20250607

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

«Agilidad administrativa» y «suelo industrial» con el Plan General de Vitoria en la recta final antes de hacerse realidad. Con esas reclamaciones cerró ayer Juan Antonio Sánchez Corchero la asamblea anual de SEA Empresas Alavesas. El presidente de la patronal pidió ante un auditorio plagado de autoridades institucionales estas dos cuestiones dentro de un abanico de necesidades a las que ha apuntado como claves para el «éxito» de las empresas. En su primera asamblea como máximo líder del empresariado alavés, Sánchez Corchero abordó en su discurso buena parte de las cuestiones que ha abanderado la patronal durante los últimos años. Asuntos como la necesidad de suelo industrial o la lucha contra el absentismo formaron parte de un discurso que también incluyó ese clamor por una mayor agilidad administrativa, un llamamiento a dotarse de mejores infraestructuras energéticas o la defensa de unas «comunicaciones ágiles» para Álava. Esta última reclamación llega en un momento clave para el desarrollo del TAV de Burgos a Álava y cuando VIA busca ya una aerolínea para conectar a Madrid y Barcelona con Foronda. Sin referencias explícitas, Sánchez Corchero sí concretó que harán falta esas conexiones «tanto aéreas como por ferrocarril». El presidente de la patronal alavesa pidió un «reconocimiento al papel» que desempeñan los empresarios. «Las empresas no sólo creamos riqueza; promovemos la cohesión, damos estabilidad y sostenemos los servicios públicos a través de la contribución fiscal», afirmó. El líder de SEA, asimismo, reivindicó la colaboración público privada. Y sobre el SMI vasco, el presidente de los empresarios alaveses aseguró que ellos están «dispuestos a sentarnos y hablar de todo», pero dentro de la mesa de diálogo social. «Siempre hemos sido favorables al diálogo y al entendimiento. No como otros que ya desde sus asambleas hablan de conflictos y huelgas como base de sus reivindicaciones», afirmó en referencia a la reciente asamblea de ELA. Ver nota de SEA Empresas Alavesas. 

«El absentismo es un problema capital». Con esta contundencia se expresó ayer el presidente de la patronal alavesa SEA, Juan Antonio Sánchez Corchero, al referirse a una de las principales preocupaciones empresariales. La cuestión es que este territorio histórico es el que ostenta las tasas más altas de trabajadores ausentes en su puesto de trabajo. Según un barómetro elaborado por la propia agrupación empresarial, uno de cada diez empleados está en un proceso de incapacidad temporal. Sánchez Corchero aprovechó la clausura de la asamblea anual de la patronal para reseñar que este fenómeno «ha dejado de ser marginal para convertirse en una barrera real para la productividad, la planificación de los recursos humanos y la competitividad global de nuestras empresas». «El absentismo no puede seguir siendo un tabú», alertó Sánchez Corchero. «Debemos hablar de él con responsabilidad desde todos los frentes: el sanitario, el normativo, el educativo y el empresarial. Y hacerlo sin culpabilizar a nada ni a nadie, pero sí con valentía para buscar soluciones efectivas», insistió. El vicelehendakari Mikel Torres, presente en el acto, dedicó parte de su discurso a este asunto, que horas antes se abordó también en el Parlamento Vasco. Con un mensaje similar al que lanzó en la cámara legislativa, el vicelehendakari prometió reactivar la Mesa de Diálogo Social en torno a esta medida. El vicelehendakari Mikel Torres, presente en el acto, dedicó parte de su discurso a este asunto, que horas antes se abordó también en el Parlamento Vasco. Con un mensaje similar al que lanzó en la cámara legislativa, el vicelehendakari prometió reactivar la Mesa de Diálogo Social en torno a esta medida. También hizo un especial hincapié en la siniestralidad laboral. «Sé de los esfuerzos que estáis haciendo, pero no son suficientes», afirmó. «No debemos ver como algo normal que una persona salga a diario de su casa para cumplir con su jornada laboral, ganar su salario y no pueda volver con su familia por fallecer en su puesto de trabajo», sentenció.

El consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha subrayado que la responsabilidad de adoptar medidas para evitar los accidentes de trabajo es de las empresas y ha emplazado a los trabajadores a reclamar formación en prevención y elementos de protección cuando carezcan de ellos. Torres ha respondido de este modo a una pregunta formulada por la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortakarena en el pleno de control del Parlamento Vasco. Kortajarena ha considerado "muy preocupantes" las muertes en el trabajo y ha lamentado que su formación "no ve a la patronal preocupada por ello porque sólo habla de absentismo". "Llevamos años en los que la patronal no cumple la normativa y no se ha dado una respuesta institucional eficaz", ha lamentado Kortajarena, quien ha dicho que la patronal es "insensible e irresponsable" respeto a lo que ha considerado "una violencia estructural". Torres ha dejado claro que todos los accidentes de trabajo mortales son investigados desde el momento en el que suceden por Osalan y por la Inspección de Trabajo. Ha recordado además que son las empresas las que deben adoptar las medidas preventivas suficientes y necesarias para eliminar los riesgos y evitar las muertes en el trabajo. No obstante, ha subrayado que es necesario reforzar la labor de los delegados de prevención y de los comités de seguridad y salud.

La economía vasca está resistiendo con fortaleza la incertidumbre generada por la guerra arancelaria, que ha agravado la situación de sectores clave como la automoción. Su tasa de crecimiento se situó en el 2,1% en el primer trimestre, según los datos definitivos que publicó ayer el Eustat y que suponen una mejora de una décima respecto a la primera estimación. El incremento intertrimestral fue del 0,7%. Los servicios y la construcción están ejerciendo de motor en la actual coyuntura en la que la industria aún presenta avances muy moderados. El aumento del Producto Interior Bruto del 2,1% se sitúa en línea con la tasa de finales de 2024 y también con la última previsión del Gobierno vasco, que elevó del 2% al 2,1% su pronóstico para el conjunto de ejercicio. No obstante, esta revisión al alza se realizó el 3 de abril, apenas un día después de que Donald Trump desatara un terremoto con el anuncio de los aranceles recíprocos, ahora rebajados al 10% durante la tregua y pendientes del desenlace de las negociaciones entre EE UU y la Unión Europea. Los continuos vaivenes de su política –hace solo unos días dobló las tarifas al acero y el aluminio hasta el 50%– hacen imposible predecir su impacto final. Pese a la incertidumbre, el vicelehendakari y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres destacó ayer que los datos del primer trimestre «refuerzan nuestras previsiones» y reclamó confianza en que «la sólida estabilidad institucional y la buena situación económica» de Euskadi permitirán acometer las reformas estructurales que se necesitan. En su intervención durante la asamblea de la patronal alavesa SEA, también resaltó que «no se están retrayendo los dos indicadores más relevantes, las inversiones y el empleo», a pesar de que las empresas sí están sufriendo dificultades en las exportaciones.

La economía de Euskadi creció un 2,1% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Y lo hizo en pleno nacimiento de la guerra comercial, entero enero y marzo, cuando Donald Trump revolucionó los cimientos de las últimas décadas con la amenaza de implantar unos aranceles que son un dardo en la línea de flotación de la competitividad de las empresas. El presidente de Estados Unidos llegó al poder a finales de enero y a los pocos días ya comenzó a anunciar una política proteccionista que se enfrenta de forma frontal con el libre comercio. Según los datos publicados ayer por el Eustat, el PIB de Euskadi –medida que indica el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país o región en un período determinado– mejoró en una décima las estimaciones del avance de cuentas económicas trimestrales dadas a conocer por el mismo organismo a mediados de abril. Respecto al cuarto trimestre del año anterior, el incremento del PIB de Euskadi se sitúa en el 0,7%. ¿Y en qué ha sustentado Euskadi este crecimiento? Fundamentalmente en los servicios, que tiran del carro con un aumento del 2,6%. Entrando en detalle, son el comercio, la hostelería y el transporte los que reflejan unos comportamientos excelentes con un aumento del 2,9%. No hay más que ver las calles vascas llenas de turistas en los últimos tiempos, que arrastran también a que bares, restaurantes y hoteles aumenten sus plantillas para atender a la creciente demanda. La construcción también es otra de las buenas noticias de la economía vasca, ya que continúa en guarismos positivos. En el caso de la industria, el sector que más afiliados concentra en los tres territorios, el alza es más modesta, apenas de un 0,7%. Lo que refleja una atonía en un escenario geopolítico internacional verdaderamente endiablado. 

La Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco (Hegan) mantiene su previsión de crecimiento para las empresas del sector aeroespacial vasco a un ritmo de un 9,5% anual hasta 2028, pese a los «dañinos» aranceles y la «incertidumbre» para sus exportaciones a Estados Unidos por la política arancelaria de Trump, que ha generado incertidumbre en todo el tejido productivo vasco. Así lo confirmó ayer el presidente del cluster y CEO de Aernnova, Ricardo Chocarro, quien dio a conocer las cifras del sector en 2024, año que sus empresas asociadas han cerrado con un incremento del 20% en facturación y del 14% en el empleo. Después de reiterar que, como sector comercial global, el aeroespacial vasco «no es ajeno a sus incertidumbres», hizo hincapié en que el sector lleva sin aranceles desde 1979, por lo que ha reiteró que los impuestos por el presidente estadounidense son «dañinos» para esta industria en un entorno «absolutamente volátil y muy difícil» como el actual.

El incremento de la subida de precios de la vivienda parece imparable en Euskadi. Quienes se compraron un piso en los tres primeros meses del año, pagaron un 12,4% más que un doce meses antes. Es la mayor subida de las registradas en el histórico del Instituto Nacional de Estadística, que se remonta a 2007. El balance publicado ayer por el INE refleja que el mercado inmobiliario vasco encadena cinco trimestres de subidas ininterrumpidas, en la misma línea que a nivel estatal, donde el encarecimiento es de un 12,2% de media. El aumento, además, no tiene visos de contenerse. Lo advirtieron hace un par de meses desde la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi), que en la presentación de su informe anual puso sobre la mesa que «si no hay cambios» y la actividad del sector «se mantiene en niveles actuales» los precios (el metro cuadrado de la obra nueva ya está por encima de los 4.000 euros) seguirán ‘in crescendo’. Las nuevas promociones son las que lideran ese auge de precios, con un encarecimiento del 14,4%, frente al 12,1% de las de segunda mano, que concentran casi el 90% de las compraventas. Ante la escasez de construcciones y la elevada demanda, el metro cuadrado se ha disparado. Y es que, si hace diecisiete años se edificaban 15.000 pisos cada ejercicio en Euskadi, ahora apenas se levantan 6.000. La tasa de producción es de 2,8 casas por cada mil habitantes, lo que hace imposible atender las necesidades actuales con una población creciente, que ha sumado 70.000 habitantes en una década.

El Gobierno Vasco ha iniciado la tramitación de un decreto que espera tener listo a finales de año con el que se ampliará al menos hasta las 18 semanas los permisos de paternidad y maternidad desde 2026. El objetivo del Ejecutivo es llegar a las 24 semanas de forma progresiva. Euskadi ha dado el primer paso para ampliar la baja por maternidad y paternidad mediante un decreto que el Gobierno Vasco ha comenzado a tramitar y que permitirá sumar en 2026 al menos dos semanas más a las 16 que actualmente pueden disfrutar los padres y madres por ley. El objetivo es alcanzar las 24 semanas en 2028, una ampliación se realizará de forma «progresiva». Es una de las medidas enmarcadas en esta legislatura y que la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ya anunció en septiembre del año pasado, si bien ahora han comenzado los trámites para acelerar los procesos. El Gobierno de Pedro Sánchez propuso en 2023 una ampliación de este periodo retribuido de 16 a 20 semanas, pero estaría condicionado a la aprobación de los Presupuestos, y de momento ha impedido que esta medida haya entrado en vigor. Euskadi no quiere esperar. El pasado 14 de mayo se aprobó la orden de inicio del decreto de ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y «ahora desde la dirección de Infancia, Adolescencia y Familias se está preparando el primer borrador de decreto que se hará público a través de la orden de aprobación previa», según confirman fuentes del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. La ampliación de los permisos se va a realizar «de forma progresiva» si bien aún «se está estudiando» de qué manera se va a materializar, por lo que se desconoce cómo se van a distribuir las semanas por año hasta alcanzar las 24 anunciadas. Hasta el momento la fórmula ha sido la de la excedencia remunerada.

Casi ha llegado el momento en el que la zona de bajas emisiones (ZBE) de Bilbao despliegue sus efectos más en serio. Es cierto que entró en vigor hace ya casi un año, el 15 de junio de 2024, pero el estreno fue únicamente de manera parcial. Es decir, hasta ahora sólo se prohibe el acceso a la zona restringida –los barrios de Abando e Indautxu– a los vehículos que no tienen distintivo ambienal: esto es, los de gasolina anteriores a 2001 y los diésel previos a 2006. Lo que va a llegar en un par de semanas, el lunes 16 de junio, va a ser la restricción a quienes tengan distintivo ambiental B. Y estos son muchos. Son los diésel con más de diez años (anteriores a 2016) y los de gasolina previos a 2006. ¿A cuántas personas va a afectar esto? El Ayuntamiento no lo sabe. Según sus últimas mediciones de tráfico, de hace un par de meses, cada día acceden a la ZBE unos 50.000 vehículos, de los que el 20% tiene etiqueta B. Pero eso no quiere decir que todos ellos, unos 10.000, vayan a quedarse fuera, porque sí podrán seguir entrando los que pertenecen a personas que residan en Abando e Indautxu, los que accedan para aparcar en un estacionamiento público, los que tengan una plaza de garaje en propiedad o alquilada... Y, en fin, aquellos afectados por las diversas moratorias y exenciones (mudanzas, reparto, coches de comerciantes y hosteleros, clientes de hoteles, de movilidad recudida...). No tiene el Área de Movilidad una estimación de cuántos podrán seguir entrando y, por lo tanto, del impacto de la medida.

La primera huelga en la historia de Iberdrola en toda España se dejó notar ayer en Bilbao. La protesta organizada por ELA, UGT y CC OO movilizó a medio millar de trabajadores que terminaron su manifestación con una concentración frente a la sede de la eléctrica para reclamar una subida salarial que garantice el IPC. Gorka López, portavoz de ELA, cifró un seguimiento en el País Vasco que rozó la totalidad en las pequeñas instalaciones y se movió «entre un 70 y un 80%» en los principales centros (Larraskitu y la Torre). Una cifra que los sindicatos rebajaron al 60% para el conjunto del país, y que la compañía saldó «provisionalmente» en un 20%, sin problemas en el desarrollo de la actividad ni a la hora de acceder a los puestos de trabajo. La huelga, en una empresa que supera los 9.000 trabajadores en toda España –1.800 en Euskadi–, tiñe de conflicto la negociación de su nuevo convenio colectivo. Desde mediados de enero el comité de empresa y la dirección debaten, principalmente, la actualización de los sueldos. Los tres sindicatos movilizados ayer (SIE y ATYPE se desmarcaron de la jornada) denuncian una pérdida salarial del 16% en los últimos cuatro años, con subidas anuales de un 0,7% y un IPC que ha llegado a superar el 6% en los momentos más duros de la escalada inflacionaria. Los responsables de la eléctrica, en cambio, apostarían por mantener su fórmula de subidas que vincula estos crecimientos a los resultados. «La empresa nos ha echado un pulso. No ha querido ver lo que estábamos demandando y hemos tenido que sacar la gente a la calle», advirtió ayer el delegado de ELA, que no descartó nuevas movilizaciones. «Como no quieran dar el brazo a torcer y negociar de una manera real, habrá más movilizaciones y más huelgas».

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arroja luz sobre los motivos que le llevaron a aprobar la opa de BBVA sobre Banco Sabadell el pasado 30 de abril. La institución hizo público ayer su informe de resolución en el que la conclusión es firme: Sabadell «no es un operador fundamental e insustituible» ni para las pymes ni para Cataluña. Dos de los argumentos sobre los que, precisamente, la entidad vallesana y el Gobierno pivotan su defensa contra una posible unión. La contundencia del documento, de 189 páginas de extensión, puede incluso hacer dudar sobre por qué la CNMC decidió extender a una segunda fase su análisis si, en realidad, no detectaba problemas de competencia. «Existen numerosos operadores medianos y pequeños que ya compiten en el mercado de crédito a pymes y que representan una cuota relevante y creciente en todas las regiones españolas, también en las más afectadas por la concentración», indica el informe. En este punto, Competencia argumenta que las entidades de menor tamaño han elevado su cuota de mercado en hasta 5 puntos porcentuales entre 2021 y 2023 –BBVA lanzó su opa en mayo de 2024–, aunque su peso sobre el total del sector es aún moderado, de entre el 20% y el 30%. En el camino contrario, Sabadell ha perdido peso en pymes, también en territorios como la Comunidad Valenciana, Asturias o Baleares. Y recuerda que en Cataluña es la tercera entidad, por detrás de CaixaBank y Santander. «No puede considerarse que Sabadell sea una fuerza competitiva insustituible que juegue un creciente papel disruptivo y de disciplina de precios en estos mercados», señala el texto. Bajo estos criterios, el Gobierno no tendrá fácil torpedear la operación. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó ayer la versión completa del informe de coyuntura y recomendaciones para España (el conocido como Artículo IV) que ya había anticipado a comienzos del pasado abril, dejando un buen puñado de advertencias sobre las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, como la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023, y las pretendidas, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, además de hacer hincapié en la necesidad de concretar otras de calado estructural para dar salida al problema acuciante del mercado de la vivienda. En un contexto general positivo en el que el organismo limita el impacto de la guerra arancelaria sobre el crecimiento de España a una décima del PIB por cada 10 puntos porcentuales de aumento de los gravámenes –sitúa el avance en un 2,5% para este año, el 1,8% en 2026 y el 1,7% un año después (mismas cifras que las proyectadas en el avance publicado)–, el Fondo sí que deja importantes matices sobre la política nacional y la necesidad de acometer medidas para revertir males estructurales como el elevado desempleo, el creciente déficit de las pensiones o la falta de vivienda.

El jefe de la misión para España del Fondo Monetario Internacional (FMI), Romain Duval, realiza una mención adicional a la cuestión de la reducción de la jornada laboral en el contexto de la publicación completa del informe anual Artículo IV para España. En una entrevista para Efe advierte sobre los efectos que puede tener la medida para el tejido productivo, especialmente para algunos sectores sensibles donde el incremento de los costes laborales acarrea el recorte a 37,5 horas. “Es cierto que el número efectivo de horas de trabajo ya está por debajo de las 40 horas, que en algunos sectores la reforma probablemente tendrá efectos mínimos, pero en otros, no. En otros, como la hostelería, la restauración y otras industrias, tendría un impacto significativo” si no se permiten márgenes para la negociación, opina. Precisamente, este es uno de los elementos centrales que expone el experto del FMI, ya que defiende que el factor horario sea una de las materias que quede en el margen de la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos. El Gobierno español debería “dejar un amplio margen para la negociación colectiva en su implementación”, señala. En este sentido, recuerda que “si nos fijamos en experiencias pasadas, como en Francia a finales de los noventa, hay algunas lecciones bastante interesantes”, haciendo referencia a la conocida como Ley Aubry, que impuso la jornada de 35 horas semanales y cuyos efectos, incluidos el incremento de costes para empresas y sector público, aún generan controversias. Así, el economista considera que “el sistema de negociación colectiva español funciona bien y puede hacer un excelente trabajo” a la hora de mantener cierta flexibilidad “para asignar el total de horas a lo largo del año”, y también para fijar el nivel total de las horas extra y su remuneración, que opina que actualmente es “muy estricto” por estar “limitado a un nivel muy bajo”. Cabe recordar que la ley permite por el momento realizar 80 horas extra anuales.

La industria española del papel, cartón y celulosa se prepara para un cierre de 2025 muy complicado por la difícil situación del mercado global, agravada por la guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos, Europa y China, cuyos efectos se dejarán notar ya este año. La batalla arancelaria no llega en el mejor momento para el sector en España, que cuenta con enseñas líderes como Saica, Ence, Miquel y Costas o Iberpapel, entre otras grandes compañías, ya que el año pasado la industria se vio afectada por factores como la caída de los precios, la mayor competencia internacional, unos costes energéticos disparados o algunas interrupciones en la cadena de suministro durante 2024. Estos factores afectaron a la evolución de la industria española de celulosa, papel y cartón, que, según datos preliminares de la patronal española Aspapel, cerró el pasado ejercicio con una facturación de 5.232 millones de euros, lo que representa un estancamiento frente a los 5.261 millones de 2023 (-0,6%). Este leve descenso estuvo marcado, principalmente, por la caída del negocio de celulosa, que experimentó una bajada de ingresos del 12,9%, frente al aumento del 0,5% del papel y cartón.

Lo vivido ayer en Barcelona desalentó a Imanol Pradales hasta el punto de dejar en el aire su participación en próximas reuniones. El lehendakari salió «triste, preocupado y decepcionado» de una cumbre que no sólo acabó sin ningún acuerdo, como era de esperar, sino que también convirtió de golpe y porrazo al euskera en un arma arrojadiza más en la crispada y polarizada política nacional. El inédito plantón de Isabel Díaz Ayuso cuando el mandatario vasco comenzó a hablar en euskera, tal y como estaba expresamente permitido y garantizado con un sistema de traducción simultánea, fue la puntilla a una reunión que se quedó lejos de revelar la imagen de normalidad institucional que buscaba el Gobierno. Si acaso permitió a Pedro Sánchez apartar por un día de la agenda política los supuestos escándalos de corrupción que rodean a su partido y a su Gabinete, pero no sirvió para nada tangible en ninguna de las múltiples materias a debate. Los representantes de PSOE y PP no hicieron más que recrudecer su guerra hasta alcanzar un escenario de ruptura total. Se pudo ver en el fondo, dada la falta de consenso en temas como la financiación autonómica, la vivienda, la energía y la inmigración. Pero también, y sobre todo, en las formas, con una Ayuso protagonista absoluta de los dos incidentes que marcaron la jornada. El primero, nada más llegar al Palacio de Pedralbes, cuando tuvo un encontronazo con la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que preguntó si iba a saludar a «una asesina», en alusión a las críticas de Más Madrid por la muerte de ancianos en residencias durante la pandemia; y el segundo, ya en la propia reunión, cuando se levantó de la mesa al comenzar Pradales a intervenir primero en catalán como guiño al anfitrión Salvador Illa y después en euskera. Ayuso abandonó la sala hasta el siguiente turno, pero no fue la única mandataria que boicoteó el discurso del lehendakari. Otros seis presidentes autonómicos (los de Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Región de Murcia, Extremadura y Melilla), todos del PP, se negaron a ponerse el auricular. Los demás sí lo hicieron. 

Ya era evidente que no se daban los mimbres para alcanzar ningún acuerdo cuando , por sorpresa, el Gobierno anunció hace tres semanas la convocatoria de la XXVIII Conferencia de Presidentes en Barcelona. Pero la realidad superó ayer lo esperado en el Palacio de Pedralbes, con un papel protagónico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Si Pedro Sánchez había concebido la cita como una ocasión para ofrecer una imagen de normalidad institucional en mitad de la tempestad política que, desde hace semanas pero especialmente al calor del caso Leire Díez, le impide visibilizar propuesta alguna, los barones del PP llegaron decididos a convencerle de que ha llegado la hora de tirar la toalla y de que la legislatura no da más de sí. Ni uno ni otros lograron su objetivo. La iniciativa que el jefe del Ejecutivo había puesto sobre la mesa hace ya unos días para triplicar la inversión en vivienda pública hasta alcanzar los 7.000 millones de euros e impedir que se le levante la protección quedó igual de sepultada por el ruido que su anuncio de una ayuda de 100 euros para la compra de gafas a menores de 16 años la semana pasada, con el escándalo de la militante socialista que ofreció favores judiciales a imputados por corrupción a cambio de trapos sucios de la UCO recién estallado. Y de nada sirvió su llamamiento a dejar «la crispación en el perchero».

El mercado laboral de Estados Unidos sigue dando muestras de su fortaleza y resistencia. A pesar de la incertidumbre generada por la política económica y comercial de Trump, la primera economía del mundo continuó creando empleo a buen ritmo en el mes de mayo, según los datos difundidos el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo. La economía generó 139.000 empleos y la tasa de paro se situó en el 4,2%, sin variación. Las previsiones de los economistas apuntaban a la creación de 125.000 empleos en mayo, después de que las cifras superasen las expectativas en abril, el mes en que Trump declaró la guerra comercial al mundo con sus mal llamados aranceles recíprocos. Las cifras de marzo y abril, sin embargo, se han revisado a la baja de forma notable. Con las nuevas estimaciones, en marzo se crearon 120.000 empleos (y no los 185.000 antes calculados), mientras que en abril la cifra fue de 147.000, 30.000 menos de los que se dijo inicialmente. La creación de empleo de mayo es ligeramente inferior al promedio mensual de 149.000 puestos creados en los 12 meses anteriores. En mayo, el empleo siguió aumentando en los sectores de la salud, el ocio y la hostelería, y la asistencia social. En cambio, se destruyó empleo industrial, al que Trump considera prioritario y trata de proteger con sus aranceles.

Donald Trump está decidido a vender o regalar el lujoso Tesla S que está aparcado delante de la Casa Blanca como obsequio de Elon Musk. El empresario le dio las llaves tras el acto propagandístico de la marca que el binomio político más inaudito de la historia estadounidense celebró el 30 de marzo ante los medios delante de la residencia presidencial. Tan estridente como aquella muestra de afecto fraterno-comercial ha sido ahora el divorcio de la extraña pareja. Todavía sigue muy vivo su brutal intercambio de mensajes del jueves, que ha movido a la élite económica norteamericana a intentar separar a los dos púgiles. Financieros y grandes inversores invitaron al presidente y al dueño de X a evitar espectáculos vergonzosos que incluso sirven de regocijo en Rusia. La broma en Moscú ayer consistía en comparar el enfado entre Trump y Musk con la enemistad que en su día saltó entre Vladimir Putin y su gran amigo el jefe mercenario Evgueni Prigozhin, fallecido unos días después en una misteriosa explosión de su avión. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvedev, se ofreció a negociar un «acuerdo de paz» entre el magnate neoyorquino y su exasesor y otros políticos ofrecieron asilo al CEO de Space X. Algunos analistas internos de la Casa Blanca sostienen que a ambos no les queda otro remedio que tragarse los sapos públicos y encauzar la épica separación para salvar sus propios muebles y no perjudicar la estabilidad del país ni su imagen internacional ni, mucho menos, la economía. Bill Ackman, conocido magnate de los fondos de inversión, advirtió que «deberían hacer las paces por el bien de nuestro gran país». Y Musk respondió: «No te equivocas».

El explosivo divorcio en directo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el que hasta hace nada solía ser el “primer amigo”, Elon Musk, provocó el jueves un terremoto en la derecha estadounidense y, especialmente, en los márgenes del movimiento MAGA (Make America Great Again; Hagamos América grande de nuevo, lema del trumpismo), cuyos principales líderes cerraron filas en torno al líder republicano. La manifestación de apoyo la lideró el ideólogo nacionalpopulista Steve Bannon, que ha tenido en el pasado encontronazos con el hombre más rico del mundo. Bannon llegó a sugerir la deportación de Musk de Estados Unidos. La bronca personal entre Trump y Musk, que dejaron pocos trapos sucios por sacar a la plaza pública de las redes sociales, llegó solo seis días después de que el primero despidiera al segundo entre alabanzas en un acto en el Despacho Oval. La demostración pública de afecto tuvo lugar cuando se cumplían 130 días de la toma de posesión del presidente, el límite que prevé la ley para los empleados gubernamentales especiales como el magnate de origen sudafricano, que se puso al frente de esa motosierra del gasto público llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Esa dedicación, que se llevó por delante varias agencias federales y provocó el despido de decenas de miles de funcionarios, convirtió a Musk en un villano para los demócratas y en un héroe para el movimiento MAGA. Esa luna de miel también se terminó el jueves, mientras el magnate perdía decenas de miles de millones de dólares con cada nuevo insulto y se exponía a posibles represalias del inquilino de la Casa Blanca.

El demócrata John Kerry (Aurora, EE UU, 81 años) lo ha sido prácticamente todo en la política estadounidense. También candidato a presidente en 2004, cuando perdió ante George W. Bush. Barack Obama lo nombró secretario de Estado en su segundo mandato, desde donde desempeñó un papel determinante en la firma del Acuerdo de París en 2015. Eran tiempos muy diferentes a esta convulsa etapa del segundo mandato de Donald Trump, que lanza ataques a la ciencia e intenta torpedear los esfuerzos globales por contener el calentamiento y paliar la crisis medioambiental en el planeta. "Trump se retiró del Acuerdo de París en su primer mandato, pero el pueblo estadounidense permaneció. A nivel subnacional, los Estados y las ciudades, con sus dirigentes políticos, continuaron aplicando leyes sobre renovables y transición a una economía de energía limpia. Hubo más de mil alcaldes, los de cada ciudad importante de EE UU, que se mantuvieron en el pacto. Además, 37 gobernadores operan bajo lo que se llama leyes de cartera renovable que les exigen cumplir con ciertos objetivos de despliegue de renovables. Hay toda una serie de cosas que están sucediendo y que continuarán. Pero lo que ha hecho el presidente Trump ha afectado el ritmo de esta transición. Y el ritmo es fundamental porque la ciencia nos dice que van a suceder ciertos impactos negativos si no actuamos lo suficientemente rápido para cambiar de dirección... Gran parte de EE UU sigue avanzando en la dirección correcta. Desafortunadamente, el presidente Trump ha dificultado mucho la participación de EE UU. Es lamentable y aquellos que hemos trabajado toda una vida moviéndonos en la dirección correcta e impulsando una buena política, no una política ideológica, sino una buena política basada en la ciencia para responder al desafío de la crisis a la que nos enfrentamos a nivel mundial, obviamente, estamos decepcionados. Pero vamos a luchar y seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance...La transición energética continuará y el mayor desafío es si nos comprometemos a hacer que ocurra tan rápido como dice la ciencia que debe suceder...Hemos aprendido a lo largo de los siglos que la ciencia es esencial para todos. La Era de la Razón, la Era de la Ilustración, basada en la ciencia, nos permitió dejar atrás el terraplanismo. Ahora vivimos en una nueva etapa de terraplanismo donde tenemos gente que intenta vender que el cambio climático es un engaño sin ningún tipo de base. Están gastando miles de millones de dólares para hablar sobre el gas verde, y de las virtudes del petróleo y el gas. La polarización es realmente peligrosa. Hace siglos tuvimos una lucha por los hechos y la ciencia. Y ahora tenemos una nueva lucha en la que hay que devolver el crédito a la ciencia..."