20240409

El madrileño Javier García Cogorro llegó a San Sebastián a finales de 2017 con solo media docena de personas y una idea intrépida: levantar una fábrica de virus modificados, con los que introducir ADN de repuesto en pacientes con enfermedades genéticas muy graves, para intentar curarlas con un único tratamiento y para siempre. Aquel proyecto aparentemente quimérico, llamado Viralgen, tiene ya 435 trabajadores y ha propulsado a San Sebastián hasta ser la gran ciudad con mayor peso proporcional de la I+D en España, según los datos de la Fundación Cotec. “Es una historia increíble. Nadie esperaba hace seis años que llegáramos a ser la mayor empresa europea de terapia génica y a estar en el top 3 mundial”, celebra su fundador. Viralgen utiliza células humanas —multiplicadas sin límite a partir del riñón de un embrión— para cultivar los sofisticados virus que se venden para ensayos de terapias génicas todavía experimentales. Sus tratamientos son una esperanza para pacientes como Candela, una niña murciana de 6 años con una enfermedad. También son un gran negocio. El gigante alemán Bayer compró Viralgen en 2020 en una operación de 4.000 millones de dólares, pero García Cogorro sigue al frente como presidente. “Llegamos al mercado dos años antes de que empezara el boom. Eso permitió que la fábrica esté en San Sebastián, en vez de en Oxford o en Boston”, afirma el empresario. Viralgen es un símbolo de la transformación del País Vasco, gobernado por el PNV de manera prácticamente ininterrumpida desde 1980. La región dedicaba aquel año el 0,065% de su Producto Interior Bruto —nada, prácticamente— a la Investigación y Desarrollo (I+D). Hace cinco meses, el Gobierno vasco anunció que Euskadi es la comunidad autónoma que más invierte en I+D, alcanzando un 2,32%, muy por encima del total español, un 1,44%. “El problema es cómo crecer tan rápido en San Sebastián [185.000 habitantes], de siete personas a 435. No hay suficiente gente”, reflexiona García Cogorro. El inversor aplaude el sistema público vasco de Formación Profesional Dual, que diseñó rápidamente un programa de especialización en terapia génica a la medida de Viralgen. Los alumnos pasan casi la mitad de sus estudios en la propia empresa y, al terminar, se incorporan directamente a trabajar. “Hemos formado a alrededor de 80 chavales”, celebra el empresario. El efecto es visible en las estadísticas. El 2,3% de los afiliados a la Seguridad Social en San Sebastián trabaja en empresas de I+D, frente al 1,3% de Barcelona y el 0,9% de Madrid, según los datos de Cotec, una fundación privada que promueve la innovación.

Tubos Reunidos se prepara ya para la primera campaña de producción de tubo sin soldadura con emisiones cero de CO2 por kilo de tubo producido, "dentro de sus operaciones directas y energía utilizada, correspondientes al alcance 1 y 2 del análisis de ciclo de vida". La compañía con sede en Amurrio prevé producir 2.000 toneladas de este tipo de tubo en el último trimestre de este año en la acería de esta localidad alavesa. "Con estos tubos de bajas emisiones demostramos que es posible reducir la huella de carbono de nuestros productos y, al mismo tiempo, queremos ser palanca en la descarbonización de la industria, logrando una cadena de valor verde para las empresas". Según apunta en un comunicado el fabricante alavés de tubos sin soldadura, ya cuenta con los primeros pedidos de este tubo denominado O-Next, que se presentará en la feria de Tube en Düsseldorf la próxima semana. De este modo, Tubos Reunidos será "el primer productor mundial" en la fabricación de tubo sin soldadura con cero emisiones de CO2 por kilo producido.  “Estamos inmersos en un proceso de mejora continua que implica a toda la organización para conseguir que nuestros procesos y nuestros productos sean más sostenibles", apunta el CEO de la compañía, Carlos López de las Heras. Ver más en Tubos Reunidos. 

Año y medio después de ampliar sus oficinas, la apuesta de la tecnológica asturiana Izertis por Vitoria empieza también a impactar en los resultados. De la oficina alavesa de la empresa dependen ya 69 trabajadores, pero el objetivo que tiene la compañía pasa por alcanzar el centenar de empleados a corto plazo y llegar a los 250 en el futuro. Pablo Martín es el CEO de la empresa. "Hemos visto una ciudad muy interesante a nivel de talento y extremadamente bien comunicada. Tiene un semillero, una universidad capaz de producir talento, hay grandes trabajadores... Buscamos una productividad alta vía talento, no una política de costes bajos. Hemos apostado por reducir oficinas y concentrar el talento en ‘hubs’: la aglomeración de recursos produce réditos en el largo plazo...Hemos apostado por pasar de quince a nueve oficinas en la Península. En el norte del Estado quedarán tres oficinas: A Coruña, Gijón y Vitoria. Sobre ellas vamos a hacer ese esfuerzo de concentración. Hay 69 personas que dependen de la oficina de Vitoria. En los próximos meses veremos cómo esa cifra se incrementa de manera notable. En este nuevo modelo no tendremos ninguna oficina que esté por debajo de 100 empleados. Y queremos crear centros más grandes. El tamaño óptimo para una ciudad mediana es el que hemos conseguido en Gijón: 250 personas...Madrid es ahora mismo tremendamente atractiva en materia fiscal. Creo que la competencia entre territorios, además, es sana. Hay que buscar un equilibrio entre muchas cosas; no todo es fiscalidad: está la calidad de vida, que es muy buena en Euskadi, el talento... pero la fiscalidad también es importante. Tenemos que tener una fiscalidad atractiva. No se trata de recaudar mucho de pocos, sino poco de muchos..." 

El Tribunal Supremo ha dado la razón al sindicato ELA y ha condenado a los hoteles de Gipuzkoa (en este caso los representados por la patronal Adegi) a complementar los salarios de los trabajadores en ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) en pandemia en alojamientos del territorio, según anunció ayer tarde el sindicato en un comunicado. El Tribunal Supremo, de esta forma, ratifica la sentencia ganada por ELA en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que solicitaba la aplicación del artículo 25 del convenio de alojamientos del territorio guipuzcoano. Por lo tanto, el Tribunal Supremo dictamina que los hoteles de Gipuzkoa «deberán complementar los salarios de todos los trabajadoras de este sector afectados por un ERTE desde marzo de 2020 (cuando cerraron por la pandemia de Covid) hasta la finalización del mismo», añade la central abertzale, que cifra en más de 2.000 personas trabajadoras los potenciales beneficiarios de esta resolución judicial. El alto tribunal desestimó el recurso que presentó Adegi, como representante patronal del sector en Gipuzkoa. A partir de ahora cualquier trabajador o trabajadora podrá reclamar a la empresa las cantidades adeudadas, señala ELA. La asociación empresarial, consultada por este periódico, señaló que recibió la notificación de la sentencia ayer tarde y que la estudiará con detenimiento antes de realizar una valoración. 

El Gobierno por fin ha puesto encima de la mesa una propuesta para reformar la jubilación parcial en España, una modalidad que goza de muy poca acogida en la actualidad por las fuertes restricciones que tiene, y extenderla a todos los trabajadores, una de las grandes reclamaciones de los sindicatos y la patronal. Sin embargo, para ampliarla a más personas, el Ministerio de Seguridad Social dirigido por Elma Saiz plantea recortes y penalizaciones para los actuales colectivos que sí pueden compatibilizar trabajo y pensión, principalmente los autónomos. Así lo denunciaron ayer los interlocutores sociales tras una nueva reunión de la mesa del diálogo social sobre pensiones. Los grandes perjudicados de esta reforma, si finalmente viera la luz, serían los trabajadores por cuenta propia, colectivo al que se le permite la jubilación activa una vez que han cumplido la edad legal de jubilación para poder cobrar pensión a la vez que continúan con su negocio. Esto seguiría siendo así, pero se les rebaja considerablemente la cuantía que reciben. En la actualidad, si un autónomo ya ha cumplido la edad legal de jubilación y ha cotizado el tiempo suficiente puede jubilarse y seguir con su actividad cobrando el 100% de la pensión si tiene un empleado a cargo; si no lo tiene, percibe el 50% de la pensión. Pero según el texto que el Gobierno presentó ayer a los sindicatos CC OO y UGT y a la patronal CEOE, los autónomos, para cobrar el 100% de la pensión tendrían que esperar, como mínimo, cinco años más, hasta los 70 años, puesto que se establece un porcentaje creciente de pensión compatible con la actividad.

El servicio de estudios de las cajas de ahorros, Funcas, advirtió ayer sobre el “preocupante” estado de la inversión en la economía española y defendió que es prioritario reactivarla. Esta se encuentra todavía bastante por debajo de los niveles prepandemia. En equipamiento apenas ha crecido un 12% en lo que va de siglo frente al 35% que ha crecido en EE UU y el 17% que ha subido en Europa. Y desde 2019 ha retrocedido un 3,5% pese a que en EE UU ha aumentado un 6% y en Europa, un 2%. Si no mejora el comportamiento de la inversión, podría condicionar el crecimiento y la corrección de las cuentas públicas en un contexto en el que la demografía es adversa y la productividad baja. Ayudaría a mejorar la productividad y el avance tecnológico, elevando así el crecimiento. Este último es esencial para corregir las cuentas públicas: como explicó Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, España tendrá que rebajar la deuda en un 1% del PIB anual a partir del año que viene porque así lo exigen las nuevas reglas fiscales europeas. Si el crecimiento de la economía es del 1,75% anual, la reducción será factible sin grandes sacrificios. Pero si no lo es, el ajuste requerido será mucho mayor: habrá que conseguir superávits antes del pago de intereses, algo que no se veía desde 2007, en plena burbuja, y que parece muy difícil de lograr. De ahí que Funcas llame la atención sobre la urgencia de reactivar la inversión, variable clave en el crecimiento y la mejora de la productividad. “Debe ser una prioridad”, subrayó Carlos Ocaña, director de Funcas. Según las previsiones del think tank, la inversión media del año se situará en bienes de equipo aún un 2% por debajo de 2019. Y en construcción, un 1%. Ver nota de prensa de Funcas. 

El fuerte encarecimiento de la financiación y la devolución de los créditos ICO se le ha atragantado al tejido empresarial español, donde los concursos de acreedores han repuntado con fuerza en el arranque de 2024 ante unos problemas de solvencia que van in crescendo. Entre enero y marzo, un total de 1.850 empresas se han visto abocadas a solicitar la antigua suspensión de pagos, un 40,3% más que en el mismo periodo del año pasado, según el último informe trimestral sobre procedimientos concursales y disoluciones de Informa D&B, publicado ayer. Se acelera así la tendencia observada en enero y febrero, cuando los concursos empresariales se dispararon un 35,7%, preludiando una evolución aciaga este año. De hecho, solo en marzo los concursos se catapultaron hasta los 601, un 51% más que en el mismo mes del año pasado (398). Aunque la economía española está mostrando resiliencia en un contexto de desaceleración general de la actividad en Europa, el mapa empresarial español, compuesto mayoritariamente por pymes, está sintiendo el zarpazo de la subida de los tipos de interés, con unos mayores costes de financiación que, sumados a la resistencia de muchos acreedores a la negociación preconcursal en el caso de los créditos avalados por el ICO, está condenando a muchos negocios al concurso. Y a ello se añaden las secuelas de la crisis inflacionaria y de costes operativos, así como las crecientes cargas laborales por la vía del incremento de las cotizaciones sociales y del SMI. 

La reducción de la jornada laboral que plantea el gobierno supondrá un fuerte impacto sobre la actividad económica, ya que dará una vuelta de tuerca a los costes laborales, lo que frenará la creación de empleo, lastrando el crecimiento del PIB y la reducción del paro. Un cuádruple impacto sobre la economía nacional que frenará el desarrollo económico tanto este año como el próximo, de acuerdo con el informe Human Capital Outlook, publicado por el Instituto EY Sagardoy Talento e Innovación. La reducción de la jornada laboral anunciada por el Gobierno, de las actuales 40 horas semanales a las 38,5 este año y a las 37,5 el que viene, “podría afectar a 8 millones de asalariados”, casi la mitad del total, según las cifras de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística desgranadas por el informe. Y, dado que “el exceso de horas trabajadas”, entendido como la diferencia entre la jornada efectiva y el nuevo límite propuesto, alcanza 28,9 millones de horas semanales en el último año, (el 5,5 % del total de horas efectivas)”, sin que haya una reducción proporcional del sueldo, esto supondrá un aumento de los costes laborales efectivos por hora trabajada. Así, el incremento de los costes laborales equivaldrá al 1,5% del PIB y, “sin medidas compensatorias que alivien este aumento”, este golpe se trasvasará tanto al empleo como al crecimiento ya que las empresas tratarán de paliar este aumento de los costes laborales con un ajuste de sus plantillas, lo que llevará a un “recorte del tiempo de trabajo que restaría en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo”.

El peso del empleo industrial sobre el total de ocupados en el país ha bajado en 2023 hasta el 13,29%, mínimo histórico, después de que desde el año 2019 sólo un 2,4% de los puestos creados en España se hayan producido en este sector: 29.800 nuevos empleos de los 1,22 millones de puestos creados, según la EPA. El peso del empleo industrial en España lleva años en declive: llegó a suponer un 20,5% del total a finales de los años 90 –uno de cada cinco trabajadores lo hacían en este sector–, pero después bajo al 15,8% en el año 2008 y, tras la Gran Recesión, ha seguido reduciéndose hasta situarse en el 13,3% a cierre del año pasado, con 2,79 millones de empleados. Esto deja a nuestro país como el octavo de la Unión Europea con menos proporción de empleados trabajando en el sector. Los datos de Eurostat muestran que sólo en Luxemburgo, Países Bajos, Malta, Grecia, Chipre, Francia y Dinamarca la industria tiene menos proporción de empleados. De media, en el conjunto de la UE la industria emplea al 15,4% de los trabajadores; siendo República Checa el estado con más proporción, del 27,5%. Aunque en el conjunto de la Unión, el empleo industrial también ha ido perdiendo peso –pasó del 19,9% en el año 2000 al 15,4% en 2023–, la brecha existente entre España y la media comunitaria se ha triplicado en este periodo. Desde 2019, sólo un 2% de los puestos creados han sido en la industria: 29.800 de los 1,22 millones de nuevos empleos. No sólo ha caído la proporción de trabajadores empleados en la industria, sino que el país cuenta con un 27% menos de empresas industriales que en 2008, según datos recopilados por la consultora Robert Walters. «La tendencia a largo plazo es de deterioro y reducción del número de empresas. La mayor parte de las compañías industriales son pequeñas empresas repartidas por todo el territorio nacional. Solo hay 6.000 empresas industriales con más de 50 empleados, pero ocupan a casi al 55% de los profesionales del sector», recogen en el informe Industria y Empresa Familiar. 

El sindicato LAB conmemoró ayer su medio siglo de vida reivindicándose como «agente activo» para situar los derechos de los trabajadores «en el centro del debate» y en defensa de la independencia de Euskadi. Así lo hizo en un acto en el palacio Euskalduna de Bilbao con presencia de los actuales coordinadores generales de LAB, Garbiñe Aranburu e Igor Arroyo, y un homenaje a los dos últimos secretarios generales, Rafa Díez Usabiaga (1996-2008) y Ainhoa Etxaide (2008-2017). El acto del cincuenta aniversario de LAB sirvió, además, para anunciar que, «por primera vez en su historia», la central abertzale alcanza la cota de los 50.000 afiliados. Aranburu y Arroyo defendieron ante 400 delegados y representantes de la central que el sindicalismo para LAB, desde sus inicios, «es una herramienta para dar nuevos pasos hacia la liberación nacional, no un objetivo en sí mismo», y reafirmaron su apuesta por un «sindicalismo transformador». Junto a una imagen conmemorativa con un árbol que crece desde sus raíces, los dirigentes sindicales defendieron su agenda «compartida» con otros agentes políticos, sociales y económicos para «disputarle» el poder al sistema capitalista neoliberal, al que ven «agotado» y cada vez «más inviable». Igualmente, en su repaso a la historia del sindicato, Aranburu y Arroyo recordaron que «muchas de las ideas que ha defendido LAB a lo largo de su trayectoria se han convertido en «mayoritarias» en el sindicalismo vasco, como «su carácter sociopolítico, el contrapoder, el independentismo y el sindicalismo feminista y antirracista».

El tirón alcista que protagoniza el petróleo este año ha dado alas a las compañías del sector y Repsol compite con la portuguesa Galp (que subió ayer con fuerza), por liderar las subidas en lo que va de año. Ambas se anotan cerca del 20% desde enero, con lo que superan el alza del 6,8% del grupo de energía del índice Stoxx 600 y quedan también por delante de otras petroleras europeas, como Shell y TotalEnergies, que se anotan cerca del 10%. El buen tono que muestra la petrolera española ha llevado su cotización a máximos históricos en 16,17 euros (ajustado por dividendos y otras operaciones). Ayer cerró a 16,09 y los analistas aún le dan un recorrido extra en Bolsa del 9,88%, hasta los 17,68 euros. La firma más optimista con la petrolera es Barclays, que fija su precio objetivo en 25 euros, un 55% por encima del cierre de ayer, seguida de RBC Capital, que lo establece en los 20 euros. Sin embargo, el buen comportamiento que acumula la acción ha hecho que RBC haya sacado a la española de su lista de favoritos del sector recientemente. Eso sí, especifica que espera que Repsol presente una actualización de resultados constructiva y siga teniendo una “fortaleza de los márgenes de refino” en 2024.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a usar el comodín de los anuncios vinculados al problema de la vivienda al anticipar ayer que el Gobierno va a suprimir las ‘golden visa’, esto es, los visados especiales que conceden la nacionalidad española a los extranjeros que invierten en el mercado inmobiliario del país con al menos 500.000 euros. Para justificarlo, también empleó el argumentario con el que suele criticar a quienes negocian con las viviendas. «Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo», afirmó en Sevilla. Será el Consejo de Ministros el que estudie en su reunión de hoy un informe elevado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana para modificar la ley que regulaba esas ‘golden visa’. Una medida, recordó Sánchez, aprobada por el Partido Popular en 2013. Fuentes gubernamentales señalan que alrededor del 94% de los visados para inversores están vinculadas a compras inmobiliarias, y que ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma y Valencia son las más demandadas para este tipo de operaciones. Además «coinciden en ser las zonas más tensionadas» del país en el mercado de la vivienda. Desde el Ejecutivo insisten en que la prioridad es «garantizar el acceso a una vivienda asequible, para dar respuesta a la ciudadanía» y que ningún ciudadano tenga que destinar más del 30% de sus ingresos para tener un «hogar digno». Hace ahora un año el presidente del Gobierno se embarcó en una sucesión de anuncios preelectorales, en el marco de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo pasado. 

La visita de Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, a China, ha constatado dos cosas: por un lado, las relaciones entre las dos grandes potencias del planeta han entrado en fase de estabilización, tras superar su peor momento en décadas; por otro, se advierten nuevos roces económicos a la vista a cuenta del exceso de capacidad productiva del gigante asiático en sectores vinculados a la transición energética. La secretaria del Tesoro alertó ayer del “riesgo” y “los efectos negativos” que suponen los “desequilibrios macroeconómicos de China —a saber, su débil consumo de los hogares y el exceso de inversión de las empresas, agravado por el apoyo gubernamental a gran escala en sectores industriales específicos—”, según señaló en una comparecencia en Pekín, al término de su segundo viaje a China en nueve meses. Yellen advirtió sobre el aumento de la inversión empresarial teledirigida por la política industrial de China hacia los vehículos eléctricos, las baterías de ion-litio y la energía solar. “China es ahora demasiado grande para que el resto del mundo pueda absorber esta enorme capacidad”, dijo. “Las medidas que tome hoy China pueden alterar los precios mundiales. Y cuando el mercado mundial se vea inundado por productos chinos artificialmente baratos, la viabilidad de las empresas estadounidenses y de otras empresas extranjeras quedará en entredicho”. El temor de Washington coincide con el que expresa desde hace tiempo la Comisión Europea, enfrascada en una política de “reducción de riesgos”.

José Antonio Ardanza, lehendakari entre 1985 y 1999, falleció ayer a los 82 años en su domicilio de Kanala, en pleno corazón de Urdaibai, tras una larga enfermedad y acompañado de su inseparable mujer, Gloria Urtiaga, y sus hijos, Nagore y Aitor. Retirado de la primera línea política desde hace años, llegó a Ajuria Enea como candidato del PNV tras la traumática escisión de Eusko Alkartasuna, impulsó el Pacto de Ajuria Enea para deslegitimar a ETA, promovió los primeros gobiernos de coalición con el PSE y desarrolló los principales pilares del autogobierno. «Una persona honesta, pacifista, jeltzale y abertzale», le definió el PNV a través de un comunicado. El funeral será mañana, a las 19.00 horas, en la Basílica de la Purísima Concepción de Elorrio, su localidad natal. Ardanza, nacido en 1941, tuvo que dar un paso adelante en una de las épocas más convulsas de un partido en el que había militado desde su juventud. Con un perfil muy diferente al de Carlos Garaikoetxea, a aquel licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto que había trabajado como asesor jurídico de Caja Laboral, le tocó el reto de mantener el símbolo de Ajuria Enea en manos de un PNV traumatizado. Una meta que superó con creces. Nunca nadie ha estado tanto tiempo en el cargo.

En marzo de 1988, el lehendakari José Antonio Ardanza realizó uno de los viajes más importantes de su mandato. El carismático presidente Ronald Reagan le recibió en la Casa Blanca y le saludó personalmente, una deferencia que muy pocas personalidades del mundo podían conseguir si no presidían un país prioritario para los intereses norteamericanos. No fue el único líder mundial que estrechó la mano del fallecido Ardanza. Fidel Castro se reunió con el lehendakari en Cuba, pero también le hicieron honores los entonces presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti; el de Argentina, Carlos Médem; y el de Chile, Eduardo Frei. El Dalai Lama y el presidente de la República Árabe Saharahui Democrática, Mohamed Abdelaziz, también fueron sus invitados. Detrás de esta actividad internacional se encontraba una aspiración de Ardanza. «Creo que debo hacerlo porque Euskadi tiene un problema de imagen e incluso de marketing. Mi obligación como lehendakari es mejorar y cambiar la visión de Euskadi en el mundo», aseguró tras reunirse con Reagan. Ardanza quería que la fotografía internacional del País Vasco no fuese solo la de un país ensangrentado por ETA y se tuviesen también en cuenta otros factores como la industrialización o la pujanza económica. Uno de sus viajes claves, en ese sentido, fue el que le permitió reunirse en 1992 con los máximos responsables de la fundación Guggenheim para firmar la apertura del museo en Bilbao. La reunión de Ardanza con Reagan fue el fruto del pequeño pero pujante ‘lobby’ vasco en Estados Unidos, que en los años 80 estaba formado por dirigentes políticos muy vinculados con el partido Republicano. Una persona clave fue Paul Laxalt, un abogado de Nevada descendiente de vascofranceses. Laxalt, que también tenía intereses en los casinos de Las Vegas, era amigo de Ronald Reagan desde que el actor fue nombrado gobernador de California. Ningún presidente vasco ha vuelto a ser invitado al Despacho Oval.