosidad...En el Banco Central Europeo estamos preparados para responder como y cuando sea necesario para mantener la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona del euro..."

El gobernador del BdE también asegura que "el pacto de rentas que he defendido desde el otoño de 2021 tiene como objetivo evitar que se produzca una espiral inflacionista. Como he recordado en distintas ocasiones, para el área del euro y, por supuesto, para España, el origen de la elevada inflación fue el fuerte aumento de los precios energéticos, insumos que necesitamos para producir y consumir, pero de los que no disponemos y necesitamos importar. Estamos ante lo que los economistas llamamos un deterioro de la relación real de intercambio, lo que supone una pérdida de riqueza y bienestar para el conjunto de nuestra economía. Y esa pérdida es inevitable en el corto y medio plazo. Lo único que podemos hacer es repartirla entre los distintos agentes de la economía. Pues bien, el pacto de rentas pretende precisamente un reparto equitativo de esa pérdida entre trabajadores y empresarios que, además, evite la espiral inflacionista que surgiría si unos y otros trataran de eludir unilateralmente esa pérdida manteniendo sus márgenes empresariales o los salarios reales; algo que, a nivel macroeconómico, lógicamente no es posible. Creo que ese pacto sigue siendo necesario". 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) han adoptado con urgencia medidas para evitar una crisis bancaria generalizada como la que ocurrió en 2008. Tras la quiebra del Silicon Valley Bank y la venta de Credit Suisse a UBS para solucionar su crítica situación, los bancos centrales mundiales anunciaron que están preparados para dar toda la liquidez necesaria al sistema financiero. Pero tienen que equilibrar estas medidas con la lucha contra la inflación y, al mismo tiempo, evitar agudizar la ralentización económica. Muchos platillos a la vez en lo que se asemeja a un difícil juego de malabares. Lo que está cada vez más claro es que aunque se frenen las tensiones y el riesgo de contagio, habrá consecuencias en el mercado crediticio y es previsible que se restrinja la concesión de préstamos. La subida de tipos de interés por parte de la Fed y del BCE, la más rápida de la historia, ya ha provocado un encarecimiento de los préstamos y las hipotecas, lo que obliga a un mayor esfuerzo financiero por parte de empresas y familias para devolverlos. Las empresas tendrán que elegir entre repercutir los nuevos costes financieros en los precios de sus productos, lo que les restará competitividad, o asumirlos a costa de reducir sus márgenes, lo que mermará su rentabilidad e impactará en su riesgo de crédito.

El consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, anunció ayer el despido de 9.000 trabajadores más, que se suman a los 18.000 empleos que la compañía ya anunció que iba a reducir. “Ha sido una decisión difícil, pero creemos que es lo mejor para la empresa a largo plazo”, dijo Jassy en una comunicación pública a la plantilla. Los nuevos despidos se concentrarán en las divisiones de computación en la nube, recursos humanos, publicidad y Twitch. Con esta ronda, los despidos anunciados por el gigante del comercio electrónico y la computación en la nube ascienden a 27.000, una cifra récord en el sector, y superan de nuevo a los de Meta, que se había destacado con los recortes anunciados la semana pasada. Es el mayor de todas las tecnológicas en términos absolutos, aunque es de menos del 2% del total, en torno a 1,5 millones de trabajadores. De las grandes tecnológicas, Meta es la que ha anunciado el mayor recorte en términos relativos. Su fundador, Mark Zuckerberg, anunció la semana pasada 10.000 despidos que se sumaban a los 11.000 anticipados el pasado noviembre. Ello supone casi el 25% de la plantilla, que cerró 2022 con unos 86.000 empleados. La mayoría de las tecnológicas se lanzaron a una carrera de contrataciones en plena pandemia, cuando el cambio en los hábitos de los consumidores impulsó su negocio. Pero ahora han llegado las vacas flacas.

Cuando en los primeros meses de 2020 las empresas comenzaron a cerrar y a mandar a los empleados a trabajar desde casa, ningún sector parecía tan dispuesto –y preparado– como el tecnológico. Firmas como Google, la entonces aún llamada Facebook, Twitter o Amazon se adelantaron incluso al confinamiento impuesto en España con el Real Decreto 463/2020 el 14 de marzo y ya entonces estaban en remoto. Las tecnológicas estaban llamadas a abanderar una tendencia de la que ahora, apenas tres años después, parecen renegar. Meta, tras anunciar miles de despidos en dos tandas, ha sido la última en pivotar. El sector, está claro, no vive su mejor momento y, aunque suele utilizar el eufemismo de la reestructuración, no deja de reducir sus plantillas. En lo que va de año lo han hecho la mencionada Meta, el 13% (más de 10.000 personas); Microsoft, el 5% (11.000); Spotify, el 6% (unos 600); Amazon, el 5% (ayer anunció 9.000 despidos que se suman a los 18.000 que había comunicado antes). También Google, Coinbase o Salesforce anunciaron despidos a finales de 2022 y eso sin contar con que Elon Musk ha dejado Twitter apenas sin manos. En este contexto, arguyen, hay que volver a la oficina. Más allá de Musk, cuya lógica a veces es más complicada de descifrar, hay un cierto consenso en las tecnológicas, en las que se trata de justificar la decisión apenas unos años después de asegurar que el teletrabajo era no ya el futuro, sino el presente. El CEO de Amazon, Andy Jassy, fue de los primeros en mojarse en un mensaje a los empleados que también publicaron en el blog de la compañía. Tras tres años de pandemia, apuntó Jassy, han concluido que «es más fácil aprender, modelar, practicar y fortalecer» su cultura empresarial cuando están en el mismo lugar. 

La patronal CEOE lanzará próximamente la plataforma de información empresarial más importante de la Unión Europea. CEOE Data reunirá toda las novedades legislativas, fiscales, laborales, concursos o subvenciones que puedan interesar a todas las empresas españolas. Pero no sólo va a reunir información del Gobierno central, las comunidades autónomas y ayuntamientos, sino también de todas aquellas disposiciones y materias de la Comisión Europea, consejos y del Parlamento Europeo que puedan suscitar el interés de las empresas. El proyecto estará a abierto a todas las empresas. Incluso, para alguna que no esté en la CEOE y en sus organizaciones. En todo caso, la patronal cobrará el servicio, aunque todavía está ajustando las tarifas. “Queremos ser muy competitivos, con tarifas ajustadas a los presupuestos de las empresas, y todavía estamos estudiándolas. Somos un entidad privada y hemos hecho una inversión importante”, explican las fuentes de la CEOE. La plataforma permitirá a cada empresa hacer su programa a medida, como organización individual, como si fuera “personalizar la búsqueda” para reunir toda la información que le interesa de forma particular: normativa administrativa, de fiscalidad, de subvenciones, un panorama de la negociación colectiva, con todo el seguimiento de los 9.000 convenios colectivos anuales y, dentro de ella, los convenios de su sector. “Es un servicio de CEOE que llevamos preparándolo hace tiempo y creo que nos va a ayudar muchísimo en la gestión, para mejorar la competitividad de las empresas. Tenemos ya alguna parte preparada y hay otras pendientes, que se desarrollarán en un par de meses, para tener completo el acceso”, informan las fuentes de la CEOE.

El revolcón bursátil que está sufriendo la banca en los últimos días está dejando potentes réplicas en otro mercado aparentemente desconectado: el energético. El riesgo de que el terremoto financiero reduzca el crecimiento del PIB y, por tanto, también el consumo de gas natural y petróleo, presiona claramente a la baja el precio de ambos combustibles fósiles, muy vinculados a un ciclo económico que en los últimos tiempos se ha vuelto literalmente imposible de predecir. La cotización del gas cayó ayer hasta niveles no vistos en más de 14 meses. Llegó a perder la barrera de los 40 euros por megavatio hora en el mercado holandés TTF, el que se usa como guía para todo el continente. Todo, pese a la parálisis a la que se ven sometidas varias plantas de regasificación por la huelga en Francia. A la caída también están contribuyendo las previsiones de temperaturas altas y rachas de viento en los próximos días. El abaratamiento del gas natural es una buena noticia para el bloque. Y reverbera además sobre otro mercado energético con el que está estrechamente vinculado: el eléctrico, en el que las centrales de ciclo combinado (a gas), marcan el precio final en muchos tramos horarios. La caída de ayer coincide con la propuesta —ahora oficial— de la Comisión Europea de prorrogar un año su reglamento de ahorro de gas, que expiraba este viernes. Desde agosto, los Veintisiete han reducido su consumo en más de un 19%. El dato está por encima del 15% que la norma se fijaba como meta. El petróleo cayó ayer hasta el entorno de los 70 dólares el barril de brent —la referencia en Europa—, cota no vista desde finales de 2021, cuando la crisis daba sus primeros pasos. De las 11 últimas sesiones, 9 se han saldado con números rojos en su cotización. En menos de dos semanas, las transcurridas desde que se empezaron a airear los problemas en el Silicon Valley Bank, el crudo ha perdido casi la quinta parte de su valor.

Euskadi entra en la carrera cuántica. El próximo año San Sebastián albergará el sexto ordenador cuántico de IBM, lo que nos sitúa en el mapa del desarrollo de esta tecnología, una rama de la física nacida hace poco más de cien años tan fundamental como compleja y sorprendente. «Sin ella, no existiríamos», asegura Gonzalo Muga, director del EHU Quantum Center, el centro de cuántica de la UPV que se inauguró el pasado mes de mayo. «Vivimos ya una primera revolución cuántica. El teléfono móvil, el GPS, los relojes, los ordenadores… Son tecnología cuántica, pero no somos conscientes de ello», explica el experto. ¿Y el futuro? Prometedor porque, entre otros aspectos, mejorará exponencialmente la precisión de gran parte de la tecnología actual. «La seguridad de la conducción autónoma de los coches se verá favorecida gracias a estos avances», señala como ejemplo de una de las novedades que están por venir. Sobre si llegaremos a tener un ordenador cuántico en casa, Muga cree que no.

«Se nos está acabando el tiempo en términos de mitigación del cambio climático», alerta Matthias Garschagen, profesor de la Universidad de Múnich y miembro del IPCC. A finales de 2018, los expertos de Naciones Unidas marcaron los 1,5º C como límite y reto para mantener el cambio climático a raya. Cinco años después, «la ventana de oportunidad para tener una vida saludable se está cerrando». Las evidencias son irrefutables. «La temperatura se ha incrementado más rápido desde la década de los 70 que en los 2.000 años anteriores», advierten. «Ha subido 1,1º C en comparación con los años 1850-1900». Las emisiones de gases de efecto invernadero no han dejado de aumentar con nuevos registros históricos en 2019, 2021 y 2022. «Por cada 1.000 Gt de CO2 emitidas por la actividad humana, la temperatura de la superficie aumenta 0,45º C». Las estimaciones de presupuesto de carbono para los próximos años para no sobrepasar el grado y medio con respecto a la era preindustrial «están agotados», advierte el IPCC. Hasta el momento, las advertencias del mundo científico se centraban en la reducción de las emisiones, pero estas no han tenido respuesta por parte de los gobiernos y diferentes sectores económicos. Tras el parón de 2020 provocado por la irrupción de la Covid-19, 2021 registró 36.300 millones de toneladas de CO2 y doce meses después llegaron a 40.600 millones de toneladas. «Tenemos un presupuesto de carbono para mantener los 1,5º C y si nos pasamos de emisiones tenemos una especie de deuda que tendrían que devolver las generaciones futuras y sería extrayendo el CO2 de la atmósfera. No sabemos si seremos capaces de hacerlo», explica Oliver Geden, otro de los autores del informe del IPCC.

La oposición se quedó ayer a nueve votos de hacer caer el Gobierno de Élisabeth Borne y enterrar la controvertida reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, a la que se oponen dos de cada tres franceses. El Ejecutivo superó sendas mociones de censura presentadas por un grupo transpartisano de diputados y por Reagrupación Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. La controvertida reforma –que fija la edad de jubilación en los 64 años, frente a los 62 actuales– quedó aprobada definitivamente por el Parlamento tras esta doble consulta, pero la oposición tiene todavía recursos para frenar su promulgación. La moción transpartisana liderada por el grupo parlamentario Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (LIOT) fue rechazada. Sólo consiguió 278 apoyos, 9 votos menos de los 287 necesarios para ser adoptada por mayoría absoluta. Por otro lado, sólo 94 diputados votaron a favor de la moción de censura presentada por el partido de Le Pen, por lo que resultó igualmente desestimada. Según establece la Constitución francesa, únicamente se consideran los votos favorables. No se puede votar en contra. Todas las miradas estaban puestas en Los Republicanos, que tenían en sus manos el futuro de la reforma y del gabinete de Borne. Olivier Marleix, presidente del grupo en la Asamblea Nacional, anunció en el hemiciclo que no votarían las dos mociones de censuras presentadas. «No seremos los testigos de una boda bárbara entre aquellos que asumen querer sembrar el caos y aquellos que, silenciosos, no tienen ninguna propuesta para salvar las pensiones», dijo.

El presidente chino, Xi Jinping, llegó ayer a Moscú para reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, y escenificar su intento de mostrarse como un mediador ante el mundo. Ambos mandatarios podrán discutir el plan de 12 puntos lanzado por China a final de febrero en busca de “una solución política para la crisis de Ucrania”. Xi aplaudió el liderazgo de Putin por haber logrado “el éxito y la prosperidad para el país”. Por su parte, Putin señaló: “China ha dado un colosal paso adelante en los últimos años”. Xi Jinping arranca un mandato histórico con el Kremlin de fondo. El presidente chino se encuentra en Moscú, destino de su primer viaje oficial tras afianzar su poder absoluto al frente de la potencia asiática. Un año después de que Vladímir Putin desatase la guerra sobre Ucrania, Pekín ha abandonado su aislamiento para rivalizar con Estados Unidos como mediador mundial. Por su parte, el Kremlin espera de su “amistad sin límites”, que no alianza, un apoyo económico —y, según Washington, armamentístico— para sobrevivir a las sanciones y culminar su invasión de Ucrania. “China ha dado un colosal paso adelante en los últimos años”, le dijo Putin a Xi a los ojos en su primera toma de contacto, un encuentro informal antes de la gran cumbre de hoy. El mandatario chino le devolvió un enorme regalo electoral. “Sé que su país celebrará elecciones presidenciales el próximo año. Gracias a su fuerte liderazgo, Rusia ha hecho un progreso significativo estos últimos años y ha logrado el éxito y la prosperidad para el país. Estoy seguro de que el pueblo ruso le apoyará”.

La cifra de jóvenes que sabe euskera se ha triplicado en 30 años y ya son tres de cada cuatro, según la VII Encuesta Sociolingüística del Gobierno Vasco. Tres de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 24 años sabe euskera, tres veces más que hace 30 años, y el porcentaje de vascohablantes en la población de la CAV ha aumentado en 12 puntos, de 24,1% a 36,2%, en los últimos años. Es decir, 680.629 personas saben euskera –261.000 más que hace tres décadas–, lo que para el consejero Bingen Zupiria «ratifica que la apuesta de la sociedad a favor del euskera sigue siendo firme». Son los dos principales datos que se extraen de la VII Encuesta Sociolingüística que presentó ayer el Departamento de Cultura y Política Lingüística. En la comparecencia, además de Zupiria, participaron la viceconsejera Miren Dobaran y el jefe de departamento de Política Lingüística, Jon Aizpurua. El crecimiento desde 1991 ha sido «regular» y se ha dado en los tres territorios y las tres capitales. Eso sí, hay diferencias. En Gipuzkoa el 51,8% de los habitantes sabe euskera; en Bizkaia lo hace el 30,6% y, en Álava, el 22,4%. De lo que no hay ninguna duda es del empuje de la generación más joven, que ha cogido el relevo de los mayores de 65 años como el grupo con más vascohablantes. «El mejor dato que puede haber en el proceso de revitalización de cualquier lengua minoritaria es que la generación joven sepa euskera», señaló Zupiria, para quien el euskera es «un idioma cada vez más joven, porque el conocimiento está muy extendido entre los jóvenes. Es un dato transformador que caracteriza el proceso de normalización que se está dando», subrayó.