20261112

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

SEA Empresas Alavesas ha constatado el fracaso de la huelga general convocada para hoy en las empresas de Álava, donde la jornada ha transcurrido con absoluta normalidad en términos generales y sin alteraciones significativas de la actividad productiva. Según los datos facilitados por 150 empresas del territorio, entre las que figuran Mercedes, Michelin y Aernnova, entre otras, y que representan a cerca de 14.000 trabajadores, el seguimiento de la huelga se ha situado en el 7,91% de las plantillas. Este porcentaje no ha tenido repercusión alguna en la actividad de las compañías consultadas, que han podido desarrollar sus procesos productivos y
el resto de sus funciones con normalidad, sin que se hayan registrado alteraciones en su funcionamiento. La normalidad ha sido especialmente destacable en las zonas industriales y polígonos empresariales de Álava, donde se concentra buena parte de la actividad económica y empresarial del territorio. Por el contrario, los incidentes puntuales registrados en el casco urbano sí han podido afectar en alguna medida al funcionamiento habitual de determinados establecimientos comerciales y hosteleros.

Con la última información disponible a media tarde de ayer, CEOE y Cepyme aseguran que "podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial. En definitiva, de un fracaso. La actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la mayoría de sectores y territorios, con mayor incidencia de la huelga en zonas y sectores más sindicalizados. Así, y según los datos recibidos, el seguimiento ha sido inferior al 5% de media a nivel territorial y sectorial. En todo caso, los datos más amplios de seguimiento se han registrado puntualmente en empresas de gran tamaño, muy sindicalizadas y radicadas en grandes ciudades. Como referencia, también se sigue analizando la evolución de la demanda eléctrica durante la jornada. En este sentido, con el dato disponible a las 17.00 horas, la reducción de la demanda es apenas del 4,7% respecto a la previsión de Red Eléctrica y del 2,5% respecto a ayer, datos muy por debajo de los de huelgas anteriores.  Por tanto, la tendencia a lo largo de la jornada ha sido hacia una normalización de la demanda respecto a la de un día laborable habitual..."

La cita, con un marcado componente político y celebrada a las puertas de las elecciones, supuso la primera convocatoria en la que coincidieron todos los sindicatos desde marzo de 2012 –entonces fue para protestar contra la reforma laboral de Mariano Rajoy–, y llevó a las calles a decenas de miles de personas en las capitales vascas. Las manifestaciones masivas y su efecto limitado en la mayoría de los sectores recordaron a la jornada que ya se vivió el pasado 17 de marzo, cuando ELA y LAB llenaron las calles para reclamar un salario mínimo propio. La convocatoria de ayer también lanzó un mensaje a las patronales, a las que reivindicaron un reparto más justo de los beneficios, aunque dirigieron sus principales dardos al Gobierno central del PSOE,  al que acusan de no haber abordado la raíz del problema en ocho años, y a un PNV al que critican por no haber utilizado todas las competencias de las que disponen para combatir la especulación y aumentar al parque de viviendas público. La huelga se dejó notar en el transporte público, con el tráfico afectado por contenedores volcados, aglomeraciones en el metro que se fueron resolviendo a medida que avanzaba la jornada, servicios reducidos en Euskotren y Bizkaibus y hasta 12 vuelos cancelados en Loiu de los 108 que había programados. También se notó la huelga, aunque con poca fuerza, en los servicios de salud y en los centros educativos, con autobuses que llegaban prácticamente vacíos a la universidad de Leioa, y paros en varias industrias que se concentraron mayoritariamente a primera hora. La gran industria vasca sintió el peso de la huelga durante las primeras horas, principalmente por los accesos cerrados fruto de los piquetes. Aunque no anuló la actividad, sí afectó de manera grave al arranque de la jornada.

Como siempre, hubo baile de cifras. Los sindicatos aseguraron que se superaron todas las expectativas, que fue un «éxito» absoluto y hablaron de «jornada histórica», mientras que la patronal CEOE rebajó el alcance y aseguró que la reducción de la demanda de energía rondó el 5%, «significativamente por debajo del dato de huelgas anteriores». El Gobierno Vasco dio algunas pinceladas de la incidencia en Euskadi: situó el seguimiento en un 38% en la administración general y un 60% en Educación. El impacto fue desigual, dependiendo del sector. La industria y los transportes públicos fueron los más afectados. En cualquier caso, no puede decirse que el país quedara paralizado, ni mucho menos. En el caso de Gipuzkoa, un territorio donde la industria manufacturera y los bienes de equipo vertebran el empleo comarcal, los sindicatos aseguraron que la actividad está «parada del todo» en compañías neurálgicas del transporte y la maquinaria. Fue el caso de las dos plantas de CAF en Beasain e Irun, además de carrocerías Irizar, Orona, Fagor Automation, Ampo, KSB Itur, Korta, Indar, Indaux, Ulma, JMA, Sammic, Glual Hidráulica y Sapa. El informe sindical también apunta a parálisis completas en otros centros del territorio como Hijos de Juan Garay, Elay, Tesa, Arcelor Bergara, GKN, Niessen, Laulagun, Papelera del Oria, Fundiciones Estanda, Onnera Group, Copreci y en las instalaciones de ITV, entre un extenso listado de talleres auxiliares y empresas metalúrgicas de Goierri, Urola, Debabarrena y Oarsoaldea. Afectó a Mercedes en Vitoria y Volkswagen en Navarra.

Calles desbordadas y, sin embargo, fábricas paradas solamente en Aiaraldea. Esa es la estampa que deja este miércoles la primera huelga general convocada por todos los sindicatos en Álava desde marzo de 2012. El paro, que tuvo especial incidencia en el transporte, complicó el inicio de la jornada a quienes sí iban a trabajar.  En Educación también hubo un importante seguimiento del 60% en la red pública y un campus de la EHU desierto por la mañana. En la Administración General del Gobierno vasco –concentrada, fundamentalmente, en Lakua– un 38% del personal faltó a su puesto de trabajo. En el sector privado, las cifras fueron dispares. En la Llanada hubo firmas como Pepsico o Haizea Wec en las que los sindicatos consiguieron parar la actividad. Sin embargo, la tónica fue el trabajo con relativa normalidad: Mercedes y Michelin operaron sin grandes incidencias. La fábrica de furgonetas operó como otro día más –«la incidencia no ha impedido la producción», afirmaron fuentes de la empresa– mientras que en la Avenida del Cantábrico acudió a trabajar «el 90%» de la plantilla. En Aernnova, la situación fue similar, ya que el 87% de sus empleados en Álava se presentaron en sus puestos. La situación en Aiaraldea, en cambio, fue muy diferente. En el valle se consiguió paralizar las factorías de los grandes motores industriales. En Tubos Reunidos el respaldo al paro fue total, y tanto Tubacex Amurrio –en Llodio hay ERTE por la guerra en Oriente Medio– como Vidrala también paralizaron su producción. Misma suerte corrieron otras compañías como Inaux o Voestalpine, que también registraron problemas para operar. En Barquín y Ochoa apenas entraron algunos camiones a primera hora de la mañana. Los centros de trabajo se vaciaron y las calles se llenaron, con una gran manifestación de 2.500 personas en Llodio. En los comercios alaveses, la imagen fue una clausura generalizada, especialmente entre las pequeñas tiendas. Las grandes firmas abrieron sus puertas en Vitoria, pero no dudaron en bajar la persiana cada vez que un piquete o una manifestación pasaba cerca. 

Las capitales vascas vivieron hoy una jornada de movilizaciones masivas en defensa del derecho de la vivienda y de mejores salarios ante una inflación al alza. Las manifestaciones fueron símbolo de una huelga general con un pronunciado impacto en sectores como la educación, la administración pública y la gran industria, pero bastante más reducido en la sanidad, el transporte, los servicios y las pymes. La huelga sacó a las calles a decenas de miles de personas en toda Euskadi y tuvo afectación en la actividad económica, aunque no la paralizó. Flotaba también en el ambiente de las masivas manifestaciones un cariz político, consecuencia también de la oposición sindical al cambio de ciclo que aventuran las encuestas electorales de cara al 29-N. Pese a todo, las consignas y los discursos de las marchas de la mañana, que transcurrieron en general de manera pacífica, se centraron en la crisis de la vivienda. La presencia de muchos jóvenes en todas las manifestaciones fue una de los denominadores comunes.

"...Lo cierto es que se ha ejercido una huelga política a pocos días de unas elecciones generales como lo reconoce el mismo Lakuntza. Y no descubro nada al afirmar que es una huelga con claros deseos de movilización de la izquierda en general, y con la voluntad de EH Bildu, en especial, de que le explote en la cara del PNV a pesar del apoyo parcial dado al «decreto Maricarmen». Ante las críticas explícitas al Gobierno vasco y al Gobierno navarro por parte de ELA y LAB resulta patético el amago de participar en la huelga por parte de los consejeros socialistas vascos, más aún teniendo la cartera de Vivienda. Es insólito. Por cierto, ¿cuál es, para ELA y LAB, la responsabilidad de EH Bildu en la situación actual de la vivienda en Euskal Herria controlando cerca de 150 municipios? Y qué me dicen del hecho de que fuera de Euskadi la huelga sitúa como responsables del problema a la oposición que no gobierna y coloca al frente de la protesta al partido político responsable de la política de vivienda 8 años...Hoy jueves nuestros políticos están igual de sensibilizados con el problema que ayer miércoles. Sin embargo, hay empresas, comercios, autónomos y ciudadanos que se han visto directamente afectados sin ser responsables directos. La exageración en la forma de reivindicar coloca de nuevo a la huelga como una herramienta desnaturalizada por su uso. ¿Nadie plantea con seriedad un pacto de Estado que aglutine un mínimo común denominador entre partidos? Y, como no podía faltar, de lo respetable, aunque criticable, pasamos a lo anormal. Acabamos normalizando el uso de la fuerza y de la violencia como si fuera implícito en el concepto de lucha sindical o de huelga. Normalizamos el término «piquete informativo» cuando sabemos que conllevan la amenaza y coacción del grupo a quien ejercita el derecho al trabajo. 16 detenidos, 150 identificados, ertzainas heridos, daños en comercios y en mobiliario, personas trabajadoras amenazadas… este es el saldo que empaña una vez más la reivindicación. Y ante esto solo espero silencio de los convocantes, son daños colaterales dirán. Una vez más, ¿cómo no van a ser un éxito siempre las huelgas en Euskadi?..."

Los sindicatos advierten al próximo Gobierno de que si aplica recortes sociales habrá nuevas movilizaciones. El paro obtiene el mayor seguimiento en la industria y el transporte. La jornada de la novena huelga general en España en democracia, 14 años después de la anterior, contra el Gobierno de Mariano Rajoy, dejó en cualquier caso un seguimiento desigual por sectores y territorios. Los sindicatos destacaron la participación en la industria, la automoción, la logística, la energía y las instalaciones portuarias. Por el contrario, las administraciones públicas, la sanidad, la educación y buena parte de los servicios han registrado una afectación más limitada. Los sindicatos situaron el seguimiento territorial en una horquilla que iba del 41% en comunidades como Castilla-La Mancha y Extremadura a más del 80% en Cataluña o Andalucía.

Cataluña, Galicia, Asturias, País Vasco y Aragón son las comunidades en las que el impacto de los paros fue mayor, o más visible, debido al seguimiento en el sector naval, la actividad portuaria, la industria pesada o el transporte. En Madrid o Andalucía las movilizaciones estuvieron condicionadas por el mal tiempo, que obligó a suspender las concentraciones de Sevilla, Cádiz y Huelva. Los sindicatos señalaron a Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León como las regiones con menos apoyo a las protestas. Los convocantes cifraron a primera hora de ayer los datos del turno de noche y el inicio de la jornada diurna, con una horquilla de participación de entre el 41% en comunidades del interior y el 75% en regiones costeras y del arco mediterráneo. A media jornada, CC OO destacó un 84% de seguimiento en Cataluña, y situó en un 65% el impacto en Madrid. Todas las cifras sindicales fueron discutidas a la baja por la patronal.

Ni paro total de la actividad económica, ni bloqueos significativos de las vías de circulación y del transporte público, ni freno a los comercios, ni seguimiento masivo en los parques industriales. España no paró ayer por la huelga general, con un indisimulado tufo electoralista, convocada por los sindicatos y auspiciada por el propio Gobierno a menos de un mes de las elecciones. Es más, el escaso nivel de concurrencia constata el carácter político indivisible a las movilizaciones que se produjeron en las principales ciudades del territorio nacional. Lo cual, más allá, deja en evidencia a la las principales organizaciones sindicales convocantes, UGT y CCOO, que no han logrado movilizar a la clase trabajadora en torno a las reivindicaciones en materia de vivienda y de salarios. Tan solo la fuerte presión ejercida por los piquetes obligó a cerrar negocios en el centro de las grandes ciudades durante las horas centrales del día. En muchos casos mediante actos vandálicos, tal y como denunciaron las organizaciones empresariales, que tuvieron que ser reprimidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De otro modo, el paro solo fue secundado en sectores altamente sindicalizados, como la industria.

Tras la desconvocatoria de la manifestación de la huelga general, el centro de Barcelona fue escenario de una batalla campal. En previsión de disturbios, muchos de los comercios de Paseo de Gràcia habían tapiado sus escaparates como ya hicieron tras los saqueos el 24 de octubre convocados través de plataformas de mensajería bajo el fenómeno Blocus. En Madrid, la policía cargó a última hora de la tarde contra grupos de manifestantes que concluían el recorrido en plaza de España. Los antidisturbios lanzaron gas pimienta mientras los furgones policiales recorrían la Gran Vía para dispersarlos. Las huelgas generales suelen ir acompañadas de cierto grado de conflictividad en las calles entre los piquetes informativos que pretenden impedir la apertura de los centros neurálgicos de la economía, como las grandes fábricas, las cocheras del transporte urbano o los mercados centrales de las principales ciudades y la policía, llamada a garantizar que los trabajadores no se vean coaccionados para detener la actividad. La del 11 de noviembre no fue una excepción. 

Un día después de la huelga general convocada por los sindicatos para protestar por la crisis de vivienda, el Congreso de los Diputados vota hoy los dos decretos de vivienda que el Gobierno aprobó el pasado 6 de octubre, apenas unos días después de que el propio Pleno de la Cámara Baja los tumbase con los votos del PP, Vox y Junts; y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiese convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Debido a la prematura disolución de las Cortes –la legislatura podría haberse extendido hasta julio del próximo año–, será la Diputación Permanente del Congreso quien vote los decretos, donde el Ejecutivo no necesita en esta ocasión los apoyos de Junts para sacar adelante unos textos que ya obtuvieron el rechazo de la mayoría parlamentaria. Ello es debido a que, por la aritmética de las mayorías, el órgano “de naturaleza especial”, encargado de velar por los intereses de la Cámara Baja cuando el Pleno está disuelto, tiene un reparto de escaños distinto. En concreto, cuenta con 69 diputados, repartidos entre 27 miembros del PP; 24 del PSOE, a los que se suma la presidenta del Congreso, Francina Armengol; seis de Vox; seis de Sumar; uno de EH Bildu; uno del PNV; uno de Junts; uno de ERC y uno del Grupo Mixto.

Más de 164.000 autónomos vascos afrontan un fin de año de máxima tensión al no saber cuánto tendrán que pagar a la Seguridad Social a partir del próximo enero. La falta de una tabla de cotizaciones para 2027 mantiene la incertidumbre sobre los gastos que deberán asumir los trabajadores por cuenta propia y dificulta la planificación de sus cuentas. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) Euskadi exige al Gobierno que cierre un acuerdo antes de que termine diciembre y reactive una negociación que permanece bloqueada desde 2025. La organización considera «inaceptable» que el colectivo llegue a las puertas del nuevo ejercicio sin conocer las cuotas que deberá afrontar. Y es que la ausencia de una actualización oficial obliga a los autónomos a preparar sus previsiones económicas sin una referencia clara sobre uno de sus principales gastos fijos. Esta situación puede provocar tensiones de tesorería, especialmente entre quienes necesitan anticipar sus pagos y organizar sus presupuestos para comenzar enero. «No queremos llegar a diciembre improvisando las cuotas de 2027. Hay que sentarse ya, cerrar el sistema de cotización y terminar de una vez las reformas pendientes», reclama Eduardo Abad Sabarís, presidente de UPTA.

Siemens Gamesa ha logrado la ansiada noticia y tras una complicada senda de pérdidas mil millonarias iniciada en 2019 presentó ayer un ejercicio sin números rojos. Así lo trasladó a los mercados en el cierre de su año fiscal –se termina en septiembre– comunicando un resultado antes de extraordinarios de 8 millones de euros. Muy diferente a las pérdidas de 2025, que ascendieron a 1.364 millones. La compañía se había conjurado para alcanzar este hito en 2026, después de afrontar una dura transformación por la que la matriz, Siemens Energy, ha absorbido a Siemens Gamesa integrándola en su estructura, después de sacarla de la cotización en la Bolsa en 2022 y recibiendo apoyo del Gobierno de Alemania con avales para un préstamo de 7.500 millones. El caso es que las ventas en 2026, impulsadas por la recuperación de los molinos terrestres –onshore– y un fuerte pedido de aerogeneradores marinos –offshore– de 1.700 millones, han crecido hasta los 10.562 millones, un 1,8% más que el pasado año. La situación eleva la cartera de pedidos de la compañía hasta los 31.000 millones y la empresa explica que la mejora de la rentabilidad y la eficiencia han logrado aflorar esas primeras ganancias. 

El conflicto laboral en las instalaciones de Siemens Gamesa en Asteasu da un salto cualitativo y encara un largo pulso. Ante la falta de avances en la mesa de negociación con la dirección, el comité de empresa –integrado por las centrales ELA y LAB– ha acordado estirar la huelga hasta el próximo 12 de mayo. La decisión mantiene cerrada la actividad productiva de la fábrica guipuzcoana, cuyos 180 operarios reclaman la renovación de su propio marco regulador frente a la intención de la compañía de someter sus relaciones laborales a un convenio estatal, según denuncian las mismas fuentes sindicales. La discrepancia sobre el ámbito de decisión es el núcleo de la disputa. La plantilla insiste en blindar un acuerdo de centro que sustituya al pacto interno vencido el año pasado, rechazando de plano que las condiciones de Asteasu pasen a fijarse fuera de Euskadi. Junto a la soberanía negociadora, la parte social sitúa en primer plano la vertiente salarial: los sindicatos demandan una actualización que «revierta la pérdida de poder adquisitivo que sufre la plantilla», una merma que cifran en un 1,5% desde la expiración del último texto regulador. Todo ello sin olvidar que el IPC aprieta este año con guarismos superiores al 4% en Gipuzkoa.

Hasta hace poco, cuando una empresa necesitaba contratar a alguien para cubrir la baja de una trabajadora por embarazo, lactancia o permiso de nacimiento, el Estado asumía el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social para que la maternidad no supusiera una carga económica para el negocio. Sin embargo, el Consejo General de Graduados Sociales ha dado la voz de alarma sobre un cambio normativo, en vigor desde el 1 de septiembre de 2023, que altera por completo este sistema de protección. En la actualidad, para poder acceder a las bonificaciones, la persona desempleada que entra como sustituta tiene que ser obligatoriamente menor de 30 años. Si el candidato elegido para el reemplazo alcanza o supera esa edad, la empresa empleadora pierde de forma automática el derecho a cualquier tipo de ayuda económica estatal. El impacto económico de este estricto requisito de edad es drástico para las cuentas de las empresas si se compara con el modelo anterior. 

PNV y PSE-EE han sido incapaces de alcanzar un acuerdo sobre algunas de las medidas más controvertidas de la reforma fiscal de Bizkaia. Las diferencias que arrastran desde que los jeltzales presentaron el proyecto por su cuenta, sin el aval de su socio de gobierno, siguen sin resolverse tras varios meses de negociaciones. Tanto es así que los socialistas han presentado trece enmiendas de supresión y modificación para eliminar del texto definitivo las bonificaciones fiscales a los seguros médicos privados, los gimnasios y los bonus a directivos. Tres incentivos que el PNV se ha negado a retirar y que amenazan con profundizar las diferencias entre ambas formaciones en la recta final de la legislatura. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que el PSE-EE flexibilizara su postura a cambio de alguna contrapartida, los socialistas se han mantenido firmes en su rechazo inicial. Así lo habían dejado claro al arrancar la tramitación del proyecto en las Juntas Generales, donde advirtieron de que «no les gusta» una reforma de la que, según denunciaron, se habían enterado por la prensa. Sus principales objeciones se centran en las deducciones del 20% del IRPF por la contratación de seguros médicos privados y el pago de cuotas de gimnasios, así como en el tratamiento tributario favorable previsto para determinados complementos retributivos vinculados a la permanencia y la productividad, entre los que los socialistas cuestionan los bonus percibidos por los directivos.

«Estoy enchufadísima. Es el mayor reto de mi carrera profesional». Ibone Bengoetxea (Bilbao, 1967) ya es oficialmente la candidata del PNV que aspirará a ser diputada general en las elecciones que se celebrarán en mayo del año que viene. La asamblea territorial de la formación nacionalista ratificó ayer su elección después de que la mayoría de los batzokis de Bizkaia avalaran su designación el mes pasado, durante un turbulento proceso interno en el que también estuvo sobre la mesa el nombre de Elixabete Etxanobe. La actual dirigente foral acabó echándose a un lado sin dar la batalla en una segunda vuelta de votaciones al constatar que no contaba con los apoyos suficientes. La aspirante jeltzale compareció en Sabin Etxea inmediatamente después de su proclamación acompañada del presidente del Bizkai buru batzar. Iñigo Ansola ha sido quien decidió que Etxanobe no optara a la reelección pese a que esa era su voluntad y ha apostado por Bengoetxea, a quien definió nuevamente como «la mejor apuesta en tiempos de incertidumbre».

Las cuentas vivienda fueron, hasta hace trece años, el canal habitual para quien quería ahorrar para comprar su primera vivienda y aprovechar su importante desgravación. La única condición era que había cuatro años para firmar la adquisición de la casa. El producto perdura en las tres provincias vascas, con ventajas fiscales recientemente mejoradas para los jóvenes. Kutxabank, Laboral Kutxa, Caja Rural de Navarra y BBVA comercializan este producto entre sus clientes. El titular puede deducirse en el IRPF las aportaciones realizadas, con un máximo de 8.500 euros por ejercicio. El porcentaje de deducción general en el IRPF es del 18% y del 23% en el caso de los menores de 36 años. Es decir, la desgravación puede alcanzar los 1.955 euros. También se benefician algunos colectivos, como familias numerosas, monoparentales, víctimas de violencia de género y personas con una discapacidad superior al 65%. No hay límite edad para contratar el producto. Los jóvenes tienen diez años para disfrutar de la desgravación. Los mayores de 36 años, un plazo máximo de seis años. El dinero que una persona puede deducirse en total no puede superar los 36.000 euros. Las haciendas forales dejan fuera de estas ventajas fiscales a quien cobra más de 68.000 euros anuales. En el caso de Gipuzkoa, el fisco ha suavizado el peaje en caso de no comprar la vivienda. Permite a los jóvenes devolver el dinero de forma más gradual, en lugar de tener que hacerlo de golpe en el IRPF del año siguiente. Todas las cuentas vivienda que hay en el mercado dirigidas a residentes fiscales en el País Vasco tienen unas características muy parecidas. Por lo general dan una pequeña rentabilidad anual y derecho a las citadas ventajas fiscales.

La economía alemana crecerá este año a más del doble del ritmo previsto en primavera gracias al enorme gasto público y a la inesperada fortaleza de las exportaciones, según los asesores económicos independientes del país. El Consejo Alemán de Expertos Económicos prevé un aumento del producto interior bruto del 1,3%, frente al 0,5% que pronosticaba en mayo, y también elevó su previsión para 2027, del 0,8% al 1%. Certifica así la recuperación del motor económico de la zona euro, que llevaba desde 2022 sin presentar un crecimiento significativo. No obstante, los llamados “sabios” avisaron también de los riesgos derivados del creciente déficit presupuestario. “Quiero empezar con la buena noticia. Hemos podido corregir al alza nuestros pronósticos de primavera. La economía alemana se ha recuperado más rápidamente de lo esperado del shock energético causado por la guerra de Ucrania”, dijo la presidenta del Consejo, Monika Schnitzer, al entregar el informe otoñal al canciller, Friedrich Merz. “Pero tengo que continuar con la mala noticia. Nos hemos ocupado intensamente de las finanzas públicas y hemos constatado que los ingresos que se esperan en el presupuesto federal no alcanzarán para cubrir los gastos proyectados”, añadió. 

El pasado 6 de octubre, Nvidia marcó su máximo histórico en Bolsa, con un precio de 243,37 dólares por acción. Su capitalización bursátil, la mayor de cualquier empresa en la historia bursátil, alcanzaba los 5,8 billones de dólares (unos 5,2 billones de euros) y en el mercado ya se hablaba de que la siguiente parada del gigante de los chips de inteligencia artificial (IA) sería la cota de los seis billones. Hubo algunos analistas que fueron más allá y apostaban nada menos que por un valor por encima de los 12 billones. Apenas un mes después, y en la sesión del martes, la capitalización pasó a situarse en poco más de cuatro billones, tras un descalabro en ese periodo superior al 30%. Llegó a cotizar por debajo de 166 dólares. En la sesión de ayer, las acciones rebotaban algo más de un 3%, al cierre de esta edición, al calor de la subida del Nasdaq. Nvidia se ha visto inmersa en una tormenta perfecta en Bolsa, iniciada primero por la crisis de los chips, avivada por las especulaciones sobre la explosión de una burbuja en el sector de los gigantes corporativos de la IA. Luego, el temor inversor se acrecentó tras el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, ante las dudas sobre la ejecución de los planes de inversión en los centros de datos, ya que muchos candidatos de ese partido ganaron su particular pulso contra inversiones prometidas en esta industria. Y, en tercer lugar, las turbulencias volvieron con el escándalo de su consejero delegado, Jensen Huang, quien reconoció una infidelidad matrimonial.

Sin llamarlo “populismo económico”, los nuevos candidatos hablaban el lenguaje que Bernie Sanders comenzó a ensayar hace más de tres décadas, con el que impulsó su popular campaña de 2016 contra Hillary Clinton por la nominación del Partido Demócrata, y que lo hizo ganar las primarias en 22 Estados. “Si no creamos una economía que funcione para la gente común”, advirtió entonces, “no cambiaremos este país”. Su propuesta no bastó para garantizar una victoria sobre Clinton; más bien le granjeó críticas dentro de su propio partido. Por años, Sanders pareció caminar solo por el sendero espinoso de la izquierda política en un Estados Unidos que no estaba completamente preparado para él. Hasta hoy. Tras conocerse la arrasadora victoria demócrata el pasado día 3, y con ello de una parte considerable de candidatos progresistas e incluso socialistas, Sanders publicó un vídeo con la icónica canción Starman, de David Bowie, y dijo que estas eran “algunas de las mayores victorias progresistas de la historia estadounidense moderna”. En realidad, Sanders se estaba celebrando a sí mismo, porque a sus 85 años y con la convicción de que ya no será presidente de EE UU, la historia demostró que probablemente sin Sanders no hubiese existido una elección como la de Zohran Mamdani en Nueva York, o una avalancha de candidatos progresistas o socialistas triunfando por encima de las tendencias políticas dominantes del país. 

Más de 300 escuelas e institutos italianos tuvieron que ser evacuados ayer después de que recibieran por correo electrónico falsos avisos de bomba en los que se amenazaba con «aniquilar a todos» y cometer «un genocidio». Miles de alumnos, docentes y personal de servicio abandonaron a toda prisa las aulas en medio de una situación de gran caos. El correo electrónico, enviado en total a más de 6.000 centros educativos y que desató el miedo en colegios de Roma, Nápoles, Palermo, Bolonia y otras ciudades del país, aseguraba que había sido colocado un «potente» artefacto explosivo que podía ser accionado a distancia y que iba a provocar una «papilla sangrienta». Los supervivientes, además, serían «acuchillados». Las amenazas constituyen el último episodio de una creciente guerra híbrida que está sufriendo Italia, al igual que otros países del Viejo Continente. De hecho, más de 300 colegios de Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda también recibieron ayer e-mails, pero la Policía dio por hecho que los avisos de bomba eran falsos. La UE, cada vez más inquieta, investiga si esta oleada es obra de una «potencia extranjera», vándalos informáticos o un grupo que trata de desviar la atención a Rusia o Irán. El hecho de que los comunicados lleven indicios tan evidentes como una firma rusa y el término Vilayat –la denominación en el mundo islámico de una demarcación territorial– alimenta estas sospechas.