20260213

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Tal y como se detalla en el último informe de Confebask, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social ascendió en enero a un total de 57.215. Son 259 menos que el mes pasado, aunque se trata de una caída menor de lo habitual para un mes de enero. Además, y atendiendo al número total de empresas, a 31 de enero había en Euskadi 88 más que en enero del año pasado, lo que supone la primera subida interanual del número de empresas desde agosto de 2024.  Eso sí, respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), todavía se registran 1.678 empresas menos que entonces (-2,8%), habiéndose recuperado tan solo el 20% de las empresas perdidas en la pandemia. En relación al número de autónomos en Euskadi, se redujo en enero en 986 personas, una caída similar a la de los meses de enero de los últimos años, sumando el total de autónomos 165.453 personas. Esto supone un descenso interanual del -0,3%. Por último, 2025 cerró con 295 empresas concursadas en Euskadi, un 2,1% más que en 2024, pero que aun así todo supone un crecimiento menor que el registrado en el Estado, donde la subida fue del 5%.  Por sectores, en 2025 el número de empresas concursadas creció en industria (+11,7%), seguido de servicios (+4%), y se redujo en construcción. Ver más en Confebask. 

La crisis estructural del sector del automóvil, que está dejando sus peores coletazos en Alemania, se ha trasladado a los resultados de numerosas compañías. La última en evidenciar los problemas que arrastra la que es una de las industrias punteras del continente ha sido MercedesBenz, cuyo beneficio neto se desplomó un 49,6% en 2025, según informó la multinacional ayer, hasta los 5.331 millones de euros. Se trata de los números más bajos desde el 2020, año de la pandemia. La facturación de la enseña alemana se redujo un 9,2% durante el último año, hasta los 132.214 millones. Concretamente, pudo vender 1,8 millones de unidades, lo que se traduce en un 9% menos respecto al año anterior. Y es que las razones que están detrás de este ajuste son varias. Por una parte, los aranceles del 15% aplicados por Washington al automóvil europeo ha afectado de manera muy negativa al negocio, ya que las ventas en este mercado descendieron un 12%. Por otra parte, el grupo también apunta a China como otro de los factores que han lastrado el negocio. Eso sí, en la rama de los vehículos eléctricos, la compañía redujo sus ventas un 8,8% en la rama de turismos, hasta los 168.823 coches; pero se disparó en el de las furgonetas, con un crecimiento del 46%, hasta las 28.488 unidades. Cabe destacar que, precisamente, se espera que la planta de Vitoria –que genera cerca del 5% del PIB de Euskadi– comience este año la producción de sus nuevas furgonetas 100% eléctricas basadas en la plataforma VAN.EA. para las que la multinacional germana ha invertido más de 1.000 millones de euros.

Tubacex ha comunicado un nuevo pedido de tubos umbilicales que asciende a 26 millones y que refuerza el perfil de la empresa en la elaboración de este producto de alto valor. La cantidad no supone un gran incremento cuantitativo en la cartera de pedidos de Tubacex, que supera los mil millones, pero sí tiene un extraordinario valor cualitativo. Y es que se trata de una de las piezas más delicadas y precisas para gestionar la extracción de gas y petróleo en los fondos marinos. Estos tubos recorren kilómetros de distancia en los fondos marinos con canalizaciones de datos clave para el gobierno de los pozos. En su interior contienen diversos conductos separados que trasladan desde cables de fibra, que envían información recogida de los sensores, hasta fluidos para lubricar puntos críticos de la infraestructura. El encargo es la suma de los contratos con tres clientes para proyectos de extracción en el Golfo de México, Brasil, el Mediterráneo, Australia y África. Con estas entregas, el fabricante vasco de tubos acumulará ya más de 20.000 kilómetros de este producto, con lo que gana fuerza en el mercado como uno de los proveedores de este elemento crítico en los yacimientos marinos, precisamente, unos de los que más se van a expandir en el próximos años. Según el último informe de Rystad, la consultora internacional de energía y geopolítica, se estima que el gasto global en estos equipos crezca un 10% hasta 2027.

LAB y ESK anunciaron ayer la convocatoria de cinco jornadas de huelga en la planta de Tubos Reunidos en Trapagaran, que hasta ahora había permanecido al margen de las movilizaciones ya organizadas en Amurrio como respuesta al ERE anunciado por la compañía. Las dos centrales han tomado esta decisión al considerar «la unidad de acción como una necesidad estratégica». Sin embargo, la mayoría de la representación sindical conformada por ELA, CC OO y UGT no se suma a esta medida. Llama especialmente la atención la posición de la central liderada por Mitxel Lakuntza, dado que en la planta alavesa ha sido radical al apostar por la huelga indefinida junto a ESK. La empresa concretó el pasado lunes los detalles del ERE que tiene intención de aplicar ante su difícil situación económica por el impacto de los aranceles de Donald Trump en sus ventas y por la abultada deuda que arrastra desde hace años. El ajuste, con 301 despidos, se concentra en Amurrio, donde se prevén 274 salidas sobre una plantilla de más de 900 personas. En Trapagaran son solo 27 para sus 330 trabajadores porque ya hace unos años sufrió el cierre de su acería y el traslado de parte del personal a la planta alavesa. Además, su exposición al mercado norteamericano es inferior. Los sindicatos en Amurrio respondieron casi de forma inmediata, aunque con discrepancias entre ellos.

La start up donostiarra Multiverse Computing trabaja con el objetivo de firmar este verano el ‘term sheet’ —la carta de intenciones previa al cierre definitivo— de la ronda de financiación de 500 millones de euros que negocia desde hace semanas y que situaría su valoración más cerca de los 2.000 millones que de los 1.500 millones inicialmente estimados. La operación, que sería una de las más relevantes de la historia empresarial reciente de Euskadi, mantiene el calendario previsto. La intención es cerrar la ronda durante la primera mitad de este ejercicio, aunque las fuentes consultadas subrayan que se trata de procesos complejos en los que intervienen múltiples actores y que requieren tiempos de análisis, auditoría y negociación. La estructura de la financiación se perfila de forma más definida que en las fases iniciales. La ronda se articularía en un reparto equilibrado entre capital público y capital privado. En el primer bloque participarían diversos vehículos de inversión vinculados a entidades públicas europeas, mientras que en el tramo privado se situarían compañías de primer nivel tanto estadounidenses como europeas, lo que reforzaría el posicionamiento internacional de la tecnológica con sede en Miramon. La negociación, en cualquier caso, avanza por buen camino.

La economía vasca está demostrando una gran resiliencia refugiada en el ahorro, el consumo y el sector público para hacer frente a la caída de las exportaciones y al frenazo de la industria en Europa. Una tendencia que se está reflejando en la recaudación de las diputaciones. Así, según anunció ayer el Consejo Vasco de Finanzas, la cifra definitiva de los ingresos por impuestos en 2025 marcó un nuevo techo histórico con 20.324 millones, un 11% más que el ejercicio anterior. Un dato que mejora en 230 millones la previsión que hizo el mismo órgano fiscal el pasado octubre. Y unas cifras que para el consejero de Hacienda vasco, Nöel d’Anjou, «evidencian la fortaleza de la economía vasca». Pero más allá del dato global, algunos impuestos empiezan a dar síntomas de desaceleración o enfriamiento. El más evidente es el que grava el beneficio empresarial, el de Sociedades, que con 1.438 millones cayó un 17,3%, 300 menos que el año anterior. Un elemento que, según explicó el diputado general de Álava, Ramiro González, «no podemos pasar por alto». El jefe del Gobierno alavés, en mitad de la crisis de Tubos Reunidos, reclamó que «hay que apoyar más que nunca a las empresas, que sufren por una caída de las exportaciones y por la situación en sectores como la automoción o el acero». Además, la retención del IRPF sobre los rendimientos del trabajo, aunque mantenga una evolución positiva gracias a 7.540 millones, frenó su crecimiento a respecto a 2024 al 6,3%. Es el menor avance desde la pandemia y eso que el número de trabajadores en Euskadi ha llegado a un récord con más de un millón de cotizantes a la Seguridad Social. 

Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y de Gipuzkoa, Eider Mendoza, escenificaron ayer una tregua en el debate abierto sobre la sede de Ayesa. La rueda de prensa posterior al Consejo Vasco de Finanzas celebrado ayer en Vitoria era la primera comparecencia pública compartida después de que Mendoza presionara el pasado 30 de enero para que la tecnológica se localice social y fiscalmente en San Sebastián. «El objetivo es que se afinque aquí y eso se va a conseguir. No es una variable, bajo ningún concepto, que la compañía pueda trasladarse de un territorio a otro», afirmó. Ayer, en cambio, trataron de rebajar el tono y ambas reividicaron «evitar guerras territoriales», además de destacar que «la buena noticia es que Ayesa va a venir a Euskadi», señaló Etxanobe, que zanjó «no quiero avivar ninguna guerra por la sede». Mendoza respondió que «el objetivo es anclar esta empresa en nuestra comunidad. Creemos en la colaboración y el respeto y seguiremos por ese camino».

Una formación universitaria pública de calidad es una de las prioridades de las instituciones vascas. Tanto es así que Euskadi, según se desprende de la última edición del informe CYD sobre centros académicos de todo el Estado publicado ayer, se ha convertido en la tercera comunidad autónoma con mayor gasto público por universitario. El montante de las transferencias corrientes y de capital por cada alumno durante el curso 2023-2024 asciende a un total de 10.767 euros. Este monto económico, presente en el primer capítulo dedicado a la oferta académica, organización y financiación de las universidad públicas españolas, solo está superado por la inversión realizada en las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja, que durante el periodo analizado aportaron 11.680 y 11.283 euros por estudiante, respectivamente. En el otro extremo, las regiones que menos dinero invierten por alumno son Madrid, Extremadura y Andalucía, con transferencias por valor de 6.975, 8.069 y 8.351 euros por estudiante respectivamente. La media de gasto público estatal en cada estudiante universitario en 8.623 euros. Cabe recalcar que, según destaca la fundación dedicada a analizar el impacto económico del sistema universitario estatal, más del 80% de todas las transferencias recibidas por las universidades públicas provienen de las administraciones autonómicas, como el Gobierno Vasco.

Aunque todavía estamos en temporada baja, el turismo sigue de plena actualidad. La tasa turística ha dado nuevos pasos para su aprobación como norma en cada territorio y, en paralelo a ese proceso en las diputaciones y luego en los ayuntamientos, desde el Gobierno Vasco también se está avanzando en la nueva ley de Turismo, una nueva estrategia política para adaptarse a los nuevos tiempos del sector: de las campañas para captar turistas a analizar cómo contener su impacto en el entorno. DV analiza los últimos datos publicados sobre la procedencia y volumen de las visitas que llegan a Gipuzkoa. El análisis de los datos experimentales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que contabiliza desde julio de 2019 las visitas a partir de la posición anonimizada de los teléfonos móviles, revela novedades: la principal, el auge del turismo asiático y americano, que ya se deja notar en las calles y que despunta en las estadísticas. La llegada de visitantes procedentes de estos dos continentes ha experimentado en el último año un cremiento superior al 20%. Son los dos mercados que más crecen.

El turismo masivo ha disparado la recaudación de los municipios más visitados en España, pero también ha elevado el gasto en el que tienen que incurrir para garantizar la prestación de servicios básicos como limpieza, recogida de residuos, transporte o seguridad. “En la limpieza y recogida de residuos gastamos 14 millones al año y el 40% se debe al incremento de la población derivada del turismo”, remarca Fátima Lesmes, alcaldesa de Arona (Tenerife) y presidenta de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa. Esta organización agrupa a ocho municipios (Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos) que acogen al 9% de los turistas extranjeros y concentran el 19% de las pernoctaciones, pero que apenas reciben ayuda para prestar esos servicios. “La población de Arona se duplica o triplica a lo largo del año. Ya no hay estacionalidad y el turismo extranjero viene de forma masiva tanto en temporada baja como en temporada alta”, incide Lesmes. Calvià, otro de los municipios integrados en la Alianza, calcula que un reconocimiento especial de sus condiciones por parte del Gobierno acarrearía un ahorro anual de 10 millones, un 7% del presupuesto local, ya que tiene que prestar servicios en 25 núcleos y 15 playas que se extienden por 50 kilómetros de costa. De esos ocho municipios, solo Salou recibe ayudas públicas al encajar dentro de la definición de municipio turístico que incluye la Ley de Haciendas Locales desde 2004.

La economía española –y su crecimiento– no se entiende sin la inmigración. En la actual etapa de expansión acumula 8,9 puntos de crecimiento del PIB, de los cuales 4,2 puntos –el 47% del total– se explican por la aportación de los trabajadores extranjeros. La incorporación de estos ocupados al mercado laboral ha sido clave para que España crezca con mucha más fuerza que los países de su entorno. Así lo recoge el estudio ‘La inmigración en España: retos, impacto y políticas’, publicado ayer por Funcas. Pero el fenómeno no se limita a sumar trabajadores: también ha ampliado la capacidad de la economía para producir y ha permitido sostener sectores que soportaban escasez de mano de obra. Desde 2019 la población activa ha crecido un 7,8%, lo que equivale a 1,8 millones de nuevos trabajadores, «que en su práctica totalidad son de origen extranjero». Para los autores, «se trata, por tanto, de un verdadero shock de oferta que ha ensanchado el potencial productivo del país». En otras palabras, la economía puede producir más bienes y servicios porque dispone de más personas trabajando. España cuenta hoy con 22,4 millones de ocupados, la cifra más alta de su historia. De ellos, 3,57 millones son extranjeros y la cifra alcanza los 4,79 millones si se suman quienes tienen doble nacionalidad. 

“Dada la demografía de España y de Europa, una inmigración ordenada es imprescindible”. Las palabras del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, pronunciadas en julio del año pasado, no podrían servir mejor para describir el cuadro que deja la evolución de la población residente en el país, que alcanzó a cierre del año pasado un nuevo récord de más de 49,5 millones de habitantes impulsado por el aumento de extranjeros frente al estancamiento –y, por momentos, a la caída– de la población española. Los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe de Estadística Continua de Población muestran cómo el país superó por primera vez, a 1 de enero de 2026, la barrera de los diez millones de habitantes nacidos en el extranjero, de los cuales 7,2 millones no cuentan con nacionalidad española. Se trata de un crecimiento interanual del 4,8%, que eleva el número total de residentes en España un 0,9%, hasta rozar los 50 millones de habitantes. El récord de extranjeros podría superarse este mismo año, después del procedimiento extraordinario de regularización de más de 500.000 personas que el Gobierno aprobó hace unas semanas y que comenzará el próximo abril para todos los inmigrantes en situación irregular que acrediten al menos cinco meses de residencia en el país y que hayan solicitado el permiso de residencia antes del 31 de diciembre del año pasado.

El Gobierno sigue caminando sobre el alambre en esta recta final de legislatura partiéndose en dos, incluso, en iniciativas que buscan sortear por medio de guiños los vetos cruzados a izquierda y derecha para allanar un camino hacia los Presupuestos Generales del Estado que, a día de hoy, aún parecen una quimera a tenor de la distancia que mantienen Junts y Podemos. En este juego de equilibrismo, el PSOE unió sus votos ayer a los del partido de Carles Puigdemont, al PP, Vox y UPN –formaciones que apenas dos semanas antes habían tumbado el real decreto de pensiones y la moratoria antidesahucios–, y también a los del PNV, para conformar una inédita mayoría de 302 síes –frente a los 32 noes de Sumar, Podemos, EH Bildu y el BNG, y las abstenciones de ERC y Coalición Canaria– y convalidar en el Congreso la reforma penal exigida por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia en los casos de pequeños delitos. La iniciativa, que agrava las penas por el hurto de móviles que contengan datos personales y eleva de uno a tres años de prisión las condenas para los detenidos previamente por delitos menos graves, entre otras novedades, ha abierto una nueva brecha con el socio minoritario del Gobierno, Sumar –su portavoz adjunto, el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago, la calificó durante el debate de «populismo normativo»–, y desairado a los aliados habituales de La Moncloa al mismo tiempo que no ha tenido el efecto que Pedro Sánchez buscaba, el de devolver a Junts al redil del bloque de investidura.

El Gobierno estudia penalizar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los caseros que eleven el precio de los alquileres al final del contrato, según informaron fuentes conocedoras de la iniciativa y confirmaron los ministerios de Vivienda y Hacienda. El Ejecutivo, que hasta ahora apostaba por conceder ventajas fiscales a los propietarios para contener los precios, plantea ahora un modelo de incentivos y desincentivos. La propuesta, todavía en fase inicial y de debate interno, pasaría por rebajar la reducción general del 50% que pueden aplicarse unos dos millones de arrendadores cuando suban las rentas de sus inquilinos al final del contrato. El cambio se haría a través de un decreto ley, por lo que tendría que ser convalidado por el Congreso, donde al Ejecutivo le cuesta armar mayorías.

Nuevos planes de negocio, reordenación del poder interno, giros estratégicos, alzas históricas del dividendo... Son solo algunos de los asuntos que las cuatro mayores energéticas en España –Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol– tendrán que despejar a partir de la próxima semana y hasta mediados de abril. Van a ser aproximadamente 50 días de vértigo y de máxima tensión porque las decisiones que se tomen marcarán a las compañías durante años. Aunque la excusa es la presentación de resultados anuales del ejercicio 2025, la coincidencia –casual o programada– ha hecho que en las próximas siete semanas se produzcan otros eventos paralelos determinantes. El carrusel empezará el próximo martes 17 de febrero con Naturgy. La primera gasista española y tercera eléctrica celebra ese día consejo. Se contempla la aprobación de los resultados de 2025, que pueden marcar récord de beneficios. Las cuentas serán presentadas al mercado al día siguiente, el 18 de febrero. Aunque los resultados sean espectaculares, la atención estará puesta en la reordenación del poder en el consejo tras los últimos cambios accionariales –GIP, el fondo controlado por BlackRock, ha vendido un 7%; Criteria, el holding de Fundación La Caixa, ha comprado un 2%; y CVC y Alba se han liberado de su pacto parasocial–. Con motivo de la firma de las cuentas del pasado ejercicio, el próximo martes, legalmente todos los accionistas en el consejo tienen que desvelar exactamente qué participación tienen de Naturgy. Se podrá saber si IFM ha subido para compensar la escalada de La Caixa.

Europa parece dispuesta a dar el paso que tantos años ha esperado el sector de las telecomunicaciones. Los líderes de los veintisiete Estados Miembros de la Unión Eu- ropea acordaron ayer solicitar a la Comisión Europea que reforme las directrices sobre la evaluación de las concentraciones –contenidas en el reglamento de fusiones– con el objetivo claro de facilitar las deseadas fusiones europeas. “Hemos alcanzado un acuerdo para que en ciertos sectores, como el de las telecos, se permita un mayor grado de concentración corporativa para alcanzar los ansiados niveles de inversión e innovación”, señaló António Costa, presidente del Consejo Europeo, tras la cumbre que citó a los presidentes y primeros ministros de los países que conforman la UE. Los líderes se conjuraron ayer para buscar vías con las que impulsar la competitividad de las empresas comunitarias. Y entre otras medidas que tratarán de concretar en el primer semestre del ejercicio se encuentra el deseo de dar un impulso al tamaño de las compañías para que compitan con más capacidad en el nuevo entorno geopolítico. El Consejo Europeo no tiene poder legislativo en Europa, pero sus mandatos políticos son siempre seguidos de cerca por la Comisión Europea, que se encarga de dar forma a las propuestas normativas.

Mercadona vende ya casi el 20% de toda la alimentación y bebidas que se consume en España, tanto dentro como fuera del hogar. La cadena valenciana terminó 2025 con un 19,7% de la cuota en valor de alimentación y bebidas en ambos canales gracias, entre otros factores, a su fuerte apuesta por los platos preparados, lo que la sitúa ya muy por encima del gasto en bares y cafeterías, segundos en la clasificación, con un 11,2%. La tabla, que especifica dónde se produce el gasto en alimentación y bebidas en España, ya sean consumidas en casa o fuera de ella, se completa con los restaurantes independientes (8,6%), Carrefour (6%) y Lidl (5,1%), según datos de Worldpanel by Numerator (antes Kantar Worldpanel) presentados ayer. En solo un año, la cadena valenciana ha sumado 0,7 puntos de cuota en valor sobre el gasto dentro y fuera del hogar, pasando del 19% al 19,7%, mientras que los bares y cafeterías han perdido 0,6 puntos en el mismo periodo, ya que en 2024 acaparaban un 11,8%. Los restaurantes, por su parte, han rebajado su cuota en 0,2 puntos. Los datos muestran que las cadenas de supermercados están atrayendo gasto que antes se producía en hostelería. La alimentación dentro y fuera del hogar sumó 123.311 millones de euros el año pasado, un 3,3% más que el ejercicio anterior, según los datos de la consultora. En este crecimiento del gasto, los supermercados son los claros ganadores.

Santander hizo la primera financiación de proyecto (project finance) de Europa y posiblemente del mundo en energías renovables. Se firmó en Galicia en 1999 y fue solamente el principio. Ahora tiene un equipo de más de 200 especialistas en financiación estructurada repartidos en 15 países, ha ampliado su alcance a los clientes internacionales y a los inversores financieros y tienen una preferencia por las operaciones más desafiantes que lo han llevado al número uno mundial del sector. “Nos gustan las operaciones complejas que suponen un reto, en las que hay que innovar, o que nunca se habían hecho antes”, explica Benoît Felix, responsable global de Financiación Estructurada de Santander Corporate & Investment Banking (CIB). El banco ha llegado a lo más alto en 2025, el mejor año de su historia en financiación estructurada, un negocio que se basa en encontrar, movilizar y prestar miles de millones para poner en marcha grandes proyectos energéticos, de infraestructuras o inmobiliarios. Santander lidera casi todos los ránking y especialmente los más relevantes del informe anual de Infralogic, la firma de análisis dependiente de Dealogic que constituye el principal árbitro del sector. Pero el logro clave para banco es la clasificación mundial de asesores, un papel desde el que diseña la mejor estructura para una operación y busca a los prestamistas.

La caída del precio del petróleo está presionando las cuentas de resultados de las petroleras europeas y dando la puntilla a la jugosa retribución al accionista que ofrecían años atrás. Con el Brent dejándose cerca del 10% en un año y situándose en los 67,5 dólares por barril, lejos de los 120 dólares que llegó a superar en 2022, las energéticas empiezan a reajustar sus balances, lo que incluye la puesta en revisión de algunos planes de recompra de acciones. El sector, que hace cuatro años llegó a liderar junto a los bancos la retribución al accionista en Europa tras el fuerte repunte de la inflación en la zona euro, ha optado por ponerse en revisión preventiva ante el impacto de futuras turbulencias geopolíticas. Biraj Borkhataria, jefe de análisis sobre transición energética global en RBC Capital Markets, apunta que la publicación de los resultados anuales de las grandes petroleras cotizadas –ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies– deja claro que mientras que algunas han optado por mantener sus actuales niveles de retribución al accionista, otras han preferido proteger sus balances. “Creemos que, de ahora en adelante, los inversores probablemente se centrarán más en el crecimiento que en la retribución al accionista”, comenta. Una visión que, de confirmarse, puede sostener en Bolsa el recorte en la retribución al accionista de estas empresas. 

Los líderes europeos insistieron ayer en la urgencia de llevar a cabo reformas clave para impulsar la competitividad del bloque, en la reunión informal convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el castillo de Alden Biesen (Bélgica). El debate –en el que no se tomó ninguna decisión formal– sirvió para llegar a la conclusión de que es momento de pasar de las palabras a los hechos. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue más allá y puso una fecha límite: «Es importante que nos movamos rápido y que tengamos decisiones muy concretas de aquí a junio», dijo ante los líderes, que mostraron «un amplio apoyo» por dar prioridad al ‘made in Europe’ en la contratación pública. En un contexto marcado por los aranceles estadounidenses y la competencia con gigantes como China, la Unión Europea (UE) debe actuar «y si no avanzamos a Veintisiete debemos tener la opción de seguir con una cooperación reforzada para ir más rápido», destacó Macron, defendiendo la idea de la Europa a dos velocidades que ya avanzó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que nueve estados miembros puedan avanzar más rápido en ciertas reformas estratégicas sí así lo desean, ante la dificultad de lograr decisiones por unanimidad dentro del bloque.

En tiempos de urgencia, las históricas líneas rojas saltan por los aires. Europa parece preparada para dar el siguiente paso y, siguiendo la recomendación de Mario Draghi, abandonar la apuesta por los grandes consensos que ha obstaculizado durante años su integración. “El plan a es avanzar con los 27 Estados Miembros pero, si esto no es posible, el Tratado permite la cooperación reforzada. Tenemos que avanzar y derribar las barreras que nos impiden ser un verdadero gigante global”, señalaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una frase que resume el sentir de los líderes europeos conjurados ayer en el castillo de Alden Biesen (Blizen, Limburgo, Bélgica) para para dar un impulso político a la competitividad de la economía europea. Durante más de veinte años, los intereses nacionales han impedido avanzar en cuestiones decisivas para el proyecto europeo como el fondo de garantía de depósitos europeo o la homogeneización de estándares para acabar con las barreras internas. La fragmentación del mercado de capitales impide a las empresas europeas lograr la financiación que necesitan y mina su capacidad de crecer y ser competitivas. Esto, que durante años se ha considerado asumible, se ha convertido en un auténtico lastre conforme se consolida este nuevo escenario geopolítico adverso en el que la dependencia frente a terceros países se penaliza con amenazas y coacciones. Sin el potencial del mercado único y sin capacidad de ofrecer una financiación adecuada a las empresas europeas por la fragmentación, la brecha respecto a potencias como China y EEUU se hace cada vez más grande.

El retiro informal de líderes europeos ayer en el castillo de Alden Biese, a 80 kilómetros de Bruselas, prometía ser un debate abierto, centrado en la competitividad. Pero la discusión quedó en un segundo plano tras el choque entre España e Italia, que convocó una reunión previa a esta cumbre a la que no fue invitado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que habían hablado con el gabinete italiano, liderado por Giorgia Meloni, para trasladar su malestar ante iniciativas que minan los principios básicos de la UE y que, en lugar de acercar posiciones, las alejan. Desde el Palacio Chigi negaron que se hubiera trasladado ninguna queja, aunque no especificaron si hubo contactos a otros niveles. En total, diecinueve países participaron en el encuentro previo al retiro de líderes, que fue organizado en común por Italia, Alemania y Bélgica para acercar posturas en aspectos clave de competitividad. Este foro, en el que también estuvo presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene intención de reunirse en futuras ocasiones, con una cita prevista ya para marzo en los márgenes de la próxima cumbre de jefes de Gobierno. Sánchez, sin embargo, no fue invitado y acudió directamente a la convocatoria de ayer realizada por António Costa, presidente del Consejo Europeo, donde también existía cierto malestar con lo ocurrido. 

Anders Fogh Rasmussen (Ginnerup, Dinamarca; 73 años) no es precisamente un político hostil a Estados Unidos. Ha sido secretario general de la OTAN (20092014) y, como primer ministro danés (2001-2009), fue el responsable del envío de tropas de su país a la guerra en Afganistán. Pero se reconoce horrorizado por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la isla danesa de Groenlandia; y llama a Europa a acelerar su autonomía frente a su aliado transatlántico. En una breve visita a Washington, el antiguo dirigente recibió el pasado martes a un grupo de periodistas de la alianza de medios Lena. Y se mostró tajante sobre el peligro que, en su opinión, encara Europa: “No nos despertamos ni con la primera alarma, la invasión de Crimea en 2014, ni con la segunda, el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022. La tercera ha sido la reelección de Trump”. "...Nuestros servicios de inteligencia nos dicen que Putin podría atacar a un país de la OTAN para finales de esta década. Yo creo que podría ocurrir antes, incluso...La debilidad de Europa no está en la preparación de sus mandos militares. Está en el lado de su equipamiento y de su capacidad de producción. Hay una lista muy larga de necesidades. No tenemos capacidad de transporte para nuestros soldados, tenemos pocos satélites... Debemos poner a las economías europeas en pie de guerra. Hay productores de vehículos en Europa con sobrecapacidad. Deberían transformar ese exceso de capacidad en producción de equipo militar, como hizo Estados Unidos en 1941. Ellos transformaron su economía en cuestión de meses en una economía de guerra, en la que aparcaron la producción civil y empezaron a producir tanques y aviones, y barcos, y munición. Lo que digo es que esas empresas producen automóviles para los que no hay demanda. En vez de fabricar coches que no se venden y pedir ayudas, podrían poner ese exceso de capacidad al servicio de la industria militar..."

El presidente de EE UU, Donald Trump, revocó ayer oficialmente los hallazgos científicos que sustentaban la lucha de su país contra el cambio climático. “Con efecto inmediato, ponemos fin a todas las normas sobre emisiones ecológicas impuestas innecesariamente a los modelos de vehículos y motores entre 2012 y 2027 y más allá”, manifestó el mandatario tras reunirse con Lee Zeldin, responsable de la controvertida Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas), que acumula críticas por la insuficiente respuesta a las catástrofes naturales habidas desde el regreso de Trump a la presidencia, y que los científicos vinculan en muchos casos a los efectos del calentamiento en el clima. Con esta medida, Trump acaba de un plumazo con el llamado dictamen de peligro, que fue aprobado por el Gobierno del presidente demócrata Barack Obama en 2009 y que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud. Trump defendió su decisión como “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense” y aseguró que reducirá enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores.

Cambiar las reglas del mercado laboral era una de las principales aspiraciones del ultra Javier Milei cuando a finales de 2023 tomó posesión de la presidencia argentina, y el pasado miércoles dio un paso decisivo en este objetivo con la aprobación en el Senado de un proyecto que contempla, entre otras medidas, la extensión de la jornada de trabajo hasta las doce horas diarias, la rebaja de impuestos a las empresas o el pago de salarios en cualquier moneda, especie, comida o vivienda. El plan recibió el visto bueno –por 42 votos a favor y 30 en contra– tras catorce horas de debate y quedó pendiente de la luz verde definitiva de la Cámara de Diputados, donde se da por hecho que saldrá adelante. En las calles, sin embargo, miles de argentinos mostraron su rechazo a la reforma del ultraliberal con protestas en las principales ciudades que, en algunos casos, derivaron en altercados. Más de setenta personas acabaron detenidas y una docena de agentes resultaron heridos durante los disturbios que, según el Gobierno de Milei, buscaban «desestabilizar» a su gabinete. El Ejecutivo cargó además contra la Justicia por haber liberado a los arrestados en las manifestaciones pocas horas después, y llegó a publicar un vídeo con las caras y los nombres de cuatro manifestantes que, según advirtió, serán apresados por haberse enfrentado a la Policía. Mientras, desde la organización Movimiento de Trabajadores Excluidos lamentaron que se tratara de aprobar la nueva legislación «con balas y gases».