20260722

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Tal y como puede leerse en el último newsletter de Confebask sobre financiación empresarial, el crédito nuevo al conjunto de empresas creció hasta mayo un 6%, lo que supone el tercer año consecutivo de subidas, aunque a un ritmo menor que en 2025, cuando creció un 9,3%. En cuanto al volumen de crédito dudoso al sector empresarial experimentó en el primer trimestre de 2026 una caída del -1,1% respecto al trimestre precedente, lo que supone el octavo trimestre consecutivo de bajadas. En términos interanuales, se produce una caída del -13,1%. Estos datos, y otros más, pueden consultarse en este newsletter que, en esta ocasión, además, destaca que el Gobierno Vasco abre el programa LORTU BERRIA, dotado con 1,2 millones de euros, que ofrece hasta 500 horas de acompañamiento experto. El servicio combina diagnóstico, plan de acción y acompañamiento especializado, adaptando el nivel de intervención a las necesidades de cada empresa. Lortu Berria ayuda a la empresa a identificar riesgos financieros, organizativos y societarios que condicionan su capacidad para crecer, invertir o afrontar nuevos retos. Ver más en Confebask aquí. Ver newsletter aquí

"...Entre la PAU, las OPE y la futura ley vasca de empleo público no podía faltar la siempre efectista intervención de ELA. Y no tanto porque su petición de utilizar el euskera en la negociación colectiva sea algo anormal o costoso, están en su pleno derecho, sino por la contextualización de su propuesta. Analizando la rueda de prensa de Pello Igeregi se realizan afirmaciones que reflejan algunos de los valores que están presentes actualmente en el sindicato. Se confunde al representante con el representado. Se contrapone una reivindicación justa, como es hablar en euskera en el ámbito público, con la opresión lingüística que sufren los trabajadores euskaldunes al renunciar a su derecho lingüístico si esa posibilidad no es real. ¿Estamos hablando de ámbito público o de lo privado, hablamos de una organización sindical o de los trabajadores en general? Para descartar incoherencias, ¿cómo se ejerce los derechos lingüísticos de los euskaldunes en las reuniones internas en ELA, hay traducción simultánea o hay opresión hacia el que quiere mantener el euskera como idioma exclusivo de comunicación? Igeregi responsabiliza a las instituciones de que no se generalice el conocimiento del euskera, faltaría más. Lo del esfuerzo individual en aprenderlo o los recursos públicos invertidos en décadas son anecdóticos, parece ser. Se afirma falsamente que solo el 1,66% de las empresas vascas valora el euskera en los procesos de selección. Y lo más cercano que está de la autocrítica es para culpar a los empresarios, a CC OO y a UGT, el diablo vaya, de ser muy reacios al euskera. «Enemigos del euskera» les llamó Lakuntza a CC OO, nada menos. Y ellos, ¿por qué han tardado tanto en hacer esta propuesta? En definitiva, una reivindicación negociable y aplicable, no rechazada ni por Confebask ni por el CRL, se acaba convirtiendo en un arma arrojadiza para culpar al resto y para buscar réditos electorales. Y si, además, se desvía la atención del shock que está suponiendo verse últimamente desautorizado por varias plantillas en conflicto, pues tanto mejor. Y que nadie se preocupe por el hecho de que, de aplicarse, se vaya a retrasar las negociaciones de los convenios. El idioma nunca será el problema de nuestras relaciones laborales. Además, en Euskadi es casi imposible que se alarguen más, duran de media el doble que en España, aunque la mitad de las reuniones son totalmente prescindibles". 

Paso de gigante de Iberdrola para su negocio de distribución eléctrica. La compañía que dirige Ignacio Galán anunció ayer la adquisición de Caruna, la principal compañía de distribución eléctrica de Finlandia, en una transacción que valora el 100% de la empresa en aproximadamente 5.000 millones de euros, incluyendo su deuda financiera. Para la operación, la eléctrica desembolsará 2.000 millones por el 80% de los fondos propios de la compañía, mientras que los fondos de pensiones nórdicos AMF y Elo seguirán manteniendo su participación actual del 20%. Según detalló Iberdrola en un comunicado, Caruna actualmente presta servicio a un millón y medio de personas, más del 20% de la población del país. En concreto, se trata de una empresa que cuenta con una red de 89.000 kilómetros y que opera a través de dos concesiones de distribución, en el área que rodea el centro de Helsinki y en la región de Joensuu. Precisamente, esta última zona apunta a ser clave, ya que cuenta «con una fuerte actividad industrial y una creciente demanda asociada a nuevos centros de datos, además de desarrollos residenciales». La actuación supone la mayor operación corporativa de Iberdrola desde octubre de 2024, cuando anunció la adquisición de la distribuidora británica ENW, otra compañía que en su momento estaba valorada en 5.000 millones de euros.

Las grandes operaciones corporativas, habituales en Iberdrola desde hace años para rotar activos y dar nuevos saltos estratégicos, se han convertido ya casi en un ritual en verano. Iberdrola, la mayor energética española, ha hecho triplete en los últimos tres años con operaciones, en cada caso, de 5.000 millones, convertida así en su cifra fetiche. En verano del año 2024, anunció la compra del 88% de la eléctrica inglesa Electricity North West (ENW) por un valor de fondos propios de 2.100 millones de libras –2.500 millones de euros–. El valor total de la compañía por el 100%, incluyendo deuda, ascendió a 5.000 millones de euros. Esa adquisición se enmarcaba dentro de la estrategia de Iberdrola de potenciar el negocio de redes en países con sólido ráting, como Reino Unido. ENW distribuye electricidad a casi cinco millones de clientes en la zona noroeste de Inglaterra, en Mánchester, Lancaster y Barrow, y cuenta con 60.000 kilómetros de redes de distribución de electricidad. En verano del pasado año, Iberdrola anunció una gran ampliación de capital de 5.000 millones de euros, sobresuscrita en 3,8 veces, precisamente para financiar su carrera en redes eléctricas. No solo en Reino Unido. También en EEUU. Ahora, con esos fondos y otros obtenidos por ventas de activos, Iberdrola hilvana su tercera gran operación relacionada con redes con la compra de Caruna en Finlandia. En este caso, además, el salto es doble porque además de ganar tamaño, el grupo gana diversificación geográfica.

ITP quiere competir por los contratos para el motor que debe equipar al nuevo avión llamado a reemplazar a los Airbus 320 y Boeing 737, con más de 40 años en servicio. El último avión de pasillo único –el más empleado por la aviación comercial– fue diseñado en los años ochenta, y es el Airbus 320. Su competidor, el Boeing 737, es todavía más longevo. Por eso el sector espera impaciente el nuevo modelo que reemplazará a toda esta flota. Una aeronave que los grandes constructores han anunciado para dentro de cinco años y de la que esperan vender 40.000 unidades entre 2035 y 2055. Para la consejera delegada del fabricante vasco de motores ITP Aero, Eva Azoulay, «se trata de la mayor oportunidad comercial de la industria aeronáutica». Así lo explicó desde la ‘Farnborough International Air Show’, la feria del sector más importante del mundo que se celebra en Londres hasta este viernes, y desde donde anunció el mayor programa de inversión en investigación en la historia de la compañía. Y es que ITP Aero quiere jugar en primera línea ese partido con 400 millones que destinará a I+D entre 2027 y 2030 para desarrollar los elementos críticos del propulsor de ese nuevo avión. El motor ha abierto una carrera tecnológica entre los fabricantes que tendrá en los próximos dos años un momento determinante. El objetivo es reducir las emisiones, el consumo de combustible y elevar la eficiencia de las nuevas aeronaves.

Las entregas que comenzó a realizar Talgo a finales del año pasado a Alemania y Dinamarca de los trenes equipados en la plataforma 230, su gran apuesta para Europa, han empezado a notarse en su cuenta de resultados. Así se desprende de las cifras que presentó ayer el fabricante vasco a los mercados sobre el primer semestre del año con una facturación de 375 millones, un 39,2% más que en el mismo periodo de 2025. La mejora provocada por la recuperación del pulso en la actividad industrial que ha imprimido el consorcio vasco liderado por el industrial José Antonio Jainaga se ha notado también en una importante reducción de las pérdidas de Talgo. Así, los 65,8 millones de números rojos con los que firmó el primer semestre del año pasado se han reducido un 58% hasta quedar ahora en 27. Según explicó el presidente de la empresa, José Antonio Jainaga, en la documentación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), «seguimos dando pasos firmes en nuestro compromiso de cumplir los objetivos del ejercicio en esta nueva era de Talgo, centrados principalmente en la actividad industrial, las entregas de los pedidos y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales». La prioridad del equipo directivo que lidera desde la semana pasada el nuevo consejero delegado, Ricardo Chocarro, pasa por convertir una cartera de pedidos récord con mas de 6.200 millones en flujo de caja que ayude a la empresa a abandonar las pérdidas o estar muy cerca de ello al cierre de este año. De momento, el ebitda –ingresos menos los gastos de la actividad antes de pagar créditos e impuestos– arrojan por primera vez en mucho tiempo saldos favorables: los 16,5 millones negativos del año pasado son hoy 31,5 positivos.

Los vaivenes internacionales siguen marcando el paso de las exportaciones vascas, que en mayo repuntaron un leve 0,8% respecto al mismo mes del año anterior, ya que los productos enviados a terceros países alcanzaron un valor de 2.709,4 millones de euros. Los datos del Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, revelan que los envíos al exterior pudieron aguantar gracias, sobre todo, a los productos energéticos que salieron de la planta de Petronor en Muskiz. La crisis energética derivada de la guerra de Irán ha hecho reflotar la actividad de la refinería vizcaína, que ha multiplicado sus envíos. Si en mayo de 2025 salieron mercancías valoradas en 115,4 millones, este año han crecido un 17,2% hasta los 135,3 millones. Mientras los pedidos energéticos van al alza, la principal partida exportadora, los productos de automoción que salen de la planta de Mercedes en Vitoria (turismos de menos de diez personas y vehículos para el transporte de mercancías), sufrieron una importante caída. Concretamente, se enviaron productos por valor de 382,5 millones, un 12,4% menos que el año anterior. Se trata de una señal adicional de que el motor, clave en la economía vasca (emplea a más de 38.000 personas y genera más del 10% del PIB del territorio), sigue sufriendo la crisis estructural que sufre el sector en Europa, debido a la difícil transición de las marcas al vehículo electrificado, los aranceles impuestos por Donald Trump o la feroz competencia de los fabricantes chinos.

El motor exterior de la economía guipuzcoana continúa demostrando su extraordinaria resistencia a las turbulencias del mundo pero, al mismo tiempo, atraviesa un periodo de evidente y lógico enfriamiento. Durante los cinco primeros meses del año, las exportaciones de las empresas del territorio alcanzaron los 4.122,1 millones de euros, lo que certifica una caída del 2,8% respecto al mismo tramo del ejercicio anterior. A nivel vasco el descenso fue más contenido ya que las ventas internacionales retrocedieron un ligero 0,8%, hasta situarse en los 12.872,4 millones de euros. Las caídas de Gipuzkoa y Álava, que sufre un retroceso del 9%, terminaron por neutralizar el fuerte empuje del 8,1% experimentado por Bizkaia gracias a la mayor actividad de la refinería de Muskiz de Petronor, según los datos publicados ayer por Eustat y el Ministerio de Economía. Si miramos bajo el capó de la industria guipuzcoana para entender el frenazo, el diagnóstico apunta directamente al desgaste de las grandes líneas de flotación del territorio. El sector de los bienes de equipo, auténtico pulmón productivo que concentra casi seis de cada diez euros que se facturan fuera, cedió un ligero 0,8% en el acumulado anual. Más inquietud despierta la automoción, un pilar históricamente determinante que vio caer sus pedidos exteriores un 3,4%, limitando sus ingresos a 427,9 millones. A esta dinámica de repliegue se acopló también la industria de las semimanufacturas, que registró una bajada del 6,4% en este mismo periodo.

Holaluz atraviesa la mayor crisis de su historia. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado el procedimiento para retirarle la habilitación como comercializadora de electricidad al considerar que ha incumplido las obligaciones exigidas para desarrollar esta actividad. A ello se suma la suspensión de la cotización de sus acciones en BME Growth, una combinación que ha disparado la incertidumbre sobre el futuro de la compañía y ha puesto en riesgo la inversión de sus accionistas. Entre ellos figura la EPSV guipuzcoana Geroa Pentsioak, que hace siete años desembolsó diez millones de euros en la energética catalana y que hoy, por la pérdida de valor de los títulos, se han convertido en 1,1 millones. Un impacto que no es relevante en el patrimonio de 3.600 millones de la entidad guipuzcoana, pero evidencia dimensión de la crisis en la compañía.La comercialización de electricidad constituye el núcleo del negocio de Holaluz. Si el Ministerio desestima las alegaciones de la compañía y confirma la retirada de la habilitación, la empresa perdería la autorización necesaria para vender electricidad a hogares y empresas. En ese escenario, los cerca de 140.000 clientes que aún mantiene serían traspasados a un comercializador de referencia para garantizar el suministro, mientras la compañía vería comprometida la continuidad de su actividad. Un desenlace que pondría en serio riesgo el valor de la inversión realizada por Geroa en la firma catalana. 

Geroa Pentsioak explicó ayer que el impacto de un eventual cierre de la comercializadora independiente de electricidad catalana Holaluz –que atraviesa serios problemas después de que el Gobierno central haya iniciado los trámites para extinguir su habilitación oficial para vender energía y de que su cotización en Bolsa haya sido suspendida– sería en todo caso «residual». En concreto, de «alrededor de un millón de euros», que es el valor a día de hoy de los títulos de la firma que están en manos de la EPSV, según explicó su director general, Jordan Sáenz. Una cifra, la de ese millón, dijo, que contrasta enormemente con los 3.600 millones de euros de patrimonio que atesoran a fecha de hoy sus fondos de inversión, y que queda también muy lejos de, por ejemplo, las plusvalías generadas por sus operaciones sólo en el día de ayer (15 millones) o de los 192 millones en que se ha revalorizado en lo que va de año el primero de sus dos vehículos de inversión. Holaluz no ha sido la mejor inversión de Geroa, que entró en la empresa (en la que llegó a controlar algo más de 6%) en el año 2019 con diez millones de euros y de la que tiempo después vendió un paquete importante a inversores privados con una plusvalía, según el directivo, de cuatro millones. En cualquier caso, las discrepancias con la gestión de la firma, capitaneada por sus fundadores y socios principales (Oriol Vila, Ferrán Nogué y Carlota Pi) no tardaron en aflorar. De hecho, en 2024 la EPSV (junto con el fondo Axon, otro accionista de la comercializadora) se negó a firmar las cuentas de Holaluz al entender que no reflejaban fielmente la situación de la empresa. Las desavenencias continuaron después, y Geroa ha ido vendiendo más acciones; una tarea complicada puesto que la compañía se ha ido devaluando y nadie quiere esos títulos, que apenas tienen liquidez.

El proceso de inhabilitación iniciado por el Gobierno para retirar a Holaluz el permiso para la comercialización de electricidad ha puesto en evidencia el descontrol que existe en estos momentos en España en ese negocio. Holaluz es, con diferencia, el caso más conocido de una nueva comercializadora de luz surgida a raíz de la liberalización del sector para competir con las grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Su inhabilitación es muy notoria. Pero no es la única. Coincide con otros procesos similares por parte del Gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para poner freno al descontrol que se ha creado en el negocio de venta de electricidad. Para entender la situación hay que remontarse a hace tres décadas, cuando se inició la liberalización de la venta de luz en España. Para favorecer el lanzamiento de nuevas eléctricas que compitieran con los antiguos monopolios de Iberdrola, Endesa y Naturgy, los sucesivos gobiernos dejaron hacer, con una regulación muy laxa en cuanto a requisitos para convertirse en comercializadora de luz. Por ejemplo, bastaba con un capital social de 3.000 euros para lanzar una comercializadora. El resultado es que España es, con diferencia, el país europeo con más comercializadoras. Hasta la fecha, han surgido 933, y la lista sigue aumentando. Solo en lo que va de año han surgido otras 23.

La brecha entre el PNV y el PSE, socios de gobierno en Álava y en las principales instituciones vascas, respecto al futuro de Foronda sigue ensanchándose. Mientras las filas socialistas sostienen que «no es necesario pedir ampliaciones» en este momento, el bando jeltzale, liderado por el diputado general, Ramiro González, abandera la exigencia de «tener ambición» para adecuar la infraestructura a la creciente afluencia de pasajeros. En la práctica, el Ejecutivo foral reclama que el Gobierno central ejecute de inmediato la ampliación de la sala de embarque y redacte ya el proyecto para inaugurar una nueva terminal en el plazo de una década. La controversia ha sumado un nuevo capítulo tras las declaraciones de la concejala de Promoción Económica, María Nanclares (PSE), en Radio Vitoria, donde ayer advirtió de que «no es el momento de pedir por pedir», argumentando que el «momento dulce» del aeropuerto alavés podría ser coyuntural. La réplica de González no se hizo esperar: «Es el momento de abordar ya el proyecto de reforma estructural de la terminal para ejecutarlo a partir de 2032; si no, Foronda no va a poder crecer».

La industria del mueble de Gipuzkoa firmó ayer un convenio colectivo que no se actualizaba desde hace 26 años y que aún estaba redactado en pesetas. El acuerdo, logrado por las principales centrales sindicales de Euskadi, contempla una reducción de jornada de 36 horas en los dos próximos años y un aumento salarial superior al 60%, debido al desfase respecto al último pacto. El avance más significativo del nuevo convenio es que se actualizan las tablas salariales mediante la incorporación del IPC acumulado durante los últimos 26 años, «lo que supone un incremento superior al 60%», explicó ayer en un comunicado ELA, sindicato mayoritario con diez representantes en la mesa negociadora. Además, se garantizan incrementos salariales anuales vinculados al IPC hasta 2028. La reducción de jornada de 36 horas se llevará a cabo de manera progresiva entre 2027 y 2028 (18 horas menos cada año). Además, se incorpora la ultraactividad indefinida y la cláusula de inaplicación.

El absentismo es un problema «estructural» que no para de crecer. Esta es la alerta que manda KPMG en su estudio ‘Absentismo. Un problema estructural’ en el que se ofrece una radiografía actualizada de la problemática. El primer trimestre del año inicia con un repunte de las bajas de corta duración, que se concentran los lunes y los viernes, y que están concentradas entre los jóvenes menores de 35 años, una tendencia que venía creciendo con fuerza en los últimos años y que en el inicio de este 2026 continúa. Pero detrás de la ausencia de 1,6 millones de personas a su puesto de trabajo cada día está la enfermedad común. De hecho, ocho de cada diez ausencias del trabajo no previstas están protagonizadas por una incapacidad temporal de contingencia común, es decir, aquellas bajas que un médico te da por una enfermedad o lesión que no guarda relación con el puesto de trabajo. Estás bajas son las «más dañinas», expresa el socio responsable del área de Laboral de KPMG Abogados, Francisco Fernández Díez. Precisamente las bajas más cortas por enfermedad común son las que más daño causan en las empresas, ya que son las que acaban pagando las compañías.

Los sindicatos lanzaron un mensaje muy claro al Gobierno el 30 de junio: si antes de agosto no se aprueba el refuerzo del registro horario, no firmarán ningún otro acuerdo con el Ejecutivo. Dado que ayer no se aprobó, solo queda una reunión más del Gabinete antes del parón estival para cumplir con las centrales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo ayer que esta política está “prácticamente lista” y que es “muy optimista” ante la posibilidad de aprobarla. “Estamos trabajando en el seno del Gobierno para que esta norma vea la luz lo antes posible”, dijo Díaz tras el Consejo de Ministros, antes de criticar el alto volumen de horas extra impagadas que se hacen en España. “Esta irregularidad manifiesta que tenemos en nuestro país se va a acabar, 2,65 millones de horas extraordinarias sin retribuir. No es ninguna broma”, dijo, antes de insistir otra vez al final de su respuesta en el mensaje clave de su intervención: que están tratando el asunto dentro del Ejecutivo. Es decir, Trabajo insiste en que está negociando con Economía el desarrollo de esta política, la parte del proyecto para reducir la jornada que se puede aprobar sin respaldo parlamentario (tras el rechazo de PP, Vox y Junts en el Parlamento a la contracción de jornada en septiembre). 

El empresario Julio Martínez Martínez entró a las 8:50 horas de este martes en la Audiencia Nacional sabedor de que su escrito de confesión conocido la víspera, en el que traduce su disposición a colaborar con la justicia apuntando a su hasta ahora amigo José Luis Rodríguez Zapatero, había cambiado sustancialmente de carril su prevista y esperada declaración ante el juez del ‘caso Plus Ultra’, José Luis Calama. Bajo imputación por el supuesto cobro de una comisión irregular por el rescate de la aerolínea, auxiliada por el Gobierno de Pedro Sánchez en pandemia con 53 millones de dinero público, ‘Julito’ se ratificó ante el instructor en lo ya apuntado en el documento que le había remitido previamente. Y que dispara contra la línea de flotación de la defensa de Zapatero. Esto es, que el expresidente del Gobierno era quien «marcaba los pasos» en la consultora de Martínez, Análisis Relevante, creada para aprovechar su influencia política y su agenda de contactos. Confirmó que cobró una comisión de Plus Ultra para facilitar su salvamento por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)–la «mordida» del 1% (530.000 euros) que figura en otros dos escritos delatores, los remitidos por el presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli–; y que él, ‘Julito’, ejercía un papel de mero «transmisor» de las actuaciones de Zapatero.

El Gobierno aprobó ayer, en el Consejo de Ministros, un real decreto por el que se regula la orden de bases del Plan Auto+, de ayuda a la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Esta iniciativa llega tras las demandas del sector y con algunos meses de retraso después de que a principios del pasado diciembre fuera anunciado a bombo y platillo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto con la industria automovilística, en el que se comprometieron planes de impulso para el sector por 1.300 millones de euros hasta el año 2030. Una de las medidas estrella del apoyo del Ejecutivo a la automoción nacional es el Plan Auto+, que por fin verá la luz próximamente, al aprobarse ayer en el Consejo de Ministros el real decreto que recoge el programa y que entrará en vigor en los próximos días, una vez que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La intención por parte del Ejecutivo con este nuevo Plan Auto+ es impulsar el mercado de automóviles eléctricos e híbridos enchufables, que cuentan con la etiqueta Cero de la Dirección General de Tráfico (DGT). El Gobierno destinará 400 millones de euros a su nuevo plan de incentivo a la adquisición de coches eléctricos e híbridos enchufables, que también contempla ayudas a motos y otros tipos de vehículos electrificados.

Julián Núñez, presidente de Seopan, asegura que “en España no hay el plan nacional de recarga del vehículo eléctrico que necesitaríamos. Tenemos un porcentaje bajísimo de eléctricos circulando y ni siquiera hay parque de cargadores públicos suficiente para ellos”. Según Anfac, en España hay 56.682 puntos de recarga de acceso público; en 2020 había 8.545, lo que supone un aumento de más de un 560% y una tasa media de crecimiento anual de más del 44%. El objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es alcanzar 340.000 puntos para 2030, y estamos lejos de lograrlo. Aunque se están consiguiendo avances con operadores como Iberdrola | bp pulse (ver información de apoyo) o Endesa (uno de cada cuatro puntos que ha instalado en el último año es rápido), la potencia media por conexión de los principales operadores ha pasado de 49,8 kW en 2021 a 51,7 kW en 2024, lo que supone sólo un aumento de menos del 4%, lo que incide en el tiempo de recarga. La CNMC también muestra que la recarga está concentrada en puntos concretos del territorio. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay tramos con más de diez competidores con recarga superior a 150 kW; mientras que un 13,5% de toda la red no cuenta con ningún punto de esa potencia a menos de 50 km, y un 35,51% tiene menos de tres competidores en esa distancia.

Las energías verdes son el camino que Navantia eligió para diversificar su negocio más allá del entonces inestable negocio de defensa. En 2014 obtuvo su primer contrato de Iberdrola para entrar en el mundo de la eólica marina y posteriormente amplió sus capacidades con el hidrógeno para doblar la apuesta en 2022 con el lanzamiento de Seaenergies. La marca tenía que englobar el área de negocio de mayor crecimiento del grupo, una progresión que se ha visto truncada precipitadamente el pasado año, lastrada por el cambio de prioridades a nivel global tras la victoria de Donald Trump, que además ha bloqueado numerosos desarrollos de estos parques eólicos marinos en Estados Unidos, un lastre relevante para las cuentas del grupo. Así, la división de energías verdes de Navantia cerró el año 2025 con 118 millones de euros facturados, menos de la mitad que los 247 millones del año anterior. Sin embargo, el dato más llamativo no está en la facturación, sino en la trayectoria de nuevas contrataciones del grupo. Según sus cuentas, el grupo español apenas firmó siete millones de euros en nuevos contratos, una cifra que dejaba la contratación acumulada en unos escasos 24 millones de euros.

Desde la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) el pasado 11 de junio, el Viejo Continente ha vivido la primera subida de tipos de interés en tres años, que se produce ocho días después de la firma de un principio de acuerdo (MoU, memorandum of understanding) entre EEUU e Irán y, de nuevo, la vuelta al conflicto armado el 7 de julio ante la falta de entendimiento. El gran cuello de botella sigue estando en el estrecho de Ormuz donde el tráfico continúa paralizado a la espera de que los buques puedan transitar por él sin miedo a ser atacados. La cuestión es que, casi mes y medio después, el petróleo Brent ha vuelto a los 90 dólares por barril, la misma zona donde se encontraba el pasado 11 de junio cuando Christine Lagarde decidió dar un paso al frente al ser el primer banco central en atreverse a subir las tasas oficiales para combatir la inflación generada por la guerra en Irán. Nadie más ha seguido su estela y esto ha obligado a la presidenta del BCE a defender su decisión a cada ocasión que le preguntan. Casas de análisis y bancos de inversión dan por descontado que el BCE no volverá a subir los tipos de interés otros 25 puntos básicos en su reunión de mañana, pero dejan esa puerta abierta a la sorpresa. La previsión es que sea en septiembre cuando Lagarde vuelva a tocar el precio del dinero, en un mercado donde las entidades reconocen haber cerrado el grifo del crédito en el segundo trimestre, con condiciones además más duras, y con una demanda desplomada. 

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, se estrenó en el cargo, al que accedió el pasado lunes, con la eliminación temporal del IVA de la factura de la luz. No obstante, la medida ha despertado las primeras suspicacias sobre cómo se financiará. En concreto, el nuevo Ejecutivo inglés anunció ayer que recortará del 5% al 0% el citado gravamen sobre la electricidad, dentro de su política de intentar aliviar el alza del coste de la vida. La medida entrará en vigor el próximo 1 de octubre, se mantendrá inicialmente hasta abril de 2027 e implicará una rebaja media de unas 45 libras (53 euros) por hogar. “Westminster [la política británica] no ha funcionado para la gente durante mucho tiempo y las familias tienen que luchar contra el coste de la vida. Esto tiene que cambiar”, argumentó Burnham en referencia a una de las principales preocupaciones de la población: el encarecimiento de bienes y servicios. Burnham prometió el lunes presentar un plan a diez años vista para transformar el país, pero piensa combinarlo con acciones desde el primer día para transmitir a la población el mensaje de que el Gobierno está ayudando a combatir el impacto de las facturas.

Mientras el conflicto bélico en Oriente Próximo vuelve a recrudecerse, el precio de la gasolina continúa aumentando y su popularidad cae a mínimos, Donald Trump ha vuelto a hacer sonar los tambores de la guerra comercial. El presidente de Estados Unidos acaba de anunciar aranceles del 50% sobre los productos de Canadá, al tiempo que ha forzado la renegociación del acuerdo comercial con Ottawa y México; ha impuesto tasas del 25% a los bienes procedentes de Brasil; y a ultima ahora una nueva remesa de tarifas para decenas de otras países. Trump abre así un nuevo capítulo de su batalla comercial global sabedor de que el viernes expiran los aranceles generales del 10% que improvisó después de que la Justicia estadounidense tumbara su ofensiva mundial original. Así lo confirmó ayer Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, detallando que ultima una nueva tanda de tarifas, incluyendo medidas específicas sobre más de 60 países, que cubren el 99% del comercio del país. Entre otros objetivos, argumentó, se busca acabar con la desventaja competitiva que tiene Estados Unidos al perseguir la mano de obra forzada, lo que otros países no cumplen. Aunque la Unión Europea tiene su propio pacto comercial vigente con EEUU que podría evitarle ser parte del nuevo castigo, Greer abrió la puerta a tomar represalias por esta vía, sosteniendo expresamente que Europa no cumple su propia regulación laboral en este sentido. “Esperamos que haya novedades pronto”, declaró Greer en la cadena CNBC, rehusando ofrecer más detalles todavía. 

Es el segundo Estado del mundo en prohibir estas ‘apps’ a jóvenes, después de Australia. El Parlamento francés aprobó ayer la ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años, convirtiéndose así en el primer país de la UE en establecer restricciones de tanto calado. El Gobierno de Macron pretende que la medida entre en vigor con el inicio del curso escolar en septiembre. El texto también prohibirá el uso de teléfonos móviles en los institutos, algo que hasta ahora solo ocurría en escuelas de primaria y secundaria. Francia se convirtió ayer en el primer país europeo en prohibir a los menores de 15 años acceder a las redes sociales. La ley que lo regula fue aprobada definitivamente con el respaldo de ambas cámaras del Parlamento: obtuvo 243 votos a favor y 2 en contra en el Senado, y 279 votos a favor y 81 en contra en la Asamblea Nacional. El presidente, Emmanuel Macron, que había impulsado esta medida y la había convertido en una bandera de la recta final de su mandato, celebró su aprobación asegurando que “Francia abre el camino en Europa” para la protección de los niños y adolescentes. “Me había comprometido a ello, ahora está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para menores de 15 años a partir del curso escolar”, dijo.