20250622

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, desgrana las principales preocupaciones de las empresas como la escasez de talento, el absentismo o la "injerencia" por parte del ministerio de Yolanda Díaz con la reducción y el registro de jornada. "En los últimos 20 años es verdad que se ha reducido la jornada media. El 57% de trabajadores de convenios territoriales ya tienen la jornada por debajo de esas 37,5 horas semanales. Eso se ha conseguido en la negociación porque se daban las condiciones para ello. Luego hay otro 43% en sectores más intensivos en mano de obra, como comercio u hostelería, que aun no están ahí. Lo que decimos es: algo que funciona vía negociación colectiva por qué hay que cambiarlo. Es una injerencia. No decimos que eso no se pueda hacer pero no se puede hacer por decreto. Todas las medidas de Trabajo se derivan igual. La ministra de está cargando el diálogo social...Estamos en máximos de concertación en Euskadi en las tres territoriales. En realidad en Euskadi tampoco hay tanta conflictividad más allá de la que algunos quieren hacer ver en ciertos momentos. El 83% de los trabajadores están satisfechos con sus condiciones, lo vimos al hacer el estudio que presentamos a comienzos de año. El conflicto que nos quieren hacer ver no es tal conflicto...Hemos sacado el absentismo en la mesa de diálogo, donde ELA y LAB no están. Agradecí mucho a Loli y Raúl (CCOO y UGT) que vinieran a la jornada que hicimos sobre absentismo, creo que fueron muy valientes. Sobre todo porque esto afecta también a la salud de los trabajadores...Iremos a negociar un salario mínimo vasco con dos condiciones: que sea un diálogo tripartito y que se hable de otros temas como el absentismo..." Ver más en Crónica Vasca aquí. 

Continuación de la entrevista con Tamara Yagüe. "Los aranceles nos preocupan, no sabemos qué va a pasar. La industria está bajando. En el último trimestre la economía ha seguido creciendo pero es por servicios y construcción. Las decisiones del señor Trump han generado mucha incertidumbre y hay un parón...Esperemos que Europa tome decisiones rápidas para proteger su industria. Si quitamos todo esto, digamos coyuntural, pues las preocupaciones de las empresas son los costes laborales, el absentismo y la falta de talento...Debemos ser atractivos para las multinacionales y cambiar la imagen que tenemos de ellas. Generan gran actividad alrededor, lo vemos con Mercedes...En relación al plan industrial, primero pongo en valor el trabajo de escucha del consejero Jauregi. Ha conseguido un proyecto en el que todos estamos alineados. Estamos de acuerdo con los ejes principales del plan y creo que los sectores elegidos son los correctos. Es una apuesta innovadora e inteligente y es un proyecto de país, de gobierno. Ahora viene lo difícil, que es ponerlo en marcha...Sobre la reforma fiscal, estamos de acuerdo en cosas, como las deducciones a la descarbonización, pero creemos que es momento de impulsar el crecimiento y la competitividad. Eso se hace con ventajas fiscales, así atraes inversiones y luego a la larga recaudas más. Sobre todo no estamos de acuerdo en el relato que se hizo alrededor de la reforma fiscal, nos hemos visto perjudicados. Es que una empresa tiene que ganar dinero. Tiene que ganar dinero para poder invertir mañana y para generar empleo pasado mañana...". Ver más en Crónica vasca aquí. 

Entrevista con el Lehendakari Imanol Pradales. "La operación Talgo tiene un problema de base que es la multa que le impone Renfe a Talgo de 116 millones de euros, una multa que va contra el balance y los fondos propios de la compañía. Las entidades financieras dicen: hay que reforzar el balance. Al final, tenemos que activar capital adicional. Nosotros hemos puesto encima de la mesa en colaboración con el señor Jainaga (Sidenor) alternativas distintas. Algunas tienen que ver con que la Sepi podría jugar un papel o no. Otras tienen que ver con el Ministerio de Economía o el de Transportes. Esta semana, el consejero Jauregi ha estado en Madrid. Nosotros seguiremos insistiendo en que todo deriva de que Renfe fue incapaz de buscar una solución a la sanción. Si la voluntad política del Gobierno español es absolutamente clara, se puede cerrar en un espacio de tiempo corto. Pero se tiene que volcar el Gobierno español, y hoy está más en manos del Gobierno español que de otros...Sobre el SMI, el Gobierno vasco se comprometió a hacer un análisis con muchos datos de todos los sectores de actividad como elemento para el debate e intentar buscar un acuerdo entre patronal y sindicatos. Se pondría sobre la mesa un salario mínimo de convenio con una cifra incluso, pero explicando por qué llega el Gobierno a esa cifra y por qué esa cifra puede permitir un acuerdo razonable para todas las partes. El Gobierno se va a mojar y el compromiso es que durante la primera quincena de julio se presente ese documento. El departamento de Mikel Torres está ultimando el documento y lo va a presentar en la mesa de diálogo social, pero no como algo que impone el Gobierno...Pacto de salud va a haber, y creo que van a estar mayoritariamente los agentes que han estado desde el inicio. Que alguien se pueda caer es posible, pero pacto como tal va a haber. En la mesa están todos los colegios profesionales, todas las universidades vascas, asociaciones de pacientes, sindicatos profesionales y de clase, y los partidos además del propio Gobierno. Hay un 90% de elementos acordados. Por lo tanto, quien no quiera estar en el pacto tendrá que explicar muy bien por qué no quiere estar después de haber hecho todo este recorrido de manera colaborativa. Respecto a los elementos en cuestión, está la mal llamada privatización. Siempre hemos defendido que desde la colaboración público-privada en este país se puede hacer una aportación positiva al sistema público vasco...De cada 100 euros, 95 se quedan en la propia Osakidetza y solo 5 son los que se conciertan con terceros que pueden ser privados o pueden ser del ámbito de la iniciativa social. Son la Cruz Roja, la fundación Matia, hospital San Juan de Dios, el acceso a pruebas diagnósticas para ser más rápidos en la respuesta a los pacientes con algunas clínicas privadas, o la subcontratación de la limpieza. Pero son 5 de cada 100 euros, la cifra más baja de toda Europa. Alguien ha querido hacer de esto un debate ideológico, pero sin demasiado sustrato..."

Continuación de la entrevista con Imanol Pradales. "La investigación en curso y el informe de la UCO no señalan nada que nos deba preocupar desde el Gobierno vasco pero, en todo caso, yo sí creo que por prudencia y responsabilidad tenemos que hacer el análisis de las contrataciones públicas que ha hecho el Gobierno en los últimos años para estar absolutamente seguros. Si queremos ser ejemplares, transparentes y honestos, tenemos que hacer ese análisis...El PP pone el ventilador porque, además, ha visto que se ha abierto la ocasión de que caiga el Gobierno del señor Sánchez y se convoquen elecciones anticipadas. Es lo que viene intentando desde el inicio de la legislatura, porque el PP ganó las elecciones y entiende que este Gobierno no está legitimado para gobernar, pero la democracia parlamentaria lo que exige es que haya mayorías suficientes. En relación con la corrupción, cualquier responsable público tiene que ser ejemplar. Eso exige transparencia, celeridad en la toma de decisiones ante cualquier mínima sospecha o indicio, y contundencia, y eso es lo que tiene que hacer el PSOE. Además, en la medida en que no tenemos ningún indicio que afecte al Gobierno vasco, tenemos que preservar la estabilidad de un Gobierno que está a lo que demanda la ciudadanía vasca: vivienda, salud, seguridad, industria, empleo... Vamos a plantear que haya un acuerdo político en relación con la transferencia del primer bloque del régimen económico de la Seguridad Social. En una Comisión previa en noviembre, se calendarizó que teníamos que llevar un acuerdo a la Comisión de julio. Es el paquete que afecta a las prestaciones no contributivas, al subsidio de desempleo no contributivo, al subsidio de desempleo contributivo y al Sepe. Tenemos que llevar este primer paquete con un acuerdo político a la bilateral, sí o sí, porque el pacto obliga. No vamos a cejar.."

Lascaray, la empresa que fabrica LEA, no titubea sobre el futuro de la compañía, pese a las consecuencias del enorme incendio que el viernes arrasó su planta en el polígono vitoriano de Arriaga. «Nuestro trabajo va a ser que al menos estemos en Vitoria otros 200 años más», afirmó ayer su director general, Félix Lascaray, sexta generación al frente de la firma más longeva de Euskadi. Lo consiguieron en 1905 y en 1986, cuando la empresa también quedó arrasada por sendos accidentes, y en 2025 quieren volver a resurgir. «Toca arrimar el hombro, trabajar y empezar con la reconstrucción», subrayó, sin dar pie a ninguna duda sobre las intenciones de la dirección de esta firma célebre por sus productos cosméticos y de higiene. Además, aseguró, «la cadena de suministro no está afectada» y confían en mantener el servicio en la medida de lo posible. El gerente se acercó hasta las instalaciones afectadas acompañado de familiares y empleados, junto a los que agradeció el apoyo recibido por las instituciones y los vecinos de los barrios más próximos a la factoría, que tras el estallido se tuvieron que confinar en sus domicilios. Lascaray se personó ayer allí al filo de la una del mediodía, poco después de que los servicios consiguieran extinguir las llamas por completo tras una noche de intenso trabajo en la que se tuvo que actuar con equipos de respiración por el fuerte humo, cuyas partículas aún resultaban perceptibles durante la mañana.

Los nubarrones del sector de la automoción se cobran sus primeras víctimas en Álava. Después de certificar la desaparición de su filial Atik Automotive, la matriz del fabricante de componentes, el grupo industrial Alcor, afronta un futuro comprometido. El Registro Mercantil publicó hace unas semanas la liquidación del conglomerado alavés después de 31 años de historia ligada a la industria. Ahora la empresa trata de mantener con vida a sus otras filiales. El histórico holding empresarial pone fin a una exitosa andadura en la que se ha expandido por distintos negocios del sector secundario. Con Gaizka Grajales al frente, llegó a ser el principal accionista de la aeronaútica Alestis antes de dirigir su negocio hacia una diversificación que abarcó desde el negocio de las imágenes satelitales hasta el biotecnológico. Sin embargo, ahora se encamina hacia la disolución de igual forma que la filial de automoción. Portavoces del grupo industrial admiten que «la coyuntura del sector de automoción» es la responsable de la crisis que ha arrastrado a Alcor. Proveedora de firmas como Mercedes o Volkswagen, la firma situada en Júndiz se ha visto afectada por factores como «una lenta recuperación tras la pandemia», «la problemática de materias primas» o «la lenta irrupción del vehículo eléctrico», aunque también se ha notado «la reducción de ventas de vehículos en Europa», «un mayor endeudamiento» y «la irrupción agresiva de terceros países». Es «la tormenta perfecta», resumen desde la firma. «Todo esto ha arrastrado a la matriz Grupo Empresarial Alcor, ya que era avalista de gran parte de su deuda y al ser un holding sin actividad ha ido abocado directamente a concurso y liquidación», insisten.

La montaña sigue ahí, la cuerda sigue tensa y Ternua Group no se da por vencida. Tras solicitar el pasado día 13 el concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Donostia, el grupo textil de Arrasate sigue firme en su propósito de buscar salidas que aseguren la continuidad de su actividad y la protección del empleo. Según fuentes solventes consultadas por El Diario Vasco, la compañía propiedad de varias familias guipuzcoanas ha solicitado concurso voluntario de acreedores como vía para reorganizar su actividad y tratar de «garantizar la continuidad de su proyecto». La firma que gestiona las marcas de Ternua, Loreak Mendian, Astore y Lorpen no considera este paso como un cierre, sino como una herramienta legal que permite tomar aire, «proteger el empleo» y «explorar salidas que mantengan operativas sus unidades productivas». La decisión se enmarca en lo previsto por la Ley Concursal, cuyo espíritu busca precisamente preservar el tejido industrial en situaciones críticas. En este caso, el grupo textil trabaja activamente para preservar su actividad, el futuro de sus cuatro marcas —Ternua, Loreak Mendian, Astore y Lorpen— y los 180 puestos de trabajo actuales. Las circunstancias que rodean al proceso hacen pensar en un escenario de continuidad «más que factible», tanto para la estructura empresarial como para el empleo asociado a ella. La compañía, con sede en Arrasate y planta de fabricación en Etxalar, arrastra una deuda de 16 millones pero cuenta ya con una oferta vinculante por Loreak Mendian, una de sus tres unidades productivas, que será analizada por el juzgado. Mientras tanto, la maquinaria no se detiene: las colecciones de otoño-invierno están listas, y ya se diseña la de primavera-verano de 2026. El concurso no implica paralización, sino un alto en el camino para buscar un nuevo paso firme, subrayan las mismas fuentes.

Entrevista con la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe. Ratifica que la apuesta por el cine es firme y que se aspira a convertirlo en un sector económico potente. Y que el asunto va a poner a competir a los tres territorios históricos. «No estamos para perder oportunidades». Anuncia nuevos incentivos pese a la reciente reforma fiscal: «No nos hemos quedado cortos, pero hay otras necesidades». "Queremos más, que esto no sea solo un ‘boom’ de rodajes originado por los incentivos fiscales, sino crear una industria que genere valor y empleos. Y aparte de personal para abastecer a esa industria, también necesitamos espacios nuevos. En Orduña existen unos pabellones propiedad de la Diputación en el Elkartegi que vamos a habilitar aprovechando que la zona ya acoge un importante número de rodajes. Es una colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, una extensión del ‘hub’ de Punta Zorroza en el que llevamos ya un tiempo trabajando. El objetivo es que haya más rodajes puntuales, pero también espacio para quien quiera hacer algo estable, prolongado en el tiempo. La fiscalidad ahora mismo atrae a las productoras y hace que haya trabajo de sobra y que no tengamos la necesidad de plantearnos si es necesario uno u otro. La revisión fiscal responde a unos retos prioritarios. Hablamos de la vivienda, de facilitar la conciliación, de las personas que tienen las rentas más bajas... son objetivos que compartimos los tres territorios históricos. Eso no quiere decir que cada uno no pueda utilizar la fiscalidad para responder a otras necesidades..."

Bizkaia ha elegido el centro de empresas (elkartegi) de Orduña para instalar su propio estudio de cine. Se da la circunstancia de que se encuentra a apenas diez kilómetros del polígono industrial de Maskuribai, en Amurrio, donde la institución foral de Álava ya ha comprado una nave para instalar el suyo con el objetivo de tratar de atraer más rodajes. «Como territorio no estamos para perder oportunidades, la competencia es buena y nos hará sacar lo mejor de nosotros», afirma Etxanobe totalmente consciente de la cercanía de la ubicación elegida por el Gabinete de Ramiro González. Y es que, como publicó el miércoles este periódico, Álava ha adquirido por cerca de 600.000 euros un pabellón en Maskuribai de 1.176 metros repartidos en dos plantas que ahora necesitará adaptarse a las demandas y necesidades del sector audiovisual. Además, las instalaciones del ‘Refor’ se aprovecharán para impartir formaciones y preproducción. Gipuzkoa también tiene su propio estudio desde hace dos décadas (Zinealdea). Preguntada por si Euskadi necesita tres estudios o si los recursos podrían destinarse a otros asuntos, Etxanobe contesta que «la fiscalidad ahora mismo atrae a las productoras y hace que haya trabajo de sobra y que no tengamos la necesidad de plantarnos si es necesario uno u otro». El objetivo de las instalaciones de Orduña, apunta, es que haya espacio «para quien quiera hacer lago estable, prolongado en el tiempo».

En los últimos dos años, el número de ciberataques registrados en Euskadi ha crecido un 48%, algo que hace patente la necesidad de blindar los datos de las empresas. En este contexto, Oscar Lage, director de estrategia y tecnología de ciberseguridad en Tecnalia, dio el pistoletazo de salida a la primera edición del Cyberindustry Congress, celebrado esta semana en Bilbao. Un evento nacido para ahondar en la necesidad de que la ciberseguridad, un sector en el que Euskadi se sitúa en punta de lanza, sea un habilitador de la competitividad industrial. "Los que más llaman la atención son los ‘ransomware’. Los delincuentes secuestran los datos y los cifran para obligarles a pagar un rescate. Es un secuestro al uso, pero digital. También abunda el ‘phishing’ para robar mails y credenciales. En corporaciones de más tamaño también hay ataques dirigidos a infraestructuras críticas y servicios esenciales...Hace más de una década que usamos IA para protegernos. Hasta hace 15 o 20 años era todo manual, todo se evaluaba por personas. Pero con el actual volumen de ataques sería imposible. Desde hace más de 10 años todos los sistemas de detección incorporan IA para detectar anomalías o tráfico extraño en la red. – ¿Están las empresas vascas preparadas ante estas amenazas?– Están muy protegidas, pero nunca es suficiente. Esto es una escalada de violencia continua, una ciberguerra que además se ha visto incentivada por la tensión geopolítica, por lo que se registran más incidentes... En el mundo hacen falta 4 millones de expertos en ciberseguridad. En España se calcula que hay más de 40.000 puestos que cubrir y en Euskadi estaremos en niveles similares proporcionalmente.  En Euskadi no hay oferta suficiente y además nos enfrentamos a otro problema: las empresas estadounidenses o chinas con políticas de teletrabajo total están fichando a nuestro personal. Competir en este sentido es muy complicado porque tienen salarios estadounidenses y siguen viviendo en el Casco Viejo de Bilbao..."

El verano ya está aquí (el cambio de estación en la Península se produjo exactamente a las 4.42 horas de ayer) y Euskadi sigue sin conocer la propuesta de impuesto turístico que las instituciones vascas tratan de definir desde octubre. Sobrepasados con creces los seis meses de plazo que se dio el consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado (PSE), para presentar un proyecto, y en medio de arduos debates, posturas enfrentadas y por ello un mutismo absoluto para no enturbiar las negociaciones, lo único cierto en este momento es que el impuesto que gravará las pernoctaciones de los turistas que duerman en algún alojamiento vasco no entrará en vigor este año. Habrá que esperar a 2026, como pronto, habida cuenta de que, salvo sorpresa de última hora, lo poco que parece claro es que se tratará de un impuesto de alcance autonómico, que en virtud del reparto competencial vasco deberá ser regulado por las Juntas Generales de cada territorio y será recaudado por los ayuntamientos que así lo decidan. Es decir, participarán los tres ámbitos competenciales: autonómico, territorial y municipal. La tramitación legislativa propia de estos casos dificulta que el recargo pueda ser una realidad antes de fin de año. Los planes del departamento de Turismo de poder presentar una propuesta antes de abril han saltado por los aires por las diferentes posturas que mantienen los socios de Gobierno (PNV y PSE) por un lado, y las distintas sensibilidades que hay en torno al impuesto en los diferentes municipios y territorios vascos, incluso con dirigentes del mismo partido.

Con una sólida trayectoria en el ámbito económico y empresarial, la navarra Izaskun Goñi Razquin (Pamplona, 1972) hace historia al convertirse en la primera mujer al frente de la Autoridad Portuaria de Pasaia. "El puerto está actualmente funcionando casi a su máxima capacidad y hay en marcha una serie de inversiones muy importantes. Por un lado, una actuación relevante y sin precedentes es la cesión gratuita por parte de la Autoridad Portuaria de casi 24.000 metros cuadrados de suelo a otras administraciones, destinados a usos públicos, con proyectos como el de Adinberri, entre otros. Si a esto le sumamos la apertura de espacios portuarios al uso ciudadano, hablamos de un total de 60.000 metros cuadrados que el puerto ha puesto a disposición del público. En cuanto a la funcionalidad industrial del puerto, que es el núcleo de su actividad, también se están llevando a cabo múltiples inversiones para reducir los impactos medioambientales o renovar los muelles...La principal inversión es la del canal de Lezo, con 30 millones. También estamos terminando la lonja pesquera, que es otro gran activo del puerto, que son otros 5,5 millones. Destacar otros 5,5 millones para la entrada de las vías de ancho métrico. La red ferroviaria vasca (Euskal Trenbide Sarea) va a llegar por primera vez con mercancías a este puerto, por lo que vamos a tener doble conexión ferroviaria. Iberdrola también va a invertir más de un millón de euros en los cargadores para los buques electrificados...El reto principal del puerto es el crecimiento, tanto en número de empresas como en empleo, servicios y conectividad de tráfico marítimo, terrestre y de ferrocarril. Somos 123 empresas con centro de trabajo en el puerto, donde empleamos a 1.330 personas. El año pasado movimos 3,3 millones de toneladas. Nos vamos a plantear un incremento. Es por ello que en este mismo 2025 vamos a diseñar nuestro plan estratégico con la mira puesta en 2030. Como ya comentaba, nos vamos a plantear también un incremento del número de empresas, porque queremos que haya emprendimiento dentro del puerto...2

El Puerto de Valencia es un trajín de enormes cruceros que llevan turistas y barcos aún más grandes que mueven contenedores. En uno de sus rincones se ve una novedad sorprendente: una enorme grúa capaz de elevar camiones y subirlos directamente a trenes. Es el punto de partida de la primera autovía ferroviaria de España: los semirremolques procedentes de Italia bajan del buque, los colocan en fila y, gracias a los potentes brazos mecánicos de la máquina, se montan en un convoy con vagones especiales —para no superar la altura— que los llevará hasta Madrid. El gestor estatal Adif calcula que este medio de transporte genera cinco veces menos emisiones que la carretera. Mientras, el Ministerio de Transportes apostó hace dos años por este modelo en lugar de poner más peajes a los coches, por lo que está invirtiendo en adaptar otras rutas —como de Algeciras a Zaragoza— para elevar la cuota ferroviaria de mercancías del exiguo 4% actual a un 10% en 2030. Adif define la autopista ferroviaria como “un servicio de transporte de mercancías que carga tráileres de carretera o semirremolques, utilizando vagones especializados. El servicio se presta en corredores terrestres que unen puertos y nodos logísticos, donde se concentran grandes volúmenes de mercancía rodada”. La iniciativa “ofrece una solución logística competitiva y colaborativa con importantes ahorros, tanto en coste externos como en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): las emisiones de la carretera respecto al ferrocarril son 4,7 veces superiores”. Es un sistema nuevo en España, que lleva funcionando tan solo unos meses.

Hace tiempo que la opa de BBVA sobre Banco Sabadell dejó de ser una operación puramente empresarial para entrar de lleno al terreno –más bien al barro– político. La intervención del Gobierno con la inédita consulta pública lanzada el 6 de mayo y la posterior decisión de elevar al Consejo de Ministros la operación anticipaba la imposición de condiciones asumibles para el banco vasco, en base al interés general y más allá de las ya pactadas con Competencia. Pero la fuerte crisis política que asedia al PSOE ha desbaratado por completo las quinielas sobre la postura que finalmente adoptará el Ministerio de Economía el próximo martes 24 de junio, cuando Moncloa anunciará su decisión. «Es imposible de predecir; hace unas semanas daba un 99% de probabilidades a que la opa saliese adelante con nuevas condiciones asumibles para BBVA; pero reconozco que ahora estoy perdido», comenta a este diario un gestor de fondos con ambos bancos en cartera. «La debilidad del Gobierno puede tener varias lecturas: por un lado que, en medio del importante caos que rodea al PSOE, se apueste por evitar más problemas y establecer condiciones aceptables para BBVA, incluso aunque estas obliguen a la entidad a recalcular las sinergias esperadas inicialmente», señala. «Por otro, Economía podría ceder a la presión de socios como Sumar, que exigen medidas más contundentes como la prohibición de acometer despidos o cerrar sucursales, pero eso lo veo menos probable», insiste. La presión llega de todos los frentes, de ahí la imprevisibilidad de la resolución final. El informe de la UCO sobre la implicación del ex secretario de organización, Santos Cerdán, en el ‘caso Koldo’ ha provocado que los que apoyan al actual Ejecutivo ganen mucho poder de negociación.

El tiempo es un factor clave en cualquier operación de compra empresarial. Cada semana que se alarga una adquisición es una oportunidad para que surjan dificultades. BBVA está sufriendo esa situación, ya que tras lanzar de modo oficial su oferta por el Sabadell el 9 de mayo de 2024, el calendario de la opa no ha hecho más que estirarse. El plan de la entidad vasca era cerrar la operación en octubre de 2024, pero ya da por seguro que tendrá que conceder cerca de un año más a sus plazos y trabaja con la hipótesis principal de no cerrar la operación antes de este septiembre para, además, gestionar los dos bancos por separado. Y es que la oposición del Gobierno a la fusión comercial, que las fuentes del mercado dan por descontada, retrasaría además la fusión de consejos de administración y las marcas. De hecho, algunos analistas indican que ese veto a la fusión, aunque se ubique procesalmente más adelante, podría adelantarlo ya este martes el Consejo de Ministros. Lo que sí quiere evitar BBVA es que sea agosto cuando se cierre el periodo de aceptación a su oferta de canje lanzada a los accionistas del Sabadell. Una vez se pronuncie el Gobierno, que podría endurecer las condiciones acordadas con Competencia, el regulador de los mercados (CNMV) deberá validar el folleto de la opa –un trámite que llevará cinco días– y entonces se abriría el plazo para responder a la oferta de BBVA. La entidad presidida por Carlos Torres podrá dar entre 30 y 70 días para esa ventana.

Ángel Escribano (Madrid, 53 años) lleva casi medio año al frente de Indra, periodo en el que la empresa se ha revalorizado casi un 85% en Bolsa al calor del convulso contexto geopolítico en el que Europa prevé disparar el gasto en defensa y reforzar su autonomía estratégica. Estos son dos vectores en los que la compañía del Ibex 35 quiere jugar un papel de liderazgo. Escribano es una rara avis en el mundo de los gestores de la gran empresa española. Con un lenguaje directo, llano y sin florituras, preside una Indra en la que se juega buena parte de su patrimonio. Ha llegado hasta la cima de una empresa casi centenaria después de poner a su propia compañía familiar, Escribano Mechanical & Engineering, en la senda de facturar más de 400 millones de euros al año apostando por la industria nacional. Un hito al que llegó después de mancharse las manos de grasa en el taller de fresador de su padre. Su madre vendió su mercería en el municipio madrileño de Coslada para apostar por la compañía de sus hijos. Con estos mimbres, este empresario, que estudió FP tras pasar por un instituto público, quiere potenciar Indra para que la industria española de defensa pueda competir de tú a tú con las grandes potencias europeas. Cree que España tiene una oportunidad histórica que no debe desaprovechar como país.

"La guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empieza a hacer mella en la economía, pero el panorama que se dibuja es distinto al que se anticipaba. Lo que sí se confirma es el desplome del comercio global, lastrado por el retroceso del mercado norteamericano: las exportaciones europeas de bienes hacia EE UU descendieron un 35% tras el día de la “liberación”, borrando el avance de los dos meses previos y prefigurando una tendencia preocupante. En el caso de España, a falta de información de aduanas, las exportaciones de grandes empresas apuntan en la misma dirección: los envíos de bienes y servicios hacia terceros países se redujeron en abril casi un 5% en términos deflactados. Las importaciones, por su parte, han crecido moderadamente, evidenciado un efecto desvío relativamente limitado de los productos asiáticos hacia los mercados europeos, en contra de lo anticipado. La principal sorpresa procede de la debilidad del mercado interno europeo. Los intercambios entre socios comunitarios se han congelado pese a la sucesión de anuncios grandilocuentes proferidos desde Bruselas y a las esperanzas suscitadas por los planes milmillonarios del canciller Friedrich Merz..."

“Es lo común lo que nos salva, lo que nos pone en pie. Viva la lucha de la clase trabajadora y vivan las Comisiones Obreras”. Con estas palabras concluyó ayer el 13º congreso de CC OO celebrado en Madrid. Las pronunció Unai Sordo (Barakaldo, 52 años) minutos después de ser proclamado secretario general del sindicato para otros cuatro años. De cumplir ese periodo, permanecerá al timón hasta 2029, en el que será su tercer y último mandato por la limitación de tres por secretario general. Su candidatura era la única y se impuso con un 96% de los apoyos, con 692 a favor, 28 en blanco y ningún voto en contra. Sordo inició su discurso aludiendo a la presunta corrupción en el PSOE: “Exigimos claridad y transparencia en los casos que se están investigando ahora y en los que llevan años investigándose”. Subrayó que este fenómeno no solo alcanza a políticos, “forma parte del paisaje económico español desde hace muchos años”. El recién reelegido secretario general también hizo referencia a la principal política laboral en discusión, la reducción de jornada. Anunció que va a plantear a UGT un calendario de movilizaciones para presionar a los grupos políticos en las próximas semanas, antes de la votación de enmiendas —PP, Vox y Junts han presentado enmiendas a la totalidad—. “Se trata de mostrar la diferencia entre la mayoría social [dos de cada tres personas apoyan la medida] y la posición política de los grupos. Que los que rechazan la reducción de jornada sepan que eso tiene un coste político y reputacional”, advirtió.

Los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no atisban, ni de lejos, el final del ahora ya conocido como ‘caso Cerdán-Ábalos-Koldo’. Según se van añadiendo personajes al sumario, la investigación va creciendo y creciendo hasta el punto de que nadie en la Guardia Civil se atreve a adelantar dónde estarán sus límites… y menos tras las entradas en la sede del PSOE y el Ministerio de Transportes y las nuevas diligencias ordenadas por el juez. Lo único que tienen claro los hombres y mujeres que trabajan para el teniente coronel Antonio Balas en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción es que se enfrentan a una tarea «titánica» y que la ‘Causa Especial 3/20775/2020’ en el Tribunal Supremo les va a ocupar «varios años». La ingente cantidad de documentos incautados, muchos de ellos pendientes de analizar, y la multitud de requerimientos de información complementaria, hacen pensar a los funcionarios que afrontan una de las tramas corruptas más complejas de los últimos años. El trabajo pendiente en la causa que ha convulsionado al PSOE es enorme. Aunque el departamento está absorbiendo cada vez más recursos humanos de la UCO, el esfuerzo –explican las fuentes consultadas– no sirve ni «para ponerse al día». Como ejemplo, un botón: el informe entregado el 5 de junio y que supuso la caída automática de Santos Cerdán se basaba en realidad en «solo una pequeña parte» de la información incautada en el primer registro de la ‘operación Delorme’ el 20 de febrero de 2024. «Ahora se están explotando datos aprehendidos hace 14 meses», recuerda un operativo, en referencia a los audios de Koldo García. Poner negro sobre blanco los casi cinco años de grabaciones subrepticias del exasesor a las decenas de «personas de interés» a las que registró se va a demorar «muchos meses».

La corrupción no pilla de nuevas al socialismo navarro. Los tejemanejes entre Cerdán y Koldo García rememoran graves casos de mordidas en los años 90. Como si se tratara de una maldición bíblica, Navarra vuelve a ser el epicentro de un terremoto que amenaza con arrasar los cimientos del PSOE. No es nuevo. Ya pasó en los noventa con nombres como Gabriel Urralburu, Javier Otano y Luis Roldán, y parece que nada ha cambiado. La dinámica es la misma: constructoras que pagan mordidas a cargos públicos a cambio de adjudicaciones de obras. Aquello llevó al colapso al PSN, que tardó treinta años en recuperar el poder. Pero el efecto fue mucho mayor. Las cloacas abiertas en la comunidad foral acabaron por anegar toda la estructura del PSOE, facilitando la caída de Felipe González y la llegada del PP a La Moncloa. Tres décadas después, los socialistas se asoman a un abismo similar. El escándalo de los noventa formó parte de lo que se llamó la «trama navarra del ‘caso Roldán’», parte de la estructura que había montado el que fuera director de la Guardia Civil para enriquecerse de forma ilícita. Roldán fue delegado del Gobierno en Navarra entre 1982 y 1986. Ahí intimó con Urralburu, presidente de la comunidad. En un momento en el que ETA golpeaba con fuerza, ambos se convirtieron en referentes del PSOE. Pero tras el discurso de la resistencia frente al terrorismo, las dos figuras del socialismo navarro hacían negocios. A cambio de sustanciosas comisiones ilegales de las que también se beneficiaba el consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, repartían adjudicaciones públicas a empresas que, una vez destapado el escándalo, reconocieron sin ningún tipo de reparo haber pagado en ‘b’ a los protagonistas de la trama para hacer carreteras, vías e incluso las reformas de las casas cuartel de la Guardia Civil. Según un informe remitido a la Justicia, Urralburu se habría llevado cerca de 100 millones de pesetas, unos 600.000 euros, una cifra que equivaldría a 1,2 millones en la actualidad. 

Y de repente, cuando todo indicaba que ya se disponía a apretar el interruptor de la guerra y unirse a Israel en los bombardeos sobre las instalaciones nucleares de Irán, Donald Trump levantó la mano el pasado jueves y se dio, y dio al mundo, dos semanas de plazo para negociar un acuerdo y evitar un conflicto que puede cambiar el devenir del planeta. «Dos semanas como máximo», advirtió el presidente de EE UU. El futuro depende de alguien tan impredecible como él y de otros dos dirigentes capaces de todo: el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, que se juega su supervivencia política en esta contienda, y el Líder Supremo iraní, Alí Jamenei, que sigue oculto en un búnker y que ha designado entre altos cargos religiosos a su sucesor por si es asesinado. El mundo contiene la respiración durante el tiempo marcado por el inquilino de la Casa Blanca con la esperanza de que no se desate una guerra total en Oriente Medio con consecuencias letales para la economía y la estabilidad globales. Es un cruce de caminos histórico. Dice el politólogo Gilles Kepel, especialista en temas islámicos, en el diario francés ‘Le Figaro’ que este conflicto puede tener la repercusión que tuvo la caída del comunismo y del Muro de Berlín en 1989. La OTAN pudo así olvidarse de la pelea con el Pacto de Varsovia y dedicarse a consolidar a EE UU como la gran potencia. En su libro ‘El fin de la historia’, Francis Fukuyama anuncia que la historia, como lucha de ideologías, ha terminado y que, tras la Guerra Fría, la democracia liberal se ha impuesto. Pero el destino no está escrito.

El presidente del gigante asiático, Xi Jinping, busca impulsar el crecimiento económico, lastrado por miles de firmas ineficientes. Sin embargo, no se atreve a provocar su cierre porque conllevaría despidos masivos y un gran malestar social. Los dueños de empresas y las autoridades locales hacen todo lo posible para proteger los empleos y mantener a flote a las empresas en dificultades. “Si cerramos, nuestros trabajadores perderán sus ingresos y no podrán recibir una pensión”, dijo Megan Xiao, de 35 años, hija del presidente de la empresa que colabora en el departamento de marketing. La fábrica emplea a 300 trabajadores, algunos de los cuales se benefician de un programa gubernamental de alivio de la pobreza. “Cerrar causaría enormes problemas sociales en nuestra zona”, añadió. En la década de 1990, las autoridades sentaron las bases para el rápido ascenso de China hasta convertirse en el principal fabricante del mundo cerrando miles de empresas improductivas y despidiendo a millones de trabajadores, medidas drásticas que contribuyeron a mejorar la eficiencia en todos los ámbitos. Sin embargo, ahora la economía china —con un PIB de 19 billones de dólares— se desacelera, la demanda de muchos productos está saturada y los consumidores, afectados por una crisis inmobiliaria que dura años, se están volviendo más ahorradores, incluso con la caída de los precios. La nueva realidad ha dejado a China con las empresas industriales más deficitarias desde 2001, el final de aquel periodo de reformas. Los líderes locales, agobiados por las deudas, están implementando exenciones fiscales y subsidios para las empresas en un intento por evitar el doble golpe de la pérdida de empleos y de ingresos. La situación obliga al Gobierno del presidente Xi Jinping a lidiar con dos objetivos contradictorios: evitar un desempleo masivo que podría desencadenar malestar social y, al mismo tiempo, cerrar empresas que producen bienes en exceso que están alimentando la deflación en el país y una ola de aranceles antidumping desde Europa a América Latina y Estados Unidos.