20261106

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Gobierno se descuelga con la tercera subida más alta del salario mínimo interprofesional ( SMI) de los últimos ocho años a escasas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según recoge el proyecto de real decreto de revalorización que el Ministerio de Trabajo hizo público a última hora de la noche del miércoles, el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz aprobará un aumento del 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros en catorce pagas, lo que supone 65 euros mensuales más y 910 euros en el conjunto del año. De este modo, el suelo salarial quedaría en 18.004 euros anuales. De este modo, de confirmarse la subida, que ha desvelado el propio Ministerio de Trabajo lanzando a audiencia pública el texto normativo con la revalorización, el salario mínimo habrá aumentado en un 74,8% (lo que supone un incremento de 550 euros mensuales). Además supone casi el doble que hace una década (en 2017 se situaba en 707,6 euros al mes) y es el doble que el registrado en 2015, entonces de 648,6 euros. La subida prevista es, en todo caso, la tercera más elevada de las efectuadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, solo superada por la del 8% de 2023 (cuando la guerra de Ucrania provocó un shock) de inflación y la del 22,3% de 2019 cuando pasó de 735,9 euros a 900 euros mensuales. Sin embargo, la subida, que beneficiará a 2,5 millones de asalariados afectados por el salario mínimo en España, no supone solo un potente anuncio en plena precampaña electoral sino que además acarreará un coste para las empresas que soportarán una nueva vuelta de tuerca sobre los costes laborales.

Uno de los aspectos que fue crucial en la subida del salario mínimo en 2026, y que permitió al Gobierno sellar un acuerdo para la revalorización al menos con la parte sindical de los agentes sociales, fue la incorporación al pacto del compromiso de que durante 2026 se legislaría la prohibición de absorción de las subidas a través de los pluses y complementos. Sin embargo, como este punto se había incluido en una norma más amplia de transposición de la Directiva europea de salarios mínimos su aprobación se ha ido postergando, y el frenazo legislativo tras la convocatoria de las elecciones ha dejado en el aire que el Ejecutivo pueda sacar adelante este aspecto asociado a las subidas. Más aún cuando las normas que se lancen en este impasse deben estar justificadas por su carácter de urgencia.

La CEOE cargó ayer duramente contra nueva subida del SMI y acusó al Ejecutivo de actuar sin «lealtad institucional» por sacarla adelante sin acuerdo dentro del marco del diálogo social y en plena precampaña electoral. «Frente a lo que sostiene la memoria económica del proyecto de real decreto, sí existe una alternativa: actuar con lealtad institucional, esperar al resultado de las urnas y adoptar la decisión con una mayor información técnica», denunció en un comunicado conjunto con Cepyme. Pero la patronal fue más allá y emplazó al próximo Ejecutivo que salga de las urnas a dar marcha atrás y «negociar la actualización del SMI a partir del mes de diciembre». La organización liderada por Antonio Garamendi considera que el Ejecutivo está haciendo una «utilización política» de esa potestad que tiene para subir el salario mínimo sin más obligación que realizar una consulta previa a los agentes sociales y sin tener que contar con el respaldo de la Diputación Permanente. La premura del Gobierno para aprobar el alza hizo que Yolanda Díaz diera tres semanas a su grupo de expertos para aconsejar la nueva cuantía cuando lo usual estos últimos años ha sido que el informe tarde meses en elaborarse. Y meses también en negociarse con los sindicatos y la patronal. Ver nota CEOE. 

El administrador concursal de Tubos Reunidos, PKF Attest, ha elevado este jueves su informe para que la jueza establezca la calificación del concurso de acreedores de la empresa. Su propuesta, tras el estudio de la situación de la compañía ahogada por una deuda de 300 millones y el análisis de las alegaciones presentadas, fue tramitar el concurso como ‘fortuito’, no como ‘culpable’. La decisión supone rechazar las alegaciones que había realizado el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta entidad, dependiente del Ministerio de Economía, había reclamado la calificación del concurso de la sociedad matriz de Tubos Reunidos como ‘culpable’. El ICO reprocha a los miembros del consejo de administración de la empresa vasca haber contribuido con su gestión a un agravamiento de la situación de la empresa. El informe del administrador concursal defiende, en cambio, que «no hay nexo causal acreditado entre los actos de administración y la generación o agravamiento de la insolvencia». El análisis de PKF Attest señala que la causa de la crisis empresarial «no obedeció a un hecho único, sino a la concurrencia acumulativa de factores estructurales, comerciales, financieros y operativos».

El primer encuentro de los comités de empresa de Tubos Reunidos con uno de los cinco oferentes seleccionados para la adquisición de Tubos Reunidos acabó en un resultado "decepcionante" para los sindicatos, que se muestran "preocupados" por la intención de CapCapital, el grupo inversor que está detrás de la empresa Green Industry Machines & Materials, de acometer una reducción del 20% en la plantilla global de la empresa, que supera los 1.200 empleados entre las plantas de Amurrio y Trapagaran, y una congelación salarial durante cinco años. Fuentes sindicales cercanas a la negociación aseguraron que la propuesta, que rechazan de plano, "no trae consigo un plan industrial a largo plazo", condición fundamental para la representación de los trabajadores.

El Gobierno vasco ha mantenido este jueves una reunión con el comité de empresa de Vicinay para dar explicaciones tras la tormenta desatada por el anuncio de la dirección de que planea despedir a 60 personas en la planta de Sestao –casi la mitad de la plantilla– y la aplicación de una ERTE para el resto hasta julio de 2027. El Ejecutivo autonómico, que ha puesto 16,2 millones en su rescate, ha recordado que si no hubiesen entrado junto al empresario Dámaso Quintana en la compra, «la compañía se habría cerrado hace unos meses y 200 personas habrían sido despedidas». Ahora que la empresa ha anunciado un duro ajuste laboral ante la falta de carga de trabajo, el departamento de Industria advierte de que su «entrada en el capital no significa que Vicinay se haya convertido en una entidad pública» y recuerda que «ninguna empresa privada puede garantizar que nunca habrá despidos». Andoitz Korta y Jose Luis Azkue han repetido el mensaje del consejero de Industria, Mikel Jauregi, de que se puede mitigar el ERE con recolocaciones en otras empresas de Quintana, dado que ha anunciado otro nuevo proyecto en alianza con el propio Gobierno vasco, que se ubicará en Álava y generará 100 empleos. Han insistido en su «compromiso para que Vicinay tenga un proyecto industrial» pero sin descartar que pueda haber despidos, algo que en su opinión corresponde negociar a la dirección y el comité de empresa.

ArcelorMittal, el gigante siderúrgico con plantas como la ACB de Sestao, ha contabilizado un beneficio neto de unos 800 millones de euros –867 millones de dólares– durante los nueve primeros meses de 2026. El resultado representa una caída del 70,8% respecto a los 2.975 millones de dólares que ganó en el mismo periodo del año anterior. La comparación, en todo caso, está condicionada por los deterioros contables y los gastos extraordinarios derivados de la paralización temporal de su planta en Ucrania tras sufrir varios ataques con misiles. La reducción llega en un momento en el que el sector del acero se enfrenta a una fuerte presión competitiva marcada por la sobrecapacidad global, liderada por China, y los elevados costes energéticos. Las plantas de ArcelorMittal en Euskadi, por su parte, comienzan a percibir «una leve recuperación del mercado» gracias a los mecanismos europeos de defensa comercial, como los aranceles y los límites a la entrada de acero de terceros países. Sin embargo, los elevados costes energéticos y la inflación siguen presionando la actividad. En todo caso, la previsión es que el cuarto trimestre se consolide su recuperación. La ACB en Sestao, de hecho, estima que recuperará su capacidad máxima de producción.

El Gobierno Vasco ha dado luz verde ambiental, con una serie de medidas correctoras, al proyecto para levantar en Irun la que podría ser, hasta la fecha, la mayor planta de almacenamiento de energía con baterías de Euskadi. El megacomplejo promovido por la firma española FF Ventures, el fondo E Energy Invest y la comercializadora británica Octopus Energy, de una inversión estimada de 17 millones de euros, no tendrá que someterse a una evaluación ambiental ordinaria, un filtro mucho más largo que habría demorado las obras más de un año e incluso dos, y cuyo descarte allana en la práctica el camino para su materialización, según una resolución del Departamento de Industria del Gobierno Vasco publicada este pasado miércoles en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). El visto bueno del Gobierno Vasco a la simplificación del informe ambiental, siempre y cuando se cumplan una serie de medidas correctoras, no implica que el consorcio vaya a iniciar mañana las obras de esta gran planta de baterías, pero sí supone un paso importante. Ahora, la pelota vuelve al tejado de la Delegación Territorial de Industria de Gipuzkoa, que deberá resolver la concesión de la autorización administrativa previa. 

El mapa de la energía eólica en Gipuzkoa suma un nuevo intento sobre el papel. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco sometió ayer la información pública la solicitud de autorización administrativa previa para el denominado «Clúster Eólico Aitz y Andatz», un proyecto promovido por la firma Alerion Spain, S.L. que contempla la instalación de dos aerogeneradores con una potencia bruta total de 9,9 megavatios (MW) repartidos entre los términos municipales de Aia, Usurbil y Zizurkil. Como es habitual en este tipo de procesos, la resolución activa un plazo de veinte días hábiles para que otras empresas interesadas puedan presentar solicitudes en competencia para implantar y explotar la instalación. Al situarse por debajo de la barrera de los 50 MW que exigiría trasladar el expediente a la Administración central, el proyecto se acoge al formato de desarrollo de escala autonómica y será evaluado por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco. En cualquier caso, la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa constituye únicamente el primer paso de un largo y complejo itinerario administrativo, lo que no garantiza en absoluto que las aspas lleguen girar en los montes de Aia, Usurbil y Zizurkil. 

Poner placas en la antigua balsa de Noryeste. Dos años después, la Diputación alavesa busca ahora recoger el testigo de la navarra Heliosolar. La cooperativa Krean trabaja ya de la mano del Ente de la Energía del Gobierno vasco (EVE) y la sociedad foral Enargi para instalar un nuevo parque fotovoltaico en los terrenos del fallido embalse. La iniciativa, llamada Ekian Berri, lleva trabajándose con discreción desde, al menos, 2025. Fue entonces cuando se constituyó la sociedad –en este caso bajo la figura jurídica de una agrupación de interés económico– para promover esta iniciativa a tres bandas. El objetivo es instalar 37.764 paneles solares en los terrenos de la antigua balsa, entre Vitoria y Arratzua-Ubarrundia. Aunque la balsa tiene una pequeña porción en Elburgo, el proyecto no se ubicará en este término municipal. El resultado, de prosperar, será una central capaz de producir la energía que consumen al año unos 10.000 hogares. 

Ángel Jareño, el CEO del Grupo Uvesco (BM y Súper Amara) y líder del grupo de directivos de la empresa irundarra que el año pasado la compró al fondo de inversión PAI junto a varios socios vascos, señaló ayer que «el mayor desafío a corto plazo» del sector es el manejo de los precios en la actual espiral inflacionaria. Con el carácter local y el largo plazo como ‘leit motiv’, puso el foco en la defensa de los pequeños productores locales, y alertó sobre la tentación de traer «de fuera» determinados alimentos. Junto a esto, repasó los grandes números del Plan Estratégico de la empresa y explicó que la IA es «como las botas de siete leguas», que permite ir mucho más rápido, aunque «sin olvidar nunca a las personas». También dedicó un capítulo de su intervención (en la Universidad de Deusto en Bilbao, y patrocinada por Pwc) a poner en valor la apuesta por el arraigo de la compañía: «Hoy, el 100% del capital es local». El directivo advirtió de que el índice FAO de Naciones Unidas (que mide los precios de las materias primas alimentarias, como los cereales, los aceites los vegetales, los lácteos, la carne o el azúcar) está «en máximos desde 2022». Eso, apuntó, «tiene una traslación directa al incremento de los precios, y vamos a tener que ser capaces de gestionarlo». «Es algo que nos preocupa», dijo.

Todo listo para renovar la Cámara de Comercio en dos semanas. La patronal alavesa reveló ayer la identidad de los cinco empresarios que representarán a SEA en la institución. Una propuesta en la que se incluye a Marta Barredo, CEO de Herdit y apuesta de la patronal para presidir la organización durante los próximos cuatro años. La empresaria dará relevo así a Gregorio Rojo. El veterano directivo decidió en septiembre dar un paso al lado, lo que dejó vía libre para que Barredo emergiese como figura de consenso. «Me gustaría seguir, pero si no tengo el apoyo de SEA no voy a entrar en ninguna disputa. Las cosas son como son», señaló entonces Rojo. En la ‘plancha’ de SEA, Barredo estará acompañada por el propio presidente de la patronal, un Juan Antonio Sánchez Corchero, que tiene en la futura presidenta de la Cámara una de sus figuras de mayor confianza. Herdit, firma vitoriana especializada en el sector ferroviario, es un importante proveedor de gigantes como Talgo. De hecho, Barredo fue una de las voces que defendió públicamente la importancia de armar un consorcio industrial para garantizar el arraigo de la compañía antes incluso de que surgiese la vía de Jainaga. 

El Sociómetro del Gobierno vasco, que analiza las principales preocupaciones de la ciudadanía, confirma que la vivienda se dispara como el principal problema que afecta a los vascos. Una escalada que parece no tener fin. Hace dos años, la cifra de encuestados que la situaba como una de sus principales inquietudes rondaba el 30%. Pero ese dato ha ido poco a poco ascendiendo. En la anterior muestra, publicada en mayo, había llegado al 60% y ahora ya se ha colocado en el 72%. En el lado contrario está la seguridad. Un 21% de los consultados la veían como su principal inquietud hace solo unos meses; mientras en este último Sociómetro ha bajado al 16%. Da igual el territorio histórico donde resida, si se es mujer u hombre, la edad –tanto los jóvenes que están en el mercado como los mayores que tienen casa, pero igual no sus hijos o nietos–, si trabaja o está en paro e incluso el partido al que vota. Todos los vascos creen que Euskadi se enfrenta a un grave problema con la vivienda. En el ránking de principales problemas para los vascos, los ligados al mercado de trabajo caen a su nivel más bajo de toda la serie histórica y los relativos a la economía se sitúan como cuarto problema por detrás de Salud y Osakidetza.  

El mercado de la vivienda está sufriendo un grave incremento de precios debido al intenso desequilibrio entre la oferta y la demanda, y las medidas destinadas a paliar la consecuencia (los precios) no han hecho más que agravar la causa (la escasez de vivienda en el mercado). De hecho, la oferta de vivienda en alquiler para residencia habitual de larga duración, que ya acumulaba una caída de más del 60% desde 2020, debido en buena medida a los controles de rentas, ha entrado en barrena el último mes, tras la aprobación de los reales decretos de vivienda, con la desaparición de más de 26.531 anuncios en apenas 30 días, de acuerdo con los datos publicados ayer por el portal inmobiliario Idealista. Esto es, el 19% del total. Una caída que se amplifica sustancialmente en algunas de las ciudades que han topado los precios. La oferta de vivienda en alquiler se ha evaporado desde la aprobación de los Reales Decretos de vivienda de septiembre, posteriormente derogados por el Congreso de los Diputados, y los de octubre, todavía pendientes de convalidación en la Diputación Permanente del Congreso en los próximos días, y que previsiblemente saldrán adelante. Estos textos incluyen, entre otras medidas, el blindaje para los inquilinos morosos frente a los desahucios hasta 2030, la prórroga de dos años para los contratos de arrendamiento, el límite del 2% a la actualización de las rentas hasta 2027 (o su congelación, si superan el límite máximo del índice de referencia) y una indemnización de un mes por año de alquiler en caso de que el propietario quiera poner fin de forma anticipada al contrato.

La construcción residencial es una actividad que demanda mucho capital por el elevado coste del suelo y de las obras. ¿Pero cuántos recursos serían necesarios para reducir el déficit de 750.000 viviendas que ha calculado el Banco de España? Las estimaciones indican que la cifra se situaría entre un mínimo de 189.680 millones de euros (a coste de producción) y 236.000 millones (si se incluye el coste de financiación y el margen del promotor), según la proyección realizada para este periódico por la consultora Atlas Real Estate Analytics basándose en los precios de los solares y de la construcción por provincias. Esa cifra equivale a entre el 11,2% y el 14% del PIB nacional de 2025. Supone, igualmente, multiplicar entre 4,8 y 6,1 veces los 39.000 millones que el sector inmobiliario invierte en promoción residencial al año, según el dato conocido de la consultora KPMG. A día de hoy, en política de vivienda, las distintas Administraciones públicas destinan el 0,7% del PIB, alrededor de 11.000 millones, según datos de Eurostat de 2024.

La economía española afronta un horizonte de subida media anual del 3% de los costes laborales hasta 2030 con crecimiento cero de la productividad. Ese es el escenario que apunta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) esta semana en el que advierte del riesgo de perder competitividad por esta combinación de datos. «Una recuperación salarial sin mejoras suficientes de productividad podría presionar los costes laborales unitarios, provocando un deterioro de la competitividad exterior», señala la institución. La AIReF apunta que solo en 2026 y 2027 los costes laborales en España subirán un 3,3% mientras que la productividad por ocupado a tiempo completo seguirá congelada, aunque sin llegar a caer como sucedió en 2025 en España, pese a ser el segundo mayor receptor de fondos europeos. La institución puntualiza que su estimación de subida de costes laborales no incorpora el crecimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la espera de la decisión del Gobierno. Si prospera la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de elevar el SMI un 5,3%, muy por encima del coste de la vida y de la productividad, los costes laborales previstos serán superiores con prolongación en el tiempo.

El Gobierno tantea el sector del automóvil. La empresa automovilística española Seat, propiedad de Volkswagen, mantuvo ayer en Madrid una reunión con el Ministerio de Defensa para presentarle sus capacidades industriales y algunos de los principales proyectos con los que explora su entrada en el negocio militar. La reunión tuvo lugar entre representantes de la empresa con sede en Martorell (Barcelona) y altos mandos de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), que tienen un papel clave en los Programas Especiales de Modernización (PEM). La compañía ve con buenos ojos entrar en el negocio militar, al cual ha sido invitada a participar tanto por parte del Gobierno como por el Ejecutivo catalán, pero, pese a considerar que el movimiento tiene sentido, necesita saber cómo se materializaría. Este aspecto es relevante para poder presentárselo formalmente a Volkswagen, la matriz de la firma automovilística y que será quien tome la decisión final sobre la incursión de Seat en Defensa. Las fuentes consultadas también apuntan que el desembarco de Seat en el negocio militar tiene sentido para diversificar los ingresos de la compañía mientras el segmento de los coches eléctricos no termine de despegar. Asimismo, Seat tiene tres líneas llenas en su fábrica de Martorell y está analizando el encaje industrial de su entrada en Defensa.

España no puede permitirse la clausura total de su parque nuclear con el calendario actual si aspira a sostener la estabilidad de su red y rentabilizar su despliegue renovable. Este es el diagnóstico de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último examen sobre las políticas energéticas difundido ayer en el que tras la prórroga para Almaraz hasta 2030, insta al Gobierno a gestionar con la máxima cautela el cierre programado y a evaluar la continuidad de cada reactor de manera individualizada. El organismo con sede en París se muestra contundente y advierte de que la seguridad del suministro eléctrico y la consolidación de los avances logrados por el despliegue renovable exigen un marco regulatorio transparente que pondere minuciosamente los costes y beneficios de cada clausura antes de ejecutar desconexiones irreversibles. Esta recomendación traslada la presión directa al Ministerio para la Transición Ecológica, que hasta la fecha ha defendido de puertas afuera que la continuidad de la planta extremeña constituye una excepción puntual que en ningún caso modificará la hoja de ruta de desconexión escalonada para 2035 pactada con las propietarias de los siete reactores operativos en España.

El tráfico aéreo en toda Europa se vio afectado ayer por una nueva oleada de falsas amenazas de bomba contra más de una veintena de aviones. El episodio parece un acto coordinado en un momento especialmente turbulento en Europa, según observadores y expertos consultados. Al menos 27 vuelos con destino a ciudades europeas —y al menos tres de ellos con origen o destino en Madrid— sufrieron falsos avisos de bomba que les obligaron a realizar aterrizajes de emergencia, sin contratiempos en todos los casos. Además, tres aviones fueron desviados y varios tuvieron que ser escoltados por cazas de Italia, Francia, Bulgaria y Austria. Las incidencias, que investigan las autoridades nacionales, afectaron a aeropuertos de España, Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Rumania, Polonia, Irlanda, Dinamarca y Austria. Se producen, además, solo dos días después de que otros siete vuelos registraran falsas amenazas de bomba. Todos sobre el espacio aéreo europeo. En total, al menos 35 vuelos se han visto afectados desde el lunes.

Desde que en septiembre cientos de miles de franceses comenzaron a salir a la calle en protesta por la carestía de la vida y el deterioro del sistema educativo, el país se ha convertido en una especie de revolución por capítulos. El último por ahora tuvo lugar ayer con la huelga convocada de forma conjunta por sindicatos, estudiantes y ‘chalecos amarillos’. Reunió a unas 600.000 personas –según fuentes oficiales, y 1,6 millones, según los organizadores– en concentraciones celebradas en casi un centenar de ciudades vigiladas por más de 70.000 policías. La presión sobre el Gobierno sigue en aumento. ‘No estar enfadado es un privilegio’, se leía en una pancarta alzada en Lyon. Resume bien el ambiente: Francia, la segunda potencia económica de Europa, es un país enfadado, casi fracturado. Su símbolo, la Torre Eiffel, permaneció toda la jornada con las puertas cerradas. Hubo algunos enfrentamientos entre grupos radicales y las fuerzas de seguridad, sobre todo al finalizar las marchas. La policía detuvo al menos a 448 personas y 53 agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en Marsella.

La contundente victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos sigue resonando en los mercados, pero en un tono muy distinto al del miércoles poselectoral. Wall Street sufrió ayer un jueves negro en el sector tecnológico, donde se intensifican las incertidumbres ligadas a la inteligencia artificial. El índice Nasdaq, referencia de la industria, se desplomó más de un 5,5% en su peor jornada desde abril de 2025 y entró en la corrección al caer más del 12% desde sus máximos. La tecnología arrastra a la baja al S&P 500, más de un 4%. Las Bolsas europeas borraron sus ganancias, y solo logró resistir el Ibex, que cerró con un alza del 0,4%. En el fondo de la oleada vendedora están las perspectivas de frenazo en la instalación de centros de datos y, por tanto, de inversiones en tecnología. Estas dudas han desatado una estampida de inversores del sector tecnológico, que acumula varias semanas de castigo en Bolsa, dudas sobre su modelo de financiación y unos resultados peores de lo esperado tras varios trimestres con beneficios récord. Llueve sobre mojado en un sector que ve poco a poco cómo la confianza de los inversores se va diluyendo y se acelera la rotación de sus carteras. Los desplomes son particularmente severos en las empresas que están en la cadena de valor de los centros de datos: fabricantes de chips, procesadores y memorias son el eslabón más débil si se concreta la temida ralentización de las inversiones en IA, principal catalizador de las subidas de la renta variable durante los últimos años.

El triunfo demócrata en las elecciones de mitad de mandato en EE UU ha supuesto un fuerte revolcón para Donald Trump y su Partido Republicano, pero también para uno de sus grandes valedores, el empresario Elon Musk. Sus dos grandes compañías –Tesla y SpaceX– han sufrido una fuerte corrección bursátil tras la victoria inesperada de los demócratas en el estado de Texas y su mayoría en el Congreso de EE UU. Las acciones de Tesla cayeron el miércoles un 3,3%, y ayer retrocedieron un 11%. Las de SpaceX cayeron un 3,8% y un 8%, respectivamente. En total, la pérdida de valor de mercado roza los 469.000 millones de dólares entre las dos compañías (unos 417.000 millones de euros). En la sesión del miércoles, la depreciación ascendía a 110.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que Musk controla el 35% de SpaceX y el 11% de Tesla, la pérdida de valor de su patrimonio personal ronda los 170.000 millones de euros. Los mercados han interpretado los resultados electorales como un aumento de los riesgos regulatorios para el imperio empresarial del magnate sudafricano, uno de los principales financiadores del Partido Republicano en la campaña de las midterms.

Además de tomar medidas para rebajar el coste de la vida, una de las grandes prioridades del electorado, prometen examinar con lupa, entre otros, los negocios del presidente Donald Trump y su familia, contratos del Gobierno y el caso Epstein. Mientras, entre los republicanos derrotados ya han comenzado los reproches por la colosal derrota: el viejo rival de Donald Trump en las primarias de 2024, el gobernador de Florida Ron DeSantis, habla de un desastre que pone en peligro la supervivencia misma del partido. Con la voz aún ronca tras la noche electoral, el jefe del partido en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dejó claro ayer que se postulará como presidente de la institución —lo que le colocaría como el tercero en la jerarquía política estadounidense, por detrás del presidente y el vicepresidente— y prometió mano dura. “No trabajamos para Donald Trump”, declaró. “Trabajamos en favor de los estadounidenses. Y se han acabado los días en que esta Cámara funcionaba como una subsidiaria de la Administración”.

Por fin! Era ahora o nunca. Tras más de una década entre los diez primeros y dos años seguidos como subcampeón, Asador Etxebarri se ciñe la corona de mejor restaurante del mundo en la lista 50 Best presentada ayer en Lima. El vizcaíno Bittor Arginzoniz remata así una trayectoria intachable en la que ha convertido su parrilla de Axpe en un santuario de peregrinación para gastrónomos de todo el mundo. Su triunfo se produce solo dos años después del de Disfrutar, certificando que la cocina española sigue siendo una de las más poderosas del mundo. La nómina de españoles en el ranking se completa con el madrileño DiverXO, que baja del 4 al 9; el barcelonés Enigma, que sube del 34 al 29, y el guipuzcoano Elkano, que resiste en el puesto 33. La victoria de Arginzoniz fue saludada con una calurosísima ovación por parte del público reunido en el Teatro Municipal de Lima. Acompañado por su sumiller, un Mohamed Benabdallah exultante, Bittor tomó el micrófono con calma para agradecer el premio «a la gente que en su momento nos ayudó a seguir trabajando el fuego». En primer lugar, «a nuestros antepasados, madres y abuelas, que nos dejaron un valor cultural y gastronómico incalculable»; a su propia familia –«mi mujer y mis hijos, por aguantarme en este trabajo durante tanto tiempo»– y a «mis colegas de profesión».