20260312

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Los afiliados de ELA en Trapagaran tiran un órdago a la dirección del sindicato. En un pulso inédito, provocado por el ERE en Tubos Reunidos, la sección de la central nacionalista en la planta vizcaína apoyará este viernes la última oferta de la empresa para pactar las 301 salidas del despido colectivo en una plantilla de más de 1.300 trabajadores. Ese será el pronunciamiento de los dos representantes -de un total de 13- del sindicato nacionalista en Trapaga en la comisión negociadora del ERE. Tomarán esa decisión después de una asamblea de afiliados en la que el 94,7% ha votado a favor de respaldar la última oferta de la compañía. De los 113 afiliados que se han pronunciado, 107 lo han hecho a favor del acuerdo y sólo seis han optado por el 'no'. El movimiento llega en plena crisis entre las secciones de ELA en Tubos Reunidos. La batalla dialéctica se ha recrudecido todavía más este miércoles, cuando la dirección del sindicato ha contraprogramado a sus delegados 'díscolos' con otra asamblea paralela que se celebrará este jueves. A través de una nota, la cúpula de Mitxel Lakuntza ha enmendado las acusaciones de sus sindicalistas de Trapagaran. Este miércoles esos delegados se han ratificado en su postura. «ELA Trapaga siempre ha estado a favor de dar la voz a sus afiliados y es lo que hemos hecho», han afirmado en declaraciones a este diario antes de reiterar que «lo que recogisteis en El Correo es totalmente cierto». «Hubo faltas de respeto e insultos muy graves. Nos hemos visto atacados, insultados, amenazados y silenciados», recalcan. Los sindicalistas 'disidentes' plantean que la última oferta de la tubera «puede dar pie a que pueda haber traslados de gente de la acería (de Amurrio) a aquí». Y eso les suena muy bien. «Hay gente de acería que en su día fueron de Trapagaran a Amurrio. Si en esta planta hay voluntarios para marcharse, hay prejubilaciones y un número elevado... habría mucha gente de acería de Amurrio que sería recolocable aquí. Nosotros vemos positivo eso», han subrayado. Sin el frente laboral perfilado, no se puede hablar del pasivo de la empresa. Y si no hay cambios, la empresa estaría abocada a presentar unas cuentas a finales de mes que obligarían a acudir a un proceso concursal.

Si en Trapagaran los sindicatos son más proclives a intentar explorar todas las vías de diálogo posibles para intentar alcanzar un acuerdo, en Amurrio la realidad es radicalmente diferente. Allí, las centrales ELA, LAB y ESK redoblaron ayer el pulso a la dirección de Tubos Reunidos y acordaron pasar a la huelga indefinida la semana que viene, según informaron fuentes de la plantilla a este periódico. El objetivo prioritario de la mayoría sindical en Álava es hacer torcer el brazo de la compañía para que retire un ERE que afectaría a 301 de sus más de 1.300 trabajadores. Hay disparidad de criterios sobre cuándo empezaría, pero todo apunta a que será el próximo martes cuando dé comienzo ese paro indefinido, coincidiendo con la huelga general del día 17 convocada por los sindicatos nacionalistas para reclamar el SMI vasco. UGT y CCOO se han posicionado en contra de la huelga indefinida en la planta alavesa. 

"...El próximo 17 de Marzo martes, alguien bien-mal pensado podría preguntarse: ¿primera huelga general en diferido contra este Gobierno Vasco? Aunque no contra este Gobierno tan sólo, sino que respondiendo a su ser de sindicatos nacionalistas también han convocado esta huelga en Navarra y al Gobierno de Navarra consecuentemente. La huelga es un derecho incuestionable, pero intentar paralizar un país con una reivindicación salarial legítima ella pero aderezada por un cóctel de agravios genéricos, como si no existiese un marco legal de derechos y libertades, no es proporcionado, ni responde a los intereses de la mayoría social...Soy de los que pienso que motivados por las actuales circunstancias socioeconómicas de nuestra sociedad y de nuestro alto coste de vida, más elevado que el del conjunto del Estado español sería lógico plantarse un SMI específica para esta tierra vasca de 1.500 euros frente a los 1.221 euros aprobados recientemente en el Estado español. Pero el núcleo de la cuestión no depende del Gobierno Vasco ni del Navarro, pertenece al ámbito del Estatuto de los Trabajadores concretamente en su artículo 27, es decir es competencia del Estado, repito no del Gobierno Vasco, ni del Navarro, sí del español...Habría que hacer constar que cualquier cambio en la legislación vigente para que se procediera el mencionado cambio en el Estatuto de Trabajadores tendría que pasar por la aprobación en el Congreso de Diputados, con todo lo que ello supondría dada la correlación de fuerzas en el Congreso español...Quizás, tan sólo quizás, demuestra que quienes impulsan la huelga del 17M no quieren un acuerdo sobre un salario mínimo propio para Euskadi, sino que su último objetivo oculto es la huelga general contra este Gobierno Vasco...Estimo que es imprescindible reflexionar sobre la decisión adoptada sobre este asunto por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) presidida por Garbiñe Biurrun desestimando la demanda de ELA y LAB contra el rechazo de Confebask a constituir una mesa para tratar de negociar una acuerdo interprofesional con el fin de fijar un salario mínimo para los trabajadores de Euskadi. Insisto, la huelga general convocada para el 17 de marzo sería la primera en esta primera legislatura del lehendakari Imanol Pradales y su Gobierno...no tengo absolutamente nada que ver con Confebask y menos, obvio, con la CEOE del Sr. Garamendi. Me da que las reivindicaciones de UGT-COO desfilan por el lado más laboral-sindical, mientras el discurrir de ELA-LAB, y otros, sería, también legítimo pero eminentemente político sabiendo que sus reivindicaciones, también y obviamente legítimas también, se presentan en un foro parlamentario no competente, pero que les hace quedar en sus correspondientes espacios políticos de una manera cómplice, sí, pero inútil, también..."

Independientemente de lo que dure la guerra en el Golfo Pérsico, «las consecuencias van a quedarse durante meses, si no años». Así ha advertido el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, del impacto del conflicto de Oriente Medio sobre un sector, el siderúrgico, que necesita gran cantidad de energía. Por ello, el industrial ha sentenciado que «el año 2026 va a ser catastrófico». En un acto celebrado por la Diputación de Bizkaia con las principales empresas del territorio para impulsar la inversión en descarbonización de la industria, el presidente de Sidenor ha precisado que en su compañía ya se está notando el impacto de los precios. Por eso ha pedido que las administraciones públicas en España tomen medidas «como ya están haciendo en Francia o en Bélgica. Allí -ha recordado- los gobiernos han dicho vamos a ayudar a las empresas y los ciudadanos». Mientras no se acometan esas medidas, ha advertido de que los problemas de competitividad se acentúan más. De ahí que haya considerado «urgentísimo eliminar el 7% del impuesto sobre la generación», así como las tasas de ajuste que, desde el apagón y por el funcionamiento en modo reforzado de la red, han elevado la factura de la luz. También ha señalado la importancia de mantener las ayudas por las emisiones de CO2, que este año se han visto reducidas de los 300 millones de 2025 a 244 millones. Se trata de medidas que dependen del Gobierno central y que la patronal vasca, Confebask, y el propio Ejecutivo vasco ya han planteado en más de una ocasión. El presidente de Sidenor ha alertado también del problema de los productores de acero de la Unión Europea frente a otros competidores, principalmente asiáticos. «Estamos jugando al fútbol con gente que coge el balón con la mano», ha ironizado al referirse a que los productores de China no tienen las exigencias en sus procesos de elaboración que sí pesan en Europa.

Con el objetivo de evitar que la situación se agrave, ante la amenaza de que el cierre del estrecho de Ormuz encarezca las materias primas, Pradales anunció que su Ejecutivo «está trabajando en un primer paquete de medidas por si esto se alarga y se complica». El Gobierno vasco analiza qué instrumentos pueden resultar más eficaces para proteger el tejido productivo del territorio. Fuentes de Lehendakaritza explican que el plan de ayudas se orientará principalmente al respaldo de las pymes mediante financiación para circulante, medidas destinadas a preservar el empleo y actuaciones dirigidas a abaratar la factura eléctrica. Estas iniciativas vendrían a complementar el «escudo comercial» activado hace un año para hacer frente a las políticas proteccionistas de Trump. Un parapeto que ya incluye avales para pymes –a los que apenas se ha recurrido–, complementos salariales para trabajadores en ERTE y programas de apoyo a la internacionalización de las empresas. El lehendakari realizó estas declaraciones en el Parque Tecnológico de Zamudio, en una comparecencia sin preguntas previa a la reunión del Grupo para la Defensa Industrial, el foro que reúne a las principales empresas del territorio, clústeres, diputaciones y agentes sociales, entre ellos Confebask. Durante el encuentro, Lakua expuso los posibles mecanismos de ayuda y solicitó un «feedback rápido» para determinar cuáles podrían activarse. Las compañías, por su parte, trasladaron su preocupación por el riesgo de un nuevo encarecimiento de la factura energética. La necesidad de rebajar la factura energética de la industria electrointensiva ya figuraba entre las principales preocupaciones del Gobierno vasco. De nuevo, la siderurgia, la automoción y la máquina herramienta figuran entre los ámbitos que Lakua considera más expuestos a las consecuencias del conflicto. Un impacto que, recalcan, va más allá de las 42 empresas vascas presentes en la región y de las 62 instalaciones industriales vinculadas a ellas.

Las diputaciones cuentan ya con un paquete de medidas tributarias para desplegar de forma inmediata con el objetivo de mantener la liquidez de empresas y autónomos. Así lo ha anunciado este miércoles la diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, en un acto con las principales empresas de Bizkaia para impulsar las inversiones en descarbonización. El diputado general de Álava, Ramiro González, ha asegurado también que «estamos muy antentos al impacto en empresas y familias» y ha adelantado que las tres diputaciones «estamos trabajando para preparar medidas similares a las de la guerra de Ucrania». El paquete consiste principalmente en aplazamientos, exención de pagos fraccionados a autónomos y empresas, amortizaciones aceleradas o devoluciones de IVA más ágiles. Además, Berrojalbiz ha abierto la puerta a una deflactación al recordar «que si la situación de precios reproduce una escalada, podremos activar una deflactación general en los impuestos». Así, el 2% que las diputaciones vascas habían fijado para este 2026, podría incrementarse si la inflación continúa su escalada. En 2022, las administraciones vascas elevaron esta deflactación hasta un 5,5% en medio de un verano en el que los precios escalaron un 10% en julio y agosto por la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. En este contexto, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe ha presidido un acto en el que ha participado Iberdrola, Petronor, Gestamp y Sidenor con la presencia de los principales representantes del tejido empresarial. En su intervención ha defendido que, «en Bizkaia, la fiscalidad es una aliada para las empresas que invierten en descarbonizar».

Gipuzkoa anunció ayer su nuevo plan de ayudas destinadas a las empresas, que asciende a 32 millones de euros y que tiene como objetivo reforzar la competitividad. El programa, presentado ayer en San Sebastián con una gran afluencia de invitados, se da conocer en pleno estallido de la guerra en Oriente Medio. Un conflicto que ha aumentado la incertidumbre, elevado los costes energéticos y complicado sobremanera el horizonte de las empresas, que necesitan certezas para invertir y crecer. Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, y Unai Andueza, diputado de Promoción Económica, presidieron el acto en Miramon. Mendoza precisó que, al igual que sucedió el año anterior con las inundaciones registradas en Gipuzkoa, el programa puede ser flexible para ser ampliado. Porque en el ambiente económico flota un aire de pesimismo que se estrella cada mañana con la cotización del barril de Brent o la evolución del precio del gas, que trastoca los balances de las compañías.

"La elección de Navarra como emplazamiento de la fábrica de la empresa china Hithium, segundo fabricante mundial de baterías estacionarias, ha revuelto las aguas en el PNV. El gol de María Chivite –o de Pedro Sánchez, según la mayoría de las interpretaciones– a Euskadi, que había apostado sin ambages por el proyecto y había llegado a presentarlo en mayo en sede parlamentaria a través de un memorándum de colaboración, ha dejado una sensación amarga en el partido. Los más benévolos lo ven como una maniobra electoral del presidente del Gobierno para dar un espaldarazo a una de las pocas comunidades que el PSOE mantiene en su haber y los más vitriólicos como un fracaso en toda regla de gestión del lehendakari Pradales y su consejero de Industria, Mikel Jauregi, cuando no un recordatorio de la escasa influencia de los cinco diputados jeltzales en Madrid para atraer inversiones a Euskadi a cambio de su respaldo político a Sánchez desde su primera legislatura. «Es un fiasco de Esteban. De nada han valido toda la tradición industrial de Bizkaia ni nuestros cinco votos vitales», lamenta un exdirigente. La lectura oficial, sin embargo, es otra, pese al golpe que sin ningún género de dudas supone para la industria de Euskadi la pérdida de una inversión de 400 millones que habría generado mil nuevos empleos en el tejido productivo vasco, necesitado de impulso tras los últimos cierres de empresas (Mecaner) y ERE (Bridgestone, Guardian, Tubos Reunidos). El Gobierno vasco pero, sobre todo, el Euzkadi buru batzar, han decidido hacer de la necesidad virtud e intentar rentabilizar a su favor lo que muchos definen en privado con palabras malsonantes e irreproducibles..."

«Sin avances». Así finalizó ayer la tercera reunión entre el comité de empresa de la papelera Papresa y representantes del grupo inversor extremeño CL Group, aunque con el compromiso de ambas partes de volver a reunirse en una fecha aún por concretar. El encuentro tuvo lugar en la sede del Preco en Donostia –un servicio del Consejo de Relaciones Laborales del País Vasco que se utiliza para resolver conflictos colectivos de trabajo mediante conciliación, mediación o arbitraje– en un contexto marcado por la delicada situación financiera de la compañía guipuzcoana, que se encuentra en preconcurso de acreedores y acumula una deuda cercana a los 70 millones de euros. Sobre la mesa continúa el posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría aplicarse en caso de que CL Group formalice la compra de la empresa. Desde el comité de empresa señalan que las propuestas trasladadas siguen siendo insuficientes y mantienen su rechazo a determinadas condiciones laborales planteadas por la parte empresarial al no respetar los mínimos del convenio de pastas y papel y cartón del territorio. Pese a la falta de avances en este tercer encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener abiertas las vías de diálogo para intentar acercar posiciones en las próximas semanas.

Punto final a los planes de Forestalia en Álava. El Ministerio de Transición Ecológica da carpetazo al proyecto que la promotora de energías renovables pretendía desplegar en el territorio: una línea de alta tensión para transportar hacia Vitoria la electricidad producida en varios parques eólicos de Aragón. Ya en la capital alavesa se engancharía a una de sus subestaciones. El controvertido tendido, de 165 kilómetros de extensión, ya recibió un fuerte varapalo el pasado año, cuando la empresa perdió los permisos para enganchar aquí. Ayer se certificó el fin del plan con la publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (Botha) del archivo del expediente. Forestalia tenía que conseguir la autorización administrativa para construir el parque antes del 17 de marzo. La empresa no llegó a tiempo y por lo tanto expiró el permiso de Red Eléctrica para conectar la producción de sus molinos. Antes de ‘enterrar’ el proyecto, la compañía tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos al ministerio que dirige Sara Aagesen. En un trámite de audiencia, Forestalia entregó un escrito en el que alegó que la pérdida de los permisos «no se debió a una inacción, sino a la imposibilidad de completar la tramitación a tiempo debido a los condicionados establecidos por las distintas administraciones públicas en los informes emitidos por ellas».

Desde la llegada de Adeslas, la aseguradora ha elevado un 15% su facturación hasta rozar los 300 millones y mantiene una cuota de absoluto liderazgo del mercado de la sanidad privada vasca, especialmente en Bizkaia. Los asegurados ascienden a 250.000 y los empleados superan las 3.000 personas con 1.300 médicos. En el IMQ todavía quedaba un 25% de las acciones que no estaban bajo el control de Adeslas después de que la aseguradora de Caixabank y Mutua Madrileña se hiciera con la firma vasca en 2023. Entonces, Adeslas adquirió el 75% de la histórica firma bilbaína por 225 millones y, además de comprometerse a mantener la sede y la filosofía de la empresa estableció varias ventanas sucesivas para adquirir el resto de títulos. La primera de esas ventanas, como adelantó EL CORREO, se abrió el pasado mes. Este martes, el consejo de administración de la Sociedad de Médicos del IMQ dio parte del resultado y del número de accionistas que acudieron a la oferta. El resultado ha aflorado que uno de cada cuatro accionistas del IMQ que no vendió a Adeslas hace tres años ahora sí lo ha hecho. Un traspaso que han firmado al mismo precio, es decir, 255 euros por acción. De este modo, la presencia en el accionariado de Adeslas se incrementa en seis puntos hasta alcanzar el 81% de la entidad. En la compra, la aseguradora se comprometió a abrir ventanas de venta para los socios del IMQ los años 2028, 2030, 2034, 2039 y una última en 2044. Esas ocasiones, eso sí, ya no estarán atadas al compromiso de 255 euros, sino que dependerá del comportamiento del negocio recogido en las cuentas anuales de la empresa. 

Las economías desarrolladas llegaron ayer a un histórico acuerdo en el seno de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para liberar petróleo al mercado, con el fin de calmar a un mercado especialmente turbulento con la guerra en Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz. “Los [32] países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia en la historia de nuestra agencia”, anunció ayer el director de la Agencia, Fatih Birol, tras el acuerdo para lanzar al mercado 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas nacionales de sus miembros. Con este acuerdo, la AIE coordinará la mayor liberación de crudo al mercado de la historia, más del doble que tras la invasión rusa de Ucrania (182 millones de barriles) y el equivalente al petróleo que habitualmente atraviesa el estrecho de Ormuz durante 20 días. Una cantidad con la que se podría cubrir por completo el consumo de los países que forman parte de la Agencia durante más de 12 días. De hecho, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, señaló ayer que España liberará alrededor del equivalente a 12,5 días de consumo de sus reservas estratégicas, que actualmente ascienden a 92 días de consumo nacional. En todo caso, la cotización del petróleo apenas reaccionó ayer al anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de la liberación de las reservas estratégicas de petróleo al mercado: el Brent sube un 5% y el gasóleo, a 1,79 euros. 

En España, liberar reservas impacta directamente en 391 empresas energéticas. Las más afectadas, por ser los mayores importadores de petróleo y gas, son Repsol, Moeve, BP, Avia, Galp y Naturgy. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, avanzó ayer que España iba a secundar la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para que los países miembros (32, entre ellos España, que fue uno de los fundadores) liberen parte de las reservas estratégicas que tienen almacenadas de petróleo y gas. El objetivo es frenar la escalada de precios de los hidrocarburos que está provocando la guerra en el golfo Pérsico, entre EEUU e Israel con Irán. Sería la mayor liberación de reservas de la historia: 400 millones de barriles, cuando inicialmente se barajaba liberar el doble que durante la guerra de Ucrania (182) . El Gobierno activa así la alarma roja en un sistema de protección que se remonta a 1974 y que, hasta ahora, en España solo se ha activado cuatro veces: Guerra del Golfo de 1991; huracanes Katrina y Rita en 2005; Primavera Árabe y Conflicto Libia, en 2011; y guerra de Rusia en Ucrania, en 2022. En ninguno de esos casos se activó de forma tan significativa como lo que se prevé ahora.

El director general de la naviera danesa Maersk, Vincent Clerc, advirtió ayer de que la compañía se enfrenta a crecientes riesgos para el abastecimiento de combustible para sus buques en Asia y Medio Oriente, debido a las tensiones en la región y al cierre de rutas marítimas clave. “Las existencias están disminuyendo. Si no hacemos nada, corremos el riesgo de encontrarnos en Asia o en Medio Oriente con puntos de abastecimiento vacíos”, declaró Clerc en una entrevista publicada por Le Monde, en la que explicó que el suministro de combustible en Asia depende en gran medida del flujo que atraviesa el estrecho de Ormuz. Según Clerc, aunque el suministro de fueloil se mantiene estable en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, las perturbaciones en el Golfo Pérsico están afectando el equilibrio global.

El BCE asegura que conviene mantener la cabeza fría en medio de la fuerte volatilidad de los mercados financieros, pero admite sin ambages que la guerra en Irán restará crecimiento a la economía europea y elevará la presión sobre la inflación. El máximo supervisor bancario sostiene que hacer proyecciones ahora es muy complicado porque el estallido bélico es muy reciente. Sin embargo, la misión más inmediata del BCE será precisamente elaborar distintos escenarios sobre el impacto que puede tener el conflicto en Oriente Próximo sobre el PIB europeo y sobre los precios. Lo hará la próxima semana, en la que toca reunión de política monetaria. “Aún es pronto para sacar conclusiones. El conflicto introduce una cuña de volatilidad en un mundo que ya era complejo desde el punto de vista del contexto internacional”, señaló ayer Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, que participó en un encuentro financiero organizado por Deloitte y ABC. Los precios del petróleo han subido casi un 50% desde principios de año como consecuencia de la guerra en Irán, lo que probablemente impulse la inflación y aumente la presión sobre el BCE para que intervenga y frene las presiones sobre los precios. “El impacto económico del conflicto dependerá de la duración, la intensidad y la extensión del mismo, pero a priori tiene un impacto negativo sobre el crecimiento”, reconoció De Guindos.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, vislumbra el final de la guerra hipotecaria que ha preocupado a los grandes bancos durante los últimos meses. Paradójicamente, es otro conflicto, uno armado de verdad como es el ataque de EE UU e Israel a Irán, el que provocará finalmente una subida en los tipos que se aplican a los préstamos para la compra de vivienda, tanto en España como en Europa. Y esto enfriará la batalla para ofrecer estos productos a un precio incluso más bajo que el del mercado, lo que había elevado las preocupaciones de los reguladores. “La situación bélica nos está generando más tensionamiento de la curva de tipos en el largo plazo. Todo hace pensar que los tipos de interés llevarán a hipotecas mayores”, dijo en su intervención en el encuentro del sector financiero organizado por Deloitte y en Madrid. Es decir, para Gortázar, el alza en los precios de la energía conllevaría una inflación más elevada y esto forzaría al BCE a elevar el precio del dinero, lo que se trasladaría a unas hipotecas más altas que en los últimos meses. El CEO reconoció que la concesión de hipotecas en España ha estado durante meses “subvencionada”. Es decir, los bancos prestaban dinero a un precio más barato que el del mercado. 

“La industria europea de componentes de automoción ha perdido 104.000 empleos en los últimos dos años, lo que supone unos 100 empleos al día, el equivalente al cierre de una empresa pequeña”, sentencia Benjamin Krieger, secretario general de la patronal europea de la industria de proveedores de automoción. Krieger pone así de manifiesto la situación crítica por la que atraviesa el sector, que se ha visto afectado por una legislación europea de emisiones de CO2 que está basada en criterios “obsoletos”, con supuestos previos a la pandemia o la guerra de Ucrania. Por eso, pide a la Comisión Europea “espacio” para adaptarse a lo que los clientes quieren comprar, en relación con la todavía baja demanda de coches eléctricos en Europa. “La gente no compra coches eléctricos al ritmo que necesitaríamos para alcanzar los objetivos, por lo que necesitamos una regulación flexible”, explica el directivo, al tiempo que pone la mirada en la competencia venida de China y que ha revolucionado la industria. En este sentido, aboga por “un nivel adecuado de protección” por parte de Bruselas frente a la competencia china, que evite daños en el tejido industrial europeo. Krieger considera que los proveedores europeos de componentes son “competitivos” tecnológicamente, pero no pueden luchar contra la “sobrecapacidad respaldada por el Estado chino y los bajos precios de la energía”, que hacen que las empresas del gigante asiático tengan costes hasta un 35% menores que los de Europa.

Desde que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) empezó a subir con fuerza en 2019, la patronal ha pedido al Gobierno que permita actualizar el precio de las contratas que tienen las empresas con la Administración Pública para poder trasladar ese aumento de costes sobrevenido, una petición que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo que estaban valorando y que ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descarta definitivamente. «No podemos asociar una subida del Salario Mínimo, que tiene que tener vocación de seguir subiendo, eso no tiene por qué ser compatible con más gasto de las Administraciones Públicas. El Salario Mínimo ha subido este año un 3,1%, eso se puede absorber por parte de las empresas», zanjó ayer durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda en el Senado, en la que señaló que lo que hay que revisar es que las empresas no absorban las subidas del SMI en complementos que abonan como los de nocturnidad o peligrosidad. Quienes reivindican que las contratas públicas deben actualizarse conforme al SMI argumentan que una empresa cualquiera a la que le impongan que tiene que subir el salario de sus trabajadores, en caso de que perciban el Mínimo Interprofesional, tienen la posibilidad de subir los precios de los productos que venden o los servicios que ofrecen para poder mantener su margen de beneficio. Sin embargo, una compañía que tiene un contrato público por un precio fijado no puede actualizar lo que cobra a esa Administración en caso de le suban los costes si paga el SMI. Se da la circunstancia, además, de que buena parte de las contratas que tiene la Administración se enmarcan en sectores en los que abunda el SMI, como por ejemplo los contratos de limpieza o jardinería. 

Las cúpulas de las grandes empresas pertenecientes al Ibex-35 se someten al examen anual ante sus accionistas desde mañana. Mapfre da el pistoletazo de salida de las juntas que se celebrarán en los próximos meses para que cada compañía rinda cuentas y los expertos en gobierno corporativo ya han lanzado las primeras advertencias sobre algunos males endémicos que arrastra la gran empresa española. Los principales asesores de voto a escala nacional e internacional, ISS, Glass Lewis y Corporance, han movido las primeras fichas y ya han pedido votar en contra de las reelecciones de algunos de los principales ejecutivos así como de los sueldos que reciben los ejecutivos en compañías como Mapfre, Telefónica o Naturgy. Todas ellas celebran su junta de accionistas antes de que termine marzo. Los proxy advisors, como se les denomina en la jerga financiera, consideran que estas empresas han realizado propuestas de reelección de unos primeros espadas que acumulan un poder excesivo en sus respectivas firmas o critican lo que califican de sistemas retributivos excesivos.

Inditex muestra fortaleza en medio de la tormenta geopolítica y cierra el mejor ejercicio de su historia, con unas ganancias récord de 6.220 millones, un 6% más, batiendo las previsiones del mercado y superando por primera vez la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio. El dueño de Zara tuvo un cuarto trimestre más fuerte de lo esperado, con unas ganancias de 1.598 millones de euros (+12,7%), lo que deja un ejercicio que ha ido de menos a más. Su beneficio subió un 0,5% en el primer semestre, un 8,8% en el tercer trimestre y ha acelerado en el cuarto, creciendo a doble dígito. La compañía se ha quedado, en cambio, a las puertas de otro hito: los 40.000 millones de facturación. Inditex registró en 2025 unas ventas de 39.864 millones, un 3,2% más, tras un cuarto trimestre con un alza del 4,3%, en línea con las estimaciones del mercado. Sin el efecto divisa, los ingresos habrían ascendido el doble: un 7%. El inicio del primer trimestre de 2026, marcado ya por el conflicto en Oriente Medio, aporta además confianza, ya que la empresa elevó sus ingresos un 9% a tipos de cambio constantes. “2025 ha sido un ejercicio marcado por la incertidumbre y 2026 también lo va a ser”, dijo ayer el CEO del grupo, Óscar García Maceiras.

Después de dos requerimientos oficiales de la Comisión Europea a España y una denuncia del colectivo ante el Ejecutivo comunitario, Bruselas decidió ayer llevar al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por negarse a trasponer al completo la Directiva que permitiría a los autónomos con ingresos más bajos –presumiblemente, menos de 85.000 anuales– dejar de retener y devengar IVA al Fisco. En un comunicado, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen afirma que “España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA a las pymes establecida en la Directiva, dado que su aplicación es opcional para los Estados miembros. Si bien esto es posible, se espera que trasponga las disposiciones que permiten aplicar el régimen de exención en otros países”. La decisión se produce después de la denuncia que presentó la principal asociación del colectivo en España, ATA, el pasado diciembre, y en medio de la polémica negativa del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero de aplicar este beneficio fiscal para los autónomos, que supondría un ahorro estimado de 500 millones de euros para alrededor de 700.000 trabajadores por cuenta propia, unos 600 euros al año por profesional. “La falta de trasposición por parte de España de las disposiciones sobre el lugar de prestación conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros 26 Estados han traspuesto la Directiva y aplicarán normas diferentes”, argumentan desde la Comisión, añadiendo que, en el caso de los “bienes de segunda mano, obras de arte, objetos de colección y antigüedades puede distorsionar la competencia”.

La guerra de Oriente Próximo ya afecta al bolsillo de los europeos con un coste milmillonario. En apenas 10 días de conflicto, la fuerte escalada del precio de la energía provocada por los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han impactado en el bloque comunitario amenazando con provocar una sangría en sus cuentas. Según las estimaciones realizadas por la Comisión Europea, los Estados miembros han tenido que asumir un coste extra que ronda los 3.000 millones de euros en este tiempo para importar la misma cantidad de combustibles fósiles. Se trata de un shock que, si se alarga en el tiempo, puede acabar teniendo efectos severos sobre el crecimiento de la región, tal y como ya han alertado instituciones como el Banco Central Europeo (BCE). “Desde el inicio del conflicto, los precios del gas han subido un 50% y los del petróleo, un 27%. Si lo traducimos a euros, 10 días de guerra ya han costado a los contribuyentes europeos 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles”, expresó ayer Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, en su discurso en el pleno del Parlamento Europeo celebrado en Estrasburgo. La política alemana defendió que la diversificación de fuentes de energía que ha llevado a cabo Europa desde el estallido de la guerra de Rusia sobre Ucrania ha dado sus frutos ahora ante el conflicto de Oriente Próximo. Sin embargo, la factura sigue siendo demasiado elevada.

Al lado de la residencia de los príncipes de Gales, en Kensington Gardens, se levanta la embajada de Israel en Londres. Podría pasar desapercibida para los turistas y los vecinos que corren o sacan el perro, a no ser por los policías que vigilan los extremos de la calle que da acceso y los que están en la puerta de la legación diplomática, con la bandera con la estrella de David. “¡Señor! ¡No se pueden sacar fotos!”, grita un agente. A las preocupaciones de la Policía inglesa sobre uno de los inmuebles con más seguridad de la capital británica se añade un nuevo quebradero de cabeza por uno de los vecinos que se acaba de conocer: el propietario de uno de los lujosos pisos tras la embajada es Mojtaba Jameneí, según The Daily Telegraph. Se trata del nuevo líder supremo de Irán, un país en guerra contra EEUU e Israel y uno de cuyos propósitos es acabar con Israel. Menos de 50 metros separan ambos inmuebles. El apartamento en cuestión no es tal, sino que son dos. Uno fue adquirido en 2014 por 16,75 millones de libras y el segundo, dos años después, por 19 millones de libras (41 millones de euros en total). En la última década, los precios del mercado prime en el centro de Londres han caído un 20%. Se desconoce cuáles son exactamente los apartamentos de Jameneí. La zona cercana a Kensington Gardens y Hyde Park es una de las más apetecibles de Londres, a tiro de piedra de las tiendas y restaurantes de High Street Kensington (allí tienen presencia Massimo Dutti, Zara y Mango, que se acaba de estrenar en la arteria) y muy cerca de Notting Hill y Bayswater. El bloque tiene jardines propios y una entrada vallada, lo que garantiza cierto anonimato. Este es un ejemplo de la importancia del capital de Oriente Próximo para sostener el mercado inmobiliario de lujo en Londres. Una cuarta parte de las viviendas vendidas el año pasado en la capital inglesa por más de quince millones de libras tuvo un comprador de la región.