20260715

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

 El tamaño medio de las empresas vascas se situó al comenzar 2025 en 6,55 empleados por empresa, alcanzando así un nuevo máximo, y continuando la tendencia creciente iniciada en 2015, sólo interrumpida en 2021 como consecuencia de la pandemia. Desde 2008, el tamaño medio ha subido un 28%, de 5,11 empleados a 6,55 empleados, tal y como se detalla en el último newsletter de Confebask. También respecto a 2008, las empresas grandes elevan su peso tanto en número de empresas (del 0,15% al 0,23%) como en el porcentaje de empleo (del 26,65% al 33,50%). Lo mismo ocurre con las medianas empresas, que elevan su número del 0,95% al 1,24% del total de empresas, y su empleo del 18,33% al 19,22%. Mientras que, por su parte, las microempresas pierden peso en el conjunto de las empresas vascas.  Se trata de un dato relevante porque existe una alta correlación entre el tamaño medio de las empresas y el PIB per cápita en las distintas CC.AA. Y Euskadi ostenta una posición destacada en ambas variables, al igual que Madrid y Navarra, según los datos de empresas inscritas en la Seguridad Social, ocupando la segunda posición en PIB per cápita y la tercera en cuanto a tamaño medio de las empresas inscritas en la Seguridad Social. Ver newsletter completo aquí. 

Una decena de empresas de perfil industrial, tanto nacionales como internacionales, ha solicitado información sobre Tubos Reunidos para poder presentar una oferta sobre la compañía, que está en concurso de acreedores. Es un dato que comunicó ayer el administrador concursal a los trabajadores en una reunión. Entre las compañías interesadas, y que han firmado el acuerdo de confidencialidad para poder acceder a las cuentas de la tubera, figuran el presidente de Sidenor y de Talgo, José Antonio Jainaga, y Tubacex. La petición de información es el paso previo para poder realizar una oferta vinculante. El plazo para hacer la solicitud se extiende hasta el 7 de septiembre y a partir de esa fecha los interesados dispondrán de cinco días hábiles para presentar su propuesta. Según está organizado el concurso, la oferta puede ser doble, es decir, por el conjunto de la empresa o por alguno de sus activos. En este sentido, podría haber, por ejemplo, una propuesta solo por la planta de Trapagaran, que está en mejor situación que la de Amurrio.

El Consejo de Administración de Talgo ha designado este martes a Ricardo Chocarro como nuevo consejero delegado. Incorporado al órgano de gobierno como consejero independiente en febrero de 2026, el ex primer ejecutivo de Aernnova pasa a dirigir el día a día del fabricante ferroviario como 'número dos' de José Antonio Jainaga, presidente desde la entrada del consorcio vasco en el capital el pasado diciembre. El relevo coincide con la salida de Rafael Sterling, hasta ahora director general de la empresa. El cambio concentra de nuevo la máxima responsabilidad ejecutiva en un CEO encargado de dirigir la gestión diaria de la compañía y de ejecutar la estrategia definida por el consejo de administración. Esta figura había desaparecido durante los últimos siete meses y el último en ocuparla fue Gonzalo Urquijo, entre marzo de 2021 y finales de 2025. El encargado de asumir esa responsabilidad será Ricardo Chocarro, ingeniero industrial con cerca de tres décadas de experiencia en sectores de alta tecnología, especialmente en la industria aeronáutica y las energías renovables. Tras una larga trayectoria en Gamesa, en 2017 fue nombrado consejero delegado del negocio eólico terrestre, cuando ya el fabricante se había fusionado con Siemens. Dos años después se incorporó a Aernnova como director general de Operaciones. En 2020 ascendió a consejero delegado del fabricante aeronáutico, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2025. La dimisión de Chocarro de Aernnova se produjo «por motivos personales» en un momento especialmente complejo para la compañía. 

Balenciaga Shipyard, el centenario astillero de Zumaia que se salvó de la quiebra a finales del pasado año tras superar un concurso de acreedores, sale a flote y celebrará este jueves la puesta de quilla del primer buque construido desde la reanudación de su actividad, un hito que marca el inicio de una nueva fase para la histórica empresa tras su incorporación a Safeen Drydocks, compañía integrada en AD Ports Group. La puesta de quilla es el acto formal que da inicio a la construcción de una nave. El acto contará con la participación de Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Nelson MacKie, Chief Executive Officer (CEO) de Safeen Drydocks, y Santiago Bardal, director de Balenciaga Shipyard. Además, acudirá otro nutrido grupo de representantes institucionales y del sector, así como empresas proveedoras y personas trabajadoras del astillero. Tras el cierre del acuerdo de compraventa a finales de diciembre, por 11,2 millones de euros, al consorcio árabe liderado por Abu Dhabi Ports, tras un proceso complejo de meses que mantuvo en vilo tanto a los empleados como a la comarca, la vuelta al trabajo se produjo el 12 de enero.A corto plazo, la prioridad de la nueva direc ción ha sido normalizar el funcionamiento del astillero, reorganizar los equipos de trabajo y comenzar a ejecutar los proyectos ya comprometidos. 

En un contexto marcado por el empeoramiento de las previsiones económicas para Euskadi, BBVA Research se desmarca y anticipa una aceleración del crecimiento hasta el 2,4% en 2027. Prevé que la economía vasca deje atrás el avance del 1,9% esperado para este año y adopte un ritmo más próximo al del conjunto de España por la mejora del empleo, la fortaleza del consumo privado y un dinamismo de la inversión que compensen la debilidad de la industria y las exportaciones. La proyección del servicio de estudios del banco contradice a la del Gobierno vasco que, aunque coincide en que el PIB avanzará un 1,9% en el ejercicio actual, pronostica para el próximo una desaceleración hasta el 1,7%. El centro de estudios de Laboral Kutxa es aún más prudente, con estimaciones una y dos décimas inferiores a las del Ejecutivo autonómico para 2026 y 2027, respectivamente. En todo caso, los tres organismos prevén que Euskadi crezca por encima de la zona euro. BBVA Research sostiene que el tirón del consumo de los hogares permitirá amortiguar las turbulencias derivadas de la incertidumbre internacional, con el apoyo de la construcción y los servicios, sectores intensivos en mano de obra aunque de menor valor añadido. Estiman, de hecho, que la tasa de paro descienda hasta el 6,8% en 2027 y que durante este periodo puedan crearse alrededor de 30.000 empleos.

El absentismo cuesta al año a Euskadi 4.035 millones de euros, lo que supone algo más de 11 millones al día, según el último ‘Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo’, publicado ayer, que con datos de 2025 eleva ese impacto en el conjunto del Estado a 59.109 millones de euros, un 11% más que un año antes y casi el doble de los 30.171 millones estimados en 2019, lo que evidencia el impacto de este fenómeno desde la pandemia. El documento calcula que el absentismo en el País Vasco rozaba el 10% al cierre del primer trimestre del presente ejercicio; en concreto, sería de un 9,9%, de nuevo la tasa más alta de España, que se mantendría en el 7,6% del pasado año. Según el documento, las comunidades autónomas donde el absentismo tiene un mayor impacto económico son Cataluña, con 11.557 millones de euros; la Comunidad de Madrid, con 10.290 millones; y Andalucía, con 7.410 millones. Por el contrario, los menores costes se registran en La Rioja, con 332 millones de euros; Cantabria, con 838 millones; y Extremadura, con 839 millones.

La crisis del absentismo gana enteros para convertirse en el gran debate económico y laboral de nuestro tiempo, con permiso de las pensiones. Y no es para menos, ya que las ausencias al trabajo no han hecho más que crecer en los últimos años, especialmente con el repunte de las bajas médicas tras la pandemia. Y esto tiene un coste tanto para el Estado, que cubre los salarios de los trabajadores con prestaciones públicas, como para las empresas, que además de blindar los sueldos en muchos casos, asumen otros gastos derivados de las sustituciones. Teniendo en cuenta solo estos parámetros, la factura total del absentismo prácticamente duplica las estimaciones oficiales de más de 30.000 millones de euros. Pero si además se añaden otras variables, como la pérdida de productividad, el impacto real en la economía casi cuadruplica esa cifra. La CEOE calcula que el absentismo cuesta 33.000 millones de euros al año y que las empresas asumen algo más de la mitad del coste, unos 17.000 millones. En realidad, con estos cálculos los empresarios hacen referencia al gasto directo que asumen la Seguridad Social y las compañías durante los procesos de Incapacidad Temporal (IT) que afectan a sus empleados, ya que de los 1,6 millones de personas que faltan cada día a su puesto de trabajo en España, cerca del 80% lo hace por una baja médica. La suma de esos costes directos equivale a algo menos del 2% del PIB. Pero si a esa estimación se añaden otras externalidades productivas la cifra total escala al entorno del 3,7% del PIB, lo que equivale a 59.109 millones de euros. Así lo refleja el XV Informe Anual sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo, en el que The Adecco Group Institute ha incluido por primera vez un desglose detallado de esta factura, incluso, por sectores de actividad y territorios.

El Gobierno vasco ha sumado este martes una nueva herramienta a su política industrial, convertida ya en una de las grandes banderas de esta legislatura. El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha Ezten II, un fondo de capital riesgo dotado con 50 millones de euros con el que aspira a reforzar el tamaño, la competitividad y la capacidad de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas industriales. Este fondo, dirigido a empresas no cotizadas con alto potencial de crecimiento, estará gestionado por Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, integrada en el grupo SPRI, la agencia de desarrollo empresarial del Ejecutivo autonómico. Los 50 millones de euros los aportará Indartuz, una de las sociedades controladas por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), el brazo financiero del Gobierno vasco encargado de canalizar la inversión pública y facilitar la financiación de proyectos estratégicos para el tejido productivo. Frente al Ezten original, centrado desde 1988 en financiar startups tecnológicas y proyectos emergentes en sus primeras rondas de inversión, el nuevo fondo cambia el foco hacia pequeñas y medianas empresas industriales ya consolidadas. La intención es respaldar su crecimiento y que tenga un papel relevante en operaciones de sucesión empresarial, facilitando la continuidad de compañías de carácter familiar.

Un grupo de profesionales, integrado, por miembros de Confebask - Virginia Múgica, directora del departamento de medioambiente así como Amaia López Iriondo responsable del Área- y CEOE, ha visitado las instalaciones de Petronor en Muskiz, en el marco del XI Foro de Coordinación Territorial sobre Medio Ambiente, y han podido conocer su estrategia de descarbonización. Según ha informado la compañía, el objetivo de la visita ha sido conocer cómo la industria puede transformarse mediante la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos vectores energéticos, "manteniendo al mismo tiempo su competitividad y el empleo". Los asistentes, que han estado acompañados, entre otros, por el CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, han recorrido las instalaciones de la refinería y han conocido de primera mano la estrategia de descarbonización de la compañía, así como las acciones que está impulsado para producir combustibles cada vez más renovables. Asimismo, han visitado el primer electrolizador de 2,5 MW de Euskadi, en funcionamiento desde octubre de 2023, que permite la generación de hidrógeno renovable. Ver más en Petronor. Ver más en Confebask. 

Artículo del responsable de negociación colectiva de ELA: "Sorprende la agresiva respuesta a una petición sencilla: ELA ha solicitado que un organismo público, el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), que tiene como función facilitar la negociación de convenios colectivos territoriales y, así, regular las condiciones de trabajo de miles de personas, disponga de un servicio de traducción. Porque ELA no quiere renunciar a negociar en euskera en 27 convenios sectoriales. En 2024 tuvimos la primera reunión con la actual presidenta del CRL y le solicitamos que dispusiera los medios para no obligar a realizar las negociaciones únicamente en castellano. En otra reunión de una comisión a principios de 2025, ELA reiteró la petición a los miembros de la dirección del CRL (Confebask, LAB, CC OO y UGT). En este tiempo el CRL no ha dado pasos y, mientras tanto, se dan situaciones tan llamativas como que, en alguna negociación de trece personas, doce utilicen el euskera diariamente y las reuniones se hagan exclusivamente en castellano. Choca que el anuncio se titule mediáticamente como una imposición, se editorialice como arma arrojadiza y sindicalmente se interprete como una petición ajena a la realidad o que rompe consensos. ELA únicamente ha solicitado poder hablar en euskera y que el resto de interlocutores lo haga en el idioma que quiera. ELA solicita aquello que ofrece, que cada cual se exprese en el idioma que quiera. El Parlamento vasco dispone de un servicio de traducción simultánea para las personas que no entienden el euskera, incluso el Congreso de los Diputados dispone a día de hoy de ese servicio. ¿Por qué se acoge como una agresión la petición de ELA?..."

CCOO ha firmado este martes, junto con el sindicato LAB y Adegi, el nuevo convenio del Sector del Papel de Gipuzkoa para el periodo 2026-2029, después de que el preacuerdo alcanzado el pasado 6 de julio haya sido respaldado "de forma mayoritaria" por los trabajadores del sector en las asambleas celebradas en las diferentes empresas. En el conjunto de las fábricas participantes se han contabilizado 349 votos favorables, 128 votos en contra y 15 votos en blanco, lo que supone un apoyo del 70,9% del total de votos emitidos y del 73,2% de los votos válidos. CCOO ha destacado que el nuevo convenio garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo mediante la actualización salarial conforme al IPC en 2026 y 2027, e incorpora incrementos por encima del IPC en 2028 (IPC +0,5%) y 2029 (IPC +1%). Asimismo, contempla una reducción de jornada de dos horas anuales en 2029, "la primera reducción de jornada que experimenta el convenio sectorial en más de dos décadas". CCOO ha lamentado "profundamente" la actitud adoptada por ELA durante la fase final de este proceso negociador y ha considerado que resulta "difícilmente comprensible" que un sindicato que ha participado en la negociación haya anunciado que "ni siquiera acudirá a la reunión de la comisión negociadora en la que hoy se ha procedido a la firma del convenio". Para el sindicato, "cuando las plantillas se pronuncian de forma libre y mayoritaria, todas las organizaciones sindicales deberían mostrar el máximo respeto hacia esa decisión, con independencia de la posición que hayan mantenido durante la negociación".

«Un escándalo». Así define el transporte guipuzcoano el bloqueo total decretado por el Gobierno Vasco, que prohibirá la circulación de vehículos pesados durante 24 horas el próximo 12 de agosto por el eclipse solar. La medida de carácter preventivo, diseñada para evitar aglomeraciones en la red viaria, ha provocado la indignación unánime de las patronales vascas (Guitrans, Asetrabi, la Agrupación Alavesa), la confederación estatal CETM y el sindicato Hiru, entre otras muchas entidades del sector. El transporte denuncia en bloque que la inmovilización de las flotas «carece de rigor técnico», supone un «agravio» hacia los profesionales y generará «graves perjuicios económicos» en un corredor logístico clave para la conexión de la península con Europa. La restricción autonómica inmovilizará a todos los vehículos de más de 7.500 kilos desde las 00:00 hasta las 24:00 horas del miércoles 12 de agosto. Las organizaciones sectoriales censuran que se paralice una actividad económica esencial durante toda una jornada por un fenómeno astronómico cuya máxima incidencia se prevé en torno a las 20:27 horas y durará apenas unos minutos. A esta paralización en Euskadi se suma, tal y como alerta el sindicato Hiru, «la extensión de las limitaciones en el conjunto de Hego Euskal Herria hasta las 8:00 de la mañana del jueves 13», lo que en la práctica «partirá en dos la semana» a los transportistas en ruta.

Cifra histórica de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Solo en los dos últimos meses, desde la apertura del proceso de regularización extraordinaria que arrancó a mediados de abril, Euskadi ha sumado ya 6.867 cotizantes, un 6% del total. Este incremento entre mayo y junio coincide con la entrega de los primeros permisos provisionales que se les ha otorgado a quienes ya han presentado la documentación, y con los que solicitantes pueden acceder a un empleo mientras se tramita el resto del proceso. La cifra de los casi 7.000 incorporados a la lista de cotizantes –con más de 3.600 nuevos en mayo y 3.250 en junio– dobla el crecimiento vivido durante el mismo periodo el año pasado. Entonces hubo 1.779 registros en mayo y 1.330 más en junio, hasta sumar 3.059 en total. De esta forma, los dos meses pasados marcan un máximo no alcanzado en toda la tabla histórica. Suponen, además, disparar la cifra de afiliados extranjeros hasta los 114.353 en Euskadi, 12.773 más que el año pasado (un 12,6% más). De esta forma, la incorporación de esta población llegada de fuera explica por sí sola los récords de empleo que vive el territorio. Y es que en el último año los inmigrantes representan ocho de cada diez nuevos afiliados a la Seguridad Social en el País Vasco, ya que suponen el 82% de los 15.500 trabajadores registrados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante los últimos 12 meses.

Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Honduras... Los afiliados a la Seguridad Social de estas nacionalidades, y del resto que completan la veintena de Estados que forman Latinoamérica, ya superan al conjunto de cotizantes europeos en España. Por primera vez desde que hay registros consolidados (empiezan en 2012) los afiliados de esos territorios adelantan a la suma de trabajadores procedentes de las naciones que van de Portugal a Rusia, sin contar la propia España, según los datos por países distribuidos ayer por la Seguridad Social y agrupados por EL PAÍS. Hace tiempo que el adelantamiento era una realidad en los datos de ocupación de la Encuesta de Población Activa, pero ahora cristaliza también en el registro administrativo. Ya hay 1,23 millones de afiliados latinos, frente a los 1,19 millones de europeos, un escenario muy distinto al anterior a la pandemia: en 2019, el total de europeos sumaba 450.000 afiliados más que el de latinoamericanos. Desde entonces, el primer grupo ha ganado 692.000 cotizantes y el segundo, 210.000. El sorpasso estaba a la vuelta de la esquina desde hace meses, pero la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno ha terminado de colocar en cabeza al grupo procedente del otro lado del Atlántico. Solo en el último mes, este incorpora 64.000 cotizantes (frente a los 3.100 que avanzan las nacionalidades europeas).

El sector turístico español ha registrado un buen segundo trimestre y confía en que el verano será también positivo, a pesar de la incertidumbre que se ha vuelto a disparar en los últimos días como consecuencia de los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Según explicó ayer en Madrid Óscar Perelli, presidente ejecutivo de Exceltur (asociación empresarial que agrupa a unas 30 de las compañías turísticas más importantes de España), entre abril y junio el sector turístico español creció un 3,4% en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Próximo. Este dato mejora de forma sustancial el avance del 1% que experimentaron las empresas turísticas españolas entre enero y marzo. A pesar de los efectos negativos de la incertidumbre y el alza de los precios de los carburantes, España ha potenciado durante el conflicto en Oriente Próximo su imagen de “destino seguro”. También ha registrado grandes eventos de ocio, como los conciertos o los eventos deportivos. Perelli puso como ejemplo que otros destinos que suelen competir con España, como Turquía o Chipre, por ejemplo, han tenido un desempeño negativo en el segundo trimestre; en Turquía la llegada de turistas ha caído un 3,8%. En el segundo trimestre, las ventas del sector avanzaron un 4,2%, mientras que los ingresos superaron la barrera del 8%. Perelli destacó que el buen comportamiento del sector en el segundo trimestre se ha traducido en un aumento del empleo; en junio de este año el sector empleaba a 71.045 personas más que en el mismo mes del año pasado, un incremento del 3,1 % que refleja tanto el dinamismo de los meses de primavera como las buenas perspectivas. Casi el 90% de estos nuevos trabajadores ha firmado contratos indefinidos.

Históricamente, las grandes eléctricas como Endesa (que es la que produce mayoritariamente luz en las islas) e Iberdrola, la mayor eléctrica española, consideraban que la generación y el almacenamiento de energía eran su territorio. No han escatimado críticas cuando REE, que gestiona en monopolio de la red de alta tensión, se metió, con la central de Chira, en el negocio del bombeo hidráulico, objeto de deseo de las otras empresas. Ahora, con Güímar, el Gobierno, y por extensión REE, reabren la batalla del bombeo. Ocurre además cuando la tensión de Iberdrola y Endesa contra REE ha alcanzado cotas históricas, porque culpan a este grupo del apagón ocurrido el pasado año. La batalla del bombeo de REE llegó incluso a Bruselas, que excepcionalmente permite a la empresa entrar en el negocio por la necesidad de apuntalar el sistema eléctrico en las islas y avanzar en la descarbonización, eliminando centrales térmicas de fuel. Según el Gobierno, la futura central permitirá ahorrar del orden de 200 millones de euros al año en generación de electricidad. En poco más de cinco años se va a amortizar. “Se va a recuperar totalmente esa inversión y es una infraestructura que tiene una vida útil de décadas y décadas”, aseveró Groizard. Según el Gobierno, un tercio de la demanda eléctrica de Tenerife podría quedar cubierta por este sistema de bombeo, que permitirá almacenar el excedente generado por los parques eólicos y solares en forma de agua embalsada en altura.

El negocio de la industria del automóvil pasa por Bruselas. No por el número de fábricas abiertas en la capital de Bélgica, sino porque, como eje de la regulación europea, tiene la capacidad para levantar a un sector que ha sufrido duros varapalos en los últimos años frente a la competencia global y las tensiones geopolíticas. En el corazón de la Unión Europea se decide ahora una de las normativas que más puede transformar y exigir al sector: las limitaciones a la venta de vehículos de combustión a partir de 2035. Tras largos debates con las partes implicadas, la Comisión Europea relajó la propuesta desde una prohibición total de comercializar vehículos de combustión a partir de esa fecha hasta pasar a un objetivo de reducción de emisiones del parque automovilístico del 90% respecto a las cifras registradas en 2021. Esta flexibilidad es valorada como una gran victoria por parte de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), el gran lobby del sector y que considera que la prohibición podría haber puesto en jaque la viabilidad del sector. “Las propuestas [de la Comisión Europea] reconocen acertadamente la necesidad de una mayor flexibilidad y neutralidad tecnológica para lograr que la transición ecológica sea un éxito. Esto supone un cambio importante con respecto a la legislación actual”. Según los datos de ACEA, 13,6 millones de trabajadores europeos desempeñan su labor en el sector automovilístico, lo que supone el 8,1% de todo el empleo manufacturero en la Unión Europea. Además, el sector genera 414.700 millones de euros en impuestos a los estados miembros y generan un superávit comercial de 93.900 millones de euros gracias a las exportaciones. “Alrededor del 8% de todo el PIB de la Unión Europea lo genera la industria automovilística, que destina casi 85.000 millones de euros en investigación y desarrollo cada año, más de un tercio de todo el presupuesto de I+D del conjunto de la Unión Europea”. 

Las acciones de IBM registraron ayer su mayor caída en casi seis décadas después de que la compañía informara de unas ventas preliminares del segundo trimestre por debajo de las expectativas. Las acciones han llegado a caer un 26%, hasta los 215,67 dólares, lo que supone su mayor descenso intradía desde, al menos, el 3 de enero de 1968. En un comunicado, IBM atribuyó ayer el resultado al hecho de que su principal negocio, la venta de software, ha perdido impulso a medida que las empresas tienen que destinar cada vez más recursos a la compra de chips y servidores debido a la escasez provocada por el auge de la IA. Los ingresos preliminares del segundo trimestre ascendieron a 15.018 millones de euros, por debajo de las estimaciones de los analistas, que esperaban 15.630 millones de euros. Las ventas de la división de infraestructura también fueron especialmente afectadas, con una caída del 7%. La compañía señaló que todavía está revisando sus cuentas y que los resultados definitivos, previstos para la próxima semana, podrían variar ligeramente.

La inflación de Estados Unidos, que arrojó un incremento de los precios muy inferior al previsto, tranquiló a los inversores respecto a su visión sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal (Fed). “El buen comportamiento del IPC probablemente reduce la presión sobre la Fed para que suba pronto los tipos de interés, pero el reinicio de hostilidades en Irán significa que la posibilidad de subidas está lejos de haber terminado. Si bien existe aún la posibilidad de que los tipos de interés se mantengan sin cambios este año, la nueva escalada del conflicto ha reducido esta posibilidad”, comenta Kay Haigh, de Goldman Sachs AM. Respecto al conflicto de Oriente Próximo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó ayer el enésimo cambio de estrategia al asegurar que sustituirá su anuncio de peaje del 20% por pasar por el estrecho de Ormuz por acuerdos comerciales en el Golfo. En cuanto al principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35 se anotó el 0,11%, hasta los 19.356 puntos. Indra fue el valor que mayor interés despertó en la sesión. Subió el 3,71% tras un informe favorable de JPMorgan. Con todo, seis valores subieron más de un 1% (ver gráfico). Inditex ejercicio de freno al retroceder el 1,97%.

Apenas tres semanas después de que el Tribunal Supremo impusiera 24 años de cárcel en el 'caso mascarillas' a José Luis Ábalos, exministro y quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, el presidente del Gobierno sufre un nuevo revés en los tribunales, éste más cercano al afectar directamente a su familia. Su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, conocido como David Azagra en su labor musical como director de orquesta, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricar con su contrato en 2017 en la Diputación de Badajoz, una pena que la Audiencia Provincial pacense hace extensiva a otros nueve imputados y que duplica -18 años- para el otro protagonista de la causa, el exlíder del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo. Es la primera sentencia contra el entorno más íntimo del jefe del Ejecutivo y la primera, también, que concierne a un presidente en ejercicio. El fallo evita las penas de cárcel que solicitaban las acusaciones al no dar por acreditado el delito de tráfico de influencias, pero da por verificada con las pruebas disponibles y el contraste del juicio oral la imputación por prevaricación administrativa. Esto es, que Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, y los encausados que estaban involucrados de una forma u otra en el proceso de selección, amañaron hace nueve años la plaza de coordinador de actividades musicales de los conservatorios a fin de favorecer al hermano de Sánchez

Donald Trump parece empeñado en obtener el máximo beneficio económico de ese juguete trágico y roto de su Administración en que se ha convertido la guerra con Irán. Apenas 24 horas después de anunciar su intención de imponer un canon a las cargas de los barcos que transiten por Ormuz cuando su ejército controle el canal –algo de momento imposible–, el presidente de EE UU retiró ayer esta propuesta y afirmó que la sustituirá por la firma de acuerdos comerciales y de inversión «masivos» con los Estados del Golfo. En un nuevo giro insólito e impredecible, el líder republicano informó a los periodistas de que él no cree que «nadie deba poder cobrar una tarifa» por la navegación en aguas internacionales libres, «pero al mismo tiempo no es justo que estemos protegiendo este estrecho para todo el mundo», declaró. A su juicio, los acuerdos que se firmarán con países de la región serán «enormes» y «crearán millones de empleos estadounidenses bien remunerados». Trump conversó ayer con todos los mandatarios del Golfo, incluido el nuevo primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, que le visitó en la Casa Blanca y al que recordó que no le gusta su amistad con los dirigentes iraníes. Quizás animado por ese filón económico, Washington se esfuerza en arrebatarle la fuerza a la Guardia Revolucionaria Islámica con un ahínco no visto desde las primeras semanas de la guerra. El ejército lanzó ayer una nueva oleada de ataques contra las instalaciones defensivas y marítimas de Irán desde que este fin de semana modificara su estrategia e iniciase las operaciones para tomar el control de Ormuz.