20260306

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

La industria manufacturera española ha unido sus fuerzas para mostrar su «especial preocupación» por el absentismo laboral, un fenómeno que ya supone un coste de 3.178 millones de euros al año para el sector y que está restándole competitividad frente a otros países. «El incremento del absentismo laboral se ha convertido en un elemento de especial preocupación para la industria, dado su efecto directo sobre la productividad, la organización interna y la capacidad operativa de las empresas», lamentó ayer la Alianza por la competitividad de la industria española, integrada por las principales patronales industriales: de la automoción y sus componentes, combustible, papel, química y farmacia, alimentación y bebidas, cemento, materias primas minerales y siderurgia. Este grupo, que representa a un 60% del Producto Interior Bruto (PIB), subraya que las ausencias prolongadas o repetidas están tensionando el funcionamiento diario de numerosos centros productivos y comprometiendo la capacidad de las empresas para afrontar picos de actividad, garantizar plazos y mantener su competitividad. «En un escenario global exigente, donde la industria española compite con mercados altamente eficientes, la Alianza considera imprescindible abordar esta situación desde una perspectiva estructural y compartida», señalan. Según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), el coste de las bajas médicas en el sector industrial ascendió en 2025 a 3.178 millones de euros, incluyendo el coste directo para las empresas y el importe de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a cargo de las mutuas, lo que supone un 13,22% más que en 2024 y un 103,10% más respecto al ejercicio 2021. El incremento en los últimos cuatro años ha sido superior en el segmento industrial que en el conjunto de la economía, donde el coste de las bajas ha crecido un 81,6%, según AMAT.

El Parlamento Vasco rechazó ayer una iniciativa presentada por EH Bildu que instaba a la patronal Confebask a negociar con los sindicatos un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) adaptado a la realidad socioeconómica de Euskadi. La propuesta no salió adelante en el pleno de la Cámara, lo que provocó críticas desde el sindicato ELA. El responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, lamentó tras la votación que el Parlamento «ha perdido una gran oportunidad» para contribuir a «superar el veto» de Confebask a abrir una negociación sobre un salario mínimo propio. El dirigente sindical defendió que un SMI vasco permitiría adecuar los salarios mínimos al coste de la vida y a la estructura económica del territorio. Según Igeregi, la patronal se opone a esta negociación porque «quiere garantizar la tasa de ganancia extraordinaria que tiene por el salario mínimo tan bajo que tenemos aquí». En este sentido, consideró que la negativa del Parlamento a respaldar la iniciativa supone renunciar a la mejora de las condiciones laborales. El representante de ELA también criticó la posición del PNV, al considerar «impresentable» que el partido vaya a defender en el Congreso de los Diputados, junto a Geroa Bai, una proposición de ley relacionada con esta materia mientras que en el Parlamento Vasco no haya apoyado la propuesta. geregi sostuvo que con esta decisión el PNV «está aceptando el veto del Partido Socialista», al que acusó de priorizar «la unidad de España».

«La escalada bélica en Oriente Próximo es la mayor amenaza energética y logística para la industria vasca desde la guerra de Ucrania». Así lo ha asegurado este jueves el lehendakari, Imanol Pradales, en Bruselas, donde está estos días de viaje institucional. La situación en Irán, que ha provocado ya un incremento en los precios del petróleo y el gas, preocupa al Gobierno vasco por su posible impacto en Euskadi y el lehendakari ha anunciado este jueves que ha convocado una «reunión de urgencia» de la mesa de defensa industrial para el próximo miércoles. Pradales ha tomado esta decisión después de reunirse esta misma mañana por videoconferencia con los departamentos de Industria y Hacienda, con los que ha compartido un primer análisis del impacto del conflicto en Oriente Próximo. «Hemos estado monitorizando la situación. Tenemos 42 empresas vascas en la región y 62 implantaciones industriales que están sufriendo directamente las consecuencias», ha destacado el lehendakari. Pero el impacto va más allá con «una fuerte tensión en los mercados energéticos, un incremento del precio del petróleo y el gas, que tendrá un efecto inmediato sobre la industria electrointensiva». De hecho, en apenas una semana, el precio del gas se ha doblado y podrían sufrir también las cadenas de suministro de materias primas, debido al cierre del estrecho de Ormuz y a la inestabilidad en el Mar Rojo, obligando a las navieras a hacer recorridos más largos, lo que «retrasa los tiempos de entrega y aumenta los costes», ha destacado Pradales. En este contexto -y ante el temor de que el conflicto se pueda prolongar en el tiempo- el lehendakari ha convocado la reunión de urgencia del grupo de defensa industrial. 

A los aranceles del 50% impuestos por Washington a las importaciones del acero, que tanto han lastrado la actividad de un sector que emplea a cerca de 20.000 personas en Euskadi, ahora se ha sumado el conflicto en Oriente Medio y la amenaza del presidente estadounidense Trump de cortar toda relación comercial alguna con España. Todos estos ingredientes, advierten desde Siderex, el clúster vasco de la siderurgia, coloca al sector vasco en una situación de «debilidad». Un contexto que provocará «un freno de inversiones». Asier San Millán, el director general del clúster, afirmó ayer que la situación geopolítica actual en Oriente Medio va a afectar de manera muy negativa, ya que se trata de una zona en la que hay proyectos de inversión del sector relacionados con la descarbonización. «Son proyectos que están ahí y ahora mismo con la situación que hay, me imagino que habrá un frenazo importante», manifestó. Además, advirtió de que las advertencias de Trump «añaden aún más incertidumbre» a un escenario en el que ya sobrevolaba «una niebla muy densa». En este sentido, hizo hincapié en que el sector vasco pierde competitividad por la «sobrecapacidad» que existe actualmente en el mundo para fabricar acero, debido a que terceros países como China, que no pueden acceder al mercado estadounidense «redirigen» sus productos hacia otros mercados y «potencialmente a Europa». De hecho, la competencia china es un fenómeno del que ha alertado la industria del acero europea en reiteradas ocasiones, aludiendo a que sus productos de acero ‘low-cost’ genera una competencia desleal y una presión brutal sobre los productores europeos.

Sidenor trasladará a 36 trabajadores de su planta de Azkoitia a la de Reinosa (Cantabria) tras decidir concentrar en esta última la producción de los trenes de laminación, según informó este jueves la compañía a través de un comunicado. La medida se produce después de que la empresa haya decidido paralizar el denominado Tren Grande de la acería guipuzcoana ante la «caída estructural de la demanda y la falta de carga de trabajo suficiente» para mantener en funcionamiento ambas instalaciones y «evitar la pérdida de empleo». La decisión fue comunicada este jueves por la dirección al comité de empresa y a las secciones sindicales. La compañía explicó que el traslado afectará a 36 personas de una plantilla de alrededor de 255 trabajadores en Azkoitia, aunque subrayó que la medida «no supondrá pérdida de empleo, ya que todos ellos mantendrán su puesto en la planta cántabra», donde se concentrará ahora la actividad de laminación. Sidenor enmarca esta reorganización en una caída de pedidos que «se arrastra desde hace varios años». En octubre de 2022 la empresa ya se vio obligada a parar el tren de laminación de Reinosa y concentrar la producción en Azkoitia, una situación que se prolongó inicialmente durante seis meses y después de forma indefinida. 

El rescate de 112,8 millones que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) concedió a Tubos Reunidos en 2021 fue, tras la pandemia, una bombona de oxígeno para la empresa. Pero hoy, la falta de amortizaciones y el diseño de intereses del préstamo han hecho que esa cantidad se eleve a 150 millones de euros. Es el grueso de la deuda de la empresa, que supera los 260 millones (a la espera de la revisión de la auditoría de cuentas de 2025) y que, junto al cierre del mercado de Estados Unidos, ha dejado a la firma al borde de la insolvencia financiera. La reestructuración de la deuda, junto a un redimensionamiento de la empresa que pasa por un ERE de 301 despidos, es donde se juega en los próximos días el futuro de la empresa. Y en ese contexto, se están intensificando las reuniones entre la dirección de Tubos Reunidos y la Sepi con el seguimiento del Gobierno vasco, que mantiene contactos con los ministerios de Industria, Economía y Hacienda. En esos encuentros, señalan las mismas fuentes, la Sepi ha abierto la puerta a flexibilizar los plazos para la devolución de todo su préstamo y los intereses generados, que hoy ascienden ya a 150 millones. La fecha fijada en el calendario es 2028, pero el organismo del Estado ha planteado retrasarla más allá de ese año, así como dilatar también los pagos de 27,2 millones que Tubos Reunidos debe realizar en los próximos meses de junio y diciembre. Pero la propuesta parece insuficiente. La empresa insiste en que las opciones de supervivencia son muy reducidas y, como explicó a los mercados, pasan por una solución que tiene tres líneas de acción: Reducir deuda, para lo que urgen una minoración y reestructuración del pasivo; recortar tamaño y costes, donde se encuadra el ERE de 301 despidos y el paro de la acería de Amurrio; y buscar nuevos mercados con producto diferenciado, lo que requiere más tiempo y una inversión en la empresa, que no es siquiera planteable mientras esta no se haya dimensionado.

La plantilla de Tubos Reunidos no arroja la toalla. Con el lunes como fecha clave para cerrar un pacto en torno al ERE, los sindicatos ya trabajan en las movilizaciones cuando acabe el periodo de consultas. Según ha trasladado el comité de empresa a los trabajadores de Amurrio, los sindicatos harán huelga durante todas las jornadas de la próxima semana, incluidos por primera vez los sábados y domingos. En concreto, el martes será, al igual que ya se había convocado para el lunes, día de huelga total, durante las 24 horas. El movimiento del comité llega tras una jornada de negociación sin avances. Este miércoles, empresa y sindicatos no consiguieron acercar posturas y, por primera vez, la dirección de la tubera no llevó ninguna mejora con respecto a la oferta presentada hace una semana a los sindicatos. Esto es, prejubilaciones desde los 59 años con el 65% del salario bruto y y convenio especial con la Seguridad Social hasta que cumplan los 63. Para las bajas incentivadas se insiste en los 38 días por año trabajado con 24 mensualidades y un plus de 1.500 euros por año hasta un tope de diez ejercicios. Por último, los eventuales recibirían una indemnización de 30 días por año de servicio hasta un tope de 12 mensualidades.

CAF ha iniciado la construcción de un nuevo centro de mantenimiento ferroviario en Neubeckum (Alemania), una instalación que dará servicio a trenes eléctricos de batería que operarán en dos líneas regionales del estado de Renania del Norte-Westfalia. El nuevo depósito prestará apoyo a los servicios RB 68 (Münster–Sendenhorst) y RB 76 (Harsewinkel–Gütersloh–Verl), explotados por el operador regional Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL). Ambas líneas forman parte del programa de reactivación ferroviaria en Westfalia y están vinculadas a proyectos de movilidad sostenible basados en trenes de cero emisiones. La instalación complementará el centro de mantenimiento que CAF ya opera en Gelsenkirchen-Bismarck, ampliando la capacidad del grupo para ofrecer servicios de mantenimiento integral y soporte durante todo el ciclo de vida de los trenes suministrados. Con este proyecto, la multinacional dirigida por Javier Martínez Ojinaga refuerza además su presencia industrial en Alemania, uno de los mercados estratégicos para el fabricante guipuzcoano dentro de la transición hacia sistemas de transporte público regional más sostenibles. 

El pasado ejercicio hubo en el territorio 1.298 días de rodaje por parte de 219 producciones diferentes que han dejado un impacto económico tanto directo (la propia actividad audiovisual) como indirecto (hostelería, transporte, seguridad...) de 138,1 millones de euros. Las cifras llevan años aumentando y fertilizando un terreno para que florezca ahí un sector con sello local que, ya se ve, también se está fortaleciendo y prosperando. La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, han dado cuenta de estas cifras, que certifican el momento dulce del audiovisual en Bizkaia. Ambas instituciones han presentado el Hub Audiovisual Bilbao Bizkaia con el fin de posicionar al territorio «como un polo internacional de referencia» en el sector. Tendrá dos sedes: Punta Zorroza, de propiedad municipal y en cuyos viejos pabellones ya se han rodado más de una treintena de producciones en los últimos años; y el antiguo Colegio Compañía de María, en Orduña. En ambos casos la idea es que estén reformados y operativos (en realidad ya funcionan, se trata de adecentarlos y formalizar su uso) el próximo ejercicio tras una inversión conjunta de más de ocho millones de euros. El número de empresas audiovisuales ha registrado en 2025 un crecimiento del 10,9% en Bizkaia (497 frente a 448) y del 18,5% en Bilbao (con 243 frente a 205 en 2024). El 54% de las empresas del sector audiovisual de Euskadi se encuentran en Bizkaia y el 49% de éstas se ubican en la capital. Además, estas cifras han tenido su reflejo en las contrataciones en los proyectos apoyados, con 17.885 personas movilizadas en el bienio 2024-2025 de las que el 54,35% eran de Bizkaia. El empleo audiovisual en Bizkaia crece un 6,1% (2.268 afiliaciones en 2025), y en Bilbao aumenta un 7,1% (1.564 afiliaciones). La capital concentra el 69% del empleo de este sector de Bizkaia, y el Territorio el 57% de Euskadi.

Los transportistas guipuzcoanos, representados por Guitrans, se declaran «muy preocupados» por el cariz que está tomando el conflicto abierto en Oriente Medio y su repercusión en los precios del gasóleo, que se ha encarecido cerca de 15 céntimos en apenas una semana. Por ello lanzan un grito de auxilio y reclaman «un plan de choque similar al puesto en marcha por el Gobierno central en 2022 con motivo de la guerra de Ucrania». Así lo explica a DV el presidente de Guitrans, Iñaki Cepeda, quien asegura que el repunte de los precios «es una pasada». La subida, añade, es «injustificada» y «los profesionales lo van a notar mucho». No es para menos, pues el precio del litro de gasóleo ha superado ya al de gasolina 95 (esto no ocurría desde el inicio de 2023). Costaba ayer 1,596 euros frente a los 1,576 que valía el sin plomo 95. Cepeda, que coincide en el mensaje con otras organizaciones del Estado como Fenadismer, reclama, «porque así lo plantean muchos de nuestros asociados», un plan de urgencia que podría incluir, como hace ahora cuatro años, «ayudas directas» en forma de subvención del litro de gasóleo; «entonces eran 20 céntimos, que se repartían entre 10 a cargo del Gobierno y 10 a cargo de las petroleras». De la misma forma, y junto a ese primer oxígeno para enjugar el sobrecoste de los carburantes, el máximo responsable de Guitrans propone «ayudas directas por vehículo para compensar los mayores costes de explotación», y también «fortalecer la ley para prohibir el trabajar por debajo de costes». Y recuerda que el combustible que hoy se vende en las estaciones de servicio fue comprado en realidad mucho antes del inicio de las hostilidades en Irán, con lo que el traslado inmediato del repunte por la guerra «carece de toda base económica».

“Información sobre surtidor de Gasóleo A y B: Por problemas de logística y suministro de combustible ante la gran incertidumbre que vivimos los últimos días, se informa a todos los socios [de] que actualmente NO HAY EXISTENCIAS DE GASÓLEO A NI GASÓLEO B en nuestros depósitos hasta que puedan suministrarnos el pedido solicitado. Se informará cuando dispongamos de existencias nuevamente. Perdonen las molestias por la situación sobrevenida”. Este mensaje, real, enviado ayer a primera hora de la mañana por una cooperativa agrícola a cientos de socios en una localidad de Toledo de gran tamaño, no es un hecho aislado. Se ha repetido en otros surtidores. Las petroleras reconocen que han empezado a tener un problema logístico, no tanto por desabastecimiento de suministro, sino más bien de saturación logística, por avalancha de pedidos. En el sector se atribuye a la fiebre por acaparar existencias para evitar, al menos parcialmente, una escalada de precios durante las próximas semanas o, eventualmente, a una falta de suministros. En España existen nueve refinerías. Representan más del 13% de la capacidad de todo el continente, según datos de AICE (Asociación de la Industria del Combustible de España), la antigua AOP. En la asociación están Repsol, Moeve, BP, Galp y Saras. La capacidad de refino en España la tienen Repsol, Moeve y BP. Las petroleras consultadas explican que en ningún momento ha faltado combustible. Entre todas están entregando más de 5.000 pedidos diarios. Lo que sí reconocen es que la avalancha de solicitudes ha provocado un colapso logístico. 

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, se suma a las voces que llaman a la soberanía energética, tanto en Europa como en España, ante el estallido de la tensión geopolítica en Oriente Próximo. Durante su participación en una jornada organizada por el Club Siglo XXI, el directivo calificó de «gran oportunidad» el contexto actual para ofrecer energía a precios asequibles. «Debemos decidir si depender o no del Estrecho de Ormuz», indicó. En un momento en el que los precios de la energía siguen condicionado mucho la evolución de la economía europea, Ruiz-Tagle insistió en que la apuesta por la electrificación es «el camino más corto» si España y el Viejo Continente quieren «seguir resurgiendo» su competitividad industrial. En el caso concreto de España, en ausencia de combustibles fósiles (gas natural o petróleo), llamó a aprovechar las virtudes de un 'mix' «de los más potentes de Europa» para la descarbonización, con abundancia de renovables y nuclear, aputnjando a que los precios de la energía subirán, dependiendo de la capacidad de generación autónoma que tenga el país. En este punto, pidió analizar con prudencia el mix energético y mantener las nucleares hasta que «todo esté ordenado, que será cuando tengamos almacenamiento». «Nadie al salir del hospital rompe su póliza de seguros», indicó en referencia a la plenitud de vida del parque nuclear en España. Ruiz-Tagle también se pronunció ante las posibles medidas que baraja el Gobierno si los precios de la energía siguen subiendo. A su juicio, lo ideal sería «bajar impuestos» de la electricidad, frente a otro tipo de planes como la denominada excepción ibérica que se aplicó tras el estallido de la guerra en Ucrania y que, a su juicio, «no fue una buena decisión».

Una doble amenaza se cierne sobre el tejido productivo derivado del conflicto bélico en Oriente Próximo. Al incremento de costes de la energía que ya se ha producido por la subida de precios del gas y el petróleo se suma también la amenaza de un choque comercial con Estados Unidos de materializarse las amenazas vertidas por Donald Trump a cuen-ta de la postura del Gobierno sobre la guerra en Irán. Los empresarios españoles dan por descontadas las tensiones inflacionistas que pueden derivar del aumento de los costes de la energía, si bien advierten igualmente de daños colaterales que pueden sustanciarse en un freno de las decisiones de las inversión internacional y un encarecimiento de los costes de la financiación. En definitiva, un zarpazo a los márgenes empresariales y la competitividad del tejido productivo con consecuencias de difícil prospección también sobre la actividad exportadora, uno de los pilares del crecimiento económico de los últimos años.  No obstante, las principales patronales españolas señalan también que la reiteración de los vaivenes geopolíticos y conflictos comerciales acontecidos en los últimos años han reforzado la resiliencia de las compañías, por lo que esperan poder sortear las peores consecuencias del impacto económico de la guerra.  

«Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora», dijo el presidente de Estados Unidos, que volvió a la carga contra el Gobierno por su negativa a permitir el uso de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) en apoyo a la guerra de Irán. Se trata del segundo torpedo dialéctico que el mandatario norteamericano lanza en apenas 48 horas. El martes, tras constatar la falta de colaboración de un país con ubicación estratégica para la operación en Oriente Medio, ya definió a España como un socio «terrible» y amagó con duras reprimendas económicas como un embargo comercial. Y ayer, una vez que el miércoles Pedro Sánchez levantó la pancarta del ‘no a la guerra’ y su Gabinete desmintió de manera tajante el cambio de opinión que la Casa Blanca se había aventurado a anunciar. En declaraciones al tabloide ‘New York Post’, afirmó que España «no se comporta como un buen compañero de equipo» en el marco de la OTAN y advirtió de que «tampoco nosotros –en referencia a Estados Unidos– vamos a serlo con España». Dicho de otra manera, puso nuevamente sobre la mesa un eventual castigo a nuestro país, al que ve como un aliado «hostil» hacia la propia organización atlántica por su rechazo a elevar el gasto militar hasta que suponga al menos el 5% del PIB. También extendió sus críticas al Reino Unido por su comportamiento «decepcionante». El ataque de Trump encontró, además, el inmediato respaldo de Israel, que ahora con Irán ve un nuevo motivo de acentuar una colisión con España ya de por sí intensa en los últimos tiempos por el conflicto en Palestina.

El próximo 10 de marzo la fragata ‘Cristóbal Colón’, una de las joyas de la Armada Española, alcanzará el Mediterráneo oriental en compañía del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y de otros navíos de la Armada griega. El Gobierno decidió ayer movilizarse y enviar el buque para dar protección a Chipre, dentro de un contingente internacional y ante la amenaza sobre territorio comunitario que supone la respuesta armada de Irán frente al ataque estadounidense e israelí. La nación insular, que en este semestre ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea, está al alcance de los misiles iraníes y de grupos terroristas como Hezbolá, que opera en el Líbano. De hecho, un dron de fabricación iraní impactó en la madrugada del lunes, sin causar víctimas, en la base Akrotiri, de la RAF británica. La ‘Cristóbal Colón’, como informaron desde el Ministerio de Defensa, se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del ‘Charles de Gaulle’ para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirige al Mediterráneo y será suministrado en su singladura por el buque de aprovisionamiento ‘Cantabria’ para proporcionar apoyo logístico cuando este grupo naval atraviese el Golfo de Cádiz.

El nuevo encontronazo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Pedro Sánchez ha añadido una capa extra de incertidumbre para la economía y las empresas españolas que, por ahora, no ha tenido réplica en los mercados financieros. La amenaza del presidente estadounidense de “cortar” relaciones comerciales con España se produce en un momento en el que la escalada del precio del petróleo y el gas natural provocada por la ofensiva militar contra Irán amenaza con derivar en un incremento de la inflación que ralentice el crecimiento económico. “No es bueno el enfrentamiento con un país que es tu socio comercial, y menos cuando es la primera economía del mundo, pero está por ver qué se atreve a hacer Trump. Puede crear un precedente, no solo para España, sino para las empresas de otros países”, asegura Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantage Capital. Trump ha desatado su furia contra España, país al que ha acusado de ser un aliado “terrible”, pero por ahora no ha concretado sus palabras en iniciativas concretas. Para Gerry Fowler, director de estrategia de renta variable europea de UBS, “en esta etapa, el anuncio representa una intención política declarada más que una medida comercial implementada, y su ejecución sigue siendo incierta dadas las limitaciones legales y el estatus de España como miembro de la Unión Europea, donde la política comercial se negocia a nivel de bloque”. En la misma línea, Jesús Sáez, responsable de mercados de capitales para Iberia de Natixis, afirma que “no es bueno que España salga en titulares que respondan a un dedo acusador de Trump pero, por otro lado, también creo que el mercado está ahora a la espera de noticias de más calado”.

El barril de Brent, de referencia en Europa, subió un 4,9% hasta los 85,41 dólares en otra sesión de altibajos para la Bolsa. El Ibex pasó de abrir a la baja a subir un 1,3% en los mejores momentos del día y acabar desfondado: un 1,38% abajo en 17.245 puntos, tras una apertura en rojo de los mercados de Estados Unidos. “Este tipo de idas y vueltas en estos mercados va a ser la constante durante los próximos días, al menos hasta que se estabilice la situación en Oriente Próximo y los inversores puedan tener una visión más clara del escenario al que se van a tener que enfrentar las cotizadas”, comentó Juan José Fernández-Figares, de Link Securities. El S&P 500, índice de referencia en la Bolsa estadounidense, descendió un 0,6%, con pérdidas en Europa de en torno a un punto porcentual, similares a las del Ibex español. Las amenazas de Donald Trump de cortar relaciones comerciales con España, de momento, no estaban teniendo reflejo en el mercado. El tono algo más negativo sí se notó, por el contrario, en la cotización del dólar, convertido en activo refugio: subió frente al euro y cotizó en 1,16 unidades por euro, niveles de noviembre. La incertidumbre sigue siendo máxima y también el miedo a los problemas de suministro global ante el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, arteria que canaliza uno de cada cinco barriles de petróleo que se consumen. 

Las mujeres ganan posiciones en los puestos de liderazgo de las empresas españolas que cotizan en Bolsa. Lo hacen a un ritmo lento pero seguro. Al cierre de 2025 alcanzaban una representación del 37,71% en los consejos de administración de las compañías que cotizan en el mercado continuo y del 23,59% en la alta dirección, según se recoge en el XIV Informe de mujeres en los consejos del Ibex 35, elaborado por la escuela de negocios IESE y la agencia de comunicación Atrevia y presentado ayer en Madrid. De seguir a este ritmo (con el crecimiento de apenas 1,67 puntos porcentuales), podría alcanzarse la meta de la equidad (fijada en el 40%) en los órganos rectores corporativos en los informes de 2027, tal y como exige la Ley de Paridad. “Todo apunta a que vamos a tener resultados antes, tras el acelerón que han pegado las empresas que no están en el Ibex”, señaló Asun Soriano, consejera delegada de Atrevia. Un umbral que ya cumplen 65 empresas de las 115 cotizadas, es decir, el 56,5%. En 2024 eran el 47,4%. Entre ellas, la evolución más positiva corre a cargo de las integrantes del indicador selectivo. En el Ibex 35 ocho de cada diez consejos de administración llegan al 40% de mujeres. Aunque siete compañías se sitúan por debajo. Las consejeras suman una participación del 41,93% y se ha triplicado el número de organizaciones donde las mujeres superan a los hombres, según Nuria Chinchilla, profesora de IESE, con Bankinter, Redeia e IAG como protagonistas. Inditex y Logista rebasan la mitad del total. Lo mismo ocurre con otras 10 sociedades fuera del selectivo con mayor presencia de consejeras: Prisa, Ebro Foods, Cevasa, Dia, Faes Farma, Grenergy, Libertas 7, Línea Directa, Meliá y Realia. Sin embargo, aún quedan compañías sin presencia femenina en los órganos rectores. Son Nyesa, Pescanova, Soltec y Berkeley.

El Gobierno de España y el de Portugal acordarán hoy impulsar un auténtico mercado ibérico común. El proyecto, que se impulsará durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que acoge hoy La Rábida (Huelva), busca eliminar barreras geográficas y burocráticas a fin de que las empresas ejerzan su actividad indistintamente a ambos lados de la frontera, tanto a efectos comerciales como de acceso a crédito o a licitaciones públicas. La iniciativa, que engarza con el plan del Ministerio de Economía para reducir trabas a la actividad ente las diferentes comunidades autónomas españolas, aspira a servir de ejemplo para el desarrollo del mercado único en la Unión Europea, con reglas comunes para la actividad empresarial en los 27 Estados miembros. El proyecto hispano-portugués va más allá de que, a nivel de actividad empresarial, “las normativas o los permisos sean similares”, detalla a este diario el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo. El objetivo, detalla, es derribar barreras y homogeneizar procesos “también en el ámbito de la licitación pública”, por ejemplo, de manera que “empresas portuguesas puedan licitar en España y empresas españolas en Portugal”, accediendo indistintamente a los contratos públicos adjudicados en los dos territorios. Es más, la hoja de ruta también incluye facilitar el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales; avanzar hacia un sistema común de facturación electrónica entre empresas de los dos países; simplificar la apertura de cuentas bancarias transfronterizas; impulsar la cooperación entre el Banco Português de Fomento (BPF) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO); y explorar la posibilidad de un sistema de ráting de crédito público conjunto que amplíe las opciones de financiación y las oportunidades de inversión transfronterizas.

La presentación de la nueva Ley de Aceleración Industrial para levantar la producción del continente tuvo un gran ausente entre los segmentos estratégicos: los semiconductores, excluidos de forma expresa. «La lista de sectores estratégicos a cubrir por este capítulo de sectores críticos para la seguridad económica de la Unión incluye tecnologías de cero emisiones (...), combustibles nucleares, tecnologías de propulsión eléctrica para el transporte y excluye tecnologías digitales, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y semiconductores», apunta el propio texto legislativo que deja fuera a esta tecnología en un momento de aceleración en el sector por la inteligencia artificial. Europa se propuso en 2023 pasar a fabricar para 2030 el 20% de los chips del mundo, sin embargo, según los últimos datos de Semi, la patronal europea del sector, apenas produce un el 7,4% de las ventas mundiales. «Europa tiene un problema con estas leyes. Tendrían que ser transversales y poder aplicarse a cualquier sector. No aprobar una ley para la industria pesada y otra para los chips», apunta Emilio García, experto en semiconductores y coautor del libro Chips y Poder y que remarca que el enfoque además reforzará la agenda para evitar la sobrerregulación que dice querer imponer la comisión actual.

La digitalización ha traído a la banca europea una mejora de eficiencia sin precedentes, pero por el camino ha generado también nuevas amenazas a un negocio que se enfrenta ahora a riesgos que trascienden ya la concesión de crédito. Es algo de lo que el Banco Central Europeo (BCE) ha tomado buena nota, especialmente ante el peligro que supone la concentración de la externalización de los servicios digitales sobre la que quiere reforzar su vigilancia y que considera una prioridad supervisora. Según datos recopilados por el supervisor europeo, un 80% de los grandes bancos que están bajo su vigilancia fía la continuidad de las llamadas funciones críticas a una única compañía: Microsoft. Se trata de nada menos que de 87 entidades que contratan los servicios en la nube con el gigante estadounidense y que quedan expuestas a que ciberataques o caídas en el servicio de la compañía pongan en jaque la operativa habitual. La situación se ha vuelto especialmente delicada en estos momentos de renovada tensión geopolítica. En el supervisor se pide a las entidades que tengan en cuenta que la externalización de sus funciones críticas a compañías en países de fuera de la Unión Europea puede suponer un riesgo adicional de que se instrumentalicen las dependencias para un ataque económico. Pero en el BCE también son conscientes de que no existen numerosas alternativas. Los gigantes tecnológicos de Estados Unidos se han convertido precisamente en trasatlánticos corporativos porque prestan servicios que nadie más consigue afrontar. Al menos, no con la escala con la que estas compañías logran hacerlo.

Visto bueno de la Comisión Europea para que España vuelva a regar con dinero público su industria verde. El Ejecutivo comunitario ha dado su aprobación al esquema de subsidios presentado por el Gobierno y por el que podrá dar ayudas por valor de hasta 200 millones de euros en ayudas directas para impulsar la producción de partes de la cadena de valor del coches eléctrico en el país. El objetivo del programa es conceder ayudas para inversiones que aumenten la capacidad de fabricación para la producción, incluso con materias primas secundarias, de tecnologías de baterías y almacenamiento de energía. Además, contempla el impulso de tecnologías de hidrógeno para su uso en vehículos eléctricos. El programa también concederá apoyo para la producción de los principales componentes específicos de estas tecnologías y para la producción o recuperación de las materias primas críticas necesarias. 

La rentabilidad de los títulos alemanes a diez años, activo refugio de referencia en la zona euro, supera el 2,8%. Es ligeramente inferior al 3% con el que coqueteó hace un año, pero todavía lejos del 2,4% previo al anuncio del programa fiscal. Este plan redibujó la política fiscal alemana al eliminar los límites de deuda que frenaban el gasto y permitir déficits superiores al 3% que fijan los tratados europeos. Más allá de requerir entre 50.000 y 70.000 millones de euros de deuda al año para cubrir el déficit, el objetivo último del proyecto alemán es renovar las infraestructuras, reforzar la seguridad en un contexto internacional cada vez más incierto, y sobre todo, impulsar el crecimiento. “Alemania ha dejado de ser el motor de Europa: la producción industrial cae desde 2019 –un año antes del estallido de la pandemia– por el aumento de los costes laborales unitarios y la proliferación regulatoria”, explica Gunther Schnabl, director del Flossbach von Storch Research Institute. Aunque el plan avanza con cuentagotas, el mercado empieza a detectar señales de mejora. En 2025, la economía creció un 0,2%, suficiente para poner fin a dos ejercicios consecutivos de recesión. El año pasado, en un contexto marcado por los intentos de Donald Trump de reconfigurar el orden mundial, las expectativas de mayor crecimiento en Europa, impulsadas en gran parte por el plan alemán, aceleraron la rotación de capital desde Estados Unidos hacia el Viejo Continente. Este flujo reactivó la renta variable europea, que se consolidó como uno de los activos estrella de 2025. El Dax alemán avanzó un 23%, su mejor año desde el estallido de la pandemia, mientras índices como el Euro Stoxx 50 sumaron un 18,3% y el Ibex 35 cerró el año con un repunte del 49,3%. El consenso a medio plazo se muestra moderadamente optimista. Antes del estallido de la guerra en Oriente Próximo, Nadi Gharbi, economista para Europa en Pictet WM, preveía que la economía alemana avanzara un 1,3% este año.

«Quienes necesiten ayuda la recibirán (...) pero quienes puedan trabajar, pero falten repetidamente a citas administrativas, entrevistas de trabajo o no acepten un empleo razonable, ya no recibirán prestaciones en el futuro», advirtió Linnemann. Algo más de la mitad de los beneficiarios son ciudadanos alemanes y, entre los extranjeros, la mayor proporción, unos 700.000, son ucranianos. La nueva renta básica, que entrará en vigor el 1 de julio y afectará a unos cinco millones de personas, elimina el periodo de protección de un año excepto en caso de familias con hijos, a las que se seguirá reembolsando hasta 1,5 veces el contrato de alquiler y gastos de calefacción. Cualquiera que viva en un piso demasiado grande o demasiado caro a expensas del Estado tendrá que mudarse más rápido. El futuro sistema tendrá mucho más en cuenta los activos en propiedad del beneficiario y los ahorros no podrán superar los 5.000 euros hasta los 30 años de edad, los 10.000 hasta los 40, los 12.500 hasta los 50 y los 20.000 en adelante, cuando hasta ahora el límite general era 40.000 por persona. Las tarifas estándar permanecen sin cambios. Los solteros recibirán 563 euros al mes, cada pareja 506, y los hijos entre 357 y 471 euros, según su edad. Pero las sanciones se endurecen considerablemente. Cualquier beneficiario que falte a citas en el centro de empleo, por ejemplo, verá reducido su ingreso un 30% durante tres meses, al igual que quienes abandonen el programa de formación adicional o no soliciten plaza. Y aquel que falte a un máximo de tres convocatorias en el Jobcenter, la oficina de búsqueda de trabajo, perderá su derecho a la renta básica, con la excepción de jóvenes «en situación difícil» y personas que acrediten una enfermedad mental.

Las tensiones geopolíticas marcadas por la guerra y los conflictos internacionales han hecho saltar las alarmas de las economías altamente digitalizadas. Suecia, uno de los países donde el efectivo está desapareciendo de la vida cotidiana, ha aconsejado a los ciudadanos que mantengan billetes y monedas suficientes para cubrir aproximadamente una semana de gastos básicos, ante la posibilidad de crisis o interrupciones en los sistemas digitales de pago. En concreto, el Riksbank, el banco central sueco, ha recomendado que cada hogar guarde al menos 1.000 coronas suecas en efectivo (algo más de 90 euros al cambio actual). La advertencia refleja la preocupación de las autoridades por la resiliencia del sistema financiero, especialmente en un país donde la mayoría de las transacciones se realizan mediante tarjetas y servicios de pago móvil. “El Riksbank recomienda que todos los hogares mantengan en casa una suma de 1.000 coronas suecas en efectivo por adulto. Esta cantidad debe considerarse como referencia y está destinada a cubrir una semana de compras esenciales. Los hogares pueden necesitar más o menos efectivo disponible, dependiendo del número de personas en el hogar o de sus necesidades específicas. Siempre que sea posible, se recomienda a los hogares mantener efectivo en varias denominaciones”, señala la autoridad bancaria sueca en un comunicado.

Entre un 4,5 y un 5%. Ése es el margen en el que China fijó ayer su objetivo de crecimiento para 2026, lo que supone la cifra más baja en tres décadas. Lo hace apoyado en sus planes para hacer frente al estancamiento del consumo y el debilitamiento del mercado inmobiliario. La Asamblea Popular Nacional inició ayer su reunión anual con una perspectiva cautelosa. El organismo, que junto a la Conferencia Consultiva Política iniciada el miércoles es conocida como ‘Lianghui’ (Dos Sesiones), y representa el evento más importante del curso al dedicar una semana a evaluar los logros alcanzados durante el año anterior y los alcanzables durante el actual. En este marco anunció también un aumento del 7% en su presupuesto de defensa, el segundo más grande del mundo, con el fin de contrarrestar a Estados Unidos y hacer valer sus reivindicaciones sobre Taiwán y el mar de la China Meridional. Prevé gastar 1,9 billones de yuanes (unos 276.800 millones de dólares), lo que sigue siendo aproximadamente tres veces menos que los fondos destinados por EE UU. La meta de crecimiento fijada evidencia por un lado la desaceleración estructural de la economía china. Por otro, la fórmula profundiza en su flexibilidad. «Al proponer estos objetivos hemos considerado la necesidad de dejar algo de espacio para ajustes estructurales, prevención de riesgos y reformas», apuntó el primer ministro, Li Quiang. Las autoridades chinas también pretenden mantener la tasa de desempleo alrededor del 5,5%, crear más de 12 millones de nuevos empleos urbanos y elevar el IPC alrededor del 2%.

Kaja Kallas, Jefa de la diplomacia europea: «Teherán intenta crear el caos. Tiene que haber espacio para la diplomacia para evitar la escalada». Giorgia Meloni, Primera ministra italiana: «No estamos en guerra y no queremos entrar en guerra. Italia no se ha involucrado». Mark Rutte, Secretario general de la OTAN: «Irán estaba a punto de hacerse con capacidad nuclear y de misiles, lo que supondría una amenaza». La unidad europea no es total y se tambalea a medida que el conflicto avanza. No son muchos los países que por ahora se han pronunciado abiertamente sobre esta guerra y las posiciones de quienes lo han hecho van desde la española, que ha negado a Washington el uso de sus bases en Rota y Morón, hasta Francia y el Reino Unido, que se han posicionado justo en el lado contrario y han desplegado además fuerzas militares en Oriente Medio, movilizando cazas, buques y sistemas antiaéreos. París, por ejemplo, ha decidido enviar su portaaviones insignia, el ‘Charles de Gaulle’. «No estamos en guerra y no queremos entrar en guerra», zanjó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien siempre ha presumido de mantener una estrecha relación con Donald Trump. Tras casi una semana de silencio, ayer, la líder conservadora se abrió a mandar sistemas de defensa antiaérea a la región. Alemania, pese a la aparente actitud complaciente del canciller Friedrich Merz durante su reunión del martes con Donald Trump en la Casa Blanca, se mantiene en una zona gris. Autoriza a EE UU a utilizar su base de Ramstein y asegura que protegerá a sus tropas en el Golfo, pero descarta participar en el conflicto bélico. Y Países Bajos se plantea también desplegar militar en la región.