20251204

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Cebek, ha manifestado su intención de conseguir un "acuerdo equilibrado" para el sector de Oficinas y Despachos de Bizkaia, que dé respuesta a las necesidades de los trabajadores pero también de las empresas. En su opinión, "si el enfoque de la negociación por parte de los sindicatos no tiene en cuenta esta realidad", se corre el riesgo de finalizar como en 2013 y 2017, "sin acuerdo". En un comunicado hecho público tras la constitución este miércoles, en el Consejo de Relaciones Laborales, de la mesa negociadora del Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia entre Cebek y las organizaciones sindicales UGT, CC.OO, LAB y ELA, bloqueado hace 13 años, la patronal ha asegurado que ha acudido a la reunión "con la voluntad de reactivar de forma efectiva el ámbito de negociación. El convenio no puede limitarse a reproducir literalmente un marco de hace más de una década ni a centrar el debate exclusivamente en la actualización automática de las tablas en función del IPC, sino que debe dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de empresas y personas trabajadoras", ha señalado. Para Cebek, "si el enfoque de la negociación por parte de los sindicatos no tiene en cuenta esta realidad, se corre el riesgo de repetir la experiencia de las anteriores mesas negociadoras de 2013 y 2017, que finalizaron sin acuerdo. La experiencia pasada demuestra que este modelo de negociación no ha sido eficaz y que es necesario avanzar hacia un esquema de negociación más amplio y equilibrado, en el que también se tengan en cuenta la realidad de cada sector y las necesidades organizativas de las empresas". Ver más en Cebek

La economía vasca sigue mostrando una notable capacidad de resiliencia. Euskadi cerró el tercer trimestre del año con un crecimiento interanual del 2,3%, una décima superior a primera estimación realizada por Eustat. El avance se apoya en la fortaleza de la demanda interna, mientras la industria muestra signos de debilidad lastrada por la menor actividad en mercados clave como Francia y Alemania. Este crecimiento de la economía vasca se sostiene en el aumento de trabajadores –que alcanza un nuevo récord mes tras mes– y en la fortaleza de la demanda interna, apoyada en el gasto de los hogares, que ha crecido un 3,2% en términos interanuales. La moderación de la inflación y la mejora gradual del poder adquisitivo de las familias explican este avance, al favorecer un mayor consumo. Este cambio de equilibrio sectorial, que compensa la debilidad industrial, se refleja con claridad en la evolución de la actividad ligada al consumo y al turismo, que se consolida como uno de los principales sostenes del crecimiento económico. El principal riesgo para la economía vasca es que una parálisis industrial prolongada –que ya amenaza con destruir empleos– termine erosionando uno de sus motores estructurales y desplace el crecimiento hacia actividades de menor valor añadido y mayor precariedad laboral. La debilidad del sector exterior ha limitado, de hecho, el avance de la industria manufacturera al 0,3%, alimentando el temor a una desaceleración más intensa en ramas clave como la automoción y la siderurgia. En un escenario internacional tan turbulento, la gran incógnita es hasta cuándo podrá resistir el tejido productivo vasco. La dependencia de la industria ha provocado un cierto desacople respecto al conjunto de la economía española, cuyo PIB creció un 2,8% en el mismo periodo, frente al 2,3% registrado en Euskadi. Ver más en Eustat. 

La presión de los aranceles impuestos por Donald Trump comienza a hacer mella en la economía guipuzcoana. El territorio registra aun así un crecimiento del 2,2% en el tercer trimestre del año. Esta evolución, no obstante, rompe la trayectoria previa, cuando Gipuzkoa exhibía el mejor comportamiento económico dentro de Euskadi según las últimas estadísticas. Bizkaia refleja un avance interanual del 2,5% y Álava alcanza un 2,3%. Los registros confirman un crecimiento del 2,3% en la economía vasca entre julio y septiembre, según los datos difundidos ayer por Eustat, y se sitúa una décima por encima de la previsión de cierre de año del Gobierno Vasco (2,2%). En términos intertrimestrales, el Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi aumenta un 0,6%, lo que indica que la economía autonómica mantiene el pulso ante la ofensiva arancelaria, aunque la evolución del último tramo del año marcará la tendencia final. Respecto al trimestre anterior, Gipuzkoa vuelve a colocarse a la cola, con un 0,4%, frente al 0,7% de Bizkaia y al 0,5% de Álava. Estas estimaciones del tercer trimestre incorporan toda la información coyuntural disponible en su elaboración y mejoran las cifras del Avance de las Cuentas Trimestrales de Eustat del 16 de octubre en dos décimas en el crecimiento intertrimestral y en una décima en el interanual. Además, el avance de la economía vasca supera la última estimación para la Eurozona, situada en el 1,4%, y para la Unión Europea, con un 1,6%, aunque se queda por debajo del 2,8% español.

La apuesta vasca para adquirir la división tecnológica de Ayesa, que lidera la fundación BBK, junto a Kutxabank y el Gobierno vasco, ha resultado ganadora y cuenta hasta final de año para cerrar la compra de la compañía en la que se integra la antigua Ibermática. Fuentes de toda solvencia conocedoras de las negociaciones han confirmado a este diario que Ayesa, junto a Houlihan Lokey y Arcano, que actúan como asesores de la operación, ha elegido la oferta del consorcio vasco para negociar en exclusiva la compra de la compañía en un plazo que expira el 31 de diciembre. El movimiento tiene una extraordinaria relevancia porque acerca muchísimo el éxito a una operación con la que se recuperaría el arraigo de una compañía que cuenta con 2.000 trabajadores en Euskadi en las instalaciones de Zamudio (Bizkaia), Miramon (San Sebastián) y en las oficinas de Vitoria. Está especializada en un área que se ha convertido en uno de los ejes del desarrollo económico futuro. Se trata de la digitalización, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la programación. Ibermática se integró en la división tecnológica de Ayesa, después de que la firma andaluza la adquiriese en 2022 por 160 millones. BBK, Kutxabank y el Gobierno vasco habían presentado el lunes de la semana pasada una oferta vinculante en un proceso en el que competían con grandes actores financieros del escenario internacional y que se había valorado en 500 millones. El análisis de los asesores ha elegido la propuesta vasca, en la que la fundación bancaria presidida por Xabier Sagredo aporta 100 millones, desbancando a fondos como HIG o Blackstone, que también habían pasado a la fase final de un proceso que había llamado la atención de otras siglas de referencia como Bain Capital, BC Partners, Pai Partners, Apax o Goldman Sachs.

En el último año Euskadi ha dado un cambio de rumbo a uno de los principales problemas de su economía: el desarraigo empresarial y el alejamiento de los centros de decisión en las principales compañías vascas. Un problema del que ha hecho el principal reto de legislatura en materia industrial el Gobierno del lehendakari, Imanol Pradales. El golpe de timón se cuenta con los 1.300 millones que suman las operaciones corporativas que han tenido lugar en Euskadi en 2025 para reforzar la industria vasca y el arraigo de las empresas. La más destacada, por los ríos de tinta que ha hecho correr, es la de Talgo. El Ejecutivo, BBK, la Vital y el industrial vasco José Antonio Jainaga dedicarán 155 millones a su adquisición en una operación que se concretará en los próximos días. Dos actores repiten –Gobierno y BBK– en la compra de Ayesa, que podría cerrarse antes de fin de año. La operación, valorada en 500 millones, recuperaría el control de la antigua Ibermática, integrada en la tecnológica desde 2022. De momento, la oferta del consorcio vasco, en el que también participa Kutxabank, ha sido la escogida para negociar en exclusiva un cierre antes del 31 de diciembre. La tercera operación es la del Grupo Uvesco. Aunque liderada por sus directivos –que han logrado financiar con deuda 500 millones–, cuenta también con la participación de fondos vascos, como ‘Stellum Food’, en los que el Gobierno y las diputaciones vascas han aportado dinero. La operación mantendrá la marca BM en manos vascas por un importe de unos 700 millones.

El organismo también alertó sobre el uso «sistemático y reiterado» de los contratos temporales y, cada vez más, de la nueva figura de los fijos discontinuos. Unas modalidades que han hecho saltar las alarmas de la Inspección de Trabajo en Euskadi. En lo que va de año se han detectado 2.558 contratos con presuntas irregularidades en esta materia que se han traducido ya en 1.281 comunicaciones a distintas empresas del territorio para alertarles sobre estos indicios de fraude laboral. «El número de contratos revisados ha sido impresionante», destacó la viceconsejera, en relación al segundo plan de choque en la contratación laboral puesto en marcha a través de una herramienta en la que colaboran tanto el organismo estatal de Inspección de Trabajo como el propio vasco. Además de los canales anónimos y de las propias actuaciones de oficio realizadas por la Inspección del Trabajo, el Gobierno vasco dispone también de las denuncias formales realizadas fundamentalmente por sindicatos y particulares que, ofreciendo la identificación, facilitan precisar detalles sobre las irregularidades y los posibles responsables. En cuanto al uso reiterado de las diferentes modalidades de contratación temporal, se han lanzado investigaciones para analizar aquellos contratos por obra o servicio, eventuales, interinidades, contratos de prácticas, formación, relevo y similares, con el mismo personal y alcanzando un periodo de alta superior a 18 meses en los últimos cuatro años y una vinculación laboral superior al 65% en ese periodo. Sobre esta cuestión se han lanzado comunicaciones a 867 empresas (un 2% de las compañías con plantillas dadas de alta en la Seguridad Social) en casos que afectaban a 1.778 trabajadores en Euskadi.

La incertidumbre que envuelve a los 3.512 compradores vascos que se encuentran en la lista de espera de la ayuda del Moves III coincidió ayer con un giro de calado en la política estatal del automóvil. El programa agotó en Euskadi los cerca de 15 millones disponibles el pasado 6 de octubre, tras concederse la ayuda número 1.584, pero el plazo continúa abierto hasta el 31 de diciembre y las solicitudes siguieron entrando, alimentando una lista que supera los 5.000 solicitantes entre quienes cuentan con la subvención y los que siguen a la espera. El Gobierno Vasco pidió en verano una ampliación de 20 millones para atender ese volumen, pero la respuesta sigue sin llegar y, ahora, no está del todo claro cómo piensa resolver Madrid este cuello de botella. En este contexto vio ayer la luz el Plan Auto 2030, el gran movimiento del Ejecutivo central para reordenar su estrategia industrial y acelerar la transición al vehículo eléctrico. La hoja de ruta reúne hasta veinticinco medidas con las que el Gobierno de Sánchez aspira a asegurar la transformación del sector «sin deteriorar el empleo», al tiempo que se marca como meta elevar el peso económico del automóvil de 85.000 millones a 120.000 millones en 2030. «España tiene capacidad para fabricar coches competitivos y al alcance de todos», reivindicó el presidente Pedro Sánchez durante la presentación del plan. La novedad más inmediata es el lanzamiento del Plan Auto+, que sustituirá al Moves a partir del 1 de enero y contará con 400 millones en 2026. El cambio no es menor: las ayudas dejarán de abonarse con retraso y se aplicarán directamente en el precio del coche en el momento de la compra, una fórmula que el sector llevaba años reclamando para evitar la incertidumbre que generaba el cobro diferido. El Ejecutivo detallará más adelante las cuantías previstas para los ejercicios sucesivos hasta 2030. Todo el paquete de medidas supone una inyección pública de 1.280 millones durante el próximo año. 

La compañía guipuzcoana Algeposa, referente histórico de la logística integral en Euskadi, ha decidido separar las actividades portuarias que mantenía junto al grupo Noatum en Asturias, Huelva, Sagunto, Castellón y Tarragona. La decisión persigue reforzar la posición de cada entidad en sus principales puertos y áreas de interés, con el objetivo de «mantener una oferta sólida y competitiva para sus clientes». El acuerdo permite a Algeposa, con sede en el puerto de Pasaia, asumir la participación minoritaria que Noatum poseía en Algeposa Asturias y Algeposa Huelva. A la vez, el operador guipuzcoano ha traspasado sus acciones minoritarias en Noatum Ports Sagunto Terminal, Noatum Ports Castellón Terminal y Noatum Ports Tarragona Terminal. Ambas compañías han subrayado su intención de «seguir optimizando procesos de gestión y ganar eficiencia en beneficio de las industrias importadoras y exportadoras que operan en sus terminales». A pesar de la separación, los dos grupos preservan su convivencia accionarial en Servicios Logísticos Portuarios (SLP), la sociedad que concentra su actividad en el Puerto de Bilbao. También continúan juntos en la reciente adjudicación de una terminal polivalente en el Puerto de Sagunto, un proyecto en el que participa igualmente el Grupo Boluda. Tras la firma del acuerdo, María Luisa Guibert, presidenta de Algeposa, explicó ayer que la compañía entra en una nueva etapa «llena de proyectos apasionantes», y recordó que la colaboración con Noatum desde 2018 «ha resultado muy satisfactoria» y ha permitido complementar estrategias y visiones dentro de la logística portuaria.

El portavoz jeltzale en Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Otxoa, insistió en que «lo que se gestiona desde aquí funciona mejor», apoyándose en décadas de competencias asumidas y en la idea de que un marco propio permitiría planificar el puerto de forma más coherente con la industria del territorio y con la participación de los ayuntamientos. En su intervención, vinculó la transferencia a la capacidad de diseñar un modelo de desarrollo más ordenado, con planes de inversión estables y una integración más clara en la estrategia económica guipuzcoana. La réplica del PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno foral, fue igual de contundente. El socialista Alberto Albistegui defendió la vigencia del informe de la Abogacía del Estado, que concluye que Pasaia cumple los cinco requisitos para seguir siendo un puerto de interés general. Además, añadió que la transferencia «provocaría que no tenga aduanas y que el tráfico internacional se vaya a otros puertos y lo que es peor miles de trabajadores y trabajadoras verían peligrar su puesto de trabajo y su sustento de vida».

Zarautz cuenta con una nueva superficie de suelo industrial de 18.500 metros cuadrados tras una inversión de 13,6 millones de euros. Un terreno que permitirá aliviar la demanda de las empresas, que necesitan crecer con nuevas instalaciones. El Gobierno Vasco, a través de la Sociedad pública Sprilur, dio ayer por finalizadas las obras de urbanización del polígono industrial de Errotaberri. Se han urbanizado un total de 20 nuevas parcelas para uso industrial, de las que 13 serán de promoción pública. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, visitó ayer el citado polígono industrial junto al alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, y el viceconsejero vasco de promoción industrial, Andoitz Korta. El consistorio zarauztarra y la Diputación foral han colaborado en el proyecto de urbanización con una subvención de 1,5 millones de euros. Errotaberri tiene una superficie total de 195.500 metros cuadrados, con una edificabilidad de más de 96.000 metros cuadrados, de los cuales 38.112 corresponden a pabellones ya consolidados con actividades en marcha antes del proceso de urbanización. Junto a Eskuzaitzeta y Oikia, figura entre las actuaciones más relevantes del Grupo Sprilur en Gipuzkoa para crear y adecuar suelo industrial. Y la agenda inmediata aprieta: casi 26 millones previstos el próximo año en 15 proyectos, con siete operaciones de regeneración de suelos por encima de 11,5 millones y ocho nuevos desarrollos que superan los 14,4 millones de euros en total.

Más de la mitad de los vascos, un 53,5%, viven en «integración plena», sin riesgo de sufrir pobreza. En el otro extremo, el 12%, unas 259.000 personas, están «fuera», en situaciones de exclusión, y 84.000 de forma «severa». Estos porcentajes están, todos ellos, por debajo de otros años. Pero muchos de quienes se encontraban en esas circunstancias, las buenas y las malas, conforman ahora una bolsa de ciudadanos que permanecen «en la cuerda floja», en una situación de «integración precaria» –con dificultades en ámbitos como la vivienda y el empleo–. Este grupo se ha disparado del 27% al 35% desde 2018. El colectivo, cada vez más grande, es uno de los que más preocupa, por su volumen –784.000 personas–, a la Fundación Foessa y a Cáritas Euskadi, que presentaron ayer un macroinforme sobre exclusión y desarrollo social en la comunidad autónoma. «No solo importa cuánta inclusión hay, sino cómo de frágil es», advirtió Thomas Ubrich, del equipo técnico de Foessa. El también miembro del grupo de estudios de Cáritas España destacó que nos encontramos «en un proceso de fragmentación social», con una «clase media en retroceso» y con el «desplazamiento de muchas familias a estratos inferiores».

La interconexión eléctrica entre Hernani y Argia, uno de los ejes transfronterizos más decisivos para la seguridad energética del norte peninsular, dispone ya de más capacidad y mejores garantías de operación. Red Eléctrica y su homólogo francés, RTE, anunciaron ayer que han completado la modernización de esta línea estratégica, en servicio desde 1971, que eleva su capacidad de transporte de 1.600 a 2.100 megavoltiamperios (MVA). La obra, incluida en la planificación eléctrica vigente y adelantada por este periódico tras el apagón del 28 de abril, se ha ejecutado a lo largo de 25 kilómetros en cada país durante los dos últimos meses. La repotenciación se completa pocos meses después de que la subestación de alta tensión de Hernani, ubicada en el barrio de Osinaga, junto a la A-15, demostrara su crucial importancia estratégica. El pasado 28 de abril, cuando el sistema eléctrico peninsular colapsó completamente a las 12.32 y 57 segundos, la infraestructura hernaniarra fue la primera instalación de alta tensión de España en recuperar suministro, apenas once minutos después, a las 12.43, en concreto. Desde ese punto, y a través de la línea con Argia, comenzó la reposición del sistema eléctrico nacional, reinyectando tensión hacia Gatika, Itsaso, Vitoria y Arkale, en una secuencia calibrada al milímetro para acompasar generación y carga.

El Ministerio de Transición Ecológica ha asegurado que el recibo de luz que pagan los cerca de treinta millones de contratos eléctricos en España bajará entre casi un 5% y un 10% a partir de enero, gracias al ajuste de costes que va a introducir en el sistema y al tirón de las renovables, cuya producción es más barata que las centrales convencionales. En concreto, “y atendiendo a los cambios previstos en los costes regulados del sistema eléctrico y al precio futuro de la energía para el próximo ejercicio, de unos 56 euros por megavatio”, las facturas finales de los consumidores se reducirán en 2026, según el Gobierno, en estos porcentajes: para hogares acogidos al precio regulado, la bajada será de 4,66%; para pymes, un 4,95%; para la gran industria, el 8,55%, y para la industria electrointensiva, el 9,91%. La promesa del Gobierno se fundamenta en la orden ministerial que está tramitando para ajustar determinados costes e ingresos del sistema eléctrico. Como costes, está por ejemplo el dinero que cobra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su funcionamiento o las subvenciones de las renovables. Como ingresos, está el dinero recaudado por subastas de derechos de emisión. La diferencia es la parte que tienen que pagar los usuarios en sus facturas, en forma de “peajes”. Para 2026, además de que la energía será más barata, se prevé que haya menos desfase que cubrir con peajes y, por lo tanto, los usuarios pagarán menos.

Aquellos trabajadores que denuncien prácticas constitutivas de delito, como supuestos casos de corrupción en el ámbito de las empresas pasarán a estar protegidas por el paraguas que impide cualquier represalia por parte del empleador, incluida la nulidad en el caso de un despido por causas objetivas o disciplinarias. Este es el planteamiento del anteproyecto de ley lanzado por el Ministerio de Trabajo, que prevé una reforma del Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de proteger a estos trabajadores ampliando el marco de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpuso al ordenamiento español la Directiva europea 2019/1937 relativa a esta materia. La ley de protección de los informantes sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción aprobada en 2023 ya preveía la prohibición de represalias contra el trabajador tales como la suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba. Sin embargo, el anteproyecto presentado por el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz, implementa este mismo esquema en el pliego de nulidades de los despidos recogidos en el artículo 53, por causas objetivas, y el artículo 55, por causas disciplinarias.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, puso ayer en la diana la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días, anunciado a principios de octubre por Yolanda Díaz, a quien recordó que en el sector público, para los funcionarios, no es algo que se esté planteando. «Siempre estamos en la parte privada y en la parte pública no se habla». «Cuando alguna persona cercana fallece, parece que somos unos negreros, que no tratamos con cierto criterio a la gente. Eso no es verdad», recalcó.

Junts rechazó ayer la mano que le tendió un día antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al aprobar por vía urgente algunos de los compromisos que tenía pendientes tratando de recuperar su apoyo para reactivar la legislatura. “La relación está rota” y “seguimos donde estábamos, mantenemos la posición”, aseveró ayer la portavoz del grupo independentista catalán, Míriam Nogueras, advirtiendo al Ejecutivo de que desbloquear su respaldo requiere dar cumplimiento antes a otra decena de promesas que incluyen desde publicar las balanzas fiscales a elevar la ejecución presupuestaria de inversiones en Cataluña, pasando por ceder el control migratorio a la Generalitat o tener una ley antiokupas. “Pedro Sánchez reconoce públicamente, y lo hace desde la Moncloa, estos incumplimientos”, destacó ayer Nogueras, en rueda de prensa desde la sede del partido en Barcelona, apostillando que “son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Son los socialistas los que tienen que decidir qué hacen a partir de ahora”.

La población extranjera y de doble nacionalidad es responsable del 71% de la creación de empleo que se ha producido en España en los últimos tres años, pero si se analizan los datos por comunidad autónoma su peso es mucho más relevante en algunas de ellas. En concreto, hay cinco en las que todo el empleo que se crea es ya ocupado por los foráneos y, en cuatro, eso sirve incluso para compensar una caída de empleo entre los autóctonos. «La aportación a la creación de empleo de los extranjeros y los ciudadanos de doble nacionalidad ha sido tal que en algunas autonomías ha compensado la caída del empleo de la población nacional», explicó ayer Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, durante la presentación del informe Situación España. Es el caso del País Vasco, donde la creación de puestos de trabajo ocupados por extranjeros es responsable del 126% del total de empleo creado entre el tercer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2025, lo que supone que no sólo equivalen a la totalidad de nuevos puestos (el 100%) sino que compensan la pérdida del 26% en el empleo doméstico.

El fabricante aeronáutico europeo Airbus está terminando mal un ejercicio en el que, hasta estos últimos días, había registrado un buen desempeño financiero y bursátil. Airbus anunció el lunes un fallo en paneles del fuselaje del modelo A320 que afectaría a 628 aviones, en su mayoría pendientes de entrega, pero otros en servicio. El componente está fabricado por la española Sofitec, fabricante de aeroestructuras con sede en Sevilla, según Reuters. La compañía española, que facturó casi 50 millones de euros el año pasado, con un beneficio de 3,3 millones, cuenta entre sus clientes con Airbus, Embraer, Bombardier, Spirit Aerosystems, Stelia o Premium Aerotec. El foco de su negocio se centra en la fabricación de soluciones integrales en materiales compuestos, como fibra de carbono, así como metálicos y de ensamblaje tanto para aviones como para helicópteros. Al fallo del fuselaje se suma el anunciado el viernes, que desvelaba un problema en el software de control de vuelo en su modelo A320, el más vendido de Airbus, que obligó a realizar ajustes inmediatos para resolver la incidencia en las 6.000 aeronaves afectadas. La rapidez en la actuación evitó un posible caos aéreo el fin de semana, aunque algunas aerolíneas registraron retrasos y cancelaciones. Tras varios días convulsos para el avión comercial más vendido del mundo, Airbus rebajó ayer el número de entregas previstas de aviones para 2025. De los 820 aparatos que esperaba inicialmente –hasta octubre llevaba 585–, ahora ha reducido la cifra a unas 790 aeronaves.

Inditex pisa el acelerador y disipa todas las dudas que habían sembrado sus resultados del primer semestre del año tras registrar entre agosto y octubre el mejor trimestre de su historia en términos de beneficio, batiendo con holgura todas las previsiones de los analistas. Las acciones se catapultaron un 8,86%, hasta los 53,42 euros por título. Se trata de la mayor subida del dueño de Zara en un día desde noviembre de 2020, cuando se anunció la vacuna del Covid, y sitúa a la empresa con un alza de sus títulos del 6,16% en el año y una capitalización bursátil de 166.490 millones de euros. La euforia bursátil se cimentó en un tercer trimestre de récord. La compañía registró unas ventas de 9.814 millones de euros, un 4,9% más. El incremento excede en 1,2 puntos las previsiones de los analistas y, sobre todo, supone triplicar el ritmo al que crecieron sus ingresos en el primer semestre del año, cuando apenas subieron un 1,6%.

La llegada de turistas a España crece a menor ritmo desde mayo, tras unos cuatro primeros meses de 2025 muy positivos, en los que la entrada de viajeros avanzó un 7,1% anual. Barceló lo llamó cambio de ciclo, Meliá habló de normalización en las entradas y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, priorizó que el gasto crezca el doble que las llegadas para cambiar el actual modelo de turismo masivo. Sea como fuere, en octubre, esa tendencia de los últimos meses se ha revertido, con un avance anual del 3,2% en las entradas hasta alcanzar los 9,2 millones de viajeros, según los datos hechos públicos ayer por el INE. En el acumulado del año, la secuencia es la misma: de enero a octubre llegaron 85,6 millones, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2024. A falta de solo dos meses para cerrar el año, alcanzar la meta icónica de los 100 millones de viajeros se ha convertido en una quimera y lo más probable, siempre y cuando se mantenga el avance acumulado hasta octubre, es que se llegue al entorno de los 97,5 millones. En cualquier caso, y más allá de cifras redondas y simbólicas, parece asegurado un nuevo máximo histórico.

“El comercio está siendo usado como un arma”. La constatación sobria y sombría del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, no toma a nadie por sorpresa, pero le ha servido a la Comisión Europea para subrayar la importancia de que la UE blinde su seguridad económica, empezando por el acceso a las materias primas críticas esenciales para la industria más puntera del continente. En el mismo día en que los Veintisiete acordaron una desconexión acelerada de la dependencia del gas ruso antes de que acabe 2027, Bruselas planteó un programa similar para las materias críticas, de la que Europa es especial y peligrosamente dependiente de China. El proyecto incluye medidas que incentiven la producción de esos materiales en la UE y diversifiquen las compras a otros territorios que no sean el gigante asiático. Entre otros elementos, el plan de acción, bautizado como REsourceEU, prevé la movilización de hasta 3.000 millones de euros de fondos europeos los próximos 12 meses para lograr “suministros alternativos a corto plazo” a los chinos en tierras raras, así como la elaboración de un calendario hasta 2029 para reducir hasta un 50% las dependencias externas. La movilización de fondos irá acompañada de un procedimiento de concesión de permisos más sencillo para las materias primas críticas “para permitir una rápida puesta en marcha de los proyectos”, señaló la Comisión, que se compromete a presentar en breve para ello una propuesta concreta de simplificación.

Bruselas está considerando establecer objetivos de fabricación en Europa de hasta el 70% para determinados productos como los automóviles, en su esfuerzo por priorizar los bienes nacionales y reducir la dependencia de China. Esta política podría costar a las empresas de la UE más de 10.000 millones de euros anuales, al obligarlas a comprar componentes europeos más caros, según los funcionarios familiarizados con un proyecto de ley que se presentará el 10 de diciembre. El comisario francés Stéphane Séjourné supervisa la propuesta, que marca un hito en años de esfuerzos franceses por centrarse en la producción nacional mientras la debilitada industria europea lucha por competir con las importaciones baratas de Asia, especialmente en tecnologías limpias y algunas industrias pesadas. Un funcionario de la UE afirma que el alcance de la legislación reflejará las políticas industriales clave de China, Hecho en China 2025 y Estándares de China 2035, que empujaron a las compañías extranjeras a establecer empresas conjuntas con grupos chinos para acceder a su mercado. “Lo que intentamos proponer es un delicado equilibrio entre la tan necesaria protección de nuestra industria y la apertura, tan arraigada en el ADN de Europa”, explica la misma fuente. Países anteriormente escépticos como Alemania han indicado que, debido a la situación económica, ahora verían con buenos ojos más normas para comprar productos europeos, lo que probablemente afectará a la industria del automóvil y a las tecnologías limpias, como los paneles solares.

El Ejecutivo comunitario ha presentado un nuevo plan de acción que pasa por afrontar una auténtica revolución en la estructura, adoptando un enfoque más proteccionista. El objetivo es priorizar el blindaje de la seguridad económica del bloque tras varios años en los que ha sido zarandeada. “Desde aranceles disruptivos y la instrumentalización de las dependencias hasta el despliegue arbitrario de medidas de defensa comercial, los principales actores están utilizando palancas económicas para perseguir sus objetivos estratégicos y geopolíticos, poniendo en riesgo la seguridad, el orden público, la competitividad y la economía de la UE”, aseguran fuentes comunitarias, que indican que “la Unión Europea prospera gracias a su apertura, pero, si queremos sostener esa apertura, tenemos que abordar también los riesgos que genera”. Con su estrategia económica exterior y el multilateralismo, la UE ha ido acumulando dependencia a ciertos países y vulnerabilidades que en estos nuevos tiempos convulsos se le han vuelto en contra.

La City de Londres podría quedarse sin espacio de oficinas de alto nivel dentro de tres años, ya que la ralentización de la construcción causada por el Brexit y la pandemia coincide con la creciente demanda de grandes inquilinos. Knight Frank pronostica que la tasa de desocupación de oficinas de los espacios de más alta calidad se reducirá a cero en 2028 y se mantendrá en ese nivel hasta 2029. Las cifras, que tienen en cuenta los edificios en fase de construcción y los que tienen más probabilidades de construirse, representarían una tasa de desocupación histórica para la oferta inmobiliaria nueva y reformado. En 2024, ya fue inferior al 3,8%. “Hay un agujero negro de disponibilidad. No he visto una situación parecida en toda mi carrera”, declara Katie Oliphant, socia de Knight Frank. Entre las empresas que prevén buscar espacio en los próximos años, de cientos de miles de metros cuadrados, están BlackRock, Macquarie, Jane Street, PwC, S&P Global, Amazon Web Services y Bank of America. Algunos inquilinos se encuentran en edificios cuyos contratos de arrendamiento vencen, mientras que otros intentan ampliar sus oficinas. Los grandes inquilinos están empezando a buscar nuevas sedes con mayor antelación debido a la escasez de espacio disponible. Oliphant explica que los inquilinos más grandes empiezan a buscar entre cinco y diez años antes de que venzan sus contratos de arrendamiento, en lugar de los tres a cinco años que solían ser habituales.