20250619

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La economía acusa ya la incertidumbre, aunque el consumo y el empleo elevan la recaudación en 617 millones, un 9,5% más que el año pasado. El global de la recaudación de las haciendas forales vascas sigue creciendo en el entorno del doble dígito hasta el mes de mayo. En conjunto, las tres diputaciones recaudaron 7.138 millones, 617 más que en los primeros cinco meses del año pasado (un 9,5% de incremento). Se trata de avances que no se veían desde 2023 –el año pasado los ingresos de Hacienda se mantuvieron planos por el efecto de los mutualistas– y que se apoyan principalmente en el consumo, que aparece retratado por los pagos del IVA, y por el empleo, que se telegrafía en las retenciones sobre las nóminas a cuenta del IRPF. Estos tributos se mantienen con avances sólidos, en el caso del impuesto de la Renta de un 6,4% y 165 millones más –un total de 2.766–. Y en cuanto al IVA, con 2.916 millones, se firma un crecimiento del 12,6% y 325 millones más, de los que 130 son fruto del ajuste con el Estado. Son las partidas que soportan el crecimiento de los ingresos fiscales, pero que también enmascaran un dato menos positivo. Se trata del Impuesto de Sociedades, que grava las ganancias de las empresas. Este tributo presenta, en cambio, un comportamiento negativo. Así la cuota diferencial neta se ha reducido un 34,5%. Son 90 millones menos que el año pasado y un total de 169,8. Una cantidad que no se anotaba en las haciendas desde 2022, cuando se pusieron en vigor medidas de aplazamiento para hacer frente a la crisis de precios provocada por la guerra en Ucrania. Aunque la liquidación del impuesto se presenta en julio, los pagos a cuenta que se adelantan durante el año reflejan una marcha de los ingresos menos favorable que el año pasado. El entorno de incertidumbre que atraviesa la economía con la inestabilidad geopolítica y la crisis arancelaria comienza, por lo tanto, a dar síntomas. Además, según explican fuentes de la Hacienda vizcaína, pesa especialmente el impacto del descenso de los pagos adelantados a cuenta del impuesto de las empresas sometidas a normativa del Estado, pero que han de abonar el tributo en Euskadi por su volumen de negocio en el País Vasco. 

Arteche continúa su proceso de expansión. La firma vasca ha comprado la totalidad de la empresa madrileña RTR Energía, enfocada en la fabricación de equipos que permiten aumentar la capacidad de red y disminuir las fluctuaciones de tensión para evitar sobrecargas. La operación, cuyo importe no ha querido desvelar la compañía, incluye la adquisición de unas instalaciones productivas de 10.000 metros cuadrados y una plantilla de 73 empleados. La compra de la compañía se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento inorgánico del grupo vasco y persigue los objetivos de ampliar su presencia internacional y consolidar su posición en el negocio de fiabilidad de red. Entre los equipos en los que RTR Energía está especializado en fabricar destacan los condensadores eléctricos y sus baterías, unas herramientas fundamentales para mejorar el rendimiento de las instalaciones y alargar la vida útil de los equipos conectados a la red.

Euskadi ultima su regreso al espacio. La tecnológica alavesa AVS lanzará este próximo sábado, si nada se tuerce, la misión ‘Roads’. Un ambicioso proyecto contratado por la NASA a la compañía del parque tecnológico de Miñano que, según el propio Miguel Ángel Carrera, CEO de la compañía, pondrá a la empresa vasca «en otro nivel». La misión, para la que se trabaja con «una destacada universidad aeroespacial estadounidense», será la primera liderada por la filial de AVS en EE UU. Con ella, la compañía alavesa pretende probar un desafío tecnológica prácticamente único en el mundo: la capacidad de conectar elementos en el propio espacio. Para ello, el plan de la firma en esta primera misión es simple. En el cohete Falcon 9 de SpaceX –la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk– se embarcarán dos pequeños satélites: UND Roads 1 y UND Roads 2. Estas unidades apenas pesan 5,4 kilos cada uno y tienen solo diez centímetros de ancho y profundidad por 37,6 centímetros de altura. El objetivo es que, a través de un sistema de acoplamiento basado en imanes permanentes, los dos satélites sean capaces de unirse en el espacio por sí mismos. Miguel Ángel Carrera ha explicado la relevancia de esta misión. «Nos permitiría hacer reparaciones de lo que ya está en el espacio e incluso pensar en ensamblajes de piezas en órbita». Con esta misión, AVS podría profundizar en una línea de negocio muy especializada como es la de la reparación de satélites en el espacio, algo que contribuiría a extender la vida útil de estos dispositivos antes de que pasen a formar parte de la basura espacial que rodea el planeta y haya que colocar nuevos artefactos en órbita.

Después de meses de vaivenes y denuncias de ESK y UGT contra las novenas horas que la plantilla lleva trabajando desde marzo –en abril esta medida pasó a afectar a los dos turnos de producción–, Mercedes Vitoria mueve ficha. La dirección de la multinacional alemana ha abierto una negociación con los sindicatos para ofrecer una semana más de vacaciones a la plantilla en otoño y contratar a 300 trabajadores con el fin de compensar las jornadas más largas con las que está trabajando la plantilla. La negociación empezó con este ofrecimiento de la dirección de Bernd Krottmayer a los sindicatos el pasado viernes, aunque de momento no se ha alcanzado ningún acuerdo. El planteamiento sería dar un descanso de 7 días laborables divididos en dos grupos de 3 y 4 días respectivamente y que se repartirían entre la plantilla durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. De esos siete días de descanso, seis se gestionarán por medio de la conocida como cuenta flexible –en la que se suman las horas de trabajo que ‘deben’ los trabajadores a la empresa–, «suponiendo una ralentización de la devolución de los saldos de horas negativos». La séptima jornada se entregaría como día libre a la plantilla de forma ‘gratuita’ por parte de la empresa.

El sector papelero vasco, que incluye también a las empresas de bienes de equipo relacionadas con la producción de pasta, papel y cartón, anticipa un 2025 complicado por la ralentización en la captación de pedidos, el alza de los costes de las materias primas, de la energía y salariales y las tensiones geopolíticas internacionales que impactan en las exportaciones. Así lo puso de relieve el Clúster del Papel de Euskadi durante la XXVIII Asamblea Anual, que se celebró ayer en Donostia. Sus responsables hicieron un balance de los resultados del año pasado y también de las previsiones para este ejercicio marcado por la guerra comercial y las tensiones geopolíticas. Sus responsables pusieron en valor el peso del sector papelero, que representa el 9% del PIB de la industria manufacturera vasca y el 1,7% del PIB de la CAV. El Clúster cuenta con 44 organizaciones de la cadena de valor de la pasta, el papel y el cartón en Euskadi. En lo que respecta a la producción de papel, destacaron que en 2024 se recuperó la producción un 8,5% tras dos ejercicios de caídas, que acumularon un descenso del 18%. También se recuperó la producción de celulosa, lo que hizo que el año pasado se produjeran 1.258.000 toneladas de celulosa y papel. Esto llevó a que la facturación de las empresas asociadas mejorara un 5,3% en relación a 2023, hasta los 1.637 millones.

Las compras de Mercadona a proveedores vascos se elevaron a 438 millones el pasado año, ejercicio en el que invirtió más de 17 millones en Euskadi, de los que 16 millones fueros destinados a la ampliación del bloque logística Vitoria, desde el que la compañía surte las tiendas de Euskadi, Cantabria, La Rioja y parte de Burgos. En un comunicado, la firma valenciana destacó que mantiene «una colaboración constante» con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, y es un modelo de relación «basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local». En el caso de Euskadi, en concreto, donde la compañía colabora con 38 proveedores de producto y más de 297 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 438 millones en 2024. El pasado año las compras de la compañía en España alcanzaron los 29.000 millones, un 8% más que al año anterior. Entre las compras a proveedores vascos de producto, figuran 7.000 kilogramos de pimiento adquiridas en la campaña de 2024 a agricultores de Bizkaia; más de 165 millones de litros de lácteos a productores de Gipuzkoa y las 2.600 toneladas de patata a proveedores de Álava, cifras todas ellas que, según la empresa, reflejan «la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario vasco». Por otra parte, el grupo distribuidor subrayó que la inversión de Mercadona en Euskadi también ha sido una «constante» en 2024, ya que ha ascendido a más de 17,5 millones de euros. De este total, 1,5 millones de euros han ido destinados a la mejora de la red de tiendas y a la implantación de la nueva sección ‘Listo para Comer’, y 16 millones de euros a actuaciones de mejora en el bloque logístico que la compañía tiene en Vitoria-Gasteiz.

Ternua Group reafirmó ayer su compromiso con el futuro del proyecto empresarial pese a haber entrado en concurso de acreedores. La compañía textil agradeció a través de un comunicado emitido en redes sociales las numerosas muestras de apoyo recibidas desde el viernes y aseguró que continuará trabajando «con todo su esfuerzo» para salir adelante. El grupo considera que el reconocimiento social acumulado durante años de trabajo comprometido y diferenciado es un valor de peso para impulsar la continuidad. La arrasatearra calificó el momento actual como «una arista muy complicada» de su trayectoria, pero insistió en que mantiene firme su voluntad de superarla. Defendió que las marcas que gestiona —Ternua, Loreak Mendian, Astore y Lorpen— han sabido reflejar el arraigo y la personalidad del territorio, y consideró que esa conexión con su entorno puede ser clave en esta nueva etapa. «La aventura merece ser continuada», concluyó la empresa. La empresa destacó que el reconocimiento recibido estos días refuerza la conexión generada a lo largo de los años gracias a una forma de entender el sector textil «comprometida y diferente». Subrayó el orgullo de haber llevado al mercado marcas locales con fuerte personalidad y arraigo en el territorio, y valoró ese vínculo como uno de los activos más importantes para poder avanzar.

Iran eta Israelen arteko azken erasoek are gehiago aztoratu dute jada kili-kolo zegoen nazioarteko bizikidetza. AEBk gatazkan Israelen alde esku hartuko balu, munduko bi potentzia handienen arteko balizko norgehiagoka baten aurrean geundeke, mapa geopolitikoko tentsioa areagotuz. Euskal enpresak nahikoa ziurgabetasun bazuten ere, azken gertakariek are gehiago zailduko dituzte euren erabakiak. Izan ere, horretan dihardute azken aldian, erabakiak hartzean ziurgabetasunean. Gehiago irakurri. 

La plantilla de Ramondin Cápsulas en Laguardia inició ayer una huelga con carácter indefinido, aunque se desarrollará dos días por semana (martes y jueves a partir de la próxima) salvo que las negociaciones que comité de empresa tiene abiertas con la dirección lleguen a un punto de encuentro. Según trasladan  portavoces de ambas partes, el acuerdo estuvo muy cerca de alcanzarse en la noche del martes pero finalmente no fue posible «y por eso hemos empezado una huelga que está siendo secundada de manera mayoritaria, por casi el 100% de la producción», aseguró el presidente del comité, Rodrigo Sáenz. Estos paros llegan como consecuencia de que «después de que la empresa aceptara aplicar para 2024 y 2025 los incrementos fijados en convenio del 3%, aunque el pago se hiciese entre 2027 y 2029, no quiso comprometerse a actualizar las tablas salariales en todos los conceptos a fecha 1 de enero de 2026, con la subida en este caso del 3,5%». Este desacuerdo paralizó en seco la negociación el martes por la noche. Ayer, una vez que la huelga ya había arrancado, la dirección de Ramondin volvió a trasladar su propuesta a los sindicatos «pero nos ha dicho otra vez que no puede comprometerse a actualizar todos los conceptos. Esto lo hemos puesto en conocimiento de la plantilla y de manera casi unánime nos ha dicho que sigamos con los paros».

Elkargi reunió ayer en Bilbao a más de 50 empresas en una jornada centrada en las nuevas fórmulas de financiación alternativa. La entidad subrayó que estas vías no deben verse como un último recurso, sino como una herramienta estratégica para reforzar la competitividad empresarial. Su director general, Zenón Vázquez, destacó que el Fondo de Innovación ya ha canalizado más de 120 millones de euros. El evento, apoyado por el Gobierno Vasco, abordó también la necesidad de diversificar las fuentes de financiación.

EH Bildu, Sumar-IU, SATSE, CCOO, LAB, UGT y los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han considerado que el proceso del Pacto de Salud ha llegado a un momento "muy delicado" y que "lo que toca ahora es, más que nunca, poner negro sobre blanco el compromiso para reducir la privatización y recuperar la autosuficiencia del sistema público de salud". En un comunicado conjunto, han indicado que ayer se reunió el grupo de trabajo "Colaboración Público-Privada" del Pacto de Salud, a petición de sus integrantes, tras "el intento del Departamento de Salud de modificar unilateralmente un objetivo previamente consensuado". EH Bildu, Sumar-IU, SATSE, CCOO, LAB, UGT y los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han rechazado "rotundamente que se ignoren o sustituyan propuestas acordadas por el grupo, solo porque no son del interés del Gobierno o de Confebask". En ese sentido, han criticado que, en la reunión de ayer del grupo de trabajo, "forzaron la aprobación de una propuesta no elaborada en dicho grupo, una propuesta unilateral del Departamento de Salud". A su entender, el proceso del Pacto de Salud ha llegado a un momento "muy delicado" y "lo que toca ahora es, más que nunca, poner negro sobre blanco el compromiso para reducir la privatización y recuperar la autosuficiencia del sistema público de salud". Ver comunicado conjunto aquí. 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reconocido que existen discrepancias en dos de los 24 temas abordados en la Mesa del Pacto vasco de Salud, pero ha insistido en que "desde el diálogo y la negociación, y si todos ceden en sus posiciones, es posible llegar al día 27 con un acuerdo general". "Pero, para eso todos debemos ceder las posiciones y debemos asumir que el momento exige mojarse, comprometerse y no tener miedo al compromiso", ha advertido. En una entrevista en ETB2, recogida por Europa Press, Pradales ha apuntado que el tema "que está siendo más delicado es el mal llamado de la privatización, porque estamos hablando de la colaboración público-privada en el sistema público de salud en Osakidetza". "De cada 100 euros que gastamos en Osakidetza, solo 5 son concertados con el ámbito privado o social", ha precisado, para aludir a los convenios con la Fundación Matía en Gipuzkoa, a los convenios con el Hospital San Juan de Dios, con la Cruz Roja, con clínicas privadas para que hagan pruebas diagnósticas más rápidas "porque, a veces, en Osakidetza no hay capacidad suficiente, y a los convenios también para que parte de la limpieza pueda estar externalizada". Según ha precisado, "el 5% de lo que Osakidetza hace está en ese ámbito, el resto es público". "Por lo tanto, tenemos que tener una cierta altura de miras, porque ¿acaso es negativo que dejemos de tener esa relación con la Fundación Matía, con la Cruz Roja o con el Hospital San Juan de Dios, por poner tres ejemplos concretos en los que tenemos una colaboración público-privada?", se ha preguntado. En este sentido, ha expresado que "dimensionar esta cuestión y poner en riesgo el pacto, o no estar en el pacto por esta cuestión, es no estar al interés general de la sociedad vasca". Por ello, ha pedido "altura de miras".

Santos Cerdán León (Milagro, 1969) es desde el 1 de julio de 2016 el copropietario con el 45% de las acciones de la constructora Servinabar que desde 2017 ha coparticipado en al menos seis adjudicaciones públicas por 106,1 millones de euros. El departamento de Cohesión Territorial navarro, dirigido por Óscar Chivite, eligió a Acciona, Osés y Servinabar para ejecutar el desdoblamiento de los túneles de Belate, la obra pública más importante de Navarra, con 76 millones de euros de inversión. María Chivite, presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, aseguró ayer que «no recuerda» si en alguna ocasión habló con Cerdán de Servinabar pese a que ambos eran íntimos amigos y juntos participaron en reuniones en el Ministerio de Ábalos para impulsar infraestructuras en la comunidad foral. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) constataron en la tarde del pasado martes 10 de junio sus sospechas sobre el liderazgo de Santos Cerdán en la trama de presunto cobros y reparto de comisiones por la empresa Servinabar y la cooperativa Noran. En el discreto piso de Antxon Alonso en la calle Nizeto Urkizu de Elorrio ('Vizcaya' - sic) los agentes hallaron el documento privado de compra de 1.350 participaciones de las 3.000 del capital social de Servinabar 2000 S.L. Según este contrato, Santos Cerdán era copropietario de la constructora mientras ejercía como diputado del Parlamento de Navarra y secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra. Desde que Cerdán cerró con su socio Antxon Alonso el acuerdo de compra de casi la mitad de las acciones de la constructora, Servinabar ha recibido al menos seis adjudicaciones de obras públicas encargadas por el Gobierno foral por un montante total de 106,1 millones de euros.

La tormenta desatada tras el informe de la UCO que sitúa a Santos Cerdán como el cerebro de una trama corrupta golpeó ayer en Navarra con una fuerza enorme de consecuencias imprevisibles. Ramón Alzórriz, ‘número dos’ de María Chivite, presentó su dimisión al desvelarse que su pareja trabajó entre 2021 y 2024 en Servinabar, la empresa bajo sospecha que habría recibido varias adjudicaciones públicas en la comunidad a pesar de ser una firma semidesconocida y contar con una mínima estructura. La sociedad es propiedad de Joseba Antxon Alonso Egurrola, amigo de Cerdán, quien según se supo también ayer, llegó a poseer el 45% de esta compañía. La sensación de que el informe remitido por la UCO al Supremo podía convertirse en una bomba de racimo que golpease al PSOE en diferentes frentes empieza a cobrar fuerza. La salida de Alzórriz, que dimite como vicesecretario general y portavoz parlamentario, supone un golpe demoledor para el Gobierno de Chivite, que hace una semana compareció en rueda de prensa llorando y mostrando su decepción con Cerdán. El propio Alzórriz, el lunes, intentó marcar distancias con la supuesta trama corrupta, recalcó que no se podía dar pábulo a las «insinuaciones» y apeló a la «presunción de inocencia». Servinabar es una firma que lleva meses en el ojo del huracán. Según el informe de la Guardia Civil, su actividad económica está «fuertemente ligada a una serie de adjudicaciones en Navarra». El informe añade que Joseba Antxon Alonso, «mediante la utilización de sus empresas, pudiera haber abonado contraprestaciones» a Koldo García y a José Luis Ábalos.

El Gobierno sigue creyendo que el bloque de investidura no hará nada para forzar su caída pese al golpe que ha supuesto para su credibilidad la más que probable imputación por sendos delitos de organización criminal y cohecho del, hasta el pasado jueves, secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Pero ayer Pedro Sánchez comprobó en sus propias carnes que, como poco, le espera un dura penitencia y, lo que es aún peor para sus intereses, que la fe de los grupos parlamentarios que hasta ahora le habían permitido mantenerse a flote en la continuidad de la legislatura está cogida con alfileres. Que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se cebaría con el presidente del Gobierno en la primera sesión de control en el Congreso desde que se conoció el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que llevó a Sánchez a exigir la dimisión de su hombre de confianza en el partido –su segundo secretario de Organización salpicado por la corrupción– estaba en el guion. También que el jefe de filas de Vox, Santiago Abascal, lo trataría con desprecio (ayer, abandonó el Hemiciclo sin escucharlo tras plantear su pregunta). Pero la agitadísima sesión no resultó infernal para los socialistas solo por eso. La cara demudada del jefe del Ejecutivo cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, puso en duda su honestidad es el mejor resumen de la jornada. «Ustedes dicen que actúan cuando detectan la corrupción. No –corrigió–, cuando la detecta la UCO». «Quiere que nosotros nos creamos que supo antes de ayer quiénes eran Ábalos y Cerdán, con los que compartió miles de horas en viajes por todo el país en un coche», continuó. Y el disparo que más daño hizo al líder socialista: «Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no va salir un P. Sánchez».

Órdago de BBVA al Gobierno de Pedro Sánchez a menos de una semana de que el Consejo de Ministros decida si endurece las condiciones impuestas por Competencia a la opa sobre Banco Sabadell. El presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, abrió ayer la puerta –por primera vez de forma pública– a la posibilidad de acudir a los tribunales si el Ejecutivo impone finalmente más requisitos a la operación en base al interés general. «La vía judicial existe siempre y cuando se endurezcan las condiciones», expresó el directivo. «La ley es bastante clara en su espíritu a este respecto», añadió. El banco interpreta –como algunos analistas jurídicos, donde el debate lleva varias semanas sobre la mesa– que la ley permite que el Ejecutivo mantenga o suavice las condiciones ya pactadas con la CNMC, pero en ningún caso endurecerlas. Es decir, que la posibilidad de una intervención pública se ideó para sacar adelante operaciones de concentración que el supervisor entorpezca, y no al revés. «Cabría también la posibilidad de que, según las condiciones, podamos aceptarlas; o aceptarlas y poner un recurso ante la Justicia», insistió Torres. Sus palabras llegan en la recta final de una operación que dura ya 13 meses y tras sus compromisos con la CNMC que, según defiende BBVA, van más allá de posibles riesgos de competencia, abordando también los factores de interés general que más preocupan al Gobierno, como la inclusión financiera o la cohesión territorial. Pese a ello, el consenso descuenta nuevas trabas por parte del Ejecutivo a la oferta, inmersa desde hace tiempo en el barro político. «No quiero contemplar un escenario así, sería muy malo para BBVA, para Cataluña, para España y para Europa. Sería muy malo que, en contra del interés general, se impida que los accionistas decidan», añadió Torres en una entrevista radiofónica.

Red Eléctrica pasa a la ofensiva y se sacude la responsabilidad que le atribuye el informe del Gobierno sobre las causas del gran apagón. Las conclusiones del operador del sistema, publicadas tan solo un día después de las de Moncloa, mantienen que su programación «se ajustó a la normativa», en una acusación velada sobre el Ejecutivo pero apunta a las eléctricas que, a juicio de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, incumplieron su obligación. Ambos informes coinciden en que el fallo se originó en una sobrecarga que se pudo controlar. Pero mientras el comité de crisis que capitaneó la ministra Sara Aagesen apuntó a que el gestor podría haber programado más centrales con esa capacidad y no lo hizo, Red Eléctrica defiende que si las centrales convencionales –gas natural, nuclear y carbón– hubieran funcionado correctamente «no hubiera habido apagón». Y esta fue, según su relato, la causa definitiva de la caída total del sistema el 28 de abril. Desde Redeia (matriz de Red Eléctrica) insisten en que la programación que realizaron la jornada previa al shock eléctrico «proporcionaba suficientes recursos para amortiguar tensión en el sistema, pero lo que nos encontramos fue que esos recursos no se prestaron de forma efectiva», defendió ayer la directora general de Operación de la compañía, Concha Sánchez.

Un fallo en la confidencialidad del informe del Gobierno sobre el apagón dejó ayer al descubierto una instalación de Iberdrola, Arcos de la Frontera, en Cádiz. Todo ello a pesar de que los nombres de las centrales afectadas eran estrictamente confidenciales. La primera versión que se expuso ayer en la web de La Moncloa se olvidó de tachar el nombre de Arcos 1 (una de las tres unidades de la central de ciclo combinado, a gas, de Arcos de la Frontera). En días previos al apagón, esa central tuvo “un comportamiento en energía reactiva plano, es decir, no se percibe una respuesta clara a la evolución de las tensiones”, dice el informe. Traducido: no sirvió para amortiguar sobrecargas, aunque se supone que debía estar disponible. La versión posterior del informe oculta el nombre. Con sus informes, el Gobierno y Redeia han entrado en una carrera de propuestas para mejorar el sistema eléctrico. Redeia hacía ayer hasta 15 recomendaciones, entre ellas, “penalizaciones” (por ejemplo vía multas) a las eléctricas que incumplan sus obligaciones. Otra recomendación es “investigar” la causa de una oscilación de tensión “forzada” en “una fotovoltaica en Badajoz” e “implementar las acciones correctivas”. Iberdrola tiene en Badajoz su mayor fotovoltaica: Núñez de Balboa. Esta empresa lidera los ataques a Redeia. Fuentes de Iberdrola apuntaban ayer a una gestión “temeraria y negligente” de Red Eléctrica como causa del apagón. Iberdrola achaca el apagón a una gestión “temeraria y negligente” de Redeia

Junts volvió a poner ayer en un brete al Gobierno, al registrar en el Congreso una enmienda a la totalidad a la reducción de la jornada laboral. Esta iniciativa no sólo supone herir de muerte la medida estrella de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. La iniciativa también permitió al partido que preside Carles Puigdemont recordar que no le temblará el pulso a la hora de poner contra las cuerdas al Ejecutivo si no hay avances en la “agenda catalana”. Así, le exigió cumplir el acuerdo de investidura que hizo posible en otoño de 2023 la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa pese a perder las elecciones generales. Además, a última hora del día de ayer el órdago tomó más cuerpo si cabe tras sumar sendas enmiendas a la totalidad PP y Vox. Las tres se deberán votar de forma conjunta en un mismo pleno de devolución del proyecto de ley. En el caso de que todas las formaciones defiendan su propuesta, la devolución será efectiva al sumar las formaciones una mayoría en la Cámara. El principal argumento de Junts en el texto de la enmienda es que el impacto de la reforma será “desigual” a nivel social y territorial, y que “donde mayores dificultades generará es en las pymes”. “Su viabilidad se puede ver gravemente perjudicada” ya que el plan de Díaz no sólo es una “imposición rígida” para el sector productivo, sino que supone una “intromisión” en su día a día. Por esta razón, los neoconvergentes exigen al Ejecutivo abrir un diálogo “real”, para que la aplicación del cambio en la jornada sea “flexible” y “gradual”, en función de las “diferentes realidades”. Esto es, retirar este proyecto de ley y presentar uno nuevo una vez se haya negociado con la formación independentista.

La propuesta del Ministerio de Seguridad Social para reformar la jubilación flexible y hacer de esta una opción apetecible una vez causado el retiro resulta insuficiente a ojos de la patronal. El borrador de real decreto elaborado por el departamento de la ministra Elma Saiz que desveló EXPANSIÓN recoge una serie de medidas destinadas a dar un impulso a esta fórmula, que pretende facilitar la vuelta al mercado laboral de los jubilados que ya siendo pensionistas quieran volver a la actividad. En la propuesta del Gobierno se endurece por un lado el requisito de jornada, elevando la franja de horas que se deben realizar a entre un 40% y 80% de la jornada total. Pero, a cambio, transcurridos seis meses de pensionista se mejora el esquema de compatiblización, ya que al porcentaje de prestación que se percibe a modo de compatibilización se le añade un extra de entre el 10% y el 20% en función de las horas de trabajo que se realicen. Es aquí donde varias fuentes empresariales consultadas consideran que el incentivo económico es insuficiente en el caso de los asalariados, incluso inservible en el caso de los autónomos. Cabe recordar a pesar de que se abre la posibilidad de que se regrese a la actividad como autónomo –no disponible con la normativa actual–, sólo se percibirá un 20% de la pensión durante la compatibilidad de la actividad, con independencia de la naturaleza y los ingresos que se perciban por la misma.

La Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sanciones económicas para España por no adaptar a su legislación nacional la normativa comunitaria sobre transparencia en condiciones laborales. La denuncia de Bruselas llega por considerar la institución presidida por Ursula von der Leyen que el país no transpone plenamente al Derecho nacional la Directiva 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles. “La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes, por lo que va a llevar a España ante el TJUE y solicitar que se impongan sanciones financieras”, asegura el Ejecutivo comunitario en un comunicado en el que recalca que la directiva “beneficia a entre dos y tres millones de trabajadores en condiciones de empleo precarias”. El encontronazo entre Bruselas y España por la transposición de esta Directiva viene de lejos. La Comisión inició el procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en septiembre de 2022, seguida de un dictamen motivado en junio de 2023. En febrero de 2025, España notificó al Ejecutivo comunitario medidas nacionales que transponían algunas de las disposiciones de la Directiva, pero no todas, algo que desde la Unión Europea se ha considerado insuficiente.

Cuarta pausa consecutiva. La Reserva Federal (Fed) ignoró ayer las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, y dejó los tipos sin cambios en la franja comprendida entre el 4,25% y el 4,5% desde finales del año pasado. Para el banco central norteamericano todavía hay muchas dudas sobre el impacto real de la política arancelaria de la Casa Blanca. Tantas, que también han empeorado de forma significativa las previsiones que maneja de cara al resto del año. Si bien es cierto que todavía hay un mayor número de gobernadores que confía en que este año pueda haber dos recortes, se dispara el número de quienes creen que es posible que el ejercicio termine sin ningún recorte o, en el mejor de los casos, solo uno. Justo en la dirección contraria de lo que pretende Trump. La reacción del mercado al conocer la noticia fue mixta. El Nasdaq cerró en verde, apuntándose un 0,13%, mientras que el S&P y el Dow Jones cerrarón en rojo, con un 0,03% y un 0,1%, respectivamente. Si bien la puerta a dos recortes sigue abierta, la percepción es que se va cerrando. No solo se trata de las dudas arancelarias. Ahora se suma también la presión de la agresiva política migratoria de Trump, con las primeras alertas del coste para la economía de los programas de deportaciones ante la escasez de mano de obra en muchos sectores, como el agrícola. Las tensiones en Oriente Medio también aumentan la presión inflacionista ante la amenaza de un aumento del precio del petróleo.

«¡Señor presidente, acabe el trabajo!», rezan los grandes carteles con la fotografía de Donald Trump colgados en un céntrico edificio de Tel Aviv. Los israelíes tienen prisa por acabar con el régimen de Irán y quieren a Estados Unidos en la primera línea para finalizar cuanto antes este conflicto. «Nadie sabe lo que voy a hacer», apuntó un enigmático Trump al ser cuestionado al respecto, aunque hasta ahora todos los pasos que ha dado han sido en la dirección marcada por Benjamín Netanyahu, el primer ministro hebreo. El presidente norteamericano aseguró que los iraníes quieren negociar, pero estos lo negaron. En los medios israelíes no se cuestionó a lo largo de la jornada si Estados Unidos entrará o no en combate, la única duda era saber cuándo lo hará. Mientras se resuelve esa duda, Estados Unidos activó ayer los preparativos para evacuar a sus ciudadanos de Israel, según anunció el embajador en el país, Mike Huckabee. «La embajada de EE UU está trabajando en vuelos de evacuación y salidas en crucero». Las autoridades pidieron a sus ciudadanos que se registraran en una plataforma oficial. En el sexto día de guerra, Alí Jamenei dirigió un mensaje a la nación para decir que no se rinden y advertir a Estados Unidos de las graves consecuencias que tendría su entrada en la guerra. Las palabras del Líder Supremo no se convirtieron en hechos: apenas sonaron tres veces las alarmas por lanzamiento de misiles; todos fueron interceptados.