20221110

Tan solo el 13% se ubicarán en España mientras EE UU, que recibirá el 47%, pasa a ser el país prioritario para la compañía. El presidente de la eléctrica anunció inversiones por 47.000 millones de euros para los próximos tres años y una estimación de aumento del beneficio neto en el entorno del 10% anual. Además, Galán comienza a dar por hecho que se va a salir con la suya en la compra de la firma norteamericana PNM, proyecto que se truncó a finales del pasado año debido a los informes negativos del regulador de Nuevo México basados en las acusaciones que pendían sobre Iberdrola por el ‘caso Villarejo’. Para que no quede duda de ello, en las inversiones previstas ya ha integrado 11.000 millones para destinarlos al crecimiento de las redes en esa empresa que está empeñado en adquirir. «Mediados de 2023», es la fecha que dio como estimación para el cierre de la compra de PNM, a la que se dedicarían 3.600 millones de euros. «Sabemos que se va a materializar esa operación», dijo. El presidente de la multinacional vasca demandó ayer de las administraciones –sin concretar países– «una política energética coherente, marcos regulatorios predecibles con incentivos para las inversiones, procedimientos administrativos ágiles y una fiscalidad clara». Un aspecto este último que definió sobre un doble eje: «Incentivos a la inversión y la idea clara de que quien contamina paga».

La obtención de hidrógeno a través del amoníaco ha sido la tecnología que ha permitido crear en Euskadi la primera fábrica de dispositivos para generar este gas que se perfila como estratégico para sustituir a los combustibles fósiles. El proyecto impulsado por Tecnalia ya es una realidad industrial que lidera H2SITE tras una inversión de 3 millones de euros y que empleará en Loiu (Bizkaia) a 50 personas para fabricar membranas y reactores para obtener hidrógeno a partir de mezclas de gas a base de amoníaco o metanol. Es la primera instalación en el mundo para la fabricación de estos componentes elaborados con una aleación de paladio. Se trata de una alternativa a los electrolizadores que extraen el hidrógeno del agua a través de un proceso que aplica electricidad y que son la apuesta de la fábrica ‘Iberlyzer’ impulsada por Iberdrola, que al final se ubicó en Guadalajara, o la que promovían Petronor y Sener y que, de momento, está parada. Una situación que convierte las instalaciones impulsadas por Tecnalia en las primeras en fabricar estos elementos clave para el futuro. La tecnología ha sido desarrollada por el centro tecnológico vasco junto a la Universidad de Eindhoven y ayer, con el nombre H2SITE, dio un paso abandonando la fase experimental para comenzar la fabricación en serie y la comercialización industrial. En la nueva sociedad participan los inversores Engie, Breakthroug y Equinor, junto a los fondos de capital semilla del Gobierno vaso y Diputación de Bizkaia. La fábrica cuenta ya con pedidos por valor de 5 millones de euros para este 2022 que comprenden una decena de clientes que, como explicó el consejero delegado de Tecnalia Ventures, Asier Rufino, «están en los sectores de movilidad pesada y marítima, así como en la industria pesada» y en los entornos de Europa del Norte y del Oeste.

Euskadi proyecta converger dentro de dos años con la media de la Unión Europea en inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), a pesar de la incertidumbre y ralentización económica. Así lo aseguró ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, durante su intervención de clausura del Global Innovation Day de Innobasque. Como ejemplo de ese esfuerzo creciente, el mandatario vasco subrayó que este año la partida destinada a I+D+i en los Presupuestos vascos ha crecido un 10%, y que para 2023 está previsto un incremento de otro 12%. Según los últimos datos oficiales, en 2020 el esfuerzo en este ámbito fue en Euskadi del 2,2% del PIB, frente al 2,31% de la Unión Europea y el 1,41% de España, donde la Comunidad Autónoma Vasca lidera el ránking. Urkullu defendió la necesidad de «reforzar todos los factores que faciliten el desarrollo, atracción y retención de talento en Euskadi». Más aún si cabe en el periodo histórico actual, en el que «la transformación tecnológica y la aceleración de las transiciones verde y digital implican la necesidad de renovar la base del talento científico, tecnológico y empresarial». «El futuro de Euskadi pasa por la innovación», sentenció el lehendakari, quien recordó que «nos mantenemos entre los países ‘innovadores fuertes’ en el panel europeo de indicadores de innovación, ocupando el décimo lugar justo por detrás de Alemania y superando en un 10% la media comunitaria».

El consejo de administración del fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa acordó ayer “suspender la actividad de su comisión ejecutiva delegada”, con lo que se revocarán sus funciones y se dejará sin efecto su reglamento. Siemens empieza así a desmontar la estructura de la cúpula de Gamesa una vez que la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la opa sobre esta compañía, cuyo objetivo final es la exclusión de Bolsa. Según ha comunicado la empresa a la CNMV, los actuales miembros de dicha comisión cesarán en sus cargos como vocales de la misma, pero se mantendrán como vocales del consejo de administración y del resto de comisiones consultivas a las que pertenezcan. Entre los cargos que están presentes en esa comisión delegada están el presidente del grupo Miguel Ángel López y el consejero delegado Jochen Eickholt. Esta comunicación se produce un día después de que comenzara el periodo de aceptación de la oferta pública de acciones (opa) que el hólding de energía Siemens Energy ha lanzado sobre el 32,9 % del capital social de Siemens Gamesa Renewable que aún no controlaba. El precio que se ofrece a los accionistas de Siemens Gamesa es de 18,05 euros por título y tendrán hasta el 13 de diciembre para decidir si la aceptan.

La mayoría sindical del Metal de Bizkaia, integrada por CC OO, LAB y UGT junto con otras centrales, lanzó ayer nuevas advertencias a la patronal después de registrar el martes una nueva ronda de huelgas por la falta de acuerdo en la renovación del convenio colectivo. En esta ocasión serán cinco jornadas de paro, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, y las centrales advierten de que «irán hasta el final» si la patronal FVEM «sigue en el inmovilismo». ELA, que va por separado en las movilizaciones, ya ha advertido de que «no descarta una huelga indefinida». En una comparecencia conjunta, CC OO, LAB y UGT denunciaron ayer que la patronal había acudido a la reunión del martes con una «mejora mínima» pese al éxito de las huelgas celebradas a finales de octubre. En concreto, FVEM incrementó en un punto hasta el 13% la subida salarial para el convenio, que se extiende de 2022 a 2025. La propuesta contempla también una cláusula de revisión con el IPC, pero solo se consolidará una diferencia del 3%. Los sindicatos denuncian que hay retrocesos en contenidos como la garantía mínima o la flexibilidad. Las centrales criticaron que esta propuesta «precariza y empobrece al sector mientras las empresas que bloquean el convenio –señalaron a Tecuni, Arteche, Sidenor, Eldu y Ormazabal– acumulan beneficios». Frente a la afirmación de la patronal de que han firmado convenios en otros territorios con ofertas parecidas, contestaron que su referencia es Álava, donde los salarios se revisarán con el IPC sin límites. 

El paro indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte a partir del lunes comienza a desinflarse. Una de las plataformas más representativas del sector, Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), decidió ayer por unanimidad en una asamblea extraordinaria no secundar la huelga. En Euskadi, el sindicato de autónomos, Hiru, confirmó ayer, como adelantó este periódico, que tampoco se suma al paro. Lo mismo trasladó la patronal guipuzcoana del sector, Guitrans. Fenadismer, que representa a 32.000 pymes y autónomos del transporte de mercancías con más de 60.000 vehículos, apoyó el pasado mes de marzo los paros que lideraba Manuel Hernández, presidente de la Plataforma del Transporte por Carretera, lo que complicó muchísimo la situación y tensionó enormemente la cadena de distribución, con desabastecimiento de ciertos productos en algunos supermercados durante semanas. En esta ocasión da un paso atrás después de celebrar una asamblea extraordinaria para preguntar a sus asociados su opinión. En un comunicado aseguraron que las medidas que se han tomado no justifican esta acción de «presión límite». Explicaron que la situación del transporte no es la misma que había en marzo y que las ayudas que entonces se aprobaron han permitido incrementar sus tarifas y disfrutar de bonificaciones que ayudan a compensar el impacto de la subida de costes. El rechazo es unánime también por parte de la patronal de empresarios (CEOE), los autónomos (ATA) y la confederación de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme). En un comunicado conjunto las tres organizaciones expresaron su oposición al paro previsto para el lunes al entender que «solo agravará la difícil situación económica» en la que ya se encuentran las empresas y la población.

Las dificultades que está encontrando Osakidetza para cubrir plazas de médicos especialistas y de personal de enfermería, agudizadas desde la crisis sanitaria del Covid, han llevado al Departamento de Salud a estar muy pendiente de la tramitación de la nueva ley vasca de Empleo Público, que el Gobierno Vasco prevé aprobar «en los próximos meses» en el Parlamento. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, alude en una respuesta parlamentaria a un artículo concreto de este proyecto de ley –el 72.5– como vía legal para que los profesionales sanitarios extracomunitarios, que en la actualidad no pueden optar a la mayoría de los contratos de Osakidetza, puedan contar con una «exención del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal estatutario». Y avanza que «será entonces (cuando el Parlamento apruebe la nueva ley de Empleo Público) cuando Osakidetza podrá modificar los requisitos de nacionalidad en los términos en los que se apruebe». La contratación de profesionales sanitarios de origen extracomunitario –los nacionales de los estados miembros de la UE sí pueden participar en los procesos selectivos para el acceso al empleo público– es una cuestión que colea desde hace años, pero que ha cogido fuerza tras la pandemia por la excepción que se hizo en España durante los estados de alarma para reforzar el sistema sanitario, que conllevó una exención del requisito de nacionalidad para los profesionales sanitarios extracomunitarios. Una vez decaída la alerta sanitaria, sin embargo, esas personas que reforzaron la sanidad pública en momentos de máxima necesidad ven cómo ya no pueden optar a las listas de sustituciones de Osakidetza o a cualquier otro contrato coyuntural en la sanidad pública, al tratarse de contratos estatutarios que incluyen el requisito de nacionalidad. En el mejor de los casos, pueden optar a un contrato laboral en la sanidad privada. De ahí que en las clínicas de titularidad privada sea más habitual encontrar a personal de origen extracomunitario, principalmente suramericano.

El National Institutes of Health (NIH) ha sellado un acuerdo con Sherpa.ai para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras a través de la nueva plataforma de inteligencia artificial de la compañía vasca. La reconocida institución es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU y la agencia de investigación para la salud de este país. Se trata de la agencia de investigación biomédica más grande del mundo. Con la solución de Sherpa.ai, el NIH podrá entrenar sus algoritmos con datos de diferentes hospitales y organizaciones científicas repartidas por todo el mundo “de una forma segura y sin que estos compartan datos de los pacientes, respetando así su privacidad y permitiendo el avance científico”, señala Xabi Uribe-Etxebarria, fundador y CEO de la startup. El directivo explica que las instituciones médicas están recurriendo cada vez más a la inteligencia artificial para encontrar tratamientos para enfermedades que hasta ahora no tienen cura. El problema es que para que los algoritmos que ayudan a detectar lo que el ojo humano no puede ver sean efectivos necesitan aprender de datos de pacientes, que suelen ser privados y confidenciales. En la mayoría de los casos la privacidad de datos y la regulación imposibilita compartirlos, frenando los avances en la cura y tratamiento de enfermedades. Un hecho que se complica aún más cuando se trata de enfermedades raras, pues hay muy pocos casos y, la mayoría de las veces, los datos están dispersos en diferentes hospitales, regiones e incluso países con normativas diferentes. Uribe-Etxebarria aclara por qué el Departamento de Salud de EE UU ha elegido su tecnología. “La manera tradicional de hacer que esos algoritmos aprendan sería enviar esos datos médicos privados a un servidor común y entrenarlo, pero eso vulneraría la privacidad de los pacientes e incumpliría la regulación. En cambio, nuestro software permite que el entrenamiento se distribuya y se produzca en local y solo las mejoras se combinan en la nube, de modo que ningún dato del paciente saldrá del hospital”.

El científico vasco Pedro Miguel Etxenike, exconsejero del Gobierno Vasco, premio Príncipe de Asturias e impulsor y presidente del Donostia International Physics Centre (DIPC), hizo ayer un alegato en favor no solo de las ciencias, sino también de esas otras materias «inútiles» que alientan la creatividad y son imprescindibles en la vida. «La utilidad de lo inútil», expresó. El investigador participó en el Palacio Kursaal de San Sebastián en la undécima edición de la jornada Global Innovation Day (Día Mundial de la Innovación), organizada por la agencia vasca de innovación Innobasque, coincidente con la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Protagonizó un diálogo con el director del Museo Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, sobre ciencia, arte y creatividad, en el que coincidieron en la necesidad de que ciencia y arte, con sus especificidades y diferencias, deben «convivir en equilibrio», porque son disciplinas «complementarias» que en armonía «favorecen el progreso de una sociedad». El físico navarro huyó de los discursos negativos y la «tendencia a la autoflagelación». «No estamos tan mal», recalcó. «En el ámbito de la investigación, el autogobierno cambió la ciencia vasca. A finales de los 70, antes de llegar el autogobierno, Euskadi dedicaba el 0,087% del PIB; el primer Gobierno Vasco lo elevó al 0,76%, y hoy estamos por encima del 4%». En esa línea positiva, abogó por afrontar la vida y los retos con ilusión y optimismo. «Frente a la teoría que dice que ‘el que espera padecer, ya padece lo que espera’ yo defiendo que ‘el que espera disfrutar, ya disfruta lo que espera’». Ambos intelectuales también convinieron que ciencia y arte «necesitan libertad en el ejercicio y desarrollo de las ideas, medios adecuados, y continuidad en las políticas». 

Volkswagen construirá finalmente su gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia). El que es uno de los proyectos industriales más ambiciosos de las últimas décadas será una realidad después de que se hubiera puesto en duda por la baja asignación de fondos y ayudas públicas por parte del Gobierno. La compañía confirmó ayer que aceptará los recursos asignados a través del Perte del vehículo eléctrico y conectado, que para sus proyectos en España ascienden a 397 millones de euros. «Este plan impulsará la transformación de nuestra industria y ayudará a crear miles de nuevos empleos y a mantener la competitividad del país. La aceptación del Perte por parte del Grupo Volkswagen y de Seat es una muestra del firme compromiso con España y con Europa», aseguró ayer el presidente de Seat y dirigente del grupo Volkswagen, Wayne Griffiths. Eso sí, desde la multinacional matizan que «seguirán buscando soluciones para desarrollar el plan de electrificación». Unas palabras que hacen referencia directa a que tratarán de captar más ayudas. Las subvenciones siempre se han dado por descontado, el problema es que los fondos estaban por debajo de las expectativas. La multinacional esperaba en torno a 1.000 millones entre ayudas y préstamos, pero en un primer momento ni tan siquiera llegaban a 170. Tras la amenaza de echarse atrás en su plan los fondos se han incrementado hasta rozar los 400 millones en la resolución provisional, si bien aún saben a poco.

En el tejido empresarial español, constituido mayoritariamente por pymes, llueve sobre mojado. Cuando las empresas pugnaban todavía por cicatrizar las heridas abiertas por el Covid, se han encontrado de frente con una nueva crisis de alcance y consecuencias aún imprevisibles: la guerra en Ucrania, que ha disparado los costes energéticos y de producción, forzando al BCE a subir los tipos de interés para aplacar la curva inflacionista, y que está conduciendo a Europa a una nueva recesión. En este escenario, de falta de liquidez por el fuerte incremento de los costes, Cepyme denunció ayer el endurecimiento del crédito a las pequeñas y medianas empresas. “El nivel de nuevos créditos para pymes es un 3% menor que antes de la pandemia”, señaló ayer en un comunicado la patronal, que advirtió de que la espiral de los precios añade una peligrosa derivada al reducir el volumen de crédito respecto a las ventas. “Si antes del Covid se captaba de financiación el 22,4% de las ventas, en el tercer trimestre de 2022 solo se alcanzó el 16%”. “La inflación provoca que la misma cantidad de euros concedida sirva para financiar una proporción más baja de ventas y esto afecta a la necesidad de liquidez en las empresas”, explica Cepyme. En otras palabras, las empresas españolas empiezan a sufrir ya los efectos del volantazo en la política monetaria del BCE para intentar contener la inflación. Una tendencia a la restricción crediticia y al empeoramiento de las condiciones de financiación que, según la patronal, “se agravará en el cuarto trimestre” por la incertidumbre y el deterioro de las perspectivas económicas. En este contexto, Cepyme reclamó ayer al Gobierno “un plan integral de apoyo a la empresa que alivie la falta de liquidez actual” y le urgió a hacer más flexible y accesible el primer tramo de 5.000 millones de euros de los nuevos créditos ICO aprobados en marzo, que está teniendo “un uso residual debido a las complejidades del proceso”. 

Los indicadores adelantados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apuntan a una recesión cada vez más intensa entre los países avanzados y, particularmente, en Europa. Y, dentro de Europa, España queda como uno de los países más rezagados, solo por delante de Italia entre las grandes economías del euro. Un deterioro que la Organización atribuye a “la alta inflación y el aumento de los tipos de interés”, que han golpeado tanto a Estados Unidos y Canadá como a Europa en su conjunto, aunque más a esta última. El indicador adelantado compuesto de la OCDE, publicado ayer, se contrajo dos décimas, hasta los 98,4 puntos, una cifra que se aleja cada vez más del umbral de 100 enteros que marca la diferencia entre un crecimiento por encima y por debajo de la tendencia en el largo plazo. Y las cifras son todavía peores para Europa, ya que la caída fue algo mayor, de tres décimas, hasta los 98 puntos. Y, en el caso de España, la situación es incluso peor, ya que la economía nacional desciende hasta los 97,3 enteros. Es decir, el segundo peor puesto entre los grandes países de la eurozona, solo por delante de Italia, y el décimo, por la cola, entre los 38 países que analiza la OCDE, que incluyen a las grandes economías emergentes además de a sus socios. Este frenazo económico generalizado viene produciéndose desde finales del año pasado, cuando el efecto rebote tras el levantamiento de las restricciones sanitarias se empezó a agotar y dio paso a un cierto recalentamiento de la economía, con las cadenas de suministro tensionadas en muchos puntos, y ciertas subidas de precios en la energía y los productos intermedios. 

Alemania prohibió ayer la venta de dos fábricas de semiconductores a China por cuestiones de seguridad. El Gobierno federal vetó la venta de la firma Elmos, con sede en Dortmund, a un inversor chino, así como la entrada de otros inversores también chinos en una segunda empresa, cuyo nombre no quiso citar el ministro de Economía, Robert Habeck. No obstante, medios germanos señalaron a la firma bávara ERS Electronics como la segunda empresa vetada para China. «Se trata de salvaguardar y proteger la seguridad del orden en Alemania», afirmó el político ‘verde’ a la hora de argumentar la prohibición dictada por Berlín, quien subrayó que determinadas áreas productivas de la industria alemana deben ser protegidas de manera especial. «Precisamente en el campo de los semiconductores es importante para nosotros defender la soberanía tecnológica y económica de Alemania y Europa», comentó el también vicecanciller federal. Alemania tiene una economía de mercado abierta y las inversiones extranjeras, también las procedentes de fuera de la Unión Europea, son bienvenidas, «pero una economía de mercado abierta no es una economía de mercado ingenua», sobre todo en lo que concierne a China, dijo sin tapujos Habeck, para quien Pekín persigue «una actuación consciente y estratégica» en el campo de los semiconductores para «controlar su producción» a nivel global.

Bruselas propone sustituir las rígidas reglas fiscales que marcan los objetivos de deuda y déficit de toda la Unión Europea por sendas de consolidación específicas para cada país ligadas su gasto neto anual, atenuadas para aquellos estados que comprometan inversiones y reformas estructurales que potencien su crecimiento. Así lo anunciaron ayer el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable del área económica, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, al poner en juego el balón de la reforma del sistema comunitario de gobernanza económica, que los estados miembros comenzarán a discutir ahora a partir de esta propuesta retomando un debate que quedó en suspenso con la irrupción de la pandemia a inicios de 2020. “Queremos un sistema más sencillo de reglas fiscales, con más responsabilidad asumida a nivel de cada país, más margen de reducción de la deuda y una aplicación más estricta”, resumió Dombrovskis, reconociendo que el ortodoxo sistema vigente no ha sido efectivo y que “hay mucho que aprender” de la experiencia acumulada tras la crisis financiera, que ha dejado dolorosos recortes sin mejorar la salud de las cuentas públicas. “Los valores de referencia siguen ahí, un límite del 3% del PIB de déficit público y del 60% de ratio de deuda, pero el objetivo es la sostenibilidad de la deuda pública, para lo que habrá que combinar consolidación fiscal con reformas que favorezcan el crecimiento”, detalló.

El Ejecutivo se dispone a mantener la estructura principal de los dos impuestos que afectarán a grandes empresas de banca y sector energético y que ingresarán 7.000 millones en dos años. Este jueves se cierra formalmente el plazo de enmiendas parciales a la proposición de ley que recogerá las dos nuevas figuras, además del impuesto a los ricos y la limitación a los grupos consolidados de compensar pérdidas de sus filiales. Los dos partidos que conforman el Gobierno, a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso, registrarán sus respectivas enmiendas. Sin embargo, según fuentes del Ejecutivo, previsiblemente ninguna incluirá modificaciones de calado. El impuesto a la banca, que pretende recaudar 3.000 millones en 2022 y 2023, parte de aplicar una tasa impositiva del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. Aunque organismos como el BCE se han mostrado contrarios a este gravamen porque “podría distorsionar la competencia” y “trasladar” su coste a los clientes, el Ministerio de Hacienda recuerda que el dictamen del supervisor bancario no es vinculante y sostiene que solo pide redefinir cuestiones técnicas. “No parece que vaya a haber grandes cambios”, explican fuentes del Gobierno.

Las grandes fortunas de España viven estos días expectantes a la espera de que el nuevo “impuesto solidario” anunciado por el Gobierno como gravamen extraordinario y temporal a la riqueza cobre forma para terminar de hacer balance de daños. De momento, en todo caso, el Ministerio de Hacienda ha dado una serie de datos clave que permiten ir perfilando al colectivo de afectados y la magnitud del impacto. Para empezar, el nuevo impuesto solo gravará a las fortunas superiores a los 3 millones de euros, lo que directamente deja exentos de tributar a nueve de cada 10 declarantes del Impuesto de Patrimonio. A partir de ahí, los datos de la Agencia Tributaria permiten estimar qué número de contribuyentes quedará sujeto a cada escala de gravamen y acota a unas 3.700 fortunas el pago del tipo marginal más alto previsto, del 3,5%. Finalmente, el hecho de que el pago de Patrimonio sea 100% deducible indica que el abono del nuevo tributo básicamente será notable para los contribuyentes más acaudalados de Madrid y Andalucía, donde el tributo original ha sido suprimido en la práctica, y Galicia, que ha elevado su bonificación del 25% al 50%. El nuevo impuesto solidario replicará el esquema de Patrimonio, según fuentes de Hacienda, incluyendo la base imponible a gravar y las exenciones previstas para la empresa familiar por ejemplo. Sin embargo, mientras que Patrimonio parte de un mínimo exento de 700.000 euros (más hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual), lo habitual es que allá donde se abona solo afecte a fortunas a partir del millón de euros. En el caso del nuevo impuesto solidario, el corte se pone en 3 millones.

Meta, el dueño de Facebook, Instagram y Meta, anunció ayer el despido de 11.000 trabajadores, el 13% de su fuerza laboral, en la primera gran reestructuración de su historia y una de las mayores de la industria tecnológica. Golpeada por la caída del negocio y el hundimiento de su cotización, la compañía prescindirá de empleados en todo el mundo y en todos sus negocios, según comunicó su consejero delegado Mark Zuckerberg. El empresario reconoció en una carta a los empleados que los recortes se producen tras haber tomado decisiones equivocadas en los últimos años, que le llevaron a disparar las inversiones y contrataciones. “Me equivoqué y asumo la responsabilidad”, dijo. Zuckerberg señaló que erró al dar por sentado que el crecimiento de los ingresos experimentado durante la pandemia iba a continuar. Además de subrayar las dificultades derivadas del actual entorno macroeconómico, Zuckerberg reconoce el impacto negativo de la caída del rendimiento de la publicidad y del aumento de la competencia. En este sentido, Meta ha sufrido en los últimos trimestres los efectos de los cambios de privacidad de Apple y el ascenso de TikTok. Todos estos factores “hicieron que nuestros ingresos fueran mucho más bajos de lo que esperaba”, dijo. El fundador de Facebook explicó que la compañía también va a reducir sus gastos discrecionales y va a extender hasta el primer trimestre la política de congelación de contrataciones con el fin de ser “una empresa más ágil y eficiente”. Zuckerberg aseguró que monitorizará el rendimiento del negocio, la eficiencia operacional y los indicadores macroeconómicos para determinar cuándo reactivar las contrataciones.

Con el 98,2% de los votos escrutados, el candidato demócrata al Senado por el estado de Georgia, Raphael Warnock, sería el vencedor con un 49,4% de los votos. Sin embargo, al no llegar al 50%, los comicios tendrán que repetirse en una segunda vuelta el 6 de diciembre si se confirman estos resultados en las próximas horas. Y de las victoria de Warnock frente al conservador Herschel Walker depende todo el equilibrio de poder en el Congreso de Estados Unidos. Las encuestas ya adelantaban que se trataba de las elecciones de medio mandato más polarizadas que se recuerdan en el país. Y los resultados lo demuestran, ya que no pueden estar más ajustados. Se trata de un empate técnico, en el que hasta el último voto será determinante, sobre todo en el Senado. En lo que no han acertado los pronósticos ha sido en la debacle del Partido Demócrata, que si bien es casi seguro que haya perdido la mayoría en la Cámara de Representantes, al menos tiene posibilidades de conservar el control en el Senado. Tampoco se han cumplido los pronósticos del expresidente Donald Trump, que prometía una gran “ola roja”, cuando no un “tsunami”. Y, pese al modesto avance, ni siquiera ha llegado ni ha marejada. “Los resultados de las elecciones [para el Partido Republicano] han sido por la mínima posible; de hecho han sido los peores resultados de un partido en la oposición desde el 2002”, asegura el asesor político Juan Verde.

Tras el informe presentado por el comandante en jefe del Ejército ruso en Ucrania, el general Serguéi Surovikin, detallando las dificultades a las que se tienen que enfrentar las tropas, en primer lugar los suministros de pertrechos y la logística, el ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, dio ayer orden de retirada a las fuerzas de toda la parte de Jersón situada al norte del río Dniéper, los territorios de la orilla derecha, lo que incluye la ciudad que lleva el mismo nombre, y efectuar el repliegue hacia la ribera izquierda para defender mejor la zona y evitar el avance ucraniano hacia Crimea. Las imágenes de la reunión castrense fueron retransmitidas por los principales canales de televisión rusos. «Al evaluar de manera integral la situación actual, proponemos organizar la defensa a lo largo de la margen izquierda del río Dniéper. Entiendo que es una decisión muy difícil, pero al mismo tiempo preservaremos así lo más importante, la vida de nuestros militares y la capacidad de combate», declaró Surovikin ante Shoigu. Según sus palabras, existía «una amenaza adicional para la población civil y el completo aislamiento del grupo de tropas en el margen derecho del Dniéper» y añadió que «se liberará parte de las fuerzas y medios que se utilizarán para operaciones activas, incluidas las ofensivas, en otras direcciones de la zona». A lo que, tras la intervención del general, Shoigu dijo estar «de acuerdo con sus conclusiones y sugerencias. El jefe del mando en Ucrania habló de la destrucción de puentes sobre el Dniéper por parte de las fuerzas de Kiev y de las dificultades de abastecimiento derivadas de ello.