20260904

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Ya habría incluso fecha para la retirada de Seat del mercado. Como parte del plan de recortes propuesto por Volkswagen, “la marca Seat dejará de fabricarse como muy tarde a finales de 2029”, según indicaría una resolución del consejo de administración del grupo alemán. Cupra asumiría el servicio a los clientes y cumpliría las obligaciones existentes. En un comunicado remitido ayer, Seat aseguró que aún “no se ha tomado ninguna decisión estratégica”, aunque reconoció que Volkswagen está trabajando en un “plan de transformación” para todas sus actividades con el fin de reforzar su “competitividad y eficiencia”. “Todo el sector, incluido el Grupo Volkswagen y Seat, está atravesando una profunda transformación impulsada por nuestro compromiso con la electrificación”, admite Seat. El objetivo de este plan es lograr que el grupo y todas sus marcas sean más eficientes y ágiles, así como “aprovechar sistemáticamente el potencial de sinergias tecnológicas”, un horizonte en el que Seat no tiene encaje. La marca española no entra en los planes de futuro del grupo y prueba de ello es la total ausencia en su gama de modelos eléctricos, los únicos que podrán comercializarse en la UE a partir de 2035.

Las grandes empresas de la industria de Alemania están presionando para restablecer la jornada laboral de 40 horas semanales en el sector, cuatro décadas después de instituir una jornada de 35 horas, con el argumento de que los costes laborales están mermando la competitividad del país germano. Los costes laborales en Alemania se sitúan a la cabeza de la Unión Europea con un precio por hora en el sector industrial de 49,50 euros, lo que supone un 47% por encima de la UE, situada en 33,70 euros, y triplicando el coste por hora de Hungría, que alcanza los 15,60 euros, según los datos recopilados por Financial Times. Según señala un experto al diario británico, “en lo que respecta a los costes laborales, no hablamos de una diferencia del 10% 20% respecto a las economías rivales, sino que, en algunos casos, hablamos de un factor de hasta cuatro veces más”. En su opinión, “antiguamente los elevados costes laborales se veían compensados por otros atractivos de Alemania para los empleadores –como la estabilidad política, una infraestructura sólida, mano de obra cualificada y densos clústeres industriales–”, algo que ahora no estaría ocurriendo.

Después de registrar un crecimiento del 0,4% entre abril y junio, la mayor cifra en más de un año, la eurozona se asoma a un “crecimiento sólido” que podría superar esta cota, un avance que estaría liderado por España e Italia. Y ello, a pesar del reinicio de las hostilidades en torno al estrecho de Ormuz que están volviendo a tensar los precios de la energía y amenazan los suministros y la competitividad de las empresas del Viejo Continente; y elevan la incertidumbre, lo que a su vez frena las nuevas contrataciones y las inversiones. En concreto, el Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de la eurozona se mantuvo en los 52 puntos en agosto, el mismo dato que en julio y el máximo en nueve meses, lo que “ sitúa a la eurozona en la senda de un crecimiento sólido para el tercer trimestre”, señala Joe Hayes, economista senior de S&P Global y responsable del informe. Un dato por encima de 50 puntos anticipa un cierto crecimiento económico de cara a los próximos tres meses y la cifra actual apunta a un avance en torno al 0,5% entre el segundo y el tercer trimestre del año. En opinión de Hayes, este avance se debe a que “el dinamismo de la economía industrial ha cobrado fuerza y el sector servicios ha superado la debilidad inicial observada tras el aumento de los precios de la energía al comienzo del conflicto bélico en Oriente Próximo”, lo que ha provocado que el empleo en la eurozona crezca por primera vez en lo que va de año, impulsado por el crecimiento “sólido y generalizado” de las ventas de las empresas en este periodo, tanto en el sector manufacturero como en los servicios.

El IPC adelantado del mes de agosto arrojó la semana pasada un 4,3%, el más alto en tres años, y anticipa un otoño con luz, gasolina, transportes y productos más caros. Este avance se ha comido el ajuste de la inflación a los impuestos que las diputaciones calcularon para este año, con una deflactación del 2% que los precios han superado con creces hasta duplicar. En la práctica supone una subida de impuestos encubierta que podría costar este año a los bolsillos de los vascos cerca de 100 millones. Es el coste de no equiparar ese ajuste con el IPC. Esta tensión de los precios llega justo a las puertas de que las diputaciones se reúnan en el Consejo de Vasco de Finanzas para fijar las previsiones de recaudación del año que viene con las que elaborar los presupuestos de 2027. Una cita, a mediados de octubre, en la que se analiza siempre la deflactación. Según confirman fuentes forales, «las tres diputadas de Hacienda están evaluando la situación manteniendo contacto constante entre las tres instituciones». Encima de la mesa, explican, están no solo las últimas cifras del IPC, sino las previsiones de crecimiento, los costes energéticos y las estimaciones presupuestarias. «Con todo ello se tomará la decisión que se estime oportuna en el Consejo Vasco de Finanzas».

Este bloqueo que denuncian ambas partes ha derivado en un cruce de acusaciones. Los sindicatos recuerdan que no es necesario contar con una propuesta única para avanzar en las negociaciones y acusan a la FVEM de no presentar ninguna oferta desde febrero. Por su parte, la Federación defiende que si los sindicatos no logran acordar un punto de partida desde el que negociar, no ven cómo se podría alcanzar un acuerdo con cuatro plataformas distintas. El director gerente de la patronal, Adolfo Rey, recordó ayer el interés que tienen las empresas en cerrar un convenio «cuanto antes». «Cualquier inversión busca estabilidad y para eso necesitan que haya paz social y saber cuáles van a ser las condiciones laborales», se defendió frente a las acusaciones de que intentan alargar el proceso. Las dos últimas negociaciones derivaron en más de 20 meses de reuniones y varias jornadas de huelga. En este escenario, y si no se resuelve el bloqueo, se abren diferentes opciones que van desde la mediación del Gobierno vasco hasta intentar un acuerdo que recoja únicamente a una representación suficiente (ELA tiene el 40,66%, CC OO un 23,56%, LAB el 21,98% y UGT el 13,80%), unas opciones que por ahora las centrales no contemplan.

El consumo eléctrico del sector manufacturero creció un extraordinario 122,9% interanual, en un claro síntoma de aceleración de la producción vasca previa al descanso estival. Esta fuerte demanda de energía estuvo capitaneada por el subsector siderúrgico, cuya reactivación se tradujo en un despegue del 213,9% en su demanda eléctrica respecto a julio del año pasado. Este contundente repunte de la siderurgia, un segmento altamente intensivo en consumo energético, no solo impulsó el dato mensual del conjunto de la industria, sino que consolidó la trayectoria positiva en el balance acumulado de 2026, situando el crecimiento anual del sector en un 4,5% y el del total de la energía eléctrica vasca en un 4,6%. Al empuje de las cadenas de montaje se sumó el factor meteorológico. Un mes de julio marcado por jornadas sofocantes y temperaturas por encima de las medias habituales disparó la necesidad de refrigeración en todo el territorio. El uso masivo de aparatos de aire acondicionado y ventiladores impulsó el gasto eléctrico en los edificios (9%), el sector servicios (9,4%) y el ámbito doméstico (8,4%). 

Euskadi sigue dando pasos para atajar una de las cuestiones que amenazan la competitividad del tejido industrial: la «falta de enchufe», tal y como destacó hace unos meses el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, haciendo alusión a que la red eléctrica vasca arrastra cuellos de botella regulatorios y físicos que limitan la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento de las empresas. Este jueves, el Ejecutivo autonómico ha anunciado el incremento de las inversiones en la red eléctrica de distribución a 153 millones de euros para 2027, un aumento que «ha sido posible gracias a la aprobación de inversiones adicionales promovida por el Gobierno vasco». El desembolso correrá a cargo de i-DE, la distribuidora de Iberdrola. Aumentará desde los 110 hasta los 143 millones de euros el próximo año solo en refuerzo y digitalización de la red eléctrica de distribución vasca, y superará los 153 millones si se suman las inversiones en medida e instalaciones financiadas por clientes. Según destacó ayer el Gobierno vasco, este incremento «significa, en la práctica, duplicar las inversiones anuales planificadas en red eléctrica de distribución en Euskadi en los últimos dos años».

Iberdrola, la mayor energética española, planea una inversión histórica en redes de distribución de luz en España en el ejercicio 2027. En concreto, el grupo invertirá un total de 1.200 millones de euros durante el año para mejorar y ampliar su red. Iberdrola gestiona 270.000 kilómetros de líneas eléctricas de distribución en España a través de su filial i-DE. Esas líneas son el tramo final de las redes eléctricas. Es decir, es donde se enganchan los consumidores (sean pequeños usuarios domésticos, o grandes empresas, como los centros de datos y las industrias). Iberdrola llega a diez comunidades autónomas y 25 provincias, y atiende a más de 11 millones de puntos de suministro gracias a cientos de subestaciones y decenas de miles de centros de transformación. Supone un tercio de toda la red. Para Iberdrola –donde no hacen comentarios– es un giro estratégico que cambia de golpe el mercado eléctrico y abre un nuevo escenario en el sector, sobre todo en un momento en el que la red eléctrica española sufría una saturación histórica. La apuesta de Iberdrola abre un nuevo escenario frente al Gobierno y anima a buscar nuevas soluciones y evitar la guerra regulatoria.

Los terrenos del antiguo astillero de La Naval, en Sestao, se reactivarán a finales de 2027. El Ayuntamiento acaba de aprobar de manera definitiva las obras de urbanización, un proyecto de la empresa belga VGP que con una inversión de más de 10 millones de euros transformará esta zona junto a la Ría en un gran parque industrial. La compañía, gestora y promotora de inmuebles logísticos y semiindustriales de alta calidad, adquirió este espacio de unos 280.000 metros cuadrados en una puja en noviembre de 2021 tras desembolsar 36 millones de euros. El equipamiento se sumará así a la lista de más de cien parques industriales que la firma tiene repartidos por toda Europa.  En Bizkaia la compañía ha afirmado que su enfoque será «principalmente industrial», con el objetivo de «preservar la memoria y el legado del emplazamiento». Desde el Consistorio ya han matizado que, «como mínimo, el 51%» de las compañías que allí se asienten deberán estar ligadas al sector industrial.

Dos días después de que PNV y PSEEE anunciasen el acuerdo tributario que permite salir a los dos socios de gobierno del atolladero que había generado la reforma presentada en junio por la diputada general de Bizkaia, Mikel Torres compareció ayer en el comité provincial de los socialistas vizcaínos con un triple mensaje: reiterar su malestar con aquel documento «que no compartíamos ni en el fondo ni en la forma»; que las conversaciones que se han desarrollado durante todo el verano han servido para fijar «límites, controles y rendición de cuentas» a los «incentivos creados unilateralmente» por el PNV; y que a pesar de que se ha alcanzado «un acuerdo de mínimos» para los tres territorios aún queda una negociación que «tampoco va a ser nada fácil». Las palabras de Torres cobran gran importancia porque además de ser el líder del PSE de Bizkaia, es vicelehendakari segundo y ha sido uno de los principales protagonistas de los cónclaves que han servido para desatascar la situación. Torres, durante una reunión convocada para poner en marcha el proceso electoral de cara a los comicios municipales y forales del año que viene, sacó pecho de lo ocurrido durante el verano.

Los caudales de los ríos de las principales cuencas de Gipuzkoa están todos «muy bajos», situación que explica mejor la razón por la que la acería de Olaberria, Arcelor Mittal, se ha visto obligada por primera vez en su historia a detener durante 48 horas su horno grande debido al estado del Oria, río del que se abastece. Las estaciones de aforo que tiene la Diputación de Gipuzkoa muestran que el caudal del río Deba está en mínimos históricos, pero los niveles bajos son generalizados porque a diferencia de otros años, «ha llovido poco en todos los sitios», explica Andoni da Silva, jefe de unidad de la dirección de Obras Hidráulicas del Departamento de Sostenibilidad.Lo «preocupante» es que muchos de esos parámetros pueden seguir bajando durante las próximas semanas de verano. Andoni da Silva explica qué tiene que pasar para cambiar la dinámica. «Las series históricas nos dicen que los ríos siempre se han recuperado. En Gipuzkoa tenemos cuantificado que tiene que llover 100 litros por metro cuadrado para que empiece a haber una clara escorrentía en los ríos, ya que los primeros 100 litros son para saturar el terreno, que en estos momentos está muy seco». Es decir, si caen 40 litros, «a los ríos no va a llegar casi nada». Y si llueve torrencialmente, «tampoco es efectivo. Tiene que ser una lluvia moderada que vaya empapando el terreno». Por último, Da Silva indica que «hay que diferenciar el estado de los embalses con el de los ríos. La situación de los embalses es relativamente buena y están obligados a mantener un caudal ecológico». La presa de Añarbe, por ejemplo, liberó ayer 360 litros por segundo y si el caudal en el Urumea en Ereñozu era de 1.052, representa casi un tercio de todo el agua. «Sin los embalses, los ríos se quedarían bajo mínimos».

El ‘efecto mariposa’ internacional ha hecho que el euríbor –que no es sino el precio al que se prestan dinero entre sí los bancos de la zona euro– se dispare, con la consiguiente afección en las letras que pagan los hipotecados a tipo variable. El indicador, el más utilizado en España y que rige hoy el destino de 250.000 contratos hipotecarios en Euskadi, alcanzó ayer en su cotización diaria nada menos que un 3,109%, cifra que lleva la media mensual de septiembre al 3,069%. Si ese promedio se mantuviera a lo largo del presente mes, el sopapo a los hipotecados guipuzcoanos que revisaran su crédito con la referencia del euribor de un año antes (septiembre de 2025) sería más que notable. Así, y tomando los datos del reciente informe sobre el estado del mercado inmobiliario del territorio del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), el sobre coste superaría los 91 euros al mes o, lo que es lo mismo los 1.093 euros a lo largo de todo un ejercicio. El problema que es que la inflación no da tregua, alimentada en realidad por el empujón que vive la energía, lo que redunda por ejemplo en continuas subidas de los carburantes, y se sitúa ya en el 4,3%, según el dato adelantado para el mes de agosto del Instituto Nacional de Estadística (INE), dado a conocer hace muy pocos días.

Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve (antigua Cepsa) pueden obtener beneficios extraordinarios aún mejores que hace tres años a la vista de los precios récord de electricidad, gas y carburantes que se han registrado durante el verano. No se espera, además, que la situación mejore en lo que resta de año. La incertidumbre sobre la guerra que desataron Estados Unidos e Israel a finales de febrero sigue muy viva. Las propias empresas están confirmando sus objetivos para final de año, incluso prevén mejoras para después del verano. Esto apunta a que las grandes energéticas del Ibex 35 acaben 2026 con un récord histórico de ganancias que ronden los 20.000 millones de euros. Más del doble que hace tres años y más de un 50% más que hace sólo un año, cuando la situación de Oriente Próximo era estable. Con esta situación, crecen las voces que piden un impuesto para estas ganancias, que consideran que en gran medida se deben a la guerra en Oriente Próximo, sin olvidar que la destrucción de infraestructuras energéticas en Rusia también está contribuyendo a la tensión de precios.

La fotovoltaica, que fue puesta en el punto de mira por contribuir a desencadenar el apagón del pasado año en España, parece haber dejado atrás ese oscuro capítulo y sigue batiendo récords de producción. Así se desprende del último informe sobre generación de luz elaborado por Redeia, el hólding del que depende REE, la empresa que gestiona los flujos eléctricos en España. En pasado, la solar fotovoltaica lideró la generación por quinto mes consecutivo con el 29,2% de cuota (7.445 gigavatios hora producidos, GWh). Esta tecnología alcanzó su cifra máxima de producción diaria el 5 de agosto, jornada en la que superó los 281 GWh. La demanda eléctrica nacional aumentó en agosto un 3,7%, hasta los 23.137 GWh, en términos brutos respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos publicados por REE (Red Eléctrica), una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad, la demanda eléctrica nacional aumentó en agosto un 2,4% respecto al mismo mes de 2025. Es la cifra más alta para un mes de agosto desde hace años. En agosto, las instalaciones de autoconsumo generaron 1.600 GWh. Gracias a las fotovoltaicas, las tecnologías renovables aumentaron en agosto un 11% su aportación al mix respecto al mismo periodo de un año antes y supusieron un 53,6 % del total de la estructura de generación.

Las grandes empresas tecnológicas estadounidenses cuentan con más de 40.000 millones de euros en bonos europeos vivos que representan ya cerca del 10% de la emisión bruta de nueva deuda corporativa en bonos denominados en euros. La autoridad monetaria señala que este desembarco puede traer efectos positivos al mercado de deuda europeo, como ampliar el alcance del mercado de bonos corporativos de la zona del euro mediante la introducción de vencimientos más largos, una mayor exposición al sector tecnológico y deuda con calificaciones crediticias más altas. Sin embargo, también teme potenciales efectos secundarios que podrían sacudir tanto al mercado como a las empresas y los gobiernos de la zona euro. Según indican Anne Duquerroy, Oana Furtuna, Imène Rahmouni-Rousseau y Lia Vaz Cruz, las expertas del BCE que han estudiado esta cuestión, las grandes empresas tecnológicas de EEUU “podrían elevar los costes de financiación para todos los sectores a medida que acumulan deuda y representan una proporción creciente de los mercados de bonos”. Desde la autoridad monetaria se advierte incluso de un posible efecto de contagio hacia el segmento soberano y supranacional de dicho mercado, algo que dependerá, en parte, de si el pastel de los inversores es fijo –con las grandes tecnológicas llevándose una porción mayor– o si puede expandirse para absorber las nuevas emisiones.

No hubo en la comparecencia del presidente petición de perdón. Sus esfuerzos estuvieron destinados a reivindicar todo lo hecho. El Ejecutivo es consciente de que las dudas sobre el papel de Mohamed VI en lo sucedido están instaladas entre los grupos parlamentarios, en sus propias filas y en la opinión pública. La revelación, el miércoles, de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) integrado en la Policía Nacional, que apunta a que gendarmes marroquíes «guiaron» de manera activa a personas hacia la frontera han acrecentado estas sospechas y la oposición no duda en insinuar que, tras la negativa de Sánchez de hacer el mínimo reproche al país vecino, se esconde el temor a que Marruecos pueda hacer uso de la información delicada que supuestamente guarda tras haber ‘hackeado’ el teléfono del presidente entre octubre de 2020 y noviembre de 2021 con el ‘software’ Pegasus. Sánchez aseguró, sin embargo, que no le atenaza miedo alguno y blandió la posición crítica que le ha valido el reconocimiento de ‘némesis’ de Donald Trump en el ámbito internacional. 

"...El principal problema que afrontaba ayer el presidente del Gobierno es que todos los argumentos que utilizaba en el Congreso parecían hueros ante la realidad de la calle. Más de un mes después el caos sigue instalado en Ceuta y no hay visos de normalización. De hecho, la solución que ofrece el presidente pasa por convertir a Ceuta en un gran campo de refugiados y eso hace de la ciudad autónoma, como dijo ayer su presidente Juan Jesús Vivas, un polvorín. Es imposible comprometerse realmente con Ceuta sin sacar de allí a los miles de invasores que aún permanecen. En este punto, Sánchez se acogió a la ley para explicar la lentitud en los procesos de devolución. Una ley que “nos impide coger a un ser humano del brazo y arrojarlo al otro lado de la frontera”, dijo. Lo que en ningún momento admitió es que tal vez sea aconsejable revisar el alcance de esas leyes para evitar que miles de personas salten la frontera provocando un caos que el Gobierno es incapaz de gestionar...Ayer se vio que Sánchez está solo, pero no abandonado. Como viene siendo habitual casi todos los socios, incluidos los que le acompañan en el Gobierno, aprovecharon para reprender al presidente y azotarle en público, cada uno arrimando el ascua a su sardina. Casi todos le pidieron mayor contundencia con Marruecos y algunos le reprocharon haber sido lento a la hora de gestionar la crisis humanitaria..."

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cumple hoy 1.413 días desde que juró su cargo ante el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal. Se convierte así hoy –tras superar el segundo Gobierno de Silvio Berlusconi, entre 2001 y 2005–en la jefa del Gobierno más longevo de la historia de la República Italiana. Tras casi cuatro años como inquilina del Palacio Chigi de forma ininterrumpida, con el actual Ejecutivo del país transalpino se afianza la estabilidad política como un elemento estructural del último cuarto de siglo en Italia, lo que favorece una mayor credibilidad política del país, incluso ante el controvertido ultraderechismo de Meloni, adaptado hacia el exterior como un europeísmo pragmático. La estabilidad, aun así, no ha impulsado grandes reformas políticas en el país, más allá de un mediático endurecimiento del Código Penal. La significativa derrota en el referéndum constitucional para reformar la Justicia italiana supuso el fin de la imbatibilidad política de la premier. El fiasco de Meloni, finalmente, fue interno tras el referéndum y externo con Trump. La estabilidad actual de la primera ministra se basa, principalmente, en la solidez de una coalición con mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de los Diputados –con una Ley Electoral con sistema proporcional y, a la vez, también mayoritario para premiar a las coaliciones–; y unos socios de minoría leales a la premier, como son su vicepresidente de Exteriores, el jefe de Forza Italia (FI) Antonio Tajani, y el de Infraestructuras, el líder de la Liga, Matteo Salvini.