20260609

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Doscientos millones de euros. Este es el agujero que el Gobierno vasco estima que la crisis en Oriente Medio ha abierto en la economía vasca en apenas tres meses. El origen del golpe se encuentra en el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial y alrededor de un tercio del gas natural licuado. Su cierre –y posteriores aperturas en falso– ha bastado para disparar la incertidumbre en los mercados energéticos. El resultado ha sido un encarecimiento de las materias primas y de los costes energéticos, con efectos que se han extendido por toda la cadena productiva. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, lamentó ayer que «la situación no está mejorando». Y es que aunque por momentos la tensión entre Estados Unidos, Irán e Israel pueda dar alguna mínima tregua, la región es un auténtico polvorín donde cualquier chispa desencadena en una nueva escalada. Y cada uno de estos episodios de incertidumbre acaba trasladándose a los mercados energéticos, con consecuencias directas para la economía vasca, especialmente expuesta por el peso de su industria. Los 200 millones de sobrecoste a los que se refirió el consejero equivalen ya a cerca del 0,2% del PIB vasco. Una cifra que podría quedarse corta si el conflicto se prolonga, la opción más plausible tras la nueva oleada de bombardeos registrada en las últimas horas. El problema radica en que, aunque solo el 5% del petróleo y el 2% del gas que consume España transitan por esta vía, la economía vasca presenta una vulnerabilidad especial por su marcado perfil exportador y su sensibilidad a los costes energéticos. 

Papresa mantendrá su actividad industrial en Errenteria. La plantilla de la fábrica y CL Grupo Industrial sellaron ayer a mediodía los últimos detalles del acuerdo definitivo para formalizar la venta de la compañía al conglomerado extremeño y garantizar la continuidad industrial de la histórica papelera, que entró en concurso de acreedores el pasado mes de abril al no poder hacer frente a una deuda de 70 millones de euros. Según fuentes de toda solvencia, los trabajadores dieron luz verde a la nueva oferta negociada entre ambas partes, que eleva la cifra de subrogaciones a 167 contratos frente a los 148 planteados en la propuesta inicial. La operación salva de la liquidación a la firma de Oarsoaldea y retiene cerca del 80% de su músculo laboral. No obstante, para cuadrar la estructura de costes operativos y garantizar la rentabilidad a medio plazo, CL Grupo Industrial ha exigido como contrapartida una congelación salarial que, según las fuentes consultadas, se extenderá durante los próximos dos años, aunque las partes volverán a negociar este punto. El acuerdo también recoge un incremento parcial de la jornada laboral, ajustado al convenio papelero de Gipuzkoa, hasta las 1.674 horas respecto a las 1.592 anuales. 82 horas más, un 5%.

Fin a 262 días de conflicto. La plantilla de Maderas de Llodio ha decidido este lunes suspender la huelga indefinida que llevaba en marcha desde hace nueve meses. Según han confirmado fuentes sindicales, los trabajadores han mantenido una asamblea esta mañana y de ese encuentro ha salido la decisión de acabar con los paros. De acuerdo a estas mismas fuentes, los trabajadores aceptan así la última oferta hecha por Garnica, la matriz riojana de Maderas de Llodio. Y es que hace 12 días, los dueños de la planta llodiana trasladaron un «ultimátum» en el que se abrían a readmitir a tantas personas incluidas en el ERE como bajas voluntarias se presentasen. Según los sindicatos, entre las personas que no pedirán ser readmitidos y las que buscarán una salida de la firma maderera, no debería haber problemas para atajar la situación. Las centrales han confirmado ya la decisión a través de un comunicado a los trabajadores. En él, señalan que explicarán los detalles del acuerdo «en los próximos días», así como «el procedimiento mediante el cual se pondrá fin a este conflicto». Está previsto que convoquen también a los medios de comunicación para explicar esta cuestión. Ahora, comité y dirección se tendrán que sentar a negociar un ERTE, ya que la planta ha perdido buena parte de los clientes con los que contaba antes del paro. Ya en diciembre, el Gobierno vasco advirtió de la cancelación de pedidos en la firma de Aiaraldea. Desde la empresa se plantea que ese expediente temporal dure 100 días laborables con el abono completo de los días de vacaciones y de las pagas extraordinarias, además de un complemento de dos euros por cada jornada dentro de este expediente de regulación temporal de empleo.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha rechazado que la conflictividad laboral ponga en riesgo inversiones en Euskadi, y ha defendido el "papel fundamental" de los sindicatos, aunque también "muchas veces" no entiende algunas posturas como la huelga indefinida en Tubos Reunidos. En este sentido, ha remarcado que "la paz social también ayuda a que haya personas que vean con mejores ojos el poder invertir en esa empresa". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Torres ha considerado que la conflictividad laboral no está poniendo en riesgo proyectos empresariales, tal como han advertido desde las patronales. "No llegaría a ese extremo", ha manifestado el consejero, que ha defendido la labor "fundamental" de los sindicatos. Así, ha remarcado que "la acción sindical ha sido fundamental para el desarrollo de este país y las condiciones laborales". No obstante, ha admitido que "muchas veces" no se entiende el papel que realizan porque va "más allá de sus funciones". "No voy a decir yo que tiene un componente más político que sindical, pero sí es verdad que muchas de esas actuaciones no se entienden". Por lo que respecta a la evolución de la economía vasca, sostiene que "hay que ser optimistas" pese a "todas las tensiones geopolíticas y geoeconómicas" en el mundo que "no son pocas". De esta forma, ha recordado los datos de crecimiento del primer trimestre dados a conocer el viernes, de un 2,2% interanual, "muy superior" a las previsiones para el primer trimestre. En su opinión, aunque la situación del Estrecho de Ormuz y la crisis energética "se notará más a medio plazo", ha destacado que "lo importante es que la economía vasca tiene bases sólidas y resilientes". Por otro lado, ha defendido la futura ley vasca de Participación Institucional, que regulará "el papel que tienen los agentes sociales" y a "empoderar mucho más" la Mesa de Diálogo Social. "Va a regular lo que ya estamos haciendo, ni más ni menos", ha precisado el consejero, que ha explicado que, entre los sindicatos que no participan en esa mesa, ha hablado con "los que ha querido hablar".

La pieza del sumario de las ‘cloacas’ que se centra en Tubos Reunidos investiga un posible pago por parte de la empresa de una comisión a cambio del rescate de 112,8 millones y también un aplazamiento posterior de su devolución. Un abono que podría haber acabado en el entramado del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, su socio Antxon Alonso, el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, y la exafiliada del partido Leire Díez. Las diligencias del juez Pedraz que investiga a los tres profesionales relacionados con Tubos Reunidos se iniciaron en dos fases distintas. La primera fue el pasado diciembre, cuando la sede de la empresa fue registrada por primera vez. En esa ocasión se formuló la acusación contra el expresidente de la tubera Francisco Irazusta. Bajo su mandato se tramitó la petición del rescate a la Sepi en unas tareas que se iniciaron en 2020 y finalizaron en julio de 2021 con la aprobación del préstamo de 112,8 millones en el Consejo de Ministros. Las indagaciones de la UCO buscan la relación de esa concesión con un pago de 114.950 euros a una sociedad de la ‘trama Cerdán’. Además, Tubos Reunidos, bajo la presidencia de Irazusta, contrató en 2021 al expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, justo al terminar su periodo de incompatibilidad tras dejar el cargo, y tal y como confirmó la propia compañía. La segunda fase de la instrucción se concretó el pasado jueves con la imputación de López de las Heras y Pérez Rodríguez-Urrutia. Fue cuando tuvo lugar el registro de las oficinas centrales de Bilbao y de la empresa en Amurrio. Las diligencias buscan una posible segunda compra de favores a raíz de la solicitud de Tubos Reunidos en 2024 de un aplazamiento de 10 millones sobre una devolución que debía liquidar con la Sepi. El banco público concedió esa dispensa, pero fue poco después de una reunión mantenida en noviembre de 2024 en la sede del PSOE con Santos Cerdán y Leire Díez por el director general de la empresa, Carlos López de las Heras y el miembro del consejo de administración, Jesús Pérez Rodríguez Urrutia. Los detalles y anotaciones recogidos por Díez provocaron el registro de las sedes de Tubos Reunidos y las diligencias contra el actual director general y el consejero de la empresa. Las pesquisas dirigidas por el juez Pedraz deben ratificar ahora si esas decisiones de la Sepi favorables a Tubos Reunidos en 2021 y 2024 fueron consecuencia o no de un presunto tráfico de influencias. 

No es la primera vez que el Grupo guipuzcoano CAF firma un texto para elevar la voz de alerta sobre la «competencia desleal» asiática. Lo hizo el pasado mes de febrero, cuando, junto a otras 1.141 industriales europeas, 156 españolas entre ellas, apoyó un manifiesto redactado por el vicepresidente Ejecutivo francés de Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, que abogaba por la obligación del ‘Made in Europe’ en licitaciones públicas «ante el riesgo de que el Viejo Continente se convierta en una mera cadena de montaje». Esta vez ha sido el turno de Solaris, la empresa polaca de autobuses eléctricos participada al 100% por la compañía de Beasain. La firma pilotada por Agata Stańda se unió ayer a otros fabricantes continentales – HESS, Beulas y VLD Bus Group– para exigir, en una carta abierta enviada a Bruselas, una «igualdad de condiciones» que proteja la inversión del sector ante el riesgo que suponen los «subsidios estatales a la exportación» de los que disfrutan sus rivales del gigante asiático. Según los datos recogidos en la misiva, «más del 60%» de los autobuses urbanos de nueva matriculación en Europa el pasado curso correspondían ya a vehículos de cero emisiones. Y, en esta línea, los firmantes advierten de que la cuota de mercado absorbida por los competidores no europeos, «especialmente chinos», aumentó «rápidamente a más del 30% y se teme que crezca aún más».

Los Veintisiete dieron ayer luz verde al acuerdo para proteger a la industria siderúrgica europea frente al impacto de la sobreproducción global, con lo que se cumple el último trámite para que a partir del 1 de julio la UE recorte en un 47% el volumen de acero que puede entrar al mercado comunitario libre de arancel y eleve hasta el 50% los gravámenes para las importaciones que superen ese contingente. El nuevo marco entrará así en vigor a tiempo para sustituir las actuales salvaguardas comerciales –vigentes desde 2018 y que expirarán el 30 de junio de 2026–, con miras a hacer frente a los efectos del exceso de producción mundial, en especial procedente de China. «El acero es indispensable para la base industrial de Europa, su transición ecológica y su seguridad. Con la adopción de esta medida, la UE establece un marco más sólido para responder a las distorsiones del mercado global, proteger la competencia leal y brindar mayor seguridad tanto a los productores de acero como a las industrias transformadoras», resumió en un comunicado el ministro de Energía y Comercio de Chipre, Michael Damianos, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE. Así las cosas, la nueva regulación fija en 18,3 millones de toneladas anuales el volumen de importaciones de acero que podrá entrar en el mercado comunitario libre de aranceles, mientras que las cantidades que excedan esa cuota estarán sujetas a un gravamen del 50%, frente al 25% actual.

En febrero de 2023, la que fuera ministra de Transportes, Raquel Sánchez (hoy presidenta de Paradores), forzó la dimisión de la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo, y del presidente de Renfe, Isaías Taboas. Fueron cabezas de turco del fiasco de la compra de trenes de ancho métrico encargados por Renfe a CAF en 2019 que no cabían por las antiguas vías de Feve a su paso por Cantabria, Asturias y País Vasco debido al cálculo erróneo de gálibos (alto y ancho de un tren). El Tribunal de Cuentas acaba de arrojar luz sobre aquella polémica crisis política mal explicada que hoy sigue teniendo efectos sobre el presupuesto público. El órgano fiscalizador del Estado sostiene que la culpa exclusiva de aquel desastre fue de Renfe, autora de unos pliegos que “contenían prescripciones técnicas de imposible ejecución, incurriendo en causa de resolución, según los propios pliegos, y en un posible vicio de nulidad de pleno derecho”. El Tribunal de Cuentas exculpa a la Secretaría de Estado de Isabel Pardo, a Adif y al fabricante vasco. “Renfe Viajeros sabía en febrero de 2021 de la imposibilidad de aplicar los gálibos exigidos en los pliegos por la información que recibió de Adif, pero no resolvió el contrato”, detalla el informe, en referencia a la inexplicable resistencia de Renfe a rescindir el pedido.  “El 6 de noviembre de 2020, antes de formalizar el contrato, CAF había recibido de Adif toda la información sobre la incompatibilidad con la vía de los gálibos recogidos en los pliegos, sin proceder en ese momento a la resolución del contrato”, continúa el documento, que también ataca al Ministerio de Transportes, ya bajo la batuta de Óscar Puente por permitir modificar el contrato de CAF y ampliar su prepuesto, hasta alcanzar el precio de 218 millones de euros. A día de hoy, los trenes de CAF aún están en fase de construcción con un plazo máximo de entrega hasta noviembre de 2028.

Encontrar talento especializado se ha convertido en una de las grandes prioridades para cualquier sector económico y más aún en un momento en el que la demografía juega en contra. En este contexto, el AIC (Automotive Intelligence Center) lleva tiempo apostando por generar y potenciar el talento en el sector de la movilidad avanzada con múltiples iniciativas que buscan marcar los mejores itinerarios formativos para el conjunto de los profesionales de la industria de automoción. Con este telón de fondo, el centro ubicado en Amorebieta e impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, ha lanzado la primera edición de 'Formtech', un encuentro «pensado para que estudiantes y profesionales conozcan de primera mano cómo entrar en el sector, actualizar conocimientos, especializarse en determinadas áreas o reorientar su trayectoria profesional», según han detallado. La directora general del centro, Inés Anitua (quien también dirige el Cluster de Automoción de Euskadi), ha recalcado que «seguir formándose no es una opción, es una necesidad para seguir aportando valor a cada profesional y a las organizaciones donde trabajan o quieren trabajar». Para ello, AIC ha organizado un acto el próximo 12 de junio, a las 16.00 horas, donde los participantes podrán conocer la realidad del sector y las opciones educativas, junto con los profesionales de AIC, que les mostrarán las actividades que realizan en los distintos centros de competencia, y las necesidades que se están demandando.

La nueva normativa, incluida en la reforma de las pensiones acordada en la Mesa de Diálogo Social, y que también modifica el régimen de la jubilación demorada, entrará en vigor el próximo 28 de agosto. "Todas estas medidas vienen a ser un intento de alargar la vida laboral de las personas pensando más en un déficit de la caja de las pensiones que en un tema de conservar talento sénior", afirma Carlos Pereda, responsable de empleo de Confebask. El mercado laboral - vasco, estatal y europeo - está envejeciendo y hay una avalancha de lo que desde Confebask se denomina como "La Gran Jubilación", en referencia a la generación del baby boom (1946-1964) que está a punto de retirarse, lo que está disparando el coste de las pensiones. "En los próximos 10 años, la mitad de los que estamos trabajando se va a jubilar, esto afecta a unas 520.000 personas en Euskadi", continúa.  A pesar de esta incorporación, las empresas tienen dificultades para encontrar perfiles cualificados, siendo los industriales los que cuentan con mayor proyección profesional. "Los jóvenes que estudian Formación Profesional consiguen trabajo en menos de un año", afirma. Otro elemento clave para el mercado laboral es lo que desde Confebask llaman el ‘Invierno Demográfico’, en referencia a que no hay suficientes nacimientos que sustituyan a las jubilaciones. En este sentido, la contratación de mano de obra extranjera es necesaria. "Es una realidad", explica Pereda. Con todo, la valoración que hace la patronal vasca de la reforma es "positiva" siempre y cuando beneficie a todo el sistema. "Cosa distinta es que para el sistema de pensiones pueda ser insuficiente. El sistema necesita una reforma y da la sensación de que con tantas jubilaciones va a ser deficitario y habrá que tirar de presupuesto para compensar. Es la realidad que estamos viviendo", concluye Carlos Pereda.

El pasado mes de marzo, el secretario de la asociación de promotores y constructores de Bizkaia, Iñaki Urresti, avanzaba que las previsiones del mercado de la vivienda para este 2026 no eran buenas. Afirmaba que la «inestabilidad económica» derivada de la guerra de Irán y el encarecimiento de las materias primas estaban poniendo «en riesgo» operaciones urbanísticas que parecían estar en marcha. Las sensaciones no eran positivas sobre todo por la falta de oferta. Frente a una demanda que no parece tener techo, la construcción de pisos se desplomó un 38% en Euskadi el pasado ejercicio, según los datos del Gobierno vasco. En total, se inició la edificación de 3.429 pisos cuando casi 110.000 personas están inscritas en Etxebide a la espera de una VPO. La estadística sobre el mercado de la vivienda que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística con datos del primer trimestre del año certificó lo que muchos expertos predecían: los precios siguen lejos de descender. Se encarecieron un 10,3% impulsados, sobre todo, por las viviendas usadas. El mercado de segunda mano es el que concentra la mayor parte de las compraventas. Tanto es así que el 90,3% de las 26.026 operaciones firmadas en los últimos doce meses en Euskadi corresponden a pisos usados, cuyo coste se ha disparado un 11,4% respecto al primer trimestre del año anterior.

Dos días después de anunciar que Juan Mari Aburto no repetirá por cuarta vez como candidato a la Alcaldía de Bilbao, el PNV ya tiene sucesor: será Mikel Hidalgo Bordegarai, burukide del Bizkai buru batzar y, desde hace cuatro años, asesor en Lehendakaritza. El nuevo cabeza de cartel para la principal ciudad vasca representa exactamente lo que el partido estaba buscando para este momento: un radical relevo generacional. Tiene 33 años, casi la mitad que Aburto. Y de hacerse con la makila, cosa a la que apuntan todas las encuestas, será el alcalde más joven de la ciudad de las últimas décadas. Hidalgo tiene un currículum en el que combina experiencia en el sector privado y, en los últimos años, responsabilidades en la Administración pública. El nuevo candidato a la Alcaldía es hijo de Iñaki Hidalgo, que fue diputado foral de Obras Públicas en tiempos de José Luis Bilbao. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas en la Deusto Business School e hizo prácticas en el departamento financiero de Dominion. Cuando terminó sus estudios, en 2015, pasó un par de años por PricewaterhouseCoopers como auditor financiero. Y desde 2017 a 2022 fue analista de inversiones y gestión de cartera en la sociedad foral Seed Capital Bizkaia. A partir de 2022 ejerce como asesor para la Coordinación de Proyectos de Transición Social en Lehendakaritza.

A menos de un año de que el próximo 23 de mayo de 2027 los vascos vuelvan a las urnas para elegir la composición de sus 252 ayuntamientos y las tres Juntas Generales, las encuestas van anticipando una auténtica batalla a cara de perro entre PNV y EH Bildu como antesala de las autonómicas de 2028. Según el Sociómetro del Gobierno vasco difundido ayer, y que se refiere únicamente a las elecciones forales, los jeltzales revalidarían una holgada victoria en Bizkaia y ganarían por la mínima en Álava, aunque perderían en Gipuzkoa frente a una coalición soberanista que sería la fuerza que más crecería en los tres territorios. El sondeo, elaborado a partir de 3.485 entrevistas telefónicas, recogió sus datos entre el 20 y el 26 de mayo, justo a un año vista de los comicios y en un momento en que los partidos han comenzado a engrasar sus maquinarias preelectorales con actos y presentaciones de candidatos. El trabajo de campo se empezó a realizar un día después de conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’, en una semana marcada por el enfrentamiento entre PNV y PSE-EE a cuenta de la organización del Mundial de 2030 en Bilbao y San Sebastián, y en plena huelga de médicos, que tuvo un importante impacto en Osakidetza.

El diálogo social está atascado y cada vez se desvanece más. Hay que irse a 2024 para encontrar el último gran pacto en el que CEOE y Cepyme estamparon su 'sí' en materia sociolaboral. Esto fue cuando se sumaron al acuerdo para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI en el ámbito del trabajo y suscribieron el de jubilación, actividades penosas y mutuas. Desde 2020 a 2024 se pueden contabilizar al menos 18 pactos en materia laboral y de Seguridad Social que cuentan con el respaldo de CEOE y Cepyme. Entre ellos, destacan el de la reforma laboral, la ley 'rider', o la reforma de las pensiones, todos ellos alcanzados en 2021. En materia salarial, cabe destacar que la CEOE lleva sin sumarse a subir el SMI desde el año 2020, cuando se produjo un alza del 5,5%, hasta los 950 euros brutos en 14 pagas. En 2026, esta renta mínima está en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, seis años de subidas que no cuentan con el respaldo de la patronal. Medidas como el subsidio por desempleo salieron adelante sin el respaldo de la CEOE; otras tantas -sin el apoyo de la patronal tampoco- llevan meses esperando los trámites necesarios para poder ser oficiales, como el Estatuto de los Becarios, la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar, la reforma de ley de prevención de riesgos laborales o el nuevo control horario; mientras que otras continúan negociándose, como la reforma del despido, la mejora en la incapacidad temporal o el desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral. Lo cierto es que muchas están paralizadas ante la difícil aritmética en el Congreso para que salgan adelante reformas, que ya se cobró la vida de la medida 'estrella' de Yolanda Díaz, la reducción de la jornada a 37,5 horas, ante las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts, que tumbaron el decreto. Algo similar podría pasar con el Estatuto del Becario, pendiente de pasar por el Congreso de los Diputados, y para el que el PNV ya anunció su rechazo.

El sector de la defensa ha irrumpido con fuerza en las cuentas públicas, convirtiéndose en el nuevo motor de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del país. Durante 2025, el sector público estatal ejecutó la cifra récord de 15.676 millones de euros en I+D+i, una marca que supera en más de 2.000 millones el máximo anterior y que ha sido posible gracias a un presupuesto total disponible que rondó los 20.500 millones. En este nuevo escenario, el gasto vinculado específicamente a la defensa se ha triplicado en apenas 12 meses, transformando por completo las prioridades y el foco de la inversión pública total en ciencia y tecnología. Este cambio de rumbo responde a una transición estructural que la Fundación Cotec, dedicada a la innovación, define como “el gran relevo”. Hasta ahora, el crecimiento de la inversión se había apoyado de manera casi exclusiva en los fondos europeos del Plan de Recuperación ideado tras la pandemia, pero en 2025 estos recursos redujeron su peso casi a la mitad, cayendo de 11.218 a 6.544 millones de euros. Lo que podría haber sido una severa crisis de financiación se resolvió con un relevo que vino de la mano de un aumento masivo del esfuerzo nacional, que creció un 60% —unos 5.253 millones adicionales— hasta situar los recursos de origen propio en casi 14.000 millones. Sin embargo, este esfuerzo no ha sido uniforme. El salto se explica por el factor defensa, que pasó de representar un discreto 9,2% del presupuesto a concentrar casi una tercera parte (29,3%) de todo el dinero disponible para la I+D+i.

Alemania y Francia han decidido abandonar el desarrollo conjunto de un caza de combate de sexta generación en el marco del programa FCAS, un proyecto de 100.000 millones de euros del que estaba previsto que viese la luz en la década de 2040. El programa ha estado paralizado hasta ahora por el enfrentamiento entre Airbus (que representa a Alemania) y Dassault (en representación de Francia) por ver quién se hacía cargo del desarrollo y fabricación de las partes más importantes del caza, un obstáculo que finalmente ha sido insalvable. Si bien el FCAS lleva asociados otros sistemas como los sensores —que corrían a cargo de Indra, que representa a España, el tercer socio del programa— o la nube de combate formada por drones, el caza era la parte principal de un proyecto en el que tanto Airbus como Dassault eran capaces de ofrecer una plataforma propia: la primera de ellas fabrica el Eurofighter, mientras que la compañía francesa hace el Rafale; ambos son cazas de cuarta generación. Airbus ha decidido no hacer comentarios al respecto ante las preguntas de este medio, pero tras la caída definitiva de la colaboración con Francia, la compañía apuntaría a hacer un nuevo avión de combate por su cuenta.

Orange anunció ayer que ha completado la adquisición del 50% de la participación de la teleco Masorange que posee el hólding Lorca, su socio en la empresa conjunta en España y que está controlado por los fondos KKR, Providence y Cinven y un grupo de inversores españoles y directivos, incluido el CEO de Masorange, Meinrad Spenger. Como Orange ya tenía el 50% de Masorange, el grupo francés –controlado por el Estado galo, que tiene un 23% del capital y decide los nombramientos de su primer ejecutivo–, pasa a poseer ahora el 100% del capital del operador español y consolidará completamente los resultados de Masorange en sus estados financieros. Esta operación se cierra definitivamente tras la firma de un acuerdo vinculante con Lorca el 12 de diciembre de 2025, en virtud del cual Orange acordó adquirir la propiedad total de Masorange por una contraprestación en efectivo de 4.250 millones de euros a los que hay que añadir otros 50 millones en dividendos que recibieron los socios de Lorca. Desde entonces, Orange ha obtenido todas las aprobaciones necesarias para que la transacción se complete, incluida las de la Comisión Europea. Christel Heydemann, la CEO del grupo francés Orange, señala que “adquirir la propiedad total de Masorange es un paso clave de nuestro plan estratégico y fortalece la posición de Orange en España, nuestro segundo mercado más grande de Europa. Abre el camino para sinergias industriales, operativas y comerciales aceleradas, apoyando una mayor creación de valor. Con la propiedad total llega la agilidad total, Masorange ahora puede moverse a toda velocidad respaldado por la fuerza y escala del grupo Orange”.

La lenta de adopción del coche eléctrico ha llevado a compañías como Honda, Ford, Toyota o Volvo a replantearse sus objetivos. La incertidumbre regulatoria en Europa está afectando a la estrategia de las compañías, que no pueden planificar. La guerra arancelaria iniciada por Trump ha supuesto un duro golpe a grupos que exportaban desde México o Europa. Las tensiones geopolíticas han retraído la intención de compra de los consumidores, que prefieren esperar a tener mayor visibilidad a futuro. Los fabricantes de automóviles están notando en sus balances los exigentes retos a los que se enfrenta el sector. La transformación al coche eléctrico más lenta de lo esperado, la incertidumbre regulatoria en Europa, las tensiones geopolíticas y la ofensiva exterior de las marcas chinas son los factores que están marcando la evolución de los fabricantes de coches en lo que va de año. Estas piedras en el camino han llevado a los gigantes del automóvil a experimentar una fuerte caída de sus beneficios en el primer trimestre, con Honda, BYD, Toyota, BMW o Hyundai situándose como las compañías con mayores descensos en su resultado operativo en los tres primeros meses del ejercicio.

El barril brent se disparó ayer un 5% ante el fuego cruzado de misiles entre Israel —que inició los ataques pese a las advertencias del presidente de EE UU, Donald Trump— e Irán. Si bien se moderó después, una vez que ambas partes anunciaron el fin de sus operaciones militares, la jornada dejó de nuevo de manifiesto la fragilidad del alto el fuego y, sobre todo, la dificultad para alcanzar un acuerdo en Oriente Próximo que permita la vuelta a la normalidad del suministro de petróleo por el estrecho de Ormuz. Al final, la cuerda no se rompió, y si el brent se había disparado hasta los 98 dólares, máximo en dos semanas, moderó a mediodía su ascenso a poco más del 1%, hasta los 94. Pero el fuego cruzado entre las fuerzas israelíes y Teherán, que Trump no fue capaz de impedir, confirma los temores del mercado a un conflicto donde las negociaciones no cristalizan en acuerdos, y que amenaza con mantener elevado el precio del petróleo durante el verano, una época del año especialmente intensa en viajes y consumo. Un nuevo factor se añade a este cúmulo de elementos que conspiran contra el abaratamiento del crudo y sus derivados. Durante tres meses China ha reducido de forma notable sus importaciones gracias en gran parte a su generoso colchón de reservas y también a la menor demanda, pero podría regresar a la adquisición de petróleo en cualquier momento, según los analistas. Su presión compradora puede ser un factor más que impida que el brent se aleje de los 100 dólares, ya que incluso aunque Ormuz recobrara la normalidad de inmediato, aún quedaría un largo camino de reparación de instalaciones petroleras dañadas y de reconstrucción de reservas estratégicas muy menguadas, que contribuirán a que el crudo se mantenga en niveles elevados durante meses.

“En plena temporada turística en Europa, no tenemos ningún indicio de escasez de combustible de aviación”, subrayó el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas. Antes apuntó algo similar el ministro español del ramo, Óscar Puente: “Tenemos varias refinerías de queroseno y no dependemos tanto del cierre del estrecho. Lo que sí que nos dicen nuestras compañías aéreas es que en el verano no va a haber un problema de suministro”, explicaba a su llegada a Luxemburgo para asistir al Consejo de la UE. A Tzitzikostas y Puente les respaldaron los titulares de estas responsabilidades en Alemania y en Bélgica. “No tenemos ningún temor. Contamos con un sistema que funciona a la perfección”, subrayó el belga, Jean-Luc Crucke, quien avisaba de que tal vez hubiera problemas en otros países. Más optimista se mostró su homólogo alemán, Patrick Schneider, al afirmar que “por el momento, no hay que temer una escasez física en Europa”. “Las medidas que hemos adoptado para un seguimiento exhaustivo de esta situación nos parecen muy acertadas”, remachó.

Oriente Próximo atravesó ayer su momento más peligroso desde que Washington y Teherán pactaron un alto el fuego en abril. Israel e Irán se enzarzaron durante horas en su primer intercambio de ataques de la tregua, hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les instó a parar “inmediatamente”. A primera hora de la tarde, ambos países aseguraron haber detenido los ataques cruzados, aunque amenazaron con un enfrentamiento más encarnizado si la otra parte abría fuego, incluido Israel en Líbano, donde lleva semanas bombardeando a diario y emitió una nueva orden de desalojo forzoso. “Irán y Hezbolá son más débiles que nunca. Nosotros, más fuertes que nunca. Nuestra lucha con ellos aún no ha terminado”, dijo el primer ministro, Benjamín Netanyahu, al advertir a Teherán de que responderá “con fuerza” si “comete el error” de atacar de nuevo. El enfrentamiento trajo de nuevo a escena a los hutíes de Yemen, con un misil y el anuncio de que impedirán la navegación marítima vinculada a Israel en el mar Rojo.