20260128

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El frenazo que vivió el sector del metal vasco en 2025 todavía seguirá resonando durante los próximos meses aunque la situación de las empresas tiende a estabilizarse y revela una evolución favorable. Así lo refleja el informe coyuntural elaborado por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) que su presidenta, Begoña San Miguel, presentó ayer y que evidencia que «la actividad del sector muestra una recuperación gradual, pero todavía insuficiente». Eso sí, los datos de empleo ofrecen sus mejores cifras de los últimos 15 años con 1.100 afiliados más (alcanza los 56.000), y la previsión de sumar entre 800 y 1.000 trabajadores durante este 2026. Los datos, obtenidos de 216 empresas con más de 19.000 empleados, reflejan una coyuntura compleja condicionada por la incertidumbre internacional, la debilidad de los mercados europeos y la inestabilidad geopolítica, tres claves que «evidencian que la crisis aún condiciona a una parte relevante del tejido industrial». «Teniendo en cuenta este punto de partida, las previsiones de actividad para el primer trimestre de 2026 invitan a un optimismo moderado», sostiene San Miguel. Aunque hay índices como el de la facturación que van al alza –en 2025 vivieron un crecimiento del 1,84% respecto al ejercicio anterior, el primer dato positivo desde hace dos años–, desde FVEM piden «prudencia» teniendo en cuenta la situación de unos mercados que arrojan una leve mejoría, pero lo hacen «partiendo de uno de los niveles más débiles de la serie histórica». Se espera también una mejora en cuanto a los beneficios. El 86% de las empresas creen que mejorarán este año frente al 82% de 2025, y solo un 5% arroja previsiones pesimistas contra el 10% actual. Eso sí, hay que tener en cuenta los resultados empresariales, ya que aunque mejore la facturación se reducen los márgenes de explotación. Ver más en Fvem aquí. 

Hay más de 20.000 inmigrantes en situación irregular en Euskadi que podrían tener acceso a esta regularización masiva que se activará en abril. Suman, en concreto, 19.388 según la última Estadística de la Población de Origen Extranjero (EPOE) elaborada por el Gobierno vasco, que data de 2023. Esa cifra representa un 7% del total de aquel entonces (277.564), pero este último número ha ido engordando en los dos últimos años con la acelerada incorporación de nuevos inmigrantes, principalmente latinoamericanos. De hecho, a fecha del pasado 1 de octubre se contabilizaban 333.009 extranjeros en el País Vasco, con lo que el dato de ‘irregulares’ podría acercarse a los 25.000. La regularización que ha lanzado el Gobierno central, por la vía urgente y a espaldas del Congreso, supone una puerta fácil de franquear porque los requisitos son accesibles: haber llegado antes del 31 de diciembre, contar con cinco meses de permanencia continuada y no tener antecedentes penales. El proceso también está abierto a los solicitantes de protección internacional que figuren como tal antes de esa fecha –en Euskadi se presentaron 7.729 peticiones solo en 2024– y a los hijos de quienes regularicen su situación con esta medida. Está previsto que el periodo de solicitudes se abra a principios de abril y dure hasta el 30 de junio. «La filosofía de la medida es dar cobertura al máximo posible de personas en situación irregular», apunta Julia Shershneva, directora de Ikuspegi-Observatorio Vasco de la Inmigración. Valora de forma muy positiva la regularización por la vulnerabilidad en la que se encuentran los inmigrantes ‘sin papeles’. «No pueden cotizar ni acceder a una vivienda. Son trabajadores invisibles sometidos al miedo de ser expulsados y expuestos a una gran precariedad laboral», señala.

La regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes tendrá un efecto directo en la economía española. La integración de medio millón de trabajadores que hasta ahora se encontraban en una situación irregular provocará un aumento significativo en las afiliaciones a la Seguridad Social y contribuirá al sostenimiento del sistema de las pensiones. Todo, en un contexto en el que desde el sector privado las empresas están alertando de la escasez de mano de obra. El Gobierno otorgará la residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería. Ya se permite la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España para proteger la unidad familiar y, en este caso, su vigencia será de 5 años...

Las exportaciones vascas, que hasta noviembre de 2025 alcanzaron los 206 millones, terminarán el ejercicio en algo más de 220. No es mucho, no llegan al 1% de todas las ventas exteriores de Euskadi, pero es una cantidad que ha crecido tan solo en un año un 25% y desde la pandemia en un 77%. Los productos más vendidos en India se centran en una de las áreas más desarrollada de la industria vasca: las redes eléctricas. Estos sistemas, en los que el País Vasco cuenta con fabricantes líderes mundiales como Arteche o Velatia, vendieron 122 millones en 2025 a India, más de la mitad de todas las exportaciones al país. Es una partida, además, que se ha duplicado en cinco años. Este sector es uno de los que más expansión prevé en el país asiático, ya que se contemplan numerosas inversiones en las redes de distribución de electricidad para sostener el crecimiento de la actividad. Los metales comunes y su manufactura como tubos y aceros, así como elementos para la automoción y la construcción, son la segunda partida en importancia en las ventas a India con 47,4 millones y que avanza a gran velocidad tras duplicar las exportaciones en 2025. Son sectores en los que empresas como Tubacex pueden crecer dada la expansión del mercado indio. Allí, la fabricante vasca de tubos tiene una planta que elabora, precisamente, tubos de acero sin soldadura en Gujarat. Unas instalaciones estratégicas para Tubacex, que les abren ese mercado en expansión. Pero es la automoción, que hace de India el tercer fabricante mundial de coches con más de 6 millones de unidades elaboradas cada año, lo que más centra el interés de compañías vascas. Es el caso de dos de los principales exponentes de la industria de Euskadi: Gestamp y Cie Automotive.

El acuerdo, que entre otras cosas incorpora una notable reducción de los actuales aranceles indios a las exportaciones europeas, supondrá también una enorme oportunidad para las empresas vascas y guipuzcoanas, sobre todo en los sectores de automoción y maquinaria. Así lo destacan varias voces expertas en comercio exterior. «Es un acuerdo muy importante, ya que India se ha consolidado en los últimos tiempos como uno de los mercados con más potencial para las compañías de Gipuzkoa. El potencial es enorme», asegura el director general de la Cámara de Comercio del territorio, Javier Zubía. Otro de los actores de relevancia que celebra « la madre de todos los acuerdos» es José Pérez Berdud, quien, además, estaba ayer presente en las reuniones celebradas al más alto nivel entre las dos legaciones. Desde Nueva Deli, el vicepresidente de Ucimu (la patronal de la máquina-herramienta europea) y también presidente de la AFM, y tras sentarse a la misma mesa que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro indio, Narendra Modi, Pérez Berdud demostró su satisfacción a este periódico. «Vivir de primera mano la firma del histórico acuerdo UE-India nos llena de satisfacción e ilusión porque estamos convencidos de que va a permitir multiplicar las oportunidades comerciales para las empresas de fabricación avanzada europeas y, por ende, vascas», señaló. «Es un hito muy positivo y esperanzador en una situación internacional complicada como la que estamos viviendo», añadió.

Veinte años después, la Unión Europea e India han logrado hacer historia. Ambas regiones sellaron ayer lo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha venido a calificar como “la madre de todos los acuerdos comerciales”, un pacto de libre intercambio de bienes que crea un mercado de casi 2.000 millones de personas y que representa nada menos que un cuarto del PIB mundial. La visita de los líderes europeos a Nueva Delhi ha servido para culminar una negociación que se ha visto acelerada por los deseos, tanto europeos como indios, de diversificar los flujos comerciales ante la hostilidad de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Ha sido ese empujón el que ha generado el impulso político necesario para sacar adelante un pacto que, como el de Mercosur firmado hace apenas unas semanas, parecía completamente encallado. Pero ya es una realidad. Bajo el nuevo acuerdo, se eliminarán o reducirán los aranceles sobre el 96,6% de las exportaciones de bienes desde la UE al mercado indio. Este movimiento permitirá ahorrar cada año 4.000 millones de euros en aranceles a las compañías de la región, según los cálculos de Bruselas. Por parte de la UE, la retirada arancelaria será equivalente, aunque en algunos sectores será más rápida que la que afrontará India por la mayor madurez de su industria. “La UE y la India hacen historia hoy, profundizando la colaboración entre las mayores democracias del mundo con la que ambas partes se beneficiarán económicamente. Hemos enviado al mundo la señal de que la cooperación basada en normas sigue dando grandes resultados. Y, lo mejor de todo, esto es solo el comienzo”, ha indicado Von der Leyen.

La compañía vasca Sapa, con sede en Andoain y cuyo dueño es el presidente de la Real, Jokin Aperribay, que se centra en sistemas de movilidad dentro del sector de la defensa, ha captado 60 millones de euros a través de un préstamo sindicado a largo plazo con el que espera "expandir sus capacidades tecnológicas en la Unión Europea y en Estados Unidos". La empresa, especializada en sistemas de movilidad y transmisiones para vehículos militares, ha explicado en un comunicado que ha cerrado este acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Banco Santander y EBN Banco de Negocios. El objetivo del préstamo es dar respuesta a la creciente demanda de su tecnología de transmisiones en el mercado comunitario y estadounidense. Por ello, la inversión se destinará a tres ejes principales: incrementar la capacidad industrial, modernizar instalaciones y ampliar las líneas de producción de la empresa vasca, que quiere reforzar el posicionamiento de su tecnología dentro de los programas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Según su Plan Estratégico 2025-2030, Sapa aspira a ser el líder tecnológico en transmisiones y grupos motopropulsores en la Unión Europea y la OTAN. 

El Consejo de Administración de Petronor ha acordado este martes 27 de enero nombrar a José Ignacio Zudaire nuevo consejero delegado de la compañía. El hasta ahora adjunto a CEO sustituirá al consejero delegado José Gregorio Luque tras un periodo marcado por importantes avances. El Consejo de Administración ha puesto en valor la labor que éste ha realizado y los logros alcanzados, al tiempo que ha agradecido su visión, esfuerzo y compromiso. Según han destacado en el grupo, bajo la dirección de José Gregorio Luque la compañía «ha iniciado un proceso de transformación para hacer de Petronor una empresa más eficiente y competitiva, además de trabajar en la construcción de su futuro en un contexto marcado por profundos cambios». «Petronor ha avanzado de forma decisiva en esa hoja de ruta de transformación y ha decidido ahora dar un nuevo impulso para seguir avanzando en el camino marcado», han añadido. Zudaire se incorporó a la compañía en 2013 y hasta ahora ejercía como consejero, además de adjunto al consejero delegado. Su llegada a Petronor se produjo tras su paso como director general por la planta de valorización energética de residuos Zabalgarbi. Previamente había ejercido diferentes funciones en el Gobierno vasco, entre 1993 y 2009, asumiendo diferentes cargos como director de Servicios Generales del Departamento de Industria y Energía (entre 1993 y 2001) y viceconsejero de Innovación y Energía en el departamento de Industria. Desde junio de 2018 también representa a la cámara de comercio de Bilbao, primero como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

El Puerto de Bilbao cerró el año con una caída del 7,1% en el tráfico de mercancías tras movilizar 32,1 millones de toneladas, frente a las 34,5 registradas en 2024. La tónica del ejercicio ha estado marcada por los aranceles impuestos por Washington que han cubierto de incertidumbre el mercado internacional. Con todo, la principal causa de la bajada está en el descenso del tráfico de graneles líquidos, que representan la mayor partida de las instalaciones vizcaínas (concretamente, un 60,7%). Estas cayeron un 9,5% hasta los 19,5 millones de toneladas influidas por la parada técnica que Petronor llevó a cabo entre mayo y julio. Sin embargo, cabe destacar que esta partida está recuperándose mes a mes, ya que en diciembre aumentaron un 21,9% hasta los 1,7 millones de toneladas. El Puerto de Bilbao fue la sexta infraestructura marítima en tráfico por detrás de Cartagena, Algeciras, Valencia Barcelona y Las Palmas. Y es que las instalaciones del Abra de la Ría de Bilbao, con ese descenso del 7,1%, firmaron la tercera mayor caída en tráfico de los puertos españoles, solo superada por de Pontevedra, Tarragona y Las Palmas.

El Consejo de Ministros autorizó ayer al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de los contratos para la construcción de otros dos tramos de plataforma de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Burgos-Vitoria, por un valor estimado de 356,7 millones de euros. Se da así un nuevo impulso al pasillo ferroviario que conectará la ‘Y vasca’ con Madrid. Se trata, concretamente, de los tramos comprendidos entre la Variante Ferroviaria de Burgos y Valle de las Navas (16,7 kilómetros), por 131,55 millones de euros; y Manzanos-La Puebla de Arganzón (7 kilómetros), que requerirá un desembolso de 225,17. Estas dos nuevas secciones del trazado que se licitan ahora se suman a los 8,4 kilómetros del pasillo de alta velocidad que ya se está ejecutando entre Pancorbo y Ameyugo con un coste de 391 millones de euros. Además, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) estaría ultimando la redacción de los proyectos de otros cuatro más que se corresponderían con idéntico número de tramos. La conexión Burgos-Vitoria tiene un trazado total de 96,6 kilómetros. La conexión entre Manzanos y La Puebla de Arganzón avanzará por municipios de la provincia alavesa para volver a Burgos adentrándose en el Condado de Treviño. A lo largo de sus 7 kilómetros se levantarán un total de siete viaductos, estructuras que sumarán un total de 2,5 kilómetros.

El empleo en Gipuzkoa se comportó el año pasado de modo muy dispar según los distintos sectores económicos. Y es que, mientras la Industria y los Servicios, los grandes motores económicos del territorio, perdieron ocupados de manera nada despreciable, fueron el agro y, sobre todo, la construcción los que tiraron del carro. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora cada trimestre el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que fueron publicados ayer, Gipuzkoa ganó a lo largo de todo el pasado año 1.400 ocupados, al pasar de 315.600 a 317.000. Pero, lejos de lo que se podría imaginar, fue la construcción la que realmente impulsó el avance, al pasar de 9.300 ocupados al cierre de 2024 a nada menos que 18.300, con un aumento interanual de 9.000 personas más. Eso supone que en un año el andamio ha pasado de representar el 3% de todo el empleo a un nada despreciable 5%. El otro sector que también tuvo un comportamiento positivo, aunque con cifras mucho más modestas, fue el de la agricultura, la ganadería y la pesca, que pasó de contar con 6.300 ocupados, según la EPA, a tener 9.300, apuntándose 3.000 nuevos empleos. Por el contrario, la industria pincho y pasó de 67.200 ocupados en el territorio a 61.400, lo que supone perder en un año 5.800, pasando de representar un 21,3% del total de ocupados a suponer un 19,4%.

El mercado laboral dio ayer una de cal y otra arena. Por un lado, el número de ocupados creció en 76.200 personas en el cuarto trimestre del año respecto al tercero, hasta alcanzar los 22.463.300 trabajadores, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, 605.400 ocupados más que al cierre de 2024. Por otro, este avance se debió fundamentalmente a un crecimiento récord del empleo público, que sumó 108.700 nuevos puestos de trabajo entre octubre y diciembre, frente a un retroceso de 32.500 trabajadores en el sector privado. Con ello, aunque el Gobierno saca pecho de que la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008, no parece que la productividad y las cuentas públicas lo vayan a notar demasiado. Entre el tercer y el cuarto trimestre del año se generaron 76.200 puestos de trabajo, aunque este avance estuvo cimentado exclusivamente sobre la contratación pública, que sumó 108.700 empleos. Esto es, la segunda cifra más elevada de la historia, solo por detrás de la que tuvo lugar en el tercer trimestre de 2020, cuando el rebote tras la paralización de numerosas actividades en el trimestre anterior, las necesidades sanitarias derivadas de un número muy elevado de contagios todavía y la gestión de las ayudas frente a la crisis económica obligó a aumentar las plantillas del sector público. Ahora, en cambio, este incremento se produce fuera de ese contexto.

Los intentos del Gobierno de reconstituir la mayoría de investidura mediante acuerdos parciales con varios de sus componentes no le han ahorrado recibir un serio correctivo a manos de Junts en el primer pleno del año con un asunto enormemente sensible y que afecta a 13 millones de personas, la subida de las pensiones (un 2,7% para la mayoría y entre un 7% y al 11% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital). Como ya ocurrió el año pasado, el Ejecutivo optó en diciembre por incluir este alza en un real decreto ley más amplio junto a, entre otras medidas, la prórroga del escudo social aprobado durante la pandemia pero revalidado año tras año desde entonces. Pero esta vez ni la formación de Puigdemont ni el PP cedieron a lo que ambos tildan de «chantaje» y sumaron sus votos a los de Vox, que en su versión más desenfrenada tildó a la coalición gobernante de «puto desastre» y culminó su intervención con un «¡Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial, asesinos!». En 2025, estos dos mismos partidos ya tumbaron en primera instancia el real decreto ómnibus de más de cien artículos en el que el Ejecutivo incluyó entonces la anterior revalorización. 

Llegó a Moncloa con un documento de incumplimientos debajo del brazo, pero el lehendakari admitió que el vaso está medio lleno porque Pedro Sánchez, en muchos aspectos, ha cumplido con lo pactado. Eso sí, Imanol Pradales le dio dos meses para negociar «de forma más rigurosa y planificada» tener más competencias en inmigración y en materia de aeropuertos. También cambios legislativos para contar con más médicos y que la Ertzaintza pueda combatir mejor la reincidencia. Más que con un aprobado o un suspenso, la «reválida» que Imanol Pradales venía semanas anticipando para evaluar el compromiso de Pedro Sánchez con el autogobierno vasco se saldó ayer con una ‘patada p’alante’. Pese a los incumplimientos que el lehendakari afeó al presidente del Gobierno, ambos suscribieron un «nuevo compromiso» para negociar de aquí a dos meses un paquete que incluiría la cogestión de los aeropuertos y competencias migratorias. Una expectativa que habrá que ver si queda satisfecha en tiempo y forma, pero que entre medias permite al PNV seguir justificando su apoyo al líder socialista, quien a su vez consigue atar así a un socio indispensable que comenzaba a amagar con la rebeldía. El lehendakari dice que «mi impresión es que quiere seguir y convocará elecciones cuando le convenga». 

Las ayudas serán de un máximo de 4.500 euros y se premiará al vehículo eléctrico europeo, pero sin dejar fuera a los coches procedentes de China, como adelantó La Tribuna de Automoción. Este esquema, totalmente diferente al del antiguo Moves, irá en consonancia con las políticas promovidas por la Comisión Europea. Queda por ver qué es exactamente lo que considera el Gobierno como “europeo”. Fuentes conocedoras afirman que el Ejecutivo descarta usar el método francés de contabilización de emisiones como se había especulado que había propuesto Economía, sino que será “un método español”. El esquema galo consiste en contabilizar todas las emisiones del vehículo, no solo las del tubo de escape, sino también las emitidas en el transporte o el tipo de energía usada en su fabricación. Este método hubiese dejado, en teoría, fuera de las ayudas a las automovilísticas que exportan desde China, algo que afectaría no solo a las marcas de ese país, sino a coches de marcas europeas, como el Cupra Tavascan, que se hace en la planta china de Anhui. “En su caso, el castigo sería doble, porque tiene que pagar más por los aranceles europeos y se queda sin las ayudas del Gobierno nacional”, explica una fuente del sector.  Ahora, queda por conocer si el Gobierno tendrá en cuenta la procedencia de los componentes, ya que en una industria tan interconectada como la del motor un solo vehículo se fabrica a partir de piezas que pueden venir de varios lugares. 

Los sindicatos exigirán a las organizaciones empresariales una subida general de los salarios, para todos los trabajadores sujetos a convenios, una subida salarial de al menos el 12% en los próximos tres años (para el periodo 2026-2028). La petición se reclama en el contexto de la negociación para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el marco que rige las recomendaciones para la negociación de los convenios colectivos, y que cuenta con el concierto tanto de los sindicatos como de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Sin embargo, la petición inicial de un incremento salarial del 4% anual en el próximo trienio sería solo la base, y habría hasta un 3% anual adicional en función del nivel retributivo de las plantillas sujeto a la distancia entre los sueldos en la empresa y la diferencia respecto al sueldo medio en España. Esto es, se podría llegar a una subida de hasta el 7% anual.

Telefónica va a desplegar una red de minicentros de datos en España reconvirtiendo su infraestructura de centrales telefónicas, que está transformando en nodos de computación desde los que ofrecerá servicios prémium en la nube con baja latencia y soberanía del dato. La operadora española cuenta ya con una decena de nodos activos en nueve ciudades españolas, con el objetivo de sumar otros siete minicentros en nuevos emplazamientos de aquí a junio (ver mapa). La red se ha dimensionado inicialmente con unos 3 MW agregados de potencia, con margen para ampliarse en cada uno de los nodos en función de la demanda comercial. A medio plazo, en un horizonte de cinco a siete años, Telefónica estima que podría reconvertir más de cien centrales en nodos de computación con capacidades de entre 1 y 2 MW por minicentro. Telefónica se encuentra en fase de pruebas con distintos clientes y prevé lanzar los servicios comerciales en breve. La operadora asegura que es pionera en el despliegue agresivo en Europa de una red de edge computing. Este modelo de infraestructura es complementario a los grandes centros de datos porque permite colocar capacidad de almacenamiento, cómputo y de inteligencia artificial de manera distribuida al borde de la red, lo más cerca posible de los clientes.

Mercadona cierra 2025 más líder que nunca. El grupo presidido por Juan Roig finalizó el pasado ejercicio con una cuota del 29,5% en el mercado de la distribución en España, tres décimas más que el año anterior, pero la pérdida de peso de Carrefour y la igual subida de Lidl, segunda y tercera cadena por tamaño y sus mayores rivales, le sitúan con un mejor posicionamiento competitivo. Carrefour redujo su cuota de mercado el pasado año del 7,4% al 7,2%, mientras que Lidl la elevó del 5,9% al 6,2%, lo que reafirma la tendencia para la enseña alemana, que llevaba varios años al alza, según los datos del estudio El mercado de gran consumo en España. Principales tendencias de 2025, elaborado por la consultora NIQ. El análisis refleja la mejora competitiva de está experimentando Dia, con una cuota del 4,8% (+0,1 puntos), y que Consum sigue mostrando que tiene capacidad para mantener su crecimiento, al alcanzar ya una cuota del 4,1% (+0,2 puntos). Por su parte, aunque Eroski y Alcampo están a la baja, consiguieron mantener una posición de mercado muy similar a la de un año antes, con una cuota del 4,3% en el caso de Eroski (-0,1 puntos) y del 2,9% para Alcampo (-0,1 puntos). Aldi (1,8%) y El Corte Inglés (1,6%) completan la lista de los grupos más grandes. Los datos de NIQ, en base a datos reales de venta en todos los canales, muestran que Mercadona logró elevar el pasado ejercicio su cuota hasta el 29,5% pese a que no está abriendo tiendas en el mercado español, donde su red de supermercados se sitúa ligeramente por encima de los 1.600 establecimientos.

Bruselas impulsa una nueva normativa sobre las gestoras de los fondos de inversión. Uno de los puntos más controvertidos es que, sobre el papel, solo los productos más rentables y con precios más ajustados podrán colocarse en los escaparates de las oficinas. El patrimonio de las gestoras españolas, en su mayoría controladas por la gran banca, asciende a 450.000 millones de euros, ahora en el punto de mira. El sector ve que, de prosperar esta propuesta normativa, supondría un torpedo en la línea de flotación de este negocio, uno de los más lucrativos en una era de bajadas en los tipos de interés. Y ya prepara una reforma integral de su oferta comercial. Una de las cuestiones esenciales que introduce la normativa es el llamado value for money (valor por dinero). Esto supone, en esencia, prohibir la venta de productos si su coste no está justificado y no es proporcional a la rentabilidad que ofrecen. La clave es cómo pedir la proporcionalidad de estos costes. En un principio, la idea de Bruselas era crear unos índices públicos que comparasen cada producto con el resto del mercado. Pero la redacción final ha suavizado este punto desde que comenzaron los primeros trabajos allá por 2023, y esto ha permitido que esos índices los elaboren las gestoras y permanezcan privados.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, prevé que la implementación y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) generativa calará tanto en la economía que obligará a reinventar todos los negocios “en un plazo muy breve de cinco años, diez a lo sumo”. El máximo ejecutivo de la entidad, que participó ayer en un encuentro organizado por Cecot y El Periódico, considera que el efecto de la IA supondrá una “revolución que afectará de forma profunda a todos los negocios, servicios y actividad humana”. A juicio de Torres, la IA impactará en la actividad empresarial en dos grandes frentes. Por un lado, en la necesidad de cambiar el trato al cliente y en el modo en que los usuarios utilizan la tecnología en su día a día, y, por otro, en la implementación de la IA de manera que transforme las dinámicas de una entidad. BBVA encara la adopción de esta tecnología con “ilusión y optimismo”. Según Torres, el uso de la IA supone más que un cambio tecnológico. La IA juega un papel clave en la estrategia de BBVA, que en los últimos meses ha incorporado su uso en todos los departamentos del grupo, tanto en España como a nivel internacional. A finales de 2025, el banco reforzó su alianza con OpenAI para que todos los empleados puedan utilizar la versión avanzada para empresas.

Las costuras de la industria europea del hidrógeno han quedado al descubierto. Y ha sido la propia Comisión Europea, a través del Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés), quien las ha desvelado. Según un reciente informe sobre el estado de esta tecnología en 2025, Europa se quedó corta cuando calculó los costes de producir hidrógeno. Además, los 27 están desarrollando una capacidad de fabricación de electrolizadores que supera con creces lo que el mercado actual puede absorber. A ello hay que sumar una peligrosa dependencia de China, que controla la cadena de suministro de la que depende esta tecnología. El informe evidencia que, si se quieren alcanzar los objetivos de despliegue de este combustible limpio, la inyección de fondos públicos no es opcional. Europa va a necesitar subvencionar al sector de forma sostenida para «cerrar la brecha de viabilidad» y competir con actores internacionales con apoyo estatal, como es el caso de China, que pueden ofrecer precios más competitivos. Uno de los escollos que afronta la industria autóctona es que algunos de los sectores llamados a impulsar la producción local de hidrógeno están optando por importar de fuera de la UE productos intermedios, en vez de fabricarlos. Es decir, el gran mercado al que debía dirigirse el hidrógeno europeo se está encogiendo. El hidrógeno europeo, además, apenas supuso una gota en el mar de las importaciones de los países que más incrementaron sus compras de este gas limpio entre 2021 y 2023. Estados Unidos registró el mayor aumento neto de importaciones, seguido de México y Malasia. La UE captó entre el 0% y el 1% del mercado en crecimiento de estas geografías. Si bien capitalizó el 99% de las importaciones de Reino Unido.

Los analistas han empezado a mostrar su preocupación por la depreciación del dólar durante los últimos días. Los inversores han vendido billetes verdes llevando a la principal divisa mundial a su nivel más bajo en cuatro años. Pero Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no parece preocupado por este movimiento que amenaza con afectar a la mayor economía mundial. “Miren el valor del dólar. Miren el negocio que estamos haciendo. El dólar está muy bien“, afirmó el mandatario en Des Moines, la capital de Iowa, donde ayer pronunció un discurso sobre lo bien que va la economía. Las declaraciones del republicano aceleraron las ventas y acentuaron la caída de la cotización del dólar. Un euro equivale ya a 1,20 dólares, lo que encarece aún más las importaciones para los estadounidenses y las abarata para los europeos. El dólar cayó un 1,3% frente a otras monedas importantes, dejando su cotización en el nivel más bajo desde marzo de 2022 y un 2,6% por debajo desde principios de 2026, informa Bloomberg. La volatilidad de la política exterior de la Casa Blanca (como el caso del intento de anexionarse Groenlandia), la unidad inesperada de los países de la UE contra esta maniobra de Washington, la elevada deuda, el incontrolable déficit público y las tensiones sobre el yen de Japón explican la fuerte depreciación del dólar. La incertidumbre generada por Trump en materia comercial, amenazando con aranceles a sus principales socios —esta semana ha dicho que impondrá gravámenes comerciales del 100% a Canadá si negocia con China—, y la incertidumbre de su política fiscal, con la ley grande y bonita, que concede enormes desgravaciones fiscales a las empresas, han hecho que algunos inversores deseen limitar su exposición a activos como el dólar. 

Francia está muy cerca de convertirse en el primer país europeo en prohibir las redes sociales a menores de 15 años. La Asamblea Nacional aprobó la noche del lunes con una amplia mayoría el artículo central de un proyecto de ley para proteger a los jóvenes de los daños que pueden provocar las redes sociales. Un texto respaldado por el Gobierno y por el presidente francés, Emmanuel Macron, y cuya potencial entrada en vigor se espera para el mes de septiembre. Francia sería así el segundo país del mundo en adoptar una iniciativa así. El primero fue Australia, que elevó hasta los 16 años la prohibición. “El acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma en línea está prohibido a los menores de 15 años”, reza el artículo 1, reescrito en una enmienda similar a la inicialmente propuesta y que ha recibido 116 votos a favor repartidos entre el Ejecutivo, la alianza formada por la ultraderechista Agrupación Nacional y Unión de Demócratas por la República (UDR), los comunistas, los independientes de Liot y la mayoría de los Verdes. La izquierdista La Francia Insumisa (LFI) se opuso a la medida con 23 votos contra. El partido de Jean-Luc Mélenchon considera la ley como una forma de “paternalismo digital”, una manera de legislar con “medidas autoritarias” en lugar de fomentar la educación y el pensamiento crítico, apuntan en la formación.