20260908

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Adegi recibió el pasado domingo en la sede de la organización empresarial a una delegación del ayuntamiento de la mega urbe de Shanghai (24 millones de habitantes), que a su vez visitaba la empresa FIHI Forging Industries (ubicada en Aizarnazabal y antes conocida como Forjas de Iraeta), englobada en el conglomerado del industrial chino Niu Yugang. La visita sirvió para «estrechar lazos» con la ciudad de Shanghai y dejar abierta la puerta para «futuras colaboraciones» con la industria del territorio. Así lo explicó ayer a DV el director general de Adegi, José Miguel Ayerza, quien junto a la presidenta, Isabel Busto; el adjunto a la direccción general, Paul Liceaga, y el responsable de innovación, Patxi Sasigain, tuvo la oportunidad de poner en valor el tejido industrial guipuzcoano ante la delegación china. Adegi, que realizo una visita al gigante asiático el pasado febrero, centrada en Shanghai y Jinan (donde se asienta el grupo de Niu Yugang) trabaja para que el mes que viene sean los chinos los que devuelvan el viaje de prospección industrial.

El problema del absentismo va a más en Euskadi. En el último año la tasa de trabajadores que no han podido acudir a su puesto de trabajo se ha incrementado en el País Vasco un 0,4%. De esta forma, su cifra para el primer trimestre del año alcanza ya el 9,9% y mantiene el primer puesto en el ranking de toda España, donde la media marca un 7,6%. Según recoge el informe trimestral de absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales que elabora The Adecco Group Institute, las comunidades que más se le acercan son Canarias (un 9,4%) y Asturias (9,3%). La incapacidad temporal (IT) es un tema de debate constante en el País Vasco. En marzo el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ya anunció que el departamento que dirige iba a contratar la elaboración de un estudio «riguroso, plural y técnicamente solvente» sobre esta problemática «en toda su complejidad». El proyecto, recogido en el presupuesto con una partida de 263.000 euros, estará terminado para finales de año, y quiere ayudar a identificar las causas de este fenómeno, así como dimensionar cuál es su impacto real. El informe elaborado por Adecco Group sitúa la mayor tasa en el sector servicios, que alcanza en el País Vasco un 10,3% tras crecer un 0,6% en el último año, seguido de la industria con un 9,5% que se mantiene estable. Por detrás queda la construcción, donde alcanza la cifra más baja, de apenas un 6,1%, al reducirse en una décima.

El tren Avril de la serie 106, de la que Talgo entregó 30 unidades a Renfe el año pasado, sigue dando problemas. Esta vez, según alertan fuentes del operador ferroviario, las incidencias podrían acabar afectando a los viajeros. Renfe ha agotado ya las piezas de repuesto con las que hasta ahora sustituía los bogies retirados de la circulación –la estructura situada bajo el tren sobre la que se montan las ruedas y los ejes–, mientras Talgo todavía no dispone de nuevos recambios. Una situación que, siempre según trasladan desde la compañía, podría obligar a reducir la oferta si resulta necesario inmovilizar más unidades.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) no baja los brazos y, pese a lucir una cartera de pedidos récord de algo más de 18.400 millones de euros antes del verano, sigue en la pelea para captar nuevo negocio. Según fuentes de la beasaindarra, la compañía participa en el concurso abierto por la autoridad ferroviaria de Arabia Saudí (SAR por sus siglas en inglés) para la construcción de diez unidades diésel. Se da la circunstancia de que el país es un viejo conocido de CAF, que a lo largo de los últimos años le ha entregado una treintena de trenes, amén de haber logrado en el país árabe un importante contrato de mantenimiento valorado en más de 200 millones de euros. En esta ocasión, la autoridad ferroviaria saudí ha tanteado a los grandes fabricantes de todo el mundo en busca de vehículos con destino a una red de casi 3.000 kilómetros de longitud y que conecta la capital, Riad, con las ciudades de Al Majmaah, Al Qassim, Hail, Al Jouf y Al Qurayyat, cerca de la frontera con Jordania.

El proyecto para transformar el área de Amue, en pleno centro de Azpeitia, da un paso adelante. Corrugados Azpeitia comunicó ayer al Ayuntamiento que ya dispone en la zona de la maquinaria necesaria y ayer comenzó de forma efectiva el proceso de demolición de las antiguas instalaciones industriales. La desaparición de las instalaciones industriales constituye uno de los primeros pasos para la transformación urbanística de Amue. El Ayuntamiento aprobó definitivamente en 2024 el plan especial que define el futuro de este espacio, en el que está previsto levantar nuevas viviendas y equipamientos comunitarios destinados a usos públicos. Los trabajos se desarrollarán de manera progresiva y tendrán como primera tarea el vaciado de los edificios y las actuaciones de saneamiento. Esta fase estará supervisada por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, que será el encargado de controlar el proceso y dar el visto bueno antes de que puedan comenzar las demoliciones.

El sector vasco del transporte por carretera se encamina hacia un otoño crítico, lastrado por el precio del diésel (que se ha encarecido un 40,7% desde enero, hasta los 1,88 euros por litro, según los datos del Ministerio de Transportes), el retraso de las ayudas públicas y la resistencia de los clientes a asumir los costes reales del servicio. «El combustible representa entre el 40% y el 50% de nuestros costes operativos, por lo que la situación actual es asfixiante e inasumible. Tenemos unos márgenes muy ajustados». El diagnóstico lo realiza Sonia García, presidenta de Asetrabi (Asociación Empresarial de Transportes de Bizkaia), quien subraya que «cada vez que hay un conflicto internacional o una guerra, nos afecta mucho y aunque solicitemos ayudas, siempre llegan tarde o en algunos casos ni llegan». Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sector vasco en estos últimos meses es al retraso de los pagos de las ayudas a transportistas beneficiarios de la devolución de 20 céntimos por litro que el Gobierno aprobó en marzo. Un retraso que se debe a dos motivos principales. En primer lugar, hasta julio no se pudo tramitar la ayuda, porque la ley española obligaba a esperar a que la Comisión Europea autorizara la medida, por lo que ni la Agencia Tributaria ni las haciendas forales (en el caso de los tres territorios vascos) podían empezar a tramitar y pagar con normalidad hasta julio.

Aunque los precios de la vivienda en Euskadi sean elevados, el País Vasco es la segunda comunidad autónoma donde menos han aumentado en el segundo trimestre. En concreto, el encarecimiento se sitúa en un 10% con respecto al mismo periodo del año pasado. Por detrás se encuentra la Comunidad Foral de Navarra, que con una crecida del 9,5% se sitúa como la autonomía con menos crecimiento de precios entre abril y junio. Los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV), publicados ayer por el INE, constatan que el incremento en los precios de la vivienda en Euskadi se sitúan por debajo de la media nacional en todos los periodos analizados. En cuanto a la variación interanual, el encarecimiento del 10% en el País Vasco se encontraba a 2,2 puntos porcentuales por debajo de la media estatal. Con esto sobre la mesa, el mercado de vivienda de los tres territorios históricos juntos se encuentra entre las seis comunidades con subidas por debajo de la media.

ELA ya ha elaborado su agenda para el nuevo curso con compromisos como no firmar ningún acuerdo que no contemple un salario mínimo de 1.600 euros, o movilizar al sector público para mejorar las condiciones laborales en ámbitos como la educación, Osakidetza y los ayuntamientos. En la presentación de sus propuestas, el secretario general, Mitxel Lakuntza, y la secretaria general adjunta, Amaia Muñoa, también enviaron ayer un mensaje al lehendakari de cara a la reunión que mantendrán el próximo lunes dentro de su ronda de contactos con los agentes sociales. «Hace unos meses el vicelehendakari Torres anunció una propuesta de ley del diálogo social, un anuncio gravísimo, antisindical y antidemocrático», subrayó Muñoa, quien avanzó que durante la cita plantearán a Pradales que «el Gobierno vasco diga expresamente que renuncian a dicha propuesta». Éste no ha sido el único dardo lanzado contra el Ejecutivo autonómico. Lakuntza también criticó la reforma fiscal «pro-patronal» acordada por el PNV y el PSE. «En nuestra opinión es la reforma de Garamendi y de Confebask», señaló el secretario general de ELA, que ve en la medida «un auténtico despropósito» que va a suponer una reducción de la recaudación pública, y pidió coherencia a los partidos políticos de izquierdas contra esta propuesta. ELA anunció que también mantendrá el foco en la lucha por un SMI propio, una reivindicación que quieren llevar al Congreso de los Diputados a través de la colaboración con los partidos EH Bildu, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y BNG (Bloque Nacionalista Galego), que defenderán la descentralización de este salario mínimo por territorios. «En las próximas semanas vamos a trabajar para que se produzca un debate real»

280.386 alumnos iniciaron ayer el curso escolar en Euskadi, tanto en la red pública (que escolariza al 50,7%) como la concertada (con el 49,3%). Son 12.291 estudiantes menos que los que se estrenaron en las aulas en septiembre de 2025, según los datos aportados ayer por el Gobierno vasco en una visita al centro alavés Mendiko Eskola (Amurrio), en la que no se dio opción a preguntas por parte de los medios y en la que su directora, Leire Aspiazu, reclamó la climatización de las aulas. Respecto a la caída de matriculaciones, el mayor descenso porcentual (del 5,8%) se ha dado en Bachillerato, aunque Primaria concentra la mayor reducción en términos absolutos. Esto da cuenta del impacto de la baja natalidad y, por ejemplo, si se toma una perspectiva de cinco cursos hay registrados ahora 29.019 alumnos menos, con un especial descenso en Infantil.

Redactar un contrato de trabajo será a partir de esta semana una tarea mucho más compleja, y también costará mucho más despedir durante el periodo de prueba ya que se exigirá justificar el porqué de ese cese. Sin duda, habrá un antes y un después puesto que la nueva norma que aprobará hoy el Consejo de Ministros –por el que se traspone una directiva europea relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles– da una especia de vuelta de tuerca a la reforma laboral y establece mil y un detalles que las empresas deberán presentar por escrito a un trabajador antes de que se incorpore a su puesto. El real decreto, que al tener rango reglamentario sortea el Congreso y comienza a aplicarse al día siguiente de su publicación en el BOE, establece que «la empresa deberá informar por escrito a las personas trabajadoras sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral», según consta en el real decreto apadrinado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. No obstante, lo que la norma recoge como «elementos esenciales» son una batería de minuciosos datos que el empleador estará obligado a hacer constar «en el contrato de trabajo formalizado por escrito» siempre y cuando su duración supere las cuatro semanas. 

Arranca el curso y se reavivan las tensiones entre los empresarios y el Gobierno. Antes de irse de vacaciones, la patronal ya marcó sus líneas rojas sobre una serie de medidas que quiere sacar adelante el Ministerio de Trabajo y que, a su juicio, atentan contra la libertad de organización de las empresas. Ya a la vuelta del verano se encuentran con la primera en el Consejo de Ministros de este mismo martes. Se trata de un decreto que firma Yolanda Díaz y que, entre otras cosas, endurece el marco legal para blindar a los trabajadores durante el periodo de prueba de los contratos. Y desde la organización que preside Antonio Garamendi ya avanzan que están estudiando la posibilidad de recurrirlo en los tribunales. La vicepresidenta segunda reactiva su agenda reformista, bloqueada desde hace meses por la oposición frontal de los empresarios y por el rechazo que algunas de sus iniciativas generan al vicepresidente primero Carlos Cuerpo. Con él tiene pendiente concretar la prometida reforma del registro horario, que ambos acordaron retomar en septiembre tras el demoledor informe del Consejo de Estado. Entre tanto, Díaz ha optado por sacar adelante vía decreto algunas medidas de menor calado, pero con notable impacto en las empresas.

El sindicato CC OO aboga por una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027 superior al 5%, por encima del último dato de inflación interanual (4,3%). El secretario general del sindicato, Unai Sordo, hizo ese planteamiento ayer en una intervención en el Ateneo de Madrid, donde también subrayó la importancia de que el Gobierno cumpla su promesa de cambiar las reglas de absorción de pluses salariales, de manera que los empresarios no puedan compensar la subida del SMI con la eliminación de complementos. En esa intervención, Sordo también respondió a las especulaciones sobre su posible marcha para liderar a los partidos de izquierdas en las elecciones generales, indicando que pretende completar su actual mandato en CC OO. Sordo empezó matizando que aún no han consensuado una posición común con UGT respecto a qué subida del salario mínimo sería la más adecuada, pero destacó que ese número “tiene que mantener” el suelo retributivo “en el 60% de la media salarial”. 

La subida del euríbor por encima del 3% hasta máximos de hace dos años por la expectativa de tipos de interés más altos durante más tiempo se traslada a buena velocidad al coste de los préstamos en todos los segmentos. El tipo de interés medio de las nuevas operaciones en préstamos a empresas e hipotecarios cerró julio en máximos de 2026 y sigue subiendo en consumo, según los últimos datos del Banco de España. Estas cifras se ajustan a la última encuesta de préstamos bancarios del Banco Central Europeo (BCE), que anticipa un endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos para vivienda y consumo en el tercer trimestre de este año. No obstante, el ritmo de subida es distinto en cada una de las modalidades. La más significativa se produce en el coste de la financiación a empresas. Las alzas en lo que va de año se sitúan entre el 12% y el 21%, según el tramo, que se encarece más cuando más pequeño es el préstamo. Los tipos se disparan hasta récord del año en todos los tramos analizados por el Banco de España: el 4,87% TAE (tasa anual equivalente, que recoge todos los gastos) para operaciones hasta 250.000 euros; el 3,98% entre 250.000 y un millón de euros; y el 3,91% por encima del millón. En todos los casos son los niveles más altos desde enero o febrero de 2025. Las condiciones se han endurecido mucho para las empresas, aunque el coste medio aún sigue lejos de los niveles superiores al 5% del año 2023, cuando el euríbor se situaba por encima del 4%.

El tercer trimestre aún no ha concluido, pero el Gobierno ya tiene una estimación de lo que crecerá el PIB entre julio y septiembre: un 0,6% interanual. A ese dato apuntan las previsiones “internas” que maneja el Ejecutivo, según afirmó ayer el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El responsable del área económica resaltó que ese dato está “en línea con lo esperado”, aunque, de materializarse, supondría una ligera desaceleración respecto al segundo trimestre, cuando el PIB creció un 0,7%. “Se mantiene el pulso de crecimiento y eso apunta a ese 2,6% que tenemos de cara al conjunto del año”, señaló Cuerpo en referencia a las previsiones del Ejecutivo, que a finales de junio revisó el cuadro macro, elevando del 2,2% al 2,6% su pronóstico de crecimiento para 2026, a pesar de la gran incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Próximo, que está golpeando el suministro y los precios en los mercados energéticos. El petróleo vuelve a acercarse a la barrera de los 100 dólares, con los precios de los carburantes ya en zona de máximos, y la inflación se disparó en agosto al 4,3%, su tasa más alta desde febrero de 2023.

Cambio de ciclo para el coche eléctrico en España. La marca estadounidense Tesla ha perdido el primer puesto por volumen de ventas de automóviles eléctricos en el mercado español en favor de la china BYD, que confirma el sorpasso que ya dio a nivel global al cierre del año pasado. El gigante chino BYD cerró 2025 como el mayor fabricante de vehículos eléctricos en todo el mundo, imponiéndose a la compañía fundada por Elon Musk, pero no ha sido hasta este verano cuando se ha repetido el adelantamiento en el mercado español. Las matriculaciones de automóviles eléctricos en España por parte de la enseña asiática alcanzaron las 10.586 unidades hasta el pasado julio, primera vez que se situó por delante de Tesla. Sin embargo, esta tendencia se mantuvo a cierre del pasado agosto, cuando BYD afianzó su liderazgo en el mercado eléctrico español, con 11.943 unidades, un 49,6% de crecimiento. Todo apunta a que BYD seguirá siendo líder de ventas de eléctricos en España en lo que resta de ejercicio, ya que muestra una tendencia más positiva en comparación con Tesla, que acumula 9.733 unidades entregadas hasta agosto, con un alza del 4,6%.

El acuerdo alcanzado la semana pasada en el Consejo de Supervisión del grupo Volkswagen —en el que se encuentran tanto los sindicatos como los accionistas— llega en un momento crítico de la compañía, en el que, por más que venda, sus beneficios no paran de caer. En el primer semestre del año, el fabricante alemán volvió a ser, una vez más, la automovilística que más facturó del mundo, con unas ventas por valor de 158.102 millones de euros, prácticamente en línea (apenas un 0,2% por debajo) con la cifra que alcanzó en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en una comparativa de resultados de las grandes automovilísticas del mundo elaborada por este periódico, Volkswagen queda muy lejos del liderazgo en beneficios, un puesto que pertenece a Toyota. La japonesa ganó entre enero y junio —periodo que corresponde al último trimestre del ejercicio fiscal nipón anterior y al primero del presente— un 52,3% más, por encima de los 2,294 billones de yenes, algo más de 12.600 millones de euros al cambio actual. En ese periodo, Volkswagen alcanzó un beneficio de 2.574 millones. La japonesa también supera a la alemana en coches entregados, algo que hace de forma ininterrumpida desde 2020, con casi 4,7 millones de unidades frente a los 3,97 millones que comercializó Volkswagen.

En plena crisis estructural y financiera, golpeada por la baja demanda de sus coches eléctricos, la caída de las ventas en China y los elevados costes de producción en Alemania –un cóctel que ha llevado a Volkswagen a plantear el recorte de hasta 100.000 puestos de trabajo antes de que termine la década–, el gigante automovilístico se prepara para dar un golpe de timón y explorar colaboraciones con la industria militar. El fabricante alemán ya anunció en 2024 su intención de poner fin a la producción de vehículos en la planta de Osnabrück a mediados del próximo año. La fábrica, sin embargo, se acerca ahora a una nueva vida después de que Volkswagen haya alcanzado un acuerdo con el estado federado de Baja Sajonia y el fondo Aurelius Capital sobre una posible venta de su filial en estas instalaciones. Aurelius, que se convertiría en el accionista mayoritario, plantea utilizar la planta en cooperación con la compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems para la posible fabricación de sistemas y componentes de defensa antiaérea.

La actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) sobre empresas españolas se ha ralentizado. El número de operaciones en los ocho primeros meses ha caído a mínimos desde hace seis años, cuando estalló la pandemia, aunque el volumen logra una magra alza del 2%, gracias a la absorción de la operadora de juego controlada por Blackstone. Las hojas de cálculo que elaboran los banqueros de inversión, y que procesan consultoras como Dealogic, exhiben cifras récord en la actividad corporativa en cuanto a volúmenes. Pero no ocurre lo mismo con el número. Los datos revelan que, en España, este baja un 14%, a su nivel más bajo desde 2020, cuando estalló la pandemia de la covid-19. Borja del Palacio, responsable de capital markets & advisory de ING para España y Portugal, reconoce que, “en términos de número de operaciones, la actividad de M&A en España se ha desacelerado”. “La incertidumbre persiste y condiciona las valoraciones que siguen sin converger entre compradores y vendedores, lo que dificulta la transaccionalidad”, explica el directivo, que añade que ha habido una actividad inusualmente elevada de operaciones de gran tamaño en Europa.

Se han cumplido ya más de seis meses desde el inicio de la guerra de EE UU e Israel contra Irán y no hay perspectivas para un acuerdo de paz que devuelva la normalidad al tránsito de materias primas por el estrecho de Ormuz. El mercado energético mundial sigue en estado de shock y crece la probabilidad de que se materialice el escenario adverso que dibujan gestoras y economistas para la recta final de este año. El precio del Brent arrancó ayer sobre los 97 dólares, máximos de seis semanas, y en Goldman Sachs apuntan que podría alcanzar los 120 dólares si aumentan los ataques contra el transporte marítimo en Oriente Próximo. “Los acontecimientos de los últimos días sugieren que el riesgo de que las interrupciones en el transporte marítimo se extiendan y se intensifiquen es considerable”, señaló ayer Daan Struyven, codirector de investigación global de materias primas de Goldman Sachs en una entrevista en Bloomberg TV. En tal caso, resulta más probable el escenario adverso que maneja el banco estadounidense, de 120 dólares el barril, frente a los 80 dólares que contempla en caso de que las exportaciones de petróleo en Oriente Próximo vayan volviendo a la normalidad. En su escenario central, Goldman Sachs contempla un Brent en los 81 dólares a un plazo de tres meses; de 79 dólares a seis meses, y de 74 dólares el barril a doce meses vista.

Eurostat sorprendió ayer con un significativo ajuste al alza del crecimiento del PIB tanto en la zona euro como en el conjunto de la UE: un 0,6% y un 0,7%, respectivamente, dos décimas por encima de lo estimado con anterioridad y un acelerón más que notable respecto al estancamiento registrado entre enero y marzo. No deja de sorprender que la economía europea remonte el vuelo en plena efervescencia del conflicto en Oriente Próximo, con los precios energéticos disparados y un comercio exterior en horas bajas golpeado por las tensiones comerciales con EEUU. Entonces, ¿a qué obedece la fuerte revisión estadística al alza entre abril y junio? De un lado, al intenso ajuste efectuado en el PIB irlandés, que según Eurostat habría crecido un 10,9% interanual en el segundo trimestre, frente al 3,9% calculado inicialmente y en contraste con la contracción del 7,8% registrada en el trimestre previo. Sin embargo, los datos de Irlanda son poco representativos de la tendencia de la economía del euro, ya que, dada la gran presencia de multinacionales en su territorio, da lugar a fuertes oscilaciones de un trimestre a otro, distorsionando la evolución del conjunto del bloque. Mucho más representativa resulta, sin embargo, la revisión al alza experimentada por el PIB de Alemania, que finalmente creció un 0,3% entre abril y junio, una décima más de lo anticipado. La economía alemana supone alrededor del 25% del PIB total de la UE, por lo que ejerce un evidente efecto tractor sobre las estadísticas del conjunto. La actividad recobra poco a poco el pulso en la economía germana, gracias a la resiliencia de su sector industrial y del consumo de los hogares.

Europa entra de lleno en la gestión de la crisis de vivienda. Nueve meses después de hacer pública su gran estrategia para abordar este problema que asola a todo el continente, la Comisión Europea está lista para materializar sus primeras acciones realmente tangibles con su nueva Ley de Vivienda Asequible. Bruselas presenta mañana un reglamento que dotará a los ayuntamientos de las herramientas legales y la certidumbre jurídica necesaria como para intervenir el mercado en las zonas en las que se considere que los alquileres turísticos de corta duración tensionan el mercado. Se trata de los promovidos por grandes plataformas como Airbnb o Booking, que en algunas zonas se han convertido a ojos de los legisladores en un problema para la compra o alquiler habitual. 

«Rendirme no es una opción». Esta fue ayer la primera reacción del canciller Friedrich Merz al arrollador éxito de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. Con un 43,8% de los votos y una participación electoral del 80%, podría decirse que el «cortafuegos» o cordón sanitario al que el resto de los partidos mantiene sometida a esta formación de extrema derecha –y al que Merz ha ligado su continuidad política– ha quedado en ridículo. El mandatario presentó sin embargo su continuidad como una «más necesaria que nunca lucha de defensa de la Constitución». Merz aceptó «la peor derrota en décadas» para su partido, la Unión Cristiano Demócrata (CDU), pero aplazó la toma de decisiones sobre responsabilidades hasta conocer también los resultados de las elecciones regionales de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín, pendientes también este mes. Mencionó 2029, final de legislatura, sugiriendo que espera completarla, y apuntó su objetivo fundamental hasta entonces: «Así es en una democracia, se acepta el resultado, pero la Constitución y sus valores siguen vigentes. No han sido votados y mi tarea es hacerla respetar», dijo, dando a entender que desde el Gobierno hará oposición a un partido oficialmente calificado como anticonstitucional por la Oficina Federal de Protección de la Constitución, la agencia de Inteligencia interior alemana.

Como cada primer lunes de septiembre, los estadounidenses disfrutaron ayer de una jornada festiva, el Labour Day (Día del Trabajo), que mantuvo cerrados buena parte de los negocios del país. Cuando los comercios reabran hoy sus persianas afrontarán un recargo de hasta el 50% en su ventas a Canadá. Es la consecuencia de la batería arancelaria desplegada anoche por su vecino del norte para responder, “dólar por dólar”, a la guerra tarifaria declarada por Donald Trump. El presidente estadounidense, que en su segundo mandato ha venido jugando periódicamente con la idea de anexionarse Canadá, arrancó el verano amenazando a su tradicional aliado comercial con nuevos aranceles en represalia por la llegada del humo de los incendios forestales que estaba padeciendo a grandes capitales estadounidenses, como Washington o Nueva York. Finalmente, la Casa Blanca anunció aranceles de hasta el 50% sobre los productos canadienses (incluyendo desde cemento o vino a palos de hockey) bajo la justificación oficial de que Canadá venía dando un trato discriminatorio a sus automóviles, lácteos o alcoholes. Pese a que ambos países mantuvieron un periodo de negociación para reconducir su relación comercial, las tasas estadounidenses, sobre bienes canadienses por valor de 20.000 millones de dólares (17.200 millones de euros), entraron en vigor el 22 de agosto.

El futuro de José Luis Rodríguez Zapatero se nubla. Todavía más. El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola cumplió su promesa para convertirse en ‘arrepentido’ y este lunes tiró de la manta en la Audiencia Nacional. El imputado ratificó ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que su aerolínea aceptó pagar una mordida por el rescate público al expresidente socialista. «Él se llevaba el 1%», aseguró el investigado durante una declaración judicial de más de tres horas en la que situó al empresario Julio Martínez Martínez –conocido como ’Julito’, el supuesto testaferro del exmandatario– como interlocutor designado por el expresidente del Gobierno. Sola, según fuentes presentes en el interrogatorio, explicó que la comisión estaba vinculada al «éxito» de las gestiones para salvar a la compañía, que atravesaba una «situación límite». El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2021 una ayuda de 53 millones de euros para Plus Ultra, por lo que el porcentaje pactado ascendía a 530.000 euros.