20260720

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Gobierno acelera los trámites para transponer la directiva europea aprobada en 2023 para el refuerzo de la igualdad retributiva entre hombres y mujeres que desempeñan un mismo trabajo. El plazo para adaptar la norma a la legislación nacional de los Estados miembro finalizó el pasado 7 de junio de 2026, por lo que el Ejecutivo, y concretamente el Ministerio de Trabajo, busca una implantación exprés para evitar posibles sanciones de la Comisión Europea. Fuentes de la mesa de negociación apuntan que se espera poder dar luz verde al texto como tarde en septiembre. El objetivo de la norma es reforzar los mecanismos por los cuales los trabajadores, y especialmente la representación legal de estos, tendrán acceso a la información sobre retribuciones de la plantilla, para poder reconocer las diferencias salariales. Con la transposición, además, se endurecerán ciertas obligaciones para las empresas en la entrega de datos. En primera instancia, la fórmula por la que ha optado el departamento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es el real decreto, lo que permitiría al Gobierno sortear el trámite parlamentario. Lo justifica en base a que los ajustes que introducirá procedentes de la directiva servirían para desarrollar el real decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres que ya rige en el ordenamiento. En el primer borrador entregado a los agentes sociales, Trabajo descarta un refuerzo de las sanciones previstas en la Directiva para los supuestos en los que la brecha salarial de género en un mismo puesto supere el 5%. 

La enorme volatilidad de precios que se está produciendo en el mercado mayorista de electricidad (pool), unida a las grandes inversiones que hay que hacer para combinar (hibridar) renovables con baterías, están haciendo que algunas instalaciones de energía verde tiren la toalla. Así se desprende del análisis realizado con datos extraídos de los registros sobre renovables que mantiene Red Eléctrica (REE) y las informaciones que manejan otras empresas. El problema es muy grave porque están claudicando no solo proyectos por realizar o en desarrollo. Además, por primera vez, algunas instalaciones que ya estaban funcionando se están desenchufando de la red. De esta forma, las renovables en España parecen haber tocado techo (al menos por ahora), en algo más de 72.000 megavatios (MW) operativos. Entre enero y marzo se mantuvo por debajo de ese listón, con cifras en el entorno de 71.000 megavatios operativos. Entre abril y mayo consiguió batir los 72.000 megavatios y alcanzar un tope de 72.853 megavatios. En junio, el mercado se ha estancado en 72.800 megavatios. De esta cifra, 23.900 MW son eólicos, 23.600 MW son fotovoltaicos, y 25.300 ya son megavatios hibridados, es decir, que combinan dos o más tecnologías. Las cifras, además, son benevolentes y apuntan al alza. REE, filial de Redeia, recoge estadísticas de “las instalaciones que están en condiciones de verter electricidad a la red”, aunque no necesariamente son las que lo están haciendo realmente. Hasta ahora, el problema del retroceso de renovables se estaba produciendo en las fases iniciales de desarrollo. En los últimos años, especialmente después de la pandemia, cientos de megavatios que estaban en proyecto se han cancelado. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto endurecer los requisitos de acceso y permanencia en el mercado a las comercializadoras eléctricas, planteando medidas para que demuestren suficiente capacidad técnica y económica. El objetivo es acotar el agujero que estas empresas han dejado en los últimos años en el sistema eléctrico por impagos, y que el regulador estima en unos 300 millones de euros. La proliferación de comercializadoras de luz en España ha sido exponencial por la facilidad burocrática para lanzarse a ese negocio. España se ha erigido como el país europeo con mayor número de comercializadoras, alcanzando las 564 empresas registradas a finales de 2025. Pero muchas son empresas fantasma o piratas, que operan sin pagar la energía que luego revenden a sus clientes. Entre 2022 y 2025, la CNMC inhabilitó a 39 comercializadoras por incumplir los requisitos legales. El último caso de inhabilitación que ha empezado a tramitar el Gobierno es el de Holaluz, que fue emblema de las nuevas comercializadoras

La empresa Holaluz-Cidom recurrirá la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de inhabilitarla como comercializadora de electricidad, según confirman fuentes de la entidad. La compañía toma esta decisión después de que la Dirección General de Política Energética del Ministerio para la Transición Ecológica anunciase el sábado en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo adoptado para iniciar el procedimiento de inhabilitación de la compañía para comercializar energía eléctrica. Según ese anuncio del Gobierno, ya se habría comenzado a traspasar a sus clientes a una comercializadora de referencia o regulada, hecho que niegan desde la propia empresa. El periodo de alegaciones para un proceso de este tipo es de 10 días hábiles. El ministerio que dirige Sara Aagesen no ha detallado, por el momento, el motivo por el que se inicia el procedimiento, ni tampoco lo ha hecho la empresa. En una comunicación provista ayer a la Bolsa, Holaluz explica que este procedimiento “se trata de un trámite administrativo puntual dentro del marco regulatorio del sector, que la compañía está gestionando conforme a los procedimientos habituales”. La empresa catalana añade: “Se espera contar con un resultado en los próximos días, dentro de los plazos legales previstos”. La compañía catalana, mantiene 250.000 contratos con comunidades.

Teresa Madariaga Ingeteameko presidentea da 2015etik, elektrifikazioaren zein energia berriztagarrien arloan nazioarteko erreferente bihurtu den enpresa baten buru, alegia. Bere ustez, trantsizio energetikoa gauzatzeko teknologia badago jada; benetako erronka, ordea, deskarbonizazioak eskatzen duen abiaduran eta eskalan hedatzea da. Energia-sistemaren etorkizuneko erronkez, Europako industria indartzeko beharraz, biltegiratzearen garrantziaz eta Ingeteamen etorkizuneko erronkez hausnartu du egunkari honekin. Gehiago ikusi hemen. 

La transición energética, la electrificación de la economía y el impacto de la incertidumbre geopolítica en las inversiones centraron el encuentro Energía en transformación, organizado por Expansión en colaboración con EDP. Alessandro Cadei, Senior Partner y responsable del sector Utilities & Renewables para EMEA de Bain & Company, abrió el encuentro analizando la evolución del mercado energético en España. Cadei destaca que nuestro país “mantiene una posición competitiva al contar con la energía más barata de Europa”, aunque advierte de que la siguiente fase de la transición será “más compleja” y exigirá cambios estructurales. Señala además que “la volatilidad del mercado ha llegado para quedarse y marcará el sector durante la próxima década”, mientras que los clientes empresariales demandan cada vez un servicio más sofisticado. Defiende asimismo que “las compañías energéticas deben dejar de ser meros proveedores de electricidad para convertirse en socios estratégicos de sus clientes. Antonio Araujo, director ejecutivo B2B de EDP, cree que la transición energética ha entrado en una nueva fase. Explica que “el sector ha pasado de un modelo de generación centralizada a otro cada vez más distribuido, en el que la demanda adquiere un papel protagonista”. En este contexto señala que “el siguiente gran reto será acelerar la descarbonización mediante la electrificación del consumo” y añade que “el 100% del plan de negocio está enfocado en renovables”, subrayando que la estrategia de la compañía pasa por acompañar a los clientes en este proceso y consolidar un sistema energético “ecológico y verde”.

Dos ingenierías vizcaínas pugnan por hacerse con un contrato que será fundamental para definir la modernización del metro de Bilbao. Sener e Idom han sido las dos únicas admitidas y una de ellas será la ganadora del concurso público convocado por el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) para elegir a la compañía que supervisará todo el proceso de renovación de la flota y la implantación de un nuevo ‘cerebro’ para el suburbano, así como un sistema de señalización y explotación más sofisticado. El CTB acaba de resolver la primera fase de la licitación, que se desarrolla mediante una convocatoria de procedimiento restringido. Esto significa que, primero, el consorcio abre un plazo para que se presenten todas las firmas que lo deseen. Y, una vez analizada su solvencia, la idea es seleccionar a varias de ellas para continuar con una segunda etapa, en la que ya se definen las ofertas y propuestas concretas. El CTB quería elegir a cinco ingenierías, pero solo dos compañías han mostrado finalmente interés en llevar a cabo un encargo valorado en 7,7 millones de euros. Hay que tener en cuenta, no obstante, que Sener e Idom no concurren en solitario sino que ambas forman parte de sendas alianzas con otros dos actores del sector. 

A los 55 años la mayoría de los trabajadores españoles aún ve la jubilación como una estación lejana: quedan madrugones y más de una década, mínimo, de cotizaciones. En algunas grandes empresas, sin embargo, basta un ERE, una firma y un puente económico capaz de sostener hasta el 80% del salario mientras el calendario avanza hacia la pensión. El caso más reciente es el del Banco Santander. Los sindicatos calculan que hasta 5.000 trabajadores –una cuarta parte de la plantilla– podrían reunir las condiciones para acogerse al plan, aunque no existe un cupo cerrado y la entidad deberá aceptar cada solicitud. Quienes tengan entre 55 y 57 años percibirán alrededor del 75% del salario; para los mayores de 58, el porcentaje se elevará al 76%. El acuerdo incluye además un elemento clave: el banco asumirá el convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años y seis meses, lo que permitirá mantener las cotizaciones durante el periodo de inactividad y proteger la pensión futura. Porque, aunque el lenguaje habitual hable de jubilarse a los 55 años, esos trabajadores no están técnicamente jubilados. La prejubilación no existe como figura jurídica en España, es el nombre que se da a acuerdos privados destinados a cubrir el periodo entre la extinción del contrato y el acceso efectivo a la pensión. «Muchas veces lo que se llama prejubilación es un acuerdo de rescisión de contrato entre la empresa y el trabajador, que puede ser de muy diferente cuantía y más o menos favorable», explica Miguel Ángel García, doctor en Economía e investigador asociado de Fedea. Ahí aparece la brecha. Las grandes compañías pueden pagar rentas durante años, mantener cotizaciones e incluir seguros médicos o aportaciones a planes de pensiones. En una pequeña empresa, el colchón es mucho más fino: 20 días por año en determinados despidos objetivos o 33 días, con un máximo de 24 mensualidades, si el despido es improcedente. Y así nace la imagen colectiva de «prejubilación dorada». No porque todos sus beneficiarios se retiren ricos, sino porque permite dejar de trabajar más de una década antes sin caer de golpe al vacío.

La mayor gestora de activos del mundo, BlackRock, lleva tiempo haciendo gala de su preferencia por la renta variable española. «Las acciones españolas nos gustan mucho y ahora son la principal apuesta mundial de la casa», explicó Javier García Díaz, número dos de BlackRock para Iberia, en una rueda de prensa hace unos días. El consenso del mercado está alineado con la sociedad inversora estadounidense y mantiene una recomendación de compra generalizada para el índice, según recoge Investing.com. Sin embargo, el sentimiento inversor alcista parece contradictorio si se tiene en cuenta la senda de crecimiento que mantiene el Ibex, una de las más destacadas de Europa. «Aunque las valoraciones parecen menos atractivas en comparación con otros países, su crecimiento interno sigue siendo el más sólido de la región», sostiene BlackRock en su informe sobre previsiones mundiales de mitad de año. Detrás del creciente interés de las grandes gestoras internacionales en el selectivo madrileño se encuentran varios motivos. La Bolsa española mantiene ventajas competitivas con respecto a otros países del entorno por combinar un crecimiento económico «superior al de la mayoría de economías desarrolladas» y valoraciones bursátiles «relativamente atractivas», según explica Manuel Pinto, analista en XTB. «Mientras Alemania o Francia muestran síntomas de estancamiento, España crece por encima del 2,5%, una de las tasas más elevadas de Europa», puntualiza. El fuerte crecimiento derivado del aumento de la población, impulsado por la inmigración, está incrementando la demanda interna. 

Extranjeros buscan en España encontrar una residencia cuando nuestro país está más de moda que nunca, sobre todo, en el sector de vivienda de lujo. «España ha entrado en el circuito de grandes capitales donde los clientes tienen varias propiedades que, teóricamente son segunda residencia, pero realmente lo que hacen es dividir su vida en varios lugares». Es Paloma Pérez, consejera delegada de Dils Lucas Fox, una inmobiliaria que da servicios al cliente más vip que quiere comprar casa en nuestro país y que va evolucionando. Antes «venían alemanes e ingleses a Baleares, a Madrid sobre todo latinos... en un mercado que estaba muy focalizado. Ahora, sin embargo, existe una diversidad brutal. En Marbella (Málaga), por ejemplo, tenemos 150 nacionalidades distintas comprando vivienda», explica. Madrid de manera especial se ha colado entre las opciones de quienes buscan piso en una gran capital. «El residencial prime creció un 5% en 2025 con un ticket medio que ha pasado de 890.000 euros en 2020 a 1,72 millones en el primer trimestre de 2026 y el comprador internacional representa ya el 46% de las operaciones analizadas. No es solo una subida de precios: es un cambio estructural del mercado». Un reciente informe de la consultora Knight Frank sobre el peso que estaba ganando Madrid comparaba cuántos metros cuadrados se pueden comprar en distintas ciudades con un millón de euros. Y resulta que para este perfil más top Madrid sigue siendo asequible. En la capital española esa inversión da acceso a una vivienda de 70 m2 cuando una década atrás eran 125 m2; en París con ese mismo dinero son 42 m2; y en Londres, 34 m2.

El gran lastre de la economía catalana durante este siglo sigue siendo la vivienda: los precios han subido un 87,7% en 10 años. Y aun así se siguen batiendo récords de compraventas mientras que la construcción de casas nuevas sigue en mínimos. La consecuencia, según el informe del Gobierno catalán, es un “embudo” que drena la demanda de la compraventa al alquiler. Entre 2013 y 2025, el volumen de hogares en alquiler se ha incrementado en 250.000, mientras que las familias propietarias han caído en 90.000. Además, el informe vuelve a constatar que, si al coste de vida se añade el precio de la vivienda, las mejoras en el poder adquisitivo alcanzadas en la última década desaparecen. El documento no pasa de puntillas sobre las políticas del Ejecutivo de Illa y considera que los topes al alquiler están suponiendo un “efecto moderador” de los precios, aunque admite que la serie “todavía es corta y no permite una atribución causal definitiva”. “La comparación territorial apunta hacia esta dirección; entre 2024 y 2025 los precios han crecido un 2% en las zonas tensionadas y un 6,1% en el resto de Cataluña”, indica. La Generalitat considera que la regulación puede haber mejorado el acceso a la vivienda en contratos regulados, pero admite que “su efecto agregado depende de la evolución de la oferta efectiva, la movilidad residencial y los posibles desplazamientos hacia otras modalidades o territorios”.

El grupo automovilístico francés Renault, al igual que el resto de los fabricantes de coches, está inmerso en una decidida estrategia de reducción del impacto medioambiental de su actividad y para ello ha puesto en marcha diferentes iniciativas, desde la reutilización de materiales pasando por el reacondicionamiento de vehículos usados hasta el uso de biomasa a partir de huesos de aceituna para obtener energía en sus plantas de producción. El grupo del rombo, que tiene el objetivo de ser neutro en carbono en Europa en 2040 y en todo el mundo en 2050, puso en marcha desde cero su planta de Tánger (Marruecos) en 2012 y la concibió como una instalación de bajas emisiones, introduciendo las últimas innovaciones. Este centro marroquí se ha convertido desde entonces en un ejemplo en el proceso de descarbonización de la actividad industrial de la compañía francesa, que tiene presencia comercial en 114 países y opera 25 fábricas, cinco centros de diseño y 14 de I+D. La planta de Tánger, al ser de nueva creación, se convirtió en la primera fábrica del grupo en ser diseñada para minimizar su huella medioambiental, por lo que combina el uso de energía renovable con procesos eficientes y una gestión eficaz de recursos y materias primas. En la actualidad, el 90% de las necesidades energéticas del centro se satisface con energías renovables en un proceso en el que se combina la biomasa con materias primas locales y electricidad generada con energía eólica. En concreto, el 100% de la electricidad proviene del viento, mientras que la demanda térmica se cubre mediante una planta de biomasa.

Solo en España, los ingresos generados por el reparto de comida a domicilio crecieron un 60% entre 2019 y 2021, según los datos del Gastrómetro de Just Eat, informe anual que este operador publica cada año con las principales cifras del sector. El momento invitó al nacimiento de nuevos operadores, y los que ya estaban, aceleraron su crecimiento a través de compras. Cinco años después, la digestión de aquellos crecimientos ha llevado a un continuo proceso de concentración de plataformas, incapaces de rentabilizar un negocio con márgenes muy ajustados, y con una demanda que se ha estabilizado, una vez retomada la normalidad. El último ejemplo es el de Delivery Hero. El gran operador europeo del sector, todavía dueño de la española Glovo, está en proceso de ser absorbido por Uber, el gigante tecnológico estadounidense, que ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (opa) para hacerse con el 100% del grupo, del que ya controla el 25%. Se trata de la tercera gran operación de concentración en menos de un año, y como las otras dos, la absorbida es una empresa europea. En octubre de 2025, Just Eat Takeaway pasó a manos del fondo Prosus, de origen holandés, pero perteneciente al grupo sudafricano Napsers, por 4.100 millones de euros; y ese mismo mes, la estadounidense Doordash absorbió la británica Deliveroo por unos 3.400 millones de euros. “La dinámica de operadores locales o regionales era difícil que siguiese siendo sostenible”, asegura Javier Bustillo, socio de fusiones y adquisiciones de EY. “El hecho diferenciador es que ahora se ha estabilizado la demanda en el sector, y el acceso al dinero es diferente al de hace unos años”, asegura.

Desde octubre de 2025, la relación entre el CEO de OpenAI, Sam Altman, y su directora financiera, Sarah Friar, es tensa. Friar fue fichada tras su paso por Goldman Sachs para ayudar al laboratorio de IA a conseguir cierta madurez financiera para salir a Bolsa. Pero, además, la responsable de las finanzas está ayudando a rebajar la ambición de Altman. Ella será la encargada de poner en marcha uno de los saltos al parqué más grandes de la historia, y la situación económica de OpenAI no es precisamente la mejor actualmente. El CEO de OpenAI había apuntado a este otoño como la posible fecha para su debut bursátil, pero el planteamiento que los asesores y Friar presentaron a la dirección hace unas semanas parece estar haciendo cambiar la opinión de Altman. Si se llevase a cabo la OPV en 2026, la valoración estaría por debajo del billón de dólares. En el caso de esperar a 2027, se podría defender esa cifra. Sam Altman quiere el billón y habría llegado a calificar cualquier recorte del objetivo de esta cantidad como un “punto de no partida”. De confirmarse el retraso, Altman estaría dando la razón a Friar, que venía defendiendo 2027 como fecha desde finales de 2025, argumentando que la magnitud de los compromisos de gasto de la compañía y la carga regulatoria de cotizar en Bolsa exigían más margen de maniobra.

Nacionalizaciones y un mayor control público de servicios básicos, subidas selectivas de impuestos, intervención directa para reducir algunos precios y una ministra dura para no desviarse de las metas fiscales. Esta es la fórmula, acompañada de otros ingredientes, que comenzará a aplicar Andy Burnham desde hoy, cuando se convierta en primer ministro. El viernes prometió el “mayor cambio en 40 años” y que el crecimiento llegará a cada rincón. El problema es el mismo de Keir Starmer, su antecesor: “Se necesita un crecimiento económico aún más fuerte y sostenible para generar ingresos fiscales más altos y aliviar la presión sobre las finanzas públicas. Se requieren políticas que mejoren la confianza empresarial, animen a la inversión y aumenten la productividad”, resume Joe Nellis, asesor de MHA, una firma de contabilidad. Carlos III encargará hoy formar gobierno a su cuarto primer ministro desde 2022. Si la duración media entre 1945 y 2016 (el año del Brexit) fue de cinco años y once meses, en la última década se ha reducido a dos años. Burnham entrará hoy a Downing Street con la economía como eje central para lograr su objetivo de mejorar el nivel de vida de toda la población. Reino Unido debate constantemente cambios posibles en todos sus impuestos, que están en el nivel más alto desde 1945, camino de una presión fiscal del 38% del PIB. Burnham ha dejado entrever una subida de impuestos al considerar que existe cierto “margen” a la vez que se atañe a la promesa electoral de no subir el IVA, el impuesto sobre la renta y la cuota obrera de la Seguridad Social.

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró ayer en una entrevista con la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) que el país vive “una crisis de confianza en la democracia “y que combatirla no sólo es cuestión del gobierno sino de todos los partidos democráticos. Merz dijo además que había salido preocupado de la última sesión plenaria del Bundestag por el tono empleado por los partidos de la oposición, no sólo de parte de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y de La Izquierda sino también por parte de Los Verdes. “Esa última plenaria no fue buena publicidad para la democracia”, agregó. Según la última entrega del Politbarometer de la ZDF, una de las encuestas de opinión de referencia en Alemania, un 68% de los alemanes están descontentos con el trabajo del gobierno y un 70% con el trabajo de Merz. Si hubiera elecciones generales este domingo, según la misma encuesta, la AfD sería el partido más votado con el 27%, seguido por el bloque conservador formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, y la Unión Socialcristiana (CSU), con el 23%, Los Verdes con el 14%, La Izquierda con el 13% y el Partido Socialdemócrata (SPD), socio minoritario de la coalición de Gobierno, con el 12%. Esa constelación dejaría sin mayoría parlamentaria a la actual alianza gubernamental. El reto electoral inmediato para la CDU de Merz y el gobierno en general serán las elecciones regionales en septiembre en dos estados del este de Alemania, Sajonia Anhalt y Mecklenburgo Antepomerania, y en la ciudad estado de Berlín. En Sajonia Anhalt las encuestas apuntan a que AfD podría alcanzar la mayoría absoluta, pero aunque no se llegue a ese extremo, la CDU tendría que buscar algún tipo de cooperación con La Izquierda para poder gobernar. 

La guerra entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una nueva fase de escalada apenas un mes después de la firma de un memorando de entendimiento que debía haber puesto fin a las hostilidades. La Administración Trump acometió el fin de semana una nueva ola de bombardeos contra objetivos iraníes, incluidos ataques específicos contra unidades de la Guardia Revolucionaria a las que responsabiliza de la ofensiva del viernes contra una base estadounidense en Jordania, donde murieron dos uniformados estadounidenses mientras otro permanecía desaparecido. Además, ayer se conoció que un tercer militar perdió la vida el sábado cuando realizaba una «voladura controlada» de munición sin explotar perteneciente a un dron iraní derribado en el norte de Irak. El Mando Central de EE UU informó de que completó su octava noche consecutiva de ataques, muestra de que el alto el fuego está totalmente roto. Según el comunicado oficial, las bombas alcanzaron instalaciones de vigilancia costera, sistemas de defensa aérea, capacidades marítimas, depósitos de misiles y drones, así como posiciones de la Guardia Revolucionaria implicadas en el ataque contra las fuerzas estadounidenses en Jordania. El objetivo declarado por Washington es degradar la capacidad militar iraní y garantizar la seguridad de la navegación comercial en el estrecho de Ormuz. Teherán ha demostrado capacidad de resistencia al mantener innavegable gran parte del estrecho y tener capacidad de respuesta a los ataques norteamericanos.