20260214

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La empresa centenaria Vicinay Marine, líder mundial en el negocio de cadenas para la industria petrolera, ha logrado salvarse ‘in extremis’ del concurso de acreedores y una probable liquidación. Este pasado jueves a la noche, tras una jornada de infarto consiguió que una mayoría de sus acreedores firmara ante notario el plan de reestructuración de su deuda con una quita del 93%. Esta era la condición que había puesto el empresario Dámaso Quintana para inyectar 60 millones de euros y tomar el control del grupo, que se encuentra en preconcurso desde el pasado julio y emplea a 400 personas, la mitad en sus plantas de Sestao y Galdames. La firma se logró sobre la bocina, incluso con unos días de retraso respecto a lo previsto, dado que el 31 de enero terminaba el periodo legal para el preconcurso de acreedores. Pero finalmente lo ha conseguido. Para ello ha sido decisivo el apoyo de la banca, a la que debía 100 millones de euros repartidos entre Santander, Kutxabank, Abanca, CaixaBank, Sabadell, BBVA, Caja Rural de Navarra y Bankinter. El respaldo recabado entre la mayoría de estas entidades financieras ha permitido alcanzar los porcentajes requeridos en cada categoría de deuda y aplicar una quita del 93% a todo el pasivo. El Gobierno vasco, al que Vicinay debe siete millones de euros, no se ha adherido a la firma. Eso quiere decir que se verá arrastrado por la homologación de la reestructuración una vez sea aprobada por el juez, pero la compañía ha tenido que alcanzar las mayorías sin contar con su concurrencia. El Ejecutivo autonómico se escuda en que «su participación es mínima, al suponer un 3% de la deuda, y por tanto no era determinante» para sacar adelante la reestructuración, que depende del resto de acreedores.

El Gobierno vasco reconoció ayer en su reunión con el comité de empresa de Tubos Reunidos que, con el actual endeudamiento de la empresa, «es muy improbable encontrar inversores privados dispuestos a apostar». La compañía debe devolver en los próximos años un total de más de 260 millones. De esa cantidad, el rescate de la Sepi, que asciende a 130, es uno de los mayores lastres. Para buscar una salida, el departamento de Industria del Ejecutivo autonómico ha iniciado también contactos con el Gobierno de España para tratar flexibilizar los pagos del rescate. Mientras tanto, el ERE con 301 despidos anunciado por Tubos Reunidos eleva la presión sobre la plantilla. El Gobierno vasco señaló que las sensaciones de los primeros contactos han sido buenas y «agradece la buena disposición del Gobierno central para encontrar una solución a la deuda». Pero este es solo uno de los problemas de Tubos Reunidos, que ha presentado un plan de viabilidad urgente en el que necesita lograr avances en paralelo sobre tres vías: una reducción de gastos; una reestructuración de la deuda y un planteamiento de negocio diferente que dé una salida tras el cierre de su mercado en Estados Unidos. Todo pasa por dimensionar la compañía a su realidad de ventas, que ha pasado de 700 millones a poco más de 360. Ese es el mensaje que el viceconsejero de Industria, Andoitz Korta, y la de Empleo, Elena Pérez Barredo, así como la diputada de Promoción Económica de Álava, Saray Zarate, y la de Bizkaia, Ainara Basurko, trasladaron a los representantes de los trabajadores en el encuentro de ayer en la sede del Gobierno vasco y al que también acudieron el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, y el de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez. El Gobierno insistió en su disposición a «apoyar un proyecto industrial sólido de futuro para Tubos Reunidos» con un inversor privado, que es «muy improbable» encontrar con el actual endeudamiento. 

Michelin es otro de los gigantes del sector de la automoción que sufre la crisis de la industria de las cuatro ruedas, sobre todo en Europa. En 2025 encadenó su segundo ejercicio consecutivo en caída de beneficios y ganó 1.664 millones de euros netos, un 11,95% menos. Las ventas retrocedieron un 4,41%, al contabilizar 25.992 millones. Desde 2023, el negocio ha encogido en más de 2.350 millones por el descenso de la demanda, que se está reflejando en unas matriculaciones a la baja. Con fábricas en España situadas en Vitoria, Lasarte (Gipuzkoa), Valladolid y Aranda de Duero (Burgos), en las que trabajan más de 7.300 personas, la multinacional francesa redujo un 4,7% su producción total de cubiertas. Sobre todo en los segmentos de camión y vehículos agrícolas en los mercados de Norteamérica. La presión de los neumáticos low cost, procedentes de Asia, sigue afectando a esta industria en todo el mundo. Desde la corporación gala advierten de que en 2025 sus fábricas tuvieron unos “bajos niveles de utilización” de la capacidad instalada. La división de turismo, camioneta y motos consiguió un margen operativo del 11,7% sobre las ventas. En camión, este ratio de rentabilidad se redujo al 4,7%. Michelin ajustará su red industrial dedicada a este segmento.

En EE UU, el presidente del país, Donald Trump, está pidiendo a sus fabricantes que abandonen el eléctrico y vuelvan a abrazar la combustión –el jueves revocó todas las normas que limitaban las emisiones de gases de efecto invernadero en los coches–. Dos de sus principales fabricantes, Stellantis (también es europea) y Ford, han decidido tomar ese camino, no solo por las políticas del magnate, sino porque tampoco terminan de verle la rentabilidad al coche eléctrico por la alta competencia, los bajos márgenes y la todavía baja cuota del coche eléctrico. Su marcha atrás les ha supuesto una factura conjunta a Ford y Stellantis de 41.700 millones de dólares, unos 35.134 millones de euros al cambio actual. En el caso de Ford, la revocación de parte de sus inversiones en el vehículo eléctrico le ha costado 19.500 millones de dólares (16.441 millones de euros), lo que le ha empujado a unos números rojos en 2025 de 8.182 millones de dólares.

El comité de empresa de Papresa —integrado por seis representantes de LAB, cuatro de ESK, dos de ELA y uno de CC OO— anunció ayer la activación de un calendario de paros parciales para los días 17, 20, 24 y 27 de febrero, entre las 12.00 y las 16.00 horas, en la planta de Errenteria tras las informaciones sobre la posible venta del área de embalaje a CL Grupo Industrial, la paralización de la producción de papel y la aplicación de un ERE que afectaría a 110 trabajadores, la mitad de la plantilla total, vinculada a la actividad del papel. La movilización se produce mientras el Gobierno Vasco se reúne con la plantilla –a petición de los trabajadores– para analizar qué instrumentos podría activar, o no, si la situación financiera derivara en un concurso de acreedores, según fuentes del comité de empresa. La papelera, propiedad del fondo alemán Quantum Capital, se encuentra actualmente en preconcurso, una figura legal que permite a una empresa comunicar al juzgado que atraviesa dificultades para cumplir regularmente sus obligaciones y que necesita un plazo para negociar con acreedores y buscar una solución que evite el concurso. Durante ese periodo, la compañía mantiene su actividad ordinaria, pero reconoce formalmente su situación de tensión financiera y abre una fase de negociación decisiva para su viabilidad.

Los investigadores de la Policía Nacional en el ‘caso Sidenor’ intervinieron equipos informáticos, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento, tanto corporativos como personales, del presidente de la multinacional, José Antonio Jainaga; del director comercial, Íñigo Molero; y de cualquier otro trabajador de este departamento en busca de «pruebas relevantes» sobre su conocimiento del presunto contrabando de acero a un consorcio militar israelí en plena guerra de Gaza. Según el auto de entrada y registro en la sede de la compañía en Basauri, que tuvo lugar el pasado martes y al que ha tenido acceso este periódico, los agentes de la Comisaría General de Información y de Vigilancia Aduanera llevaron a cabo delante de los investigados y/o de sus representantes legales la operación de clonado y volcado de los dispositivos desde sus originales. El objetivo es que toda la información recabada sea sometida «al urgente análisis informático forense para obtener la información y pruebas vinculadas a los hechos investigados y determinar con precisión la participación de los distintos acusados y las comunicaciones mantenidas entre los miembros del grupo criminal (sic)», según recoge su resolución. En el mismo auto se autoriza también a los investigadores a llevarse aquellos otros ficheros en los que pudiera encontrarse documentación de interés, como las actas del Comité Ejecutivo de Sidenor, o proceder al registro de las carpetas almacenadas en dicho cloud (memoria digital) a fin de permitir un clonado adecuado. 

Román Orús, cofundador y director científico de la start up donostiarra Multiverse Computing y profesor de Investigación Ikerbasque en el Donostia International Physics Center (DIPC), fue ayer designado por la Asamblea General de Naciones Unidas como miembro del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial. El Panel actuará como nexo entre el conocimiento científico más avanzado y la formulación de políticas públicas. Emitirá un informe anual cuyos hallazgos serán presentados ante la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA. El panel está integrado por cuarenta expertos de las cinco regiones de la ONU, con una composición equilibrada en tér- minos geográficos y de género, y reúne a especialistas del ámbito académico, técnico, institucional, empresarial y de la sociedad civil. Sus miembros actuarán a título personal e independiente de gobiernos, empresas o instituciones, con un mandato de tres años. Román Orús es uno de los investigadores europeos más reconocidos en el ámbito de la computación cuántica y la inteligencia artificial. Como cofundador y director científico de Multiverse Computing, ha liderado el desarrollo de tecnologías de compresión de modelos de IA inspiradas en principios de la física cuántica, con aplicaciones en sectores estratégicos como energía, finanzas, telecomunicaciones y defensa.

Euskadi ha comenzado el año como la comunidad autónoma donde resulta más caro llenar el carro de la compra. El ticket medio en enero es un 3,9% más elevado que en el mismo mes de 2025, nueve décimas por encima de la media estatal. No obstante, el dato no presenta variación respecto a diciembre. Navarra es la segunda autonomía con un ticket medio más caro (3,7%), seguido de Extremadura y Castilla y León, ambas con un 3,4%. El encarecimiento no afecta por igual a los tres territorios vascos. Álava lidera la subida de la cesta con un incremento del 4,8%. En Bizkaia, el aumento alcanza el 4,1%, mientras que en Gipuzkoa se sitúa en el 3,2%, lo que convierte a nuestro territorio en el menos tensionado en términos relativos. En cuanto al índice general, el IPC en Euskadi se moderó seis décimas en enero respecto a diciembre, al pasar del 2,9% al 2,3%. Desde el INE destacan que, principalmente, la moderación de la tasa se debe a los precios de la vivienda, un apartado que en el caso de Euskadi, se ha encarecido un 1,6% en los últimos doce meses, a un ritmo bastante menor que en el resto de comunidades autónomas. Este descenso, explican, «se debió a los precios de la electricidad, cuya subida fue menor que en enero de 2025».

La mano de obra extranjera es clave para la economía vasca, pero su efecto se dejará notar aún más este año cuando se acometa la regularización masiva que prepara el Gobierno central. Por el momento, Euskadi ha arrancado el ejercicio con 102.698 afiliados a la Seguridad Social, 6.616 más que hace un año y sin un gran peso de la caída de enero (solo rebajó su cifra en 1.674 personas). Los trabajadores llegados de fuera representan ya a cerca de uno de cada diez en todo el País Vasco. Un peso que prevé ir a más cuando se active en abril el proceso para otorgar papeles a los 19.388 inmigrantes sin papeles que residen en el territorio, según la última Estadística de la Población de Origen Extranjero (EPOE). Una cifra oficial que se remonta a 2023, lo que podría elevar finalmente este colectivo hasta las 25.000 personas e incluso acercarse a las 30.000. Esta medida activada por la vía urgente –y a espaldas del Congreso– no solo facilitará la entrada de nuevos trabajadores al mercado laboral. También rescatará a muchos que se encuentran inmersos en el trabajo sumergido. Los requisitos exigidos para beneficiarse de este proceso se limitan a poder certificar que ya habían llegado a España antes del 31 de diciembre, contar con cinco meses de permanencia continuada cuando se registre la petición y no tener antecedentes penales. Como valoró la directora del Observatorio Vasco de la Inmigración Ikuspegi, Julia Shershneva, la medida permitirá a muchos «trabajadores invisibles» abandonar su situación de «precariedad laboral».

La falta de relevo generacional está detrás del cierre de numerosas empresas vizcaínas, especialmente comercios, y constituye también uno de los principales quebraderos de cabeza de las diferentes administraciones. El departamento foral de Empleo, dirigido por la socialista Teresa Laespada, le ha dado vueltas a este asunto durante mucho tiempo antes de impulsar una estrategia «pionera» importada de Barcelona que ha servido para frenar en parte esta hemorragia y salvar 239 negocios en los últimos tres años. «Cuando veía que un zapatero se jubilaba, siempre me preguntaba por qué no podía dejar su negocio a otro», explica a modo de ejemplo. La continuidad de tantos comercios, «vinculados en su mayoría a la vida cotidiana de barrios y municipios», ha sido posible gracias al programa de transmisión empresarial NegoziON. Su singularidad radica en «conectar» a quienes traspasan sus locales «con emprendedores interesados en adquirirlos». La Diputación vizcaína mantiene un perfil discreto en este acercamiento al no intervenir en ningún caso «en las negociaciones entre transmitentes y adquirientes». Sin embargo, otra de las particularidades de este plan es que no se queda únicamente en la venta de los establecimientos. Garantiza el mantenimiento de oficios, algunos al borde de la extinción, y asegura el mantenimiento de proveedores, «una clientela ya existente e ingresos previos». 

Los choques que mantienen casi a diario PNV y PSE a pesar de gobernar en coalición las principales instituciones vascas alcanzan cada vez una mayor magnitud sin que ninguna de las dos partes pise el freno. Ayer le tocó el turno a Aitor Esteban, quien no ahorró críticas hacia Eneko Andueza, que, según el líder jeltzale, «ha decidido hacer lo que se le da muy bien, meter ruido» con el objetivo de ganar visibilidad de cara a las elecciones del año que viene. «Si estás en un Gobierno de coalición, intenta arreglar esas diferencias de la manera más discreta posible y dedícate a trabajar», añadió. Las diferencias entre ambas partes no son nuevas. De hecho, las dos formaciones siempre se han esforzado en recordar que son dos partidos distintos. Que las discrepancias son normales. Lo que es novedoso después de trece años compartiendo coaliciones y gestionando tensiones es el nivel de enfrentamiento público y el cada vez más evidente distanciamiento personal entre las direcciones de ambos partidos, a pesar de que se enfatiza que todo va bien y que no hay problemas. En principio, nadie cree que la cosa vaya a mayores y que se rompa la entente, pero la sucesión de conflictos es larga y abarca numerosos campos: desde el euskera, las transferencias y el puerto de Pasaia, pasando por el papel que debe tener la Sepi en el rescate de Tubos Reunidos o si el Estado tiene que asumir responsabilidades por los sucesos del 3 de Marzo en Vitoria en 1976. El problema, en realidad, es tanto de fondo como de forma, porque los reproches se echan a la cara en una demostración de que la sintonía que existía entre las direcciones de ambos partidos se ha diluido.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará el próximo lunes con los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, respectivamente, la subida de un 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado, según confirmaron fuentes gubernamentales. A diferencia de la mayoría de los actos protocolarios de firma de subida del salario mínimo, en esta ocasión, estará también presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no asistía a este evento desde 2020, año en el que la firma se celebró en el Palacio de la Moncloa. Tras la firma, el Ejecutivo deberá aprobar en Consejo de Ministros el incremento del nuevo suelo salarial, que equivale a 518 euros anuales más que en 2025 o 37 euros más al mes. Una vez se dé ese paso, las nuevas cuantías se publicarán en el BOE y pasarán a estar vigentes para los más de dos millones de trabajadores asalariados que cobran el SMI, con especial incidencia en sectores como el campo o el empleo doméstico. Si eso sucede, como es previsible a falta de confirmación de última hora, en la reunión ministerial del próximo martes, las empresas deberán actualizar ya sus nóminas de febrero con el nuevo SMI (si lo permiten sus tiempos administrativos) y abonar de forma retroactiva la subida no abonada en enero.

Los procesos administrativos tardan entre 10 y 15 años para poder iniciar la construcción. Los costes reales de la obra se han duplicado desde 2005, de 635 euros por metro cuadrado a más de 1.300 en 2024. En la práctica, construir ha dejado de ser rentable. De las 78 actividades económicas que recoge el Banco de España, 68 generan más beneficios que la construcción, que ya se encuentra en números negativos (-0,1%), lo que explica en parte por qué el 72,9% de la oferta proyectada está bloqueada. Estas viviendas bloqueadas, que el documento califica como «de papel», permanecen atrapadas en suelos que no son finalistas y para ver la luz deben superar un proceso administrativo que se antoja «interminable» y dura entre 10 y 15 años. «No son años de construcción, sino de trámites previos antes de poder poner un ladrillo», explica Santiago Calvo, uno de los autores. Sólo la redacción y aprobación de un plan general municipal puede consumir cinco o seis años, a los que se suman otros dos por planes parciales y un año y medio para obras de urbanización, antes siquiera de poder solicitar la licencia de obra. «Cualquier decisión que tome un Ayuntamiento puede aumentar la oferta de suelo, pero no se va a materializar en viviendas habituales hasta dentro de una década como mínimo», asegura Calvo. Por esto, la otra parte que explica el bloqueo de la oferta es la muy restrictiva regulación urbanística y en los estándares de construcción. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), indica que el impacto de los procesos administrativos ha sido «extraordinario, sobre todo en la promoción inmobiliaria». Según los datos del Sistema de información urbana que recoge el informe, en 2025 casi siete de cada 10 municipios se rigen por planes urbanísticos anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria y un 23,1% datan incluso de antes de 1992, lo que no responde a las demandas actuales del mercado. Además, Fernández Alén advierte que, junto con el tiempo para habilitar un terreno y la antigüedad de los planes, «toda esta dilatación hace que no haya una seguridad jurídica», lo que causa que muchos promotores inmobiliarios pausen los proyectos urbanísticos hasta tener la seguridad de que no se anularán.

El sector inmobiliario español continuó su escalada en 2025 y, de hecho, aceleró el ritmo. La vivienda se encareció un 12,8% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por Eurostat. Esto supone el mismo crecimiento que en el trimestre anterior (12,8%) y cinco décimas porcentuales más que en los primeros compases del año (12,3%). De esta forma, se alcanzaron las tasas más elevadas desde que el valor del metro cuadrado empezó a recuperarse en 2014, tras el hundimiento sufrido por el pinchazo de la burbuja en 2008. Con este nivel, el precio de la vivienda en España aumentó más del doble que en la media de la zona euro (5,1%) y del conjunto de la Unión Europea (5,5%). “La explicación a las subidas de precio en España las encontramos en el desacople entre oferta y demanda. Falta vivienda y los números son claros. Después de la gran crisis de 2008 no hemos sido capaces de recuperar nuestra capacidad de producción, lo que nos ha conducido a una situación de infraproducción de vivienda. El Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero la brecha sigue abierta y esa cifra no para de crecer. Teniendo en cuenta que se crean más hogares que nuevas viviendas, el problema no tiene visos de solucionarse”, explica Francisco Iñareta, de Idealista.

El número de accidentes laborales por los que el trabajador tuvo que darse de baja ascendió en 2025 a un total de 620.386 siniestrados, lo que supuso un descenso anual del 1,3%. En cifras absolutas, son casi 8.000 menos que el año anterior, según el primer avance provisional de las cifras de siniestralidad laboral publicadas ayer por el Ministerio de Trabajo. No obstante, esta leve mejora de la siniestralidad en términos generales no evitó que se registrara un fuerte aumento de los trabajadores que fallecieron en accidente de trabajo en el sector de la construcción, donde perdieron la vida 29 personas, un 22% más que en 2024. En general, y teniendo en cuenta todos los sectores de actividad, el número de fallecidos en accidentes laborales fue menor en 2025, cuando se registraron 735 muertes frente a las 796 de 2024. Esto supone una reducción de casi el 8% en un año.

“Estamos ante algo mucho más grande que la covid”, advirtió esta semana Matt Shumer. Este prestigioso programador que trabaja con la inteligencia artificial (IA) acaba de publicar un artículo titulado Algo grande está sucediendo, en el que advierte sobre las amenazas de los nuevos modelos de IA para millones de puestos de trabajo de cuello blanco a lo largo de todo el mundo. Su ensayo se ha viralizado con más de 80 millones de visitas desde el martes. “La razón por la que tanta gente del sector está dando la voz de alarma ahora mismo es porque esto ya nos ha pasado”, explica Shumer, quien relata cómo las empresas de IA están despidiendo a informáticos y desarrolladores porque las herramientas que ellos crearon ya se están programando a sí mismas para hacerse más inteligentes. “No estamos haciendo predicciones. Les contamos lo que ya ha ocurrido en nuestros propios trabajos y les advertimos que son los siguientes”, apunta. El artículo de Shumer coincide con una semana de agitación en Wall Street. Los inversores han castigado a compañías que se van a ver más afectadas por la irrupción de esta tecnología. Empresas de software, videojuegos o desarrolladores informáticos han recibido un serio correctivo en Bolsa esta semana al difundirse las altas capacidades de los nuevos modelos de IA y el riesgo que supone para millones de empleos. Los expertos aseguran que un niño podrá dar instrucciones a la IA para crear un videojuego a medida. Ya proliferan programas de idiomas creados por personas con escasos conocimientos informáticos. 

“La Inteligencia Artificial acelerará los descubrimientos. Si se usa bien, es una herramienta fantástica. En mi investigación me ha ahorrado muchísimo tiempo”, asevera Philippe Aghion (París, Francia, 1956), último ganador del Premio Nobel de Economía, junto con el canadiense Peter Howitt y el estadounidense Joel Mokyr, por sus investigaciones sobre el papel de la innovación como motor del crecimiento económico: la llamada destrucción creativa. Aghion ya ganó el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2020 en Economía, y asegura que el Nobel fue “inesperado”, un “cuento de hadas” por el que se siente “afortunado, agradecido y aliviado”. Hoy centra sus investigaciones en “los efectos económicos y ambientales de la IA, la transición verde y la política industrial”. "Un gran motor para el crecimiento económico es la educación. Muchos niños inteligentes nacidos en familias pobres no pueden convertirse en innovadores porque carecen de los conocimientos y las aspiraciones. Se necesita un sistema educativo con buenos resultados en las pruebas PISA, donde se aprenda a aprender. Esto será difícil con la Inteligencia Artificial (IA), porque con ella muchos niños ya no hacen esfuerzos. Hay que asegurarse de que las clases sean sin IA. Se puede enseñar algo de IA, pero hay que asegurarse de que los niños sigan aprendiendo a pensar por sí mismos y a resolver problemas. Además, se necesita una buena política de competencia y un buen sistema de flexiseguridad en el mercado laboral para que cuando la gente pierde su empleo tenga un seguro de desempleo alto y también formación, como en Dinamarca. Con la IA, esto será muy importante para aprovechar el poder de la destrucción creativa, para hacerla más eficiente, más productiva y más aceptable socialmente. Esas políticas son clave y, por supuesto, Europa tendrá que impulsar una política industrial inteligente, que hasta ahora, en nombre de la política de competencia, hemos estado excluyendo, a diferencia de EE UU y China...La IA, como toda revolución, destruirá empleos y creará otros. Pero en la mayoría de empleos, la IA sustituirá algunas tareas para que se pueda dedicar más tiempo a otras más creativas. También habrá creación de empleo porque las empresas que adoptan la IA se vuelven más productivas y competitivas, y porque con la IA habrá nuevas actividades. En los casos en que los empleos mismos están en peligro, es importante la flexiseguridad y un buen sistema educativo para suavizar la transición de los viejos a los nuevos empleos..."

Iberdrola toma impulso en su apuesta por la inteligencia artificial como palanca de su estrategia de negocio. Tras quince años usando modelos predictivos, la eléctrica acelera ahora el despliegue de inteligencia artificial generativa, más allá de los proyectos pilotos. “No es un tema opcional, hay que estar”, afirma Sergio Merchán, CIO de Iberdrola, quien defiende la importancia de ser pioneros en la adopción de esta tecnología. Merchán dice que Iberdrola aspira a convertirse en una eléctrica con la inteligencia artificial en el centro de su modelo de negocio, dado que esta tecnología es una palanca transversal en toda su cadena de valor, desde la generación hasta la atención al cliente. Esta estrategia se refleja ya en una treintena de casos de uso en producción. Iberdrola ha identificado más de doscientas oportunidades para aplicar inteligencia artificial a distintos procesos de la compañía. Tras un análisis detallado, el plan para este año contempla unos sesenta casos de uso. “Priorizamos su despliegue en función del valor que nos permiten capturar”, explica Merchán. Un ejemplo de inteligencia artificial ya en producción son trece asistentes para el desarrollo de software. Según el ejecutivo, estas herramientas no solamente mejoran la calidad del software, sino que han aumentado la productividad hasta un 30%, lo que se traduce en 600.000 horas de trabajo ahorradas al año. Iberdrola también ha desplegado asistentes inteligentes en distintas áreas de la compañía. En operaciones, apoyan a los técnicos de campo en la supervisión y el mantenimiento de infraestructuras como turbinas eólicas, lo que acelera la resolución de incidencias. En atención al cliente, permiten ofrecer respuestas más rápidas y precisas, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. En áreas corporativas, facilitan tareas como la gestión de contratos o consultas internas, lo que aumenta la eficiencia de los equipos.

En Técnicas Reunidas se acercan a la presentación de los resultados de 2025 y el balance anual es extraordinariamente positivo. La compañía se encuentra dentro de los objetivos marcados en el último plan estratégico. Pagará, probablemente en el cuatro trimestre, dividendo a cuenta con cargo al beneficio del año pasado, y se presenta ante los inversores con el ánimo de recuperar un lugar entre los 35 valores del Ibex después de que la acción haya duplicado su valor en doce meses. “El ejercicio pasado fue un punto de inflexión en la historia de la compañía. Ha sentado las bases para crecer no solo en volumen, sino en calidad, robustez y márgenes”, señala el presidente de Técnicas Reunidas, Juan Lladó (Madrid, 1961). La ingeniería española, entre los grandes proveedores industriales del sector petrolero mundial, ha completado con éxito una exigente etapa, marcada por las dificultades provocadas por el Covid y sobrecostes en proyectos en el exterior que le llevaron en 2021 a pérdidas récord de 190 millones de euros y a recibir una ayuda financiera a través del fondo de rescate gestionado por Sepi de 340 millones de euros para sobrevivir. Hoy, Técnicas Reunidas ha devuelto de manera anticipada el dinero público y ha anunciado la vuelta al dividendo, equivalente al 30% de un beneficio que rondará los 150 millones de euros en 2025 y superará los 200 millones de euros este año, con márgenes sobre ebit próximos al 5%. Las oficinas de Madrid, Cartagena y Bilbao concentran el grueso de la plantilla del grupo español, que además dispone en Oriente medio de 1.000 ingenieros integrados entre Abu Dabi y Arabia Saudí. La otra gran fuente de talento del grupo es India, con más de 2.000 empleados cualificados.

La Administración de EEUU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, ha emitido una licencia general que permite a Repsol y otras petroleras, entre ellas Chevron, BP, Eni y Shell, reanudar sus operaciones de petróleo y gas en Venezuela. Se produce así un paso definitivo en el levantamiento del embargo comercial sobre el negocio de hidrocarburos que decretó EEUU en marzo del pasado año y que afectaba especialmente a Repsol, la primera petrolera española. Desde marzo de 2025, Repsol no podía exportar crudo y derivados, como la nafta, desde Venezuela, lo que suponía un enorme trastorno económico para la petrolera española, ya que esas exportaciones le valían como moneda de cambio para que el monopolio estatal de hidrocarburos de Venezuela –PDVSA– saldara deudas con la empresa contraídas hace años. También valían para que el Gobierno de ese país liquidara el abastecimiento de gas que le estaba haciendo Repsol. EEUU, además, ha emitido otra licencia que permite a empresas de todo el mundo firmar contratos para nuevas inversiones en el sector petrolero y gasífero venezolano. PDVSA, el tesoro oculto de 1.000 millones que Repsol podría aflorar. 

Donald Trump planea reducir algunos aranceles sobre los productos de acero y aluminio mientras lucha contra una crisis de asequibilidad que ha minado sus índices de aprobación antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. El presidente estadounidense impuso aranceles de hasta el 50% a las importaciones de acero y aluminio el verano pasado, y amplió los impuestos a una gama de productos fabricados con esos metales, incluidas lavadoras y hornos. Pero su Administración revisa ahora la lista de productos afectados por los gravámenes y planea eximir algunos artículos, detener la expansión de las listas y, en su lugar, lanzar investigaciones de seguridad nacional más específicas sobre bienes específicos, según tres personas familiarizadas con el asunto. Las personas dijeron que los funcionarios comerciales del Departamento de Comercio y la oficina del representante comercial de EEUU creían que los aranceles estaban perjudicando a los consumidores al aumentar los precios de productos como moldes para tartas y latas de alimentos y bebidas. La ofensiva arancelaria de Trump ha elevado los aranceles estadounidenses a su nivel más alto desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el presidente ha reducido repetidamente algunos de sus gravámenes más estrictos ante la indignación de los votantes por la crisis de asequibilidad en EEUU. Más del 70% de los adultos estadounidenses califican la situación económica como regular o mala, según una encuesta del Pew Research Center publicada este mes.

La pérdida de competitividad europea tiene un reflejo directo en su relación comercial con China desde que se superó la pandemia. El abultadísimo déficit comercial de la UE con el gigante asiático volvió a crecer en 2025: llegó a 359.272 millones de euros, un 15% más que el año anterior. Estos números se compensan con creces por el saldo positivo en los intercambios con otras áreas del mundo, entre ellas Estados Unidos, pese a la guerra arancelaria que abrió Washington contra la mayoría de socios comerciales. Por eso, el año pasado las exportaciones globales de la UE superaron a las importaciones por un valor de 133.486 millones, según Eurostat. En el caso concreto de Estados Unidos, el saldo comercial favorable de la UE alcanzó, por poco, la cifra récord desde el año 2002. No obstante, los registros oficiales estadounidenses, con diferencias metodológicas respecto a la oficina estadística europea, otorgan –con datos hasta noviembre– un valor algo inferior a ese superávit en 2025 respecto a 2024. Esa balanza comercial positiva no esconde la pérdida de competitividad de la UE. En 2024 había superado los 140.000 millones. Son los últimos dos ejercicios de la serie estadística que no se ven impactados por circunstancias extraordinarias que distorsionan la coyuntura del momento, algo que sí sucedió entre 2020 y 2023 primero por la pandemia y después por la guerra en Ucrania, con el consiguiente encarecimiento de las cotizaciones de las materias primas. Y es en estos dos años (2024 y 2025) en los que se ve ese retroceso.

La relación transatlántica amenaza ruina, y Europa busca la respuesta al asalto del trumpismo desde Estados Unidos y, con sus aliados de extrema derecha, desde dentro de las fronteras del continente. El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, defendieron ayer en Múnich la democracia europea y sus libertades frente a quienes la socavan, en una réplica a los ataques del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, en el mismo foro hace un año. “En la era de la gran rivalidad entre potencias, ni siquiera EE UU será suficientemente fuerte para ir solo”, advirtió Merz. “Es la hora de una Europa fuerte”, dijo Macron. Sus palabras en la primera jornada de la Conferencia de Seguridad respondían al discurso que Vance pronunció en Múnich en febrero de 2025. Entonces, los europeos quedaron desconcertados, como boxeadores en la lona, tras acusar el número dos de la Administración Trump a los líderes de la Unión Europea de no respetar la democracia y arengar a la extrema derecha continental. Merz citó ayer en Múnich a Vance, y la sentencia según la cual hay una “brecha” entre EE UU y Europa. “Tenía razón con esta descripción”, admitió. Pero, en un mensaje dirigido tanto a Washington y al movimiento trumpista MAGA [Make America Great Again] como a sus aliados autóctonos, la extrema derecha de Alternativa por Alemania, declaró: “La guerra cultural del movimiento MAGA en EE UU no es la nuestra. La libertad de expresión termina, para nosotros, cuando esta expresión se usa en contra de la dignidad humana y de nuestra Ley Fundamental”.  El canciller, entre aplausos del selecto público de ministros de decenas de países, diplomáticos, militares y expertos, añadió: “Y tampoco creemos en los aranceles y el proteccionismo, sino en el libre comercio y en los acuerdos climáticos. Y defendemos la Organización Mundial del Comercio, porque estamos convencidos de que los desafíos globales solo los solucionaremos juntos”.