20231026

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha destacado, en la inauguración de la XXIII edición del Congreso de Fabricación Avanzada y Máquinas-Herramienta (23 CMH) organizado por la Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM) en Donostia, la "gran capacidad de adaptación" de la industria vasca en un contexto "que es y seguirá siendo incierto". En la apertura del evento que se desarrolla hasta este viernes en el parque científico y tecnológico de Gipuzkoa, Urkullu ha asegurado que Euskadi "seguirá creciendo y aspira a reducir la tasa de paro por debajo del 7% en 2024". Acompañado de la consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y del presidente de AFM Cluster, José Pérez Berdud, el lehendakari ha asegurado que la economía y la industria vasca "están mostrando en estos últimos años una gran capacidad de adaptación" en un contexto "incierto" ante el cual "tenemos que estar preparados". En este contexto, ha insistido en que Euskadi ha sabido "desenvolverse razonablemente bien" gracias a que cuenta con un modelo "definido y reconocible". Además, ha puesto en valor que la Comunidad Autónoma Vasca cuenta con un tejido industrial "competitivo" organizado a través de los clústeres y "que se esfuerza por mantener sus señas de identidad: diversificación, especialización, innovación y apertura al exterior".

Hasta 36 empresas vascas se han adjudicado un total de 43,3 millones de euros dentro de las ayudas que el Gobierno de España ha destinado al sector industrial que emplea el gas como principal combustible. Una actividad con un gran peso en Euskadi por la presencia de importantes compañías en la siderurgia, el papel o la fabricación de vidrio. Las ayudas llegan diez meses después de que se anunciaran en el programa de medidas contra los efectos de la guerra en Ucrania que el Gobierno central aprobó en las navidades pasadas. Un total de 450 millones de euros para paliar los efectos de una subida de precios que obligó a más de una compañía a parar su actividad. La resolución del Ministerio de Industria se publicó ayer y otorga casi el 10% de los 450 millones, ese total de 43,3 millones, a empresas vascas. Una planta alavesa del grupo siderúrgico Celsa es la que más ha recibido, con 2,7 millones de euros. En el mismo sector están Sidenor, con 2,3 millones; Aceros Olarra, con 2,2; y las plantas de ArcelorMittal en Olaberria y Bergara, con 1,5 millones. La de las papeleras es otras de las actividades más afectadas. Smurfit Kappa se ha adjudicado en las ayudas 2,4 millones y Papelera Guipuzcona de Zicuñaga, 2,6 millones. En el sector del vidrio destaca Guardian, con 1,3 millones, los mismos que se ha adjudicado a la fabricante vizcaína Vicrila.

Euskadi, a pesar de ser pionera en las figuras para complementar la pensión con las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), se había quedado atrás respecto a los autónomos y su acceso a estos planes de pensiones. Así, los más de 160.000 trabajadores vascos por cuenta propia solo pueden acudir a una EPSV individual de las que ofrecen las entidades financieras. En cambio, el Estado sí había dado ese paso. La reforma del sistema impulsada este año por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene ya en funcionamiento una figura específica para los autónomos a la que pueden recurrir. El Gobierno vasco prepara la creación de una EPSV para autónomos que presentará antes de fin de año tras firmar un convenio con las Cámaras de Comercio que darán el sujeto jurídico a la entidad de gestión. Ayer fue el propio el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien adelantó la intención de su Ejecutivo: «Establecer un nuevo sistema de previsión social para el colectivo de personas trabajadoras autónomas». El anuncio lo realizó en la celebración del 40 aniversario de la aprobación de la primera ley de EPSV del País Vasco, en 1983, tras recordar que el patrimonio que hoy atesoran es de 26.867 millones, el 31% de todo el PIB vasco y que sus socios, 847.887 personas, representan al 45% de los ciudadanos vascos mayores de 16 años. Las consecuencias de contar con una EPSV de autónomos, que se equipararía en condiciones a las de empleo, no son menores. Además de las comisiones que cobran los gestores, el tratamiento fiscal varía notablemente. En una EPSV individual pueden reducirse en la base imponible del IRPF las aportaciones realizadas hasta un tope de 5.000 euros. Esas son las condiciones que tienen actualmente los autónomos vascos si van a un banco a abrir un plan individual. En cambio, las EPSV colectivas –en las que la aportación es realizada por empleado y empresa– la reducción puede escalar hasta los 8.000 euros. La creada por el Ministerio de Seguridad Social establece un límite de 5.750 euros, luego un autónomo contaría con mejores condiciones fuera de Euskadi.

EH Bildu, PP y Elkarrekin sacaron ayer adelante una moción que insta a la Diputación a implantar «medidas económicas urgentes» para garantizar la viabilidad de las bodegas pequeñas y familiares en Rioja Alavesa, y hacer frente a la falta de liquidez actual. El texto incluye que se haga cumplir la Ley de Cadena Alimentaria; es decir, que se controle que la uva no se vende a un precio menor a lo que ha costado producirla. La moción aprobada por la oposición –Vox se abstuvo como suele hacer con las mociones que presenta la izquierda abertzale– pide medidas a la Administración foral que, en ningún caso, son de obligado cumplimiento. «Es paradójico que las bodegas estén en la mayor crisis de su historia y a la vez haciendo mejores vinos que nunca. Eso no lo dice EH Bildu, sino el gurú del vino Tim Atkins», recordó la portavoz independentista, Eva López de Arroyabe. Los populares y Elkarrekin accedieron a respaldar su moción tras decaer un punto concreto con el que los independentistas pretendían «apoyar de forma pública y directa a las bodegas alavesas que decidan emprender caminos empresariales fuera del Consejo Regulador de Rioja, para poder así hacer una diferenciación exclusiva de sus vinos». Es decir, querían respaldar a ‘Viñedos de Álava’, la iniciativa que planteó la asociación de bodegueros ABRA y que ahora mismo está paralizada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. «Unos quieren utilizar las ciencias políticas para diferenciar los vinos y otros queremos emplear las ciencias naturales para darles más valor», reivindicó Dani García, juntero del PP y alcalde de Labastida. «Hay que darle ‘caña’ al Consejo Regulador», opinó el portavoz foral de Elkarrekin, David Rodríguez, quien reclamó que la institución presidida por Fernando Ezquerro facilite mayor representación de las bodegas más humildes.

Elixabete Etxanobe se pronunció ayer por primera vez respecto a las obras del Tren de Alta Velocidad. Lo hizo sin salirse ni un milímetro de la estela marcada por su predecesor, Unai Rementeria. La diputada general reivindicó el carácter «estratégico» que tiene la obra para el futuro de Bizkaia, enumeró incluso los beneficios económicos y medioambientales que tendrá su puesta en funcionamiento y los perjuicios que supone su retraso, pero eludió aclarar si el Gobierno foral se sumará a la financiación. Es lo que le vienen solicitando desde hace tiempo otras administraciones que también gobierna el PNV. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao. «Por ahora no estamos en disposición de tomar ninguna decisión», zanjó. La Diputación se aferra a que los trabajos que deben desarrollarse en Bilbao para soterrar Abando, la parte de la ejecución de la ‘Y’ vasca a la que podría aportar dinero, no entran dentro de sus competencias. Las cuestiones de ordenación ferroviaria dependen del Estado y las urbanísticas del Ayuntamiento. «Si en algún momento existe algo que dependa de nosotros, lo financiaremos», concedió Etxanobe. Lo que sí avanzó la diputada general es cuándo estará en condiciones de aclarar su postura. Quiere esperar a que la ingeniería Fulcrum acabe el proyecto constructivo del soterramiento de la estación de Abando. Si se cumple el cronograma fijado recientemente por el Ministerio de Transportes, el diseño, que acaba de comenzar, puede tardar hasta cinco años en ver la luz. «Queda un largo camino, estamos en una fase preliminar, así que debemos ser prudentes», insistió la dirigente vizcaína.

La primera de las dos jornadas de huelga convocadas en todo el sector público vasco para reivindicar mejores condiciones se saldó ayer con la habitual guerra de cifras. Los sindicatos convocantes –ELA, LAB, CC OO, Steilas, Satse y ESK– calificaron de «éxito» el paro por su «amplio» seguimiento, mientras que el Gobierno vasco aseguró que la incidencia fue desigual y limitada. Con datos muy diferentes, ambas partes sí coincidieron en que se hizo notar más en la enseñanza, el transporte público y los medios de comunicación, mientras que apenas tuvo impacto en el ámbito sanitario, algo que las centrales achacaron a los «abusivos» servicios mínimos establecidos. En todas las huelgas se repiten estas discrepancias, pero en esta se agudizaron porque era un llamamiento global a los más de 150.000 trabajadores del sector público de Euskadi, en medio de un fuerte pulso entre los sindicatos y el Gobierno vasco. El lehendakari ha dicho en múltiples ocasiones, y ayer lo repitió el vicelehendakari, Josu Erkoreka, que este paro, que se repetirá el 19 de diciembre y que se suma a una avalancha de protestas en los servicios públicos, tiene «tintes políticos» y pretende dar sensación de «caos» en la antesala de las elecciones autonómicas de 2024. Los sindicatos convocantes, de los que solo se ha desmarcado UGT, reclaman que hay razones más que suficientes para las movilizaciones. Reivindican que los salarios y el empleo público se negocien en Euskadi para que se recupere el poder adquisitivo perdido –más de un 20% desde 2009– y se reduzca la temporalidad al 8%.

La primera jornada de huelga convocada por la mayoría sindical en el sector público enconó ayer las posturas entre las centrales y el Gobierno Vasco. La primera jornada de huelga convocada por la mayoría de los sindicatos en todo el ámbito público vasco dejó patente una vez más que las posturas entre las centrales y el Ejecutivo Vasco siguen enconadas. Unos y otros se aferraron ayer a sus argumentos y aunque el Ejecutivo dejó abierta la puerta a que se trasladen nuevamente las reclamaciones a las mesas de negociación, con las limitaciones de competencia que esgrime para algunas cuestiones centrales, los sindicatos defienden que hasta ahora dichos foros han sido estériles, por lo que se mantiene la pugna con otra convocatoria para el próximo 19 de diciembre. El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, fueron los encargados de marcar la posición del Ejecutivo vasco, mientras los sindicatos lo hicieron al calor de las manifestaciones convocadas a media mañana de ayer en las tres capitales vascas, que congregaron, según dichas fuentes, a 30.000 personas, y «avalados por el respaldo cosechado» en esta primera jornada. A la misma estaban convocadas 150.000 trabajadores para protestar por el «deterioro» de las condiciones laborales y reclamar una apuesta decidida por el sector público.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha insistido en que la huelga del sector público pretende dar sensación de que existe un 'caos' en Euskadi en la antesala de las elecciones autonómicas vascas, que se celebrarán en 2024. Tras señalar que no cree que haya «un contubernio», ha afirmado que sí considera que se da «un acuerdo en el trasfondo que confluye en ese objetivo final». Horas más tarde, el lehendakari Iñigo Urkullu también se ha referido a los paros y, aunque ha emplazado para las valoraciones al final de la jornada, sí ha pedido a los sindicatos que «siendo deseable toda mejora social», hay que ser consciente de la «realidad social» en la que estamos. Urkullu ha sido en ocasiones anteriores bastante duro con estas protestas a las que ha acusado de buscar réditos que van más allá de lo laboral. El jefe del Gobierno ha insistido, además, en que muchas de las reivindicaciones que motivan las protestas «tienen que ser atendidas en otro ámbito fuera de lo que es la Comunidad Autónoma del País Vasco». A su juicio, «en este país se da la paradoja de que un sector creciente de la población -algo que no ocurría en el pasado y que últimamente se está produciendo con especial intensidad-, aspira a la función pública, a un empleo público, y en cuanto accede al empleo público ya se encuentra inmediatamente insatisfecho, y empieza a plantear reivindicaciones y demandas cuando su aspiración vital» era acceder a la función pública. En cuanto al proyecto de Presupuestos vascos para 2024, que supone un montante histórico de más de 15.000 millones de euros, de los que una tercera parte (5.900) iría destinado a salarios del sector público, ha señalado que, en concreto, en el Departamento de Seguridad, prácticamente tres de cada cuatro euros se destinan financiar las retribuciones del personal.

El Ayuntamiento de Bilbao al fin ha aprobado el proyecto de ordenanza que regulará la zona de bajas emisiones (ZBE). Tal y como había avanzado este periódico, se corresponderá con los barrios de Abando e Indautxu. Lo que va a implicar es que la mitad de los coches que circulan por la ciudad no podrá ni rodar ni aparcar en las calles del centro los días laborales entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde. En concreto, los vehículos que tendrán prohibido el acceso son aquellos que no cuentan con etiqueta 0, ECO o C. Es decir, los de gasolina matriculados antes de enero de 2006, y los diésel anteriores a septiembre de 2015. Como en el resto de zonas de este tipo que ya están implantadas por ciudades de toda España, hay una excepción para los residentes, que sí podrán llegar a sus casas. El plan del Área de Movilidad y Sostenibilidad es que la regulación entre en vigor durante el primer trimestre del próximo año, y lo haga de un modo progresivo. «Las restricciones de acceso y circulación irán activándose paulatinamente desde la entrada en vigor de la ordenanza hasta finales de 2029», ha dejado caer sin más concreción el equipo de gobierno. Consultado el departamento competente, fuentes municipales dan alguna pista más. Los vehículos que se consideran grandes contaminantes, esto es, aquellos que no tienen etiqueta (los de gasolina anteriores a 2001, y los diésel anteriores a 2006) tendrán vetado el acceso al centro de la ciudad desde el momento mismo de entrada en vigor de la ordenanza, en el primer trimestre del próximo ejercicio; salvo que tengan una plaza de aparcamiento en propiedad o arrendada, en cuyo caso podrán seguir entrando hasta finales de año.

Es una de las últimas zonas de expansión de Bilbao. El jurado del concurso convocado para diseñar la Punta Zorrotza del futuro ya ha decidido al equipo encargado de diseñar esta zona en la que languidecen algunos de los vestigios industriales más valiosos. La propuesta titulada 'LotURA', de la ingeniería IDOM es la que inspirará el desarrollo urbano de la zona. El objetivo del concurso era dar con la mejor idea para abordar la recuperación ambiental y paisajística de los márgenes de la ría y el Cadagua, así como con el encaje de las viviendas, espacios verdes y el denominado 'hub' audiovisual que el Ayuntamiento quiere implantar allí. También se soterrarán las vías del tren. El Ayuntamiento recibió siete propuestas y el jurado, compuesto por el alcalde, Juan Mari Aburto, el edil de Planeamiento y urbanistas, escogió la de IDOM. Por un lado, porque promueve el aprovechamiento del espacio público en la ribera de la ría del Nervión y el Cadagua y reserva 58.126 metros cuadrados para zonas verdes. Según la propuesta, se respetará la vegetación y el ecosistema de la ribera, se regenerará el dique y se crearán huertos urbanos, además de bancadas de conexión con la ría que favorecerían el desarrollo de eventos al aire libre. El Ayuntamiento aspira a que este espacio dedicado a la industria audiovisual incluya una zona de acceso a la lámina de agua mediante pantalanes, además de tres o cuatro espacios exteriores para filmación, un plató digital, una zona para oficios, espacios para post-producción, oficinas, almacenaje, camerinos, comedores, salas de reuniones…La propuesta de IDOM plantea que se rehabiliten tres pabellones industriales existentes para oficinas, camerinos y demás servicios vinculados. Aquí se reserva espacio también para centros culturales y artísticos. El patrimonio protegido de la zona también se recuperará.

Tras más de dos años de negociaciones y debates tanto en público como en privado entre ellos, con el resto de formaciones políticas y con todos los agentes de la enseñanza, PNV y PSE-EE buscan un desenlace de la Ley de Educación por la vía rápida. La comisión del ramo en el Parlamento vasco constituyó ayer la ponencia en la que los grupos discutirán las enmiendas presentadas al proyecto, el último paso de la tramitación antes de su votación definitiva. Y, según el calendario propuesto, será un trabajo exprés, con menos de un mes de plazo, de manera que la norma pueda quedar ratificada en diciembre. La ley educativa, la iniciativa más trascendental del tercer mandato de Iñigo Urkullu, ha entrado así en su fase decisiva. Su aprobación está garantizada por la mayoría absoluta de jeltzales y socialistas, que zanjaron sus discrepancias con un pacto sobre la bocina que blinda el sistema de modelos lingüísticos. Los socios de coalición, con más o menos empeño, desean ensanchar los apoyos para una norma que pretende perdurar durante décadas. El único respaldo posible es el de EH Bildu, que sin embargo lleva semanas alejándose al mostrarse en contra del mantenimiento de los itinerarios A, B y D.

Aecoc, la patronal de empresas de gran consumo, sale al paso de una de las propuestas estrella del pacto de gobierno entre el PSOE y Sumar, la reducción de la jornada laboral por debajo de las 40 horas semanales, y advierte de que sus consecuencias serían nefastas para los distribuidores y productores de bienes de consumo, pero también para toda la economía nacional. “Afectaría negativamente a la productividad, reduciéndola aún más y destrozando la competitividad de la economía española”, señaló ayer Javier Campo, presidente de Aecoc, durante la inauguración del 38 Congreso Aecoc de Gran Consumo, que se celebra estos días en Zaragoza y al que han acudido más de 1.000 directivos del sector. Aunque Aecoc ha sido la encargada de transmitir el sentir de la industria con una sola voz, la totalidad del sector consumo es un clamor frente a la medida, tal y como señalaron ayer varios primeros ejecutivos de grandes compañías. La industria se muestra preocupada por el hecho de que la productividad española esté un 24% por debajo de la media europea, pero sobre todo porque su evolución es negativa. “Y reducir las horas trabajadas a la semana no va a hacer más que agravar esta situación”, dijo Javier Campo. El directivo indicó, además, que aún no han calculado el coste que tendría esta medida, pero que sus consecuencias serían evidentes en un sector tan intensivo en mano de obra como el consumo. “Si llegamos a las 35 horas semanales, como parece que es el objetivo, es un 12,5% menos de las 40 horas semanales actuales. No parece difícil calcular que va a tener un impacto”, explicó. “El impacto sería insostenible en algunas empresas, que reducirán su inversión y el empleo para compensar la subida de estos costes salariales. El objetivo está muy bien, pero habría que negociarlo con los actores sociales, porque esto no es gratis”. 

Los 143 mayores grupos empresariales, aquellos con una cifra de negocio superior a los 1.000 millones de euros, pagan en el impuesto sobre sociedades un tipo efectivo sobre beneficios del 4,98%, tres veces menos que el objetivo que se han marcado el PSOE y Sumar en el pacto de gobernabilidad firmado esta semana. Las dos formaciones, que aspiran a revalidar Gobierno de coalición, acordaron una reforma que asegura “el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades”, algo que implica disparar la tributación efectiva actual de los 4.952 grupos consolidados de España. La Agencia Tributaria actualizó ayer las cuentas anuales consolidadas del impuesto sobre sociedades, un día después de que PSOE y Sumar diesen a conocer la propuesta con la que aspiran gobernar. 

Si 2022 fue un año de beneficios estratosféricos en la banca, este 2023 apunta a mejorar unos números que parecían irrepetibles. En el caso de Banco Santander le servirá, además, para conseguir un hito que perseguía desde hace años: rebasar por primera vez los 10.000 millones de euros de ganancias. El año pasado apuntó alto y se quedó cerca, en los 9.605 millones, pero este ejercicio será el definitivo. Así lo confirmó ayer el consejero delegado, Héctor Grisi, ante los analistas y ante la prensa, aunque con un perfil bajo. ¿Va a superar los 10.000 millones en 2023? “Vamos a llegar a una rentabilidad del 15%. Eso ya da la respuesta. Vamos bien y el trimestre está teniendo un buen comportamiento”, indicó Grisi a los medios de comunicación. Hasta septiembre, la entidad ganó 8.143 millones de euros, un 11,3% más que en el mismo periodo del año anterior y récord para unos primeros nueve meses del año, según comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En la conferencia con analistas para presentar los resultados del tercer trimestre fue algo más allá, pero mantuvo el perfil bajo porque no dejan de ser previsiones que se pueden torcer. Eso sí, por el momento, el barco sigue navegando con el viento a favor. El cálculo es sencillo: el retorno sobre el capital tangible (ROTE) se situó a final de septiembre en el 14,83%. Y la estimación es que avance hasta el 15%. Así, si mantiene el nivel de capital actual, los números verdes podrían superar, incluso, los 11.000 millones.

“Hemos acertado, no solo con la figura, sino con la recaudación que correspondía: ni más ni menos que 3.000 millones para desarrollar todas las políticas del Presupuesto”, celebró ayer la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general el PSOE, María Jesús Montero, revelando que los nuevos impuestos extraordinarios a banca y empresas energéticas han recaudado en su primer ejercicio algo más de “2.900 millones” de euros. Una vía de ingresos que PSOE y Sumar han acordado prorrogar si logran apoyos parlamentarios para reeditar el Gobierno de coalición y que Montero ve ratificada ante los “extraordinarios beneficios” cosechados por los sectores afectados. Su acuerdo para la legislatura va más allá, y permitirá reforzar su potencial recaudatorio, así como seguir aumentando la presión fiscal sobre las rentas del capital y desarrollando la fiscalidad verde. “Desde que presentamos ambos impuestos siempre dijimos que parecía razonable que se pidiera una mayor aportación a aquellos que están teniendo beneficios. Hoy [por ayer] hemos conocido de una entidad financiera beneficios que son realmente cuantiosos, realmente extraordinarios, beneficios muy importantes”, dijo Montero, en relación a los más de 8.000 millones de ganancia récord cosechada de enero a septiembre por Banco Santander pese a la aplicación del nuevo tributo. “Esa capacidad de aportar al bien común, como son los impuestos, no quita el que estos bancos o empresas energéticas sigan presentado unas cuentas de resultados muy abultadas. Es decir que parece que hemos acertado en el sector que mejor puede aportar para que permita unos mejores servicios públicos o acompañar las medidas de Ucrania como se hizo con motivo de esta recaudación”, justificó Montero en una entrevista. 

El mercado apunta de forma unánime a que el consejo de gobierno del BCE, que se reúne en Atenas, decidirá mantener sin cambios los tipos de interés. Será la primera pausa tras una carrera desenfrenada de ascensos del precio del dinero: diez consecutivos desde julio de 2022 con los que los tipos han pasado de cero al 4,5% actual. El BCE avanzó en septiembre, tras esa décima subida, que los tipos había alcanzando un nivel lo bastante elevado y restrictivo como para alcanzar el objetivo de inflación, siempre y cuando se mantuvieran ahí un tiempo “suficientemente largo”. Y aunque el BCE no puede dar por ganada la batalla a la inflación, y la posibilidad de un alza de tipos adicional no pueda darse por enterrada, el momento para la pausa ha llegado. Son varios los factores que justifican la parada en las subidas de tipos, a pesar de que en las últimas semanas ha surgido una nueva amenaza. La guerra en Gaza tiene el potencial de extenderse por Oriente Próximo y provocar un aumento del precio del petróleo que terminaría por causar un nuevo aumento de la inflación. Se prevé que Christine Lagarde aluda al riesgo geopolítico, aunque sea pronto para estimar su impacto económico y en la evolución de los precios. Ante ese nuevo riesgo –capaz de reactivar la inflación y también de acelerar la contracción económica–, la mayor parte del mercado defiende que el BCE ha llegado al punto y final en esa escalada. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera «imperativo» para España acelerar el ritmo de la consolidación fiscal, para lo que propone una batería de medidas, incluyendo la retirada del ‘escudo antiinflación, así como subidas de impuestos y ajustes en las pensiones, cuyo impacto neto presupuestario estima en unos 6.800 millones de euros. En su ‘Estudio económico de España’, presentado ayer en Madrid, la OCDE recomienda, entre otras medidas, eliminar los tipos reducidos de IVA de algunos productos, lo que conllevaría unos ingresos adicionales de 5.000 millones de euros. En este sentido, insta a eliminar «total y rápidamente» las ayudas anticrisis –como la reducción del IVA de determinados alimentos en vigor hasta el 31 de diciembre– para ayudar a limitar el alto coste fiscal que tienen medidas de este tipo. La organización añade que hay que «limitar el estímulo a la demanda en un momento de alta inflación para respaldar la política monetaria» de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), y que en caso de que el país quiera dar ayudas a los colectivos más pobres, debería ser a través de la nueva garantía de Ingreso Mínimo Vital. Y aunque reconoce que el Gobierno actuó con rapidez para mitigar el impacto de los altos precios de alimentos y energía, el coste de dichas medidas fue de alrededor del 2,9% del PIB, unos 38.000 millones de euros en solo un año, un coste «muy elevado». Asimismo, critica que la mayor parte de las ayudas no tuvieron objetivos específicos, por lo que han terminado beneficiando más a los más ricos.

El Gobierno alemán aprobó ayer un proyecto de ley para facilitar la deportación de todos los ilegales que viven en el país con el fin de aliviar la fuerte presión migratoria a la que están sometidos los ayuntamientos. El canciller Olaf Scholz quiere expulsiones «a gran escala» para poder atender mejor a quienes sí necesitan refugio, y sólo desde Ucrania llegaron desde el comienzo de la guerra 1,5 millones de ucranianos. El proyecto de ley, si se aplica, afectaría a unas 30.000 personas, por lo que su impacto es simbólico. Más bien parece un torniquete a la sangría de votos que los partidos de la coalición de Gobierno –socialdemócratas, liberales y verdes– sufrieron en las últimas elecciones regionales. El único tema que explicaba el varapalo en Baviera y Hesse del tripartido y la impresionante subida de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) era la migración. «Por puro pánico, ahora se adoptan las exigencias de la AfD, por supuesto», fue la primera reacción de la líder de ese grupo parlamentario, Alice Weidel. Desde las antípodas ideológicas, la líder del Partido de Izquierda, Janine Wissler, escribió en X que «en lugar de unirse al coro de la derecha, el canciller debería garantizar más viviendas asequibles, más dinero para los municipios y menos restricciones para trabajar. Las críticas también llegaron desde las filas de la coalición. El político verde Jürgen Trittin escribió en X: «Deberíamos haber aprendido que sellar, disuadir y deportar no es una política de inmigración, sino un programa de estímulo para el racismo y los radicales de derechas».

Con las heridas sangrantes por el atroz ataque perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre, la ira de Israel se ha expandido como la pólvora después de que el martes el secretario general de la ONU, António Guterres, asegurara que los ataques de la milicia palestina eran consecuencia de «56 años de sofocante ocupación». Hasta el punto de dinamitar ayer los puentes diplomáticos con Naciones Unidas al vetar la entrada de sus miembros al Estado judío. «Debido a sus palabras, no daremos visados a los representantes de la ONU. Ha llegado el momento de darles una lección», clamó enfurecido el embajador permanente del país hebreo ante el organismo internacional, Gilad Erdan, que ya la víspera, tras escuchar el discurso de Guterres ante el Consejo de Seguridad, exigió su «dimisión». Para demostrar que el enfado iba más allá de ser una amenaza, Israel pasó de inmediato de las palabras a los hechos. «Ya hemos rechazado un visado para el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths», anunció Erdan, para quien no hay «justificación» posible ni se puede mostrar «comprensión» hacia «las acciones más terribles contra el pueblo de Israel». Visto el revuelo, Guterres se esforzó nuevamente ayer en tratar de aplacar los ánimos de Tel Aviv, después de que la noche del martes, tras su polémica intervención matizara en la red social X –antes Twitter– que «las injusticias contra el pueblo palestino no pueden justificar los horribles ataques de Hamás, como tampoco estos horripilantes ataques pueden justificar un castigo colectivo contra el pueblo palestino».

167 investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) se cuentan entre los científicos más influyentes del mundo. Así lo refleja la última edición de la 'World's Top 2% Scientist List', elaborada por la universidad estadounidense de Stanford –considerada a su vez una de las mejores del mundo– y que cada año por estas fechas publica la revista 'Elsevier'. Esta «Clasificación de los científicos del mundo» se centra en el 2% más importante del conjunto total de las personas que se dedican a la investigación –190.000 de los más de 8 millones que se estima hay–. El hecho de que en ella figuren 167 de la UPV/EHU es «una buena noticia que recibimos con orgullo», ha celebrado la rectora de la universidad pública vasca, Eva Ferreira. Los resultados de este año sitúan a la UPV/EHU como la segunda con mayor peso en este ranking en España, tras la Universidad de Barcelona. Además, el médico vitoriano Eduardo Anitua, director científico de la compañía BTI Biotechnology Institute, encabeza la lista de los quince investigadores en odontología españoles más influyentes del mundo según el ranking anual que elabora la Universidad de Stanford. La clasificación, publicada por Elsevier, identifica a los investigadores cuyos trabajos han sido más citados durante su carrera científica evaluada entre los años 1996-2022, y se basa en varios parámetros que incluyen el número de publicaciones indexadas, citas recibidas, índice h, coautoría... Como resultado, la institución académica crea una base de datos de más de 200.000 científicos de primer nivel en varios campos del conocimiento, que representan el 2% de los investigadores más relevantes a nivel mundial.