20251227

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La Fundación Kutxa rechazó entrar en el consorcio vasco –formado por Kutxabank, BBK, el Gobierno vasco y por la tecnológica Teknei— para adquirir la división de ‘IT’ de Ayesa, por 450 millones de euros. Lo hizo después de que su cuerpo técnico concluyera en un informe que el trinomio «negocio-riesgo-retorno no justifica la inversión» y tras cuestionar la capacidad de Teknei para gestionar Ayesa. Las conclusiones de ese informe, a las que ha tenido acceso este periódico, advierten sobre la presencia de un «socio industrial sin experiencia contrastada en la gestión de empresas de esta magnitud». El documento recoge que la falta de experiencia previa en la gestión de grupos de gran escala incrementa la «incertidumbre» sobre la capacidad de ejecución del plan industrial y financiero asociado a la adquisición, especialmente en una operación sustentada en un «alto nivel de apalancamiento (deuda)» y en «hipótesis de crecimiento exigentes». El núcleo de las conclusiones del informe sobre Ayesa cuestiona también aspectos de la empresa especialmente en dos planos: el diagnóstico del negocio y los riesgos de la transacción. En el primero, los técnicos advierten de que la actividad de Ayesa no presenta un «modelo no diferencial» en un sector con competencia elevada, una «concentración relevante de ingresos por clientes y sectores», y una «alta sensibilidad del margen a los costes de personal». Además apunta a una excesiva dependencia del «crecimiento inorgánico» –compra de otras empresas– para mantener el crecimiento.

El territorio más industrializado de España se prepara para una revolución en las conexiones de sus fábricas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado ya el borrador del plan con el que quiere renovar la red eléctrica de aquí a 2030. El documento de actuaciones que plantea Madrid  confirma lo pactado entre los Ejecutivos central y vasco: habrá intervenciones en 24 subestaciones –los ‘enchufes’ de los que las empresas absorben energía y donde las renovables inyectan kilovatios al sistema– de Euskadi para incrementar en un 40% la potencia de la red vasca. El detalle de las intervenciones, cuyo plazo de alegaciones ha concluido, plantea una serie de inversiones concentradas, fundamentalmente en Álava. El territorio, por ejemplo, acogerá dos de los cuatro nuevos enchufes que plantea el Ministerio para la comunidad autónoma en Barrundia y en Gojain. Pero la cuestión no quedará ahí: habrá refuerzos en enclaves como la conexión de Mercedes, la subestación de Vitoria y pulmones industriales de la capital como Ali, Gamarra o Júndiz. El Ministerio contempla una inversión global de 13.600 millones para toda España. Sin embargo, la cifra en Euskadi todavía no se ha concretado. Hay dos capítulos dedicados específicamente a actuaciones en la comunidad autónoma que, juntos, sumarían un montante de algo más de 150 millones. Pero hay muchas más fuera de estos dos epígrafes, por lo que la inversión final será muy superior a esa cifra.

La competencia para captar inversiones en la red no es exclusiva de Euskadi. Miranda de Ebro, que ha emergido en los últimos años como un competidor de Álava para atraer a empresas industriales, también tiene un problema con sus enchufes. Tanto es así que el Consistorio, la Diputación burgalesa y la Junta de Castilla y León han hecho frente común con esta causa desde septiembre. Por el momento, lo cierto es que la planificación del Ministerio sólo contempla una ampliación de la subestación de Miranda, pero para encajar a las renovables. Además, se plantea reforzar las líneas existentes entre las subestaciones de Santa María de Garoña, Puentelarrá y polígono de Bayas a 200 kilovoltios. Sin embargo, la propuesta no satisface al municipio vecino a Álava. Y es que hay al menos cuatro empresas electrointensivas que quieren instalarse en suelo burgalés y no pueden hacerlo por la saturación de los enchufes. Generarían hasta 600 puestos de trabajo, según las estimaciones del Ayuntamiento. Para pelear por esas inversiones, la alcaldesa de Miranda Aitana Hernando, el concejal de Promoción Económica Miguel Ángel Adrián y el gerente de la oficina municipal para captar inversiones, Roberto Martínez de Salinas, se reunieron hace unos días con Joan Groizard, el secretario de Estado de Energía. ¿Qué pretende arrancar Miranda de Madrid? Que el ‘enchufe’ de Puentelarrá se conecte a la muy alta tensión de 400 kilovatios para poder dar energía a esos grandes consumidores industriales que buscan hueco en los polígonos vecinos: Bayas e Ircio, fundamentalmente.

Artículo de Ramón López, CEO Grupo ASE. "La falta de capacidad en las redes no es solo un problema técnico, también es un obstáculo para la inversión, la competitividad y el crecimiento industrial. En demasiadas zonas eléctricas ya no se puede contratar más potencia, ni conectar nuevas instalaciones, ni ampliar las existentes. Cada día que pasa supone retrasos de proyectos industriales, pérdida de competitividad e imposibilidad de cumplir las obligatorias agendas de descarbonización. El sistema eléctrico, en su configuración actual, no premia suficientemente la eficiencia ni castiga adecuadamente la ineficiencia. Las tarifas de acceso, los peajes y cargos, así como la regulación aplicable a los monopolios en la actividad de redes, no responden al interés general. No hay una única solución, pero aquí se sugieren dos líneas de actuación complementarias que podrían ayudar a recuperar competitividad...Tarifas con señales reales de coste y uso: ...¿Y si introdujéramos un coeficiente de utilización de la potencia contratada, de modo que si usas la red de forma eficiente pagas menos y si la infrautilizas, más? Da igual gran o pequeño consumidor. La medida liberaría capacidad, mejoraría la equidad y reduciría el término fijo de la factura a quien optimice su potencia contratada...Redes privadas multiusuario o agrupación de consumidores (REPM): es curioso que están permitidas para productores/generadores y prohibidas para consumidores. Suponen capacidad nueva sin gasto a través de las tarifas. Si se permiten, aliviarían buena parte del déficit de red...Cada día que pasa afecta al cumplimiento de las agendas de descarbonización industria ante terceros porque reducen la incertidumbre en materia de suministro. En última instancia, estas redes permitirían a la industria seguir creciendo, aunque el marco retributivo de las compañías eléctricas no fuera suficientemente atractivo. Funcionarían como una garantía ante la falta de incentivos regulados e impedirían, al menos parcialmente, el bloqueo del desarrollo industrial y la transición energética. En definitiva, sin una rentabilidad razonable para las inversiones de las actividades reguladas y sin libertad para desplegar inversión privada complementaria, se pone en riesgo la continuidad de la industria y el proceso de transición energética..."

No son buenos tiempos para el sector vitivinícola alavés, inmerso en una de sus peores crisis en décadas. Este año ha sido especialmente adverso para Rioja Alavesa, ya que la cosecha ha sufrido el paso del mildiu, el pedrisco y el calor, lo que ha acentuado la caída de la producción. De hecho, los productores han calificado esta campaña como una de las más difíciles y cortas de los últimos años. La situación ha llevado al Gobierno vasco a inyectar 3,5 millones en ayudas extraordinarias para «aliviar las dificultades que atraviesan las explotaciones y garantizar su viabilidad en un contexto especialmente complejo». Así lo admitió Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, quien anunció unas subvenciones de hasta 20.000 euros por explotación, que se concederán sin solicitud previa y por rendimiento medio por hectárea. Las ayudas tratan de aliviar a un sector que sufre, más que una coyuntura adversa, una crisis estructural. Tan solo hace falta reparar en los datos que ha enviado este mes el Gobierno vasco al Parlamento a petición del grupo de Bildu y que revelan la significativa caída del número de establecimientos que tienen como actividad principal la elaboración de vino. Si en 2005 estos llegaban a los 477, en 2024 son 292. Es decir, en las últimas dos décadas, la cifra se ha reducido en un 38,8%. Respecto a 2023 la caída fue de diez bodegas, un 3,3%. Destaca la situación de municipios como Lapuebla de Labarca, que ha pasado de tener 70 bodegas en 2005 a las 33 actuales. Desde la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), que representan a explotaciones familiares pequeñas y medianas, destacan que la situación convierte en «preocupante» la falta de relevo, dado el «desinterés de los jóvenes en continuar con la viticultura, optando por oportunidades en otros sectores».

Tras semanas de incertidumbre y con la negociación apurando hasta el final, Astilleros Balenciaga ha logrado mantener su rumbo. El histórico astillero de Zumaia ha cerrado definitivamente su venta al consorcio árabe liderado por Abu Dhabi Ports tras la firma del acuerdo final entre los compradores y el comité de empresa, según confirman a DV fuentes conocedoras del proceso. Después de intensas negociaciones y de un proceso concursal que mantuvo en vilo a la plantilla y a la comarca, ambas partes estamparon esta semana su rúbrica, dando por concluido el último trámite pendiente para garantizar la continuidad de la actividad. Con la firma del acuerdo, la nueva sociedad Balenciaga Shipyard, SL, inicia oficialmente su andadura. El cierre definitivo llega días después de que la plantilla aprobara en asamblea el marco laboral que desbloqueó la operación, que incluye una rebaja salarial del 5% y una congelación de sueldos durante tres años. Ese 5% se podría recuperar a través de variables ligadas a la productividad, según los medios consultados. Hay que recordar que el acuerdo de compraventa entre los anteriores propietarios y el consorcio árabe mantenía el salario, superior en un 25% al convenio del Metal de Gipuzkoa, uno de los más altos del territorio, aunque vinculaba un 25% de ese sueldo a variables. Finalmente se queda en un 5% tras la presión del comité, conformado por CC OO, LAB y UGT, que pedían a los compradores respetar el contenido inicial. El consorcio emiratí rebajó también sus pretensiones. Abu Dhabi Ports se hace cargo, como había anunciado, de 7,1 millones de la deuda.

El Gobierno vasco mantiene sus previsiones de crecimiento económico para el año que viene, cifradas en un 1,9%, el mismo porcentaje expresado a finales del mes de septiembre. En todo caso, el Ejecutivo estima que la industria se va a recuperar con fuerza en 2026, toda vez que en la actualización emitida baraja pasar del 0,3% de subida con el que cerrará este año a 1% del próximo. Además, prevé la creación de 11.000 puestos de trabajo, lo que supondría un volumen de 3.000 menos que la cifra total esperada para 2025, pero considera que la tasa de desempleo caerá hasta el 6,4%. En un comunicado, el Departamento de Economía destaca que Euskadi “va a seguir creciendo de forma sólida”, con el consumo privado, la demanda interna y la consolidación del mercado de trabajo como argumentos centrales de esa senda.

El gasto turístico de Euskadi alcanzó en 2024 los 6.665 millones de euros, un 8,6 % más que el año anterior, lo que implica que mantiene la tendencia al alza, pero de una forma mucho más moderada que en los años posteriores a la pandemia de la covid-19. Tras el parón de la covid, el gasto creció un 49,3 % en 2022 y un 29 % en 2023, año en el que ya se superaron los datos de 2019, antes de la pandemia, según los datos publicados este viernes por el Eustat. En cuanto al peso en el PIB de cada territorio, en Gipuzkoa el gasto turístico supuso el 8,7 % en 2024 -tres décimas más que en 2023-, en Álava el 5,8 % -dos décimas más- y en Bizkaia se situó en el 5,8 % -una décima por encima que en el año anterior-. 

El salario medio de estos graduados, que acaparan dos de cada tres ofertas laborales para universitarios, llega a 73.000 euros. A lo largo de los años se da una progresión de manera que tras dos décadas de antigüedad los ingenieros del territorio perciben más de 90.000 euros, según el estudio del colegio alavés. Aunque suele implicar una mayor responsabilidad dentro de sus compañías. Y es que entre los trabajadores encuestados por la organización, un 31% ocupa puestos directivos en sus empresas. Y aunque uno de cada diez ingenieros del territorio trabaja por su propia cuenta, sus emolumentos tampoco son pequeños: superarán los 100.000 euros anuales. Sin embargo, la realidad es que los ingenieros siguen siendo el gran ‘debe’ de la economía alavesa. Dos tercios de las nuevas contrataciones que quieren hacer las empresas de graduados universitarios están pensadas para ellos, según la iniciativa EmpleoAraba. Y ante tanta demanda, no se cubren los puestos. En Euskadi, un 9% de las vacantes están en el sector de la ingeniería según un estudio de Infojobs y Esade. ¿Por qué las buenas condiciones no dan para que la gente se lance a estudiar ingeniería? «Hay varios factores, pero uno de ellos es que es una carrera estereotipada, parece que sólo la pueden hacer genios», responde Kristina Apiñaniz, la decana del Colegio de Ingenieros Industriales de Álava. «Es un sector muy vinculado a la industria y aún se percibe como un sitio incómodo. Hay mucho desconocimiento de lo que es la industria», agrega.

El Gobierno vasco acometerá en enero el pago de los atrasos de 2025 a los empleados públicos, fruto de la subida salarial del 2,5%. La medida se saldará en un impacto presupuestario de 150 millones de euros para cubrir el alza de las 90.000 personas empleadas que dependen del Ejecutivo autonómico. De esta forma se ajusta al decreto-ley aprobado el 11 de diciembre, que establece una subida acumulada del 11% en las retribuciones del personal laboral entre este año y el 2028. «Aunque el pago de los atrasos se efectuará en enero, la consolidación definitiva de este incremento en las tablas salariales y el incremento respecto al 2026 dependerá de la recepción formal de las tablas actualizadas por parte del Ministerio de Función Pública», recordaron en el Gobierno vasco, que el lunes ya alertó de esta necesidad a los sindicatos. Según detallaron, ya han iniciado las gestiones para agilizar el proceso «con el objetivo de que la actualización retributiva pueda ser efectiva y reflejada con normalidad en las nóminas a partir del inicio del nuevo ejercicio». Además del incremento del 2,5% fijado para este año, el marco acordado contempla una subida adicional del 2% para 2026 (un 1,5% fijo más el 0,5% variable que podría retrasarse al 2027 si el IPC no alcanza el 1,5), del 4,5% para 2027 y del 2% en 2028, culminando un incremento final del 11% al final del periodo, y al que hay que sumar un 0,4% por el efecto arrastre de las subidas.

El gasto de las pensiones del País Vasco se acerca en diciembre a los 955 millones de euros (alcanza los 954.643.752), un 5% más que hace un año cuando su coste apenas superaba los 908. Este mes se han repartido 588.024 prestaciones contributivas, 5.674 más que en el cierre del ejercicio pasado, fruto del incremento de los jubilados que alcanzan ya las 393.786 personas, 4.400 más que hace doce meses. El pago que reciben mensualmente los trabajadores retirados supone en Euskadi algo más de tres cuartas partes de estas compensaciones (el 76%), con una retribución media que alcanza los 1.842 euros (casi un 4% más que el año pasado). La jubilación media de los vascos se mantiene como la más alta de España, seguida por Asturias (1.779), Madrid (1.734) y Navarra (1.649). Como ya confirmó el INE a comienzos de mes tras fijarse el IPC de noviembre, las pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 un 2,7% con carácter general, lo que se traducirá en un cobro adicional de unos 696 euros anuales medios para los jubilados vascos (cada mes recibirán 50 euros más para mantener el poder adquisitivo). En el caso de todas las pensiones contributivas, el crecimiento rozará de media los 44 euros cada mes (llegando a superar los ingresos medios los 1.667), con lo que si se mantiene el ritmo de crecimiento actual en la cifra de beneficiarios el gasto mensual rozará los 990 millones.

En total, 209.000 millones de euros que son equivalentes a lo que produce en un año el sector turístico, la mayor industria de la economía española. El turismo, que integra desde hostelería y transportes hasta hoteles, vivió el año pasado un ejercicio récord con la llegada de 94 millones de visitantes. Gracias a una recuperación explosiva desde la crisis del Covid (emplea al 12,6% de los trabajadores y representa el 13% del PIB), ha sido en estos años el principal motor de la economía española, con una aportación en 2024 de 207.763 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,5% frente al año anterior, según datos que recogen la patronal de las mayor empresas del sector, Exceltur. Con este músculo y a punto de romper una marca histórica de 100 millones de visitantes que ya ha abierto el debate sobre la masificación y efectos negativos en infraestructuras sociales como la vivienda, lo cierto es que el sorpasso del mayor gasto presupuestario español sobre la mayor fuente de ingresos de su economía es ya un hecho. No se espera que el turismo mantenga el ritmo de crecimiento el año que viene y, sin embargo, el gasto en pensiones crecerá más de un 5% en 2026, según estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). De hecho, la brecha continuará abriéndose en el futuro para un sistema que presenta una gran desigualdad entre prestaciones máximas y mínimas. 

 La historia se repite. El Gobierno ha vuelto a empujar, como quien con disimulo mueve la linde para ganar terreno al vecino, la fecha comprometida para aprobar el primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado de la legislatura. En esta ocasión se concede otra tregua extra de mes y medio. Primero dejó pasar el 30 de septiembre, el plazo máximo que fija la Constitución. Reconoció después que no los tendría listos antes de que acabara el año, como prometió Pedro Sánchez en una entrevista en octubre. Y tanto la ministra de Hacienda como la nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Sáiz, ya admiten que la fecha apuntada por María Jesús Montero el pasado 18 de noviembre ha quedado igualmente obsoleta. La vicepresidenta primera fijó en aquel momento para mediados de febrero la presentación de un proyecto que tendrá un techo de gasto récord de 216.177 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior. Ahora, el Ejecutivo se mueve en una horquilla más amplia y más ambigua: el primer trimestre de 2026. Y no hay que olvidar que Montero tendrá que abandonar el Gobierno aproximadamente a mediados de abril o principios de mayo, si el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, convoca para junio las elecciones a las que se presenta como candidata socialista. 

Sánchez firmó hace dos años con el PNV el compromiso de cerrar el traspaso a Euskadi de todas las competencias pendientes a finales de 2025, pero el ejercicio va a acabar sin ni siquiera acordar las transferencias en cinco asuntos comprometidas desde hace meses. El desacuerdo entre ambas partes ha obligado a última hora a aplazar al 16 de enero la Comisión Mixta de Transferencias prevista para este lunes. Los jeltzales han reiterado siempre que su apoyo a Sánchez se basa en el «cumplimiento de lo acordado». Euskadi no sólo llegará al final de 2025 sin todas las competencias pendientes traspasadas –un compromiso que Pedro Sánchez firmó con el PNV hace dos años y que quedará incumplido en cuestión de cuatro días–, sino que ni siquiera podrá cerrar el ejercicio con cinco nuevas materias que se daban por descontadas desde hace meses. En una situación inédita y que no hace más que alimentar el malestar de Sabin Etxea hacia el Ejecutivo central, el desacuerdo entre administraciones ha obligado a última hora a aplazar la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, fechada para este próximo lunes. El 16 de enero, dentro de tres semanas, es el nuevo horizonte que se han marcado ahora los gobiernos vasco y central para suscribir de manera definitiva media decena de carpetas: las prestaciones de desempleo, las no contributivas, el seguro escolar, Salvamento Marítimo y el Centro Nacional de Verificación de la Maquinaria de Barakaldo. Cinco competencias que quedaron comprometidas, al menos en términos políticos, entre junio y septiembre, pero que se han encontrado con diferencias aparentemente insalvables a la hora de cerrar los flecos técnicos cuando ya había fecha fijada para la firma y el plazo apremiaba.

La guerra por captar clientes a través de comercializar hipotecas baratas ha llegado a su fin. Los grandes bancos nacionales han decidido ya empezar a subir el precio de sus hipotecas tras un 2025 en el que se ha crecido a tasas de doble dígito ante el boom del mercado inmobiliario y se espera que el alza de los precios continúe en 2026, a pesar de que alguna entidad más regional pueda mantener la batalla abierta los próximos trimestres para seguir creciendo en este ramo. La realidad es que todo apunta a que las hipotecas serán más caras en 2026, en una tendencia que arrastrará de los últimos meses. ¿Las razones? Son varias: un Euribor más alto, una demanda que no para de crecer, una banca que ha bajado la persiana de las ofertas porque le sobran peticiones, y un precio que sube tanto y tan rápido que hace que quien compra cada vez necesite endeudarse más y esto sube también el tipo. El dato menos subjetivo es el del Euribor –índice que se utiliza como referencia para los préstamos hipotecarios– acumula una subida continuada de cinco meses desde que hizo mínimos el pasado julio, aunque nunca llegó a caer de la cota del 2%. Este mes de diciembre va camino de cerrar en cotas del 2,27%, su nivel más elevado desde marzo.

Salvo sorpresa mayúscula de muy última hora, el euribor a 12 meses encadenará al cierre de este mes de diciembre la quinta subida mensual consecutiva. Hay que remontarse hasta julio de 2023 para encontrar una serie de avances consecutivos superior. El índice hipotecario del que depende el coste de alrededor de cuatro millones de hipotecas a tipo variable y el precio de la nueva producción se sitúa ya en el 2,27% en media mensual, claramente por encima ya de los mínimos de 2025 de julio, cuando cerró en el 2,07%. La subida no es demasiado pronunciada, pero sí muy constante. Suficiente para certificar el nuevo ciclo del euribor, que ha destrozado totalmente las previsiones que los analistas trazaron cuando empezó 2025: entonces esperaban que el índice bajara hasta niveles entre el 2% y el 1,5%. Ahora, las quinielas de los expertos pasan por un año de estabilidad en el euribor que, según la mayoría de las firmas, ya habría recogido en sus últimas subidas el nuevo escenario de tipos de interés en la zona euro. La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo el precio del dinero en el 2%.

Las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo (como el propano y el butano) deberán aportar 1.871 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (el denominado FNEE) en 2026. Esta cantidad representa casi un 83% más con respecto a los 1.023 millones de euros de 2025. El FNEE se creó en España en 2014 para cumplir con los objetivos europeos de ahorro energético. A las empresas que por alguna razón tienen emisiones contaminantes se les asigna una cuota de reparto, a modo de derrama en función de sus ventas. Esas cuantías pueden ser aminoradas si demuestran la compra de certificados verdes. En la práctica, cada año es un golpe fiscal a cientos de empresas, pero sobre todo a las cinco grandes: Repsol, Endesa, Moeve, Iberdrola y Naturgy. Repsol y Moeve por ser petroleras, y Endesa, Iberdrola y Naturgy por operar centrales de gas. En la derrama para este año, prácticamente se ha repetido el guión, pero con partidas mayores. Repsol, con más de 440 millones de euros, será la mayor contribuyente, seguida de Endesa, con unos 223 millones de euros; Moeve, con unos 220 millones de euros; Iberdrola, con más de 163 millones de euros; y Naturgy, con más de 161 millones de euros. En total, las cinco grandes suman unos mil millones.

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional y que contaba con una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en 2024, según informó el organismo en un comunicado el viernes. La Operación Pamplinas Stars, como fue bautizada, ha contado con la participación de 160 funcionarios del organismo dependiente de Hacienda y ha logrado incautar 42 inmuebles, 82 vehículos, dos embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un gran volumen de efectivo, dos obras de arte y 64 relojes, bolsos y artículo de lujo, así como 180 kilos de oro, plata y otros metales de alto valor. Se trata, según la Agencia Tributaria, de “una de las dos mayores tramas de hidrocarburos desarticuladas hasta la fecha”. Además, fueron detenidas cinco personas en 18 registros, que se han realizado en 12 localidades de siete provincias distintas. A los arrestados se les considera responsables de organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya está en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La entrada gradual de 400 trenes de Cercanías, Media Distancia y Ancho Métrico en la flota de Renfe, a partir de mediados de 2026, alimenta la esperanza de la operadora de poder recuperar la fiabilidad de los servicios más utilizados por los viajeros, Cercanías y Rodalies. Pero la pública precisa tapar antes un agujero en el coste de ese material, unos sobrecostes millonarios que la enfrentan desde hace más de tres años con los proveedores Alstom, Stadler y CAF. Los fabricantes demandaron un reequilibrio de los contratos ante el mayor coste de producción durante la crisis de inflación. A pesar de que la batería de adjudicaciones entre 2020 y 2022, por unos 4.500 millones excluido el mantenimiento (436 trenes, 50 locomotoras y la remodelación de otras 57 unidades), no contempló la fórmula de revisión de precios, el Estado se comprometió a cubrir esos sobrecostes con la modificación de la Ley del Sector Ferroviario (Ley 26/2022). Algunas fuentes los estiman en 300 millones y la ingeniería pública Ineco se ocupó de establecer una fórmula para calcularlos, pero el dinero no ha llegado a las compañías. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado en una entrevista concedida a este periódico que la solución va a llegar antes de la recepción del primer tren. 

Telefónica, Masorange y Vodafone España pretenden lograr mejoras en el proceso de tramitación del real decreto de resiliencia de las redes presentado por el Gobierno a raíz de la caída de las redes móviles por el apagón del 28 de abril y que está abierto a alegaciones hasta el 8 de enero. Este real decreto, cuyo borrador se difundió el 2 de diciembre, supuso un enorme contratiempo para las operadoras, que vieron cómo los objetivos maximalistas del Gobierno amenazan con costarles cientos de millones de euros en inversiones adicionales. La principal obligación que emana del borrador es que las operadoras desplieguen en sus redes móviles baterías o generadores que permitan mantener la actividad de los emplazamientos radioeléctricos durante cuatro horas para el 85% de la población. Para garantizar la operatividad en caso de apagón eléctrico, es necesario equipar los emplazamientos de telefonía móvil con baterías eléctricas (caras y pesadas, y que hay que reemplazar periódicamente, por lo que su instalación eleva el capex y el opex a largo plazo) o con generadores de gasóleo.

Europa debe defender su sistema regulatorio con mayor firmeza para seguir siendo competitiva a nivel mundial, declaró la comisaria de Competencia de la Unión Europea en un llamamiento a resistir a la presión de Donald Trump y de los que abogan por el cambio en el bloque. En declaraciones a Financial Times, Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea, manifestó que la UE estaba destinada a perder la “carrera a la baja”, al tiempo que defendió una estricta supervisión de la economía europea por parte de Bruselas. Sus declaraciones, como la principal socialista en el brazo ejecutivo de la UE, coinciden con el intento de los líderes de centroderecha del bloque de tranquilizar tanto a Washington como a los ejecutivos de las industrias europeas con una drástica eliminación de las regulaciones comunitarias. “No es casualidad que la agenda verde y digital estén amenazadas. Son los principales motores de la competitividad”, declaró la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión a Financial Times. Ribera afirmó que la UE debe respaldar su normativa digital y sus estándares medioambientales, a la vez que profundizar en el mercado único para garantizar que el bloque de los Veintisiete siga siendo competitiva en la carrera económica global. En cuanto a la administración de EEUU, Ribera afirmó que la UE debe escuchar, pero nunca ceder, a las demandas de Washington de eliminar las leyes sobre cadenas de suministro sostenibles, deforestación y regulación de las redes sociales. La Administración Trump ha amenazado con aranceles y sanciones a las empresas europeas si no se cumplen sus peticiones.

La urbe de 30 millones de personas donde nació el Partido Comunista representa el poder actual de la potencia asiática, la «punta de lanza» de Xi Jinping, la fusión cuidada de tradición y desarrollo desenfrenado. Xintiandi funciona como una burbuja dentro de la propia burbuja que Shanghai representa dentro de China. No hay tráfico caótico, vendedores ambulantes ni desorden visual. Este animado barrio encajado en el corazón del motor económico del gigante asiático juega con el equilibrio entre memoria, poder y modernidad. Hasta hace cuatro años también daba nombre a una parada de metro rodeada de restaurantes occidentales de lujo, boutiques y coctelerías minimalistas. La estación fue rebautizada como Sede del Primer Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. El epicentro visual de Xintiandi son las casas shikumen, tipología residencial tradicional con fachadas de piedra gris, patios estrechos y marcos de madera. En una de estas viviendas, un grupo de 13 hombres que se describían como intelectuales revolucionarios autodidactas, celebraron una reunión clandestina en 1921 para darle forma a un nuevo partido que adoptara el marxismo-leninismo como base ideológica. Aspiraban a expandirse dentro de una joven república muy débil y fragmentada, con las potencias extranjeras controlando concesiones enteras en muchas ciudades, entre ellas en Shanghai. No es el centro político –ese sigue estando en Pekín–, sino su vitrina más refinada, una que ha fusionado su historia colonial y su memoria revolucionaria con el desarrollismo desenfrenado. Sus rascacielos, a diferencia de otras gigantescas urbes del país, no compiten por excentricidad, sino por altura disciplinada; su infraestructura, además de seducir a la vista, también funciona, incluyendo la integración de la tecnología en el día a día. Todo esto en un lugar donde viven casi 30 millones de personas.

Las diez claves del milagro de Shanghai, también conocida como la Reina de Oriente, el París chino y el Eldorado del Lejano Oriente, son el turismo, la biotecnología, el sector inmobiliario, el automovilístico, el transporte, las finanzas, la informática, las manufacturas, el comercio y los servicios, sobre todo éste último, que produce más de dos billones de dólares anuales, casi tres veces más que los otros nueve sectores juntos. El turismo aporta a la economía local cada año unos 18.000 millones de dólares, gracias, sobre todo, a los millones de chinos y de extranjeros que visitan el Bund o gran paseo de rascacielos futuristas, corazón financiero de la ciudad y sede de más de mil multinacionales. La biotecnología y la medicina proporcionan a Shanghai, con 24 millones de habitantes la ciudad más poblada de China, ingresos anuales de unos 23.000 millones de dólares, el sector inmobiliario unos 40.000 millones y el automovilístico más de 50.000 millones. La megafábrica de Tesla en la ciudad produce ya más de un millón de vehículos por año y SAIC Motor es el primer fabricante de vehículos de China, donde se produce uno de cada tres coches del mundo. El transporte y la logística aportan cada año a Shanghai, con el puerto con más movimiento de contenedores marítimos del planeta, unos 60.000 millones de dólares y la convierten en centro decisivo de las cadenas de suministro global de mercancías. Unos 80.000 millones de dólares, aproximadamente, aporta el sector financiero de Shanghai, cuya bolsa compite con las principales de Japón y de Occidente, y sigue creciendo casi un 9% a pesar de la ralentización del PIB chino, que se ha ido reduciendo de dos dígitos al 5 % en 2025 según cifras oficiales...