20260314

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

El largo mes de negociación del ERE en Tubos Reunidos se cierra sin pacto para los 301 despidos que quiere ejecutar la empresa entre Amurrio y Trapagaran. La mayoría de sindicatos en la mesa negociadora ha cumplido con el guion previsto y ha dado carpetazo al periodo de consultas sin aceptar la oferta. El desacuerdo ha llegado a pesar de que la empresa se ha abierto a última hora a que no hubiese despidos forzosos en la tubera. Según relatan tres fuentes distintas a El Correo, la dirección de Carlos López de las Heras ha hecho un movimiento a la desesperada y, aunque mantenía las condiciones monetarias, ha ofrecido que las salidas sólo fuesen voluntarias. Todo estaba supeditado, eso sí, a que hubiese referéndum en las dos plantas y a que haya un acuerdo de refinanciación que permita afrontar los despidos. Sin embargo, ese último intento por buscar una entente ha caído en saco roto. Los representantes han salido hacia las 13.45 horas a comunicar el resultado entre gritos de trabajadores contra las secciones sindicales que eran proclives al pacto. Se han escuchado consignas como 'Que bajen las ratas' e insultos como 'hijos de puta' o 'traidores'. Ahora es la propia tubera quien tiene en sus manos dar los próximos pasos. El 'no' al ERE, en cualquier caso, deja a la tubera sin nada relevante que ofrecer a sus acreedores financieros para tratar de convencerles de flexibilizar la deuda antes de presentar las cuentas a finales de este mes. Tampoco habrá un pacto social con el que tratar de atraer a nuevos inversores a la compañía.

ELA escenifica con un paso más su división interna en Tubos Reunidos. Este viernes la central soberanista ha adelantado que sus hasta ahora representantes en Trapagaran, y que este viernes votaron a favor del ERE con el requisito de que todas las salidas fueran voluntarias, «ya no representan» a la central. «La decisión trasladada hoy en la mesa de negociación del ERE por los representantes de ELA Trapaga apoyando el planteamiento de la dirección de Tubos Reunidos les coloca fuera de la lógica del sindicato. Desde este momento no representan a ELA», han reiterado. «ELA ha dejado muy claro durante todo el proceso que el futuro de Tubos Reunidos no pasa por los despidos, sino por un proyecto industrial que corrija la nefasta gestión de los últimos años, lastrada por el reparto indebido de beneficios», han destacado. Por su parte, la representación de ELA en la planta vizcaína sigue alertando sobre la presión que está recibiendo en este proceso y ha señalado el «desencanto» vivido por la plantilla. «Hay mucha gente indignadísima. Están quemados», afirman, tras una reunión este viernes en la que la empresa habría aceptado tramitar el ERE vinculado solo a las salidas voluntarias, y dejando la acería en suspensión, valorando anualmente si era posible su reapertura. «Habían pasado todas las líneas rojas marcadas y aún así han decidido rechazar un acuerdo», se duelen.

UGT atribuye a «presiones y amenazas» el giro dado a última hora por sus delegados en Amurrio, que han votado hoy en contra del ERE en la mesa de negociación, desbaratando cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo. Según explican fuentes oficiales a la Federación de Industria, la decisión de estos representantes se debe a la «violencia» a la que se han visto sometidos por otros sindicatos y va en contra de la opinión de los propios afiliados, que habían defendido casi por unanimidad la celebración de un reférendum en la planta alavesa, al igual que se hizo en Trapagaran, para votar la oferta de la empresa. También se habían manifestado a favor de apoyar el ajuste si todas las salidas eran voluntarias, sin despidos forzosos, como finalmente ha aceptado la compañía. «Un compañero anteayer tuvo que ingresar en el hospital con un cuadro de ansiedad, la presión ha sido terrible», señalan en la Federación de Industria (FICA), que recuerdan que el presidente del comité de Amurrio, el ugetista Andrés García, presentó su dimisión tras la asamblea informativa del miércoles, en un clima de máxima tensión.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha echado un jarro de agua fría sobre la posibilidad de que se encuentren inversores para reflotar la compañía, al borde del concurso de acreedores. Según ha explicado, lograrlo ya era difícil por el alto endeudamiento de la compañía, pero los efectos de la guerra ha complicado más el desafío ya que tantos los eventuales interesados como la propio grupo están en peor situación. «A ver quién es el valiente que en estas circunstancias va a entrar a rescatar a Tubos Reunidos» ha dicho. No es la primera vez que Jauregi hace esta reflexión. Repitió el mismo mensaje hace solo unos días. Refleja una clara intención de rebajar las expectativas de que entre un inversor en Tubos Reunidos para evitar su quiebra. «La guerra de Irán impacta directamente al interés que los inversores industriales puedan tener por un rescate», ha señalado.

La dirección de Tubos Reunidos ya ha emitido una primera reacción tras el 'no' al ERE. A través de una nota a los medios, la tubera admite el golpe que supone esta medida para conseguir una posible reestructuración de la deuda. El desacuerdo con los sindicatos, advierte, «complica mucho» ese reajuste del pasivo. La cúpula de la tubera recalca que ha hecho «un esfuerzo de la empresa por mantener la actividad y el empleo de 1.000 personas». Confirma que ha presentado una última oferta este viernes en la que se abría a «que el ERE se aplique única y exclusivamente de forma voluntaria». Sin pacto social, advierte la dirección, queda muy tocado el resto del plan para reflotar la compañía. «Los siguientes pasos, que eran la reestructuración de la deuda con la SEPI y con entidades financieras, así como la búsqueda de financiación, quedan seriamente afectados», subraya. La tubera recuerda su trayectoria económica en los últimos años, donde las cuentas sólo han arrojado beneficios en dos ejercicios a lo largo de la última década. «En este contexto, la empresa se ve obligada a aplicar el ERE, y a estudiar todos los escenarios que se abren ante esta nueva situación», afirma. La empresa quería ejecutar 301 despidos y lo cierto es que la cosa no estaba tan lejos de materializarse. Fuentes consultadas apuntan que hasta ahora más de 250 personas habían pedido adherirse al plan de bajas incentivadas. La empresa, de hecho, ha permitido a los trabajadores seguir sumándose a las salidas voluntarias y a las prejubilaciones hasta el lunes a las 15.00 horas.

La crisis que atraviesa Tubos Reunidos, uno de los mayores especialistas en la fabricación de tubería de acero, se agravó ayer después de que la mayoría de las centrales sindicales rechazasen la última oferta de la compañía para aplicar un ERE voluntario sobre 301 empleados, de una plantilla total de 1.300 trabajadores. En la última reunión celebrada ayer en Bilbao, la empresa presentó una nueva oferta que los sindicatos rechazaron por considerarla “similar” a la última, incluir el cierre de la acería y la obligación de que se aprobase en referéndum entre la plantilla. Tubos Reunidos justificó su nuevo planteamiento en el hecho de que existiría un número “muy elevado” de trabajadores adscritos a la oferta de bajas incentivadas y prejubilaciones, de tal modo que recogía que el ERE se aplicase exclusivamente de forma voluntaria, cuestión que las centrales sindicales no han considerado viable al no darse “garantías”. El desencuentro se tradujo ayer en un fuerte retroceso de la siderúrgica en Bolsa, que cayó un 4,9%, hasta situar los títulos en 0,25 euros, con una caída en lo que va de año de más del 20%. Los representantes del sindicato ELA (planta de Amurrio), LAB (Amurrio y Trapagaran) y ESK no firmaron el acta del encuentro de ayer al entender que el periodo de consultas ya se había cerrado cuatro días atrás. UGT, que sí firmó el acta de la reunión, ha rechazado finalmente el ERE al entender que la medida planteada por la empresa es “desproporcionada”.

La fábrica de Gestamp en Abadiño ha anunciado a su plantilla (actualmente son 700 trabajadores) que recortará hasta 280 empleos de aquí a 2030. Una decisión que la dirección ha adoptado después de que el grupo Mercedes haya reducido el peso de las piezas de Gestamp en la fabricación de sus nuevas furgonetas eléctricas en la planta de Vitoria y haya decidido que sus propias factorías alemanas fabriquen estos componentes. El objetivo de la multinacional alemana es proteger su empleo en Alemania, donde la crisis del sector ha provocado en los últimos meses una alarmante sangría de empleos. Sobre esta decisión, el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha afirmado que «llevábamos semanas y meses donde se decía que Mercedes quería mantener puestos de trabajo en Alemania y dar carga de trabajo, porque tienen fábricas ociosas. Mercedes es una empresa alemana y está defendiendo los empleos alemanes, por lo que es una decisión estratégica». El consejero señala que, de hecho, para la multinacional alemana, fabricar las piezas en su país va a salir más caro: «Creo que todo el mundo reconoce que seguir fabricando las piezas aquí es más competitivo y es lo que más sentido tiene», porque es más barato que «traerlas en camión aquí». Ahora bien, también admite que la postura de Mercedes es razonable. «Están defendiendo sus empleos en Alemania y yo como Gobierno vasco haría lo mismo con las empresas vascas, que traigan el empleo aquí». Sobre los planes de futuro de la planta de Abadiño, Jauregi ha manifestado que Gestamp quiere llevar a cabo la reducción de plantilla «de una manera lo menos dramática posible». 

Para José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y Talgo, el absentismo es uno de los problemas más «dramáticos» a los que se enfrenta Euskadi. «No imagino que pueda venir nadie a invertir a este país si lo primero que ve es que la empresa que quiere comprar tiene un absentismo del 12% o del 15%», ha lamentado este viernes en un congreso organizado en Vitoria por el Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de Álava. «O lo metemos mano o nos vamos al hoyo», ha enfatizado. Es más, Jainaga calculó que se tardará «una generación» en solucionarse porque ahora parece que «se hace por decreto» y se necesitará empezar a transmitirlo en los colegios y las familias. «A los niños de hoy hay que empezar a transmitirles unos valores porque lo que tenemos no puede ser, no puede ser», ha subrayado. No se ha quedado solo en ese discurso. El director general de la planta de Michelin en Vitoria, David Udakiola, ha respaldado esas palabras. «Es muy preocupante para una multinacional en la que incluso tenemos competencia interna. Y esto tiene varias derivadas. Una es la del costo porque nos cuesta cubrir a la gente que no está y otro es la organización del trabajo, pues pone en dificultad la realización de los compromisos. Pero lo más importante es la imagen que transmitimos, cuando estamos buscando confianza para que inviertan», ha explicado.

Las compañías del acero ya están sintiendo las consecuencias de la guerra. Representantes de Unesid, la patronal de las empresas siderúrgicas, se reunieron esta semana con el Ejecutivo para poner sobre la mesa las dificultades que atraviesa el sector por el conflicto del Golfo. Según sus estimaciones, el incremento de los precios del gas, la electricidad y las materias primas está generando un sobrecoste cercano a los 60 millones de euros al mes. A este encarecimiento se suma el aumento del precio de los combustibles, que eleva considerablemente los gastos logísticos de las plantas industriales. A este encarecimiento se suma el aumento del precio de los combustibles, que eleva considerablemente los gastos logísticos de las plantas industriales. En conjunto, la industria siderúrgica calcula que sus costes variables podrían incrementarse entre un 20% y un 25%. Además, el sector teme que en los próximos meses se produzca una reducción de la demanda. Ante el impacto combinado del aumento de los precios de la energía, la logística y las materias primas, Unesid planteó al Ejecutivo varias medidas urgentes. Entre ellas, destaca la reactivación de la llamada ‘excepción ibérica’, con el objetivo de separar el precio del gas del de la electricidad, que el Gobierno por el momento descarta, así como la suspensión temporal del impuesto del 7% aplicado a la generación eléctrica.

«La capacidad tecnológica, productiva y de costes de China está intensificando la competencia global y afecta ya directamente a las empresas de Gipuzkoa». Es uno de los titulares que ha dejado este viernes el presidente de la Cámara de Comercio, Mauri Arregui, durante la XXXIV edición de los premios 'Empresa de Gipuzkoa', en los que también ha aludido a la incertidumbre mundial que acecha a la economía, en plena guerra en Oriente Medio. En el acto en Donostia, la Cámara ha distinguido al Grupo Campezo como Empresa de 2026, líder en construcción, mantenimiento e infraestructuras y especializada en obra civil. El presidente del órgano cameral ha advertido de que las empresas del territorio compiten en un contexto internacional cada vez más exigente marcado por el ascenso de nuevas potencias económicas, especialmente China. Según ha explicado, «la capacidad tecnológica, productiva y de costes del país asiático está intensificando la competencia global, una presión que no es coyuntural sino estructural y que afecta directamente al tejido empresarial del territorio». En la misma línea, el director general de la Cámara, Javier Zubia, ha destacado que China se ha consolidado como «un actor económico de primer nivel», lo que supone un desafío competitivo para las empresas europeas. En este contexto, ha defendido que será necesario «competir con China en condiciones equilibradas», aunque también «explorar posibles vías de colaboración». Tanto Arregui como Zubia situaron este escenario dentro de un momento especialmente delicado para Europa. El presidente de la Cámara ha subrayado que Europa «necesita reforzar su liderazgo y su autonomía estratégica en ámbitos clave como la tecnología, la energía o la defensa», ya que de ello depende su competitividad frente a otras potencias. Zubia, por su parte, ha advertido de que la posición competitiva de Europa se «está debilitando en el escenario global», por lo que considera imprescindible que la Unión Europea «impulse reformas y cambios estratégicos» que permitan reforzar su papel económico.

La mayoría sindical vasca ha comparecido este viernes en Donostia e Iruñea para dar un golpe de autoridad a pocos días de la huelga general convocada para el próximo martes 17 de marzo. Bajo el lema «M17 Greba Orokorra», las centrales ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde han mostrado músculo al anunciar que la adhesión al paro está siendo «muy amplia», con el respaldo explícito de 1.750 comités de empresa y personal, además de un centenar de colectivos sociales que abarcan desde pensionistas hasta movimientos feministas y ecologistas. «Estamos ante una huelga potente», ha afirmado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, subrayando que el debate sobre el salario mínimo propio ha logrado «saltar de los centros de trabajo a la agenda política». El objetivo central de la movilización es la consecución de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, que los sindicatos sitúan en los 1.500 euros para ajustarse a la realidad socioeconómica de Euskadi y Navarra. En este sentido, han criticado con dureza la postura de partidos como el PNV, PSE y PSN, a quienes acusan de intentar bloquear este debate de forma «antidemocrática» en las instituciones. Por otro lado, la presión se traslada también a las mesas de negociación. Los sindicatos han citado a Confebask para el día 24 de marzo y a la CEN el día 25, insistiendo en que «no hay argumentos técnicos ni jurídicos» que impidan un acuerdo intersectorial para establecer ese salario mínimo vasco.

Artículo de Santi Martínez, secretario general de CCOO Euskadi: "...La hegemonía narrativa sobre los salarios en Euskadi no puede ubicarse solo en los sindicatos convocantes de una huelga que va de más soberanía, no va de salarios, y en manos de una patronal vasca que, bajo el uso maniqueo de los datos del absentismo, decide boicotear espacios de negociación colectiva legales y con potencial para llegar a acuerdos salariales...¿Existen vías más seguras para trabajar a partir del SMI una adaptación territorial salarial? Sí, es la negociación colectiva y su capacidad innegable de adaptar los salarios a nuestro territorio. Ya lo hacemos, pactando salarios mínimos de convenio en algunos convenios colectivos sectoriales. O con nuestra propuesta para un acuerdo interprofesional sobre un salario mínimo de convenio. Por cierto, es la propuesta que también los tribunales han entendido como viable. Además, esta labor de adaptación a través de la negociación colectiva es compatible con subidas del SMI (1.221 euros mensuales en catorce pagas, exentos de tributación) que suponen un incremento en los últimos años nada menos que del 66%. Llegados a este punto, debemos preguntar a las organizaciones convocantes ¿qué porcentaje de ese 66% de subida del SMI han logrado ellas? La respuesta es tan evidente como nulo es el efecto de esta huelga sobre esos colectivos sin convenio de referencia, como las trabajadoras de hogar que, gracias a nuestra labor en el diálogo social, no tienen que esperar a lo que se decida en el Parlamento español (curiosa paradoja nacionalista, fiarlo todo a ‘Madrid’) para verse beneficiadas, desde ya, del incremento que hemos logrado...Existen muchas formas de abordar el debate salarial. Confebask ha elegido el bloqueo irresponsable. Los sindicatos convocantes, siempre en esa particular batalla entre patria o solidaridad entre las trabajadoras, han elegido patria. Volvemos a perder los de siempre. Esa frustración es el mejor caldo de cultivo para la desafección de la ciudadanía..."

Nuevo giro de guión en el enrevesado caso de Ayesa. El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha confirmado este viernes que la compra de la empresa tecnológica Ayesa, la antigua Ibermática, se cerrará «ante notario» a finales de este mismo mes. El responsable del área económica del Ejecutivo autonómico ha afirmado además que Kutxa Fundazioa ha decidido finalmente no entrar en la operación tras valorar su posible participación, a pesar de los intentos del lehendakari, Imanol Pradales, y del líder del PNV, Aitor Esteban, por que la fundación bancaria guipuzcoana reconsiderara su negativa a invertir en Ayesa. «Kutxa Fundazioa lo ha mirado y ha decidido no apuntarse y hay que respetarlo», ha asegurado Jauregi, en una respuesta lacónica, en una entrevista en Radio Euskadi. De esta forma, cerraba un capítulo empresarial y político, que ha adquirido tintes de culebrón en las últimas semanas. La decisión de Kutxa Fundazioa de no incorporarse al proyecto llegó después de un intenso debate interno. Fue a finales del año pasado. El Patronato de la fundación analizó la posibilidad de participar en la operación, pero finalmente rechazó la entrada por nueve votos frente a seis.

El hangar de DHL aterriza por fin en Foronda. Después de cuatro años de vaivenes e incertidumbre, el gigante alemán informó ayer de que empezará las obras para levantar su centro de reparación de aviones «a finales del mes de marzo». Es un pequeño retraso con respecto al plan inicial –fijaba la fecha en marzo– así que, salvo sorpresas, podrá mantenerse el objetivo de que esta instalación del aeropuerto esté operativa a mediados de 2027. Según informó la empresa ayer, los trabajos no empezarán propiamente con el hangar, sino que primero se hará la obra para ampliar la longitud de la plataforma en Foronda lo necesario para que los aviones puedan entrar y salir a la futura nave en donde se someterán a las reparaciones que sean pertinentes. Y es que la instalación se ubicará en el flanco oeste del aeropuerto, pasada la nave de SCS. Es ahí donde acaba la plataforma contigua a la pista de aterrizaje y, tal y como ya señaló la multinacional en declaraciones a EL CORREO, habrá que ampliar ligeramente la esa zona del recorrido para que haya una conexión entre el hangar y lo que ya está hormigonado. Después de hacer esta primera intervención, «en la segunda mitad del año» será cuando se empiece a levantar lo que es el hangar en sí. Un pabellón de 6.600 metros cuadrados preparado para albergar y realizar trabajos en naves cargueras. La empresa ocupará en total más de 19.700 metros entre el propio hangar, las instalaciones exteriores (1.605 metros cuadrados) y 11.500 metros de plataforma.

Suma y sigue. La inercia económica con la que Gipuzkoa ha cerrado el último ciclo sigue mostrando una robustez notable en los despachos de la Hacienda foral. Los datos de los dos primeros meses del año no solo son positivos, sino que suponen un hito simbólico: el territorio ha logrado recaudar 1.021 millones de euros hasta febrero, lo que representa un incremento del 10,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Son 93 millones de euros adicionales que entran en las arcas públicas, confirmando que, al menos hasta el estallido del reciente conflicto bélico, el motor económico guipuzcoano funcionaba a pleno rendimiento. El análisis de estas cifras permite leer entre líneas la salud del tejido social. El crecimiento se apoya en dos pilares fundamentales. Por un lado, la recaudación líquida de los impuestos directos ha subido un 9,5%, impulsada principalmente por un IRPF que actúa como el termómetro más fiel de la calle. Las retenciones sobre los rendimientos del trabajo han crecido un 5,4% (25,8 millones más), una cifra que certifica la fortaleza del mercado laboral: hay más personas trabajando, como confirman los datos de afiliación a la Seguridad Social, o los salarios están ganando peso, lo que ensancha la base imponible del impuesto más importante para el ciudadano. El segundo gran motor de este inicio de año es el IVA, que refleja el dinamismo del consumo y la actividad empresarial.

Hacer la compra en Euskadi es más caro que en ningún otro lugar de España. No sólo eso, sino que los precios siguen apretando los bolsillos de los ciudadanos y han subido un 4,5% en el último año, según los datos dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística sobre el Índice de Precios al Consumo –IPC–. De un mes a otro, la subida ha sido de 8 décimas, la más elevada desde octubre. En cuanto al índice general, que refleja el encarecimiento general de los productos más básicos, el IPC se mantiene estable y sube un 2,4% en febrero, apenas una décima más que en enero, a la espera de que el próximo mes se dispare como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, que ha encarecido sobremanera el coste de la energía, el gas, la luz y los combustibles. La leve subida registrada en febrero confirma que los precios ya mostraban una tendencia ligeramente al alza antes incluso del estallido del conflicto, el sábado 28 de febrero, en un contexto marcado por la moderación de la inflación tras los picos alcanzados en años anteriores. Sin embargo, el equilibrio era frágil, especialmente por la elevada sensibilidad de la economía europea a los costes energéticos. Cualquier perturbación en los mercados internacionales del petróleo y del gas, como la provocada por la reciente escalada militar en Oriente Medio, tiene un efecto casi inmediato sobre el transporte, la electricidad y, en cadena, sobre el conjunto de bienes y servicios.

Más de 17.000 familias guipuzcoanas aguardan la fecha para solicitar la ampliación de la ayuda de 200 euros por hijo hasta los 4 años, una prestación que se podrá gestionar «en breve, una vez entre en vigor el decreto» de ayudas para la conciliación, según confirmaron ayer a este periódico fuentes del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, pero sin concretar una fecha exacta. La medida se enmarca en el V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, la Infancia y la Adolescencia 2025-2030, aprobado el pasado mes de febrero y cuyas líneas maestras fueron presentadas ayer por la consejera Nerea Melgosa. Esta vez lo hizo en el Parlamento Vasco en una comparecencia a petición propia, en la que los grupos parlamentarios tampoco requirieron más información sobre cuándo podrá solicitarse el cheque de 200 euros, tan esperado por las familias vascas. Cabe mencionar que la ampliación de la prestación no se aplicará de forma automática para los niños que en estos momentos tienen activada la ayuda hasta los tres años; en ese caso habrá que solicitar la ayuda para que se extienda hasta los cuatro años.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, y el rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, firmaron ayer lo que podría considerarse un acuerdo de paz o al menos una tregua en el enfrentamiento que han mantenido en los últimos meses sobre las necesidades de la universidad pública. Pérez y Bengoetxea anunciaron un pacto de base sobre lo que debe ser el plan del sistema universitario 2027-2030, la herramienta principal de financiación de la institución hasta finales de esta década. «Donde había desencuentros ahora hay encuentro. Y confío en que sea estable, lo que no quiere decir que no haya tensiones», subrayó el consejero. «Abrimos una colaboración para cubrir las necesidades de la universidad. Es una buena noticia», corroboró el rector a su lado. En esta primera reunión se han establecido los cinco ejes del nuevo plan. El primero es impulsar la investigación de vanguardia reforzando la experiencia internacional del personal docente e investigador. El segundo busca atender y cuidar a la comunidad universitaria. Con el tercero se persigue reforzar la internacionalización de la universidad. Los dos últimos apuntan a intensificar la relación universidad-empresa y establecer iniciativas para adaptar la digitalización y la inteligencia artificial a la enseñanza y al conjunto de la actividad universitaria.

Javier Gil, investigador del CSIC. "El problema es que la intervención directa del Estado es la principal o una de las principales causas de esta crisis de vivienda. En el fondo, sus efectos provocan desafección hacia los valores democráticos y la sociedad. Vemos que es una crisis generada políticamente porque esta estabilidad financiera solo funciona a través de la creación de liquidez continua de los bancos centrales y una deuda estatal cada vez mayor, pero se trata de una intervención que no está generando bienestar para la población. Es una de las contradicciones centrales de la sociedad: el Estado no se está encargando de ayudar a la población, sino que su intervención genera todo lo contrario...Analizando los datos de España, en general, la crisis no es por la escasez, sino por una demanda no residencial de vivienda, una demanda especulativa. Aun así, en los sitios donde sí falta oferta, es necesario construir, pero sin dejar esa tarea en manos de especuladores. Estos son quienes más subirán los precios y no solucionarán el problema, aunque sean los que más pueden pagar por el suelo. Por eso, tiene que haber una regulación y, de hecho, el Estado sí tiene que intervenir para que se garantice que la construcción va a ser de vivienda asequible...Ante la imposibilidad de que las nuevas generaciones accedan a la propiedad en un mercado superespeculativo, hay que buscar alternativas. El Estado tiene que intervenir para fomentar este tipo de propiedad colectiva pública que garantice el bienestar a la mayoría de la población. Hay muchos jóvenes que no quieren ni necesitan una vivienda en propiedad, lo que quieren es poder vivir dignamente en una vivienda..."

Entrevista con la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala (Ogwashi-Ukwu, 71 años), directora general de la OMC. "El multilateralismo está en crisis. No es solo el comercio global: el sistema entero, basado en reglas creadas hace 80 años, está siendo impugnado. Hay que preguntarse qué es lo que ha funcionado bien estos años. El orden global trajo un periodo de paz y prosperidad; el comercio ha contribuido, ha generado interdependencias, ha permitido sacar a 1.500 millones de personas de la pobreza. Es evidente que no todos los países se han beneficiado por igual. Pero la OMC ha generado un conjunto de reglas creíbles y estables. Hay que conseguir que el sistema sea más ágil, que se ajuste a los desafíos y oportunidades de la tecnología, el medio ambiente, el comercio de servicios...Ahora,  el sistema basado en reglas creadas hace 80 años está siendo impugnado...Esto no es rabiosamente nuevo: ya hemos visto otros episodios parecidos en el pasado. Hay una enorme incertidumbre, eso es evidente. No estamos cómodos con lo que sucede, está claro. Pero la realidad es que la gran mayoría de países sigue manteniendo relaciones comerciales a pesar de la disrupción o del desorden... El impacto de la guerra de Irán en el comercio va a ser significativo, pero dependerá de la duración de la guerra. Si estamos ante una guerra corta habrá una sacudida en los mercados, pero si el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolonga tres meses o incluso un año el impacto sería mayor o mucho mayor. Ya podemos hablar de un impacto significativo porque la crisis energética se ha trasladado al poder adquisitivo de los consumidores...Rusia gana porque suben los precios energéticos y se levantan sanciones..."

John Pearson, CEO de DHL Express (la división de transporte urgente del gigante alemán de la logística), es una voz autorizada para hablar sobre el impacto de la guerra en Oriente Próximo. El directivo británico acumula más de 20 años de experiencia en la región y es tajante ante discursos que promueve una mayor fragmentación geopolítica, el deterioro de las cadenas de suministro y el retroceso de la globalización. “No veo demasiados riesgos para el comercio global”, asegura Pearson cuando se le pregunta por el eventual impacto sobre su negocio del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel que desencadenó el conflicto en el Golfo Pérsico. Pearson lleva siete años al frente de una de las mayores redes de transporte urgente del mundo y conoce de primera mano hasta qué punto la geopolítica condiciona la logística, pero reivindica la capacidad de adaptación de su empresa, habituada a operar entre fuego cruzado en países como Líbano o Israel desde hace tiempo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quiere reforzar la transparencia con la publicación de informes semanales –hasta ahora eran mensuales– sobre la evolución del precio de los carburantes. Desde finales de febrero el precio del barril de petróleo –especialmente el Brent, la referencia para Europa– acapara titulares. Sin embargo, esas cifras no reflejan el coste del crudo que se compra en ese mismo instante para ser refinado. En realidad se refieren al valor de los contratos de futuros, acuerdos para comprar o vender petróleo en una fecha posterior a un precio fijado hoy. La pregunta es inevitable: si se trata de contratos a futuro, ¿por qué el precio sube casi al instante en los surtidores? Para Juan Luis Jiménez, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la respuesta está en el funcionamiento del mercado. «Los precios suben rápido, pero bajan con mucha más lentitud», explica. Desde el sector introducen otro matiz. «Muchas veces se mira solo el Brent, pero nosotros compramos el producto al precio que marca la cotización internacional del gasóleo», aclara Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). Cuando estallan crisis en regiones clave, los mercados anticipan posibles problemas de suministro. Esa percepción se traduce en una «prima de riesgo» que eleva los precios incluso antes de que exista una escasez física de combustible. El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, se convierte entonces en uno de los principales indicadores de tensión en los mercados energéticos.

Los expertos apuntan a la posibilidad de que el precio del petróleo escale hasta los 150 o incluso 200 dólares por barril, unas cifras que recuerdan a la escala de precios que se produjo en julio de 2008, por encima de los 140 dólares, algo que fue uno de los detonantes del estallido de la burbuja inmobiliaria y, con ello, de la Gran Recesión que vino después. Hay que tener en cuenta que la subida del petróleo no solo se traslada a los carburantes, provocando un impacto directo en el bolsillo de los consumidores de la mayor parte del mundo, además de en el transporte de mercancía y pasajeros, la producción industrial o la agricultura, sino que también puede provocar efectos secundarios en las aseguradoras o las finanzas públicas, lo que podría llevar a una recesión global en caso de que el cierre del estrecho de Ormuz se prolongue. En las últimas dos semanas, los precios del petróleo Brent han subido casi un 40%, pasando de 73 dólares por barril a los 100 dólares, lo que se ha traducido en una fuerte subida de los carburantes. En España, por ejemplo, la gasolina ha pasado de 1,52 euros por litro a 1,75 euros por litro, mientras que el gasóleo acumula un alza de 37 céntimos por litro, hasta los 1,8 euros por litro. Aunque estos incrementos no se deben solo al alza del petróleo, sino también a las dificultades del refino, se estima que cada diez dólares que sube el crudo implican un alza de entre 8 y 10 céntimos por litro en los surtidores, por lo que el petróleo a 150 dólares podría llevar los precios en el surtidor al entono de los 2,3 o 2,4 euros por litro. Un impacto directo de 1.200 euros por cada hogar con coche particular, que se restarán del consumo de otros productos...

Pese a que insiste desde hace días en que la victoria sobre el régimen de los ayatolás ya está prácticamente lograda, Trump no consigue reducir el efecto del bloqueo del estrecho de Ormuz sobre la economía mundial. Los precios de la energía se dispararon desde el bombardeo inicial, el 28 de febrero. La liberación de reservas aprobada por Agencia Internacional de la Energía (AIE) –400 millones de barriles– no cerró la sangría. Y ante la presión incluso de los suyos, el Partido Republicano, el presidente de Estados Unidos ha optado por recurrir a su amigo Vladímir Putin y abrir la espita de los hidrocarburos rusos para aliviar los mercados. Al líder del Kremlin parece perdonárselo todo, incluso, como reconoció en una entrevista en ‘Fox News’, que haya «ayudado un poco» al régimen de Teherán. La economía por encima de todo. De inmediato, recibió el aplauso del Moscú. «Es un error», critica el alemán Merz. Según un estudio del ‘Financial Times’, Rusia ingresará 150 millones de euros extra por día. Zelenski dice que su enemigo recaudará unos 9.000 millones de euros para rearmarse. La economía de guerra rusa no saldrá del agujero en sólo cuatro semanas, aunque esto supone un alivio. Y eso irrita a Ucrania. Zelenski lleva cuatro años reclamando más sanciones al país invasor. Son, a su juicio, un arma tan determinante como las que se usan en el campo de batalla.

La economía estadounidense perdió fuelle a finales de 2025. La actividad económica avanzó un 0,7% durante el cuarto trimestre, la mitad de lo previsto inicialmente por la Oficina de Análisis Económico (BEA, en sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Comercio. La revisión a la baja del PIB del último trimestre de 2025 provocó que el cálculo del crecimiento anual también se haya rebajado una décima hasta el 2,1%. El dato sirve de comparación entre el desempeño de la economía bajo el mandato de Donald Trump y el de su antecesor, Joe Biden. En 2024, el último año del demócrata, el PIB creció un 2,8%, siete décimas más que el año pasado. El análisis de la oficina estadística admite que los aranceles ralentizaron el comercio exterior. En 2025 Trump sacudió las reglas del comercio mundial con la imposición indiscriminada de aranceles con criterios arbitrarios. Además, el último trimestre del año estuvo afectado por el cierre del Gobierno federal más largo de la historia. Durante 43 días, cientos de agencias gubernamentales se quedaron sin recursos y cientos de miles de funcionarios se quedaron sin cobrar por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para extender las leyes presupuestarias.

El bloqueo del estrecho de Ormuz se ha convertido en un gran problema global por su impacto sobre el tránsito de una quinta parte del petróleo mundial, pero también de otras materias primas esenciales. Si el cerrojazo se prolonga, el incipiente bache energético y de precios puede convertirse en una crisis mucho más grave. De ahí que varios países europeos, y en concreto Francia e Italia, hayan iniciado conversaciones con Teherán en busca de un acuerdo que garantice el paso seguro de sus barcos por el estrecho, según desveló ayer Financial Times, citando fuentes conocedoras de esa aproximación negociadora. De acuerdo con el rotativo británico, dichas capitales europeas han iniciado “deliberaciones tentativas” en un intento de reactivar las exportaciones de petróleo y gas sin ampliar el conflicto. Lo hacen en un momento el que las grandes navieras buscan el soporte de las marinas occidentales para posibles labores de escolta a sus petroleros. Según FT, que cita como fuentes a tres funcionarios informados de las conversaciones, Francia es uno de los países implicados en el proceso, mientras que Italia también habría tanteado la apertura de conversaciones con el régimen iraní. Sin embargo, no hay garantía de que las conversaciones avancen ni de que Irán esté dispuesto a negociar sobre esta cuestión, subrayaron a FT dos de los funcionarios. En Europa, no todos estarían viendo con buenos ojos ese intento de aproximación. 

Repsol, la primera petrolera española, ha conseguido sellar un acuerdo histórico con el nuevo Gobierno de Venezuela que, en la práctica, abre la puerta a poder cobrar miles de millones de euros desde este país y empezar a solucionar así un agujero financiero que supera los 4.500 millones de euros y que crecía mes a mes. El acuerdo fue anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el jueves por la noche en Caracas (madrugada de ayer en España). “Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas [además de Repsol está su socio ENI] que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo”, manifestó la presidenta en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). ¿En que consiste el acuerdo? Repsol, y su socio ENI, se comprometen a seguir suministrando gas a PDVSA, el monopolio de hidrocarburos estatal de Venezuela. El Gobierno de Venezuela por su parte se compromete a retomar los pagos a Repsol y ENI por ese gas. Como en los últimos años, lo pagará en especie, es decir, en petróleo, que Repsol podrá sacar del país y llevarse a otros países. De momento, no se han establecido equivalencias de a qué precio se pagará el gas en forma de petróleo. Las cifras, en cualquier caso, son multimillonarias. No obstante, al margen de la cuantía, lo relevante es lo que supone para el futuro de Repsol.

Miguel Díaz-Canel compareció ayer, con una alocución pregrabada ante la plana mayor del castrismo, para confirmar lo que ya todo el mundo sabía: las conversaciones entre La Habana y Washington, «orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones». El presidente cubano comparó el proceso abierto con el histórico deshielo de 2014, que tuvo a Barack Obama y a Raúl Castro como protagonistas, con el hijo del dictador, Alejandro Castro, entre bastidores. En esta ocasión el protagonista del lado cubano no es el jefe de la Inteligencia y la Contrainteligencia, sino el nieto favorito del General de Ejército, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el famoso Cangrejo. Para dejar clara la trascendencia de las conversaciones secretas entre el jefe de escoltas de Raúl y Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, el propio Cangrejo asistió en persona a la comparecencia de Díaz-Canel, pese a que no ocupa ningún cargo partidario. El mandatario cubano aseguró que él también forma parte de esas conversaciones, pese a que fueron negadas desde su entorno. En esa suerte de cubastroika (reformas económicas sin abandonar el poder) que parece avanzar entre ambas administraciones, Díaz-Canel sería apartado a cambio de que la familia Castro mantuviera su hegemonía. «Este reconocimiento tiene al menos dos lecturas: una oficializar y reconocer públicamente un proceso abierto para preparar a la sociedad respecto a algunos resultados previsibles, pero no menos amargos, en principio aceptado que negocia con el enemigo bajo presión. Segundo, reconocer que no tiene otras opciones que las de negociar asumiendo como inevitable el nuevo marco geopolítico. Un escape a la trampa geopolítica en la que el régimen nos atrapó con la dependencia a potencias poco confiables. Este reconocimiento público no es algo menor en estos dos sentidos», concluyó para El Mundi Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).