20260604

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Francia y Alemania sufrirán una dura contracción, España e Italia rozarán el estancamiento. La economía europea se asoma, muy probablemente, a una contracción. Después de registrar un ligero crecimiento entre enero y marzo debido a la necesidad de la industria de hacer acopio de las provisiones que habitualmente circulan a través del estrecho de Ormuz, la guerra en Irán y el bloqueo de este paso ha golpeado contundentemente la actividad en la unión monetaria, lo que podría derivar en una contracción del PIB del 0,2% en el segundo trimestre con respecto al arranque del año. Un retroceso que, además, vendría acompañado de una nueva vuelta de tuerca a la inflación, lo que pondría en un duro dilema al Banco Central Europeo (BCE), que tendría complicado decidir cuál de los dos problemas resolver. “Puesto que la actividad empresarial en la zona euro cayó por segundo mes consecutivo en mayo, parece cada vez más probable que la economía entre en territorio de contracción en el segundo trimestre”, señala Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence y responsable del estudio. En concreto, el Índice de Gestores de Compras compuesto de la eurozona (PMI, por sus siglas en inglés) se situó en 48,5 puntos en mayo, de acuerdo con los datos publicados ayer, tres décimas menos que en abril, por debajo de los 50 puntos que marcan la frontera entre el crecimiento y el retroceso. “Los datos del índice PMI señalan una caída trimestral del PIB del 0,2%, salvo que se produzca un cambio significativo en junio”, concluyó Williamson. Este retroceso se debió a la caída de los nuevos pedidos a las empresas de la eurozona.

La industria sigue exhibiendo su capacidad de resiliencia. No son tiempos sencillos para ninguna empresa, pero el tejido industrial trata de adecuarse a ellos. Eustat comunicó hoy que la producción industrial creció en Euskadi un 1,9% interanual en abril, con dos apartados especialmente positivos: los bienes de consumo -que no suelen ser el eje central de la actividad del sector- y los bienes de equipo, un área en la que Euskadi sí atesora más tradición y en la que el dato de subida permite aventurar un cierto mantenimiento positivo de la actividad al menos hasta la llegada del verano. Es preciso tener en cuenta que la estadística toma como comparación el mes de abril del pasado año, cuando la economía mundial estaba en plena tormenta por la entrada en funcionamiento de los aranceles por parte de Estados Unidos al resto de grandes bloques económicos, entre ellos la Unión Europea. En medio de esa incertidumbre, se puso en marcha también un escudo industrial por parte del Ejecutivo vasco valorado en más de 2.000 millones de euros para hacer frente a esos sobrecostes. En cualquier caso, el balance hecho público ayer recoge, además, que en términos intermensuales –sobre marzo, el mes anterior– el índice de producción industrial en Euskadi también aumentó, en este caso en un 3,8%. Supone, además, poner freno a cinco meses consecutivos de descensos interanuales. 

Tubacex ya tiene firmado el convenio colectivo para sus plantas de Álava para el periodo 2025-2029. La compañía ha ratificado el principio de acuerdo alcanzado en abril con la mayoría sindical –ELA, STAT y CCOO–. Según su valoración, este pacto, que afecta a los 600 trabajadores de sus plantas en Llodio y Amurrio, «refuerza la estabilidad industrial» en el territorio, además de contribuir a preservar empleo y aportar visibilidad a cinco años en un contexto de «elevada exigencia» para la industria vasca. La empresa destacó la importancia del el acuerdo «en un entorno de mercado complejo». De hecho, la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio, donde la compañía tiene una importante parte de su negocio, hizo que su beneficio cayese un 84% en el primer trimestre hasta los 1,3 millones. El convenio contempla una subida salarial desde este año hasta 2029 del IPC más un 0,5%. Además para 2025 los empleados tendrán un aumento del IPC más el 1,75% junto con una paga única de 2.000 euros.

El vehículo inversor de José Antonio Jainaga, Mirai Investments, continúa con su elevada actividad de adquisiciones en sectores económicos diversificados. Ayer anunció la compra de las empresas vascas Afesa Medio Ambiente –con sede en Derio– y Excavaciones Mendiola –Júndiz, Álava– con el fin de aterrizar en el sector de servicios ambientales, un ámbito en pleno auge impulsado por las normativas estrictas, la transición ecológica y la inversión corporativa. En un comunicado, Mirai señaló que estas dos nuevas compras suponen entrar en una nueva área de actividad, la de servicios ambientales y economía circular para la industria pesada, el sector energético y el de la construcción. Y es que según señalaron, el vehículo inversor que preside Jainaga –a su vez presidente de Sidenor y Talgo– aspira a convertirse en un «referente» en este ámbito en particular y poder lograr una cifra de negocio cercana a los 100 millones este mismo año, empleando a unas 300 personas.

El presidente de BBK, Unai Rementeria, señaló ayer que está «trabajando» con Talgo para instalar en Bizkaia del centro tecnológico ferroviario que el fabricante vasco levantará en Euskadi. La fundación bancaria tiene un 7,8% de las acciones de la empresa tras la aportación de 45 millones en la operación que dio entrada al consorcio liderado por José Antonio Jainaga. En el accionariado están con ese mismo porcentaje el Gobierno vasco, el propio Jainaga y la Sepi. La fundación Vital tiene una participación menor con un 3,9%. Rementeria advirtió, tras una información publicada por el diario ‘El Mundo’ que señalaba a Bizkaia como la ubicación para el centro, que la cuestión está todavía «verde» y que «corresponde al consejo de administración de la compañía». La instalación, que se adherirá a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, trabajará en las tecnologías de la futura generación de trenes y fue anunciada esta semana por la empresa sin concretar el lugar. En la operación de arraigo cerrada el año pasado sobre Talgo, la apuesta de la fundación Vital, con algo más de 20 millones, se cobró el inmediato traslado de la sede a Álava. Además, la empresa necesita con urgencia aumentar su capacidad productiva para traducir en dinero su enorme cantidad de pedidos, con más de 6.000 millones de euros. 

El duro pliego de condiciones de Renfe para el macropedido de trenes de alta velocidad aleja a la guipuzcoana Construcciones y Auxiliar del Ferrocarril (CAF) de tener opciones reales de optar al contrato de la que será la mayor licitación de alta velocidad en la historia de la compañía ferroviaria estatal. Una pelea a la que la beasaindarra se había apuntado pese a que la alta velocidad no es su sector principal de actividad y sabedora de que la competencia era brutal con firma internacionales como Hitachi, Alstom o Siemens, con mayor capacidad tecnológica en este ámbito. Una situación que CAF acoge con calma, ya que no era un contrato estratégico para ellos, más centrados en los trenes y metros urbanos o los autobuses eléctricos, a través de la filial Solaris. Y también porque la firma pilotada por Javier Martínez Ojinaga ha comenzado 2026 con una contratación histórica pese a sufrir «cierta afección» por la guerra en Irán. La formalización del contrato de Bélgica, de 1.700 millones de euros, sumada al dinamismo de otras áreas situaba la captación hasta marzo en 2.900 millones, según los resultados del primer trimestre presentados hace un mes. De hecho CAF, que cuenta con su plataforma Oaris como baza tecnológica contrastada aunque todavía no suficiente para optar a esos megacontratos, no tiene previsto seguir la línea de Talgo, otra que lo tiene complicado pero que presiona al Gobierno central para no quedarse fuera del concurso de Renfe, de 4.000 millones y uno de los principales de Europa.

Un grupo de encapuchados ha atacado con pintura roja y rotura de lunas media docena de tranvías de CAF almacenados junto a una carretera en Beasain, según puede observarse en un vídeo remitido a Argia. El movimiento a favor de “la libertad, la igualdad y la justicia de Palestina”, tal y como se define, ha denunciado que estas unidades iban dirigidas a la capital de Israel, Tel Aviv, como se demuestra en su opinión que estaban rotulados en hebreo. El vídeo muestra cómo los encapuchados atraviesan una verja para acceder a un espacio abierto donde se encuentran las unidades de tranvía de CAF y rompen varios cristales, además de escribir con pintura roja “CAF Konplize (CAF Cómplice)” e “Israel suntsitu (Israel arrasa)” y utilizar la misma pintura para los cristales delanteros de media docena de tranvías. Como se cuenta en una nota, a pesar de que “se ha insistido” en que las unidades de tranvía ligero que CAF fabrica para Tel Aviv se producen en instalaciones de fuera de Euskadi, “por lo menos en los últimos meses andan en carreteras, puertos y almacenes” vascos. Una vez informados del paradero de algunas de estas unidades, prosigue la nota emitida a Argia por el grupo, “no hemos podido quedarnos quietos ante ello”.

Euskadi dispone de «una base sólida en ciencia, tecnología e industria, pero afronta un contexto internacional cada vez más exigente que obliga a acelerar la transformación del conocimiento en resultados tangibles para la competitividad, el bienestar y el desarrollo sostenible». Son las palabras que el presidente de la Agencia Vasca de la Innovación (Innobasque), Imanol Rego, pronunció ayer en la asamblea general de la agencia, en la que sus representantes aprobaron por unanimidad la puesta en marcha del Plan Estratégico 2026-2030, que marcará la actividad de la agencia en los próximos años. Una hoja de ruta que, según subrayó Rego, responde a la necesidad de adaptar y fortalecer el posicionamiento de Euskadi, que se mantiene como región de alta innovación en Europa y «polo de excelencia» reconocido por la Comisión Europea, pero en el que también afronta el reto de sostener y reforzar su posición en un entorno global de creciente competencia. 

Los cobros indebidos llevan años suponiendo un quebradero de cabeza para Lanbide, pero también para los perceptores de las ayudas sociales, que ven cómo, meses después de recibir una cuantía, se les reclama una parte de ella generalmente a consecuencia de los lentos ritmos de la burocracia. Y la nueva forma en la que el Servicio Vasco de Empleo está recuperando, desde mediados del pasado año, los pagos excesivos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se tradujo en un aluvión de reclamaciones ante el Ararteko, que en la presentación ayer de su memoria anual en el Parlamento Vasco censuró esos cambios. El Defensor del Pueblo vasco realizó el año pasado 16.637 actuaciones de las que derivaron 3.190 expedientes de queja. De ellos, la cifra más alta correspondió a prestaciones económicas para la inclusión. Fueron 443 (406 referentes a la RGI y el Ingreso Mínimo Vital), y 61 estuvieron directamente relacionados con el denominado procedimiento DEU para recuperar los cobros. Desde 2015, Lanbide funcionaba con una «cuota social», que en el caso de hogares con personas menores de edad, con discapacidad, dependientes o familias monoparentales, la deuda podía reintegrarse mediante la retención mensual de 30 euros. La aplicación del otro mecanismo se ha traducido en que el Gobierno Vasco puede «retener un 20%, un 25% o incluso un 35%» de la nómina de la RGI, lo que en opinión de Mikel Mancisidor «desnaturaliza» la propia «finalidad» esta aportación, que está pensada como «unos mínimos» para subsistir. 

La inspección fiscal y el uso de herramientas tecnológicas contra el fraude fiscal, como es TicketBai, consiguieron que el último año aflorasen 77 millones de euros en Álava. Esta cantidad equivale al presupuesto del Departamento foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias para el presente ejercicio, es decir, lo que el territorio se gasta para la construcción y el mantenimiento de las carreteras del territorio histórico. Este es el resultado de 1.891 actuaciones sobre actividades económicas, de las que se derivaron 17,7 millones, principalmente por «rendimientos irregulares y gastos ficticios», explicó ayer la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo, en el pleno de control. También se consiguió en otros ámbitos de control como son las devoluciones (de las que se recuperaron 4,1 millones), el volumen de operaciones (21,5 millones) o las retenciones (11,6). Otras líneas de actuación que se han investigado son las relativas a ganancias patrimoniales y criptomonedas con un resultado de 2,6 millones. En comprobaciones en sectores de elevado riesgo fiscal se han cerrado casos por valor de 2,1 millones y en actuaciones por incoherencias fiscales, a su vez, la cifra asciende a 3,2 millones. Una estrategia en la que TicketBai ha tenido un papel importante mediante la incorporación de códigos QR en los recibos. 

La preocupación por el impacto negativo de las pantallas en la infancia y la adolescencia llevó ayer al Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco, la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría y la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria a hacer público por primera vez un posicionamiento conjunto para dar la voz de alarma. Las asociaciones advierten contra las consecuencias del uso «no supervisado y excesivo» de los dispositivos en los menores, reclaman políticas públicas basadas en la evidencia científica y piden medidas «coordinadas» entre los ámbitos sanitario, educativo e institucional para «proteger» a los niños y favorecer entornos familiares, sociales y escolares «saludables». En concreto, urgen al Departamento de Educación a «limitar» el uso de pantallas en las aulas y a «priorizar» la lectoescritura en papel. Los profesionales sanitarios presentaron en Bilbao el documento ‘Dispositivos digitales, salud y desarrollo en niñas, niños y adolescentes’ en un acto junto a la asociación de familias Altxa Burua. En el texto, alertan de que la rápida expansión de los smartphones y tabletas ha ido acompañada de la «normalización de un uso autónomo que realmente es abusivo en las etapas de la infancia y la adolescencia». Un consumo que, además, se da «sin la necesaria supervisión ni acompañamiento», lo que deriva en «poco control de tiempos y contenidos».

Inditex incorporará a su consejo de administración al expresidente de Caixabank, el bilbaíno José Ignacio Goirigolzarri. Lo hará durante la junta de accionistas que se desarrollará el próximo 7 de julio en su sede central de Arteixo, en A Coruña. Allí será nombrado consejero independiente para cubrir la salida de Rodrigo Echenique, que no continuará en el consejo tras no renovar su mandato. Este último, actual presidente de la Fundación Santander y expresidente de Banco Popular y Vocento, formaba parte del máximo órgano de gobierno de Inditex desde 2014. La llegada de José Ignacio Goirigolzarri se produce durante un ejercicio fiscal que arranca con buena salud financiera y registrando cifras récord de ventas. La facturación del gigante textil volvió a crecer entre febrero y abril hasta los 8.750 millones de euros, lo que supone un 5,8% más que en el mismo periodo del año anterior y se sitúa por encima de lo que esperaban los analistas. Un buen desempeño que el parqué bursátil celebró con alzas del 5% en el toque de campana en el Ibex y que se traslada a la foto fija final del resultado neto, que creció un 5,4%, hasta los 1.375 millones de euros, aunque en este caso por debajo de lo esperado debido, nuevamente, a los efectos cambiarios, que restan tres puntos porcentuales al alza de las ventas. 

Detectan un pago de 18.125 euros de las elecciones europeas a Leire Díez, que se reunió tres veces con la jefa del cuerpo para que parara las investigaciones. La Policía halló en un sótano de Ferraz bajo llave el ordenador de Cerdán. La revelación del sumario sobre la existencia de una presunta operación ilegal para torpedear las causas judiciales que asedian a los socialistas y, singularmente, al presidente Pedro Sánchez, coloca al PSOE en el centro de la diana de las investigaciones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la presunta trama de las ‘cloacas’ de Ferraz no solo habría recibido dinero del partido que gobierna en coalición, sino que este la nutrió directamente con medios, logística, infraestructuras y cobertura económica. Según el atestado 93/2026, remitido por el instituto armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras los registros del miércoles de la semana pasada, la actividad investigada se habría desarrollado «bajo el soporte del PSOE». Y esa cobertura se articuló, de acuerdo a los indicios recabados, «a través de Santos Cerdán», quien fuera el hombre fuerte de Sánchez en Ferraz e investigado ahora en tres tramas de corrupción. Este atestado de la UCO constituye uno de los documentos que vertebran el sumario de las ‘cloacas’ del PSOE, al que ha tenido acceso este periódico tras el levantamiento del secreto decretado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. El informe de los agentes identifica a Cerdán como el sospechoso principal que utilizó supuestamente los engranajes del partido para engrasar y poner en marcha la maquinaria destinada a intentar desbaratar las investigaciones incómodas que conciernen al entorno personal y partidario de Sánchez. Una cabeza jerárquica, la del entonces diputado y secretario de Organización, cuya lugarteniente era –señala el equipo dirigido por el teniente coronel Antonio Balas– Leire Díez, la llamada ‘fontanera’ de Ferraz.

El Círculo de Empresarios ha decidido pedir ya oficialmente elecciones ante el deterioro de la situación del país. La asociación que preside Juan María Nin se convierte así en la primera del entorno empresarial que da abiertamente el paso mediante decisión de su junta directiva. En un duro comunicado, este club, que agrupa a la mayoría de empresarios y ejecutivos del Ibex, entre otros razona su llamamiento, porque «el mundo atraviesa una transformación de enorme magnitud» y hace falta un Gobierno capaz de hacer las reformas necesarias para que España no quede rezagada. «El problema no reside en saber qué reformas son necesarias, pues el diagnóstico está hecho y ampliamente compartido. El reto es reunir la fuerza política suficiente para acometerlas. A falta de acuerdos políticos claros, estables y orientados a reformas necesarias, todo deriva hacia la gestión inercial, el cortoplacismo y la parálisis». A juicio de esta asociación, «cuando un país necesita transformaciones de fondo y carece de un mandato suficiente para impulsarlas, es exigible renovar el ejercicio del poder de los ciudadanos para elegir a sus representantes políticos. Es la vía que la propia democracia constitucional prevé para restablecer su legitimidad operativa y dotar al Gobierno de la fuerza que las circunstancias exigen, lejos de cualquier cálculo coyuntural».

Desde 2018, el salario mínimo interprofesional ha escalado un 66% hasta situarse en 1.221 euros mensuales en catorce pagas este año. A pesar de que la tenaz política de revalorizaciones llevada a cabo por el Gobierno ha estado acompañada de una intensa creación de empleo a nivel general, el impacto en el tejido productivo ha sido heterogéneo e incluso ha podido provocar la destrucción de 174.000 puestos de trabajo entre los sectores más sensibles a las subidas, según los cálculos realizados por la Fundación Civismo. Así se desprende del último estudio realizado por el think tank, en el que se advierte de que este incremento del suelo salarial ejerce una presión especialmente asfixiante entre las microempresas. El salario mínimo ya equivale al 74% de la retribución media en estas compañías de menor tamaño. Al tiempo, en los últimos cinco años han desaparecido más de 23.000 microempresas y han perdido 85.000 afiliados, lo que refleja la dificultad para absorber el incremento de costes laborales. Cabe recordar que cada trabajador afectado por el salario mínimo desde 2018 supone un coste adicional de 6.791 euros anuales para las empresas. Esto hace que la probabilidad de mantener el empleo se reduce en 5,1 puntos porcentuales tras las subidas del salario mínimo, mientras que el 21% de las empresas reconoce haber reducido sus contrataciones, afectando especialmente a las nuevas incorporaciones. En este sentido los expertos subrayan que la cobertura del salario mínimo se ha ensanchado de forma muy significativa en los últimos años. El porcentaje de trabajadores que perciben hasta el 100% del salario mínimo ha pasado del 3,5% en 2018 al 12,7% en 2024, multiplicándose por cuatro. Además, el impacto ya no se limita únicamente a los salarios más bajos, sino que se extiende a tramos salariales superiores. 

La Comisión Europea presentó ayer sus recomendaciones económicas para España en las que pide al país ajustar el gasto neto y alienta a revisar al alza el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de restaurantes y hoteles. En su informe, el Ejecutivo comunitario llama la atención sobre las exenciones en este impuesto, en particular, sobre las que benefician a las rentas altas, como los servicios de bares y restaurantes. Bruselas advierte sobre la creciente dependencia de España de «la tributación del trabajo» y apunta, de forma más amplia, que la recaudación sobre impuestos medioambientales y al consumo se mantienen por debajo de la media europea. Es más, un informe de la Airef apunta que pasar del tipo reducido del 10 al 21% de IVA en estos servicios, aumentaría la recaudación en casi 7.000 millones de euros anuales. La Comisión hace hincapié en que «España presenta las mayores brechas en materia de política del IVA en la Unión Europea, debido a una de las mayores diferencias en los tipos del IVA y a la mayor brecha en las exenciones derivadas de políticas nacionales». Entre las categorías donde se aplican tipos preferenciales de IVA, el Ejecutivo comunitario destaca los restaurantes y los servicios de alojamiento «por su gran impacto presupuestario y su escaso efecto redistributivo». 

El pasado 29 de mayo fue el día con mayor generación solar fotovoltaica en la historia en España, con un total de 269 gigavatios hora (GWh), que aportaron el 33,4% de la estructura de producción durante ese día. Así se desprende de los datos que recopila periódicamente Red Eléctrica, el grupo que gestiona los flujos de luz en España y que depende del hólding Redeia. La fotovoltaica sale así airosa un año y un mes después del gran apagón ocurrido en España el 28 de abril de 2025. Entonces, algunas voces apuntaron contra las fotovoltaicas porque, decían, eran una de las principales causas de las oscilaciones de tensión que ocurrieron en el sistema eléctrico ese día, y que derivaron en el corte de suministro en toda la España peninsular. La segunda tecnología en el mix de mayo fue la nuclear, con un 17,1%; seguida por la eólica, con un 14,8%; el ciclo combinado (centrales impulsadas con gas natural), con un 13,6%; y la hidráulica que, con un 12,9%, se situó en quinto lugar. En el mes, el 77,7% de la generación fue libre de CO2 equivalente, lo que supone un incremento de los GWh producidos sin emisiones del 7%. Si se tienen en cuenta datos de producción procedentes de instalaciones de autoconsumo, la participación de las renovables en el mix español asciende en mayo al 62%, según las estimaciones disponibles.

Golpe de Iberdrola a Hacienda en los tribunales. La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente una reclamación de la eléctrica vasca al fisco, en la que solicitaba la devolución de casi 172 millones de euros. La controversia tiene su origen dos décadas atrás, cuando Iberdrola compró el grupo ScottishPower, su filial en el Reino Unido. Tras la compra, la multinacional energética practicó una serie de deducciones sobre el impuesto de sociedades, lo que reducía la base imponible a sus beneficios. Concretamente, la disputa se centra en la deducibilidad del fondo de comercio, el valor inmaterial de la empresa adquirida. Es decir, la diferencia entre el precio pagado por la compañía y su valor en libros. Dicha plusvalía que se dedujo la multinacional presidida por Ignacio Sánchez Galán fue posteriormente fiscalizada por la Delegación Central del Grandes Contribuyentes, que concluyó que Iberdrola debía pagar esos casi 172 millones adicionales. No obstante, la empresa del Ibex 35 no estaba de acuerdo con las autoridades fiscales y recurrió en vía administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). 

El Consell de Mallorca prevé aprobar mañana un acuerdo para impulsar una ley que limite la entrada de vehículos por los puertos insulares. Una iniciativa pionera e inédita en la isla balear que hasta ahora ha sido apoyada por todos los partidos con representación autonómica menos por Vox, socio de gobierno insular del PP al frente del Consell. Pese a la oposición de los de Abascal, el proyecto seguirá adelante. No se aplicará este verano. Antes, la norma deberá seguir una larga tramitación parlamentaria que se ralentizará en los próximos meses, coincidiendo con el habitual letargo legislativo del verano. El objetivo, sobre el papel, es que la Ley de Regulación de Afluencia de Vehículos –como será denominada– entre en vigor el próximo verano, aunque eso todavía está por concretar, especialmente si se tiene en cuenta que el próximo año deben celebrarse en Baleares elecciones autonómicas. La limitación de vehículos nunca se ha aplicado en la mayor de las Islas Baleares, donde residen en torno a un millón de habitantes, el grueso de la población del archipiélago. Sí se han aplicado restricciones de entrada y circulación de vehículos en las islas menores: Formentera fue el primer territorio que lo puso en práctica en el año 2019, habiéndolo mantenido desde entonces con gran apoyo social. Ibiza siguió ese mismo camino y el verano pasado empezó a regular la entrada de coches, medida que se repetirá este verano. Sólo el año pasado se calcula que llegaron a la isla pitiusa entre 30.000 y 35.000 coches menos.

Meliá se pliega a las amenazas de la Administración de Donald Trump y abandona la gestión y la comercialización de una quincena de hoteles en Cuba y no descarta nuevos movimientos en la isla. Los primeros quince hoteles que han salido del perímetro de la cartera de Meliá son el Gran Hotel Bristol Habana Vieja, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach. Estos quince hoteles estaban bajo análisis al ser los vinculados a Grupo Gaviota, cadena hotelera controlada por el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba y bajo el escrutinio del Gobierno de Trump. Meliá aseguró ayer en un comunicado a la CNMV que esta decisión, ya avanzada el pasado 26 de mayo a la propiedad de estos hoteles, pero confirmada este miércoles, ha sido tomada desde un “profundo sentido de responsabilidad empresarial”, y es consecuencia de una “combinación de circunstancias sobrevenidas” ajenas a su capacidad de gestión o actuación pero que han afectado “de forma significativa” en la operativa, legalidad y seguridad en la prestación de servicios para estos hoteles.

La Comisión Europea quiere pisar el acelerador del desarrollo de su industria tecnológica para reducir potenciales vulnerabilidades. Así lo ha indicado el Ejecutivo comunitario en la presentación de su nuevo Paquete de Soberanía Tecnológica, que incluye, entre otras medidas, una hoja de ruta para potenciar la capacidad de los centros de datos europeos, unos elementos que se han convertido en uno de los ejes de la nueva economía. Bajo el paraguas de la nueva Ley de Desarrollo de Nube e IA (CADA), Europa buscará triplicar la capacidad de sus centros de datos a lo largo de los próximos siete ejercicios. En 2025, Europa contaba con aproximadamente 12 gigavatios de capacidad instalada en sus centros de datos, una cifra que apenas representa un tercio de la capacidad actual de Estados Unidos, donde los gigantes tecnológicos acumulan el mercado de negocios en la nube. Fuentes comunitarias señalan que las estimaciones apuntan a que la demanda total de computación en Europa alcanzará los 60 gigavatios para 2035 y que la falta de legislación provocará una brecha mayor entre oferta y demanda que podría comprometer la competitividad industrial y elevar la dependencia respecto a terceros países.

Estados Unidos ha propuesto imponer un nuevo arancel del 10% a socios comerciales de peso, como México, Canadá y la Unión Europea (UE). Washington argumenta que pretende aplicar estas nuevas tarifas para sancionar a los países que, en su opinión, no han adoptado medidas suficientes para luchar contra el trabajo forzoso. Los gravámenes se elevarían hasta el 12,5% en el caso de países como China, Brasil y la India. En un comunicado publicado ayer, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos explicó que de ser aprobados, estos nuevos gravámenes a 60 economías se aplicarían en virtud de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Estas nuevas tasas están “relacionados con la omisión de imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso”, afirma el texto. La Administración del presidente, Donald Trump, recomienda imponer tasas del 10% a las importaciones de catorce socios, entre ellos la UE, Taiwán, Reino Unido y sus dos vecinos, México y Canadá, con los que negocia una revisión del tratado comercial tripartito T-MEC. Mientras que otros 46 países, incluyendo China, Japón, Corea del Sur, India, Brasil y Suiza, serían gravados con el 12,5%. Sería una tasa superior que el arancel temporal del 10% impuesto por Trump después de que el Supremo invalidara en febrero gran parte del esquema arancelario impuesto por el presidente a los aliados comerciales de Estados Unidos.

Ante el enquistamiento del conflicto en Oriente Próximo, que ya se prolonga más de tres meses, y la enorme incertidumbre que rodea el desenlace de la guerra, la OCDE ha optado por considerar dos posibles escenarios en su nuevo informe de Perspectivas Económicas, presentado ayer: uno en el que aún confía en un final relativamente temprano de la guerra, cuyas secuelas, sin embargo, serían importantes y duraderas pero digeribles, y otro de “perturbación prolongada, con consecuencias negativas más amplias y mucho más duraderas”. En el primer escenario, la economía mundial aún crecería un 2,8% en 2026, una décima menos de lo pronosticado en marzo, pero muy por debajo del 3,4% registrado en 2025. Sin embargo, en la peor hipótesis, la de un conflicto que se alarga en el tiempo, el descalabro sería más que notable. “Si las perturbaciones persisten hasta bien entrado 2027 (hasta la segunda mitad del año), se prevé que el crecimiento mundial se desacelere significativamente, hasta apenas un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027, lo que podría llevar a algunas economías a una recesión o cerca de ella”, advierte la OCDE en su informe. Dentro de Europa, la gran excepción a la regla es España. De hecho, es uno de los países que ha visto mejoradas sus perspectivas en el escenario menos adverso. La OCDE estima que la economía española crecerá un 2,2% este año, una décima más de lo que preveía en marzo, casi el triple que la eurozona en su conjunto y más que EEUU (+2%), mientras que mantiene en el 1,7% su pronóstico para 2027. Lo hará apoyándose en la demanda interna y, especialmente, en el consumo privado gracias a la resistencia del mercado laboral y al influjo positivo de la inversión respaldada con fondos europeos, que compensarán la debilidad de la demanda externa y su impacto sobre las exportaciones. 

Humo en el cielo, alarmas de drones y decenas de vuelos cancelados. Esta fue la imagen del día en San Petersburgo en pleno arranque ayer del apodado ‘Davos ruso’, el Foro Económico Internacional que se celebra en la segunda ciudad más importante del país y con el que Vladímir Putin quiere retornar de pleno al escaparate internacional. Ucrania convirtió el inicio de este cónclave en un desafío al jefe del Kremlin y asestó un duro golpe armado a Rusia tras la masacre que este país consumó contra Kiev y otras cinco ciudades el martes, con el resultado de 23 ucranianos muertos y más de 140 heridos. Las fuerzas de operaciones especiales lanzaron 354 aviones no tripulados contra las regiones de Moscú y Leningrado, y causaron importantes daños en una refinería y una base naval en San Petersburgo. Otro aparato impactó contra un autobús que circulaba en la región del Dontsk invadida por el Kremlin. Los primeros datos apuntan a que la explosión dejó siete muertos. El golpe tuvo un coste humano y material, pero sobre todo, moral. La ofensiva coincidió con el comienzo del Foro Económico y las explosiones y estelas de los antiaéreos pudieron ser observadas por los invitados.