20251210

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

 La economía vasca consolidó en noviembre la buena evolución de los últimos meses gracias al crecimiento del consumo privado y de la inversión, a pesar de que la industria siguió manteniendo un crecimiento "muy moderado". Así se recoge en el 'Termómetro Económico' que elabora cada mes el Gobierno vasco y que en noviembre dio a la economía de Euskadi un 107,6 sobre 150. Noviembre fue por tanto el quinto mes consecutivo en la zona de 'crecimiento sólido' (entre 100 y 150), en la que no se encontraba desde febrero de 2023. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco apunta que en noviembre se confirmó la buena evolución económica de Euskadi gracias al consumo privado y la inversión, ya que el sector exterior sigue teniendo una aportación negativa, aunque con menor intensidad que meses atrás. Por sectores, la construcción y los servicios mostraron un comportamiento especialmente favorable mientras que la industria avanza de forma "muy moderada".  

Según informó ayer el comité de empresa a los trabajadores, las centrales ELA, LAB y ESK ultiman paros y movilizaciones para este mismo mes con el fin de protestar por el «empeoramiento grave de nuestras condiciones laborales». En un comunicado remitido a los trabajadores, las centrales favorables a los paros detallan las cuestiones que han provocado ese «empeoramiento». Entre ellas, se citan las novenas horas, la contratación de un centenar de trabajadores eventuales a través de una empresa de empleo temporal (ETT), «constantes incumplimientos de acuerdos por parte de la empresa», una postura contraria a encarar «los riesgos psicosociales» de sus 5.000 empleados, un «empeoramiento claro de movilidad a la fábrica» o la «judicialización de las relaciones laborales». «Ha llegado el momento de que plantilla y comité, digamos ‘¡Basta ya!’ y demos un paso adelante, defendiéndonos del trato que estamos recibiendo por parte de la empresa y exigiendo que cambien el rumbo de sus decisiones. Si la empresa actúa así ahora, qué no hará en un año como el que nos espera», afirman los sindicatos favorables a estos paros. «No podemos esperar a pelear por nuestras condiciones en la próxima negociación de convenio. Si ahora, que no cumplen y nos tienen machacados y machacadas, no demostramos nuestro hartazgo, en la negociación del convenio aspirarán a pasarnos por encima», subrayan. Los convocantes no detallan aún los días y duraciones de estos paros y movilizaciones, pero se comprometen a hacerlo «en los próximos días».

A partir de la próxima semana Bilbao será el último puerto de escala de la península ibérica, y el anteúltimo de toda Europa, en una conexión directa y semanal que unirá el norte del continente con la costa oeste de Sudamérica. La Autoridad Portuaria de Bilbao anunció ayer la puesta en marcha de este servicio de transporte de mercancías en contenedores que será operado por MSC (Mediterranean Shipping Company), la mayor naviera del mundo y que ya viene operando en la capital vizcaína desde hace tres décadas. Esta supondrá para Bilbao la primera conexión de este tipo con Sudamérica. Según celebraron desde la Autoridad Portuaria, el servicio permitirá a las instalaciones vascas «ofrecer tiempos de tránsito insuperables para las exportaciones e importaciones de su amplio hinterland» (el ámbito de influencia terrestre sobre el que opera el puerto), fijando una oportunidad con la que quieren disparar su atractivo como «hub estratégico para el comercio internacional». El nuevo servicio directo y semanal de MSC entrará en funcionamiento el 20 de diciembre y constituirá para los muelles vizcaínos «uno de los hitos más relevantes de los últimos años». Así lo destacaron desde la Autoridad Portuaria, que la semana pasada ya anunció una nueva conexión directa con Canadá a través de esta misma naviera. Este servicio arrancará el día 22 y unirá la costa vasca con el puerto de Halifax en un periodo de tránsito estimado de dos semanas. Con esta última incorporación, el Puerto de Bilbao pondrá en valor una de sus mayores ventajas competitivas. Se trata de su capacidad de calado, que alcanza los 32 metros entre Punta Lucero y Punta Galea. Estas dimensiones permiten a las terminales recibir buques de cualquier tamaño, y sin ninguna restricción. 

Sidenor ha llevado a cabo las primeras pruebas de combustión de hidrógeno verde en un proceso clave de su cadena de producción de acero, concretamente el calentamiento de cucharas, un procedimiento que eleva la temperatura del horno pero reduce el consumo energético. En su planta de Basauri, la firma ha logrado sustituir el quemador convencional por uno de oxicombustión con hidrógeno. De esta manera ha realizado un ciclo de calentamiento de cuchara completo consiguiendo alcanzar las temperaturas de trabajo necesarias. Según destacó ayer la compañía, dichas pruebas con hidrógeno verde representan un «hito destacado», ya que se han llevado a cabo en procesos térmicos que requieren de alta temperatura y, por lo tanto, «son difíciles de electrificar».

Solaria vuelve a la carga con nuevos proyectos renovables para Álava. La energética madrileña ha presentado ya ante el Gobierno vasco las solicitudes para desplegar dos nuevas centrales en Vitoria y Arratzua-Ubarrundia. Según ha dado a conocer el Departamento de Industria a través de una respuesta parlamentaria, la compañía pretende colocar otros once megavatios de potencia en la capital alavesa y en el municipio colindante. ‘Nova Solar’ y ‘Regina Solar’ son los nombres con los que la empresa ha bautizado a estos equipamientos, de uno y diez megavatios, respectivamente. Todavía no se conocen sus dimensiones; sino simplemente su presentación ante el Gobierno vasco, que ahora deberá iniciar todo el camino burocrático hasta que las placas se hagan realidad. En cualquier caso, suponen un cambio con respecto a lo que hasta ahora venía haciendo la compañía, que había presentado casi una treintena de centrales de mayor escala, en el límite justo –menos de 50 megavatios– para que las evalúe Lakua y no el Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid. No son las únicas que han aparecido en estos últimos meses. La consejería de Mikel Jauregi suma al amplio listado de proyectos ocho plantas fotovoltaicas y dos nuevos complejos eólicos. En total, son ya 106 los proyectos que sobrevuelan Álava en las distintas mesas gubernamentales, según el recuento de este diario. Además de las centrales de Solaria, el nuevo listado de Lakua incorpora cinco impulsadas por Dominion y sus filiales: Araba FV, FV Arrazua Solar, Lovaina Solar, Zaramaga FV y FV Gasteiz Solar. Todas se reparten entre la capital alavesa y Alegría-Dulantzi y cuentan con exactamente la misma potencia: 4,8 megavatios.

Andoni Ortuzar formará parte del consejo de administración de Movistar Plus+. Tres meses después de hacerse público que el expresidente del PNV fichaba como asesor externo de la auditora PwC, donde se centra en realizar informes relacionados con los asuntos públicos y la comunicación, el exdirigente jeltzale consolida su salto al sector privado. La decisión fue adoptada ayer por el consejo de administración de Telefónica. Ortuzar se incorporará al órgano de dirección de Telefónica Audiovisual Digital (TAD), filial de la operadora y responsable de los negocios de producción y gestión audiovisual bajo la marca Movistar Plus+. El objetivo de la empresa es reforzar la gobernanza de la plataforma. El expresidente del PNV abandonó el timón de Sabin Etxea a finales del pasado marzo, tras ser reemplazado por Aitor Esteban después de un convulso proceso interno. Nacido en 1962, trabajó en ‘Deia’ y fue director general de EiTB entre 1999 y 2008, cuando fue designado presidente del Bizkai buru batzar, puesto en el que estuvo hasta que en 2013 se convirtió en el máximo responsable del EBB. Esa experiencia televisiva es uno de los elementos que Telefónica ha considerado relevante para incorporarle a Movistar Plus+, una de las principales plataformas televisivas en España y poseedora de los derechos de emisión de, entre otras, LaLiga, además de otros deportes y competiciones tanto nacionales como internacionales. La operadora también está centrada en la producción propia de series y películas. Desde Telefónica se considera que su incorporación permitirá reforzar «la interlocución pública», la capacidad para las relaciones institucionales y «la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual».

Telefónica mejora la oferta. La operadora llegó ayer a la quinta reunión de la Comisión Negociadora del despido colectivo con una propuesta que avanza en línea con las peticiones de los sindicatos: menos afectados y mejores indemnizaciones. La compañía liderada por Marc Murtra pisa el acelerador y plantea ahora una disminución adicional de otro 5% que se suma al que propuso a finales de la semana pasada. En total, Telefónica ve viable reducir un 10% las salidas en tres de las siete sociedades afectadas por el ERE, lo que supondría el despido de unas 5.400 personas en lugar de las 6.100 que había pedido al inicio de las negociaciones. En detalle, Telefónica ha planteado una reducción de 676 personas afectadas por el ERE en las tres sociedades que no están dentro del convenio general: la matriz Telefónica SA, Telefónica Innovación Digital y Telefónica Global Solutions. Telefónica no tiene tiempo que perder si quiere cerrar el ERE antes de que termine el año para poder computarlo en las cuentas de 2025. Pero los sindicatos siguen sin doblegarse. En un comunicado, UGT insistió en que las propuestas «siguen siendo insuficientes» y exige a la empresa «un esfuerzo adicional». Aunque considera «positivo» el avance, UGT insiste en que la reducción debe ser «mucho mayor» porque un ERE sobre 5.400 personas «sigue siendo incompatible con la carga de trabajo real y pone en riesgo la salud laboral de las plantillas».

La patronal toma la delantera a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y le sorprende con una propuesta para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta un 1,5%, el mismo incremento que acaba de aprobar el Gobierno para los funcionarios el año que viene. De este modo, la renta más baja por un empleo a tiempo completo en España aumentaría 18 euros al mes y pasaría de los actuales 1.184 euros a 1.202 brutos al mes, en catorce pagas y, además, no exentos de tributación al IRPF. Así lo acordó ayer el comité ejecutivo de la CEOE en una reunión en la que se pactó por unanimidad situar el SMI en 16.824 euros brutos anuales, un incremento de 252 euros en 2026. Patronales tan relevantes como la vasca, la catalana, la valenciana, la de la metalurgia y la de la construcción apoyaron dar este paso. El alza acordado por la CEOE traspasa una de las líneas rojas del Gobierno: que en ningún caso la mejora del salario mínimo sea inferior al alza de los precios, que se sitúa ahora en el entorno del 3%. Así, con la propuesta de los empresarios, los trabajadores que cobran el sueldo mínimo perderían en 2026 poder adquisitivo, más si cabe al tener que tributar a Hacienda el año que viene, ya que su planteamiento es que empiecen a pagar en 2026 el IRPF, con lo que el neto se reduciría. Ver nota de CEOE aquí. 

Las empresas ya aportan un 25,9% del total de la recaudación del Estado con las cotizaciones sociales que pagan a la Seguridad Social por sus empleados, lo que deja a España en el tercer puesto de toda la OCDE con una contribución empresarial más alta, sólo por detrás de Estonia (32,6%) y República Checa (28%), según el informe Estadística de Ingresos 2025 presentado ayer por esa organización con datos de 2024. Nuestro país mantiene el mismo nivel de aportación empresarial por esta vía a la recaudación fiscal que en el año precedente, pero éste ha subido mucho en los últimos años según se desplegaban las medidas de la reforma de las pensiones del ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que cargaban en las compañías el coste del aumento del gasto para pagar las pensiones públicas. Así, desde 2015, España es el tercer país de la OCDE que más ha incrementado el peso de las cotizaciones sociales empresariales sobre la recaudación, en 1,7 puntos, sólo por detrás de Portugal y Corea del Sur; con lo que pasa de ser el sexto con la aportación más alta al tercero. Mientras tanto, la mayoría de países se ha centrado en los últimos diez años en incrementar la aportación vía cotizaciones de los trabajadores. En España, el peso de las cotizaciones de los trabajadores sobre el total de ingresos fiscales sólo ha crecido 0,2 puntos en la última década, hasta un total del 5,3%. En ese incremento influye, por ejemplo, la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se carga sobre todos los empleados para ir llenando progresivamente la llamada hucha de las pensiones.

Antes incluso de su llegada al poder en junio de 2018 gracias a la moción de censura contra Mariano Rajoy, el PSOE de Pedro Sánchez ya defendía su propósito de avanzar hacia la convergencia fiscal con Europa, una hoja de ruta que en la práctica suponía subidas de impuestos continuas y generalizadas para elevar el peso de los ingresos públicos sobre el PIB y una tarea a la que los sucesivos Gobiernos de coalición se han entregado con frenesí recaudador desde entonces. En la última década, la presión fiscal en España, magnitud que mide el peso de los ingresos tributarios sobre el PIB, se ha disparado en 3,2 puntos porcentuales, al pasar del 33,5% en 2015 al 36,7% en 2024, salto cuantitativo que se hizo más pronunciado a partir de 2018, con un alza de más de dos puntos de PIB a partir de 2020, hasta el 36,5%, que llegó para consolidarse, y que en 2021 escaló incluso al 37,4%, según datos actualizados ayer por la OCDE en su informe Estadísticas de Ingresos 2025. Aunque las cifras de esos años están condicionadas por el monumental descalabro económico de 2020 (el PIB se contrajo un 10,9%) y el posterior y menos intenso rebote de 2021 (+6,7%), lo que hizo más abultado el peso relativo de los ingresos públicos sobre el PIB, no alteran en esencia el rumbo de una trayectoria que en los últimos años ha sido claramente ascendente… y una de las más pronunciadas entre los países desarrollados. De hecho, si se echa la vista aún más atrás, hasta 2010, el incremento en España ha sido de 5,6 puntos de PIB, solo superado por países como Japón, Grecia o Eslovaquía, y en línea con economías como las de México, Polonia o Luxemburgo.

La debilidad parlamentaria del Gobierno vuelve a colarse en el Plan de Recuperación que da acceso a los fondos europeos. Tras semanas de intensas negociaciones con la Comisión, el Ejecutivo ha reordenado y simplificado los hitos y las reformas comprometidas en el documento, en un intento de priorizar la llegada de 25.000 millones de euros pendientes en ayudas directas, renunciando a buena parte de los fondos que debían llegar vía crédito. Los cambios pactados y aprobados ayer en Consejo de Ministros permitirán, a su vez, desligar parte de los hitos a su paso por el Congreso. Todo un alivio ante la compleja aritmética parlamentaria actual. El Ministerio de Economía ha conseguido, por ejemplo, sustituir su promesa para una ley del suelo –completamente paralizada en el Parlamento– por la reciente creación de la nueva empresa estatal de vivienda (Casa 47). Tampoco será necesario aprobar en tiempo la ley de defensa del cliente financiero que, en todo caso, se seguirá tramitando en paralelo a los compromisos con Bruselas. El ‘tira y afloja’ para redactar esta adenda al plan de recuperación no ha llegado, sin embargo, a una de las reformas más polémicas de todo el proyecto: la subida de la fiscalidad al diésel, cuya promesa se mantiene intacta en el documento. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dejó claro ayer que ese impuesto «sigue siendo parte de los hitos asociados al Plan de Recuperación». Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistió en que el Ejecutivo trabaja para que la medida salga adelante antes del 31 de enero, cuando vence el ‘plazo extra’ que Bruselas otorgó en su última revisión.

En plena recta final de la carrera por desbloquear las ayudas europeas, que culmina el próximo agosto, el Gobierno ha optado por cambiar las reglas del juego para eliminar las barreras que más le complicaban el cumplimiento de los objetivos pactados con Bruselas a cambio del dinero y por soltar todo el lastre posible. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva adenda al Plan de Recuperación que suaviza los compromisos pendientes para desbloquear los 25.000 millones de euros en fondos no reembolsables que restan por cobrar del programa Next Generation y por la que renuncia a 60.000 millones en créditos blandos. “La propia Comisión Europea el pasado junio solicitaba a los Estados miembros que revisáramos nuestros Planes para simplificarlos, para agilizar los procesos, de tal forma que fuéramos capaces de maximizar la llegada de fondos a nuestra economía, optimizando el uso del dinero”, recordó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al anunciar la adenda, explicando que lo mismo están haciendo otros 22 países. Hasta la fecha, detalló Cuerpo, España ha accedido a un total de 71.000 millones de euros del programa Next Generation, incluyendo 55.000 millones en trasferencias a fondo perdido y 16.000 en créditos blandos, que calcula han aportado 2,6 puntos de PIB a la economía española. Del lado de las ayudas no reembolsables, concretamente, el Gobierno ha desbloqueado 55.000 de los 79.854 millones de euros disponibles para España, y Cuerpo aseveró que la adenda está diseñada para garantizar que el país acceda a los 25.000 millones restantes con mayor facilidad. En paralelo, la adenda supone la renuncia oficial al 73% de los 83.154 millones de euros en préstamos comunitarios, evitando al país cumplir los hitos relacionados. España, que hasta ahora solo ha solicitado 16.000, solo aspira ya a alcanzar 22.800 millones, argumentando que estos créditos se diseñaron cuando la pandemia de Covid dificultaba el acceso a financiación, con un coste 70 puntos básicos superior para España del que podía lograr la Comisión Europea, pero que “esa brecha prácticamente ya se ha cerrado”. Esos recursos, dijo Cuerpo, “van a seguir disponibles pero como una red de seguridad nacional, no europea”.

Las plantas españolas de vehículos se están adaptando poco a poco a la fabricación de coches eléctricos, para lo que requieren una inversión conjunta de entre 14.000 y 15.000 millones de euros, según recoge el Plan España Auto 2030, desarrollado de forma conjunta entre el sector del automóvil y el Gobierno. De este total, unos 4.000 millones están cubiertos por la herramienta del Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC), que recoge medidas de impulso a la electrificación en la industria automovilística española. Sin embargo, será necesaria una inversión extra de entre 10.000 y 11.000 millones para completar la transformación de las plantas nacionales a la producción de eléctricos. Entre las posibilidades que tiene España, según explicó ayer el presidente de Anfac, Josep Maria Recasens, en un encuentro para desgranar el Plan España Auto 2030, se encuentra la opción de atraer nuevas inversiones de compañías chinas, como BYD, SAIC Motor o GWM, que buscan localizaciones en Europa para instalar nuevas plantas y esquivar aranceles al eléctrico chino. “Necesitamos atraer nuevas inversiones de fabricantes establecidos en España o de nuevos players que no están en el país, pero que por estrategia quieren venir a Europa y dar la posibilidad de que se establezcan en España y no en otros países de Europa”.

El sector del automóvil ve los brotes verdes para el año que viene. Después de un ejercicio de crecimiento en ventas, con una subida del 14,7% entre enero y noviembre (1,045 millones de unidades), la previsión es que el año que viene se alcance, por fin, el nivel de matriculaciones prepandemia. Según las previsiones de Faconauto, patronal que representa a los concesionarios en el ámbito nacional, las entregas escalarán el año que viene hasta una horquilla de entre 1,25 y 1,3 millones de coches vendidos, justo en los números con que se cerró el ejercicio de 2019. Los argumentos que explican esa subida son los incentivos a la demanda, tanto de las comunidades autónomas —varias pusieron en marcha en 2025 planes renove para favorecer la compra de coches de combustión nuevos y achatarrar vehículos viejos más contaminantes— como del Gobierno, que la semana pasada anunció 800 millones para ayudas a la compra, la mitad de ellos para la lista de espera del Moves y la otra para un nuevo plan de ayudas llamado Auto+, que promete ser más ágil y que se lanzará en 2026. Además, Faconauto considera claves otros factores como una “mayor confianza del consumidor, más renta disponible, una inflación moderada y tipos de interés más bajos”.

Ford ha decidido fiarle a Renault su oferta de vehículos eléctricos asequibles. Según informaron ambas empresas ayer, la estadounidense y la francesa han firmado una alianza para que Renault haga los coches eléctricos asequibles –entiéndase por debajo de los 25.000 euros sin contar ayudas públicas– de Ford en Europa. El acuerdo comenzará con el desarrollo de dos turismos eléctricos sobre la plataforma Ampere, la división de vehículos eléctricos y software de Renault, en la que se hacen coches como el R5, hasta ahora el modelo eléctrico de más éxito de la compañía del rombo. De esta forma, Ford encuentra una solución a su falta de oferta competitiva en el ámbito eléctrico a un precio razonable en Europa, donde lleva años reduciendo su presencia con caídas de producción notables en Almussafes (Valencia), Colonia (Alemania) y el cierre de la planta de Saarlouis (también en Alemania). A su vez, ambas empresas estudiarán la posibilidad de cooperar en el ámbito de los vehículos eléctricos comerciales. No sería la primera alianza de este tipo que firma Ford, quien hace años ya se había aliado a Volkswagen en el ámbito de los vehículos comerciales en la época de Herbert Diess –el anterior consejero delegado del grupo alemán–. En principio, este anuncio no afectaría a la planta de Almussafes, ya que los dos modelos eléctricos se harán en las instalaciones de Renault en el norte de Francia, en el complejo ElectriCity. Se prevé que el primero de los dos modelos llegue al mercado a principios de 2028. 

El Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital, que dirige Óscar López, está presionando a las operadoras de telecomunicaciones que han recibido ayudas públicas subsidiadas con fondos europeos para que las devuelvan de forma anticipada y voluntaria, según señalan fuentes conocedoras del proceso. El apremio del Ministerio de Transformación Digital se dirige a empresas como Telefónica, Avatel, Adamo o Lyntia, que han recibido en los últimos años subvenciones multimillonarias para despliegues de redes de telecos en zonas rurales. Se trata de los principales adjudicatarios de los programas UNICO Backhaul y UNICO Banda Ancha. El primero está destinado a dotar de conexiones de fibra óptica a las torres de telecomunicaciones situadas en zonas rurales para que éstas puedan acoger equipamiento de tecnología 5G sin que la conexión con la red troncal se convierta en un cuello de botella. El segundo plan, Banda Ancha, es por ahora el último programa de extensión de redes de fibra FTTH para su despliegue en poblaciones rurales. Los diferentes gobiernos españoles ya han destinado mucho dinero a planes similares, que se iniciaron en 2012, aunque es cierto que las cantidades se han incrementado notablemente a raíz de las llegada de los fondos Next Generation, que sustituyeron a los fondos FEDER.

Sostiene la resolución que no vale todo para desmentir un bulo –el del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez– y menos cometer un delito, aunque sea para desmontar una mentira.Esta condena por «unidad de acción» es la base de sentencia, cuyo fallo –adelantado el 20 de noviembre– castigó al procesado a dos años de inhabilitación y multa de 10.000 euros como culpable de la citada revelación de datos reservados por haber participado en las maniobras para airear informaciones confidenciales de la denuncia de la Fiscalía contra González Amador, empresario sanitario y comisionista. Para la mayoría de la Sala presidida por Andrés Martínez Arrieta no hay duda de que existe un «cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente» que «lleva necesariamente a afirmar» que, como hecho probado, «fue el acusado o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento» quien facilitó el ‘mail’ del abogado Carlos Neira, el letrado de González Amador, para su publicación en la Cadena Ser, el primer medio que informó sobre ese correo autoinculpatorio de la pareja de Ayuso, sin su literalidad, a primera hora de la noche del 13 de marzo de 2024.

La Unión Europea materializa su gran ejercicio de simplificación verde, un hachazo a la regulación ambiental que había construido durante años y que ahora le estorba en su nuevo propósito: cerrar la brecha de la competitividad respecto a Estados Unidos y China. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea llegaron ayer a un acuerdo para eximir aproximadamente al 90% de las empresas –tanto europeas como extranjeras– de la normativa de reportes de sostenibilidad a la que tenían que hacer frente y por las que se les exigía revelar sus impactos sociales y ambientales siguiendo los estándares de sostenibilidad de la UE, con auditorías exhaustivas para garantizar la credibilidad. También se reduce la carga de burocrática que exigía a las empresas abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente de su operativa, la de sus filiales y la de su cadena de suministro. Las instituciones ratifican con ello la propuesta legislativa que lanzó la Comisión Europea a finales de febrero en el primer gran paquete de simplificación de los seis que hay ahora mismo sobre la mesa. Se trata de una medida que ahorrará 4.500 millones de euros a las compañías europeas en burocracia y cumplimiento normativo, según las estimaciones del Ejecutivo comunitario. “Acojo con satisfacción el acuerdo político sobre el paquete de simplificación Ómnibus I. Con un ahorro de hasta 4.500 millones de euros, reducirá los costes administrativos, la burocracia y facilitará el cumplimiento de las normas de sostenibilidad”, aseguró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que indicó que “simplificamos la actividad empresarial en Europa manteniéndonos fieles a nuestros valores”.

La Comisión Europea sospecha que Google podría mantener prácticas anticompetitivas con su herramienta de inteligencia artificial (IA). Cree que la filial de Alphabet podría estar usando sin permiso el contenido que crean los medios de comunicación para entrenar su IA y ofrecer resultados a los usuarios. Ante esto ha abierto una investigación que anunció ayer: “La investigación examinará, en particular, si Google está distorsionando la competencia al imponer condiciones injustas a los editores y creadores de contenidos, o al concederse a sí misma un acceso privilegiado a dichos contenidos, lo que coloca en desventaja a los desarrolladores de modelos de IA rivales”. Es la segunda investigación en menos de una semana que Bruselas abre a una gran tecnológica estadounidense ante la posibilidad de que se estén rompiendo las normas europeas de los mercados. Hace unos días fue a Meta. A pesar de las presiones y amenazas de Estados Unidos contra la Unión Europea por las investigaciones y multas sobre las grandes tecnológicas norteamericanas, Bruselas sigue haciendo camino. La multa que impuso el viernes pasado a la red social por 120 millones provocó la salida en estampida de toda la Administración de Washington. “Es asquerosa”, declaró este mismo lunes el presidente de EE UU, Donald Trump. 

Donald Trump eleva todavía más, si es posible, el tono contra Europa y contra los líderes europeos. El presidente de Estados Unidos les califica de «débiles», asegura que «no saben qué hacer» y añade que lo único que pretenden es ser «políticamente correctos». En una entrevista concedida a Politico, el máximo responsable estadounidense incide además en que Europa está «en decadencia». Este es un punto que su Administración ya había señalado en la Estrategia de Seguridad Nacional que publicó el pasado viernes. Pero ahora es el propio Trump en primera persona quien lo afirma. No a través de miembros de su Gobierno, no lanzando mensajes a través de las redes sociales. Él mismo. El magnate critica en sus declaraciones la actuación de los líderes europeos ante la inmigración, y cita directamente los casos de París y Londres. «Sale elegido porque ha llegado tanta gente que ahora votan por él», asegura sobre Sadiq Khan, alcalde de Londres que pertenece al Partido Laborista y tiene ascendencia pakistaní. Este caso podría equipararse o, al menos, tiene similitudes con el de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Trump habla asimismo de la falta de capacidad para poner fin a la guerra de Ucrania, conflicto que él mismo dijo que llegaría a su fin cuando llegase a la Casa Blanca pero que, casi un año después de ese hecho, sigue activo. Pero, una vez más, el presidente de EEUU subraya que los europeos «hablan, pero no producen, y la guerra simplemente sigue y sigue».

El premio Nobel de la Paz que hoy recibe María Corina Machado pone a Venezuela en el foco de la atención mundial y da aliento a los opositores al régimen de Nicolás Maduro. El galardón distingue una trayectoria de más de dos décadas de lucha contra la represión, la de una líder política que vive en la clandestinidad por alzar la voz en un país donde hacerlo se ha convertido en un crimen. Las dudas sobre si Machado podrá aterrizar en Noruega para recibir el premio persistían ayer. Una mezcla de enorme expectativa, emoción y cierta dosis de incredulidad se ha apoderado de la gélida Oslo en las últimas horas. Isabel busca refugio del frío mientras camina orgullosa por las calles de la capital noruega con la bandera de Venezuela a cuestas. Acaba de llegar desde Estocolmo para ser testigo de lo que considera que será un momento histórico para su país: la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado. “Me siento como si lo hubiera ganado yo”, dice emocionada la mujer de 54 años, que pide que se omita su apellido por temor a represalias contra sus familiares que permanecen en territorio venezolano. “Este premio me devolvió la esperanza de que la situación puede mejorar, de que seremos libres otra vez”, agrega Josefina, de 46, que hizo el viaje con ella desde Suecia, mientras ambas cuentan los minutos para que se celebre hoy la ceremonia oficial.