20260310

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

«Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global: piensen en lo impensable y prepárense para ello», ha advertido este lunes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Así de taxativa se ha mostrado la máxima dirigente del organismo internacional en un conferencia en Tokio en la que ha recomendado a los países que se preparen para los impensable en el marco de la nueva crisis desatada en Oriente Medio y su golpe en la economía mundial, cuyo impacto espera analizar con mayor detalle en sus próximas perspectivas macroeconómicas, que serán publicadas a mediados de abril. Como regla general, ha recordado Georgieva, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantuviera durante la mayor parte del año, se traduciría en un aumento de 40 puntos básicos en la inflación general mundial y una caída del 0,1% al 0,2% en el crecimiento del PIB mundial. La institución insta a los países a centrarse «en lo que pueden controlar», para lo que recomienda invertir en instituciones y marcos de políticas sólidos para apuntalar economías fuertes y un crecimiento impulsado por el sector privado; utilizar el margen de maniobra de las políticas cuando sea necesario y asegurarse de reponerlo; y, sobre todo, ser ágiles. La economista búlgara ha subrayado que el FMI está recabando datos para evaluar su impacto en los países miembros y que publicará un análisis minucioso junto en sus 'Perspectivas de la Economía Mundial'.

Antes de definir claramente cuáles son los objetivos de la guerra en Irán, el presidente de EE UU, Donald Trump, afirmó anoche que «terminará muy pronto». Lo dijo durante una conferencia de prensa posterior a una entrevista en la CBS donde la dio por «prácticamente acabada». «¿Acabará en semanas, en días?», le preguntaron en la comparecencia pública. «Eso creo. Muy pronto», despejó. El mandatario conseguía así dominar el ciclo informativo mundial sobre una guerra de la que se declara triunfador. Sin embargo, algunos medios estadounidenses percibieron en sus precisiones un tono más moderado. Por ejemplo, reconoció que la campaña no ha terminado y que el ejército debe «completar sus objetivos militares». «Hemos ganado de muchas maneras, pero no lo suficiente», subrayó, antes de advertir de que EE UU sigue en guardia y golpeará de nuevo al régimen de los ayatolá si endurece su ofensiva o intenta cortar el suministro energético internacional. «Los golpearemos tan fuerte que ni ellos ni nadie que los ayude podrá recuperar jamás esa parte del mundo», amenazó. «No tienen Marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluida su fabricación. Si lo miras bien, no les queda nada. No queda nada en términos militares», afirmó a CBS. El presidente norteamericano admitió que está «considerando tomar el control del estrecho de Ormuz» para dar salida a los petroleros allí atascados.

El precio del petróleo vivió ayer una jornada de máxima volatilidad, comenzando con una fuerte subida de precios por los ataques israelíes a las instalaciones petroleras iraníes y acabando con un notable desplome tras las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, dando por concluida la guerra. Con ello, el barril llegó a caer hasta los 84 dólares, para corregir después hasta el entorno de los 90. Durante la jornada, dos hechos de gran relevancia: la cumbre de los países del G7, planteándose activar el botón de emergencia de la liberación de sus reservas de crudo para destensar los precios, y el anuncio de Francia de intervenir en el estrecho de Ormuz para garantizar el suministro de crudo. La jornada, de infarto, arrancó con una fuerte subida del 29%, hasta los 119,5 dólares por barril, el máximo desde 2022, tras los ataques israelíes a las instalaciones petroleras iraníes, este alza se fue apaciguando con la reunión del G7 para decidir cómo afrontar esta subida de precios. Y, finalmente, el mercado dio un vuelco cuando el presidente Trump compareció para anunciar que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán está “muy adelantada a su calendario”. “La guerra está prácticamente terminada”, sentenció. 

Las palabras de Trump culminaron una jornada en la montaña rusa, en la que el abrupto repunte del petróleo obligó al G7 a convocar una reunión de urgencia que, pese a cerrarse sin acuerdo, dejó la puerta abierta a usar las reservas estratégicas del grupo. En medio de los fuertes vaivenes, esta mera posibilidad suavizó la subida del barril de Brent al 8% al cierre de las bolsas europeas. Pero el ascenso de estos días –que supera el 37,5% desde que se inició el conflicto– preocupa, sobre todo si el conflicto se prolonga. Con ese temor de fondo, los inversores huyeron ayer de los activos de riesgo provocando pérdidas de hasta el 7% en la Bolsa japonesa. En Europa, las pérdidas fueron muy contundentes en la apertura –del entorno del 3,5%–, pero los números se suavizaron al cierre. El Ibex-35 se dejó finalmente un 0,8% –en línea con el resto de parqués de la región– hasta los 16.928 puntos. Y es que los activos tradicionalmente considerados más seguros tampoco fueron refugio. El oro perdió un 2%. El dólar, en cambio, recogió a los inversores temerosos con subidas que dejaron su cruce con el euro en 1,1594 dólares. Los ataques a las refinerías, como esta de Bahrein, y el cierre del estrecho de Ormuz han tensionado el precio del petróleo. tiene su reflejo inmediato en la evolución del euríbor, que repuntó con fuerza ayer –44 milésimas– hasta el 2,367%. La media de marzo del indicador sigue en el 2,296%, frente al 2,398% de hace un año. Pero si esta tendencia continúa, es posible que este mismo mes se produzca la temida subida de las cuotas para los hipotecados a tipo variable que revisen su préstamo de forma anual. «Los mercados de tipos ya reflejan parte de esta preocupación. El aumento del precio del crudo ha impulsado las expectativas de inflación y la volatilidad en la renta fija, mientras que los inversores empiezan a cuestionar hasta qué punto los bancos centrales podrán relajar su política monetaria si el shock energético se prolonga», señalan los expertos. «Estamos empezando a pensar en escenarios de estanflación –bajo crecimiento y precios al alza– sostenida con picos de 150 dólares por barril y una trayectoria futura muy por encima de los 100 dólares durante muchos meses», advirtió ayer en una nota a clientes Paul Diggle, economista jefe de Aberdeen. Pese a las dudas, algunos analistas se muestran algo más optimistas. 

El sector primario y los camioneros advierten de una subida de costes que repercutirá sobre los clientes finales. La última semana trae muchos recuerdos de la guerra de Ucrania a Asetrabi, la Asociación Empresarial de Transportes de Bizkaia. Entonces, en 2022, se fijó por ley la aplicación automática de una revisión del precio de transporte por carretera cuando el combustible variase al menos un 5% desde el momento en el que se contrata el servicio, algo que ya cumplen, con mucho, los encargos actuales. Por eso su presidenta, Sonia García, recuerda que estos costes se trasladarán a los clientes y, de ahí, a los consumidores finales. Con todo, la situación para los transportistas sigue siendo grave. «No tenemos margen para adelantar gastos», señala, y advierte de los «vaivenes» que vienen sufriendo los precios del combustible desde hace ya varios años, y que ahora parecen desbocados. A esto se le suma otro impacto. «Como esto influye a todos los sectores, también vemos que hay muchas empresas con pedidos paralizados», explica, otra forma de impacto directo en su actividad. «Al final siempre palmamos por algún lado», lamenta. Autónomos «Hay menos carga de trabajo» La misma pesadumbre perciben los cerca de 700 afiliados a la asociación de transportistas autónomos vascos, Asotrava. En un sector que mira mucho al Puerto de Bilbao, reconocen que estos últimos días están notando que «hay menos carga de trabajo». «Hay preocupación, por supuesto», explican sus portavoces, que también piden al Gobierno central aplicar las medidas de contingencia que venían anunciando, y que evocan a la bonificación de 20 céntimos por litro aplicada hace apenas tres años. «Esperamos que nos convoquen para explicárnoslas», señalan desde su federación, Fetransa. Agricultores y ganaderos: «Nos han metido un rejonazo importante». 

La guerra en Oriente Medio ya está impactando en la factura eléctrica de los españoles. Pese al tren de borrascas que azotó sin resuello la Península Ibérica durante varias semanas entre enero y la primera mitad de febrero –propiciando una generación hidráulica récord que contribuyó a abaratar la parte del recibo de la tarifa regulada–, el precio mayorista ha pasado de una media de 15 euros/MWh el día 1 de marzo a 119,42 euros/MWh este lunes. Es decir, un incremento del 700% en solo una semana, según los datos del mercado ibérico OMIE, que afecta principalmente a 8 millones de hogares que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) están acogidos a esta tarifa.Detrás de esta escalada está el precio del gas, que ha repuntado cerca de un 70% desde que comenzó el conflicto y que ha vuelto a cobrar protagonismo. Lo ha hecho después de un mes de marzo en el que las energías eólicas e hidraúlicas tuvieron mayor presencia en el mix de generación desplazando a los ciclos combinados. Y es que las centrales que queman gas para obtener electricidad representaron solo un 12,6% de la generación. Un peso que es el mínimo desde abril del año pasado, antes del apagón y antes de la entrada en funcionamiento del modo reforzado que activó Red Eléctrica para garantizar la estabilidad de la red tras el cero del 28 de abril de 2025.

Según señalan fuentes al tanto de la situación, algunas compañías industriales intensivas en consumo energético han recibido en los últimos días cartas de sus suministradores de gas en las que les advierten de que la repentina subida de precios en los mercados mayoristas derivada de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán hace que no puedan mantener las condiciones de precios que tenían hasta ese momento, y señalan que, de no aceptar una actualización, se verán obligados a romper el contrato. Las fuentes consultadas señalan que, para rescindir dichos contratos, invocan la cláusula legal rebus sic stantibus (expresión latina que significa “estando así las cosas”), una prerrogativa legal que se aplica en casos extremos donde las circunstancias han cambiado tanto y de forma tan inesperada que permite cambios en las condiciones de los contratos previamente firmados. Para los consumidores industriales, se trata de una amenaza, ya que consideran que las circunstancias actuales no son lo suficientemente extremas como para poder romper un contrato de suministro. Esta cláusula rebus sic stantibus fue de uso frecuente con contratos afectados por la pandemia del covid-19. Pero más allá de si invocar esta fórmula legal tiene encaje ahora mismo, la advertencia supone en sí misma un problema para estas empresas consumidoras, ya que les señala las subidas futuras que afrontan si la situación no cambia. El precio del gas en el mercado mayorista ha pasado de menos de 30 euros por megavatio hora (MWh) hace pocas semanas a que ahora supere los 60 euros por MWh, lo que supone un incremento de más del 100%. 

La guerra en el golfo Pérsico empezó hace poco más de una semana y “ya está afectando a los bolsillos de los españoles”. Esto lleva al Gobierno, explicó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a preparar medidas que amortigüen ese impacto, que se está notando, sobre todo, en los precios de la gasolina y el gasoil. Por eso, el titular de Economía sugirió que las primeras ayudas llegarán al transporte profesional “porque la subida de costes [en este sector]” se traslada al resto de productos y acaba por arrastrar consigo la inflación. Cuerpo no dio más detalles, justificando que “hay que tener en cuenta la enorme volatilidad de la situación” en los mercados de materias primas. Esa volatilidad de la que habló el ministro español tiene una explicación: la guerra ha explotado en una región del mundo clave para el abastecimiento energético. Por el estrecho de Ormuz pasan el 20% del petróleo y del gas licuado que se produce en el mundo. Estos números ayudan a entender claramente el nerviosismo en los mercados o por qué el habitualmente contenido comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, dejó una advertencia explícita a la entrada del Eurogrupo, que tenía el análisis de la situación como punto destacadísimo en el orden del día: “En un escenario benigno, en el que el conflicto dura dos semanas, no tendría consecuencias significativas para la economía mundial y europea”. Pero la situación se oscurecerá si dura más tiempo

El conflicto en Oriente Medio amenaza con afectar a todos los sectores económicos, también a la construcción en un momento en el que ésta resulta clave para solucionar el grave déficit de vivienda en toda Europa. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) insiste en la urgencia de cambiar la Ley de Contratos del Sector Público y revisar la Ley de Desindexación con el objetivo de que no se aplique a los contratos públicos, ya que la falta de actualización de precios –incluidos los costes energéticos– pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de las obras de viviendas e infraestructuras. Hay que tener en cuenta que el petróleo, el gas –además del acero, el aluminio, la madera o el asfalto– son materiales básicos para la construcción que podrían incrementar los costes de producción de estas empresas. Durante la presentación de un congreso, el sector pidió al Gobierno que adopte medidas ante la previsible nueva escalada de las materias primas por el conflicto. Demandan una reforma de la contratación pública que vienen reclamando desde la guerra de Ucrania para establecer un mecanismo de revisión de precios en los contratos, incluyendo la energía «para aportar certidumbre a las empresas». Julián Núñez, vicepresidente sectorial de los empresarios en la CEOE, aseguró que «en España hay una regulación de la contratación pública del siglo pasado que es urgente modernizar y adaptar para poder incorporar la innovación en la obra pública preexistente y futura».

El Gobierno vasco vio ayer cómo uno de los grandes proyectos para atraer una inversión multinacional a Euskadi se escapa. Lo hizo por poco, por muy poco. Y es que el gigante chino Hithium, especializado en la fabricación de baterías estacionarias ha apostado por Navarra para levantar una planta con una inversión de 400 millones y que dará empleo a cerca de mil personas. Los detalles los dará hoy a conocer la presidenta de Navarra, María Chivite, pero ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció en su perfil de la red social X que la compañía estudia «una importante inversión en Navarra». Lo hizo tras reunirse con el máximo responsable de Hithium, Jeff Wu; con la propia Chivite; y con el consejero navarro de Industria, Mikel Irujo. El Gobierno vascohabía apostado por Hithium, con quien el consejero de Industria, Mikel Jauregi, firmó un memorándum de colaboración en mayo de 2025. Era «una colaboración tecnológica con la participación activa de empresas vascas y de los centros de investigación de Euskadi» para «desarrollar una solución integral que permita fabricar sistemas de almacenamiento estacionario» en el País Vasco. El papel de la compañía era clave porque es un líder mundial en las baterías de iones de litio. Mantiene alianzas con gigantes de la industria automotriz y de energías renovables como Tesla, BMW y Siemens. Según explican fuentes del Ejecutivo autonómico, el motivo decisivo que ha llevado a Hithium a apostar por Navarra es el margen de ayudas económicas que permite la Unión Europea. Y es que la zona que analiza la empresa para levantar la fábrica –las antiguas instalaciones de BSH en el municipio de Galar, cerca de Esquíroz y al sur de Pamplona– está considerada como ‘zona asistida’, por lo que puede beneficiarse de ayudas públicas de hasta un 20% sobre la cantidad de la inversión. Es más que el 15% que podía ofrecer Euskadi. Atendiendo a la inversión de 400 millones, la diferencia sería de un total de apoyo de 60 frente a 80 millones.

Este primer punto de encuentro entre las partes después de un mes de reuniones, llega tras una nueva «oferta final» de la empresa que mejora bastante lo propuesto hasta ahora. ¿Qué plantea Tubos Reunidos en esta ocasión? Por una parte, incrementa de forma sustancial las indemnizaciones a las bajas voluntarias. Quienes no se puedan prejubilar pero abandonen Tubos Reunidos por decisión propia recibirán una indemnización de 45 días por año trabajo con un tope de 24 mensualidades. La anterior oferta era de 38 días por ejercicio cotizado en la tubera. Además, se mantiene el ‘plus’ de 1.500 euros por año de servicio hasta un máximo de diez. La oferta también amplía las prejubilaciones desde los 59 hasta los 57 años. Quienes opten por acogerse a esta medida disfrutarán del 70% del salario bruto hasta cumplir los 63 años y tendrán convenio especial con la Seguridad Social hasta los 65. En el caso de los mayores de 63, se ofrece 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 meses. Los eventuales son el único colectivo que se queda como estaba hasta ahora: 30 días de sueldo por año en nómina con un tope de 12 mensualidades. La empresa, asimismo, se compromete a no ejecutar nuevos despidos hasta 2029 en caso de acuerdo. «La sobreproducción que existe en la actualidad es ya estructural, por lo que es imprescindible redimensionar la compañía», admitió la propia tubera. El pacto para ampliar el periodo de consultas no estuvo exento de polémica, ya que se dio un empate cuando los sindicatos debatieron si extender o no la negociación del ERE. CCOO y UGT votaron a favor y LAB y ESK, en contra. En ELA, en cambio, hubo división entre plantas. Los delegados de Trapagaran se pronunciaron a favor de seguir hablando y los de Amurrio, en el sentido opuesto. Con todo, la empresa aceptó estirar las conversaciones hasta el día 13.

La multinacional de transporte de mercancías por carretera XPO Transport Solutions Spain ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de alcance estatal que contempla el despido de 217 personas. De este total, la medida afectaría directamente a 13 empleados del centro de trabajo ubicado en la localidad de Oiartzun. Como respuesta al anuncio de la dirección, los trabajadores se concentraron ayer frente a las instalaciones de la empresa en la citada localidad guipuzcoana. Con esta movilización, la plantilla ha hecho pública su exigencia de que se proceda a la retirada inmediata del expediente para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo. La nota, publicada en web del sindicato ELA, exige «la retirada» del ERE. «La plantilla se ha concentrado delante de las instalaciones de la empresa para exigir la retirada del ERE», reza el comunicado. La compañía fundamenta la aplicación del expediente en su filial Transport Solutions en las pérdidas económicas registradas durante los últimos tres años. XPO atribuye este balance negativo a la crisis que atraviesa el sector de la automoción, señalando que la incertidumbre de este mercado ha afectado directamente a la actividad de los clientes vinculados a dicha industria.

Nuevo varapalo a los proyectos renovables en Álava. Después de que los promotores de ‘Clúster Vitoria 30kV’ desistiesen de instalar aerogeneradores en los alrededores de Vitoria, el Gobierno vasco ha tumbado otra central. Se trata del parque eólico Kastillo, promovido por una filial de Capital Energy entre Legutio y Bizkaia. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó ayer el ‘no’ de Industria a conceder los permisos medioambientales a esta instalación, de 20 megavatios de potencia y compuesta por cuatro molinos. El departamento que dirige Mikel Jauregi sustenta su denegación en dos informes de la Diputación de Bizkaia y de la de Álava. Las instituciones forales son particularmente contundentes, ya que alertan de que las palas generarían un «impacto crítico» sobre la población de alimoche porque los molinos se ubicarían a menos de diez kilómetros de áreas de relevancia para esta especie de ave. Los efectos de los aerogeneradores, subrayan desde los dos territorios, serían «no corregibles por medio de medidas protectoras y correctoras». Un nuevo veto a parques de aerogeneradores que reduce a 16 el número de instalaciones eólicas en tramitación ante Lakua. Juntos sumarían un total de 410 megavatios de potencia ‘green’. En el lado contrario, son ya ocho los equipamientos que no han prosperado en Álava, con una potencia conjunta de 290 megavatios.

El Instituto Vasco del Consumo, Kontsumobide, impuso el año pasado 310 sanciones a empresas por infracciones en materia de consumo. Solo 28 fueron en el sector bancario, más del doble respecto a 2024. Y aunque la banca no sea de los ámbitos con más expedientes incoados, «sí destaca notablemente en la cuantía económica», lo que «habla del peso de las infracciones». De esta manera, de los más de 1,7 millones de euros que las empresas vascas abonaron en forma de sanción, más de 510.000 provenían de los bancos, casi el 30 %. En 2024, las sanciones a la banca supusieron solo el 3,4 %. Desde Kontsumobide han publicado las sanciones más graves realizadas «para que los consumidores puedan estar informados y tomen decisiones más seguras», detalló ayer la directora de la entidad, Ana Sánchez, durante la presentación de la memoria de 2025. De esta manera, el documento revela que seis empresas del sector bancario acumularon 266.000 euros en infracciones graves en «temas contractuales», sobre todo, en las hipotecas. Desde «cláusulas abusivas en los contratos de préstamo o cobro de comisiones por servicios no prestados», explicó el consejero de Consumo, Javier Hurtado. En total, Euskadi recibió 41.390 consultas y 27.218 reclamaciones y quejas de los consumidores. Y el sector que más denuncias recogió volvió a ser el de las telecomunicaciones y servicios de telefonía (12,48 % del total), un ámbito que «año tras año lidera las quejas de la ciudadanía vasca». De cerca le sigue el sector bancario (8,31) y los suministros de energía y agua (7,35). No obstante, «cerca de la mitad de las reclamaciones que tramita Kontsumobide –el 43,29 %– concluye con mediación y avenencia», se felicitó Hurtado.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el despido disciplinario de un empleado de un aparcamiento de San Sebastián que fue cesado por la compañía por trabajar como repartidor durante una período de baja por ansiedad y ha condenado a la empresa a su readmisión inmediata, al abono de los salarios dejados de percibir y al pago de 15.000 euros por daños morales. La sentencia, dictada el 10 de febrero de 2026 por la Sala de lo Social, estima el recurso interpuesto por el empleado frente al fallo del Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián, que había avalado la procedencia del despido, y concluye que la empresa donostiarra reaccionó de manera improcedente ante las acciones legales emprendidas por el trabajador, que se encontraba de baja. El conflicto se originó tras el despido disciplinario comunicado a inicios de 2025 por la mercantil, que acusó al trabajador de simular una enfermedad y de transgredir la buena fe contractual por supuestamente trabajar como repartidor durante su incapacidad temporal por «reacción aguda de estrés», según los partes médicos oficiales. Además, constaba un seguimiento médico por ansiedad desde septiembre de 2024, con referencia a una problemática laboral, aunque sin que ello implicara que el juzgado apreciara acoso. En la carta de despido, la compañía detallaba que, «advertida la dirección de la empresa de que podría estar paralelamente trabajando en otro lugar se requirió los servicios de un detective privado quien ha podido comprobar que» el empleado fue visto realizando tareas de mensajería en varios días durante el tiempo de baja. El escrito reproducía minuciosamente el seguimiento efectuado al trabajador y recogía diferentes repartos efectuados al volante de un vehículo a diferentes empresas y comercios de Donostia. A partir de esos hechos, la empresa concluía que «resulta evidente que, durante su baja por incapacidad temporal el trabajador aprovecha la inactividad en nuestra empresa para trabajar como transportista para otra empresa».

Aunque la inversión total en infraestructuras en España se ha reducido de forma considerable y generalizada en los últimos años, al pasar de representar el 61% de la inversión pública total en 2009 a menos del 38% en 2025, el tijeretazo se ha dejado notar sobre todo en las infraestructuras ferroviarias, donde la inversión “se ha desplomado un 66,7%; es decir, se ha reducido dos tercios desde entonces”. Así lo refleja el informe El stock de capital en España y sus comunidades autónomas (1995-2025), que hoy publican la Fundación BBVA y el Ivie, en el que se analiza la evolución de la inversión en España en las últimas décadas. Y las conclusiones no son nada tranquilizadoras. En 2025, la inversión en la red ferroviaria fue de 4.589 millones de euros, un 7% más que en 2024 y alrededor del 28,5% de la inversión total en infraestructuras, que el año pasado ascendió a 16.114 millones, un 6,8% superior a la realizada en el ejercicio previo, pero aun así un 60% inferior al volumen alcanzando en 2009; esto es, menos de la mitad que entonces… Y con el ferrocarril liderando el haircut, a pesar de que en los últimos veinte años su peso en la inversión pública en infraestructuras siempre ha superado el 25%, aunque lejos del pico alcanzado en 2011, cuando rebasó el 40% del total.

La llegada de nuevos accionistas y gestores a Talgo no se ha traducido en mejoras en plazos de entrega. La compañía vasca, que ha renegociado condiciones del encargo realizado por Deutsche Bahn, acumula años de retraso con Renfe, al mismo tiempo que reclama la retirada de la multa de 116 millones de euros. El operador estatal aún no ha completado la recepción de las treinta unidades de la Serie 106 contratadas en 2016 y todavía espera la recepción de alguno de los 13 trenes que conforman la Serie 107. Fuentes de la compañía estatal reconocen la acumulación de retrasos del fabricante participado por el Gobierno vasco y Sepi. En el caso de la Serie 106, faltan por entregar tres de las 30 unidades encargadas hace diez años. Estos trenes comenzaron a circular en mayo de 2024 y desde esa fecha su operación ha estado llena de incidencias provocadas por fallos estructurales de la plataforma relacionados con insonorización y vibraciones, junto a averías de software y mecánicas. Los últimos incidentes se produjeron en verano en la flota de los Avlo que prestaban el servicio entre Madrid y Barcelona. Renfe tuvo que llevar a taller las cinco composiciones afectadas. Según el operador, las unidades Avlo en cuyos bogies se encontraron fisuras fueron reparadas, mientras que los bogies dañados fueron sustituidos y se reincorporaron al servicio. Además, Renfe ha intensificado las labores de vigilancia de los trenes afectados. Las inspecciones se han pasado de cada 10.000 kilómetros a 5.000 kilómetros.

Según un informe que publican hoy la Fundación BBVA y el Ivie, la inversión total –pública y privada– creció un 5,1% en 2025, hasta alcanzar los 347.000 millones de euros. Sin embargo, pese a esa tendencia positiva, el avance aún no basta para cerrar la brecha abierta tras el estallido de la Gran Recesión y como consecuencia, España continúa sin recuperar los niveles de inversión que alcanzó en 2007. La incapacidad del país para volver al punto de partida de hace casi dos décadas refleja un cambio profundo en la economía. Durante los años del bum inmobiliario, el país invertía casi un 30% de su riqueza nacional; hoy, ese esfuerzo inversor se queda en el 20,6%. El indicador no solo se mantiene casi 10 puntos por debajo del nivel previo a la gran crisis, sino que tampoco alcanza para ponerse a la par de las grandes potencias europeas como Alemania o Francia, donde el porcentaje de la inversión sobre el PIB (es decir, el esfuerzo inversor) se sitúa en el 22%. En línea con la tendencia del último lustro, el impulso de la inversión ha estado liderado por el sector público. La llegada de los fondos europeos Next Generation ha permitido que la inversión de las Administraciones creciera un 9,1% en 2025, situándose un 56% por encima del nivel previo a la pandemia. El sector privado también ha mantenido el dinamismo: la inversión empresarial aumentó un 4,6% y ya supera con holgura el bache provocado por la covid.

El resultado de las elecciones regionales del pasado domingo en Baden-Württemberg ha generado tensión en la coalición de gobierno alemana (CDU y SPD). Cem Özdemir (Los Verdes) se impuso en las urnas con un mensaje de centro y un programa que pretende compaginar la protección de la industria y del clima al mismo tiempo. Es el más conservador de la formación ‘eco’ y el más ecologista de los políticos centristas, una especie de tercera vía capaz de obtener más apoyo electoral que los extremos. Su biografía constituye un mosaico de identidades que permite a Özdemir conectar con sectores muy diversos de la sociedad. Hijo de turcos llegados a Alemania en los años sesenta, esa doble pertenencia destacó pronto como una de sus mayores fortalezas políticas. En 1994 se convirtió en uno de los primeros diputados federales de origen otomano en el Bundestag, un hito que él mismo describió como «una señal de que este país pertenece a todos los que viven en él». Su entrada en Los Verdes en los ochenta coincidió con la evolución del partido desde un movimiento contestatario hacia una fuerza institucional, aunque goza de la simpatía de un amplio espectro de la izquierda. Y durante mucho tiempo estuvo casado con una periodista argentina, lo que le hizo uno más de la comunidad germano-latina. Aunque se situó desde el principio en el ala pragmática de la formación, partidaria de la cooperación con el centro y de una visión más amplia del ecologismo, jamás ha hecho concesiones que afecten a sus convicciones cuando ha ocupado cargos institucionales, como el Ministerio de Agricultura durante la pasada legislatura, con Olaf Scholz en la cancillería. El domingo, como figura destacada de una formación tradicionalmente enfrentada a la industria del automóvil, logró ser el político más votado en el feudo de Mercedes-Benz.

El mundo basado en la reglas internacionales hasta ahora conocidas es cosa del pasado, ya no existe. Es el mensaje que transmitió ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su presentación ante la Conferencia de Embajadores de la Unión Europea. En un discurso peculiar por parte de la máxima dirigente de una institución que ha venido defendiendo la autoridad del Derecho Internacional frente al modo en que Estados Unidos ha atacado Irán, Von der Leyen aseguró que «Europa no puede ser el guardián del viejo orden mundial, es algo que ya no existe y que no volverá» y que el bloque no puede asumir que las reglas internacionales «lo protegerán» de futuras amenazas. La política alemana explicó que «siempre defenderemos un sistema basado en reglas junto con nuestros aliados, pero no podemos confiar en ello como única forma de defender nuestros intereses o asumir que estas reglas nos protegerán de las complejas amenazas que enfrentamos». Von del Leyen instó a la UE a «reflexionar urgentemente» sobre si su doctrina, sus instituciones y su toma de decisiones –pensadas para un mundo de estabilidad y multilateralismo– «se han adaptado al ritmo de cambio que nos rodea» y si el sistema «es más una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico». Las palabras de la presidenta reflejan la frustración del bloque comunitario para reaccionar en un mundo en el que las crisis se suceden con mayor rapidez que nunca.