20260725

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En una carta abierta redactada íntegramente en euskera y publicada este sábado en su cuenta de LinkedIn bajo el título 'Lubakiak gainditu, arnasa hartzeko' ('Superar las trincheras para tomar aire'), el lehendakari realiza un alegato por abandonar la lógica del enfrentamiento y centrarse en los mensajes en positivo. De hecho, en uno de los pasajes más destacados, advierte de que «los avances del euskera nunca serán consecuencia de la imposición», sino que deberán venir «del compromiso, de la ilusión, de la capacidad para generar emociones positivas y de sumar voluntades». «El próximo gran salto del euskera lo daremos como sociedad o no lo daremos», abunda. La carta del mandatario nacionalista comienza con una crítica a la creciente polarización que, a su juicio, rodea el debate lingüístico. Cuestiona tanto a quienes sostienen que el euskera «se impone» en detrimento del castellano o dan por «destruidos» los consensos como a quienes interpretan cualquier polémica como un «ataque» a la lengua y «levantan trincheras» incluso «definiendo enemigos». En este punto cita expresamente la controversia sobre la avalancha de ceros en la PAU, aunque no desde el punto educativo sino para censurar a quienes han tratado de «humillar públicamente a varios menores que intentaron expresarse en euskera en televisión». Pradales emplea el artículo principalmente para establecer cuál cree que debe ser la nueva prioridad de la política lingüística. Tras reivindicar el fuerte avance experimentado en las últimas décadas –recuerda que ahora más de un millón de personas lo conocen y tres de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 24 años lo saben hablar–, diagnostica que el principal desafío ya no reside en ampliar el nivel de conocimiento de la lengua, sino en aumentar su uso cotidiano. «Es imprescindible que quienes saben euskera lo utilicen entre ellos, que gane presencia en nuevos espacios y que cada vez más personas lo sientan como propio, independientemente de cuál sea su lengua materna», indica. El texto concluye con un llamamiento a recuperar una imagen del euskera ligada a «la libertad, la convivencia, la creatividad y las nuevas oportunidades» en lugar de asociarla a la disputa política. Incluso admite que, «como sociedad», se cometieron «errores» al convertir la lengua «en un símbolo» y advierte de que no conviene «idealizar el pasado». «Queremos impulsar el orgullo compartido de un pueblo que cuida su lengua, y eso interpela a toda la ciudadanía, hable o no euskera», remacha el lehendakari, quien emplaza a conseguir que la lengua vasca «no sólo llene estadios, sino también los patios de las escuelas y las conversaciones en los bares y las plazas».

José Antonio Jainaga, presidente entre otras empresas de Sidenor y de Talgo, comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una oferta de adquisición (opa) por el 100% de la empresa Azkoyen. Una operación en la que estará acompañado por la Fundación BBK, por Kutxabank a través de su herramienta de participadas Indar Kartera, el Gobierno vasco y por el holding inversor de la familia Carmen Lequerica. Son los actores de un nuevo consorcio impulsado con dinero público para reforzar el arraigo empresarial en Euskadi. Azkoyen, la multinacional navarra que cotiza en Bolsa, fue fundada hace más de 80 años y se dedica al diseño y fabricación de soluciones automatizadas y máquinas para servicios de ‘vending’, medios de pago y accesos de seguridad. Tiene un millar de empleados, facturó el año pasado 211 millones y obtuvo un beneficio neto de 17,5. La oferta ofrece 10 euros por título, lo que supone un desembolso de 244 millones. El precio, eso sí, está por debajo de la cotización de la acción de Azcoyen, que cerró ayer a 11,40 euros. Los títulos han estado todo este año por encima de los 10 euros. La operación que se realizará a través de Ohmnia Electronics, una firma que adquirió Jainaga a través de su conglomerado industrial Mirai y en la que participan también el Gobierno vasco a través de Finkatuz, la Fundación Vital y el vehículo inversor de la familia Carmen Lequerica. Esta compañía –Ohmnia Electronics– será el vehículo ejecutor de la opa, que se financiará con una ampliación de capital. Un proceso que requerirá un desembolso económico de sus socios actuales (Jainaga, Gobierno vasco y Carmen Lequerica) y al que se sumarán también la fundación BBK y Kutxabank. La Fundación Vital no aportará fondos en esta operación. Ver nota Ohmnia aquí. 

La guerra en Oriente Medio ya pasa factura a Tubacex. La acerera cerró el primer semestre con un beneficio de apenas 700.000 euros, un 96% menos que en el mismo periodo del año pasado. Detrás de este desplome están las disrupciones logísticas provocadas por la escalada del conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, que obligaron a la compañía a asumir sobrecostes en el transporte y a desviar mercancías para garantizar el suministro desde su planta de Abu Dhabi, que ha llegado a funcionar de forma interrumpida. La ralentización del negocio, de hecho, ya ha tenido su reflejo en las plantas alavesas del grupo. Tubacex aplica desde el pasado julio un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en sus plantas de Llodio y Amurrio, que afecta a unos 430 trabajadores y, en principio, se prolongará hasta finales de febrero. La empresa defiende, en todo caso, que el ajuste responde al bloqueo logístico provocado por el conflicto en Irán y no a una falta de pedidos, ya que mantiene una cartera de 1.148 millones de euros. El impacto del conflicto se deja sentir en toda la cuenta de resultados. La facturación entre enero y junio retrocedió un 10,5%, hasta los 323,6 millones de euros, en un escenario en el que la ofensiva arancelaria impulsada por Donald Trump «ralentiza» proyectos y decisiones de inversión en todos los mercados. La incertidumbre resulta especialmente relevante para el sector del acero, después de que Estados Unidos elevara al 50% las tasas sobre las importaciones de este material. 

Acerinox ganó 77 millones de euros en el primer semestre, con lo que deja atrás las pérdidas de 18 millones del mismo periodo de 2025, un cambio que la empresa achaca a la evolución de su negocio en EEUU y a la nueva tendencia en el mercado europeo. El grupo siderúrgico obtuvo un ebitda de 271 millones (+27% interanual) y sus ventas netas en el periodo sumaron 2.966 millones (-3%), pese a que la producción de acería en la primera mitad del año ascendió a 1,03 millones de toneladas (+2%). El flujo de caja operativo fue de 43 millones, marcado por el incremento del capital circulante de explotación por valor de 146 millones, debido a la mayor actividad y al encarecimiento de las materias primas. El grupo invirtió 148 millones de euros entre enero y el pasado junio y situó su deuda financiera neta en 1.361 millones, frente a los 1.222 millones de un año antes. Aunque la demanda final permaneció contenida, las importaciones en Europa cayeron un 31%. “Nuestra posición en el mercado norteamericano sigue siendo el gran motor de nuestra rentabilidad, mientras que en Europa destaca especialmente el cambio de tendencia impulsado por las nuevas medidas regulatorias”, argumentó el CEO de Acerinox, Bernardo Velázquez, que también opinó que los resultados del segundo trimestre suponen “un claro punto de inflexión”.

Ni la caída de la producción global de vehículos, ni las dificultades de los fabricantes para adaptarse a la tecnología eléctrica, ni tampoco las tensiones comerciales parecen afectar al negocio de CIE Automotive. El fabricante vasco de componentes para la automoción continúa anotando cifras récord y ha logrado un beneficio neto de 191,3 millones de euros en el primer semestre, es decir, un salto del 2,95% respecto a las cifras registradas el año anterior. Mientras tanto, la facturación también ha evolucionado al alza, un 5,2% hasta los 2.103,8 millones. Una de las claves de la firma que dirige Jesús María Herrera es la rentabilidad, que permanece «en niveles de excelencia». Concretamente, el margen sobre las ventas alcanza el 19,1%, cifras muy superiores a la media del sector. En un momento en el que las proyecciones apuntan a un descenso en la producción mundial de vehículos (se espera que el año finalice con 91,1 millones de unidades fabricadas, frente a las 93,1 de 2025) desde la empresa aseguran que «la generación de valor depende principalmente de la ejecución operativa, la ganancia de posicionamiento en mercados clave y la diversificación geográfica». Este último aspecto es uno de los grandes ejes de la hoja de ruta de CIE. Mientras los mercados «maduros» como Europa y Norteamérica mantienen volúmenes «estables», India y Brasil «continúan siendo los principales motores del crecimiento incremental». El 16,8% de las ventas de la fabricante provienen de India, mientras que otro 12% lo hace de Brasil. 

Tras elevar exponencial­mente sus ventas en los úl­timos años, GHI Smart Fur­naces encara este 2026 co­mo un ejercicio de consolidación previo a abordar un nuevo salto en su creci­miento con la vista puesta en la cota de los 60 millo­nes de euros de facturación en 2027 o 2028. Este año lo concluirá con un li­gero incremento de ingre­sos, hasta llegar a alrede­dor de los 55 millones de euros, y con una subida más pronunciada de su ci­fra de contratación, que se situará por encima de los 60 millones de euros. Según explica a Empre­sa XXI el CEO de GHI, José Berasategui, la compañía especializada en soluciones integrales para el reciclaje de aluminio, trabaja en la actualidad en proyectos en Europa para varios 'gigan­tes' mundiales del sector, aunque también ha cerrado recientemente pedidos, al­guno de ellos de bastante envergadura, en la región de Norteamérica. Por lo que se refiere al Viejo Continente, a finales del pasado año cerró un contrato con Constellium para entregarle un nuevo horno que se instalará en una de sus plantas de fabri­cación y reciclaje de alumi­nio más grandes, ubicada en la región francesa de Al­sacia.

El Gobierno Vasco decidió ayer dar marcha atrás en su polémico plan de choque viario para el histórico eclipse solar del próximo 12 de agosto. Tras la intensa presión ejercida por el sector del transporte durante los últimos días, el Departamento de Seguridad ha corregido la drástica prohibición inicial que impedía circular a los camiones durante 24 horas ininterrumpidas. La limitación definitiva se acotará a una ventana de siete horas, de modo que los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada tendrán vetado el paso por la red viaria de Euskadi únicamente entre las 17.00 y las 23.59 horas. La nueva resolución, que certifica esta rectificación institucional, se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Estado. Este cambio de rumbo llega tras una semana de máxima tensión en la que las asociaciones profesionales tildaron el bloqueo absoluto de «escándalo» y amenazaron abiertamente con recurrir la medida en los tribunales. Agrupaciones como Guitrans, Asetrabi, la Agrupación Alavesa, la confederación estatal CETM y el sindicato Hiru denunciaron de forma unánime que la inmovilización «carecía de rigor técnico» y suponía «un grave perjuicio» económico en una semana ya de por sí compleja. La organización Aecoc se sumó a las críticas recordando que el oscurecimiento del cielo se producirá principalmente en la franja de tarde, entre las 17.34 y las 21.58 horas, por lo que obligar a los chóferes a perder una jornada íntegra resultaba injustificado. El enfado del colectivo radicaba en la «flagrante desproporción» de paralizar una actividad esencial por un fenómeno cuya máxima incidencia durará apenas unos minutos. 

Agaleus pone en marcha en Zamudio la primera instalación de Euskadi capaz de convertir polietileno de alta densidad procedente de envases industriales en nueva materia prima. Se trata de una nueva línea de valorización capaz de recuperar polietileno de alta densidad (HDPE), uno de los plásticos más utilizados en la fabricación de envases industriales y componentes para distintos sectores. La instalación, que ha supuesto una inversión cercana a los 700.000 euros, convierte a Agaleus en la primera compañía de Euskadi que ofrece un servicio integral de recogida, tratamiento y valorización de este tipo de residuos plásticos. Su capacidad permite procesar hasta 1.500 kilos por hora y recuperar alrededor de 8.000 envases industriales al año. La clave del proyecto reside en la tecnología empleada para el tratamiento del material. El proceso permite conservar las propiedades mecánicas del polietileno recuperado, de modo que puede volver a utilizarse como materia prima para fabricar nuevos envases y otros productos industriales, cerrando así el ciclo de vida del plástico. La nueva instalación responde a uno de los grandes retos de la economía circular: evitar que residuos de difícil gestión acaben en vertederos y transformarlos en recursos con valor para la industria. Además de reducir el volumen de residuos, el sistema contribuye a disminuir las emisiones asociadas a su eliminación y reduce la necesidad de consumir plástico virgen.

La regularización administrativa supone para miles de personas salir de la precariedad y adquirir derechos básicos para su integración laboral y social. Ahora en Euskadi quedan un 20% de inmigrantes sin papeles. Para miles de personas, la situación administrativa supone la diferencia entre la precariedad más absoluta y la consecución de derechos básicos. Y analizar el acceso de las personas extranjeras a la residencia legal es una de las temáticas que aborda Ikuspegi, el antiguo observatorio vasco de la inmigración, en su panorámica número 100. La ahora Cátedra de Migraciones y Convivencia de la EHU, además de radiografiar las dinámicas que han regido estos desplazamientos en las últimas dos décadas, pone cifras a quienes viven de forma regular en Euskadi, situación en la que, estiman, están ocho de cada diez personas con otra nacionalidad.

Euskadi ha perdido 2.500 ocupados en los últimos tres meses. Según recoge la encuesta de la Población en Relación a la Actividad (PRA) que elabora el Eustat, el número de personas con un empleo cayó hasta 1.011.100, una cifra que se completa con una subida de la tasa del paro que crece en dos décimas y alcanza el 6,9% (74.500 personas). La caída de empleo no se refleja únicamente en la comparativa con el arranque del año. También se nota en la comparativa anual que refleja una pérdida de 3.000 ocupados respecto al mismo periodo de 2025 (entonces hubo 1.014.100, el dato más alto de la tabla histórica para este periodo). Algo parecido ocurre con la tasa del paro, que crece un 1,2% desde el 5,7% marcado hace un año. La encuesta destaca que crece la actividad en la industria, con 500 ocupados más que en el arranque del año (hay 198.100 en el segundo trimestre) y en la construcción, donde aumenta su número en 1.200 personas (65.800 en total). Por contra, cae en 700 en el sector primario (8.600 en total) y sufre su mayor sangría en los servicios, donde refleja 3.300 ocupados menos (738.800). La afección al sector servicios se traduce también en una caída de la ocupación que ataca especialmente a las mujeres. 

Yolanda Díaz tiene por delante cuatro intensos meses de campaña pública y negociaciones diplomáticas al máximo nivel para tratar de convencer a gobiernos, sindicatos y patronales de que es la mejor candidata para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, la ministra de Trabajo aspira a pilotar el organismo de Naciones Unidas que fija los estándares laborales mundiales justo cuando buena parte de su agenda reformista está totalmente bloqueada y con un nuevo frente abierto con Bruselas que puede acabar derivando en otra multa millonaria para España. Después del fracaso de la que iba a ser su medida estrella tras la reforma laboral –la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales– Díaz apostó buena parte de su capital político a endurecer el registro horario en las empresas para evitar el fraude de las horas extraordinarias impagadas. Pero la iniciativa se topó con el rechazo frontal de los empresarios, del Consejo de Estado y del Ministerio de Economía. Los sindicatos advirtieron a la vicepresidenta de que no pactarían más reformas si no sacaba adelante esta medida antes del parón estival, pero la presión no ha surtido efecto. Las dudas jurídicas y el choque con el planteamiento del vicepresidente primero Carlos Cuerpo son de tal calibre que necesitan vacaciones. Y no será hasta la vuelta del verano cuando vuelvan a contrastar posturas.

Donald Trump volvió a reconstruir este viernes el muro arancelario que ya había levantado en dos ocasiones alrededor de Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca, pero que la Justicia y la legislación habían dejado sin efecto. Para tratar de blindarla, esta tercera oleada tarifaria establece un complejo sistema de tasas, de entre el 10% y el 12,5%, que afecta a los productos de más de 60 países, discriminando su aplicación según la regulación laboral de cada territorio, sujeto a variopintas exenciones y bajo una extensa letra pequeña. La tercera ofensiva comercial de Trump sumió en el desconcierto a las economías, empresas y mercados mundiales, que echan números sobre la factura a asumir, tratan de digerir las diferencias de trato frente a sus vecinos y exploran volver a recurrir esta acometida proteccionista ante los tribunales. El nuevo paquete arancelario entró en vigor a las 00:01 horas del viernes en la Costa Este de EEUU, las 06:01 de la mañana en España, para evitar el vacío que iba a provocar la expiración de las tarifas globales del 10% que Trump improvisó en febrero, tras el varapalo de la Corte Suprema a su paquete inicial. La nueva andanada comercial se produce, además, en pleno recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, que ha disparado el precio del petróleo y lastrado la popularidad de Trump en un año marcado por las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

Donald Trump siembra el desconcierto en las empresas españolas al activar una nueva oleada de aranceles contra 60 economías. El sistema anunciado impone una tasa mínima del 10% que genera una fractura en el tejido empresarial. Sectores como la industria química, los bienes de equipo, los componentes industriales y la manufactura de fundición verán encarecerse sus exportaciones, mientras otros verán aliviada su factura. La Administración de Donald Trump ha activado una nueva fase en su política proteccionista que amenaza con encarecer las exportaciones españolas a Estados Unidos, sobre todo en algunos sectores industriales. Washington ha recurrido a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para reconstruir su política arancelaria después de que el Tribunal Supremo estadounidense invalidara meses atrás el mecanismo utilizado hasta entonces. Justifica la nueva vía bajo el paraguas de una investigación sobre la lucha contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de 60 economías y fija gravámenes de entre el 10% y el 12,5%. Para los exportadores españoles, la medida vuelve a introducir inquietud en un mercado que hasta ahora aplicaba aranceles reducidos a buena parte de sus productos. De aplicarse tal como se ha anunciado, la medida amenaza con duplicar e incluso triplicar los gravámenes de exportación a Estados Unidos. El alcance, sin embargo, no es el mismo para todos. Para Judith Arnal, investigadora principal de Economía del Real Instituto Elcano, no se trata tanto de una nueva escalada comercial sino de un cambio en la base jurídica con la que la Casa Blanca pretende mantener el esquema arancelario anterior y evitar que vuelva a ser cuestionado por los tribunales. No descarta que haya un nuevo recurso contra estas tasas, lo que se traduce en “más incertidumbre para las empresas, que es el verdadero coste de toda esta política”.

Donald Trump amenazó ayer con nuevas subidas de aranceles a la Unión Europea en respuesta a las multas que ha impuesto a grandes multinacionales tecnológicas por infringir las normas europeas sobre competencia y privacidad de sus usuarios, la última de 890 millones de euros a Google el pasado jueves. «La Unión Europea vuelve a las andadas y, como siempre, ¡ataca directamente a grandes empresas estadounidenses!», denuncia Trump en un mensaje en su red Truth Social, en el que acusa a Bruselas de «robar» a estas compañías sin dar «ningún tipo de explicación». «Estados Unidos no es una ‘hucha’ para Europa, ¡no lo permitiremos!», advierte Trump, quien sostiene que su Gobierno no va a tolerar esta «práctica ilegal y altamente discriminatoria». En este sentido, anunció que pondrá en marcha una investigación acerca de estas sanciones «ilegales y nada éticas», insistió. «La Unión Europea pagará un precio muy alto (...) Las sanciones serán revocadas por completo y prevemos que se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible», zanjó el líder republicano. Las amenazas del magnate llegan un día después de que anunciara un nuevo muro comercial que incluye unas barreras aduaneras mínimas del 10% a unos 60 países, entre los que se encuentran los Estados miembros de la Unión Europea. 

El grupo Volkswagen no logra echar el freno de mano a la sangría que han sufrido sus cuentas de resultados en los últimos dos años. El gigante automovilístico europeo ha reducido de forma drástica sus ganancias en el primer semestre del ejercicio en un 35,7%, hasta los 2.574 millones de euros. El principal motivo del declive es el mismo quebradero de cabeza que ha aquejado todo este tiempo a la compañía: la competencia con las marcas chinas, sobre todo en el propio mercado del gigante asiático, donde sus ventas se han derrumbado un 26% en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2025, quedando por debajo del millón de unidades. China ha provocado así que las ventas de la compañía cayeran en el conjunto del ejercicio un 6,5%, con 3,97 millones de coches comercializados. La que más ha sufrido es la propia marca Volkswagen, que es la que más volumen ofrece al grupo, con una bajada del 10,9% en turismos. 

El Gobierno central ha puesto en marcha el plan Auto+, un nuevo programa de ayudas destinado a impulsar la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados que toma el relevo del anterior plan Moves con un planteamiento más sencillo y orientado a favorecer tanto la movilidad sostenible como la producción industrial europea y española. Dotado con 400 millones de euros para 2026, el programa nace como una de las medidas incluidas en el plan Auto 2030 y será gestionado directamente por el Ministerio de Industria y Turismo, con el objetivo de agilizar la tramitación de las ayudas y ofrecer mayor seguridad a compradores y fabricantes. Una de sus principales novedades es que las ayudas tienen carácter retroactivo para las compras realizadas desde el 1 de enero de 2026, siempre que los vehículos cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, el programa pretende incentivar la adquisición de modelos fabricados en Europa, reforzando la competitividad de la industria automovilística del continente. El plan Auto+ contempla ayudas de hasta 4.500 euros para la compra de turismos eléctricos, a las que se suma un descuento obligatorio de mil euros aplicado por el fabricante o el concesionario, lo que puede elevar el incentivo total hasta 5.500 euros en determinados casos. Podrán beneficiarse particulares, autónomos y empresas para la adquisición, mediante compra o determinadas fórmulas de financiación y préstamo de turismos, vehículos comerciales ligeros, motocicletas y cuadriciclos eléctricos.

Los socios de Gobierno, PSOE y Sumar, vuelven a colocar a las Socimis en el ojo del huracán al plantear un castigo fiscal a aquellas que tienen vivienda en su cartera. Para este tipo de Socimis, el decreto ley en materia de vivienda que prepara el Ejecutivo plantea elevar el gravamen especial sobre beneficios no distribuidos. Fuera del radar quedarían todas aquellas sociedades que invierten en otros tipos de activos como oficinas, hoteles o logística, es decir, que la medida no afectaría ni a Merlin ni a Colonial, las grandes Socimis del Ibex. El borrador pactado entre el PSOE y Sumar plantea una modificación de la Ley 11/2009 que introduce cambios significativos en el gravamen especial sobre los beneficios no distribuidos de las Socimi, estableciendo tipos diferenciados según el uso de los inmuebles y ofreciendo incentivos para la vivienda asequible. El nuevo decreto, que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana espera llevar a Consejo de Ministros el próximo martes, 28 de julio, prevé elevar del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios no distribuidos de las Socimis de viviendas, salvo si destinan su cartera a pisos asequibles. Empresas como Testa, en manos del fondo Blackstone; Vivenio, del fondo holandés APG Asset Management y del fondo australiano Aware Super; o Iante, adquirida recientemente por el fondo pensiones de trabajadores sanitarios de Ontario Hoopp, son algunas de las Socimis que podían verse perjudicadas por la medida. Esta norma, de aprobarse, afectaría también a inversores de largo plazo que están aterrizando en residencial en España o estudiando hacerlo. 

El mercado inmobiliario español sigue marcando la diferencia respecto al europeo. España se mantuvo en el primer trimestre de 2026 entre los países de la Unión Europea con mayores incrementos del precio de la vivienda, al registrar una subida interanual del 12,8%, más del doble de la media comunitaria (5,1%) y de la eurozona (4,7%), según Eurostat. Con este último avance, el inmobiliario español suma ya cuatro trimestres encareciéndose casi un 13% y el avance del primer trimestre es cinco décimas superior al de un año antes. Estas tasas son las más elevadas desde que el valor del metro cuadrado empezó a recuperarse en 2014, tras el hundimiento sufrido por el pinchazo de la burbuja en 2008. De esta forma, España mantiene la espiral alcista, mientras que la media de la región ha frenado su ritmo de crecimiento (en la eurozona la tasa se sitúa ocho décimas por debajo de la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior y en la UE, siete décimas menos). Detrás del ímpetu en la evolución de los precios en España hay una combinación de factores. “Partimos de un nivel de precios relativamente más asequible que otros grandes mercados de la zona euro, lo que deja un mayor recorrido al alza”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

El vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció ayer que el Ejecutivo reactivará tras el verano la tramitación de la nueva Autoridad en Defensa del Cliente Financiero, un organismo que dirimirá las reclamaciones de los clientes contra los bancos sin necesidad de acudir a los tribunales. La iniciativa espera su puesta en marcha desde hace más de cuatro años, postergada primero por la convocatoria de elecciones anticipadas en julio de 2023 y por el bloqueo parlamentario que se produce desde entonces. Este organismo fue concebido como una ventanilla única para que los clientes financieros pudiesen reclamar a bancos, aseguradoras y firmas de inversión, centralizando funciones que actualmente ostentan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de los Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Resolverá las reclamaciones en menos de 90 días y su decisión será vinculante, es decir, sin necesidad de acudir a otras autoridades, en reclamaciones de una cuantía inferior a los 20.000 euros. Para asuntos que impliquen cantidades superiores podrá realizar informes periciales. Entre las cuestiones a dirimir están posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros o la abusividad de las cláusulas de contratos financieros. En 2025, el Banco de España recibió 30.970 reclamaciones, de acuerdo a los datos publicados esta misma semana en su Memoria de Reclamaciones. Si bien la cifra se redujo un 30% con respecto al año anterior, destaca especialmente un crecimiento de un 18% de las relativas a fraudes bancarios.

Más de 50.000 personas confinadas o evacuadas, 21.000 hectáreas quemadas y 14 localidades desalojadas por un incendio en Ávila y otros tres en Madrid Declarada Emergencia Nacional por primera vez por fuego. El oeste de la Comunidad de Madrid y el este de la provincia de Ávila se convirtieron ayer en un enorme y anunciado pandemónium de alrededor de 21.000 hectáreas calcinadas a causa de cuatro incendios forestales, declarados en zonas boscosas de ambas regiones, que al cierre de esta edición amenazaban con fusionarse en uno solo y avanzaban sin control, sin siquiera poder ser perimetrados, habiendo provocado ya el desalojo y confinamiento de más de 50.000 ciudadanos –algunos de los cuales habían sido realojados previamente para ser de nuevo expulsados de sus casas–, ante el descontrol absoluto de la situación por parte de las autoridades, que obligó a que por vez primera en la historia de España se decretara Emergencia Nivel 3 por incendios y el Estado central tomara las riendas de la gestión de la crisis. No sólo es que las comunidades de Madrid y Castilla y León no pudieron hacer frente al fuego –Ávila, por ejemplo, depende de facto de Madrid según fuentes del sector: en la provincia apenas hay una decena de bomberos habitualmente activos, lo que se necesita se importa desde Madrid–. Es que España se vio obligada a activar el mecanismo de solidaridad europeo, que se tradujo en el envío de al menos dos aviones desde Italia y otros dos desde Grecia para intentar atacar al monstruoso fuego, que devoraba hectáreas a una velocidad nunca vista.

Francia lucha desde hace días contra dos incendios forestales muy virulentos que avanzan sin control y que han teñido de naranja el horizonte de una de las zonas más turísticas del sur de Francia: la bahía de Arcachón, cerca de Burdeos, en el departamento de Gironda; así como Las Landas, un poco más al sur. En apenas dos días, las llamas en estos dos focos han devorado unas 14.000 hectáreas y obligado a evacuar a unas 110.000 personas, residentes y veraneantes que pasaban sus vacaciones en esta popular zona costera del sur del país. El fuego avanzaba en la tarde de ayer hacia Burdeos, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, que informó de dos heridos, uno de ellos grave. El presidente Emmanuel Macron movilizó a última hora de ayer al ejército para los incendios de Gironda y convocó un gabinete de crisis. El fuego más preocupante se originó el miércoles en la Bahía de Arcachón, y es el mayor en lo que va de verano según Nuñez, que hizo un devastador balance: ayer había 32 fuegos activos y en lo que va de año se han quemado 50.000 hectáreas, tres veces más que en 2025.