20260120

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El lehendakari Imanol Pradales y la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, han presidido esta mañana en Torre Iberdrola la presentación pública de la ‘Estrategia Fp Euskadi 2023’, cuyo objetivo es “dar el impulso necesario para que la Fp de Euskadi siga siendo sinónimo de innovación, calidad, especialización y oportunidades”. Tanto el lehendakari como la consejera de Educación han destacado la participación de “más de 20.000 empresas vascas” en la acogida y formación de alumnado procedente de la Fp vasca, “contribuyendo así al progreso social y a la competitividad del tejido empresarial”. De hecho, y considerada la Fp como un eje estratégico para las empresas vascas, a este acto de presentación ha acudido una alta representación de Confebask y sus organizaciones miembro: Tamara Yagüe, presidenta de Confebask; Guillermo Buces, de Cebek; Juan Antonio Sánchez Corchero de SEA Empresas Alavesas; los directores generales de Cebek-Fran Azpiazu- y SEA empresas Alavesas – Juan Ugarte; así como el presidente de la Comisión de Formación de Confebask, Txema Corres; y los responsables de Formación Talento y Empleo en Confebask, Asier Aloria, y Mikel Sarriegi, de Adegi. Ver más en Confebask 

Euskadi va a invertir 339,4 millones de euros hasta 2030 para desplegar la nueva estrategia de Formación Profesional (FP). La hoja de ruta pretende servir de brújula al sistema educativo vasco y al tejido productivo para anticiparse a las transformaciones que se van a producir en el futuro inmediato. Entre ellas, la tecnológica, la transición sostenible, el relevo generacional y demográfico, la internacionalización, la cohesión social y el incremento de la inmigración. El documento fue presentado ayer por el lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en un acto en la Torre Iberdrola de Bilbao ante 300 agentes del mundo educativo y empresarial. La ‘Estrategia FP Euskadi 2030’ busca consolidar una Formación Profesional vasca «más inclusiva, flexible, innovadora y conectada con las necesidades empresariales». Para ello se prevé ejecutar la mencionada inversión de 339,4 millones de euros que servirá para contratar personal para nuevos proyectos de innovación e internacionalización, programas de apoyo a pymes, orientación profesional y educativa, planes de normalización lingüística, nuevos mecanismos formativos, la expansión de la formación semipresencial... A esa cantidad habrá que sumar el desembolso en nuevas infraestructuras, las subvenciones europeas, el gasto ordinario de personal, etc. Pradales calificó la FP como un «tesoro» que es motivo de «orgullo» para Euskadi. Las cifras hablan por sí solas. Las matrículas se han incrementado más de un 20% en los últimos siete años y ya hay más de 51.600 alumnos en primer curso, un récord histórico. Además, 20.000 empresas, más que nunca, colaboran con los centros educativos para formar a los estudiantes en la modalidad dual.

La estrategia de la FP vasca hasta 2030 arroja una fotografía del momento actual pero también anticipa el escenario a futuro. Y señala, por ejemplo, que en un contexto en el que se van a producir jubilaciones masivas de la generación del ‘baby boom’, la previsión es que se generen 661.000 empleos en el corto plazo en Euskadi. De ellos, el 45% van a demandar estudios universitarios o de Formación Profesional superior. Otro 33,7% de los nuevos trabajos requerirán un nivel de estudios de Grado Medio. Apenas el 8% van a demandar tener Bachillerato, el 12% Educación Secundaria y menos del 2% de los empleos estarán reservados para personas sin la ESO. En este marco, la alta empleabilidad de la FP la vuelve una opción muy atractiva para las familias. Casi el 85% de los graduados en ciclos medios y superiores encuentran trabajo un año después de finalizar sus estudios. En algunas familias roza el 90%. Es el caso de Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Hostelería, Industrias Alimentarias, Turismo, Transporte y Mantenimiento de vehículos, Instalación y Mantenimiento, Energía y Agua o Actividades Marítimo Pesqueras, entre otras. «Este alto grado de empleabilidad no es un fenómeno reciente, sino un rasgo estructural y sostenido del sistema vasco de Formación Profesional, que históricamente ha mostrado una estrecha conexión con las necesidades del tejido productivo», señala el documento presentado ayer. «Incluso en contextos económicos adversos, la Formación Profesional en Euskadi ha mantenido niveles de inserción laboral notablemente superiores a la media de otras modalidades formativas, situándose como una de las vías más eficaces de acceso al empleo de calidad», añade. Poco después de la presentación de la estrategia, el sindicato CC OO denunció lo que considera una «deriva mercantilista» y reclamó «corregir su orientación» para avanzar hacia un modelo «centrado en derechos, calidad del empleo y participación sindical, frente a un modelo subordinado a las necesidades empresariales».

La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, será la encargada de duirigir el juicio por la denuncia presentada por los sindicatos ELA y LAB contra la negativa de Confebask a abordar una negociación para fijar un Salario Mínimo Interprofesional propio en el País Vasco. La magistrada, que en el pasado ha protagonizado algunos choques con la patronal como ocurrió con la nulidad de los despidos durante el periodo covid, tendrá a su cargo el juicio que se celebra hoy, y en el que las centrales nacionalistas quieren recuperar el debate que intentaron abrir el pasado año en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). El último intento tuvo lugar el pasado 23 de octubre, en un acto de conciliación en el que Confebask reiteró que las peticiones presentadas eran «jurídicamente imposibles» y pedía trasladar la negociación, junto a otros temas como el absentismo, a la mesa de diálogo social en la que también participa el Gobierno vasco. En todo caso, la negativa a abordar el debate se tradujo en críticas por parte de la mayoría sindical (también CC OO y UGT intentaron alcanzar un acuerdo en el CRL) y la crítica del consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que calificó la decisión de «error mayúsculo y absoluta equivocación». La vía judicial no es la única que exploran actualmente los sindicatos abertzales. Este lunes ELA, LAB, STEILAS, HIRU y ETXALDE registraron oficialmente la convocatoria de una huelga general que reivindicará un SMI vasco de 1.500 euros el 17 de marzo. 

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha afirmado que respeta la huelga general del 17 de marzo, convocada entre otros, por ELA y LAB para reclamar un SMI propio pero ha asegurado que no comparte los motivos y ha afirmado que el Ejecutivo autónomo no es competente para poder fijar en Euskadi ese Salario Mínimo Interprofesional. Torres ha realizado esta reflexión en la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, donde ha ofrecido una rueda de prensa para presentar el informe de la economía vasca en 2025 y la previsiones para 2026 y 2027. Esa comparecencia se ha producido una hora antes de que los citados sindicatos, junto a Steilas, Etxalde e Hiru, también en la sede del Ejecutivo, procedieran a registrar esa huelga general. El vicelehendakari segundo ha señalado que estos sindicatos están reclamado que Euskadi pueda fijar un salario mínimo interprofesional propio y ha asegurado, al respecto, que el Gobierno Vasco no es competente para hacer eso. Mikel Torres ha recordado que su Departamento elaboró un estudio sobre la horquilla en la que debería fijarse un Salario Mínimo de convenio en Euskadi y ha destacado que fue un estudio "muy serio". Según ha señalado, en Euskadi estarían afectados por ese salario mínimo de convenio en torno a un 3,1% de la población trabajadora, de manera que ha apuntado que tampoco se trata de un "problema real" del mercado laboral vasco.

A pesar del complejo escenario geopolítico y económico a nivel global, la economía vasca cerró 2025 con un crecimiento del 2,3%. Unas cifras mejores de las que estimaba el Gobierno vasco cuando comenzó el ejercicio y que, según señaló ayer el vicelehendakari y consejero de Economía Trabajo y Empleo, Mikel Torres, confirman la evolución «sólida, estable y sostenida» de la economía vasca. A la hora de recapitular, Torres destacó que Euskadi se apoyó en dos grandes asideros durante el año pasado. Uno de ellos fue el consumo de los hogares, que, gracias a la fortaleza del mercado laboral, se mantuvo en una buena dinámica con un crecimiento del 2,5% respecto al ejercicio anterior. Pero «especialmente», matizó el vicelehendakari, «el gran motor de crecimiento durante todo el año fue la inversión», que avanzó un 3,8%. Pero la gran nota positiva del curso se la apunta el mercado laboral vasco, consolidado en niveles récord. El año puso punto y final con 1.036.804 personas afiliadas a la Seguridad Social. «Nunca ha habido tantas personas trabajando en Euskadi como ahora», celebró Torres. En este sentido, el empleo creció un 1,2% y «se cumplió un hito histórico», ya que por primera vez se superaron las 500.000 mujeres afiliadas. Sin embargo, lo cierto es que el número de personas desempleadas se mantiene estable en las 107.434, cifras muy similares a las registradas durante los dos años anteriores. Con todo, la evolución es positiva y la tasa de paro refleja un 6,8%. Torres volvió a incidir en que el «principal foco de preocupación» está en este sector, netamente exportador, que se ha visto lastrado por la incertidumbre de los mercados y el enfriamiento económico de los principales socios de la economía vasca, como lo son Alemania, Francia e Italia –entre los tres concentran el 40% de los productos enviados al extranjero–. Con todo, desde el Gobierno vasco se muestran positivos de cara a este nuevo año y confían en la «recuperación gradual del sector industrial», de la que ya «se empiezan a ver señales».

El plan de rescate de Vicinay Marine, que se encuentra en preconcurso de acreedores desde el pasado julio, está a falta solo de que el Gobierno vasco apruebe la quita en su deuda para tener despejado el camino. Ya ha conseguido que la banca acepte la severa reestructuración, con el perdón de un 93% del pasivo, y también que la Sepi, otro de sus acreedores, se avenga a dar un aplazamiento y rebajar los tipos de interés. Pero, según confirman fuentes cercanas a la operación, queda pendiente que el gabinete de Pradales apruebe su parte en el Consejo de Gobierno. Solo así se evitaría la liquidación y entraría en el capital el empresario Dámaso Quintana, que se ha comprometido a inyectar 60 millones de euros en la compañía, especializada en cadenas para la industria petrolera y eólica marina flotante. De acuerdo con esas mismas fuentes, Vicinay adeuda siete millones al Ejecutivo autonómico repartidos al 50% entre el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y el Fondo Ezten. En ambos casos se aplicaría una quita del 93%, la misma que para todo el plan de reestructuración. En consecuencia, se trataría de perdonar 6,5 millones sobre un total de siete. El grupo ya ha conseguido el aval de la banca, a la que debía 100 millones de euros distribuidos entre Santander, Kutxabank, Abanca, CaixaBank, Sabadell, BBVA, Caja Rural de Navarra y Bankinter. Logró que aprobasen la citada quita del 93% el 31 de diciembre, justo antes de que acabase el año.

La plantilla de Papresa rechaza el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se planteará si finalmente prospera la oferta de la extremeña CL Grupo Industrial, que estudia la compra de la empresa errenteriarra al fondo alemán Quantum Capital, actual propietario, pero adquiriendo solo la división de embalaje y no la de papel, lo que acarrearía la salida de la mitad de los trabajadores, en torno a unos 110 de los 220 totales. CL Grupo Industrial apuesta por la línea de negocio de embalaje al identificarla como principal vector de crecimiento frente al retroceso estructural del papel. Según señaló ayer a este periódico Martin Otamendi, presidente del comité de empresa –compuesto por seis miembros de LAB, cuatro de ESK, dos de ELA y uno de CC OO–, la plantilla se muestra «sorprendida» por el hecho de que el grupo extremeño, como adelantó este periódico el pasado sábado, esté interesado únicamente por la adquisición de la actividad dedicada al embalaje y se deje morir a la de papel prensa, que a su entender «es totalmente rentable». Es más, indican que en estos momentos la máquina de embalaje está parada porque no hay carga de trabajo, mientras que la de papel prensa está activa porque cuenta con pedidos. Considera que cualquier propuesta que suponga reducción de actividad productiva o pérdida de empleo bajo el pretexto de facilitar una «venta parcial o total de partes estratégicas de la empresa sería contraria a los intereses de la plantilla, de la industria papelera y del tejido productivo local y regional». En este sentido defiende «que se mantenga toda la capacidad de producción y empleo y un plan industrial sostenible que garantice el futuro de la papelera en su integridad».

La fundación Vital consumará su participación en la compra de Ayesa, la compañía sevillana que se hizo con Ibermática en 2022, en la próxima reunión de su patronato, que tendrá lugar a principios de febrero, entre los días 9 y 12. Así lo han confirmado fuentes conocedoras de los contactos que indican que, salvo sorpresa mayúscula de última hora, la suma de los miembros del patronato escogidos por PNV y PSE blindan una sobrada mayoría para sacar adelante la entrada de la Vital en el consorcio vasco que compró por 480 millones la división tecnológica de Ayesa. Una firma que emplea a 2.000 personas en Euskadi y un total de 11.000 en toda España y que tiene una facturación de 570 millones en el sector de las nuevas tecnologías. La entidad alavesa aportará así cerca de 10 millones, como adelantó este periódico en exclusiva el pasado diciembre. Un dinero que sumará a los 110 aportados por Kutxabank a través de Indar Kartera, los 100 de la fundación BBK y los cerca de 10 de Teknei. La tecnológica vasca se convierte en socio industrial del consorcio que contempla en 2027 la posible fusión de Ayesa y Teknei así como una futura salida a Bolsa. Y es que de los 480 millones de la compra, 200 están financiados con deuda sobre la compañía. Sea como fuere el PNV de Álava se suma a las razones para apoyar la operación que respaldan también los analistas de Indar Kartera, de BBK y del Gobierno vasco. 

Sonia Rodríguez, nueva CEO de Ternua La emblemática marca, adquirida en octubre por Dikar (Mondragon), apuesta por el vector internacional para crecer tras asumir un sobrecoste de hasta el 50% para llegar a la campaña de invierno. Ternua comienza a recuperar el pulso en su nueva etapa tras la adquisición por parte de la cooperativa arrasatearra Dikar, integrada en la Corporación Mondragon.  La operación, cerrada por 1,5 millones de euros, da continuidad a la firma tras la entrada en concurso de acreedores de Ternua Group en junio del pasado año, grupo que presentó una deuda de 16 millones y que integraba también a Loreak Mendian, Lorpen y Astore. Las dos primeras ya cuentan con nuevos propietarios y Astore será subastada el próximo viernes 23 de enero. "...A corto plazo el objetivo es estabilizar la empresa. Y cuando digo estabilizar me refiero, ante todo, a estabilizar el equipo. Hay personas que vienen del antiguo Import Arrasate (matriz de Ternua), personas nuevas que se han incorporado y gente de Dikar que ahora se dedica a este proyecto. Estamos en pleno trabajo de construir un nuevo equipo, y eso es fundamental...Nos estamos planteando darnos un plazo aproximado de unos dos años para que la marca esté en rentabilidad...Hay dos vectores de crecimiento. Primero, debemos consolidar nuestra posición en el mercado vasco y español, donde está el 85% de nuestra cuota. Pero una de las claves para que Ternua sea rentable y pueda crecer es reforzar nuestra posición en Europa. Francia, Alemania e Italia son nuestros principales mercados europeos, donde la marca ya tiene recorrido y donde creemos que hay margen para crecer..."

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA, por sus siglas en inglés) considera "inalcanzable" el objetivo de concluir las conexiones prioritarias de transporte comprometidas por la UE para 2030, incluida la Y vasca del Corredor Atlántico que debe unir el Estado español con el resto de Europa a través de los Pirineos; al tiempo que ha alertado de que los costes reales de la red prioritaria se han disparado. "Las perspectivas en 2025 son peores que las de 2020 y están muy lejos de lo que se había previsto inicialmente", advierten los auditores en su informe sobre el ritmo de desarrollo de la red básica transeuropea de transporte (RTE-T), que incluye ocho "megaproyectos", incluidos los corredores del Atlántico y del Mediterráneo, de especial interés para España. En una rueda de prensa este lunes, la responsable de la evaluación de la ECA, Annemie Turtelboom, ha insistido en que la mayoría de los proyectos están "lejos de su inauguración tres décadas después de que fueran diseñados", lo que lastra el objetivo de mejorar los flujos de pasajeros y mercancías por ferrocarril en toda la Unión.

Más allá del elevado número de turistas que recibió Euskadi el año pasado –casi cinco millones sin incluir los datos de diciembre, lo que supone un crecimiento de aproximadamente el 4% respecto a 2024– el Gobierno vasco acudirá mañana a Fitur con la campaña ‘Guía para un viaje responsable’. Una nueva hoja de ruta con la que reforzará su compromiso con un turismo «sostenible, respetuoso y ético» destinada a los ciudadanos vascos cuando viajan fuera. El Ejecutivo autonómico apelará a la «coherencia y reciprocidad», según subrayó ayer el consejero Javier Hurtado. «Si pedimos a quienes nos visitan que respeten nuestra cultura, nuestro entorno y nuestra forma de vida, debemos actuar del mismo modo cuando viajamos a otros destinos», reiteró el titular de Turismo, Comercio y Consumo, «satisfecho» por los resultados logrados el pasado ejercicio, pero, sobre todo, por «la forma en que se han conseguido». Tras remarcar que Euskadi desiste de participar «en una carrera ‘incrementalista’», se enorgulleció por el «buen momento» que vive, a su juicio, la industria turística vasca. Pero se contuvo con las previsiones futuras: «No llegaremos este año a los cinco millones de visitantes, pero los rozaremos», deslizó en un ejercicio en que se disparó la llegada de visitantes fuera de la temporada estival con un avance del 5% frente al 1,9% contabilizado en el periodo comprendido entre junio y septiembre. «Lo realmente importante del crecimiento turístico no es la cantidad, sino cómo se crece», detalló.

De los casi 36.000 trabajadores vascos con contrato fijo discontinuo registrados de media el pasado año, una tercera parte se mantiene cada mes inactiva. En total, son casi 12.000 personas (en números exactos 11.884 de los 35.705 que integran el modelo) que no constan en la cifra oficial de parados al conservar su empleo, pero que cobran esta prestación siempre que hayan acumulado suficientes días trabajados previamente. El dato es representativo ya que supone elevar a efectos prácticos los datos de la lista de desempleados en un 9,5%. Pasarían de los 106.486 a los 117.627, tomando como referencia el pasado mes de noviembre, la última cifra aportada por el Gobierno vasco en respuesta a la solicitud presentada al Parlamento vasco por el representante del Partido Popular, Álvaro Gotxi, quien ve en estos datos «que las cifras del paro son preocupantes». «Lo que hacen estos contratos es maquillar los datos reales», sostiene. Y es que aunque la figura de los fijos discontinuos es anterior, se vio reforzada con la aprobación de la reforma laboral en 2022 y con su entrada en marcha en marzo de 2023. Entonces su peso se duplicó en el mercado vasco con el objetivo de recoger a quienes desarrollan un empleo de forma intermitente, pero con un carácter estable. Representa de esta manera a aquellos trabajadores a los que la empresa recurre de forma continua, aunque solo en periodos recurrentes cuando son necesarios como sucede en los sectores del turismo, la hostelería, la agricultura y, especialmente, en el área de la educación.

El sindicato ELA ha reactivado las movilizaciones en los colegios de iniciativa social, que son unos 200 en toda Euskadi en los que estudian 130.000 alumnos y trabajan 9.000 profesionales. La central, mayoritaria en este sector, llama a los trabajadores a llevar a cabo un paro durante la jornada de hoy. La razón es que 23 meses después del acuerdo que puso fin a la anterior huelga, algunos de los contenidos pactados «no se están cumpliendo por culpa de la desidia y mala fe de las patronales (Kristau Eskola y Aice-Icea) y del Gobierno vasco», según denunció ELA en un comunicado. Lo acordado, además, tampoco se ha visto recogido en un nuevo convenio. La huelga coincide hoy con la celebración de un juicio. Los sindicatos ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT han llevado a las patronales a los tribunales para exigir la reducción de una hora lectiva semanal en el horario de los profesores en beneficio de una hora complementaria para trabajo personal. Esta medida se ha aplicado en algunos centros educativos pero no en otros, así que los representantes de los trabajadores buscan que sea la Justicia la que obligue a implementarla. Pese a que todos respaldan la demanda, sólo ELA ha llamado a la huelga. Otras exigencias de ELA son la actualización salarial de todos los conceptos y el abono de los atrasos correspondientes, incluido el plus de tutoría. También pide el pago de las indemnizaciones –equivalentes a 26 días por año trabajado– en los casos del personal despedido por la falta de alumnos como consecuencia de la caída de la natalidad y que no haya podido ser recolocado.

El mercado inmobiliario vasco no afloja. Las estadísticas publicadas ayer por el INE reflejan que en noviembre se registraron 2.175 nuevas operaciones de compraventa sobre viviendas en Euskadi, lo que supone un avance del 11,8% respecto al dato del año pasado. Así las cosas, a falta de conocer únicamente el dato correspondiente a diciembre, el mercado sigue asentado en niveles récord, con 24.539 operaciones contabilizadas hasta noviembre, lo que se traduce en un 14,5% más que en 2024 a estas alturas. La intensa actividad que demuestra el mercado no es de extrañar, teniendo en cuenta que la demanda actual para acceder a vivienda está disparada en estos momentos. Para muestra están las más de 100.000 personas inscritas en Etxebide, el Servicio Vasco de Vivienda del Ejecutivo autonómico, encargada de gestionar y facilitar el acceso a la vivienda protegida (VPO). Por otro lado, la mejora en las condiciones de financiación también está sirviendo de palanca para aumentar la actividad, compensando en gran medida la imparable subida de precio de los inmuebles. Y es que desde que el Banco Central Europeo (BCE) decidió iniciar un ciclo de bajadas de tipos en junio de 2024, hasta dejarlos anclados en el 2% en el pasado julio, la actividad del mercado inmobiliario ha repuntado de manera considerable. Además, los expertos prevén que en la próxima reunión que mantendrá el BCE en febrero no habrá cambios en los tipos.

Los trenes de Iryo y Renfe que sufrieron el domingo el fatal accidente en Adamuz circulaban a 205 y 210 kilómetros por hora en el momento de la colisión, por debajo del máximo de 250 km/h al que está limitado ese tramo de vía. Lo confirmó ayer el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. «Es un accidente en circunstancias extrañas», señaló el responsable en una entrevista. El pasado agosto el sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, solicitó a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la reducción de la velocidad máxima de los trenes desde los 300 km/h hasta los 250 km/h en las líneas que unen Madrid con Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona. Los maquinistas denunciaron la acumulación de imperfecciones en las vías, un «deterioro» que hace que los trenes «vibren mucho» y «vayan botando». En este sentido, Semaf alertaba de que el aumento de la alta velocidad y el mayor peso que todos los convoyes tienen sobre las mismas vías estaban provocando un mayor número de fallos en la infraestructura. A través de una carta remitida también al propio ministro Óscar Puente, el sindicato advertía del deterioro que estaba produciendo una «degradación profunda y acelerada» en el material rodante. En un comunicado publicado ayer, sin embargo, los maquinistas piden «respeto» a los afectados y la «prudencia necesaria para no eclipsar las investigaciones». Los investigadores han confirmado a la comisión que inspecciona el accidente la existencia de una «rotura» en las vías como principal hipótesis del siniestro. Cuarenta personas han muerto ya y 152 han resultado heridas tras la colisión de los dos trenes de alta velocidad el domingo, según el último balance. Entre los muertos identificados, el maquinista del Alvia, una familia de cuatro miembros de Punta Umbría y la pareja de periodistas Óscar Toro y María Clauss. Del total de heridos, 121 fueron trasladados a centros hospitalarios, donde todavía permanecen 39 (24 en estado grave y de ellos, doce en la UCI). Y entre los ingresados hay cuatro niños (uno en cuidados intensivos), todos ellos en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

El organismo internacional, que en esta ocasión publicó los resultados de su análisis en Bruselas en vez de en Washington, ha revisado al alza el avance del PIB esperado para España en 2026 hasta el 2,3%, tres décimas por encima de lo que reflejaban sus cálculos en otoño. Lo mismo ocurre para 2027, un ejercicio en el que se espera un crecimiento del 1,9% tras una revisión al alza de dos décimas. Con estos números sobre la mesa, España estaría en el Top 4 de las economías que crecen con más fuerza este año. En este apartado, solo la superarían gigantes como China (4,5%) y Estados Unidos (2,8%) además de Polonia (3,5%) de entre los países desarrollados sobre los que el FMI aporta estimaciones en su informe. Como en anteriores ocasiones, los expertos aluden a la mayor fuerza del mercado laboral español y a la resiliencia del turismo como los principales motores del nuevo crecimiento, algo a lo que se le suma la inmigración. Pero el fuerte impulso en la actividad trasciende ya esos elementos y el organismo internacional ha detectado numerosos indicadores que apuntan a un fuerte consumo e inversión privados. Entre otros elementos, la adopción de nuevas tecnologías destaca entre las mejorías. Tanto es así, que los expertos del FMI mencionan a España entre los países beneficiados recientemente por la inversión en tecnología junto con Reino Unido, aunque ambos por detrás de los logros cosechados por Estados Unidos.

El mundo ha volcado sus esperanzas en la Inteligencia Artificial, esa tecnología revolucionaria que está llamada a propulsar la competitividad de las empresas y los trabajadores como nunca antes se ha visto. Las inversiones fluyen como una riada hacia la investigación y el desarrollo de la IA con el objetivo de acelerar la adopción de la tecnología y disfrutar cuanto antes de sus ventajas, pero es precisamente ese optimismo el que puede haberse convertido en un arma de doble filo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que una decepción en el despliegue de la IA podría convertirse en una de las principales amenazas para el panorama económico global. Según señala, esto se debe a que las expectativas sobre las empresas de inteligencia artificial son extremadamente elevadas, por lo que la confianza de los inversores podría deteriorarse si estas no son capaces de generar rápido ganancias acordes con sus elevadas valoraciones”. Si bien la actividad industrial sigue siendo moderada, la inversión en tecnología como porcentaje de la producción económica de EEUU donde el FMI señala que se concentra el mayor desarrollo en IA del mundo, ha aumentado al nivel más alto desde 2001. Se trata de una fecha que todavía resuena en la mente de los inversores, que quedó marcada con cicatrices por el estallido de la burbuja de las puntocom. El FMI considera que las señales de burbuja no son tan claras en esta ocasión como en el pasado, pero sí ve cierta sobrevaloración y considera que el mercado se encuentra en un punto mucho más sensible.

El Foro de Davos bate récords de participación pero también registra al tiempo niveles de pesimismo no vistos desde el año de pandemia. Más de 3.000 dirigentes políticos y empresariales –entre ellos el presidente de EEUU, Donald Trump y los principales empresarios y banqueros del mundo–, participarán en más de 200 sesiones intentando insuflar optimismo en una económica mundial que presenta múltiples riesgos a la baja. «Espíritu de diálogo» es el lema presentado para esta edición por el presidente del Foro, el noruego Borge Brende. Falta hace, a la vista de las declaraciones e informes previos a las reuniones. Uno de los que ya se dejaban ver es el secretario de Estado de EEUU, Scott Bessent, que elevó los peores presagios al advertir a la Unión Europea de que tomar represalias comerciales contra su país por Groenlandia, «sería muy insensato». Bessent pasa por ser uno de los moderados en la Administración de EEUU y respaldó a Trump, porque «Groenlandia es un activo estratégico para nuestra seguridad que no vamos a externalizar a nadie». Pasó por alto que pertenece a Dinamarca. «Al entrar en 2026, el mundo se encuentra al borde del precipicio», resume un informe del Foro sobre riesgos globales presentado como una de las bases de debate. «La agitación provocada por las guerras cibernéticas, junto con el uso de munición económica para obtener ventajas estratégicas, continúa fragmentando a las sociedades. Las reglas y las instituciones que durante mucho tiempo han sustentado la estabilidad están siendo asediadas», señala el informe. La confrontación geopolítica es el mayor riesgo, según los expertos encuestados en todo el mundo por el Foro. Es llamativo que España es el único país que refleja la «polarización social» como principal problema, por encima de las amenazas geopolíticas o la desinformación, muy destacados en otros estados. El pesimismo se deja notar también en la encuesta tradicional realizada por la consultora estadounidense PwC lanzada al inicio de la reunión anual del Foro. «La confianza de los CEO globales en la evolución de los ingresos de sus compañías en 2026 ha caído al nivel más bajo de los últimos cinco años». 

Marc Murtra (Blackburn, Inglaterra, 1972) cumplió anteayer su primer año como presidente de Telefónica. Es la primera vez que acude con ese cargo al Foro Económico Mundial, que se celebra en la ciudad suiza de Davos esta semana. "Desde nuestra posición en las telecomunicaciones y la tecnología, lo que vemos es un momento de enorme disrupción, mayor de la que había hace cinco o diez años. Hay una guerra en Ucrania, un distanciamiento abrupto entre Estados Unidos y Europa, y unas disrupciones tecnológicas extraordinarias que avanzan a una gran velocidad. Para abordar estos asuntos, un diálogo con sustancia, claro y profesional es necesario y va a ayudar. Pero también creemos que hace falta que desde Europa se invierta en tecnología, en infraestructuras y que haya compañías de gran escala. Hay un posible modelo industrial y una gran competitividad potencial en Europa. Si se hacen cosas, Europa puede estar. El mundo no es sólo Estados Unidos y China. Hemos entrado en una nueva era de escala. Los movimientos empresariales, las relaciones comerciales y la tecnología tienen que ver con la escala. La UE provee a sus miembros de escala. Es el camino a seguir. Para las empresas con vocación europea, como Telefónica, la UE es esencial para adquirir la escala que necesitamos para poder invertir más y de manera eficiente. Las empresas de telecomunicaciones vivimos un momento de una gran responsabilidad. La disrupción tecnológica tiene implicaciones sociales y económicas y para gestionar la disrupción tecnológica de una manera eficiente hay que entender preceptos y procesos tecnológicos. Estamos viendo cómo empresas tecnológicas en Estados Unidos están teniendo una gran influencia en lo que está ocurriendo y nosotros creemos que en Europa vamos a vivir un proceso similar..."

El hotel Four Seasons de Madrid acogió ayer al mediodía una reunión secreta y al más alto nivel entre el magnate Bill Gates, fundador de Microsoft, y las grandes eléctricas españolas. El objetivo del encuentro, al que acudieron directivos de Iberdrola, Redeia o EDP, fue analizar la situación de las redes en España y Portugal en un momento clave para la tecnológica estadounidense, que ha anunciado proyectos de centros de datos por unos 20.000 millones de euros en el territorio ibérico. La cita se enmarca en un contexto especialmente sensible. Moncloa y Bruselas han estrechado la vigilancia sobre los data center por su impacto en la seguridad eléctrica, el acaparamiento de las redes y el precio final de la luz de los ciudadanos. La reunión tuvo lugar bajo las reglas de Chatham House, que permiten a los asistentes usar la información compartida, pero sin revelar la identidad de los participantes, para fomentar la franqueza en discusiones controvertidas. Y la de ayer lo era. El orden del día giró en torno al European Grids Package, la iniciativa regulatoria clave de Bruselas para expandir las redes eléctricas de los Veintisiete y eliminar los crecientes cuellos de botella que ya están frenando el despliegue de industria y centros de datos en la UE. Microsoft aprovechó también para poner sobre la mesa las condiciones de inversión y financiación para necesarias para movilizar capital hacia grandes proyectos de red en la península, operaciones imprescindibles para el desarrollo del parque de centros de datos que la compañía ha proyectado en el territorio.

La economía de China, la segunda mayor del mundo, registró una expansión del 5% en el conjunto de 2025, según informó ayer la Oficina Nacional de Estadística (ONE). El avance del producto Interior Bruto (PIB) chino durante el año pasado cumplió, por lo tanto, con los objetivos establecidos por el ejecutivo que lidera Xi Jinping, que fijó la meta de crecimiento para 2025 “en el entorno del 5%. En cifras, el PIB de China alcanzó el año pasado los 140,2 billones de yuanes (17,3 billones de euros), con una expansión anual del 3,9% en el sector primario y del 4,5% en la industria, mientras que el crecimiento del sector servicios alcanzó el 5,4%. “En términos generales, la economía nacional mantuvo un ritmo de progreso constante en 2025 a pesar de las múltiples presiones, y el desarrollo de alta calidad registró nuevos logros”, destacó la Oficina estadística china en la presentación de los datos. Sin embargo, los funcionarios advirtieron de que “el impacto de los cambios en el entorno externo es cada vez mayor” y el contraste entre la fortaleza de la oferta y la débil demanda en el mercado interno “es prominente”, mientras que aún persisten numerosos problemas desde hace tiempo y aparecen nuevos desafíos en el desarrollo económico.

La Comisión Europea define a China como un “socio para la cooperación, un competidor económico y un rival sistémico”. Un cajón de sastre cuyas aristas se han multiplicado desde la vuelta de Trump. En esas aguas navega Jens Eskelund (Aarhus, Dinamarca, 55 años), presidente de la Cámara de Comercio de la UE en China. "Hay que tener en cuenta que Europa es un mercado muy grande para China, pero China no es un mercado tan grande para Europa. Es un mercado más grande para las empresas comunitarias que estén allí. Esto es una consecuencia de las políticas del Gobierno, que buscan atraer industrias para que muevan su producción a China, con medidas como incentivos de precios. Creo que Europa debe preguntarse qué ventajas le reporta todo esto. Y quizá también empezar a considerar que es necesario que haya una cierta equidad en el trato en lo que respecta al acceso a sus mercados...Hemos visto un aumento de mecanismos de defensa comerciales y eso se va a acelerar hasta algún punto. Creo que la paciencia de los socios comerciales de China se acabará en algún punto, pero no será al estilo bigbang estadounidense. Será algo más lento... Si Europa no actúa en los próximos años, algunas industrias abandonarán el continente. Y quizá eso no sea grave, pero debemos posicionarnos. Tenemos que aprender a ser un poco más transaccionales y, en un mundo en el que cada uno vela por sus propios intereses, quizá Europa también empiece a preguntarse cuáles son realmente los suyos. De China debemos aprender a adoptar un enfoque granular. Debemos analizar si un sector es importante y, en caso afirmativo, qué podemos hacer para ayudarlo..."

Una década después de que China pusiera fin a la política del hijo único, el declive demográfico del país se acelera. La población del gigante asiático se redujo en 3,39 millones de personas en 2025, según los datos revelados ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Se trata del descenso anual más acusado desde 2022, cuando se inició una contracción demográfica que encadena ya cuatro ejercicios consecutivos. Pese a los crecientes esfuerzos de las autoridades por impulsar la natalidad, la tasa de nacimientos cayó a 5,63 por cada mil habitantes, el más bajo desde la fundación de la República Popular, en 1949. La reducción en el número de nacimientos y el rápido envejecimiento de sus habitantes se han convertido en unos de los mayores retos estructurales de la segunda economía mundial, a medida que la fuerza laboral se reduce y aumenta el número de jubilados que dependen del sistema de pensiones. La tensión se mantiene incluso en un año en el que se ha cumplido el objetivo de crecimiento de PIB, del 5%, según comunicaron también ayer las autoridades. En este contexto, las políticas demográficas han pasado a ocupar un lugar central en la estrategia económica de Pekín y empiezan a ser tratadas como una cuestión de seguridad nacional. La población de China se situó al cierre de 2025 en 1.404,89 millones de habitantes, en comparación con los 1.408,28 millones del año anterior. La reducción de 3,39 millones de personas supera con creces las caídas registradas en los últimos ejercicios. 

La Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco) anunció ayer el aplazamiento de la reactivación de uno de los siete reactores de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, ubicada en la prefectura de Niigata, la mayor central nuclear del mundo en términos de potencia eléctrica neta instalada. La reapertura, prevista inicialmente para hoy martes, se ha pospuesto tras detectarse un fallo técnico en las pruebas finales, un incidente que reaviva las preocupaciones sobre la seguridad nuclear en un país marcado por el desastre de Fukushima, ocurrido en 2011 y cuyo 15 aniversario se conmemorará el próximo 11 de marzo. El problema que ha frenado la reapertura fue detectado el sábado durante una prueba para extraer las barras de control que regulan las reacciones de fisión en el reactor. Una alarma diseñada para prevenir una extracción involuntaria no se activó correctamente debido a un error en su configuración. Aunque Tepco corrigió el fallo en menos de 24 horas y verificó el funcionamiento de las alarmas en todas las barras, la empresa optó por la cautela y retrasó la operación para realizar inspecciones adicionales esta semana. Este contratiempo ha puesto en evidencia la fragilidad del proceso de vuelta a la actividad en una planta nuclear que ha permanecido inactiva durante más de una década. Tepco ha prometido invertir 100.000 millones de yenes (alrededor de 544 millones de euros) en la prefectura de Niigata durante los próximos diez años para fomentar el apoyo comunitario el escepticismo público hacia la nuclear.