20230116

El Ejecutivo vasco cree que Euskadi crecerá más de un 2%. Las previsiones del departamento de Economía de Lakua, en concreto, lo cifran en un 2,1% para este 2023, que parece optimista frente al 0,8% que ha fijado el BBVA Research, el 1,3% de Laboral Kutxa que sería un 1,4% según la AIReF o el 1,5% de la patronal vasca, Confebask. El dato no es baladí porque es el que sirve para calcular los ingresos a través de los impuestos que recaudan las haciendas forales y con los que se hacen los presupuestos de las administraciones vascas. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, fijó esa cifra el pasado septiembre en el 2,1% del PIB, un número que generaría unos ingresos fiscales de 18.072 millones de euros, un 5% más que el pasado año. Más allá de las diferencias entre unos y otros organismos sí hay un punto de coincidencia en todos los mensajes y es que Euskadi escapará de la recesión y que, aunque la primera mitad del año será complicada, con un crecimiento paralizado que en algunos sectores puede ser negativo, el saldo a final del ejercicio será positivo, aunque moderado. Los diagnósticos también están de acuerdo en que esa evolución será ligeramente más positiva que la del conjunto de España y la de la zona euro.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha lanzado un mensaje con matices optimistas sobre la evolución de la economía en 2023, al valorar que «los datos recientes están viniendo mejores de lo que se esperaba. Esperemos que eso continúe, pero no tenemos que bajar la guardia. Los episodios de inflación suelen ser duraderos», ha advertido, para evitar lanzar en exceso las campanas al vuelo. En línea con los análisis de la práctica totalidad de analistas, Torres recuerda que además de la inflación aún persisten numerosos elementos que alientan la incertidumbre. En especial la guerra en Ucrania, la extensión del covid en China en estos momentos, la previsible evolución al alza de los tipos de interés y el elevado endeudamiento de muchos Estados. En torno a la evolución del banco –la entidad facilitará en las próximas semanas los resultados económicos de todo el ejercicio–, Torres ha destacado el buen comportamiento del banco vasco. Así, ha adelantado que el pasado año ha conseguido incorporar a 11 millones de nuevos clientes en todo el mundo, «con crecimientos muy importantes en la inversión crediticia», así como el beneficios del banco. El presidente de BBVA ha destacado el comportamiento de la cuenta de resultados en México «donde seguimos siendo líderes y nos hemos fortalecido, a pesar de la irrupción con fuerza de bancos digitales». 

Empresas vascas invirtieron 754,7 millones de euros en el extranjero en los nueve primeros meses del pasado año, lo que supone un 76,5% menos que los 3.217,7 millones gastados en el mismo periodo del 2021. De esta forma, el gasto de las empresas vascas en el exterior quedó reducido a una cuarta parte de lo invertido en el periodo enero-septiembre de 2021. Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, recogidos por Europa Press, Reino Unido fue el principal receptor con 311,1 millones (el 41% de la inversión total), mientras que Portugal logró 155,5 (20,6%). El tercer destino de las incursiones empresariales vascas en el exterior fue Eslovaquia, con 84 millones, seguida de Perú (69,9), India (57,8), Francia (46,6) y Alemania (13,4). Destaca, en ese sentido, la drástica reducción de las inversiones vascas en el Estados Unidos, que pasaron de 2.674 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2021, empleados en comercio de energía eléctrica y producción de energía eléctrica de origen eólico (ocupando el primer lugar de destino de las incursiones de compañías de Euskadi), a gastar solo 2,7 millones en los nueve primeros meses de 2022. Por sectores, el 70% se dirigió al de servicios financieros (excepto seguros y fondos de pensiones), en el que se gastaron 527,2 millones. El segundo fue el de fabricación de ‘otro material de transporte’, con un desembolso de 202,8 millones (26,8% del total). La fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria) supuso una inversión en el extranjero de 15,9 millones de euros para las empresas vascas, mientras en suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire se invirtieron 7 millones.

Ya se empiezan a vislumbrar algunas señales que indican que la economía va a volver a ir recuperando el pulso a lo largo del año, especialmente en la segunda mitad del ejercicio, como es el caso de la incipiente moderación de las subidas de precios o de la inercia todavía positiva del mercado laboral, si bien el escenario no está exento de riesgos, como la posibilidad de que la reapertura económica china vuelva a tensar la inflación. En primer lugar, el consumo privado se ha ido frenando a pasos agigantados en la recta final del año pasado, y el Banco de España anticipa un avance mínimo de este elemento durante el ejercicio actual, con un crecimiento del 1,3%. Esto se debe, fundamentalmente, a los efectos de la inflación sobre la demanda, ya que los precios de consumo suben a un ritmo del 5,7% en diciembre, y el triple en el caso de los alimentos, lo que resta opciones para la demanda de otro tipo de productos. Especialmente, en el caso de aquellos productos cuya compra es más fácil de aplazar, como es el caso de los electrodomésticos, los muebles o los automóviles. De hecho, la compra de equipo para el hogar se hundió un 5,2% anual en noviembre, según el INE. Y, aunque la inflación parece estar moderándose, las perspectivas para la demanda interna no son nada halagüeñas, debido a que su empuje hasta ahora ha venido sostenido por el motor del mercado laboral que ahora se empieza a apagar. Por un lado, la creación de empleo se ha moderado desde más del 5% anual en mayo del año pasado al 2,4% en diciembre, y probablemente caerá por debajo del 1% en los próximos meses. Por otro, porque los salarios en convenio crecieron un 2,8% el año pasado, la mitad que la inflación, lo que supone una gran pérdida de poder adquisitivo para la mayoría de los trabajadores.

 El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco ha abierto el plazo de solicitudes para recibir las ayudas del programa Eraikal, destinadas a impulsar la calidad constructiva y arquitectónica, la sostenibilidad y la innovación en el sector de la edificación. El programa cuenta con un presupuesto de 1.070.000 euros para el año 2023 y las subvenciones se pueden pedir hasta el próximo 13 de febrero. Los destinatarios de estas dotaciones son: empresas y profesionales del sector de la edificación residencial, entidades de control de calidad en la edificación, laboratorios de ensayos para el control de calidad en la edificación, agrupaciones o asociaciones de empresas y profesionales del sector de la edificación residencial, personas físicas y personas jurídicas. Eraikal recoge varias líneas de subvención. La primera está destinada a proyectos o estudios de innovación para mejorar la calidad de la construcción, tanto de nuevos edificios --eficiencia energética, aplicación del Código Técnico de Edificación, control del proyecto y la obra-- como en la rehabilitación de los ya existentes --aplicación de soluciones de domótica, ITE, estudios sobre conservación, mejora de la accesibilidad-- o análisis sobre la habitabilidad de las viviendas, entre otros. Una segunda línea se centra en el desarrollo de herramientas informáticas y formación continua del sector y la tercera línea busca fomentar la implantación y certificación de sistemas de gestión en la edificación residencial --BIM e ISO--. 

El Gobierno vasco ha convocado a patronal y sindicatos a una primera reunión este lunes en Bilbao. El conflicto en el metal de Bizkaia entra esta semana en una nueva etapa con la mediación que va a intentar el Gobierno vasco entre sindicatos y patronal para procurar un acercamiento de posturas en la negociación del convenio sectorial. Tras más de once jornadas de huelga en el sector en 2022, el nuevo año se ha iniciado sin que las partes hayan acortado distancias en sus posturas, mientras los sindicatos continúan con movilizaciones en la calle. No es la primera vez que el Ejecutivo autónomo interviene para mediar en un conflicto laboral. Ya lo hizo en conflictos vividos en empresas como Tubacex o Artiach y en la limpieza del Museo Guggenheim Bilbao. Ahora lo va a hacer en el sector más importante de la industria vizcaina, el del metal, que da empleo directamente a más de 50.000 trabajadores en el territorio. Uno de los puntos que ha enquistado la negociación entre las partes es el referido al incremento salarial. 

Euskadi registró el pasado año 38.166 accidentes laborales con baja, lo que supone un ascenso del 5% respecto a 2021. Esto supone que cada día se producen 104 bajas laborales en el lugar de trabajo o en el camino de ida o regreso de éste, según datos de Osalan. El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales recoge 30 muertes laborales (25 en jornada de trabajo y 5 in itinere), frente a las 35 de 2021 (31 en jornada de trabajo y cuatro in itinere). Del total de accidentes en jornada de trabajo, 32.410 fueron leves (+4,5%), 216 graves (+17,4%) y 25 mortales. Por territorios, la siniestralidad creció un 2,8% en Gipuzkoa, un 8% en Bizkaia mientras que bajó un 1,9% en Araba.

La actualización de las pensiones al ritmo de la inflación provoca que el gasto en este concepto haya aumentado notablemente. En Euskadi se ha duplicado si tomamos la referencia del año 2005. En diecisiete ejercicios se ha pasado de 4.897 a 10.837 millones de gasto por las nóminas de los pensionistas. La decisión del Gobierno central a finales de 2021 de revalorizar las pensiones con la inflación ha hecho que la nómina de las mismas se haya disparado el último año de forma inusitada y más que lo hará este año después de que el IPC se dispara en 2022. Con los datos ya de cierre del año pasado, la nómina de pensiones que paga el Estado en Euskadi ha crecido un 5,42%, hasta alcanzar los 10.837,5 millones frente a los 10.279 de un año antes. Se trata de un aumento inusitado en los últimos ejercicios, ya que hasta 2018 la revalorización de las pensiones estaba limitada a un 0,25% tras la reforma de pensiones de Rajoy de 2013. Aunque fue la carta enviada por la ministra Fátima Báñez en 2018 recordando ese dato la que espoleó a los pensionistas vascos y se echaron a la calle hace ahora cinco años. A finales de abril de 2018 el PNV llegó a un acuerdo con el PP para que las pensiones se actualizaran ese año un 1,6% y según el IPC en 2019. También acordó retrasar el Factor de Sostenibilidad –ligado a la esperanza de vida y que conllevaba un recorte de las pensiones– hasta este año, aunque posteriormente el PSOE lo derogó e introdujo el Mecanismos de Equidad Intergeneracional.

La reforma de las pensiones comprometida con Bruselas ha llegado a su punto conclusivo: hay que aprobarla ya, en enero, para evitar el riesgo de que Bruselas decida congelar en abril la siguiente partida de fondos europeos. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, confía en sacar adelante la negociación. Pero Unidas Podemos rechaza un punto clave de la reforma: la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión. No aparece como una batalla en primera línea de la política, porque todo el mundo quiere ser prudente dado lo que está en juego. Pero dentro del Gobierno, con sindicatos y aliados como observadores cercanos, se está viviendo una intensa y discreta discusión decisiva para el año electoral: la reforma de las pensiones. Después de más de un año de debate interno entre el sector socialista y el de Unidas Podemos, el proyecto liderado por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, y comprometido con Bruselas, ha llegado a su punto conclusivo: hay que aprobarla ya, en enero, para evitar el riesgo catastrófico de que la Comisión Europea pudiera decidir en abril que no entrega la siguiente partida de fondos europeos porque no se ha cumplido con este hito, el llamado componente 30. Escrivá y su equipo confían en sacar adelante la negociación en las próximas dos semanas, y tienen varios elementos encima de la mesa para hacerlo. Entre ellos, cuestiones muy positivas, como la posibilidad de fijar un compromiso a varios años para aumentar progresivamente las pensiones mínimas, al estilo del que existe por ejemplo para que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura. Pero hay un elemento encima de la mesa que se ha convertido en tóxico, y que amenaza toda la negociación: la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión, una idea que rechaza de plano Unidas Podemos.

Los beneficios de las empresas son los principales responsables de la escalada de la inflación en España, que cerró el año 2022 con un avance anual medio del 8,4%, según los datos confirmados el pasado viernes por el INE. En concreto, los márgenes empresariales, especialmente los de las grandes compañías, explicaron el 90% de la variación del índice de precios al consumo (IPC), mientras que los salarios contribuyeron a la evolución únicamente en un 7%. Los datos han sido recopilados por Oxfam Intermón, que ha publicado este lunes su tradicional informe sobre desigualdad con motivo del inicio del Foro de Davos. En el documento, la ONG sostiene que “los márgenes empresariales han crecido con mucha más intensidad que los salarios”. Y añade que los temidos efectos de segunda ronda, “que amenazan con alargar la crisis de precios, provienen principalmente del comportamiento de las empresas”. En especial, de las más grandes y las que más poder de mercado tienen. Oxfam reconoce que mientras que las multinacionales y aquellos grupos orientados a la exportación parecen ser los grandes beneficiados, las pequeñas y medianas empresas dedicadas al mercado interno son las más perjudicadas. La razón es que “la capacidad de las empresas para trasladar estos aumentos de costes e incluso subir sus beneficios tiene mucho que ver con el creciente poder de mercado con el que cuentan”. Así, prosigue la ONG, el alza de la inflación poco tiene que ver con la subida de los salarios, sino con la falta de competencia en ciertos sectores y con la expansión de la demanda tras la pandemia, dos factores que permiten a los oligopolios inflar los precios.

Miguel Garrido (Madrid, 1960) es desde hace un mes vicepresidente primero de la CEOE, cargo al que accedió después de que Antonio Garamendi se impusiera en las elecciones de la patronal en noviembre, y preside desde junio de 2019 la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). " Estamos obligados a buscar acuerdos, dialogar con las partes y buscar fórmulas que no siempre complacen plenamente pero sí ayudan a evitar situaciones peores que puedan ocurrir. Un presidente de CEOE tiene que estar dispuesto a negociar, a fajarse, a defender sus intereses y a veces a ceder también, pero siempre con el respaldo de las organizaciones, y así ha sido...La conformación del Salario Mínimo no requiere de una firma de los agentes sociales, sólo tienen que hacer una consulta. Nosotros hemos hecho una propuesta por escrito con una subida del 4% y algunas condiciones. Nadie nos ha contestado y, en cualquier caso, el Gobierno no sé si nos reunirá para tener un debate previo o no, pero es competencia suya aprobar la subida por decreto...España tiene un problema con la economía sumergida al que no se está prestando demasiada atención. También se ha visto en el servicio doméstico. Creemos que la economía sumergida está alentada por determinadas políticas del Gobierno de articular políticas de subvenciones que a muchas personas les disuaden de buscar un empleo regulado...Tenemos que hacer una reflexión: hay colectivos que tienen enormes dificultades y como sociedad tenemos la obligación de ayudarlos, pero en muchos casos estamos poniendo un parche temporal que no está ayudando a solucionar el problema. Deberíamos reconsiderar el modelo de ayuda permanente a todo y a todos, incluidas a las empresas, que estamos permanentemente reclamando ayudas... igual lo que tenemos que pedir es que nos dejen ser más competitivos sin necesidad de ayudas, porque sino estamos creando una economía muy intervenida y dirigida..."

Entrevista con José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. "Vivimos en una era completamente nueva”, dice. “Los efectos combinados de la pandemia, la masiva irrupción y adopción de tecnología y la guerra en Ucrania nos presentan tres grandes desafíos que tenemos que afrontar: cómo vamos a relacionarnos en un mundo fragmentado, cómo vamos a hacer frente al desafío climático y cómo vamos a encauzar la revolución tecnológica que estamos viviendo”, añade. Este año, el lema de Davos es Cooperación en un mundo fragmentado, y Álvarez-Pallete recuerda que efectivamente “no son tiempos de confrontación ni de fragmentación, sino de colaboración y cooperación”. La colaboración “ha ayudado a traer prosperidad al mundo y solo con cooperación seremos capaces de adaptar el sistema internacional a los grandes desafíos actuales para beneficio mutuo”. La guerra en Ucrania “ha cambiado el modelo de globalización e independientemente de cómo acabe, la geopolítica a nivel mundial mostrará profundas transformaciones”. Álvarez-Pallete es rotundo: “La guerra ha puesto a prueba a Europa. Ha acabado con la tranquilidad y nos ha metido de lleno en la incertidumbre”. Estamos “en la era digital y ya no aplican muchas de las reglas que nos han traído hasta aquí”. La guerra supone “un ataque a la economía, a la energía, a la seguridad de Europa, pero de manera muy especial atenta contra los valores y el progreso moral, contra las libertades individuales y la justicia social”.

José María Álvarez-Pallete no se cansa de repetir que la Administración, a nivel europeo o nacional en el seno de la UE, debe tomar decisiones “rápidas” para no perder el gran partido que se está jugando en la economía internacional, sobre todo a nivel empresarial. “Hay que tomar decisiones”, recalca. Y sobre todo “debemos olvidarnos de falsos dilemas entre público o privado, de Administraciones o particulares”. Porque “el presente tiene que ser conjunto” para poder construir “el futuro”. “En Europa debemos hacer más y mejores cosas juntos”, insiste. Álvarez-Pallete también concreta otros puntos que habría que aclarar. “Para ser competitivos hay que empezar por identificar con quién se compite y después determinar los beneficios que se ofrece al público”. “La regla de actuación parece básica: mismos servicios, mismas reglas y mismas obligaciones”. Álvarez-Pallete concibe los cambios tecnológicos que se están produciendo no como una mera sucesión de avances técnicos, sino como una transformación completa de la sociedad, y por eso anima a actuar rápidamente para “no perder competitividad”. “Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica en la historia de la Humanidad, con la fibra óptica inteligente, el 5G de las telecomunicaciones, el big data, el blockchain, el network slicing, la web 3, el metaverso o el edge computing”, comenta el presidente de Telefónica. Todo ello ha configurado “un mundo nuevo donde la tecnología va a desencadenar una nueva ola de innovación”.

La banca española ha endurecido las condiciones del crédito a familias y empresas. En los últimos meses, y también en el inicio de 2023, las entidades han elevado los criterios para aceptar las solicitudes de hipotecas y préstamos, en plena crisis por la espiral inflacionista y la acelerada subida de los tipos de interés. Las fuentes financieras de la gran banca consultadas explican que están aplicando criterios más restrictivos a la hora de conceder créditos, especialmente hipotecarios, aunque también en los ligados al consumo y la inversión empresarial. Igualmente, constatan una caída en la demanda en los últimos meses, anticipando también esta tendencia en el arranque de este año. En realidad, indican que no se trata de una decisión unilateral para restringir el crédito, sino que han estado condicionados por el Banco Central Europeo. Por un lado, señalan el giro que acometió el supervisor en la política monetaria hace un año ejecutando continuas subidas de los tipos de interés para tratar de frenar la elevada inflación. En ese sentido, dicen que los tipos más altos han llevado a un aumento en el precio del dinero que provoca que muchos clientes ahora no puedan acceder a la financiación.

BBVA ha resistido bien el embate de la guerra para la economía mundial gracias a la fuerte subida de tipos de interés en gran parte del mundo. En México, su mayor mercado, están al 10,5%. El resultado ha sido un año récord en beneficios. BBVA publicará la cifra el 1 de febrero, pero los analistas están barajando unas ganancias de 6.380 millones. Se trata de mil millones más que la anterior cota histórica, que se retrotrae a los años de la burbuja. Los buenos números van a permitir a la cúpula dar grandes alegrías a los accionistas, que durante parte de la pandemia cobraron una retribución testimonial debido a las restricciones del BCE. “Esperamos que el dividendo supere con creces el del año pasado, de 31 céntimos de euros, el mayor pago en efectivo en la última década”, afirma. El primer dividendo de los dos que abona por ejercicio, que ascendió a 0,12 euros por acción, es un 50% superior al repartido el año anterior. BBVA distribuye entre el 40% y el 50% de sus resultados entre los inversores. Gracias a las altas plusvalías obtenidas con la venta de BBVA USA, BBVA hizo un guiño al accionista hace unos meses con un programa de recompra de acciones de 3.100 millones, uno de los mayores de Europa. A nivel empresarial, el banco concedió el año pasado más de 150.000 millones de euros en crédito. “Esperamos que esta cantidad sea superior en 2023”, apunta Torres. El banquero está especialmente satisfecho con la marcha de su banco digital en Italia, lanzado hace apenas un año.

La fuerte caída de los precios de la luz en el mercado mayorista en las últimas semanas, con días en los que se han llegado a marcar cero euros por megavatio en algunas horas, ha hecho que los precios regulados vuelvan a estar, después de más de un año, por debajo de las ofertas de libre mercado. Según el comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo presidido por Cani Fernández, un usuario medio, con un consumo de unos 250 kilovatios hora acogido a precio regulado (PVPC), hubiera pagado 45,96 euros entre el 11 de diciembre y el 11 de enero. A ese precio habría que sumar la compensación por el mecanismo del tope al gas, que este caso y para ese periodo hubiera sido de 3,17 euros. Es decir, en total 49,13 euros, IVA incluido, que ahora está en el 5%. Ese mismo usuario hubiera pagado 52,38 euros con la oferta más barata del mercado libre, Plan Online, de Iberdrola. La segunda más barata del mercado libre sería la Conecta, de Endesa, con 52,8 euros. Endesa tiene otras ofertas también muy competitivas en estos momentos, pero todas ronda los 53 euros. Después vendría Naturgy, con su oferta Noche Luz, con 54,12 euros; Bon Preu Esclat, la comercializadora de luz de los supermercados catalanes dispone de la oferta Hagámoslo Fácil, con 55 euros, y de la Noche y Día, algo más cara, con 56 euros.

El 20 de febrero está marcado en rojo en el calendario del Gobierno. Ese día aterrizará en España una delegación procedente de Bruselas con el objetivo de recabar información en torno a la ejecución de los fondos europeos, tras meses de duras críticas al Ejecutivo por la falta de transparencia con los datos del dinero que está llegando a la economía real a través de proyectos concretos. El último informe de la Intervención General del Estado revela que apenas se ha ejecutado el 30% del dinero recibido. A la cita, que según las fuentes consultadas será común para todos los países beneficiarios por el programa Next Generation, acudirá todo el ala económica del Gobierno, con la vicepresidenta Nadia Calviño al frente, además de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y la ministra de Industria, Reyes Maroto, que será la encargada de desgranar los motivos del retraso en los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los llamados Perte. Según los cálculos anunciados esta misma semana por Pedro Sánchez, un total de 100.000 empresas y 6.000 municipios se han beneficiado ya de estas ayudas, con convocatorias y licitaciones por importe de 43.060 millones de euros. Pero esta cifra no implica, ni mucho menos, que ese dinero esté ya circulando por el tejido productivo. El propio Gobierno, que recientemente ha solicitado los 94.000 millones adicionales de transferencias y préstamos previstos en la adenda del Plan de Recuperación, ha reconocido que necesita más tiempo para ejecutar las inversiones, solicitando a la UE mayor flexibilidad en la concesión de ayudas. Según la norma, los Estados tienen hasta 2026 para terminarlas, pero a finales de este año debe estar completamente definido y comprometido cómo, dónde y cuándo se gastará el dinero. Y aquí los datos juegan en contra del Ejecutivo. Sin cifras oficiales ante la dificultad para establecer cada céntimo que ha llegado a las empresas, la referencia más fiable es el rastreo que realiza mes a mes la Intervención General del Estado (IGAE). Según este organismo auditor, y teniendo en cuenta solo las cifras de 2022, los distintos ministerios tenían presupuestado para este año unos 28.459 millones de euros dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De ese total, el Gobierno ha autorizado ya 22.914 millones de euros.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, anuncia en una entrevista con este diario que la UE invertirá unos 350.000 millones de euros en la industria para generar energía verde. “Debemos apoyar las placas solares y los molinos o habrá un éxodo de empresas”. “Para responder a EE UU necesitamos un marco común para los Ventisiete”. “Musk entiende que debe cumplir nuestra ley digital o habrá sanciones”. Breton es un actor clave para formular la inminente propuesta de la Comisión sobre el asunto, comprometida para este enero. Recuerda que “el mercado interior es la quintaesencia de lo que hacemos mejor: poner en común un bien común, lo que cosecha más beneficios que si gestionásemos cada uno nuestro pequeño perímetro”. Y que al principio de la pandemia se esfumó, porque algunos “cerraban sus fronteras”, pero “reabrimos, ganamos”.

El grupo luso EDP, a través de su filial EDP Renováveis, ha conectado a la red eléctrica su primer proyecto híbrido, que combina la producción de energía eólica y solar en una única ubicación. Se trata también del primer parque de este tipo que entra en funcionamiento en la Península Ibérica. Concretamente, EDP ha hibridado la planta fotovoltaica Mina de Orgueirel, ubicada en Sabugal (cerca de la frontera con Salamanca), al parque eólico de Mosteiro, que funciona desde 2004. La nueva planta solar tiene una capacidad de 8,4 MW, que se suma a los 11 MW con que cuenta el parque eólico. En conjunto producirán 39.500 MWh al año. “La hibridación tiene grandes ventajas, tanto para el sistema como para las empresas, pues aumenta la producción eléctrica y minimiza el impacto de nuevos proyectos renovables al usar las infraestructuras existentes”, asegura el consejero ejecutivo de EDPR para Europa, Duarte Bello. El directivo señala que en una situación normal, “en un parque eólico se aprovecha un 25% de la capacidad y con la hibridación el aprovechamiento aumenta hasta el 45%”. Además, en el caso del sistema eléctrico, al utilizar una única conexión a la red, la nueva planta solar de EDP se engancha indirectamente a la subestación utilizada desde hace casi dos décadas por el parque eólico de Mosteiro. Al usar y compartir infraestructuras y las instalaciones eléctricas existentes, “se consigue reducir los costes y lograr un menor impacto ambiental”. Además, es una manera, según Bello, “de desatascar los cuellos de botella que hay en las redes”, similares, en su opinión, “en España y Portugal”.

La economía argentina no hace pie. La inflación acumulada durante 2022 alcanzó el 94,8%, la mayor subida anual desde la hiperinflación de 1991. El IPC subió 5,1% en diciembre pasado, 0,2% puntos más que en noviembre. El dato es una mala noticia que esconde un premio consuelo: el Gobierno del peronista Alberto Fernández se había puesto como objetivo evitar al menos un IPC de tres dígitos, como se vaticinaba a mediados del año pasado tras la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán. Desde entonces, su sucesor, Sergio Massa, impuso un férreo sistema de precios máximos, moderó la emisión y promovió tasas de interés positivas para neutralizar el derrumbe del peso frente al dólar. Massa prometió para 2023 una inflación del 60%, pero las expectativas que mide el Banco Central entre empresarios y analistas están más cerca de una cifra similar a la de 2022. El año pasado fue un vía crucis para la economía argentina. El país sufrió en el arranque el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó los precios de los alimentos y la energía. A mediados de año, factores locales complicaron lo que ya era complicado: el IPC argentino subió 7,4% en julio, en medio del tembladeral que provocó la salida del ministro Guzmán, responsable de firmar el acuerdo con el FMI para posponer pagos por 45.000 millones de dólares. La pelea fratricida entre el presidente y su vice, Cristina Kirchner, entorpeció cualquier política económica consensuada. Aquella marca de julio fue la más alta para un solo mes desde 2002, cuando la crisis del corralito derrumbó el PIB un 10,9% y, devaluación mediante, el IPC de abril subió un 10,4%, antes de caer hasta el 0,1% en diciembre.

El número de muertos al impactar un misil ruso contra un edificio de apartamentos de nueve pisos en la ciudad de Dnipró se cifra ya en 30, un niño entre ellos. Así lo aseguró anoche el gobernador de la región, Valentín Reznichenko. Según sus palabras, una mujer de 27 años fue rescatada ayer de debajo de los escombros, que han sido ya retirados casi en un 50% y en cuyos trabajos participan 550 rescatistas. Un ejemplo de la magnitud de la catástrofe es que el volumen de cemento removido ascendía a 3.500 toneladas. En total, según Reznichenko, 39 residentes han sido ya extraídos con vida de lo que ha quedado de la parte central del edificio, aunque al cierre de esta edición se estimaba que debajo de los cascotes había todavía unas 40 personas. Los rescatistas seguían trabajando sin tregua con perros de búsqueda en el rastreo de las ruinas. En los primeros instantes tras el desplome de la casa, el pitido de los móviles permitió localizar a algunos sobrevivientes. Se trata del ataque contra civiles más mortífero llevado a cabo contra la localidad de Dnipró. Las autoridades han decretado tres días de luto. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró ayer que había además 73 heridos, de los que 13 son menores. Cuatro de las víctimas permanecían anoche en estado muy grave. La explosión partió prácticamente en dos el complejo residencial.