20261107

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española –que agrupa a sectores como el acero (Unesid), la química (Feique), la automoción (Anfac) o la alimentación (Fiab)– ha revisado al alza el impacto de la crisis. La factura conjunta de gas y electricidad alcanzará los 8.900 millones de euros a cierre de 2026. La cifra pulveriza los 7.400 millones previstos en septiembre, lo que arroja un encarecimiento del 20% en apenas ocho semanas. Son 1.500 millones adicionales que las fábricas deberán absorber en plena pérdida de competitividad exterior. El repunte responde al estrangulamiento de los mercados energéticos provocado por la crisis de Ormuz. Según la Alianza, el sobrecoste del gas superará los 4.900 millones a fin de año, lo que añadirá más de 1.000 millones al mes a las plantas. En paralelo, el sistema marginalista eléctrico elevará el recibo eléctrico en otros otros 4.000 millones, con precios medios de 166 euros por MW/h en octubre y picos diarios de 244 euros por MW/h. «La situación se agrava a un ritmo superior al previsto», avisa Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, alertando de que el choque comprometerá inversiones, actividad y empleo si el Estado no actúa. La industria española «no puede afrontar en solitario un incremento de costes de esta magnitud mientras nuestros principales competidores europeos cuentan con mecanismos de apoyo más sólidos y permanentes».

Artículo de Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor: "El mundo ha cambiado. Y quizá una de las mayores dificultades para asumirlo sea que seguimos tomando algunas decisiones con las reglas del mundo anterior. Durante décadas confiamos en que la interdependencia económica generaría suficientes intereses compartidos como para contener los conflictos. Esos ‘colchones de intereses’ no han funcionado como esperábamos. Ucrania y Oriente Medio nos han recordado que las infraestructuras pueden convertirse en objetivos, los suministros en instrumentos de presión y la energía en una variable capaz de condicionar la libertad de decisión de los Estados. Por eso, la energía ya no puede analizarse únicamente en términos de suministro, precio o descarbonización. Es también seguridad, defensa, competitividad industrial, innovación y, en última instancia, capacidad soberana de decisión. No se trata solamente de disponer de energía, sino de ser capaces de mantener las funciones esenciales de nuestra economía y nuestra sociedad cuando se produce una perturbación grave...El objetivo debe ser reducir la capacidad de terceros para condicionar nuestras decisiones esenciales. Es la apuesta por la tecnología propia y la industria...Aquí aparece la gran cuestión europea. ¿Estamos verdaderamente centrados? Europa ha situado legítimamente la sostenibilidad y la descarbonización en el corazón de su política energética. El problema no es esa ambición, sino haber construido durante demasiado tiempo una ecuación incompleta. A la sostenibilidad hay que añadir, con el mismo rango, seguridad de suministro y asequibilidad. Y las tres deben ser compatibles con una cuarta variable que Europa no puede seguir relegando: la competitividad industrial..."

Recta final para el diseño de las infraestructuras energéticas de la próxima década. El Gobierno se dispone a dar luz verde antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, un plan estratégico clave para el desarrollo económico del país que movilizará una cifra récord superior a los 17.000 millones de euros. Como paso previo decisivo en sede parlamentaria, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, comparecerá el próximo jueves, 12 de noviembre, a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para exponer los detalles de este despliegue, según el orden del día presentado el viernes. La aprobación inminente se produce tras haber culminado un complejo recorrido administrativo y técnico. Según señalan fuentes al tanto de la situación, el Ejecutivo ya cuenta con la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) favorable que requería el documento definitivo. Asimismo, el Ministerio ha cerrado las preceptivas rondas de interlocución y presentación con todas las comunidades autónomas, despejando el último tramo institucional para su adopción formal por el Consejo de Ministros antes de la disolución. 

«Estábamos y estaremos en el proyecto industrial de Vicinay». El consejero de Industria, Mikel Jauregi, quiso escenificar ayer el respaldo del Gobierno vasco a la continuidad de la actividad del histórico fabricante de cadenas en un momento especialmente delicado. Y es que la compañía, en cuyo rescate participó el Ejecutivo, se enfrenta a un ERE que contempla 60 despidos –casi la mitad de la plantilla de Sestao– y a la aplicación de un ERTE al resto hasta julio de 2027. Jauregi, interpelado por Bildu en el Parlamento, defendió así la participación del Ejecutivo y las diputaciones en el rescate de Vicinay, una operación de 60 millones liderada por Dámaso Quintana a través del vehículo inversor ECN All Wind y respaldada con cerca de 20 millones de dinero público. El consejero de Industria recordó que la compañía se encontraba hace seis meses «a punto de cerrar» y que el Gobierno apostó por «actuar y salvar 200 empleos». Los problemas, sin embargo, no tardaron en aparecer. Vicinay perdió un contrato clave con British Petroleum, que acabó en manos de su competidor chino Asian Star Anchor. El pedido habría garantizado tres meses de carga de trabajo, pero su pérdida dejó a la fábrica de Sestao sin actividad suficiente, lo que llevó a la dirección a anunciar el despido de la mitad de la plantilla, que se empezará a negociar el lunes. Un duro ajuste que ha puesto en una posición comprometida al Gobierno, que busca mitigar la situación. 

El panorama para las empresas de Gipuzkoa, al menos a corto y medio plazo, parece algo más despejado que hace unos pocos meses. Así se desprende del último Informe de Perspectiva Empresarial de la Cámara de Gipuzkoa, dado a conocer ayer en base a su última Encuesta de Coyuntura, realizada el pasado octubre. El documento fue presentado por el presidente y el director general de la organización cameral, Mauricio Arregui y Javier Zubía, respectivamente, quienes subrayaron que la previsión habla de «una evolución favorable de la actividad empresarial, una mejora de las perspectivas de exportación y estabilidad en el empleo, aunque con mayor prudencia en las decisiones de inversión». «Las empresas de Gipuzkoa tienen hoy mejores expectativas que hace seis meses, aunque eso no significa que lo tengan fácil. Yo hablaría de un optimismo prudente», sentenció Arregui, quien matizó que algunos sectores industriales del territorio viven más apretados y que, en general, «el escenario global en el que compiten las compañías del territorio es cada vez más exigente». Y es que preocupaciones como los costes laborales, el absentismo o la competencia internacional, señalados también recientemente por Adegi, que planteó un marco algo más sombrío, siguen ahí. Ver informe Cámara de Gipuzkoa aquí

La fábrica de Coca-Cola de Galdakao celebra su 70º aniversario, siete décadas después de que, en 1956, saliera de sus instalaciones la primera botella de la popular bebida fabricada en Bizkaia. Desde entonces, la planta ha experimentado una profunda transformación hasta convertirse en un complejo industrial de 79.500 metros cuadrados, de los que 52.500 corresponden a superficie construida. Para conmemorar esta efeméride, Coca-Cola Europacific Partners reunió a personas y entidades que han acompañado a la compañía a lo largo de estos setenta años. El acto, conducido por la comunicadora Ainhoa García, comenzó con la bienvenida institucional de Ane Epalza, gerente de Comunicación del Área Norte, quien dio paso a la entrega de tres reconocimientos a entidades y establecimientos especialmente vinculados a la trayectoria de la compañía. El primero de ellos recayó en la Asociación de Hostelería de Bizkaia y fue recogido por su presidente, Boni García. El director de la planta de Galdakao, Jaime Cardenal, entregó la segunda distinción al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, representado por su presidente, Kepa Odriozola. El tercer homenaje tuvo como protagonista al restaurante Andra Mari de Galdakao, cuyo propietario, Roberto Asúa, recibió la distinción de manos de José Gálvez, responsable comercial del Área Norte de Coca-Cola.

El programa Emantzipa, puesto en marcha por el Gobierno vasco para facilitar la emancipación de los jóvenes, recibió 3.928 solicitudes en 2025, frente a las 10.000 ayudas que el Ejecutivo había previsto inicialmente para ese ejercicio. Supone que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico entregó algo más de cuatro millones de los 25 presupuestados, el 16%. Los datos figuran en una respuesta parlamentaria de la consejera Nerea Melgosa sobre la evolución del programa y las causas de las solicitudes rechazadas, un total de 682. Las cifras contrastan con la valoración «positiva» que realiza el Gobierno a la hora de analizar el despliegue de esta iniciativa. El Ejecutivo considera «un éxito» que cerca de 15.000 jóvenes hayan solicitado la ayuda desde 2024 hasta 2026. De hecho, defiende que la prestación está teniendo «muy buena acogida» y que el número de solicitudes «se mantiene estable». Según los datos facilitados, en 2026 se han registrado 4.025 solicitudes, «con lo que se ha superado la cifra del ejercicio anterior». El Gobierno sostiene que la evolución demuestra el interés que despierta el programa entre la población joven. Sin embargo, el balance económico de 2025 refleja una ejecución presupuestaria muy inferior a la cantidad inicialmente prevista y ofrece otra perspectiva sobre el alcance de Emantzipa.

El Consejo de Estado ha aprobado «por unanimidad» su dictamen sobre el real decreto para ordenar el despliegue de los centros de datos, según ha podido confirmar este periódico. Tras este trámite, la norma que ha levantado en armas al sector tecnológico encara ya el Consejo de Ministros, con el objetivo de que sea aprobada antes de las elecciones del 29 de noviembre. Con el visto bueno del máximo órgano consultivo se despeja el último trámite formal del texto impulsado conjuntamente por los ministerios para la Transición Ecológica, de Transformación Digital y de Economía. La norma llegará próximamente al cónclave ministerial tras un intenso proceso de reelaboración motivado por el aluvión de 632 alegaciones recibidas durante el trámite de audiencia pública. Un examen que obligó al Gobierno a rediseñar su estrategia y pertrechar la memoria de análisis de impacto normativo con un exhaustivo escudo legal para anticipar la previsible batalla que prepara la patronal Spain DC.

La ola inflacionaria ha vuelto a poner bajo presión la capacidad de compra de las familias españolas. Tras cuatro años marcados por los intentos de recuperar el terreno perdido durante la escalada de los precios que se inició en 2022, los hogares afrontan un nuevo encarecimiento de los bienes y servicios esenciales que ensancha cada vez más la brecha entre los precios y los salarios. Es la denuncia que lanzaba ayer el gabinete económico de Comisiones Obreras tras analizar los últimos datos salariales y los números del observatorio de márgenes empresariales. El documento elaborado por el centro de estudios del sindicato explica que el sueldo medio ha aumentado un 24% entre 2019 y mediados de 2026. Sin embargo, durante ese mismo periodo, productos y gastos básicos como los combustibles líquidos, la vivienda o los alimentos acumulan subidas que duplican y hasta triplican ese incremento, poniendo en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores. La primera gran sacudida llegó en marzo de 2022. El inicio de la guerra en Ucrania disparó los precios de la energía y los carburantes y provocó una rápida pérdida de capacidad de compra.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha decidido mantener su voto a favor para salvar el llamado decreto Maricarmen pese a que una de las mayores caídas en la oferta de alquiler tras la aprobación provisional de la nueva normativa se ha producido precisamente en las capitales vascas. «Ya nos hemos pronunciado sobre los decretos y mantenemos la misma postura. Votaremos que sí al primer decreto porque incluye medidas que son necesarias», afirma un portavoz del grupo parlamentario vasco en Madrid. La convalidación está prevista para el próximo día 12. Según los datos del portal especializado Idealista, sólo en el primer mes desde la aprobación en el Consejo de Ministros de la nueva normativa ligada con el desahucio de la fallecida anciana Maricarmen Abascal, Vitoria está en el grupo de cabeza de las ciudades españolas en el que mayor destrozo ha causado la regulación. En el portal inmobiliario sostienen que «la oferta de viviendas en alquiler en Idealista se ha desplomado un 27% desde la aprobación de los primeros decretos de vivienda el pasado 29 de septiembre posteriormente derogados por la mayoría del Congreso de los Diputados». En San Sebastián se han retirado el 24% de los anuncios de alquiler en el último mes y en Bilbao un 21%, todas ellas por encima de la media nacional, que está en el ya elevado 19%. En cuanto a Pamplona, la capital navarra en la que el PNV aspira también a tener influencia, la caída de oferta está siendo del 30%, según Idealista.

Las comunidades autónomas seguirán pisando el acelerador de las rebajas fiscales en los próximos años. De aquí a 2031 proyectan reducciones de impuestos por unos 2.300 millones en su conjunto, de acuerdo con los datos recopilados por la Autoridad Fiscal (Airef). El mayor impacto negativo en términos de recursos para las arcas públicas se producirá en el IRPF, y se registrará en 2028; el resto se concentrará en los gravámenes relacionados con la tributación inmobiliaria y en sucesiones y donaciones. En el otro lado de la balanza están las medidas de aumento de ingresos, cuya huella será mucho más reducida: unos 250 millones acumulados al final del periodo.

Más de dos años después de firmar el acuerdo con patronales y sindicatos para articular el anticipo de la jubilación en los sectores más penosos de la economía, los que acumulan más muertes y bajas laborales, ningún sector ha accedido al mismo por ese nuevo procedimiento. Varios han reclamado esa mejora a la Seguridad Social, hasta sumar peticiones que interpelan a unos dos millones de empleados, pero el Ejecutivo no ha resuelto ni una sola. Ni las planteadas por sindicatos y patronales de la mano (en el transporte por carretera) ni las que solo llevan la firma de las centrales, con gran retraso en los plazos que estableció el propio Gobierno. La Seguridad Social no explica a qué se debe tal tardanza en un procedimiento que para avanzar no necesita respaldo parlamentario y en el que no debería influir la convocatoria electoral, ya que es un trámite administrativo. Los sindicatos lamentan el “incumplimiento” del Gobierno de esos plazos “pactados”, critican la falta de respaldo empresarial en varios sectores y avisan de movilizaciones “gobierne quien gobierne”. El sector con más muertes de la economía, la construcción, fue el primero en solicitarlo. Después, a la vuelta del verano, lo pidió el segundo sector con más muertes (93), el transporte por carretera. 

La medida, que supone unas 188.000 toneladas, entró ayer en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución que desarrolla el mecanismo previsto en la norma de comercialización del aceite de oliva. Las organizaciones agrarias defienden que almacenar parte de la producción en campañas abundantes permitirá disponer de ese aceite cuando las cosechas sean más cortas. De esta manera, sostiene, se podría moderar la volatilidad del mercado y proteger tanto la rentabilidad de las explotaciones como el bolsillo de los consumidores. Desde las organizaciones del campo califican de «histórica» la activación de este mecanismo. «Evitará situaciones tan extremas como ver el aceite a nueve euros en el súper», señala Francisco Elvira, responsable del sector del olivar de COAG. La retirada se aplicará sobre la producción mensual acumulada de cada almazara y comenzará con el aceite declarado correspondiente al mes de noviembre. Por tanto, no afectará a la producción de octubre, primer mes de la campaña. El producto retirado deberá permanecer almacenado, en instalaciones propias o ajenas, hasta el 30 de septiembre de 2027. El mecanismo no es nuevo, se creó en 2021, pero hasta ahora no había pasado del papel a la práctica. 

Gregorio Jiménez, presidente y hasta ahora segundo mayor accionista de Restaurant Brands Europe (RBE), el gigante de la restauración que gestiona Burger King en España y Portugal y Popeyes en España e Italia, ha cerrado junto a la familia del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y la familia Costa Cerezuela, propietaria de Costa Food Group, una de las mayores empresas cárnicas de España, la mayor operación de la historia de la restauración española. Los tres inversores han alcanzado un acuerdo para adquirir al fondo británico Cinven el control de RBE, una compañía valorada en 2.330 millones de euros. Las tres familias constituirán un núcleo duro que controlará el 51% del capital del grupo, que cuenta con más de 1.400 restaurantes y una facturación superior a los 2.000 millones de euros. Jiménez controlará en torno al 20% del capital de la compañía, mientras que la familia Costa se hará con una participación superior al 15% tras invertir 100 millones de euros. Por su parte, la familia Galán desembolsará 80 millones para adquirir cerca del 15% del grupo. 

Las ramificaciones del trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y, sobre todo, el deficiente estado de conservación de la red española de alta velocidad, han llegado a Bruselas. La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación por posible fraude que “afecta a fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones” en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, según informó ayer el propio organismo europeo. Es la línea ferroviaria en la que el pasado 28 de octubre se produjo la colisión de dos trenes en Toledo, provocando una tragedia con 69 fallecidos, y la misma también en que otro accidente segó la vida de 46 personas a mediados de enero de este año en Adamuz (Córdoba). De hecho, es la segunda investigación que abre la EPPO en pocos meses tras la iniciada a finales de enero por el siniestro mortal de Adamuz. En el marco de la nueva operación, iniciada de oficio por la Fiscalía Europea, algo muy poco usual (normalmente, suele iniciar un proceso tras una denuncia previa) y canalizada a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, agentes del cuerpo acudieron ayer a las sedes de Adif, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y del Tribunal de Cuentas. Su misión, requerir información con la que determinar si se ha producido o no un uso fraudulento de fondos europeos.

La advertencia estaba escrita antes de que 46 personas murieran en Adamuz: si un carril se partía, los sistemas ferroviarios podían no advertirlo. En 2024, un análisis previo al proyecto de renovación de la línea Madrid-Sevilla reveló la falta de fiabilidad de esos sistemas de detección de roturas en las vías y calificó el riesgo de «catastrófico» e «intolerable». Pero Adif, dependiente del Ministerio de Transportes que ya entonces dirigía Óscar Puente, no corrigió aquella vulnerabilidad. La renovación del trazado se hizo, pero el problema permaneció porque los trabajos no incluyeron resolver las limitaciones de unos sistemas cuya configuración original databa de finales de los años ochenta. Pero lo peor es que puede volver a ocurrir, pues el problema no se limitaba al tramo de Adamuz. Según los datos facilitados por la propia Adif a los investigadores, solo el 41% de las roturas de carril registradas desde 2017 fueron detectadas por los circuitos de vía de la alta velocidad en toda España. Estas inquietantes revelaciones y otras aparecen en un documento oficial, ‘Recomendación previa sobre la investigación del accidente de Adamuz’, elaborado por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT), al que ha tenido acceso este periódico en las últimas horas.

El bilbaíno Víctor Bañares fue uno de los ideólogos y fundadores de Iryo durante la década pasada. La compañía es uno de los dos operadores privados que ofrece servicio en la alta velocidad española, y aparece ahora en el centro del debate después de que uno de sus trenes se viera implicado en el trágico accidente de Urda en el que perdieron la vida 69 personas. Tras poner en marcha la firma, Bañares abandonó la dirección general hace dos años. «Hablo solo en mi nombre», recalca, «y por eso lo hago con total libertad». "...– ¿Por qué no saltaron mil alarmas visuales y acústicas en el centro de control cuando un tren avanzaba hacia otro que estaba parado? – No es que no sonaran, es que no existían. Es inconcebible, como lo es que cayeran cuatro niveles de seguridad antes. No me entra en la cabeza que podamos saber dónde están los satélites pero que no haya un mecanismo que pare en seco un AVE cuando hay otro convoy de 400 toneladas ocupando la vía 15 kilómetros más adelante...En el sector ferroviario ya se hablaba desde hace tiempo de la deriva de Renfe y Adif. Si pasas de 22 a 44 millones de viajeros tienes que ir reforzando progresivamente el mantenimiento e invertir en personal y en tecnología. Y no lo han hecho. También habría que analizar si llevar varios años sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, con las mismas partidas mientras los precios están subiendo, puede haber ahondado en el déficit de inversión del AVE, como en el pago de muchos otros servicios del país...Renacionalizar la alta velocidad no tiene sentido, es una ocurrencia. Hay operadores privados en toda Europa y no pasada nada. Todo funciona bien..."

Empieza la verdadera carrera por reemplazar a Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo (BCE). Los países de la zona euro presentaron ayer a sus candidatos para ocupar la máxima responsabilidad de la autoridad monetaria y han confirmado que será una competición entre dos grandes personalidades: el español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot. En una carta enviada al presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, destaca que “Pablo Hernández de Cos es un candidato excepcional, con un reconocido prestigio internacional y una trayectoria que demuestra liderazgo, independencia y capacidad de diálogo. Estoy convencido de que aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España, donde impulsó una mayor transparencia y un acercamiento a la ciudadanía”. Antes de llegar a la cúpula del BIS, De Cos ocupó el puesto de gobernador del Banco de España, donde participó durante cinco años en el Consejo de Gobierno del BCE como uno de sus miembros más influyentes. Además, en ese periodo, presidió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

La derrota del partido de Donald Trump en las elecciones celebradas el pasado martes en EEUU va más allá de las filas republicanas. Los grandes tecnoligarcas estadounidenses, entre los que la cara más mediática es la de Elon Musk, fundador de empresas como SpaceX, Tesla y propietario de la antigua Twitter (hoy llamada X), están sufriendo un duro varapalo financiero, con pérdidas en su patrimonio personal que rozan el medio billón de euros en el último mes. El desplome histórico sufrido por el índice Nasdaq, que agrupa a las mayores empresas de tecnología del mundo, el pasado jueves, superior al 6%, fue la epítasis de un mes teñido de rojo. Ahora solo queda por conocer el desenlace y los inversores, de momento, se plantean si ha empezado ya el estallido de la burbuja de la inteligencia artificial. Por el momento, ayer el nerviosismo se contuvo tras ver rebotar a Wall Street y tomar algo de aire. Solo en el último mes, las siete mayores compañías cotizadas vinculadas a la IA, Nvidia, Alphabet, Tesla, SpaceX, Meta, Broadcom y Taiwan Semiconductor han visto cómo se desplomaban sus cotizaciones hasta dejarse por el camino más de 4 billones de capitalización. La caída de la que era hasta el jueves la mayor cotizada del mundo, el gigante de los chips fundado por Jensen Huang, llegó a perder 1,38 billones de dólares desde el 6 de octubre, y esto le ha llevado a ceder el trono del mercado a Apple que se sostiene sobre la barrera de los 5 billones de dólares, favorecido además por la esperanza de retomar relaciones comerciales más amigables con gobiernos como el chino.

Aunque en un primer momento los mercados parecieron acoger con positividad el resultado de las elecciones legislativas de medio mandato del pasado martes, que dan paso a un equilibrio de poderes entre la Casa Blanca de Donald Trump y un Capitolio que quedará totalmente controlado por el Partido Demócrata, el temor de los inversores a que la agenda de los demócratas limite la construcción de centros de datos y frene la revolución tecnológica desató luego una ola de ventas en los parqués que deja en vilo el exponencial flujo de fondos que venía acaparando la IA en los últimos meses. El episodio no tardó en ser aprovechado por Trump para recriminar a los estadounidenses el sentido de su voto. “La Bolsa se desplomó porque los demócratas tuvieron un gran martes. ¡Qué triste verlo! ¡Solo ustedes tienen la culpa!”, escribió el jueves en su red social, Truth. “Como Presidente, estoy 100% a favor de la superinteligencia (SI) y trabajaré con los numerosos estados de EEUU que desean enriquecerse gracias a ella. ¡Es oro puro, y solo un liderazgo insensato rechazaría las riquezas que trae consigo!”, apostilló el viernes, dejando claro que él no piensa virar su estrategia por el resultado electoral. Conviene recordar que Trump se ha manifestado frontalmente en contra de limitar el desarrollo de la IA -que él llama superinteligencia - para no perder la carrera tecnológica frente a China, pese a los riesgos advertidos por la propia industria. En septiembre, Trump reunió a los principales líderes tecnológicos del país para firmar un acuerdo sobre su autorregulación.

Primer relevo en la Casa Blanca tras las desastrosas elecciones de mitad de mandato para el Partido Republicano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer el nombramiento de uno de sus asesores más despiadados en materia de inmigración, Stephen Miller, como su nuevo jefe de gabinete. Miller sustituye en el puesto a Susie Wiles, la que había sido una de las personas de mayor confianza del presidente en lo que va de mandato en la Casa Blanca y que se convierte así en el primer gran chivo expiatorio de la hecatombe electoral. La selección del radical asesor de política interior para reemplazarla parece indicar un giro del mandatario hacia posiciones más duras aún en la nueva etapa de su mandato. Miller, asesor de Trump para política interna, número dos de Wiles y uno de los hombres que ha estado siempre al lado de Trump desde su primera campaña electoral, mantiene unas posiciones extremadamente duras en cuestión migratoria, hasta el punto de que el mandatario había llegado a bromear que eran demasiado radicales hasta para él. “Me encantaría que subiera al estrado y contara lo que piensa de verdad. Quizá no sus pensamientos más verdaderos. Pueden ir un poco demasiado lejos”, declaró Trump en un acto con empresarios hace un año.