20250626

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Donald Trump terminó por estallar ayer contra España por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a incrementar su inversión en defensa y amenazó con abrir una guerra comercial contra el país en represalia. “España es terrible”, sentenció el presidente de Estados Unidos en la rueda de prensa posterior a la Cumbre de la OTAN celebrada en La Haya (Países Bajos), subrayando que es el “único país” de la Alianza Atlántica que se niega a ir más allá de un 2% de PIB en gasto militar y que EEUU se lo hará pagar. “Estamos negociando con España un acuerdo comercial. Vamos a hacer que paguen el doble” en aranceles, amenazó. El acuerdo suscrito ayer por los 32 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, incluyendo al presidente español, compromete a los aliados a reforzar sus capacidades defensivas con nuevas inversiones equivalentes al pasar del 2% al 5% del PIB de cada país para 2035, incluyendo 3,5 puntos de gasto militar puro y 1,5 puntos en protección de infraestructuras y ciberseguridad. El pacto, que supone el mayor rearme del bloque atlantista desde el final de la Guerra Fría, buscaba en buena medida contentar a Trump, que amenazaba con retirar el paraguas militar estadounidense a los aliados si no incrementaban su inversión. “Durante demasiado tiempo un aliado, Estados Unidos, ha soportado demasiada carga. Y eso cambia hoy. Presidente Trump, querido Donald, tú has hecho posible este cambio”, defendió Rutte ante los 32 líderes en la apertura de la sesión plenaria de ayer. Sánchez, sin embargo, se ha negado públicamente a que España eleve su inversión militar al 5% y solo consintió firmar la declaración después de que Rutte le enviase una carta prometiéndole “flexibilidad”. A partir de ahí, el presidente español ha aseverado que España será capaz de sufragar los compromisos humanos y materiales que la OTAN exige al país gastando solo el 2,1% del PIB.

La guerra comercial desatada por Donald Trump comienza a notarse también en España. Aunque nuestro país no tiene un gran volumen exportador con Estados Unidos, la ralentización en las compras de países europeos como Francia o Alemania afecta directamente a la economía española. Los datos confirmados ayer por el INE indican que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido un 0,6% en el primer trimestre, una décima menos que el anterior. En tasa interanual el avance se ralentiza del 3,3% al 2,8%, la tasa más baja desde hace un año. Hace unas semanas que distintos organismos comenzaron a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento económico para este año en España. El Banco de España apuntó hacia el frenazo del consumo y de la inversión por la incertidumbre a costa de los aranceles, lo que está generando una desaceleración económica en España. Según sus previsiones, el PIB crecerá un 2,4% este año, tres décimas menos de lo previsto hace solo tres meses, y al 1,8% el que viene. En un comunicado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que el crecimiento español es superior al de los principales países europeos (Alemania 0,4%, Francia 0,1%). «España mantiene un fuerte crecimiento en el primer trimestre del año, apoyado en el consumo privado, la inversión en bienes de equipo y el repunte de la construcción», señaló. La contribución de la demanda externa ha sido negativa por primera vez en tres años tras el ‘boom’ del turismo y las exportaciones desde el fin de la pandemia. Los datos del INE indican que esta contribución negativa responde a un crecimiento de las importaciones superior al de las exportaciones.

BBVA Research, el departamento de estudios económicos del banco vasco, presentó ayer su informe sobre la economía de Euskadi para 2025 y 2026. En grandes líneas sigue detectando un «crecimiento sólido» con la creación de más de 26.000 empleos entre 2024 y 2026, pero el economista jefe de la entidad para España y Portugal, Miguel Cardoso, advierte una «desaceleración debido a la elevada incertidumbre de la política económica y el impacto de los aranceles de Estados Unidos». En ese cuadro macro, las previsiones de crecimiento de la entidad para 2026 se quedan en un 1,4%, rebajando el 2,3% previsto para este año. Como detalla Cardoso, el consumo, los servicios y el gasto público tiran de la economía vasca que, en el caso de la industria, sigue acusando el ‘impasse’ que atraviesa Europa y su elevada exposición a las ventas al exterior. Así, el empleo crece con fuerza pero en las principales ciudades y en servicios y administración. Un síntoma que convive con «un estancamiento» en la creación de puestos de trabajo fuera de las capitales, evidenciando el frenazo de la industria. Eso sí, la fortaleza del ritmo de creación de empleo, un IPC que se prevé entre el 1,5% y el 2% para finales de año y las bajadas de los tipos de interés alientan a que el consumo pueda seguir como refugio. Cardoso insiste en que las subidas salariales entre el 3% y el 4% aseguran esa ganancia de poder adquisitivo que permite seguir confiando en la demanda interna. Esto, junto al aumento de gasto público que ya representa un 11,2% del PIB vasco, son el mejor abrigo a la espera de la recuperación de la industria. De hecho, el informe de BBVA destaca que el PIB per cápita en Euskadi ha subido un 1,8% en el último año frente al 0,9% en el resto del país. Así ubica al País Vasco como la autonomía con más avance gracias a la productividad de la industria. Pero ésta ahora afronta un doble problema.

El cine, las series y la producción audiovisual se han convertido ya en un vector económico de Euskadi. El número de rodajes y su crecimiento exponencial año tras año son la mejor muestra de ello. En 2024, Bizkaia acogió 39 proyectos entre largometrajes y series; Álava, 19, y un total de 81 proyectos audiovisuales fueron contabilizados por la San Sebastián Gipuzkoa Film Comission. Un movimiento alentado por la apuesta fiscal de las diputaciones forales, que ofrecen incentivos de hasta el 70% a estos proyectos con la intención de atraer fondos y rodajes. En este escenario, diversos gestores y empresarios vascos han creado el primer fondo de inversión en la industria audiovisual a gran escala en Euskadi. La figura, ya constituida ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), responde al nombre de Culture Cap7 y se ha fijado el objetivo de movilizar 100 millones de euros para reforzar el tejido empresarial del sector local. Su consejero delegado, Alfonso del Río, explica a EL CORREO que «el objetivo es generar una industria en torno al audiovisual que permita que lo que ha empezado en Euskadi pueda seguir creciendo». Del Río advierte de que gracias a los incentivos los proyectos vienen, pero muchas veces «llegan con sus propios equipos, ruedan y se van». Ahora la clave es seguir ganando competitividad, explica, para generar un ecosistema de empresas y servicios que refuerce aún más la industria. Un entramado «que permita generar ingresos aquí, inversión, pago de impuestos y capital con que el participar más en la distribución y los derechos de propiedad», señala. En el diseño del fondo ha participado Pablo Echart, gestor de Stellum, uno de los vehículos de inversión de la Fundación Artizarra, que busca participaciones empresariales que garanticen el arraigo. Además, Kutxabank también ha comprometido su concurso en una herramienta que actúa bajo el amparo de BlackPearl Capital.

La gestora de activos alternativos Talde anunció ayer el lanzamiento de dos nuevos fondos para invertir en pymes. Así lo declaró durante su Investor Day, celebrado en la Torre Iberdrola, al que acudieron algunos de los principales inversores de la firma, así como socios y equipos directivos en compañías participadas. En un momento «clave» para la gestora después de la entrada de Kutxabank como accionista mayoritario, Talde anunció dos nuevos vehículos de inversión para seguir reforzando su apoyo al ecosistema de pymes y proyectos empresariales de crecimiento. El primero de ellos es un fondo de capital riesgo con un tamaño objetivo de 200 millones, «orientado a apoyar proyectos empresariales de expansión y transformación», mientras que el segundo se trata de un fondo de deuda privada con un objetivo de 100 millones, dedicado a ofrecer financiación flexible a largo plazo en compañías de crecimiento. Desde la gestora destacan que ambos vehículos «reflejan nuestra estrategia de continuidad, con un enfoque claro en el apoyo al ecosistema de pymes y en proyectos empresariales de crecimiento, manteniendo una política de inversión activa y cercana». Actualmente, gestionan más de 370 millones en varios vehículos de inversión. Kutxabank siempre ha mantenido una participación desde que la gestora se fundó en 1976, pero ahora el banco dirigido por Anton Arriola está reforzando su apuesta por la banca de inversión tras haber adquirido el 70% de Talde.

Un centenar de trabajadores de Lascaray, la empresa que fábrica LEA, sufrirá un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) después de que su planta en el polígono vitoriano de Arriaga se viera arrasada el pasado viernes por un enorme incendio que dejó la factoría «irrecuperable». La compañía, una de las más longevas de Euskadi, célebre por sus productos cosméticos y de higiene personal, trasladó ayer el ajuste laboral al que se ve obligada durante un encuentro mantenido con el comité de empresa. En un comunicado se explica que la decisión se ajusta a los requisitos legales para este tipo de siniestros. Esta motivada en «circunstancias objetivas» y se adopta por «causa de fuerza mayor». La dirección de la empresa subraya la «comprensión» y «receptividad» mostrada por la parte social. «En los próximos días se seguirá avanzando en esta materia y se realizarán reuniones con la plantilla para compartir los planes de la empresa», se expone en la nota enviada a los medios de comunicación a media tarde. Fuentes del sindicato ELA plantearon el lunes la necesidad de que el ERTE «venga acompañado de un plan de viabilidad». La compañía –la más longeva de Euskadi con 202 años– volvió el lunes a atender pedidos con los productos que almacenaban en un centro logístico en Júndiz. 

Los sindicatos ELA y CC OO y las patronales Adegi y Ascongi (del sector) rubricaron ayer el convenio de la Construcción de Gipuzkoa. El acuerdo laboral tendrá una vigencia para cuatro años (2025-2028) y una subida salarial del IPC+0,9 durante el primer año (supone un 3,7%) y subidas del IPC en los años restantes, según explicó ELA, que con el 74% tiene la mayoría de la representación en el sector, que engloba a unos 14.000 trabajadores en el territorio histórico. El acuerdo también recoge medidas para facilitar la conciliación y la vida de los y las trabajadoras de la construcción, ya que se ha firmado una reducción de jornada de ocho horas, para un total de 1.676 horas anuales. También hay medidas para combatir la precariedad y hacer más atractivo un sector que no siempre tiene facilidades para atraer personal, sobre todo en verano, y que se nutre, en gran parte, de trabajadores inmigrantes, con el reto de enrolar también a trabajadores autóctonos. En este sentido, para mejorar las condiciones, el acuerdo firmado recoge que no se permitirá la contratación a través de ETT ni en obra ni en mantenimiento. Y quienes trabajen para subcontratas que se encuentren de modo continuado y estable tendrán derecho a la subrogación a partir de ahora. Además, ELA reivindica el derecho a trabajar en euskera. Por lo tanto, los firmantes del pacto laboral han incorporado artículos para que las empresas de más de 50 empleados negocien planes de euskera. También ha habido avances en el protocolo de acoso sexual y se han incorporado derechos para el colectivo trans, en aras a atajar discriminaciones.

Mercadona ha inaugurado esta semana su nuevo supermercado en Zarautz, ubicado en el Camino Urteta 3 en el Polígono Errotaberri de la localidad guipuzcoana. La apertura de la nueva tienda supone el noveno establecimiento operativo de la cadena de supermercados de origen valenciano en Gipuzkoa, de un total de 32 en todo Euskadi. El nuevo supermercado de Mercadona en Zarautz ha supuesto la creación de más de 80 puestos de trabajo estables tras una inversión de 7,5 millones de euros. Además, en su construcción han participado 60 proveedores, que han dado empleo a alrededor de 100 personas durante la fase de obras. Denominado por la compañía como «supermercado eficiente», la nueva superficie responde al model de «Tienda Eficiente de Mercadona, que refuerza la excelencia en el servicio y presenta mejoras tanto para los clientes como para los trabajadores o los proveedores». El nuevo establecimiento cuenta con una superficie de sala de ventas de 1.800 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer.

Rosa Carabel, Eroskiko CEOa. Prezioen lehiakortasunari eusteaz harago, talentuarentzat erakargarri izatea eta datuen gobernua hobetzea ditu erronka besteak beste banatzaileak. "Azken 15 urteetako unerik onenean gaude. Eta gainera une hori sendotzen eta finkatzen ari gara. Erronkaz beteriko aldi bati egin behar diogu aurre, baina oso prest gaude""Nik elkarlana aldarrikatzen dut. Sektore bezala, lehiakide izanik ere, elkarlanean gauzak egiteko gaitasuna dugu". "Erregulazio-karga ez da etsaia; baina kantitatea desegokia da, eta baita zenbat denboran jarri nahi den dena martxan ere". "Retail merkatuan kontsumitzailearen beharretara egokitzen zaren bezala egokitu behar zara talentuak dituen eskakizunetara". "Egunero 5 milioi datu prozesatzen ditugu soilik ticket-bezero lerroari dagokionez". Gehiago irakurri hemen. 

El consejo de administración de BBVA decidirá en los próximos días qué postura adopta ante la decisión del Gobierno de impedir en los próximos tres años, ampliables a cinco, la fusión de la entidad con Sabadell que era el objetivo fundamental de la oferta de compra que hace algo más de un año presentó y sobre la que ha ido consiguiendo las autorizaciones necesarias hasta que el martes también consiguió la del Gobierno, aunque en esta ocasión sujeta precisamente a esa limitación. El presidente de BBVA, Carlos Torres, se enfrenta a una de las mayores decisiones que tiene que plantear ante el máximo órgano de control de la entidad: mantener la oferta presentada o retirarla ante las limitaciones que el Gobierno ha impuesto. Además de las consideraciones puramente económicas inherentes a la limitación establecida hay otras más relacionadas con la reputación de la entidad y del propio equipo gestor que no pueden no tenerse en consideración. En el primer aspecto, BBVA debe replantearse si con el aplazamiento de tres años las expectativas de rentabilidad que tenía producto de la obtención de las sinergias de 850 millones de euros previstas y de la aceleración del negocio –cuyo elemento principal era un aumento de la capacidad de crédito por importe de 5.000 millones de euros, según sus cálculos– se mantienen o, por el contrario, se retrasan hasta el punto de influir de forma negativa en la generación de esa rentabilidad. La imposibilidad de llevar a cabo el programa de ajuste de plantilla y cierre de oficinas derivados de la perseguida fusión es uno de los inconvenientes más evidentes, junto con la necesidad de preservar la plena autonomía de las dos entidades, lo que impediría llevar a cabo buena parte de los ahorros previstos.

El decreto que ha diseñado el Gobierno para introducir medidas que eviten futuros apagones en España contiene normas que afectan de lleno a las renovables. Entre ellas, la que obliga a partir de ahora a las instalaciones de energías verdes a identificar con toda exactitud quiénes son sus dueños reales para, llegado el caso, poder pedir responsabilidades, sean las que sean. El decreto antiapagón fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, aunque técnicamente tiene que conseguir aún la convalidación parlamentaria, ya está en vigor. Uno de los problemas que detectó el Gobierno cuando analizó las causas del apagón fue el caos existente en renovables, por la forma en la que estaban conectadas, tanto operativamente como societariamente. El Gobierno detalla que en renovables se habían analizado “las 850 instalaciones con mayor generación” en el momento del apagón. Y se había descubierto que “casi el 22% no cumplían el criterio de factor de potencia aplicable”. Es decir, contribuyeron a las oscilaciones del sistema eléctrico que desembocaron en el apagón. Lo más grave en cualquier caso, era la forma en la que estaban conectadas, lo que el informe bautizó como modelo “árbol de Navidad”, que hacía prácticamente imposible su control, tanto operativo como jurídico.

La creciente preocupación tanto de las empresas como del Gobierno por el impacto del absentismo tanto económico como de productividad y competitividad tiene su razón en unas cifras que no hacen más que aumentar con el paso de los meses. Según las previsiones de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) la factura total del absentismo, tanto para las empresas –por la asunción de gastos entre los días cuatro y quince de cada baja, los complementos y mejoras y las cotizaciones a la Seguridad Social durante la baja– como en prestaciones de la Seguridad Social para la cobertura de la incapacidad temporal superará los 32.000 millones de euros en 2025, algo más de 3.000 millones por encima que en el pasado ejercicio, al estar registrándose en lo que va de año un alza del coste del 10%. Además, el número de procesos iniciados de estas bajas laborales crecerá más de un 6% superando los 9,2 millones durante este año. Aunque dentro de estos, lo que más preocupa a los empleadores es, por un lado, la reducción del número de procesos de baja de corta duración y, por otro, aquellos con una duración superior a los 365 días, que superan los 210.000 casos en estos momentos, lo que supone cinco veces más que los registrados antes del inicio de la pandemia según AMAT. Las previsiones que se irán modulando con el paso de los meses se expusieron durante la Junta de Gobierno de la patronal de las mutuas celebrada ayer a la que asistieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ante la relevancia de la cuestión. 

Pedro Sánchez no solo está «decidido» a seguir adelante con la legislatura tras el duro golpe que ha supuesto para la credibilidad del Gobierno el descubrimiento de que el ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, era –según apuntan las investigaciones de la UCO incluidas en el sumario del ‘caso Delorme’– el cabecilla de la trama de amaños en la licitación de obras públicas en la que hasta hace apenas dos semanas estaban imputados su antecesor orgánico, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su hombre para todo, Koldo García. Tiene la intención firme de volver a ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales, que ayer, de nuevo, situó en 2027. En plena convulsión de su partido por un escándalo cuyo alcance aún nadie se atreve a perimetrar y tras una reunión con Salvador Illa que aireó las especulaciones, el presidente del Gobierno dejó claro desde La Haya – donde protagonizó un choque indirecto con Donald Trump por el gasto en defensa – que no tiene la más mínima intención de dar un paso al lado y ceder el testigo a otro candidato, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, aunque no tenga, ni mucho menos, todas consigo de poder ganar o lograr un resultado que le permita continuar en Moncloa. Sánchez ya justificó hace dos semanas su rechazo a llamar a los españoles a las urnas con el argumento de que sería una «irresponsabilidad» entregar «las riendas» del país al PP y Vox; un reconocimiento de que no cree atesorar en estos momentos suficiente apoyo social. Ayer, a una pregunta sobre la revisión del acuerdo firmado en la cumbre de la OTAN, prevista para 2029, replicó con tono irónico: «Yo le agradezco que me haga esa pregunta porque me da ánimo pensar que a lo mejor continúo siendo presidente del Gobierno. Bueno, ya veremos, eso serán los españoles los que lo decidan».

Teresa Ribera (Madrid, 56 años), vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia y máxima responsable de Competencia, lleva meses preparando una regulación nueva que ayude al sector privado europeo a navegar durante los próximos años en la transición hacia la economía descarbonizada en la que cree con la fe del creyente: “Queremos acompañar a la industria en su transformación, acelerar el sistema energético, y para eso vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición”, explica. “Pero también intentamos garantizar un equilibrio, evitar que los grandes con bolsillos más potentes se beneficien y los pequeños queden al margen“. Cada vez que Bruselas anuncia un cambio en la regulación de ayudas de Estado se sucede una cadencia de acontecimientos parecida, capitales enviando cartas con su listado de demandas a la Comisión. Alemania, la gran locomotora europea ahora con problemas y el país que más dinero inyecta a su sector privado, más de la mitad de toda la UE, envió una misiva en septiembre (el anterior Gobierno) reclamando barra libre. Su nuevo canciller, el conservador Friedrich Merz, ha anunciado inversiones y gasto público para reanimar la economía germana. “Todos queremos que Alemania recupere la confianza en su capacidad industrial. Obviamente, es importante hacerlo también dentro del marco de las reglas comunes en el ámbito europeo. Creo que lo han entendido bien. Así que las iniciativas que quieran desarrollar irán más rápido si se ajustan a este nuevo marco”, explica Ribera, quien viajó a Berlín durante la elaboración de este nuevo marco legal. La política de ayudas de Estados encadena cinco años en circunstancias extraordinarias. La pandemia obligó a inyectar ingentes ayudas públicas a la economía para evitar la depresión. Luego llegó la necesidad de respaldar la transición climática y digital como hacen China y Estados Unidos. Se sumó la crisis energética y de precios. “Hay ocasiones que pueden requerir dinero público para que se dé una aceleración. Ahora, yo quiero utilizar ese dinero público de la forma más eficaz y más justa posible. Si el Estado tiene una capacidad de actuación que va más allá de la regulación o del subsidio, porque hoy sentimos que el Estado puede también acompañar como inversor, como industrial, en ese proceso de modernización, tenemos que establecer las condiciones que le permitan hacerlo, incluido que haya un retorno. Ya ocurrió con el despliegue de las vacunas”. 

Bruselas pisa el acelerador para que la industria europea no se descuelgue en la carrera global por la competitividad. La Comisión Europea abrió ayer la puerta a un nuevo marco de ayudas que permitirá a los gobiernos respaldar con dinero público a las empresas más expuestas al exterior y con un fuerte consumo eléctrico. Esta propuesta supone un balón de oxígeno para un sector que contiene el aliento por lo que pueda ocurrir con los aranceles de Trump. La cuestión es que ayer la Comisión aprobó una nueva regulación de ayudas de Estado que permitirá a los miembros aliviar los costes de aquellas compañías que apuesten por tecnologías más limpias. Bruselas introduce así un principio que hasta hace poco era tabú en la política comunitaria: el uso del dinero público para proteger la industria nacional dentro del mercado único. En un momento en el que la UE camina por la cuerda floja, obligada a hacer equilibrios entre las exigencias medioambientales y la necesidad de ser más competitivos, la Comisión Von der Leyen relaja los requisitos de los regímenes de ayudas, con el objetivo de reducir costes y atraer inversiones. Este nuevo marco –que los Estados miembro no están obligados a aplicar, pero sí pueden aprovechar– llega en un momento especialmente sensible. Mientras la UE mantiene altos estándares medioambientales, en otras regiones del mundo las normativas verdes son mucho más laxas o directamente inexistentes, lo que genera distorsiones de competencia. La urgencia se acentúa ante un riesgo que preocupa cada vez más a sectores: si Estados Unidos cierra su mercado con nuevos aranceles, Europa podría convertirse en el vertedero de productos chinos más baratos, fabricados sin los mismos controles ambientales o laborales.

La OTAN se ha asegurado de que su cumbre en La Haya suponga un antes y un después en la defensa colectiva de la alianza militar más poderosa del mundo contemporáneo. Los 32 aliados suscribieron finalmente un acuerdo para aumentar, en la próxima década, su gasto en defensa hasta un 5% del PIB. Lo firmó también España, pese a sus reticencias a comprometerse a un gasto que considera innecesario y politizado y que suscitó una amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, con hacerle pagar su no a golpe de aranceles. El presidente estadounidense mezcla así dos contenciosos diferentes con Europa (y en este caso particular, con España): su reproche de que gasta poco en defensa y su disgusto por el desequilibrio comercial —a favor de la Unión Europea — entre los dos bloques. El aumento de gasto militar es un “salto cualitativo”, subrayó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que quiere hacer de la organización una Alianza “más fuerte, más justa y más letal” en momentos en que se multiplican las amenazas al orden mundial de las últimas décadas, sobre todo desde una Rusia considerada una “amenaza a largo plazo”. Los impulsores de esta iniciativa quieren que sirva de garantía de seguridad, además de lograr el respaldo de Estados Unidos, que en los últimos tiempos, desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, había insinuado amenazas de desvincularse de la Alianza de la que es un elemento imprescindible si no se repartía más la carga de gasto entre aliados.

El presidente de Estados Unidos acusó a la cadena de televisión CNN y al diario ‘The New York Times’ de intentar degradar los «exitosos ataques» ejecutados el pasado sábado contra Irán, después de que estos medios filtraran un informe del Pentágono que asegura que el programa nuclear iraní solo se verá retrasado unos meses tras la denominada operación ‘Martillo de Medianoche’. El magnate insiste en que las instalaciones nucleares en el país centroasiático «están completamente destruidas». Trump respondió desde La Haya en compañía del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Enfurecido por la filtración del informe, el presidente dijo que el efecto de los bombardeos podría compararse con la bomba atómica de «Hiroshima». Más tarde, matizó sus declaraciones al decir que los datos del Pentágono son «inconclusos». El informe, basado en la evaluación previa de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), indica que la ofensiva militar de EE UU sobre las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordo no destruyó los componentes centrales del programa nuclear iraní. El enviado especial de Estados Unidos a Oriente Próximo, Steve Witkoff, calificó la filtración de «indignante» y de «traición». En una entrevista concedida a la cadena Fox News, pidió además una investigación para dar con el responsable, que «debe rendir cuentas». Como Trump, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu resaltó la victoria «histórica» de su ejército, que ha llevado «a la ruina» el programa nuclear de Irán. Con todo, el director del Mossad, David Barnea, señaló ayer que los servicios secretos hebreos «no apartarán los ojos de los proyectos atómicos de los ayatolás, sobre los que tenemos un amplio conocimiento». Hay dudas sobre el efecto real del ataque.

Analizada en el laboratorio, esa saliva podría revelar información tan valiosa como el riesgo de padecer cáncer, diabetes o párkinson. Una investigación liderada por un equipo de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha identificado cientos de marcadores moleculares en la boca que podrían reflejar patologías en otras partes del cuerpo. Este trabajo pone los cimientos para que, en el futuro, un análisis de saliva baste para medir cuánto de lejos o de cerca estamos de padecer patologías cardiovasculares, neurodegenerativas, cánceres y otras enfermedades graves pero comunes. La saliva es mucho más accesible que un análisis de orina o de sangre, «pero sigue estando infrautilizada en la práctica clínica», lamenta José Ramón Bilbao, profesor de Genética Médica de la UPV/EHU y uno de los artífices del hallazgo, que sienta las bases «para el desarrollo de una herramienta poderosa y no invasiva para el diagnóstico precoz y la medicina de precisión». He ahí su valor para el paciente: el diagnóstico precoz. Porque un cambio de hábitos en caso de saber que estamos a punto de desarrollar diabetes, por ejemplo, podría hacernos esquivar la enfermedad o, al menos, mejorar el pronóstico de esta y otras. Y lo podríamos saber gracias a las señales moleculares presentes en la saliva, explica el investigador.