20260610

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El director general de Adegi, José Miguel Ayerza, cree que Euskadi sigue siendo "bastante atractiva" económicamente, aunque ha advertido de que se empiezan a "encender algunas luces rojas", por lo que ha propuesto "un pacto de país" para, "entre todos", determinar dónde pueden estar las oportunidades industriales de futuro, las políticas demográficas o "cómo gestionar la escasez de viviendas". En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Ayerza ha señalado que el impacto del conflicto bélico en Oriente Medio es "cada vez mayor" y que afecta especialmente a la subida de precios de materias prima y del coste de la energía, y a la bajada de la demanda, sobre todo en sectores como la industria y la construcción. Además, ha advertido de que, si continúa la actual situación mundial, "la inflación también se verá afectada y eso nos influirá a todos, porque los precios en general van a subir y esa noticia para la economía no es nada buena". En todo caso, el director general de la patronal guipuzcoana ha reiterado que "la actual foto macro de Euskadi es bastante atractiva", ya que "el PIB por habitante es más alto que la media europea, la tasa de paro es muy baja, el peso de la industria en nuestra economía es de los más altos de Europa, y tenemos una cohesión social alta y muy pequeñas diferencias". "Pero si miramos más allá, se han empezado a encender algunas luces rojas, ya que Europa está perdiendo productividad y, por lo tanto, competitividad ante EEUU y China. Y si a le sumamos la transformación que se está viviendo en el ámbito tecnológico, en la electrificación, en la robotización, en la automatización y, sobre todo, con la irrupción de la IA, se está dando una tremenda transformación de la industria", ha explicado. Asimismo, Ayerza ha destacado que otro factor a tener en cuenta es la evolución demográfica de Euskadi: "concretamente en Gipuzkoa, de aquí a diez o quince años necesitaremos 15.000 ó 20.000 personas cualificadas para la industria". "El problema es sobre todo que la competitividad a futuro de nuestra industria puede tambalearse si no hacemos un pacto de país en el que entre todos decidamos dónde pueden estar las oportunidades industriales de futuro, qué hacer con la demografía o cómo gestionamos la escasez de viviendas que tenemos. Deberíamos meter todo eso en una coctelera", ha explicado.

«No competimos con Flandes. Competimos con Texas, Singapur y con aquellos territorios capaces de ofrecer condiciones atractivas para invertir». La advertencia resume la preocupación creciente de la industria química vasca, que se sumó este martes a los sectores que reclaman a las instituciones –autonómicas, estatales y europeas– acelerar las medidas para reforzar el atractivo del territorio en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía, la presión regulatoria y una carrera global cada vez más intensa por atraer proyectos industriales. La presidenta de la Asociación Vasca de Empresas Químicas, Ángela Fernández, ha advertido este martes de que el sector se encuentra en un momento decisivo en el que debe avanzar simultáneamente hacia «la descarbonización y la digitalización» de sus procesos sin perder capacidad para competir. Un reto que exige «inversiones muy importantes» y que sitúa a las empresas vascas en una posición delicada frente a competidores de otras regiones del mundo, que afrontan menores exigencias regulatorias y medioambientales. La encuesta de coyuntura elaborada entre las empresas asociadas de Euskadi y Navarra revela que, por el momento, el territorio mantiene importantes asignaturas pendientes para reforzar este atractivo. El principal problema señalado por las compañías es el encarecimiento de las materias primas, seguido por las dificultades para trasladar esos sobrecostes al mercado. Una situación que se ha visto agravada por el cierre del estrecho de Ormuz –con sus posteriores aperturas en falso– y que lleva a la mitad de la empresas del sector a exigir medidas eficaces que consigan rebajar la factura. La necesidad de simplificar la relación entre la industria y la administración es otra de las preocupaciones que refleja la encuesta. Ver más en AVEQ-Kimika aquí. 

Las tres últimas empresas en quiebra de Gipuzkoa –Papresa, Ternua y Astilleros Balenciaga, con un total de 300 empleos en juego– han sido salvadas gracias a capital de fuera del territorio. Cuando una empresa cruza la puerta de los juzgados de lo Mercantil asediada por las deudas, las probabilidades de supervivencia son estadísticamente mínimas. La mayoría de los concursos de acreedores en España –entre un 90% y un 95%, según los registros oficiales– se finiquitan en la liquidación y desaparición definitiva. Por ello, la resolución casi consecutiva de las crisis de Papresa, Astilleros Balenciaga y Ternua Group, que entre todas ellas suman en torno a 300 empleos, no solo representa un alivio económico para Gipuzkoa, sino un hito sin apenas precedentes. Un fenómeno en el que el capital fóraneo –ya sea internacional o de otras comunidades autónomas– se ha posicionado como el actor determinante para evitar el cierre de las persianas.

Los vecinos celebraban que la actividad industrial de la histórica fábrica siga adelante ya que, de lo contrario, hubiera supuesto un «desastre» para el municipio de Oarsoaldea, como coinciden. Son, sin embargo, algunos trabajadores de Papresa quienes matizaban el acuerdo al calificar el desenlace concursal como «agridulce». En concreto, la entente alcanzada entre plantilla y CL recoge la subrogación de 167 contratos, más del 80% del total del músculo laboral, pero pasa por una congelación salarial durante dos años. También se aumenta la jornada laboral en 82 horas anuales, un 5% más, ajustada al convenio papelero guipuzcoano, uno de los mejores del Estado. No obstante, como es normal en este tipo de procesos, existe en parte de la plantilla «una sensación agridulce». Uno de los empleados explicaba ayer a este diario que «el acuerdo tiene sus luces y sombras», y añadía que algunos de «nosotros estamos preparados para verlas a venir», en alusión al nuevo plan estratégico. Unas condiciones que, según afirmaba otro trabajador, tiene «sus más y sus menos». «Ya llevamos tres años con congelación salarial», afirma un miembro de la plantilla, que afirma que los únicos que tienen seguridad «son los que podrán adelantar su jubilación». «En un inicio pidieron voluntarios para irse. Esa bolsa de despedidos hace que, si en el futuro te vuelven a necesitar para algo puntualmente, supuestamente tengas prioridad sobre una persona que quiere entrar sin haber trabajado antes aquí. De todas formas, de entrar, empezaría desde cero, sin tener en cuenta la antigüedad».

La ruptura entre Francia y Alemania para impulsar el nuevo caza europeo era la crónica de una muerte anunciada en el sector aeronáutico. Y es que la pretensión del fabricante galo Dassault de controlar el consorcio FCAS llevó este lunes a Airbus –otro de los socios principales del proyecto– a tirar la toalla y cancelar un programa que tenía un presupuesto de 100.000 millones hasta 2040 para alumbrar el avión de combate de sexta generación para Europa. Pero los efectos se trasladan también a figuras clave de la industria vasca, como ITP Aero. La firma, uno de los líderes europeos en fabricación de componentes de motor, se ha visto salpicada también en este parón. La compañía dirigida por Eva Azoulay jugaba un rol determinante en el proyecto FCAS y su participación le había convertido en líder español del pilar tecnológico del motor. Un papel que le convertía en socio clave en el consorcio de motores, junto a la francesa Safran y la germana MTU, y liderando el desarrollo de tecnologías avanzadas de propulsión. El programa FCAS se encontraba en la fase 1B, es decir, el desarrollo de la I+D pura, centrada en el diseño de la tecnología y los demostradores, con una aportación de 3.500 millones en todo el programa hasta 2029. Para ese proceso la compañía vasca anunció la creación de más de 250 empleos de alta cualificación en sus centros de Madrid y Zamudio. Ahora todo queda en ‘stand-by’, e ITP Aero, según señalan fuentes del sector, deberá analizar de cerca futuros acontecimientos para reposicionarse. Y es que Europa sigue necesitando un avión de combate de nueva generación con urgencia.

La señal es mala: el programa europeo insignia de cazas de combate, un proyecto conjunto desarrollado por Francia y Alemania, con la participación de España, fracasa por las desavenencias entre las empresas Airbus, la representante alemana, y Dassault, la francesa. Era el proyecto europeo más ambicioso en una UE que dice querer aumentar su gasto militar y coordinarlo para desarrollar tecnología, programas y modelos de defensa conjuntos como el que naufragó el lunes. Lo ocurrido con el FCAS (Futuro Sistema de Combate Aéreo, por sus siglas en inglés) siembra dudas sobre si Europa podrá alguna vez reconciliar la soberanía nacional con las exigencias de construir sistemas armamentísticos complejos de nueva generación en un momento en el que la UE trata de dotarse de mayor soberanía en defensa y cuando EE UU empieza a retirar su paraguas de seguridad. Y añade más presión y lecciones sobre otros proyectos que tratan de salir adelante. En Bruselas se confía en que el golpe —otro más a la cooperación franco-alemana en un motor cada vez peor engrasado— no desvíe a la UE del objetivo: “Aumentar las inversiones en nuestra industria y nuestras empresas de defensa. Tenemos una meta para 2030”, responde un portavoz de la Comisión Europea, en referencia a iniciativas como el desarrollo conjunto de drones, de tanques o el programa SAFE (Security Action for Europe), 150.000 millones en créditos para que los Estados miembros colaboren en este tipo de proyectos.

Birzilan, una iniciativa pionera en Europa nacida de la alianza estratégica entre CM Plastik y Sutargi, impulsará la economía circular y la inclusión social en Gipuzkoa. Con una inversión de 3,2 millones de euros, este proyecto pondrá en marcha una nueva planta productiva en la comarca de Urola, en una ubicación a determinar entre Azpeitia y Azkoitia, y creará una treintena de puestos de trabajo, incluido el personal de apoyo y estructura, según ha podido saber DV de fuentes próximas a esta nueva iniciativa empresarial. La instalación plantea una solución integral que abarca desde la ingeniería y el diseño hasta la producción final para transformar residuos complejos y excedentes industriales en nuevas materias primas y productos de gran valor. Detrás de Birzilan se encuentran CM Plastik y Sutargi, dos organizaciones que han unido su conocimiento industrial, capacidad tecnológica e impacto social para dar vida a una propuesta diferencial. El corazón de la nueva planta radica en su versatilidad tecnológica, la cual permite procesar materiales muy diversos y difíciles de gestionar que actualmente suponen un problema ambiental. En las instalaciones se transformarán residuos como textiles, pelotas de tenis, toallitas, cepillos de dientes, excedentes industriales y agrícolas, además de plásticos de invernaderos o lana de oveja Latxa. Todos estos componentes se convertirán en materiales rígidos y nuevos productos reutilizables como mobiliario urbano, palés o piezas para la automoción, abriendo nuevas vías para que empresas e instituciones reduzcan su impacto ambiental. 

Euskadi suma ya 36.000 profesionales ejerciendo en esta profesión con un alto porcentaje de trabajadores jóvenes y una falta de presencia femenina. En el último año el número de ocupados en esta profesión se ha disparado un 24,6%. Así lo destaca el estudio elaborado por Randstad Research que sitúa al País Vasco como la quinta comunidad con más profesionales en este sector; representa al 8,9% de todos los empleados de España tras Madrid (el 25,2%), Cataluña (19,6%), Andalucía (10,2%) y Valencia (9%). En la media anual del primer trimestre de este ejercicio Euskadi contabilizó 31.589 ingenieros superiores (el 9,8% de todo el país) y 4.633 ingenieros técnicos (el 5%). El territorio recoge el segundo mayor crecimiento de estos profesionales en todo el Estado, tras Andalucía que incorporó un 31%. Los datos reflejan también un déficit de talento. Según ha explicado el responsable del área de Ingeniería de Randstad Professional, Francisco Serrano, en todo el país durante la próxima década «se necesitará incorporar más de 200.000 ingenieros para cubrir la jubilación demográfica y la transformación digital». En este sentido, el sector echa en falta una mayor presencia femenina. Actualmente las mujeres representan un 21,2% de todos los profesionales ocupados (unas 84.000 mujeres en toda España), y aunque su papel en estos trabajos viene aumentando de forma sostenida durante los últimos años, en el último trimestre registrado se redujo en 2.000 personas. «Desglosar el dato es vital: mientras que en Ingeniería Química o Biomédica su porcentaje supera el 40%, en Ingeniería Informática, Mecánica o Electrónica cae por debajo del 12%», apuntó Serrano. Ver nota de prensa aquí.  Ver infografía resumen aquí. 

La oferta que pone ahora encima de la mesa Osakidetza incluye mejoras en diferentes campos como son los que afectan a los descansos de los profesionales, a la organización de sus agendas y a las subidas salariales. Unas «mejoras retributivas» que el consejero de Salud, Alberto Martínez, cuantificó ayer «en 70 millones de euros al año». La propuesta incluye aumentos del precio de la hora de guardia y del complemento de productividad fija y ha sido trasladada al Sindicato Médico de Euskadi, interlocutor con el que el Gobierno vasco negocia estas medidas. Martínez ahondó en que la proposición de Salud incluye a su vez iniciativas para que los profesionales dispongan de «más tiempo» para el ejercicio de la medicina, pero también de «más descanso». Además se va a revisar el modelo de las guardias, para analizar si es viable eliminar las de 24 horas para sustituirlas por otras opciones que garanticen la asistencia a la población sin hacer trabajar a los facultativos un día entero. Este análisis es algo que se quiere trasladar también a la Atención Primaria a través de grupos de trabajo que estudien la posibilidad de que los facultativos autogestionen sus agendas diarias. El Ejecutivo autonómico realiza este movimiento a un año de las elecciones municipales y forales y ante el temor de que la conflictividad médica pueda retomarse tras el verano, si para entonces el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga no han alcanzado algún tipo de acuerdo. 

El Gobierno vasco ultima un plan de relevo generacional y transmisión del conocimiento que abrirá la puerta a los empleados de la Administración General a adelantar su prejubilación. La iniciativa, en la que llevan trabajando desde hace un año, será aprobada en un plazo de dos semanas con el apoyo de CCOO y UGT de Euskadi, a falta de que LAB termine de analizar la propuesta, y con el rechazo de ELA que ve «insuficiente» la medida. La iniciativa podría beneficiar a los cerca de 7.000 trabajadores con los que cuenta la entidad y repercutiría ya sobre los 703 empleados de la plantilla que han superado los 63 años de edad. A través del modelo propuesto, los trabajadores podrán incrementar los dos años máximos de prejubilación hasta en 248 días si optan por este modelo. Cuanto más se anticipe la jubilación, generarían más días de libranza adicionales desde los 66 que se conseguirían adelantando un mes el retiro. También será posible generar menos días de libranza y reducir a cambio la jornada diaria en los meses previos a la jubilación.

El Gobierno Vasco ha dado a conocer el calendario laboral de Euskadi 2027, con los 12 festivos a los que tendrán derecho todos los trabajadores vascos. Un calendario que tiene como novedad principal, como ha presentado este martes el lehendakari Imanol Pradales, la entrada del 7 de octubre como jornada no laborable por el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco. Ese día toma el testigo del 19 de marzo, que este 2026 ha sido festivo en el País Vasco. A los doce días conocidos este martes hay que añadir la jornada festiva correspondiente a cada municipio (el 20 de enero, día de San Sebastián en Donostia, por ejemplo) y la territorial. En este caso en Gipuzkoa es el 31 de julio, día de San Ignacio, el próximo curso caerá en sábado. Este año el calendario llega con novedades, festivos que se recuperan al caer el lunes y algunos puentes que interesarán a los trabajadores y estudiantes para juntar varios días libres. La principal novedad es que este calendario es que se recupera diez años después el 7 de octubre como festivo en Euskadi. Además caerá en en jueves, lo que permitirá organizar un macropuente a los vascos, que pueda acabar el 12 de octubre, día de la Hispanidad.

Los pagos indebidos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) han caído casi a la mitad en un año por el refuerzo de los controles que ha llevado a cabo el servicio vasco de empleo Lanbide. En 2025, cuando 54.247 personas se beneficiaron de esta ayuda, el importe de la deuda bajó a los 14,8 millones de euros, frente a los 26,4 a los que se llegó en 2024. Ya en 2023, dentro del marco de la reforma legal de la RGI, Lanbide puso en marcha su nueva unidad de inspecciones para controlar el correcto funcionamiento de esta prestación mensual, destinada a garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a las personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes. Un año después reforzó los sistemas para detectar fraudes. Y parece que todas estas gestiones han dado su fruto. La deuda ha bajado un 44%, y en lo que va de 2026 –hasta el mes de abril– se sitúa en los 6,3 millones. Estos indebidos ocurren por «diversas cuestiones», entre otras «los cambios no comunicados o comunicados fuera de plazo en la situación económica, laboral o convencional de las personas perceptoras», así como los «desajustes temporales en el intercambio de información o revisiones posteriores de expedientes», según explica el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en una respuesta parlamentaria a Amaia Martínez (grupo MixtoVox).

Un hombre falleció ayer a la una de esta madrugada como consecuencia de un accidente laboral ocurrido en la empresa Vibrantz, antigua Nubiola, en Llodio. Minutos después de la medianoche, uno de los hornos de esta firma dedicada a la fabricación de pigmentos inorgánicos, ubicada en la calle Vitoria del barrio de Areta, explotó. Hasta el lugar se trasladaron a las 0.35 horas efectivos de bomberos desde las dotaciones de Ayala y Nanclares de la Oca, así como sanitarios. Sin embargo, no se pudo hacer nada por salvar la vida del operario. Ya por la mañana, técnicos del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan) junto con los de Inspección de Trabajo se desplazaron a la empresa para investigar las causas del accidente y evaluar las medidas de seguridad. Las primeras hipótesis apuntan a que fue la onda expansiva generada por la deflagración la que causó la muerte del trabajador. El fallecido es un empleado de 49 años que se encargaba de labores de mantenimiento en la planta llodiana. Al parecer, el horno afectado era uno de los responsables de producir un polvo con el que se hacían algunos de los pigmentos para las pinturas industriales. Según fuentes sindicales, este equipo venía dando problemas a lo largo de los últimos días y esa misma noche se había pedido a mantenimiento que lo revisase.

Euskadi firmó ayer la colocación de otro bono de deuda por 500 millones. Un procedimiento por el que logró financiarse en los mercados internacionales con inversores que le han prestado ese importe a diez años a cambio de un interés del 3,45%. El préstamo fue negociado en Amsterdam y Londres y ha tenido una importante aceptación ya que las ofertas recibidas superaron en 2.100 millones la propuesta de salida. Un hecho que permitió al departamento de Hacienda, dirigido por el consejero Nöel d’Anjou, cerrar los intereses a pagar en ese 3,45%. El 70% de esos 500 millones han sido aportados por agentes de Alemania, Noruega, Oriente Medio, Países Bajos, Italia, Francia y Reino Unido. El 30% restante ha correspondido a inversores nacionales, de los que uno de cada tres eran del País Vasco. Las fundaciones bancarias BBK, Kutxa y Vital, así como las EPSV y las carteras de inversión de renta fija de entidades bancarias vascas suelen recoger la deuda pública vasca en su mix de inversión. Para el consejero de Hacienda, la colocación «refleja la confianza de los mercados en la solvencia, estabilidad y credibilidad de la política económica y financiera del Ejecutivo vasco». Este bono ha sido colocado tan solo cuatro meses después de la última emisión de febrero, que ascendió a 750 millones. Así, en lo que llevamos de 2026 el importe de los bonos de deuda pública vasca asciende a 1.250 millones, la mayor emisión de la historia del Ejecutivo. 

El IPC medio de los tres primeros meses de año se situó en un 2,6%. La cifra, pese a recoger ya los primeros repuntes de precios de consumo se situó aún notablemente por debajo de los costes laborales que asumen las empresas por cada trabajador contratado, que en el primer cuarto del año 2026 experimentaron un fuerte repunte, del 5,3%. Principalmente, impulsados por el aumento de los salarios y de los otros costes, entre los que esencialmente se encuentran las cotizaciones a la Seguridad Social, tal y como arroja el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicado ayer por el INE sobre los tres primeros meses del año. La subida del 5,3%, además de duplicar la inflación media en el mismo periodo del año, supone un incremento notable en la serie en los últimos ejercicios. No se experimentaba un acelerón de costes laborales tan alto desde el segundo trimestre del año pasado (cuando crecieron un 5,4%), y también es el segundo más alto de los últimos dos años (después de crecer un 7,4% en el primer trimestre de 2024). En todo caso, como se ha mencionado, dos elementos condicionan el aumento de costes para la contratación de trabajadores que las empresas han sufrido en los primeros meses del año. En primer lugar, el incremento de los salarios. A pesar que desde enero de 2026 permanece caducado el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, en el que organizaciones empresariales y sindicatos sentaron las bases para la fijación de salarios del periodo 2023-2025, el arrastre de aquel pacto aún se deja notar. Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo, hasta abril, las subidas salariales pactadas en convenio ascendían al 2,9%, mientras que en los nuevos se situaba en 3,4%. Esto, sumado a otras presiones de incremento retributivo como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que el Gobierno elevó en un 3,1% para el presente ejercicio situándose en 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, hace que el coste salarial registrado por el INE para las empresas se haya incrementado en el primer trimestre en un 5,3%.

La reforma laboral ha generado un «éxito incontestable» en relación a la reducción de la temporalidad, sobre todo en el caso de los más jóvenes. Así lo concluye el informe que Fedea presentó ayer y que destaca que más de la mitad de los menores de 30 años accede al mercado laboral con un contrato indefinido. Antes de la reforma laboral de 2021, solo entre un 10% y un 17% de los jóvenes tenía probabilidades de firmar un contrato de este tipo. Sin embargo, con el cambio normativo llegó también una nueva forma de operar que disparó en casi 40 puntos estas cifras, hasta llegar a rozar el 57% la posibilidad de que una persona de este colectivo pudiera tener un contrato indefinido en su primera relación laboral. El investigador de Fedea, Marcel Jensen, resaltó ayer que los jóvenes eliminaron prácticamente al 90% las diferencias en el acceso al mercado laboral con un contrato indefinido tras los últimos cambios en la ley de trabajo. En su estudio analiza los datos procedentes de la Muestra Continua de Vidas Laborales para menores de 30 años en el periodo 2014-2023 y concluye que en el primer trimestre de 2021, cuando la reforma laboral todavía no se había desplegado del todo, ya se veía una mejora en la posibilidad de que los jóvenes reduzcan su temporalidad en el mercado de trabajo.  Sin embargo, no todos son buenas noticias. La reforma laboral ha tenido un impacto moderado en la ganancia salarial y la duración de los nuevos contratos laborales. En el primer caso, sólo aumentó un 14% las rentas percibidas para este colectivo. En el segundo, redujo de media unos 100 días la duración de los contratos indefinidos ordinarios. Detrás de ello está al aumento de los despidos de los trabajadores indefinidos que llevan poco tiempo de contrato debido a sus reducidos costes para las empresas. 

«El 2025 marca un punto de inflexión en la crisis de accesibilidad a la vivienda en España». Mientras el salario medio era de poco más de 27.330 euros (2.278 euros brutos mensuales en 12 pagas), los alquileres alcanzaban los 1.136,80 euros (por un piso de 80 metros cuadrados). Es decir, exactamente la mitad de los ingresos, de media, de un hogar español. Así lo confirma el estudio Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2025, que recoge los datos de sueldos medios en la plataforma de Infojobs y los precios del Índice Inmobiliario de Fotocasa. Este esfuerzo salarial supone «el porcentaje más alto desde 2019» y el reflejo de un crecimiento de casi el 7% en los precios de alquiler frente al 1% que subieron los salarios. «Destinar el 50% del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional», sentencia María Matos, portavoz de Fotocasa. «La capacidad de ahorro desaparece y se limita el acceso a otros gastos esenciales, deteriorando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos». De hecho, estos ya empujan al sobreendeudamiento a más de la mitad (66%) de hogares españoles al superar el 30% recomendado por los organismos oficiales de control. Estos datos pertenecen al V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026. Esta presión económica y poca capacidad de ahorro a causa del encarecimiento de la vivienda obliga a muchos españoles a hacer cambios en su situación residencial, como el mudarse a una vivienda más pequeña y económica (16,3%), compartir piso (12,7%) o trasladarse a las afueras (12,1%), según los datos del observatorio. 

España sigue ganando enteros como uno de los destinos favoritos para el capital que busca rentabilidad en el sector inmobiliario. Con un crecimiento económico por encima de la media europea y el aumento demográfico y la evolución operativa de los activos como vientos de cola del sector, la inversión inmobiliaria logra un nuevo hito y supera en los seis primeros meses del año los 10.000 millones, un 50% por encima del mismo periodo del año anterior. Entre los protagonistas de 2026 destacan fondos canadienses como Brookfield, Hoopp y Omers, muy activos este año, al igual que gestoras, Socimis y firmas españolas como Azora, Criteria, Calena Partners o Atrea Real Estate, el nuevo vehículo de Luis López de Herrera-Oria. A falta de cerrar el semestre, la inversión en compra de inmuebles alcanzó los 10.052 millones, superando ya el récord de 2022, que se situó en los 10.017 millones, según los datos preliminares de JLL. Esta cifra podría elevarse además en los próximos días dado que no se incluye aquí, por ejemplo, el acuerdo alcanzado entre Nuveen y King Street para la compra de la cartera de residencias Bravo en España por 330 millones de euros. 

El 27% de las empresas en España cuentan con al menos un plan de pensiones para sus empleados entre los beneficios sociales que les ofrecen. Así lo indica el estudio Situación de las pensiones en España, elaborado por la consultora KPMG con la participación de 80 empresas, que muestra que se trata de un porcentaje que lleva prácticamente estancado desde que se comenzó a realizar este análisis que suma ya nueve ediciones. A pesar de que en los últimos años han mejorado los incentivos fiscales para los planes de ahorro para la jubilación en el seno de las compañías (oficialmente denominados planes de empleo), estas culpan al incremento de los costes laborales del estancamiento en el desarrollo de la previsión social empresarial. Y apuntan más específicamente como causas a las mejoras del salario mínimo y del resto de los sueldos en general; así como al alza de las cotizaciones sociales por las medidas adoptadas en las últimas reformas de pensiones. “Las empresas nos dicen que con el alza de costes laborales están con el agua al cuello y no hay dinero para estos planes”, resumió ayer el responsable del área fiscal de pensiones de KPMG Abogados, Álvaro Granado, al presentar el estudio.

“El panorama global actual demuestra claramente que la seguridad energética y alimentaria y la estabilidad económica están inextricablemente ligadas. Ahora, más que nunca, el mundo debe redoblar esfuerzos en las renovables”, aseguraba Amna bint Abdullah Al Dahak, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos, con motivo de la trigésima primera reunión del Consejo de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), dio a conocer recientemente lo que llamó “siete certezas sobre la energía hoy”. Entre ellas, aseguraba que el petróleo y el gas seguirán siendo ampliamente utilizados durante muchos años, pero que “el uso de electricidad está creciendo el doble de rápido que la demanda energética total”. Triplicar las renovables para 2030 ha sido el objetivo de la ONU, la Comisión Europea y entidades como IRENA desde hace tres años. Pero ahora se quiere ir más lejos: “Más allá de los objetivos de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética está el reto de transformar sistemas energéticos enteros y reducir el uso de combustibles fósiles en toda la oferta y la demanda. La electrificación y la eliminación de los combustibles fósiles son inseparables y deben avanzar juntas”, asegura el director general de IRENA, Francesco La Camera.

En los últimos tres años, el histórico dominio de Iberdrola y Endesa se ha visto debilitado por una sangría de casi un millón de clientes que, en su mayoría, ha capitalizado Repsol. La peor parte se la lleva la compañía controlada por la italiana Enel, con un recorte de 700.000 puntos de suministro. Por su parte, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán experimentó una caída de 200.000 usuarios, según el último informe trimestral de cambios de comercializador que ha actualizado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el lado opuesto está Repsol, que ha emergido como ganador absoluto del trasvase, al sumar 740.000 puntos de suministro en el periodo. El supervisor publica esta estadística con casi un año de retraso, de modo que los últimos datos disponibles reflejan la situación al cierre de junio de 2025. Si bien, la salida de clientes de las dos grandes no es un fenómeno coyuntural. El análisis de la serie histórica de la CNMC da cuenta de una erosión progresiva de la posición de los dos grupos líderes en la última década. En 2016, Iberdrola y Endesa superaban conjuntamente 21 millones de clientes, copando casi el 73% del negocio. En esos días, el mercado regulado o tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que por ley solo pueden ofrecer un puñado de compañías –las más potentes– todavía era un bastión que aglutinaba al 42% de los puntos de suministro eléctrico del país (27% a junio de 2025). Por entonces, las dos grandes asumían un goteo de salidas de clientes manejable por la incipiente competencia de las comercializadoras independientes.

Hasta el momento, el mundo ha evitado la grave crisis petrolera estival que temían los mercados tras el cierre del estrecho de Ormuz. Los precios del crudo se mantienen por debajo de los 100 dólares el barril, a pesar de las escasas señales de que se esté reanudando el flujo de energía a través de este punto estratégico. Los operadores y analistas que advirtieron en abril de que el mundo se acercaba a un punto crítico que provocaría un aumento vertiginoso de los precios, escasez de combustible y recesión económica, afirmaron que el mercado ha demostrado ser más resistente de lo esperado después de que China redujera drásticamente sus importaciones de crudo y las reservas mundiales ayudaran a compensar las continuas perturbaciones derivadas del conflicto en Oriente Próximo. El Brent alcanzó los 98 dólares por barril el lunes, mientras Israel e Irán intercambiaban ataques con misiles, pero retrocedió al entorno de los 91 dólares ayer, muy por debajo de los niveles observados en las primeras etapas de la guerra, a pesar de las continuas interrupciones en la producción de algunos de los mayores productores de petróleo del mundo en el Golfo. Este respiro responde en gran medida a que China redujo sus importaciones de petróleo en mayo en aproximadamente 5 millones de barriles diarios, casi la mitad del déficit de suministro mundial causado por el cierre del estrecho. Esto se debe a que sus refinerías redujeron su producción o recurrieron a sus reservas nacionales ante el aumento vertiginoso de los precios.

La Unión Europea ha dado su bendición a la creación de una nueva categoría corporativa: la empresa de mediana capitalización (SMCs, por sus siglas en inglés). Este tipo de compañía se caracteriza por estar a medio camino entre las pymes y las grandes empresas y, bajo la nueva denominación formal, podrá beneficiarse de una carga burocrática menor, lo que a su vez le permitirá reducir sus costes administrativos. Así lo han acordado el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que ayer finalizaron los trílogos de negociación sobre esta medida planteada por la Comisión Europea hace un año. La creación de la nueva categoría empresarial de mediana capitalización será oficial en cuanto los dos organismos lo ratifiquen y aparezca en el Diario Oficial de la Unión Europea. La nueva categoría permite a las empresas que cumplan los requisitos estipulados beneficiarse de una reducción considerable de los requerimientos burocráticos que se les exigen a las empresas en cuanto pasan de los 250 trabajadores y pierden la consideración de pymes. Con ello, podrán seguir siendo pymes en una parte relevante de las consideraciones administrativas, pero seguir elevando su tamaño. La Unión Europea entiende que el salto de una pyme a una compañía de tamaño grande es demasiado brusco y ha dado luz verde a la creación de esta categoría intermedia para suavizarlo.

Un informe de la Federación Europea de Banca (EBF, por sus siglas en inglés) señala que la UE deberá invertir anualmente el 7% de su PIB (1,4 billones de euros) para cerrar la brecha de competitividad. La cifra estimada por EBF supera la que calculaba Mario Draghi y también los 1,2 billones que veía necesarios el BCE. El documento apunta, además, a otros ámbitos en los que el bloque comunitario debe mejorar, como por ejemplo la existencia de bancos con mayor capacidad de préstamo y una mayor integración del Mercado de Capitales. El informe también señala la necesidad de reducir la fragmentación financiera entre países y llevar a cabo una revisión de algunas normas para liberar capacidad de financiación. El texto, elaborado por Oliver Wyman, defiende que Europa no tiene un problema de ahorro, sino de intermediación financiera. Sostiene que el bloque tiene capital suficiente, pero que si no se reforman ciertas reglas, tendrá dificultades para financiar la transición energética, la digitalización, el aumento de la inversión en defensa y la innovación. Según sus estimaciones, más de 225.000 millones de euros de capital y 250.000 millones de liquidez, 475.000 millones en total, permanecen «atrapados» debido a las barreras regulatorias entre países europeos.

La razón del enfrentamiento está en los planes del Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, de limitar el acceso de los menores de edad a las redes sociales antes de que acabe el año. El Gobierno de Trump rechaza de plano esa decisión por la sencilla razón de que todas las grandes redes sociales que operan en Europa son estadounidenses, con la excepción de la china TikTok. Y Washington ha manifestado esa postura de una manera muy visible: con un comunicado colgado en la página web de su embajada en Londres en el que declara que «nos preocupan las regulaciones que imponen una carga de cumplimiento [de las normas] de manera desproporcionada en las empresas estadounidenses o que podrían ser aplicadas a unas plataformas pero no a servicios similares». Los argumentos de Washington son los habituales del Gobierno de Trump: las redes sociales son un instrumento de libertad de expresión (como atestiguan cuentas de la talla de Catturd, o Cagadadegato, que es seguida por el propio presidente) y, además, las prohibiciones no sirven para nada (como ha dejado claro el Gobierno estadounidense al obligar a la china TikTok a que salga del país). Finalmente, la web de la embajada hace una encendida defensa del papel de las familias a la hora de controlar las redes sociales, algo sin duda fundamental en EEUU, donde el 40% de los niños nacen de madres solteras.

El ejército estadounidense bombardeó anoche objetivos en territorio iraní como represalia por el derribo de un helicóptero Apache el lunes sobre el estrecho de Ormuz. Los ataques en «legítima defensa», así calificados por el Comando Central de EE UU, se produjeron apenas unas horas después de que Donald Trump anunciara una «respuesta» a la agresión iraní y siguiendo las órdenes del presidente. Al cierre de esta edición se desconocía el alcance de la ofensiva norteamericana, aunque los medios locales hablaban de explosiones en el puerto de Sirik, situado en la provincia de Hormozgan, y en sus alrededores, así como en la isla de Qeshm. El comunicado en el que los militares anunciaban la oleada de ataques informaba, en todo caso, de que sería «una respuesta proporcional a la agresión injustificada de Irán». «Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de última generación mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz», explicaba ayer por la tarde Trump. «Los dos pilotos que iban a bordo se encuentran a salvo e ilesos. No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque», preludiaba el republicano lo que ocurriría horas después. Una revancha que, a menos que sea realmente «proporcional» como se afirma, podría hacer descarrilar los esfuerzos para encontrar una salida a la guerra que el propio Donald Trump inició contra el país persa.